¿La mano invisible o la intervención estatal?

Interesante debate se transitó en una reunión virtual de ministros del Mercosur el pasado lunes 26. La polémica la protagonizaron los titulares de Economía de Argentina y de Brasil. Se trató de un debate teórico y político que trasciende la preocupación relativa a la institucionalidad del Mercosur y se proyecta sobre el orden cotidiano. El tema es que Paulo Guedes, en defensa de la liberalización de la economía, aludió en su intervención a Adam Smith y a la “mano invisible” como organizador de la actividad económica. La respuesta de Martín Guzmán no se hizo esperar y en tono académico respondió “que la mano invisible de Adam Smith es invisible porque no existe”. La réplica del ministro de Brasil se sustentó como criterio de verdad en que más de la mitad de los “Premios Nobel” obtenidos fueron para economistas referenciados en la Escuela de Chicago, obviando la caracterización de la entidad que ofrece los galardones.

Hay que recordar que desde 1969 se otorga el premio del “Banco de Suecia en homenaje a Nobel”, intentando un símil a los galardones otorgados por la Fundación Nobel desde 1901. Tal como sostiene el ministro del Brasil, por abrumadora mayoría fueron beneficiados por el Banco de Suecia, referentes de la corriente principal en la disciplina, o sea, neo-clásicos o liberales y entre ellos destacan los ortodoxos. Solo en momentos muy especiales de crisis económica mundial, recibieron los galardones referentes de la heterodoxia. A modo de ejemplo puede citarse en plena crisis del 2001 estadounidense, a Joseph Stiglitz, con quien trabajó Guzmán en el equipo de investigación de la Universidad de Columbia en Nueva York hasta su designación en el Ministerio de Economía de la Argentina. Stiglitz es conocido como ex directivo del Banco Mundial y crítico de los organismos internacionales y las políticas de ajuste ortodoxo. Últimamente se lo ve cercano al Papa Francisco y convergen en visiones críticas del orden hegemónico, con especial dedicación en el tema del endeudamiento externo, asunto al que se asoció Guzmán como investigador y ahora como funcionario del gobierno argentino. También fue premiado por los banqueros suecos en 2008 el estadounidense Paul Krugman, columnista del “demócrata” New York Times. El año de la premiación remite al apogeo de la gran crisis desplegada entre 2007 y 2009, la que aun condiciona la perspectiva de recuperación de la economía mundial. Ni en 2001, ni en 2008 se podía premiar a ortodoxos y por eso era el tiempo de premiación de la heterodoxia.

Ambos contendientes, Guedes y Guzmán, expresan un debate actual en el sistema mundial, entre quienes pretenden recuperar al orden capitalista desde una lógica sustentada en la ortodoxia liberal, y aquellos que imaginan superar el momento actual retomando tiempos de reformas progresivas. Los primeros actúan y piensan con una orientación favorable al régimen de la ganancia y las aspiraciones del sector privado concentrado de la economía, por lo que sustentan políticas de “libre mercado”. Los segundos imaginan un escenario de reformas progresistas desde la “intervención estatal”, reiterando en esta tercera década del Siglo XXI las condiciones que estaban presentes hace un siglo. Eran aquellos, tiempos de desafío al orden capitalista desde la Rusia soviética, que provocaba un imaginario social a la ofensiva de la conciencia social crítica y anticapitalista. Esa situación hoy no existe, por eso, junto a la irrealidad de la liberalización sustentada por derecha, existen dudas sobre la posibilidad de ejecutar reformas progresivas en el orden contemporáneo.

Lo que no está en el horizonte del Banco de Suecia y menos en el debate entre los funcionarios del Mercosur es la posibilidad de un enfoque teórico en contra y más allá del capitalismo.

Sentido y destino de la integración

No es ocioso el debate de las posiciones sustentadas por los ministros, que de alguna manera recoge la discusión protagonizada hace un mes entre el Presidente uruguayo y el argentino. En aquella ocasión, en un cónclave conmemorativo de los treinta años de la creación del Mercosur (1991-2021), Lacalle Pou, titular del ejecutivo uruguayo, sustentó la necesidad de abrir la institución y sus integrantes a las variadas formas de la liberalización económica. Fernández, gobernante de la Argentina, replicó con dureza en su calidad de Presidente pro tempore de Mercosur, invitando a retirarse a quienes no comulguen con las decisiones compartidas.

La polémica sobre el sentido y destino del Mercosur y de la integración regional está sobre la mesa de discusión. El tema es que Brasil y su Ministro, o el Uruguay y su Presidente, expresan políticas económicas de liberalización del orden económico. Sustentan un discurso con base en un diagnóstico y propuestas en dónde el eje se asienta en la liberalización y por ende, privilegian el mercado. Desde la Argentina, el Ministro y el Presidente, parten de la crítica a la orientación del gobierno anterior de Mauricio Macri, de orientación liberalizadora, entre 2015 y 2019, y sustentan un imaginario de corte desarrollista, o si se quiere, neo-desarrollista.

Más allá de la polémica y las especificidades de los gobiernos de Brasil y de Argentina, por lo menos desde el 2003, con sintonía ideológica y política (Lula y Dilma, con Kirchner y Cristina Fernández), hasta el desembarco por elecciones de gobiernos de derecha en ambos países (Macri y Bolsonaro), lo real es un desarrollo asociado a los límites estructurales de la economía en la región latinoamericana y caribeña. Sin perjuicio de los discursos, lo que se despliega es el orden capitalista con predominio en ambos países de un modelo productivo asociado al agro negocio y la producción primaria de exportación, en donde la hegemonía es detentada por el capital transnacional más concentrado, los que impulsan una lógica liberalizadora que impregna los procesos de integración.

Resulta de interés recuperar el momento histórico de surgimiento del Mercosur, cuando hacia 1991 estaba en pleno apogeo la propuesta neoliberal, potenciada en nuestros territorios por el llamado Consenso de Washington, de estímulo a la iniciativa privada, la liberalización y la apertura de las economías. Solo las condiciones políticas derivadas de la lucha popular y su expresión en gobiernos con discursos críticos a la hegemonía neoliberal hicieron posible ciertas y relativas adecuaciones a la institucionalidad del Mercosur y su concepción originaria de integración subordinada. Ahora, con otras condiciones políticas, más afines al clima político de comienzos de los noventa, los debates sobre la integración y el papel del Mercosur retoman los objetivos originarios de libre comercio.

La discusión de fondo es sobre el arancel externo y la potencialidad de cada país para suscribir acuerdos de libre comercio. Es una concepción hegemónica por décadas, tributaria de la Iniciativa para las Américas promovida por Bush padre en 1990 y recreada como ALCA entre 1994 y 2005, incluso las iniciativas de las Cumbres de Presidentes Iberoamericanos desde 1991, cuya última versión se acaba de realizar, de modo virtual, bajo la presidencia de Andorra. Sea desde EEUU o desde España, puerta de ingreso a Europa, la preocupación es por la subordinación de los bienes comunes de la región a la dominación capitalista y su disputa en el sistema mundial. En rigor, en los últimos años quien apura acuerdos económicos en la zona es China, lo que evidencia la importancia de la América Latina y el Caribe, desafiada a encontrar caminos propios de integración no dependiente ni subordinada a la lógica de la ganancia.

Cuba y el intento de ir más allá

La CEPAL insiste es que estamos a punto de vivir una nueva década perdida en toda la región, memorando la de los años ochenta del siglo pasado. Sin perjuicio de ello, la UNCTAD pone de manifiesto que hace por lo menos una década que la región no está en la mira de inversores externos, motores de la inversión y el crecimiento económico, base de cualquier posibilidad de distribución del ingreso o la riqueza según el ideario capitalista.

Hace años, los transcurridos desde los tempranos setenta del siglo pasado, que la discusión está contenida en la visión “liberal” o la “neo-desarrollista”, por lo menos en gran parte de los procesos nacionales. La excepción ha sido Cuba y su experiencia por el socialismo desde hace sesenta años (1961-2021), la que se entusiasmó con las novedades que trajo el nuevo siglo en materia de recreación de proyectos en contra y más allá del capitalismo. En estos días, Cuba reafirmó el rumbo por el socialismo en el VIII° Congreso del PC, con las expectativas de acompañamiento en otros países de la región.

Resulta de interés el debate, porque no solo existe “mercado” o “estado”, en tanto que ambas constituyen relaciones sociales y, por lo tanto, vale incluir una interrogación sobre el tipo de mercado o de estado. No es lo mismo la relación mercantil asentada en el lucro derivado de la producción y circulación capitalista, que en un sistema de relaciones mercantiles asumidas desde los bienes de uso y no de cambio. En el mismo sentido opera el debate sobre el estado. Una cosa es la institución de sustento a la lógica del capital, de la explotación y del saqueo, que aquella que asuma un estado para la transición del capitalismo hacia otro rumbo, el socialista o si se quiere en la lógica de algunas constituciones recientes, las que sustentan sociedades del “buen vivir” o el del “vivir bien”.

Hay que seguir los debates de la calle, la prensa y en el gobierno de Cuba con relación a estos temas. ¿Qué tipo de relaciones monetario-mercantiles son las que deben impulsarse en la Cuba actual? ¿Cuál es la función del estado en estos momentos de cambio económico y reordenamiento monetario? ¿Cuál es el espacio para la autogestión y protagonismo de los sujetos concretos en el proceso de producción y circulación de la economía cubana? Las respuestas son diversas, de quienes imaginan un fuerte estímulo a la iniciativa privada, incluidos sectores estratégicos, hasta quienes, con base en algunas experiencias concretas impulsan la mejora de la productividad sustentada en la cooperación y la autogestión.

Es un debate abierto el que existe en Cuba y vale la pena seguirlo de cerca porque es la experiencia regional que en condiciones adversas intenta la construcción de un proyecto de transformación social en condiciones de bloqueo. Solo hay que constatar que el proyecto socialista cubano se formuló en asociación con un bloque que sostenía ese rumbo por treinta años, entre 1961 y 1991. Eran tiempos de bipolaridad del sistema mundial, facilitando expectativas de cambios. Desarticulado el bloque socialista, el camino tortuoso de Cuba, entre 1991 y 2021, se despliega en la búsqueda de una dinámica de la lucha de clases global que pueda restablecer una contraofensiva por la emancipación social. Por eso, la vista está puesta en la dinámica interna y la que acontece en todo el mundo.

Por ello es que tiene sentido el debate sobre el “mercado” y la función del “estado”. En la polémica que inicia esta nota está el rumbo del capitalismo ante la emergencia sanitaria y económica, y al traer a Cuba a la discusión, pretendemos instalar la potencia de un discurso y una propuesta para imaginar una sociedad en contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 28 de abril de 2021

La emergencia sanitaria y económica reclama urgentes cambios

 

Existe incertidumbre en la economía y la política contemporánea, lo que habilita un gran debate mundial sobre lo que acontece, en el marco de la pandemia. El interrogante es como sigue la historia, en lo económico y en lo político. El asunto aparece con reiteración en multiplicidad de foros internacionales, académicos y en el debate cotidiano. La sensación es que “esto” no funciona y claro, remite al orden contemporáneo, que la pandemia desnuda con crudeza, por insuficiencia en la respuesta sanitaria o económica, que afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Incluso, ahora con vacunación iniciada, problemas de producción y limitado alcance de inoculados, los contagios crecen y la edad de afectados baja. El problema no es solo de personas mayores o vulnerables, ni siquiera de corto plazo.

Algo hay que hacer y cambiar, lo que motiva la explicación sobre “ensayos políticos” que aparecen como surgidos de la nada y en contra de toda razonabilidad política. A modo de ejemplo pueden remitirse a la sorpresa Trump, Bolsonaro o al Brexit, entre algunas de las más visibles. Con imprecisión, a esas experiencias se las ubica en la “razón populista”, de orientación derechista y amplios consensos electorales sustentados en el descontento con la racionalidad tradicional de la política. Resulta interesante y polémica la reflexión de Minouche Shafik, Directora de la London School of Economics and Political Science, LSE, que viene escribiendo sobre la necesidad de un “Nuevo Contrato Social”, cuestión exacerbada por la emergencia sanitaria del COVID19. Su reflexión apunta a la crítica del “populismo”, que acierta en el diagnóstico y contacta con el malestar social, dice, por lo que atrapa votos, pero no propone “soluciones” adecuadas a los tiempos, por lo que aboga por un nuevo contrato social[1].

Es un debate de época que estuvo presente a comienzos del año en la cumbre virtual del Foro Económico Mundial y claro, en su contraparte del Foro Social Mundial. Incluso, aparece la cuestión en el lenguaje y la prédica del FMI y en los organismos internacionales sobre la participación pública para contener el regresivo impacto social de la situación de emergencia en curso y la potencial amenaza del conflicto social. Son opiniones que remiten al legado tortuoso de la situación mundial en el post 2008/09, la desaceleración de la economía mundial, incluso a futuro, los miedos e incertidumbres para las nuevas generaciones, privadas de los beneficios históricos del “contrato social”, y los desafíos que especialmente genera el feminismo, el cambio climático o la digitalización.

Todo ello es parte del desorden actual y el descontento de las nuevas generaciones respecto de los futuros cercanos o mediatos, sea por cuestiones sociales que explicitan peores condiciones de vida para millones, especialmente jóvenes y mujeres, al tiempo que se deteriora el medio ambiente, tal como se evidencio en los variados debates a propósito del día internacional de la Terra, el pasado 22 de abril. La crisis ecológica se arrastra por décadas, asentada en un modelo productivo depredador y sin restricciones, o modificaciones, que evidencian la ausencia de un rumbo alternativo para un metabolismo reproductivo de la vida social y natural. A veces parece un debate de sordos entre el deber ser de la utopía que se formula desde la crítica y el pensar-hacer que impone la realidad productivista, de la ganancia y la acumulación.

La recuperación de la categoría del “contrato social” es interesante, ya que remite a la concepción filosófica del nuevo orden capitalista emergente con la revolución productiva y la industria, inspiración política de la revolución francesa. De allí provienen las nuevas codificaciones y regulaciones de la sociedad contemporánea, recogidas en textos constitucionales, ordenamientos y regulaciones sociales locales y mundiales. Vale señalar que ese contrato fue objetado por luchas sociales y políticas, como por la crítica teórica en búsqueda de otros rumbos bajo parámetros alternativos de ordenamiento social, en el que destacan los escritos de Carlos Marx y su tradición hasta el presente, y claro, la revolución rusa y sus derivas, en tanto expectativas por otro mundo posible. Un tema que ha sido vuelto a suscitar en el reciente Congreso del PC de Cuba y la renovación de su dirigencia, con una nueva generación en reemplazo de la camada histórica, en el compromiso del sostenimiento del proyecto socialista.

Esas confrontaciones sociales e ideológicas llevaron a que en pleno despliegue de la crisis de 1930 se recuperara el debate sobre el “contrato social” bajo la denominación de “new deal”, o “nuevo acuerdo”. En rigor, un nuevo “contrato social”, enmienda constitucional estadounidense mediante, para resolver los obstáculos del capitalismo. Los cambios institucionales en EEUU hacia 1932/33 evidenciaron la actualización del orden económico social, la adecuación necesaria para no sucumbir a la debacle anunciada por la gran crisis y el desafío del oriente socialista instaurado en 1917. Fue una acción defensiva generalizada en occidente luego de la segunda posguerra bajo la denominación de “Estado del Bienestar”, que devino en la ampliación de derechos sociales, la mejora del ingreso de la población, al tiempo que satisfacía el objetivo de la ganancia. En su desarrollo encontró los límites de la crisis de los 70, por lo que hubo que discutir el “contrato social” a una nueva lógica liberalizadora, denominada “neoliberalismo”. Era el tiempo de las privatizaciones, las flexibilizaciones y las aperturas, recreando las tradiciones del libre comercio, de la competitividad y del libre cambio.

Nuevas adecuaciones y proyectos en disputa

La situación actual convoca nuevamente a pensar en adecuaciones del contrato social, más aún, sin la existencia de la bipolaridad global desarticulada hace tres décadas. Si en los treinta, la adecuación sistémica fue a la defensiva contra la avanzada por el socialismo, y a la ofensiva en los setenta contra el socialismo y el reformismo; con los límites actuales a la lógica liberalizadora y ante ausencias de paradigmas civilizatorios alternativos, lo que rige es el ensayo y el error, característica de estos tiempos de incertidumbres. Puede constatarse la ausencia de cooperación internacional ante la emergencia sanitaria y ni hablar del incumplimiento, incluso retroceso, en todo objetivo de superación de problemas sociales y ambientales, del estilo de los objetivos del milenio, que sufre hoy la sociedad y la naturaleza. Se discute el orden contemporáneo en esta tercera década del Siglo XXI y no parece haber imaginario teórico o político de sustento. El interrogante sobre por donde transitar promueve las pasiones en por lo menos tres direcciones, la última en una búsqueda más allá del capitalismo:

·         de quienes miran hacia atrás y demandan mayor liberalización económica social, en desmedro de derechos sociales conquistados, laborales, sociales, colectivos, en una deriva libertaria y conservadora;

·         de quienes imaginan que es posible avanzar en reformas que atenúen los regresivos impactos sociales y naturales acumulados en tiempos de liberalización por casi medio siglo (una vuelta al Estado benefactor) y claro;

·         de quienes critican al orden vigente y demandan un nuevo orden, relativo al “otro mundo posible”.

Mientras transcurre el debate, retorna la preocupación inflacionaria en EEUU por la suba de las tasas de interés, un escenario que parecía lejano en el tiempo, de allá por los fines de los 70 del siglo pasado. La Reserva Federal discute actualmente, desde su legado monetarista con los discursos y propuestas de la Teoría Monetaria Moderna, con influencia en la gestión del ejecutivo estadounidense y cierta prensa crítica de la lógica conservadora. ¿Emitir o no emitir, moneda y deuda? Es una discusión atravesada por innovaciones tecnológicas que promueven cambios monetarios inspirados en la digitalización vía criptomonedas, en tanto nuevas formas de extender la dominación del mercado y la especulación financiera. China por su parte mundializa su moneda y disputa desarrollos en la frontera tecnológica en la producción y circulación de bienes y servicios, especialmente en el campo de las esferas de influencia de las divisas y los circuitos globales de la economía. El interrogante remite a cuanto de esta discusión está presente en los debates políticos, económicos, sociales, culturales fronteras adentro en la región latinoamericana y caribeña. En un estudio reciente relativo al acontecer regional, el FMI señala[2]:

“La contracción de 7 por ciento experimentada por la región en 2020 fue la más pronunciada del mundo, superando con creces la desaceleración mundial, que fue de 3,3 por ciento. Se prevé que en 2021 el crecimiento se sitúe en 4,6 por ciento, por debajo del 5,8 por ciento estimado para los mercados emergentes, excepto China. El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocará pérdidas acumuladas del 30 por ciento respecto a la tendencia prepandémica.” 

“Según las proyecciones, Brasil recuperará el nivel de producto de 2019 en 2022, debido al repliegue del apoyo de las políticas fiscales y monetarias y la lenta distribución de las vacunas. México no alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia antes de 2023, pese al impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de Estados Unidos, dado que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la inversión”

Por eso, con base a este crudo diagnóstico, resulta imprescindible el debate sobre el futuro, mientras se impone una dura realidad con elevado costo social, con mayor gravedad sobre jóvenes y mujeres. No existe la ilusión de una pronta recuperación en la región y el rebote económico demorará más allá de las previsiones originales, especialmente en los países de menor desarrollo relativo. Las tendencias de retorno a la “normalidad” pre-pandemia se orientan hacia el 2025, y claro que es discutible aquello que se considere normal.

En el caso argentino, la realidad es compleja por el arrastre de problemas históricos asociados a la ralentización del crecimiento y la recurrente inflación.

La disputa por el gobierno y en torno a la dinámica de acumulación, asuntos de arrastre, dificultan cualquier normalización más allá de contagios, vacunas o problemas sanitarios.

Si hay fin de época global y es parte de la discusión mundial y regional, con más razón se impone la cuestión ante la situación argentina. En especial, se trata de un país fuertemente endeudado y con vencimientos imposibles de sostener en el corto y mediano plazo, con un horizonte de subas de las tasas de interés en EEUU y en el mercado mundial de crédito.

¿Hay espacio social y político para más ajuste en el país? En la línea de perspectiva y debate señalado vale interrogarse sobre las posibilidades de exacerbar las políticas de ajuste y reforma reaccionaria, incluso en pensar que reformas progresivas puede aceptar un orden que disputa el modelo de acumulación, más aún y más difícil, pensar en términos alternativos al orden capitalista.

Los datos oficiales son el marco de esta discusión, y no son buenos, más allá del rebote proyectado y en curso, ya que se mantienen preocupantes indicadores sociales, de pobreza, desempleo y flexibilización, lo que incrementa la precariedad laboral.

A febrero 2021 se mantiene una baja recuperación de la capacidad instalada en la economía local, del orden del 58,3%, menor que hace un año y que del repunte a noviembre 2020 (63,3%). La línea de indigencia para una familia de 4 personas se establece en $26.000 por mes y la Línea de la pobreza en $61.000, para un promedio de ingresos del orden de los $33.000. La estimación mensual de la actividad económica reconoce una caída anualizada del - 2,6% y de -2,4% para el primer bimestre del 2021, lo que opera sobre la regresividad en la distribución del ingreso. El dato estimulante proviene del saldo comercial positivo en 2.500 millones de dólares, pero claro, el mismo es disputado por el sector privado para cancelar deuda externa, remitir utilidades al exterior o constituir activos afuera del país, por lo que es poco lo que puede nutrir cualquier estrategia de resolución de problemas estructurales y sociales.[3]

Argentina está en la cima de una segunda ola de contagios y poco se discute el sentido estratégico de la problemática actual, acumulando desgaste y descontento en la sociedad. La expectativa favorable en una pronta vacunación habilitará la posibilidad de expresión del conflicto social, que puede ser un estímulo para que emerjan voces y propuestas que aparecen acalladas en la lógica política mediada por una comunicación social sesgada, que escamotea debates relativos a las transformaciones necesarias. Será entonces la potencia de la política de la sociedad en dinámica de movimiento para reclamar cambios.

Buenos Aires, 24 de abril de 2021



[1] Minouche Shafik. Nota reciente y video breve sobre el tema en: https://www.lavanguardia.com/economia/20210418/6944296/espabilan-partidos-populismo-ganara.html

[2] FMI. “Inyección rápida y recuperación duradera para América Latina y el Caribe”, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15489

[3] INDEC. Utilización de la capacidad instalada en la industria. Febrero de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/capacidad_04_2121E8B54B22.pdf; Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires. Marzo de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_04_21EDC756AEAE.pdf ; Estimador mensual de actividad económica. Febrero de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_04_215053D29E10.pdf ; Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de marzo de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_04_218F82178202.pdf

Urge producir vacunas y suspender las patentes

Todos los análisis coinciden en la gravedad sanitaria y económica del momento, con 150 millones de contagiados y 3 millones de muertos por Covid19. El problema lleva más de un año desde la declaración de la pandemia en marzo 2020. Se considere por donde sea el impacto económico es regresivo y se mide en crecimiento de la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la desigualdad y una brutal concentración del ingreso y la riqueza, sumado al colapso sanitario. Entre otros aspectos, discrimina a los sectores más empobrecidos, las trabajadoras y los trabajadores,  principalmente a mujeres y jóvenes, tal como indica el estudio del FMI en la zona latinoamericana y caribeña[1]. Esta regresiva situación convoca al debate de problemas de coyuntura y de estructura.

En la coyuntura se trata de resolver una demanda que viene de lejos en la “solución” de la pandemia y remite a la aplicación universal de las vacunas que hoy están en circulación. Resulta interesante verificar la cantidad de vacunas en acción, con eficacia para minimizar la gravedad y desenlace de los contagios, aun cuando la diversidad supone la fragmentación de la capacidad de investigación y producción, incluso, evidencia la ausencia de cooperación internacional. En definitiva, es resultado de la mercantilización del proceso de producción y circulación, asociado al fenómeno más general de asumir a la salud como una mercancía, en desmedro de una tradición de derecho a la salud.

Por esto es fundamental instalar un debate en la sociedad por la “suspensión” de las patentes, en contra de los acuerdos de propiedad intelectual sustentados como agenda estratégica en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta iniciativa por la liberación de las patentes está sustentada por más de un centenar de países y una creciente demanda de organizaciones sociales globales entre las que destaca la campaña de “médicos sin fronteras”[2].

El dato relevante es que, iniciada la vacunación, se verifica la concentración de dosis entre los países con mayor capacidad de compra, discriminando a las poblaciones del mundo en función de los diferentes niveles de desarrollo y capacidad de compra de los estados nacionales. Aun así, el ritmo de ejecución de la vacuna es pobre y apenas menos del 7% de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis, y menos del 3% las dosis que completan el proceso recomendado. Ello pone de manifiesto el límite de la situación actual y la demanda de actuar con rapidez para frenar los efectos desastrosos de la pandemia y en la economía, que se descarga sobre buena parte de la humanidad.

La realidad es que las patentes son detentadas y defendidas por el capital transnacional, lo que se expresa en la valorización de los capitales invertidos en los laboratorios farmacéuticos. Es una dinámica que actúa a contramano de las condiciones de emergencia de sectores vulnerables en la economía mundial, según coinciden todos los análisis de los organismos internacionales, la academia o la prensa. No debiera resultar una sorpresa la contradicción entre la miseria y desesperación extendida del presente, junto a la acumulación y enriquecimiento de pocos. Es algo a modificar en tiempos de amenazas civilizatorias.

Esto nos lleva a la cuestión estructural, que supera el debate y resolución de la emergencia sanitaria y económica asociada a la pandemia. En ese marco, lograr la suspensión de las patentes, aun temporaria, es un punto de apoyo en una estrategia de modificaciones estructurales que amplíe derechos sociales, en particular relativos a la salud. Ello supone un debate de ideas, político y cultural, que afecta a la propiedad de los medios de producción, eje sustantivo en la lógica capitalista.

La cooperación internacional para la investigación, la producción y circulación de vacunas debiera estar en el centro de la preocupación intelectual de la sociedad contemporánea.

Es una cuestión coyuntural y estructural, en un tiempo donde debiera prevalecer el factor humano en la consideración de políticas públicas, aun a contramano de la lógica hegemónica de la ganancia y la acumulación. Si se piensa en América Latina y el Caribe, todas las consideraciones se agravan, ya que con una población del 8% en el ámbito mundial, reúne un tercio de contagios y muertes, con el problema de países que parecían alejados del flagelo, ahora se agregan a la vulnerabilidad. Ya no solo preocupan Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador o Argentina, sino que se suman Uruguay y Paraguay que hasta hace poco parecían a salvo y más allá de la pandemia.

Mirando a la región, el optimismo proviene de Cuba y la consolidación de años de trabajo en materia de salud, especialmente con los resultados de la vacuna Soberana. La cooperación en materia de salud históricamente ofrecida por Cuba en sus misiones de solidaridad podría inspirar la cooperación regional en la producción y distribución de la vacuna en toda Latinoamérica y el Caribe, incluso en el ámbito mundial. Pese al bloqueo, Cuba marca el camino de un rumbo soberano para resolver en condiciones desiguales sus problemas. En otro plano de potencialidad regional, Argentina acordó cooperación en la producción de la vacuna “AstraZeneca”, que debió fraccionarse en México, aun cuando se completó el proceso en EEUU. Ahora trascendió el acuerdo para producir la “Sputnik V” en la Provincia de Buenos Aires, con pretensión de abastecimiento local y regional.

Ambos casos, Cuba y Argentina, ponen de manifiesto la capacidad de investigación y de producción en momentos en que hacen falta esfuerzos conjuntos para resolver problemas en el corto y mediano plazo, ya que las vacunas serán necesarias ante la continuidad de la pandemia. La ausencia de cooperación mundial evidencia la vulnerabilidad de la sociedad contemporánea, por lo que debe estimularse un proceso de integración y colaboración entre los estados de América Latina y el Caribe. Es una cuestión de supervivencia de la humanidad, que se juega en una población que soporta gravemente el flagelo pandémico. Nuevamente el desafío podrá resolverse desde la integración no subordinada y en perspectiva de emancipación.

Buenos Aires, 20 de abril de 2021

 

 

Inflación en la Argentina: ¿problema sin solución?

 La suba de los precios sigue siendo un problema en la Argentina. Muy pocos países presentan esta situación, en la región y en el mundo, lo que genera debates sobre las causas y las formas de superación del problema. Una llamada de atención es el 4,8% de aumento en marzo 2021, acumulando en 12 meses 42,6% y 13% en el primer trimestre del año[1], para un supuesto del 29% en todo el año, imposible de cumplir.

No es un tema sencillo, y desde el punto de vista teórico se discute la teoría de los precios, que es el fenómeno en estudio, cuando en rigor, detrás de los precios están los valores, es decir, la teoría del valor, como esencia de la cuestión a indagar. En la concepción académica mayoritaria, se incluye a la primera, la teoría de los precios, bajo el rótulo de la “microeconomía”, lo que supone decisiones en el ámbito del mercado; y a la segunda, teoría del valor, en el plano de la “macroeconomía”, asociada a las definiciones de políticas del Estado. Esta definición es resultado de los consensos ideológicos y políticos asumidos por la corriente principal en “economía”, neoclásica en diferentes versiones, desde la aparición de las concepciones keynesianas en los treinta del siglo pasado.

La “micro” sería así el territorio de la libertad de decisión de los empresarios, los que deciden qué hacer con sus recursos, en dónde y en que invertir, qué y cuánto producir, a qué mercado ofrecerlo en función de la demanda, si el mercado interno o el mundial, en fin, multiplicidad de consideraciones, claro, todas asociadas al mayor rendimiento potencial del capital invertido, centrado en el “sujeto económico” individual, quien opta por las “mejores” oportunidades del libre mercado, dicho en tiempo de dominación transnacional. En esta concepción, la “macro” debe estar al servicio de la lógica del inversor, en tanto es quien decide, en definitiva, el ciclo económico, la producción y circulación de bienes y servicios, más aún en tiempos de privatizaciones extendidas y creciente mercantilización de la vida cotidiana.

En ese marco, varias explicaciones aluden a la cotización del dólar, a la evolución de las tarifas y de los salarios; todas cuestiones asociadas a “marcos de regulación pública”, claro que la razón más mentada remite al exceso del gasto público, a la emisión monetaria y de deuda; las cuáles remiten a políticas públicas.

Vale mencionar que el tipo de cambio “blue”, paralelo o ilegal llegó a 195 pesos por dólar en octubre del 2020 y hoy oscila en torno a los 143 pesos por dólar. El dólar oficial presenta cotizaciones con baja actualización, tanto que en enero 2021 estaba en 90 pesos por dólar y en la actualidad se acerca a los 98 pesos por dólar. Como se puede verificar, desde los máximos de la cotización, lo que existe es una disminución, que no se expresa en los precios. Algo similar ocurre con las tarifas, en general contenidas, como en el caso de marzo, donde el 4,8% se explica por un aumento del 5,1% en bienes y 4,3% en servicios. De los salarios ni hablar, ya que no quedan dudas de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales diversos. Son las formas mayoritarias de hacerse de ingresos de la población. Por lo tanto, ni la cotización de las divisas, ni la evolución de las tarifas, ni los salarios u otros ingresos populares explican en la coyuntura el crecimiento de los precios.

Es cierto también, que se menciona a la puja distributiva, o sea, la disputa por la apropiación de la renta generada en el país, sea entre el capital y el trabajo, entre los propios capitalistas según su capacidad para fijar precios y condiciones en el mercado, como a la capacidad del Estado por apropiarse vía impuestos del producto social. Queda claro que los empresarios ganan respecto de los ingresos de trabajadoras y trabajadores, como señala la información oficial respecto de la distribución del ingreso[2]. Los ingresos al trabajo asalariado caen 0,77%, mientras que el excedente de explotación bruta, la ganancia empresaria creció un 2,78%. Se puede discutir la forma de explicitación de la distribución funcional del ingreso entre propietarios de medios de producción y fuerza de trabajo, pero queda claro que la ganancia gana respecto de los salarios. Allí se menciona también, que los puestos de trabajo cayeron un -7,5% durante el 2020; en el trabajo registrado la caída alcanzó -2,6% (hubo medidas de política pública de contención), y una reducción del -15,9% de puestos de trabajo no registrados. Son datos que explican el crecimiento del desempleo (11%) y de la pobreza (42,2%).

Son muchos los factores que intentan explicar el problema, pero lo real es el incremento creciente de precios según la información oficial, con impacto diferenciado según el lugar que se ocupe en el proceso de producción y distribución. Por ello es que para pensar críticamente el fenómeno (precios), debe analizarse el tema esencial (valor).

En este sentido, se requiere pensar y modificar el modelo productivo y de desarrollo, instalado como rumbo principal por casi medio siglo desde mediados de 1975 y potenciado en tiempos de la dictadura, los 90 y en los años recientes. No alcanza con criticar el orden construido, sino que se requiere pensar la transición de esta realidad a otra que cambie sustancialmente las formas de organización económica de la sociedad.

¿Se trata de aumentar la producción o de reorientar la misma?

No es un debate menor, ya que la hegemonía profesional e intelectual en la disciplina demanda facilidades para el inversor capitalista. Sin inversión privada no hay solución, pontifican. Vale pensar que el sector privado está hegemonizado por el capital externo, tal como se visibiliza en la información pública[3].

Hay que pensar en otros sujetos económicos asociados a formas cooperativas y solidarias, de autogestión y comunitarias, incluso pequeñas y medianas empresas, que acerquen la producción al abastecimiento de cercanía, contribuyendo no solo a la expansión de la producción, sino a combatir el desempleo y la pobreza, eliminando en lo posible la búsqueda de la ganancia como objetivo central del orden económico.

En el debate suscitado se juega el sentido de la mejora en la productividad del trabajo, ya que el mismo se asocia a desarrollos científicos y tecnológicos, vinculados a políticas públicas en materia de educación, ciencia y técnica, por lo que la inversión pública no solo debe orientarse al sector empresarial, sino y principalmente al desarrollo educativo y científico.

Buenos Aires, 16 de abril de 2021



[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), Marzo 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_21CDDCA5F8DD.pdf

[2] INDEC. Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Cuarto Trimestre del 2020, en:  https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_04_219C96E27491.pdf

[3] INDEC. Encuesta Nacional a Grandes Empresas, 2019, enero del 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_21A14C3F4BA3.pdf

Tensiones políticas en la región

 

Hubo elecciones en Bolivia, Ecuador y Perú, para gobernaciones en el primer caso y presidenciales en los otros. Los resultados, aun en análisis, con múltiples consideraciones según la orientación ideológica y política del o la comentarista, darán todavía mucho que hablar. Lo cierto es que todo está en movimiento, a izquierda y a derecha del arco político y no sirven consideraciones desde la emoción, sino de la complejidad y la crítica.

Bolivia: es un hecho que creció el desprestigio de un gobierno surgido de un golpe, entre fines del 2019 y del 2020, pero vale discutir cuál es el sentido común instalado entre los electores de ese país, más allá del 2020. El inmenso respaldo electoral al gobierno de Luis Arce, dista de los resultados locales que se dieron en dos elecciones desarrolladas a posteriori. Es un tema para estudios en profundidad sobre la conciencia social, los consensos electorales y los proyectos económicos, políticos y sociales en debate.

Perú: habilita la disputa en segunda vuelta con opciones de baja votación ante la dispersión de fórmulas presidenciales, dando cuenta de una crisis de representación de larga data. Más allá de cualquier caracterización, la contienda ofrece en primer lugar un candidato de la izquierda con antecedentes recientes en la lucha social docente en 2017 y por el otro, un imaginario de derecha con la heredera de un líder golpista asociado a la corrupción, con un legado en medio de la pandemia de gravosas consecuencias sociales.

Ecuador: fue sorpresa y convoca a desapasionados exámenes sobre las valoraciones de la sociedad en el ejercicio del voto. Es que el gobierno actual y saliente tiene origen en la supuesta continuidad del proceso iniciado por Rafael Correa y, sin embargo, ejerció el gobierno con la política más cercana al programa liberal del nuevo ganador, claramente identificado con la derecha y el liberalismo. Las nociones de derecha y de izquierda aparecieron sin nitidez en un debate que exacerba pasiones sobre el contenido de los proyectos civilizatorios de este tiempo.

Es cierto que cada caso tiene especificidad, pero se trata de tres países con fuerte presencia de población originaria, que más allá de largas y centenarias luchas indígenas, es en los últimos años que se hicieron visibles las reivindicaciones de los pueblos originarios para el conjunto de la sociedad. En todos los casos juega la manipulación mediática y de redes, desafiando a la política crítica y por las transformaciones profundas de las relaciones de producción.

Las Constituciones del 2009 en Bolivia y Ecuador, recuperaron visiones históricas relativas al Vivir Bien o al Buen Vivir. Son cosmovisiones que discuten el orden social contemporáneo y recuperan un debate, muchas veces escamoteado, sobre problemas estructurales de las relaciones sociales de producción y entre los seres humanos y la naturaleza.

De hecho, los pueblos originarios tienen identidad previa a las “nacionalidades” construidas en los últimos doscientos años, conmemorados por estas horas como gestas independentistas. La tradición indígena antecede a las nacionalidades actuales, por eso la “plurinacionalidad” es parte constitutiva de un debate del presente, cuestionando una concepción conservadora sobre los modos de organización y representación a futuro.

Nuestras constituciones reconocen la presencia de pueblos originarios, pero subordinados a una lógica civilizatoria dominada por el régimen de propiedad capitalista. Fue la posesión y no la propiedad la forma organizativa precolombina y de luchas por la independencia.

Por ello, junto a lo “plurinacional” emerge el debate por las formas comunitarias de organización económica de la sociedad, precisamente en un momento en que la realidad pandémica devuelve el resultado regresivo de políticas de liberalización y privatización exacerbadas en el último medio siglo.

Recrear propuestas de transformación

Estas cinco décadas son las que estamos evaluando en el presente, ya que, desde la presentación del neoliberalismo bajo la dictadura chilena, y su proyección mundial, Reagan y Thatcher mediante, la realidad de crisis hace evidente la recreación del orden.

Fue la recesión mundial del 2007-09 y la posterior ralentización del crecimiento económico agravado por la pandemia, lo que puso en discusión cómo reorganizar el sistema de relaciones, la economía y la política. Así emergieron en los últimos años las nuevas derechas y las búsquedas de unas izquierdas que habían sido conmovidas con la ruptura de la bipolaridad mundial.

No solo es lento el ritmo de crecimiento económico, objetivo instalado de la “normalidad capitalista”, sino, que es visible el agravamiento de todos los indicadores sociales, especialmente la desigualdad, en tanto empobrecimiento relativo de la mayoría social globalmente considerada.

Es un tema destacado en América Latina y el Caribe, que en la coyuntura se manifiesta con crudeza en el impacto del COVID19, ahora en una segunda ola que afecta a países que hasta hace poco parecían alejados del flagelo que acosa a la humanidad.

La región latinoamericana y caribeña no es la más pobre del mundo, pero si la más desigual. Es un tema derivado de su fuerte inserción colonial primero y luego dependiente del capitalismo hegemonizado por Europa y EEUU en los dos últimos siglos, los años de la “independencia” que conmemoramos en nuestro tiempo.

Si la región fue sustancial en el origen del capitalismo, descubrimiento y conquista mediante, en la actualidad se profundiza el papel de proveedor de recursos e insumos estratégicos para la producción dominada por las transnacionales.

Las tensiones políticas actuales en la región se asocian a la búsqueda de un rumbo estratégico, que remite para algunos a la subordinación a las tendencias hegemónicas por la liberalización que sustentan las derechas, mientras que, para otros, se asocia al imaginario de otro mundo posible desde las izquierdas. Un desafío que tiene en Cuba el principal experimento, desde hace una década en actualización del modelo económico.

En definitiva, se discute la base material, económica, de la producción y circulación de bienes y servicios que satisfacen las necesidades sociales, al tiempo que contemplen la defensa de los bienes comunes y la naturaleza.

Las luchas continentales en nuestros territorios tuvieron tradición anti colonial y luego antiimperialista, con un momento de relativa mejora en las condiciones de vida en tiempos de la industrialización, entre los 50/70 del Siglo XX, agotada con la novedad neoliberal que avanzó en todo el continente y que hoy está en crisis.

Son los límites estratégicos de un nuevo proyecto integral para nuestra sociedad y para la humanidad lo que genera las sorpresas, tensiones y debates de nuestro tiempo, y que nos convocan al despliegue de un pensamiento crítico que recree un objetivo civilizatorio para resolver las insatisfacciones actuales.

Buenos Aires, 13 de abril de 2021

Rebota la economía en el 2021 y abre incógnitas a futuro

 

La reunión de primavera (del norte) del FMI y el Banco Mundial aportó nuevas proyecciones sobre la evolución de la economía mundial. Dice el organismo que el rebote será mayor al previsto hasta hace muy poco, pero con tendencia a reducir el ritmo de recuperación para el próximo año. Dice el informe de la reunión de los organismos:

“La economía mundial está recuperándose de la crisis más velozmente de lo previsto el pasado mes de octubre, gracias a una respuesta de políticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarrolló la vacuna. Pero las perspectivas para la recuperación son muy inciertas y desiguales entre los países y dentro de cada país debido al variado margen de maniobra para la aplicación de políticas, las diferentes estructuras y rigidices económicas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podrían plantear riesgos en el caso de que las condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio climático y otros retos comunes se están tornando más apremiantes.”[1]

El debate se centra en el rebote respecto de la caída global del 2020, en el mundo, la región y el país. La tabla que sigue incluye los datos del informe de actualización de las perspectivas económicas realizado por el FMI.[2]

Territorio

2020

2021

2022

Mundo

-3,3%

6%

4,4%

EEUU

-3,5%

6,4%

3,5%

China

2,3%

8%

5,6%

Europa

-6%,

4,4%

3,8%

América Latina y el Caribe

-7%

4,6%

3,1%

 

Resulta notorio la situación divergente entre EEUU y China por un lado y el resto, aun cuando en nuestra tabla solo incluimos, además de los mencionados a Europa y a América Latina y el Caribe. Lo concreto es que el rebote de la economía es desigual, con China y EEUU como motores de la economía mundial, según los organismos internacionales. La perspectiva de mediano plazo es a la ralentización del crecimiento.

Es en ese sentido que debe analizarse la capacidad de satisfacer necesidades del rebote de la economía en el ámbito mundial y en cualquier territorio.

La gran caída del 2020 operó sobre una ralentización de la economía global desde la crisis 2007/09, una tendencia que se sostendrá en el mediano plazo, agudizando los problemas sociales y la regresividad del orden económico y social.

Por casa como andamos

Para la Argentina, las previsiones locales ubican un rebote en torno al 6%, sobre una caída del 9,9% en el 2020.

La recuperación solo podría lograrse con la evolución económica del 2021, si es que no se agrava el cuadro sanitario y económico de la “segunda ola” de contagios, postergando soluciones urgentes ante el deterioro social que se manifiesta en pobreza, indigencia, desempleo, precariedad y pérdida de expectativas en atender las necesidades cotidianas de la mayoría de la población.

Por eso hay que prestar atención a los datos de la realidad. La información sobre el impacto pueden leerse en el reciente informe sobre la distribución del ingreso.[3] Si bien los datos remiten a 28.739.630 personas, de 31 aglomerados urbanos, los montos son representativos y permiten inferir la situación global. En ese sentido hay que destacar:

·         El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357

·         Un 58,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306

·         Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937

·         En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246

·         El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676

Como puede apreciarse, son todos valores que no alcanzan la línea de la pobreza, explicando el porqué del 42% de pobreza y que el 57,7% de los menores de 14 años sobreviven en la pobreza.

Es mejor que haya rebote en la economía, pero como vemos, está muy lejos de resolver la desigualdad construida en tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo.

No puede resolverse el tema de la pobreza, si no es con distribución progresiva del ingreso. En una sociedad mercantil, la satisfacción de necesidades se logra si existe ingreso distribuido al conjunto de la población.

El Ingreso es equivalente al Producto, por lo que el crecimiento del producto debe distribuirse acorde con un objetivo de política económica que priorice la eliminación de la pobreza.

Hay dos formas de medir la distribución del Ingreso, una es la funcional, que explica cuanto del producto es apropiado por los/as propietarios/as de medios de producción y cuanto por aquellos/as que ofertan su fuerza de trabajo. Otro mecanismo es la distribución personal, que explica el ingreso en agrupaciones de personas según sus ingresos, desde el 10% más rico al 10% más pobre.

La distribución funcional es más difícil de explicar desde las cuentas nacionales, pero puede inferirse una distribución del 60% para la minoría propietaria de medios de producción y un 40% para la fuerza de trabajo. En la distribución personal se destaca que el 10% más rico percibe el 22,1% del total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 3,1%.

Solo sumando los ingresos del 40% más pobre de la población, recién se igualan los ingresos percibidos por el 10% de mayores ingresos. El 30% de mayores ingresos perciben el equivalente del 70 % de menores ingresos.

En este marco, hay que proponer una reversión de este cuadro de realidad, pero, además, modificar sustancialmente las fuentes financieras del Estado para atender esta situación. Por un lado, avanzar en una reforma tributaria y modificar sustancialmente la política relativa al endeudamiento externo.

Impuestos y deuda

Hay que avanzar en la progresividad tributaria. No alcanza con la actualización del mínimo no imponible, ahora ley y establecido en 150.000 pesos mensuales, especialmente porque el salario no es ganancia. Habrá que avanzar en aumentar las tasas de las ganancias empresarias y para ello puede inspirarnos la política tributaria estadounidense de recuperación de la tributación a las ganancias corporativas.

Si Trump redujo la tasa de imposición corporativa del 35% al 21%, la actual gestión Biden pretende llevarla al 28%, y, además, sugiere mundializar la iniciativa. Dice Yellen:

"Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno".[4]

El tema es que EEUU se propone una inversión en infraestructura superior a los 2 billones de dólares para sostener la reactivación de la economía, para lo que se requiere incrementar la imposición sobre los sectores con capacidad de ganancia pese a la crisis y para evitar que estas empresas migren de EEUU hacia otros territorios el mensaje pretende mundializarse, tal como señala la Secretaria del Tesoro:

"Estamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa mínima global que pueda detener la carrera hacia el fondo".

Argentina tendrá que tomar el ejemplo y no dejarse chantajear por aquellos que sostienen el carácter inconstitucional de la imposición a las grandes fortunas o que solicitan una menor presión fiscal. Los datos de la regresividad social imponen una carga impositiva sobre aquellos con capacidad de acumulación.

Los organismos internacionales discuten mecanismos financieros para mejorar la situación de países empobrecidos.

Entre otras cuestiones sugieren condonaciones de deudas en algunos casos; bajas de las tasas de interés para no ahogar a deudores con problemas; nuevas fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria; e incluso una emisión de 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

Al mismo tiempo que el FMI sustenta el tradicional “ajuste estructural”, promueve una política de sostenimiento del gasto fiscal en la emergencia para evitar la conflictividad, en la esperanza que la producción, distribución y aplicación de las vacunas aleje a la humanidad de la situación pandémica actual.

En ese marco es que Argentina negocia la reestructuración de los pagos por desembolsos del orden de los 45.000 millones de dólares. El FMI pretende operaciones a 10 años y voces oficiales demandan el doble de tiempo. En rigor, ni 10, ni 20 resolverán el problema y tal como señala la auto convocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoria con participación popular, que esa es una deuda odiosa y por ende debe repudiarse el préstamo.[5]

Buenos Aires, 10 de abril de 2021



[1] FMI. Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI, 8 de abril del 2021, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc

[2] FMI. La economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes en medio de aguda incertidumbre, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Cuarto trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim20F7BE1641DE.pdf

[4] The Guardian. Janet Yellen pide una tasa impositiva corporativa mínima global, en: https://www.theguardian.com/business/2021/apr/05/janet-yellen-global-minimum-corporate-tax-rate