La corrupción, los medios y el conflicto social


La corrupción está instalada como eje de la información que definen los principales medios de comunicación. Es una estrategia funcional a la concentración económica y del poder, ya que el acento está en la corrupción anterior mientras se vela la del presente, en clara manipulación informativa. Los objetivos son políticos y económicos de cara al presente mediato.
Desde el punto de vista político impedir que se retome cualquier gobierno con intento de disputa de derechos en 2019 y desde lo económico confirmar un rumbo favorable a una lógica de privilegio de las ganancias concentradas en la cúpula del poder global. En este aspecto económico, los empresarios involucrados pueden terminar enajenando sus empresas ante las restricciones que pudieran sobrevenir, incluso fuera de la Argentina.
¿Existen capitales locales para esas operaciones, o el solo hecho de pensarlo resulta en mayores niveles de concentración y extranjerización de capitales en la Argentina?
Por eso el operativo es a dos puntas, a consolidar el intento de una nueva hegemonía política modificando la tradición histórica del país con gobiernos radicales y peronistas, salvo dictaduras, hasta 2015 y con ello, convalidar un rumbo económico de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial, lo que supone mayor concentración y extranjerización económica.
Lo dicho no excluye el rechazo a toda forma de corrupción, la que debe ser combatida con todo rigor, en una mirada hacia atrás de largo aliento, pero también del presente. Entendiendo a la corrupción tanto el que la percibe como quien la otorga. La corrupción es un acuerdo de partes, no interviene uno solo.
Al mismo tiempo, pensar en el desafío de época para superar las identidades partidarias tradicionales como problema, no solo del poder, sino también del amplio abanico del arco social definido en lo popular.
La política asumida por millones de participantes en luchas por la ampliación de los derechos humanos (especialmente del movimiento de mujeres), individuales y colectivos, mayoritariamente protagonizado por jóvenes, nos remite a la imprescindible creación de nuevas identidades populares para disputar la representación social de los de abajo.
Conflicto creciente demanda políticas alternativas
Sin embargo, pese a la manipulación mediática, la realidad social se impone con variadas manifestaciones.
Una remite a la lucha universitaria, iniciada el 6/8 pasado como no inicio de clases, decisión convalidada por una mayoría interesante de docentes y a la que se suma de manera importante el conjunto de la comunidad universitaria: estudiantes, graduados y autoridades.
Vale mencionar que no existe acuerdo total de cómo avanzar en el tema entre las organizaciones sindicales representativas.
Lo determinante en este tiempo y no solo para este caso, no parece pasar por los dirigentes, sino por la voluntad de los trabajadores y trabajadoras junto a la capacidad para instalar socialmente el asunto.
Es algo que se está logrando con la Universidad itinerante, con clases públicas y manifestaciones masivas fuera de las propias sedes universitarias.
Masivas movilizaciones en solidaridad con el reclamo universitario se dieron en estos días, especialmente en principales ciudades con tradición universitaria y de lucha, casos de Rosario o Córdoba y varias otras ciudades.
Son iniciativas asumidas como procesos de construcción de una movilización programada para el 30/8 en la ciudad de Buenos Aires, condensando el reclamo federal no solo por recomposición salarial docente.
En rigor, el conflicto incluye la crítica a la disminución del presupuesto universitario para este año, de más de 3.000 millones de pesos, y además, la sub ejecución de ese presupuesto asignado a la baja.
La protesta es por los salarios, la baja del presupuesto y la sub ejecución de lo asignado, en una clara confrontación contra la política oficial.
Una política que tiene complicidad de todos los poderes del Estado y que es parte de un objetivo de largo aliento por cambiar la tradición del derecho a la educación por la educación como servicio o mercancía que se compra y se vende en el mercado.
En efecto, desde los 60 del siglo pasado cuando se inició el estímulo a las Universidades privadas, no ha cesado la promoción de una política privatizadora, estimulado en los tiempos de ampliación de una deliberada privatización a escala global, entre otras cuestiones, de la educación.
Se valida la orientación en los 90 y ahora con el argumento de que los pobres no acceden a los estudios universitarios y por ende, aquellos que si “llegan a la pública” deben pagarla.
La demanda es contra la política gubernamental y en defensa del derecho a la educación, que se hermana con otros conflictos, caso de la lucha contra la privatización de la empresa provincial de energía en Córdoba.
En efecto, la multitudinaria movilización cordobesa en defensa de la EPEC estatal y los reclamos universitarios unificaron la reivindicación y extendió el horizonte de la disputa del consenso por otra política asentada en el derecho a la educación o en el derecho a la energía.
La energía y la sociedad estuvieron en el centro de la atención del Congreso realizado en Mar del Plata este 24 y 25/8, por la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA, organización de base de la CTA Autónoma.
En el cónclave marplatense se analizó la necesidad de avanzar en la generalización de las demandas sociales para modificar el cuadro de situación económica que se descarga vía inflación y recesión sobre la mayoría de la población.
La declaración relativa a la situación nacional promueve el impulso a un paro nacional de 36 horas a convocar por todas las centrales sindicales y a instalar la lucha por la demanda de la soberanía energética.
Tanto la educación o la energía como derecho, es parte de una lógica contenida en los 21 puntos programáticos difundidos luego del multitudinario acto de Frente Nacional Multisectorial 21F, convocado el pasado 16/8 en el mini estadio de Atlanta.
Allí convergieron 825 organizaciones reunidas en 28 multisectoriales en todo el territorio nacional que confluyeron en un Congreso Federal para ofrecer un programa con propuestas alternativas para abordar la defensa de los ingresos populares; una concepción extendida de derechos; al rechazo al acuerdo con el FMI; y una inserción mundial privilegiando la Patria Grande.
La conciencia social está en disputa
Nuestro relato apunta a discutir la eficacia de la estrategia comunicacional del poder.
El debate social no transita solamente por la agenda instalada por los principales multimedios, sino por la capacidad de intervenir de las trabajadoras, los trabajadores, en actividad o pasivos, y por el conjunto de la sociedad.
Sostenemos el argumento más allá de lo que pueda pensarse de algunas/os o muchas/os de los dirigentes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que procesan este debate crítico sobre la realidad y el que hacer para modificarlo. La dinámica social en el conflicto es la clave para interpretar el devenir, claro que de manera dialéctica con los proyectos políticos en pugna.
En los próximos días se debatirá el Presupuesto 2019, convalidando el ajuste suscripto en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto solo se aprueba si logra conformidad parlamentaria, por lo que confirmamos que la crítica no es solo al poder ejecutivo, sino extensivo al legislativo y en asociación a lo relatado con respecto a la corrupción, también involucra al poder judicial y al de los medios de comunicación.
La realidad económica nos la devuelve la data oficial, con caída de la producción agraria e industrial, más el comercio, con lo que se define el dato de junio del 2018 de una baja del -6,7% respecto al mismo mes del año anterior y del -1,3% respecto al mes de mayo del 2018.
Ese dato que confirma la recesión económica se suma a la cruda realidad de incrementos de precios que define la estanflación, estancamiento más inflación, con costos sobre la mayoría social de menores ingresos.
La discusión como siempre es quien vence a quien y como vemos es lucha política, económica y de ideas sobre el presente y el futuro.
De un lado el poder instituido desde sus diversos destacamentos, y desde el otro, una fragmentación de proyectos políticos que intenta ser superado por una amalgama de esfuerzos unitarios de contenido federal, caso de la Multisectorial 21F, para habilitar condiciones de una disputa con horizonte de ampliación de derechos. Fue la enseñanza que dejaron otras luchas vigentes, como mencionamos, por ampliación de los derechos de las mujeres en un marco de generalización de derechos humanos en sentido integral.
Solo el consenso social para un modelo alternativo hará posible el éxito de cualquier reivindicación concreta, de lo contrario, el mapa del conflicto será contenido en luchas corporativas que fragmentan la protesta social sin rumbo compartido.
La propuesta de Paro Nacional de 36 horas con movilización convocado por las centrales sindicales en septiembre suena en ese sentido, habilitando una profunda discusión sobre el programa necesario a sustentar masivamente.
Confirmamos así nuestra tesis relativa al necesario debate económico, político, cultural, de ideas. No alcanza con consignas o etiquetas. No está resuelto el enigma de como mejor disputar el destino, salvo la unidad de acción que en el marco de un debate programático encuentre los consensos necesarios para la confrontación con la hegemonía actuante avalada por el FMI.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2018

Macri reconoce que su política incrementa la pobreza


El presidente Mauricio Macri reconoce que por la mayor inflación y la devaluación luego de la corrida cambiaria se incrementa la pobreza en la Argentina.
Lo que le falta reconocer es que la inflación y la devaluación son consecuencia directa de su política económica: de ingresos, fiscal, monetaria y cambiaria.
Todas las medidas adoptadas desde que asumió el gobierno en diciembre del 2015 suponen una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad al núcleo que concentra el ingreso y la riqueza y por eso, lo lógico es el aumento de la pobreza.
No en vano nos anoticiamos que los jubilados necesitan como mínimo más de 21.000 pesos para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se reconoce por el INDEC el fuerte crecimiento de los precios de los alimentos y los medicamentos, elementos imprescindibles en la canasta de los adultos mayores.
Macri mintió con su promesa de campaña relativa a “pobreza cero” e incluso se incluyó como objetivo principal en sus primeros mensajes, ya a cargo de la presidencia.
Claro que se puede decir que era notorio que incumpliría el propósito porque el objetivo de la ganancia empresaria contraría todo proyecto a favor de los pobres, pero el asunto es que con eso intentó limpiar su mensaje y ganar consenso electoral, logrado en 2015 y 2017.
Ahora, desde la “sinceridad” del objetivo incumplido se propone continuar el verso relativo a que la política económica promueve la lucha contra la pobreza. Suena raro el intento propagandístico contra tarifas y precios acelerados que afecta negativamente a la mayoría social de menores ingresos.
No solo 3,1% de inflación en el mes de julio, sino precios mayoristas que luego se trasladarán a los minoristas del 4,7% en el mismo mes. En el acumulado enero a julio del 2018 suman 19,6% los precios minoristas y 36,5% los mayoristas. Si anualizamos desde julio del 2017 al presente tenemos un acumulado de 31,2% en minoristas y de 47,1 en mayoristas.
La inflación ajusta a los de abajo. Son datos que dejan atrás la banda establecida en el acuerdo con el FMI, que indicaba un potencial evolución de precios entre el 27 y el 32% para todo el 2018.
El debate es en cuanto superará el máximo establecido en el acuerdo que el FMI empezó a monitorear esta semana.
Se privilegia la especulación financiera
No se duda que el FMI aceptará el pedido de perdón (waiver) del gobierno argentino por incumplir con la inflación y no solo por razones ideológicas, sino porque Macri cumple con el ajuste y reducción del déficit primario, aun cuando aumenta el déficit financiero, que más que compensa el achique del gasto social.
La lógica es clara y evidente. Argentina funciona con base al endeudamiento y por ende crecen los intereses a pagar y la recaudación tiene un destino privilegiado en sostener fines especulativos de los recursos públicos, incluidas las reservas internacionales administradas para la fuga de capitales.
Un ejemplo está en el conflicto educativo y especialmente en la Universidad. No se iniciaron las clases en el segundo semestre y la oferta de agosto apunta a actualizar un 5,8% los ingresos docentes, sumados a un 5% ya otorgado en marzo pasado.
Un vergonzoso e insuficiente 10,8% cuando lo acumulado de inflación de precios al mes de julio es 19,6% y para agosto superará el 22%. Además, el máximo propuesta para todo el año no supera el 15%, contra una inflación esperada por el encima del 32%.
El conflicto no se agota en los salarios docentes de 180.000 trabajadores y trabajadores, sino que alcanza al financiamiento de la actividad en conjunto para las 57 universidades nacionales.
Ya había sido reducido el presupuesto total asignado a las universidades, de 106 mil millones de pesos a 103 mil millones y además, para el primer trimestre se reconoce una sub-ejecución presupuestaria mayor al 28%, ya que restan gastar aun 14.500 millones de 51.000 millones que debieron girar desde el poder ejecutivo para gastar en las Universidades.
Al gobierno Macri no le interesa que no haya clases, no solo en la Universidad. Su objetivo es reducir el gasto social en educación, salud o calidad de vida de la mayoría de la población. La evidencia es el aumento del gasto financiero por encima de cualquier compromiso de satisfacer derechos de la sociedad.
Esta semana se amplió el swap negociado entre China y Argentina, en yuanes, la moneda china por el equivalente de 4.000 millones de dólares y en septiembre, se espera el segundo desembolso por 3.000 millones de dólares del total de 50.000 millones acordados oportunamente con el FMI.
Más interesa ahora al gobierno desarmar las posiciones en LEBAC (deuda en pesos) para construir una hipoteca en dólares, para lo que usan las reservas, que imaginar un financiamiento adecuado del proyecto educativo, social y menos aún de un modelo productivo que satisfaga las demandas de empleo e ingresos de la mayoría de la población.
Consecuencias sociales y horizonte represivo
Son temas delicados porque está en juego el destino político en el marco de una prematura campaña electoral presidencial para el 2019, incluso con hipótesis de adelantamiento ante los límites y consecuencias sociales de las condiciones actuales de la economía, base del descontento y creciente protesta.
No preocupa si llega el Gobierno al final del mandato, sino que alarma que no se satisfacen necesidades sociales de la mayoría con menguados ingresos, alta inflación y rumbo recesivo que augura en el corto y mediano plazo peores condiciones para el empleo y el ingreso popular.
Urge modificar la política económica, un imposible sin cambiar la correlación de fuerzas sociales y culturales en la disputa por el consenso social relativo al proyecto político en el país.
Más aún con un horizonte de acrecentamiento de la represión ante manifestaciones críticas a las iniciativas del poder. Remito a la presencia en el país, la semana pasada, del Jefe del Pentágono estadounidense para monitorear el operativo de seguridad ante la cumbre presidencial del G20 del 30/11 y 1/12.
Operativo que anticipa la imagen de ciudad sitiada para Buenos Aires desde una semana previa al cónclave de Presidentes, impidiendo la manifestación crítica del pueblo argentino.
Las deliberaciones del G20 son por y para el ajuste y el rumbo antipopular que definen las ganancias defendidas por los gobiernos de los principales países del capitalismo mundial.
Más que nunca se requiere campaña contra  los propósitos del gobierno y del poder mundial, parte de lo cual se propuso esta semana el Congreso del Movimiento 21F, hegemonizado por sectores sindicales, que desde el Estadio de Atlanta formuló un programa construido por 825 organizaciones articuladas en 28 multisectoriales reunidas en todo el territorio federal.
El encuentro se propuso como parte de la campaña en curso contra el cónclave del G20. Desde su Congreso federal, el 21F se dispone a profundizar las convergencias y articulaciones políticas y sociales necesarias para sustentar un programa alternativo con propuestas que sustentan un enfoque de soberanía contra la profundización de la dependencia implicada en la política oficial.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2018

Una política a contramano choca con la realidad


El pasado 8 de agosto una institución retrógrada e innecesaria como el Senado Nacional frenó la media sanción relativa a la despenalización del aborto, a contramano de la abrumadora legitimación social del debate militado por millones de personas, especialmente mujeres jóvenes. Se dice que fue la influencia de la Iglesia y la cultura hegemónica conservadora del interior, más precisamente en el norte empobrecido, quienes desplegaron una fortísima iniciativa política de corte conservador desde la aprobación del proyecto en Diputados. La marea verde con su lucha actual, que recoge la larga tradición de la brega por el aborto seguro y gratuito,  tiene el mérito de instalar las bases subjetivas para una futura sanción que identifique a la legislación con el sentimiento de avanzada de la sociedad argentina.
La realidad es que la vieja política conservadora frenó transitoriamente el impulso de lo nuevo gestado por una nueva generación de lucha por los derechos humanos en sentido integral, muy destacadamente los relativos a la igualdad de género, a la diversidad sexual y al goce, como muy bien señaló Pino Solanas en su intervención en el Senado. Por eso, el dato relevante, sin embargo, remite a lo nuevo que emerge en las niñas, adolescentes y jóvenes activistas militantes de la vieja causa por el derecho al aborto seguro y gratuito sustentado desde una convicción histórica por mujeres, abuelas y bisabuelas. La posta de la militancia histórica es asumida en esta coyuntura por millones de jóvenes que alimentan la gestación de un nuevo tiempo, como ayer y como siempre, arrasando con la vieja y conservadora cultura del rechazo a la superación.
La economía también a contramano
En materia económica ocurre algo similar. En diciembre del 2015 asumió el gobierno de la Argentina una propuesta con un programa de derecha que transita a contramano de los nuevos rumbos del capitalismo mundial, claramente identificado con las políticas de Trump o del Brexit; de recreación del proteccionismo nacionalista en defensa de la hegemonía imperialista histórica de Inglaterra y EEUU. Esa política nacional emanada desde la hegemonía impone la guerra comercial en curso, desde EEUU contra China o Europa y el resto del mundo, lo que incluye la reciente suba de los aranceles a Turquía y la consecuente devaluación de la moneda turca, la que arrastra otros procesos similares en el mundo, caso de la modificación cambiaria en la Argentina con un dólar rozando los 30 pesos por unidad.
No se trata de defender la política estadounidense, británica o del nacionalismo de derecha y conservador en el mundo, sino de interpretar las contradicciones de la situación mundial y en ese marco definir un rumbo propio para alejar lo más posible al país de los efectos desastrosos para la sociedad por la inserción internacional subordinada. Por eso preocupa que la economía argentina marche a contramano de las orientaciones sustentadas desde la hegemonía, sobre todo si no existe una lógica social y política mayoritaria en contra del capitalismo. Cuando en el mundo se fortalece el dólar por imperio de la política económica proteccionista estadounidense, aumento de las tasas de interés mediante, más allá de cualquier impacto a largo plazo, en el país (que no emite dólares) no se cuidan los escasos dólares o divisas que ingresan. En rigor, ocurre todo lo contrario y se generan condiciones para la salida (fuga) de esos recursos escasos. En lugar de cuidar las escasas divisas conseguidas, se facilita la salida y así se construye la llamada “restricción externa” de la economía local.
Remito a la libre y acrecentada importación, en simultáneo con bajas de precios internacionales de productos de exportación, caso de la soja, sumado a maniobras especulativas que demorando ventas externas demandan mayores devaluaciones en favor de la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero del agro-negocio. Pero también la libre circulación de capitales, sea por pagos de intereses acrecentados con nueva deuda pública, remesas de utilidades al exterior o déficit por turismo internacional. Es más, esa salida de dólares solo es posible por el ingreso de fondos especulativos o mayor deuda externa. A contramano de la tendencia hegemónica, en lugar de generar condiciones de funcionamiento local para limitar la restricción externa, se la fomenta. De ese modo solo queda el ajuste sobre los ingresos de la mayoría de la sociedad. Ese es el resultado del rumbo económico del Gobierno Macri en el tramo final de su gestión con vencimiento en diciembre del 2019.
La inflación y la recesión son manifestaciones del ajuste que empobrece a la mayoría de la sociedad y renueva el descontento, anima la protesta social y crea condiciones de posibilidad para transitar nuevos rumbos de construcción de iniciativa política popular para un nuevo tiempo de construcción social.
Avanzar con lo nuevo
La marea verde entusiasma, por la masividad y la juventud incluida, señalando posibles subjetividades que afecten al conjunto de la cotidianeidad, entre ellas las relaciones económicas. Estas convalidan el capitalismo local, que para funcionar necesita recrear los mecanismos de transferencia de riqueza producto del trabajo social a una minoría asentada en el poder y la dominación. El problema a resolver es como otorgarle centralidad a la disputa por la apropiación social del producto del trabajo, en tanto sustento de la vida cotidiana, hoy apropiada por núcleos reducidos de poder hegemónico a costo de insuficiencias e insatisfacciones de la mayoría de la sociedad.
El ejemplo de la lucha feminista por décadas y los cambios en la cultura de la sociedad, más allá de los traspiés legislativos, nos dan señales por donde sustentar con convicciones el trabajo de organización y lucha para confrontar con la estrategia actual en el gobierno y el poder. Pero cuidado que siempre se puede recaer en otra ilusión de un capitalismo posible, autónomo y soberano. Otras relaciones económicas supone un rumbo contra y más allá del capitalismo. No es imposible si se sostienen convicciones y formas adecuadas de lucha, tal como se abrieron camino movimientos, entre los que destaca ahora el feminismo, o el ecologismo, como aporte a una lucha civilizatoria contra el patriarcalismo y el capitalismo como modelo productivo depredador de la naturaleza y la vida. En la Argentina, la lucha del movimiento obrero tiene antecedentes para inspirar a nuevas generaciones para una perspectiva de emancipación social.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2018

Tendencia recesiva en la economía argentina


Todo indica que la Argentina transita deliberadamente por un sendero económico de recesión.
Sea por la evolución de la producción, el intercambio o el consumo, o por el registro de los ingresos tributarios, la realidad es de merma en la actividad económica.
La recesión económica impacta socialmente con beneficiarios y perjudicados e incide en los humores y consensos culturales, económicos y políticos de la sociedad.
Importa también el tema por la deriva política en la reducción de los consensos electorales en tiempos donde se inicia el debate para la elección presidencial del 2019.
Baja industrial
Según el INDEC, en el mes de junio del 2018 hay una merma del 8,1% respecto de mayo en el estimador industrial mensual, que ya había caído 1,2% en mayo respecto de abril.
El acumulado del año, de enero a junio apenas registra un crecimiento de la producción industrial del 1%, cuando el mes anterior registraba un acumulado de 2,4%.
La tendencia es a la caída de la producción industrial, la que se suma a la importante merma de la producción agraria por razones climáticas, inundaciones mediante.
No solo es merma de producción, sino impacto directo en el empleo y los ingresos salariales de trabajadoras y trabajadores. En efecto, las empresas automotrices Renault o Iveco anunciaron suspensiones de trabajadores para el mes de agosto y liquidar stock acumulado.
El resultado de la menor producción y la baja de las ventas en el mercado local y mundial (Brasil compra el 50% del ensamble local de toda la industria automotriz) explica las medidas que impactan sobre trabajadoras y trabajadores.
La industria automotriz está asociada a otros sectores industriales que también sufren las consecuencias de la recesión, caso de las industrial del vidrio, el caucho, el plástico, la siderurgia o la metalurgia.
El impacto de la caída es fuerte en la fabricación de alimentos, que alcanza al 5,4% respecto del mes anterior. La industria de alimentos tiene una incidencia del 22% en el conjunto de la industria, por lo que no resulta menor un seguimiento cercano de su evolución.
Por su parte, el sector textil cae 10,8%, afectando a sectores de la pequeña y mediana empresa asentada en las provincias y fuertemente asociadas  a un destino del mercado interno que sufre por caída del consumo popular.
La refinación de petróleo se anota con una baja del 19,9%, y las sustancias y productos químicos caen un 10%, mientras la industria automotriz se reduce un 11,8%.
Solo la producción de acero aparece con un sentido inverso al conjunto de la industria, indicador que no alcanza para evaluar una perspectiva reactivadora del sector manufacturero.
Cae la recaudación
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el ente de recaudación tributaria y previsional, señala un incremento interanual para el mes de julio del orden del 23,8% para una inflación cercana al 30% en el mismo periodo.
La devaluación cambiaria impacta en materia de precios relativos y la menor producción y exportación agraria se hace sentir en la recaudación por derechos del comercio exterior vía retenciones.
El problema de la recesión inducida por la política económica interviene en la perspectiva de la recaudación, ya que la principal fuente de ingresos públicos proviene del IVA, condicionado por la baja del consumo popular, e incluso del tributo a las ganancias que involucra a salarios.
Con un horizonte de recesión, la perspectiva de la recaudación no será auspiciosa, afectando la posibilidad de política económica activa para revertir el ciclo económico.
Más aún, limita las posibilidades de resolver derechos consagrados constitucionalmente, sea la educación o la salud, que el conflicto social en esos sectores hace evidente la voluntad oficialista por incumplirlos.
Es un tema agravado en estos días con la muerte de dos trabajadores escolares ante el abandono por ausencia de inversión en mantenimiento de establecimientos escolares.
Menos recaudación y tendencia a la sub ejecución presupuestaria en áreas sociales estratégicas son una norma que generaliza la desidia por definición política de un Estado que orienta su política a resolver la lógica de la ganancia por encima de los derechos humanos en sentido integral.
La política económica subordinada a la lógica del ajuste induce la recesión productiva con fuerte impacto en la sociedad y en las cuentas nacionales, condicionadas a reducir a cualquier costo el déficit fiscal ante el acuerdo con el FMI.
Contrario a una política anti ciclo, desde las autoridades gubernamentales se profundiza la orientación pro-cíclica de ajuste y recesión.
Consenso electoral en disputa
La realidad de la economía comienza a deteriorar el consenso electoral del 2015 y 2017, algo que preocupa al gobierno de cara a las elecciones de renovación presidencial del 2019.
En el imaginario oficial actúa la memoria de la recesión del 2016 y la recuperación del 2017 que favoreció el triunfo electoral del medio turno presidencia. Existe un supuesto similar de mejora de la actividad económica para el próximo año, que como hemos señalado en ocasiones anteriores, reproduce una discurso no verificable de que el futuro será promisorio.
Sin embargo, hay un límite estructural a esas promesas ilusorias, lo que deviene del déficit externo que ronda entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales, con cierre de las fuentes externas de provisión de divisas.
Es que no llegan las esperadas inversiones externas, en la cantidad necesaria, y parece cerrado el acceso al crédito internacional más allá de la disposición del FMI si es que se cumple con el duro ajuste fiscal.
No alcanzan los 50.000 millones del FMI y además bajan las exportaciones por especulación y menor producción agraria.
La ausencia de soluciones en la vida cotidiana, agravada con suspensiones y deterioro en la capacidad de satisfacer necesidades extiende el descontento social, lo que genera una condición de posibilidad para habilitar opciones políticas con otros rumbos para un futuro cercano.
El descontento en el presente posibilita la discusión sobre nuevos horizontes políticos y económicos, que requieren una proyección más allá de la coyuntura en la disputa por el ingreso.
Se trata de pensar en otro modelo productivo y de desarrollo privilegiando la satisfacción de necesidades sociales por encima de una lógica relativa a las ganancias de los inversores.
En rigor, ese debate trasciende el proceso electoral local y adquiere carácter esencial de cara al presente y futuro de la sociedad, incluso más allá de la cuestión nacional, ya que involucra a toda la región latinoamericana y caribeña en las condiciones de reestructuración del sistema mundial capitalista ante la exacerbación de la guerra comercial en proceso desatada desde la hegemonía sustentada por EEUU.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2018