El FMI es parte del poder que subordina a la Argentina a la dominación y la dependencia


El 25 de mayo es día de fiesta y de lucha en la Argentina. Es fiesta porque se recupera la revolución anticolonial de 1810, sus objetivos y reivindicaciones, las que continúan en pie, por lo que también es día de lucha contra la sumisión contemporánea a la dominación que ejercen corporaciones trasnacionales asociadas a poderosos grupos locales.
La dominación española fue combatida en 1810, como lo fue antes, en 1806/07 la invasión inglesa. La dominación británica primero y luego estadounidense constituye la esencia del rumbo civilizatorio asumido por las clases dominantes en la Argentina luego de la gesta revolucionaria de mayo.
Argentina se construyó como país capitalista bajo la dominación colonial e imperialista, por lo que el desafío contemporáneo asume la triple confrontación como anticapitalista, anticolonial y antiimperialista, bajo las nuevas condiciones de lucha contra el racismo, la discriminación, la destrucción de la naturaleza y el patriarcalismo.
Ese programa que enunciamos viene siendo construido en múltiples experiencias de organización popular a través del tiempo, con un momento de máxima acumulación de poder popular hacia 1973. Como consecuencia de ello, la consigna que condensó la situación fue “liberación o dependencia”, coincidente con la situación mundial y experiencia de luchas y procesos populares construidos entre fines de los sesenta y comienzos de los setenta. Remito al mayo francés, el cordobazo/rosariazo, el levantamiento estudiantil mexicano, las luchas de los trabajadores italianos o la primavera de Praga, hasta llegar al triunfo de Vietnam sobre EEUU. Toda una época de acumulación de poder popular en el ámbito mundial.
Parecía que aquel 25 de mayo de 1973 argentino expresaba las tradiciones soberanas de lucha y podía materializarse el ansiado proyecto independentista. Era un momento nacional en correspondencia con un clima de época global, con especificidades más que interesantes en Nuestramérica, con el despliegue del proyecto socialista cubano y la nueva experiencia socialista por vía electoral en Chile.
La lucha social, política y cultural de época era la condición de posibilidad para la realización de variados proyectos, tal como imaginamos los protagonistas de la Universidad para la Liberación que construíamos en 1973/74. Se asumía el legado de la Reforma de 1918 y se potenciaba con una perspectiva emancipadora. Es algo que recordamos estos días en Villa Mercedes, San Luis, a propósito de una jornada que recuperaba los debates por el centenario de la Reforma de 1918 y que organizara el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz[1]. También se manifestó ese clima de época en la legislación laboral de 1974, como expresión jurídica de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Ofensiva del capital y papel del FMI
En esas condiciones, la respuesta en Argentina y en el mundo fue la ofensiva del capital que en términos ideológicos se conoce como el tiempo “neoliberal”, con el monetarismo ortodoxo y reaccionario como bandera de vanguardia en materia de política económica y la represión y el terrorismo de Estado como mecanismo para disciplinar la dinámica del conflicto y la organización social para la transformación.
La ofensiva del capital contra la acumulación popular de poder se inicia en 1975/76 (gobierno constitucional primero y dictadura genocida luego), con importantes avances que despliegan el proyecto aperturista vía endeudamiento externo, de promoción de la iniciativa privada y desregulación estatal con privatizaciones en los 90 (menemismo y Alianza) y que en la actualidad pretenden definir su consolidación.
En ese trayecto existieron resistencias diversas e intentos de construir rumbos alternativos, por lo cual, la ofensiva del capital no constituye un camino allanado y sin tropiezos.
Con el acceso al gobierno de Macri, vía consenso electoral, se pensó en que estaban dadas las condiciones ideales para lograr el control social, la contención del conflicto y la subordinación de la sociedad al objetivo de sustentación del orden del capital, que subordina el todo a la lógica de la maximización de la ganancia.
Bajo esas condiciones se instaló la agenda contra los derechos laborales y sociales e incluso los de la naturaleza, aunque no sean estos reconocidos por la tradición local, tal como ocurre con el nuevo constitucionalismo regional, casos de Bolivia y Ecuador.
El programa del gobierno Macri apostó a las inversiones externas para su materialización y mientras estas llegaban al endeudamiento público externo.
La realidad mundial y local imposibilita la lluvia de inversiones y resulta insostenible la magnitud del reciente endeudamiento externo, por eso la necesidad de ampliar los mecanismos de deuda local.
Hay límites objetivos para el despliegue del programa “macrista” y por eso se acude al FMI, para asociar al organismo internacional como fuente de presión para el ajuste y la reestructuración regresiva del régimen jubilatorio y laboral.
Un tema relevante resulta de la continuidad del conflicto social que disputa cotidianamente el consenso de la sociedad sobre el presente y el futuro de la Argentina.
La respuesta represiva cuenta con cierto respaldo social y eso sostiene la voluntad gubernamental por despejar las calles de la protesta derivada de las nuevas condiciones económicas sufridas en los ingresos deteriorados por el tarifazo y la inflación, con la perspectiva de mayor ajuste en el gasto público social.
¿Es posible sustentar otra política?
La lucha masiva contra la dictadura arrancó el nuevo tiempo constitucional a fines de 1983, del mismo modo que las protestas y la acumulación gestada entre 1998-2001 generaron las condiciones para construir junto a otros procesos en la región una posibilidad de desarrollo e integración con pretensión alternativa.
Es la sociedad y su lucha la que genera las condiciones de posibilidad para el cambio de rumbo.
Por eso, luego del triunfo electoral de medio turno en octubre del 2017 se creyó desde el gobierno que había aval para sus proyectos reaccionarios de reforma previsional y laboral.
Las luchas de diciembre pasado acotaron la reforma previsional a una quita de ingresos por modificaciones en la fórmula de actualización de ingresos previsionales y frenaron los cambios a la legislación laboral. La movilización y organización popular se hicieron visibles el 21F y ahora en la conmemoración del 25 de Mayo bajo la consigna “La patria está en peligro” frente a la negociación del gobierno con el FMI.
Ante la agudización de una ofensiva por el ajuste, ya expresada en una inflación que se proyecta más alta que la del 2017 y con la  devaluación que supone una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, se acude al FMI para incrementar el chantaje sobre la población.
El recuerdo del papel del FMI no es bueno y se asocia a pérdida de soberanía, por lo que la recuperación del 25 de mayo recrea la discusión sobre las posibilidades de un rumbo de autonomía y en ese sentido, lo primero que destaca es el rechazo a las negociaciones con el organismo internacional.
Claro que luego viene el interrogante sobre el qué hacer y en se sentido se impone discutir medidas de emergencia y de fondo.
Entre las primeras, las de emergencia, supone discutir los desequilibrios macroeconómicos en función de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Entre las segundas, las de fondo, se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo.
La emergencia induce a combatir el déficit fiscal y externo para recuperar capacidad soberana de decisión sobre el presente y el futuro con soberanía.
Supone ello discutir más que el gasto, los ingresos fiscales, en un país donde las ganancias elevadas de un pequeño sector de la economía explican el consumo suntuario que consolida el déficit de turismo y la fuga de capitales.
Las retenciones a las exportaciones suscitan en este sentido nuevos debates, del mismo modo que el impuesto a la renta financiera y a los bienes personales y las ganancias. No puede ser el IVA la principal fuente de recaudación estatal, que afecta proporcionalmente en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
Del lado del gasto se mantiene la antigua demanda de investigar la deuda pública, externa e interna, y mientras suspender los pagos, más aún con la inusitada suba de la deuda asumida por el gobierno en estos dos primeros años de gestión.
En el fondo, lo que sostenemos es la ampliación del consenso contra el ajuste, contra el FMI y con ello crear las condiciones para otras medidas de política económica que reviertan la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la coyuntura, y desde allí generar un debate sobre las cuestiones sustanciales relativas al modelo productivo y de desarrollo, un tema ausente ante el drama de la cotidianeidad.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2018

Cancilleres del G20 en Argentina


El domingo 20 y lunes 21 de mayo se reunieron en Buenos Aires los representantes de los ministerios de relaciones exteriores de los países que integran el G20, en una preparación de la Cumbre de Presidentes del 30/11 y el 1/12 próximos.
Se trató de una reunión con escasos resultados, aun cuando varios participantes liderados por los anfitriones argentinos aprovecharon para criticar y desconocer los resultados de la reciente elección presidencial de Venezuela, que otorgó un mandato más a Nicolás Maduro al frente del Gobierno venezolano.
Mucho discurso por el multilateralismo y baja productividad en acuerdos por el libre comercio, especialmente entre Europa y América Latina, y si política de intromisión en los asuntos soberanos de un país latinoamericano con pretensión de asumir un camino no subordinado a la estrategia del capitalismo global.
¿Por qué escasos resultados?
El problema es el propio G20 y las políticas que algunos pretenden para homogeneizar al sistema mundial en el camino de la mundialización liberalizadora. La realidad son las turbulencias y desavenencias entre los principales países que disputan la hegemonía mundial del capitalismo.
Surgido el G20 en noviembre del 2008, como cónclave de presidentes, luego de la explosión de septiembre de ese año con la caída de Lehman Brothers y el fuerte impacto en el sistema financiero estadounidense y mundial, ocurrieron cambios en las normas y formas de la liberalización que no resultan perceptibles a simple vista a ideólogos vulgares de la corriente principal.
Desde esa vulgarización se instaló como imaginario extendido la continuidad de una lógica liberalizadora con antecedentes fuertes en los 90, e incluso desde fines de los 70 bajo el predicamento del monetarismo, vulgarizado como concepción neoliberal. Como hemos sostenido, ni nuevo ni liberal, ya que es un viejo discurso en tiempos de enorme protagonismo del Estado capitalista de las principales potencias.
La realidad transita a contramano de la liberalización sustentada en los discursos que propician la iniciativa privada y la soberanía del mercado. Lo que ocurre resulta de una fortísima intervención del Estado Nación. Buscan así, defender intereses fronteras adentro para luego promover la disputa global, asunto exacerbado con el Brexit británico y muy especialmente con el acceso a la presidencia de Donald Trump en EEUU.
Con estas expresiones quedó claro que había retornado el “nacionalismo” explícito, con recreación de concepciones “proteccionistas” a contrapelo del meneado libre comercio de los años previos.
Retorno del proteccionismo
No muy distinto ocurrió al inicio de la organización económica de la colonia independizada de Inglaterra allá por 1776.
Lo predominante de la primera política económica en EEUU independizado, con Washington en el Gobierno y Hamilton al comando de la economía, fue el proteccionismo y no el aperturismo.
Fue el comienzo de un rumbo capitalista independiente de la potencia hegemónica que pregonaba liberalización desde Londres.
El proteccionismo en los países hegemónicos resultó siempre beneficioso para sus promotores, que instalando un discurso liberalizador para otros, se preocuparon por defender sus intereses nacionales y desde allí construir hegemonía y dominación mundial.
Las autoridades argentinas se quedaron con el discurso liberalizador, de apertura y multilateralismo por el libre comercio del periodo previo, y por eso apostaron por los demócratas y sustentaron la postulación de Hillary Clinton.
Aun corrigiendo ese alineamiento y apoyando cuando pueden a la administración Trump, siguen pensando en lógica de libertad de mercado y aspiran a constituirse en abanderados de la libre circulación de capitales. Imaginan que eso les reportará inversiones externas para un ciclo expansivo del capital aplicado en nuestro territorio.
No ocurren así las cosas y los conflictos comerciales con EEUU se acrecientan junto a un déficit que no tiene perspectiva de reducirse. Más aún cuando el déficit externo de EEUU supera los 560.000 millones de dólares anuales, de los cuales, 375.000 millones son con China es impensable una política estadounidense amigable con cualquier país del mundo.
En rigor, ni Europa preocupa a Trump y por eso los cancilleres europeos se sienten desairados con la política exterior de EEUU y sus idas y vueltas en la guerra comercial y diplomática con Corea del Norte o Irán; China o Rusia, seguidas a veces de negociaciones y buenos modos, siempre en la perspectiva de lo nacional para Trump.
En ese marco de la geopolítica mundial nada se podía esperar del cónclave de cancilleres, aunque no perdieron la ocasión de la crítica a la situación de Venezuela. Les duele el proceso político de Venezuela, ya que en el marco crítico de la economía de ese país, renuevan orientaciones para el boicot para estimular un descontento que no se generaliza como esperan.
Les molesta el ejemplo de la posibilidad de cambios políticos y desde allí la potencia de un proceso económico que se proyecte por fuera de la lógica hegemónica del capitalismo mundial.
Las aspiraciones del macrismo
El gobierno imaginó réditos económicos de los gestos políticos del poder mundial, sea la 11° Ministerial de la OMC en noviembre pasado o la coordinación del G20 en este año. Del mismo modo que con las variadas reuniones de empresarios y funcionarios del capitalismo mundial paseando por el país, con discursos pro mercado y a favor de una agenda de liberalización.
Mucho ruido y pocas nueces, porque la lógica de acumulación se orienta hoy con inversiones en los principales centro del capitalismo mundial, mientras en nuestro sur dependiente se pretenden avanzar con presiones al ajuste y a reaccionarias reformas estructurales, especialmente en materia laboral.
Eso es lo que se pretende apurar con las negociaciones que se empujan con el FMI y mientras el nuevo coordinador del ajuste, desde Hacienda promueve recortes para el gasto público en el presente y el Presupuesto 2019 en elaboración.
También sueñan con domesticar al movimiento social en la Argentina y para ello avanzan con chantajes propagandísticos relativo a que “todos” deben ajustarse, socializando responsabilidades derivadas de la concepción individualista que se apropia privadamente del producto social del trabajo.
Si la ideología no camina, siempre queda el mecanismo de la represión, verificado con un tercio del gasto definido para las reuniones del G20 en seguridad.
La eficiencia en el gasto se mide por los objetivos de gobierno y no por la satisfacción de necesidades y aun con diagnóstico erróneo de lo que se puede esperar del mundo, el ajuste unifica la lógica local con las aspiraciones del gran capital transnacional.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2018

El FMI favorece la asistencia financiera Argentina


Christine Lagarde confirmó el apoyo del FMI al pedido de asistencia financiera realizado por el Gobierno de la Argentina. Es más, estudian en el Directorio del FMI la forma de otorgar más recursos de los que corresponderían por la cuota asignada por el país al organismo internacional.
El acceso a un stand-by o préstamo condicionado acercaría unos 20.000 millones de dólares, escaso según la manifiesta demanda del gobierno Macri. Se necesita por lo menos el doble, o algo más, entre 40.000 y 50.000 millones de dólares para atender las necesidades hasta el fin del mandato de Mauricio Macri.
De ese modo, se establecerían de común acuerdo las condiciones del gigantesco respaldo del FMI ante las “turbulencias” tal como definió el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la corrida cambiaria de las primeras semanas de mayo.
Para intentar contener la corrida, o las “turbulencias”, el BCRA sigue ofreciendo a la venta 5.000 millones de dólares a $25 por dólar. Pese a ello, la semana cerró con un dólar a $25,11; por encima del techo impuesto por Federico Sturzenegger.
Dijo la Directora Gerente del FMI que “trasmitió al Directorio Ejecutivo del FMI el acuerdo de acceso excepcional que sustentaría su programa económico, integralmente concebido por el Presidente Mauricio Macri y su gobierno”.[1]
Queda claro entonces que el programa no lo establece el FMI, sino el Gobierno argentino, y que será monitoreado por el Organismo Internacional. Hemos sostenido esta tesis respecto a que es el gobierno argentino el que empuja el “ajuste y las reformas estructurales”, y en todo caso, el FMI sustenta y avala, al tiempo que controlará que se cumpla.
Por ello, sin perjuicio de un primer desembolso una vez suscripto el acuerdo, el resto de los recursos serán liberados a medida que se muestren los cumplimientos de la disminución del déficit fiscal.
Traducido: ajustar primero y luego el Fondo desembolsará los recursos hasta completar la asistencia financiera. Eso favorecerá el discurso oficial de que el ajuste y las reformas son para cumplir los acuerdos.
Por boca del propio FMI nos informamos (en la nota citada) que se continúa con objetivos de un crecimiento de la economía, “fuerte, sostenido e inclusivo” con “creación de empleo”; “restablecimiento de la confianza de los mercados”, con “reducción de la deuda” y “la protección de los estratos sociales más vulnerables”. Son objetivos que el FMI “comparte y respalda”.
¿Son objetivos cumplibles?
Difícilmente se cumplan esos propósitos. El propio Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne destacó hace días que la perspectiva luego de las “turbulencias” son para el presente año de baja del PBI respecto de los objetivos previos de crecimiento y de aumento de la inflación prevista en las metas oficiales.
Ambos aspectos afectan a los sectores de menores ingresos, con impacto en el empleo y la capacidad de satisfacer vía consumo las necesidades cotidianas de la población empobrecida.
No podrán cumplirse los objetivos enunciados y en los que cree el FMI, a contramano de la realidad resultante de un dólar a $25 (vaya a saberse hasta cuándo); una tasa de interés de referencia del 40% que se duplica en el circuito comercial bancario para pequeñas y medianas empresas; junto a una transferencia de Reservas Internacionales, en un mes, por 8.226 millones de dólares desde el BCRA a las cuentas bancarias de los inversores especulativos, protagonistas de la corrida cambiaria.
¿Restablecer confianza de los mercados?
Dudoso, salvo que logre el gobierno Macri disciplinar el conflicto social azuzado por aumento de tarifas y crecimiento de los precios de la canasta de consumo cotidiano, y al mismo tiempo avance con su pretendida reforma laboral a favor de las ganancias de los inversores, lo que supone contener la protesta sindical.
¿Bajar la deuda?
Lo más probable es que los recursos liberados por el FMI fortalezcan los mecanismos de fuga de capitales, salvo que se profundice la devaluación (incógnita sobre la evolución del tipo de cambio) para licuar el gasto público en pesos, restituir competitividad a las exportaciones y favorecer la disminución del déficit fiscal y del comercial.
¿Protección de los más vulnerables?
Es la misma quimera de la baja de la pobreza prometida en el comienzo de la gestión Macri.
Lamentablemente, el saldo de la corrida generó ganadores ideológicos en el campo de los promotores del ajuste y la regresiva reestructuración de la economía local, acompañado de beneficiados muy concretos.
Dijo Guillermo Dietrich, el Ministro de Transporte: "En Iguazú están felices con el tipo de cambio. No entiendo -me decían- por qué se preocupan, para nosotros es lo mejor que nos puede pasar en el mundo, van a venir más paraguayos, más brasileños, más personas de todas partes del mundo"[2] Agrega la nota que "hay una parte de la economía, la que exporta bienes y servicios como es el turismo, o bienes como los autos o el agro a la que claramente un dólar más competitivo lo beneficia".
En boca del Ministro queda en evidencia quienes son los que se benefician con las medidas adoptadas en estos días.
Solo restaría confrontar esas declaraciones con el conjunto de perjudicados por las medidas de política económica, las que inducen una gigantesca transferencia de recursos desde la mayoría de la sociedad hacia exportadores y especuladores.
Recrear objetivos por la liberación
Próximos al 25 de Mayo, cuando en la Argentina se recupera la gesta por la revolución anticolonial, bien vale pensar en las nuevas formas que asume la colonialidad del poder en tiempos de dominación transnacional e imperialista.
Situación materializada en organismos internacionales como el FMI, invitado regular a las sesiones del G20, que ahora coordina el gobierno de Macri y que recibirá en la “semana de mayo” a los cancilleres de ese cónclave de la dominación mundial que pretende reafirmar el estatuto colonial y dependiente.
La reunión de los cancilleres es preparatoria del cónclave presidencial de fines de año y por eso no sorprende que esos mismos Jefes de Estado avalen la operatoria en negociación con el FMI. El Presidente de EEUU tuiteó a favor de Macri, su gobierno y su rumbo económico, con evidente señal de quien define en el organismo financiero.
Será quizá momento de reflexión sobre el programa de Mayo de 1810 y la recreación de un proyecto por la liberación, que ya no solo requiere del anticolonialismo, sino del antiimperialismo y el anticapitalismo.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2018


[1] María Iglesias. El Cronista, viernes 18/5/2018, en:  https://www.cronista.com/economiapolitica/Giro-en-el-pedido-al-FMI-la-Argentina-negociara-un-prestamo-stand-by-excepcional-20180518-0081.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 18/5/18)
[2] Dietrich: "En Iguazú están felices con este tipo de cambio". Ambito, viernes 18/5/2018, en: http://www.ambito.com/921750-dietrich-en-iguazu-estan-felices-con-este-tipo-de-cambio (consultado el 18/5/2018)

El ajuste y las reformas estructurales bajo dos presiones


El dólar cotiza a $24 y nadie sabe cuál es el límite en el corto plazo, con especulaciones que lo llevan a 30, 40, o más pesos por dólar.
Cierto razonamiento señala que luego de la convertibilidad la divisa pasó de $1 a $4, por lo que ahora, los 20 pesos por dólar antes de la corrida podrían ser 80 pesos por dólar, y así equiparar aquel proceso de devaluación.
Los próximos días podrían sorprendernos al respecto, máxime si entre las condicionalidades del FMI se sostuviera un mayor nivel de corrección cambiaria para hacer competitivas las exportaciones locales y modificar el saldo negativo del comercio internacional, proyectado en torno a los 11.000 millones de dólares para el 2018.
Más allá de la cotización de la divisa, el BCRA estuvo vendiendo dólares “baratos”, sostienen en el mercado, para evitar el alza desmedida en la cotización. Ha sido poco eficiente la medida, máxime cuando se verifica una pérdida de reservas de casi 9.000 millones de dólares entre el máximo acumulado el 11 de enero y el 9 de mayo, de 63.906 millones de dólares a 55.196 millones según el sitio en internet del BCRA.
Resulta interesante constatar que a comienzos de enero la Argentina toma deuda externa pública por 9.000 millones de dólares, los que ingresaron al BCRA y sirvieron en este periodo para financiar la especulación cambiaria y elevando, por ende, la necesidad de financiamiento estructural a la que debía servir ese y otros préstamos asumidos por el gobierno en lo que va del año.
Por eso no alcanzan con los 9.000 millones de deuda de enero, que eran parte de unos 30.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento externo según afirmó oportunamente el Ministro de Finanzas.
¿Cuántos dólares necesita la Argentina para hacer sustentable la política económica del macrismo?
Los déficit son varios y se anotan más de 10.000 millones de dólares por déficit comercial y otro tanto por saldo negativo de turismo exterior, más cifra similar por remesas de utilidades al exterior.
A ello debe sumarse la dolarización del excedente, lo que se manifiesta como demanda de dólares por inversores de diverso tamaño, estimado en 20.000 millones anuales.
Todo suma por lo menos 50.000 millones de dólares. Al parecer, el mercado mundial vuelve a cerrarse para la Argentina, con base en el temor del impago de los compromisos externos. La solución de última instancia es el FMI, donde la decisión de sostenimiento financiero requiere de una faceta técnica y otra política.
La primera la procesan los funcionarios del FMI, que anticipan fuertes presiones para bajar el déficit fiscal y avanzar en reformas estructurales, básicamente las reaccionarias reformas laborales (a lo Brasil) y previsional (aumento de la edad de jubilaciones y achatamiento mayor de la pirámide de ingresos previsionales).
En el plano de la política pesan los accionistas del FMI, especialmente EEUU que tiene el paquete mayoritario en las decisiones en el Directorio. Desde el Tesoro estadounidense ya dieron el acuerdo y se espera una conversación entre Macri y Trump que el gobierno argentino descuenta favorable. En el mismo sentido se inscriben las conversaciones amigables con Christine Lagarde, Mariano Rajoy y otros jefes de Estado.
Se especula con la economía y también con la política. Resulta impensable para el empresario gobernante con política liberalizadora y profesión de fe por el capitalismo, a cargo de la coordinación del G20, un rechazo de la asistencia financiera del organismo rector de las finanzas globales. Resulta una especulación por afinidad ideológica.
Como el FMI no alcanza, las gestiones se extienden a otros organismos del sistema mundial, con la pretensión de obtener un blindaje que actúe ante eventuales corridas más allá de la actual.
La economía argentina tiene ciertos problemas estructurales que la hacen inviable sin el ingreso de capitales.
De un lado, los inversores productivos presionan ante esa necesidad para reducir el costo de producción y disciplinar el conflicto social, una tradición local derivada de la histórica organización social y popular de la Argentina, en muchos casos evidenciada en legislación laboral y social sustentando derechos.
Por su parte, los prestamistas se entusiasmaron con el arreglo con los buitres y otros mecanismos de liberalización en la circulación de capitales y liberaron recursos a tasa de interés más alta que otras colocaciones en el mundo. Incluso prestaron 2.750 millones de dólares al 7,91% y a 100 años.
Esa voluntad de crédito se frenó con el correr del presente año ante las dificultades de cumplir con los compromisos financieros y muy especialmente ante los límites que el macrismo ofrece para el logro estratégico demandado por reducir el costo laboral y disciplinar al movimiento sindical y social.
Imaginarios en danza y presión de pinza
La presión por la devaluación existe desde los grandes exportadores, pero también existe pensamiento profesional de consultores al respecto y muy probable sea contenida como sugerencia entre las propuestas en negociación con el FMI.
En cierto imaginario intelectual, la devaluación supone comienzo de la recuperación económica, algo verificado recientemente entre 2002 y 2007, e incluso sostenido en el tiempo. Devaluaciones importantes ocurrieron en enero del 2014 y al comienzo del gobierno Macri a fines del 2015.
Aun así, el otro supuesto importante que fue condición de posibilidad del crecimiento desde 2002 fue la suspensión de los pagos de la deuda entre fines del 2001 y hasta la renegociación del 2005, del 2010 y el acuerdo con los buitres en el 2016.
Más de uno piensa en ambas medidas en la coyuntura: suspensión transitoria de pagos y mega devaluación. Todo para lograr competitividad del capitalismo local y reanimación económica sin modificar el modelo productivo y de desarrollo, lo que llevaría en un tiempo corto a nuevos problemas de sustentabilidad.
Claro que la suspensión de pagos es imposible de pensar bajo el macrismo y la hegemonía parlamentaria actual, mientras que la devaluación exacerbada es siempre un escenario posible para la hegemonía económica y política en la Argentina contemporánea.
Lo real es una doble presión ejercida para el ajuste y las reformas estructurales. De un lado el gobierno, aun cuando viste su discurso de gradualismo. Por otro lado, los empresarios más concentrados, especialmente aquellos con disposición a invertir en infraestructura, energía, comunicaciones, la industria automotriz y otros sectores estratégicos definidos desde el gobierno y el capital transnacional.
El FMI cristalizaría esa presión avalando una profundización del ajuste y las reaccionarias reformas estructurales. Desde el poder mundial se presiona con el organismo internacional intentando superar la aversión social de la población por los históricos resultados regresivos de la intervención del FMI en la Argentina y otras partes del mundo.
La gran incógnita es la respuesta popular, no ya por los anuncios o sugerencias anticipadas, sino a partir de la aplicación de las medidas luego del acuerdo del gobierno Macri con el FMI.
Una cosa fue hablar del aumento de tarifas y otra muy distinta cuando empezaron a llegar las facturas de los servicios públicos.  La reforma previsional solo pudo discontinuar la fórmula de actualización de ingresos y ante la protesta social se contuvo en continuar con otros objetivos más profundos y reaccionarios, tanto como postergar la mentada reforma laboral.
El efecto inmediato resulta en encarecimiento de la vida cotidiana, lo que genera mal humor social, que puede escalar en protesta, organización y movilización por un cambio, no en el sentido pensado por el marketing gubernamental. Ello juega, claro está en la perspectiva de renovación política del 2019 y en las posibilidades de pensar en construcción política de contenido alterativo.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2018


La pulseada la ganó el ajuste


La semana transcurrió con el vértigo de la suba del dólar, que llegó a 23,30 pesos por dólar y parecía que no tenía techo. Cerró la semana a $22,30 y nadie sabe cómo evolucionará, si a la baja o nuevamente al alza.
El tema venía de antes, ya que en diciembre el dólar cotizaba a $17,50, consolidando una devaluación desde entonces a la actualidad del 27%, que afecta a la mayoría de la sociedad que percibe ingresos fijos, quienes como perdedores no pueden intervenir en la fijación de los precios de la economía.
Se trata de una variación coherente con la inflación futura que induce la evolución de precios, cercana al 10% para el primer cuatrimestre del 2018 y que anualizada puede igualar a la del 2017.
El nuevo precio del dólar anticipa un traslado seguro a precios para consolidar una inflación que rondará entre 20 y 25% para todo el año, aun cuando el gobierno perjure el mantenimiento de la pauta del 15%.
Mientras tanto, las negociaciones por actualización salarial se sostienen en el techo del 15%, caso emblemático con los docentes.
Para calmar la “corrida” de los especuladores el BCRA liquidó más de 7.600 millones de dólares en dos meses, con un día pico de 1.500 millones de dólares.
Ese dinero se acreditó en cuentas concretas, lo que demuestra el destino de las reservas internacionales, que bien podría servir para desarrollos productivos sin necesidad de los inversores externos (que nunca llegan), lo que habilitaría otro debate, relativo a cual debiera ser el perfil productivo de la Argentina. Dejemos ese tema para otro momento.
Junto con la corrida destaquemos que el gobierno presentó su plan parcial de reforma laboral y desbarató la movida parlamentaria para frenar el tarifazo.
Dos por uno en la jerga cotidiana, ya que la reforma laboral incluyendo el tema indemnizaciones y fondo para despidos avanza en la disminución del costo laboral y quita de derechos; y con el tarifazo traslada a los usuarios (la sociedad) el costo del servicio público privatizado.
En el dos por uno se expresa el ajuste y la pulseada ganada por la derecha y el establishment.
Ajuste gradual o shock
Desde el gobierno se argumentaba que la política económica era de “ajuste gradual” y desde el “mercado”, es decir, los grandes capitales y sus voceros pedían shock de ajuste.
Bueno, eso es lo que anunciaron Dujovne y Caputo el viernes 4/5 al señalar que se baja la pauta de déficit fiscal y nada menos que una reducción de $30.000 millones en obra pública, lo que supone menos ingresos salariales y despachos de materiales entre otros aspectos.
Todo apunta al enfriamiento de la economía, justo cuando el INDEC anunciaba datos de un crecimiento demorado luego de la fuerte caída del 2016 y el escaso repunte del 2017. Eso induce a pensar en dificultades sociales en materia de empleo e ingreso de la mayoría de la sociedad.
Por si fuera poco, la tasa de interés de referencia establecida por el BCRA escaló a 40%, cuando en medio de la corrida había sido colocada en 33% y hace una semana estaba en 27,25%, todo para mantener a los inversores en activos financieros, especialmente LEBAC, las que ayer cotizaban en el mercado secundario a 35%.
Los tenedores externos de LEBAC vendían sus títulos porque desde el lunes 7/5 debían pagar impuesto a renta financiera por esas ganancias, por lo que ahora se los estimula con una suba de tasas que compensa la perdida por el impuesto. Los especuladores contentos, aunque habrá que ver si renuevan los 670.000 millones de pesos en el próximo vencimiento del 16/5.
Todos los anuncios confluyen en la profundización del AJUSTE, haciendo eco de la demanda del “mercado”, que sin eufemismo son los grandes capitales hegemónicos en la economía local, con sus voceros en consultoras privadas y en los medios de comunicación, caso de Melconian o Espert, por mencionar algunos de los mediáticos.
Lo que el mercado espera es el shock de ajuste, con menor gasto público, en empleo y salarios estatales, pero también en la reducción del costo laboral para favorecer inversiones y ganancias del sector privado.
El problema sigue estando en el límite al ajuste que ofrezca la sociedad afectada, que aun con conflictividad visible no tiene aún el volumen necesario para frenar la ofensiva ajustadora, y menos, reorientar el sentido de la política económica para favorecer intereses y necesidades de la mayoría empobrecida.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2018

Un nuevo avance contra los derechos laborales


Como si fuera una broma pesada, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, el gobierno de Macri presentó al Parlamento, de manera parcial, su proyecto de reforma laboral.
Incluyen para el debate: el llamado blanqueo contra la irregularidad en el empleo, que involucra entre 35 y 40% de la población trabajadora; los temas relativos a pasantías y capacitación profesional para jóvenes; asuntos relativos a la salud y los servicios médicos que afecta a la seguridad social; y el caliente tema de las indemnizaciones por despido excluyendo el aguinaldo y otros ingresos percibidos, tanto como la creación de un Fondo de Cesantías del que surgirían en el futuro las menguadas compensaciones por despido.
Resulta muy grave el tema indemnizatorio, con la pretensión de excluir de su cálculo desde el aguinaldo a premios y beneficios acordados entre empresarios y trabajadores. Quieren disminuir el costo por despido. Para aquellos empresarios que se acojan al blanqueo se les extingue la acción penal y se los libera de multas y sanciones de todo tipo, sacándolos de todo registro de incumplidores de la legislación laboral y de seguridad social. Claro que el trabajador deberá resignar todos sus derechos de litigar contra la impunidad empresaria.
El argumento oficial es que en esta ocasión se tratarán aspectos consensuados oportunamente con la dirigencia sindical. Vale aclarar que remiten a aquellos invitados al diálogo, especialmente la cúpula de la CGT, excluyendo a las CTAs y otras organizaciones sindicales no alineadas en centrales, y ni hablar de los movimientos sociales o territoriales que agrupan a los principales perjudicados por la irregularidad derivada de la impunidad empresaria.
Aun así, prácticamente todo el arco sindical y de movimientos sociales indicaron no acordar con criterios que disminuyen ingresos, especialmente relativos a proyecciones sobre las indemnizaciones que afectan ingresos de los despedidos.
Nadie duda que la iniciativa pretenda un nuevo intento por consolidar la ofensiva contra los derechos históricamente conquistados por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores.
El gobierno trata de intervenir en una lógica integral de reducción de salarios y baja del costo laboral para beneficio de la ganancia empresaria, por lo que se pretende afectar el monto de las indemnizaciones por despidos. Parte de la estrategia apunta a la súper-explotación de jóvenes entre 18 y 24 años, bajo el régimen de pasantía por un año para la formación, especulando con la necesidad de empleo de los más jóvenes a cambio de míseros ingresos.
Son guiños a los inversores externos para hacerles más atractiva la perspectiva de inversión. El costo de esa estrategia lo sufrirán los trabajadores y las trabajadoras con pérdidas de ingresos y de derechos. Al aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, se pretende ahora la reducción de ingresos regulares, trasladando con mayor agresividad el ajuste sobre la clase trabajadora. Es el camino de la reforma previsional de diciembre pasado.
Es curioso como vuelven sobre el argumento de la litigiosidad en materia laboral, como si la defensa de derechos sociales, sindicales y laborales fuera “el” problema del funcionamiento de la economía. La imaginación es que todo se resolverá con esas esperadas y esquivas inversiones por las que claman las autoridades y por eso les ofrecen en bandeja la incompleta reforma laboral.
No es bueno el clima político para este ensayo de ajuste laboral que promueve el gobierno Macri. No solo por la discusión tarifaria en proceso, sino porque la conflictividad sindical y social supera toda parálisis imaginada de cara al mundial de fútbol. Son variados los frentes de lucha del gobierno y no solo desde el movimiento popular. Los que dominan presionan por estas medidas con corridas sobre el peso, elevando cotización del dólar, para avanzar más rápido en el ajuste y habilitar el conjunto del programa liberalizador de los grandes capitales.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2018