La economía está en debate en Nuestramérica

El proceso electoral en Bolivia, Brasil y Uruguay pone en discusión los modelos de desarrollo en la región, el presente, el pasado reciente y el futuro.
Incluso, la Argentina, a un año de la elección para renovación de autoridades nacionales abre el debate sobre el rumbo económico, el modelo productivo, el patrón de consumo y los beneficiarios de la estrategia o rumbo civilizatorio, incluso más allá del orden capitalista.
Desde el discurso mayoritario se sostiene una polémica que atrasa, entre mercado y estado, como si fueran aspectos autónomos o contradictorios. En un marco más reducido, la discusión pretende ir más allá para discutir otro orden económico de la producción y circulación de bienes y servicios, de las relaciones de intercambio y el consumo, más pensado en satisfacer necesidades amplias de la mayoría más desprotegida
Para que se entienda, debemos preguntarnos quien fue el que habilitó la liberalización de la economía local o mundial en las últimas cuatro décadas, es decir, el proceso de apertura de las economías, flexibilizando fronteras para la circulación de mercancías, servicios o capitales. El Estado ha sido el gran protagonista, quién sentó las bases institucionales de un cambio reaccionario que se remonta a las leyes de inversiones externas o de entidades financieras, en un marco de endeudamiento estatal deliberado que condiciona el presente.
Es más, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyos principales beneficiarios eran los grandes capitales transnacionales, era negociada por los Estados nacionales. Del mismo modo que el Estado legisló múltiples tratados internacionales en defensa de la seguridad jurídica de inversores externos y para estimular la libertas de comerciar. Fue el Estado en tiempos de la dictadura que generó las condiciones originarias de posibilidad para consolidar desde el Estado en los años 90 del siglo pasado la reestructuración regresiva del orden capitalista local, reforma constitucional mediante, en condiciones similares en la economía regional y en el mundo.
Son los Estados los que organizan las reglas más o menos liberalizadoras del mercado y por eso interesa distinguir el carácter social, político y cultural que adquiere el Estado capitalista, o dicho de otra forma, distinguir en su seno las distintas correlaciones de fuerza. Para que se entienda lo que decimos vale pensar en términos políticos, que es lo que definió recientemente Bolivia con el triunfo del partido en el gobierno, y lo que hoy definen las elecciones de Brasil (segunda vuelta) y la Uruguay (primera vuelta), y lo que anticipa la temprana campaña electoral en la Argentina hacia octubre del 2015.
Incluso para ser más complejo el análisis, convengamos que Bolivia define en su Constitución el carácter plurinacional del Estado boliviano. Lo plural connota el objetivo civilizatorio de organización económica, política y social más allá de lo visible institucionalizado desde los tiempos de la independencia política ante el orden colonial. Ello supone el rescate de la cultura de los pueblos originarios, en un intento de síntesis de lo diverso contenido en las culturas civilizatorias contemporáneas, lo que se sustenta como estrategia de desarrollo en el vivir bien, o si se quiere en una perspectiva más amplia del socialismo comunitario del vivir bien.  
Destaquemos que esa discusión no está contenida en el presente debate del proceso electoral brasileño, uruguayo o argentino. Estos están más urgidos por otra agenda, asociada a la posibilidad de sostener políticas que promuevan consensos renovados a una estrategia que sin modificar las condiciones institucionales y estructurales de los cambios acaecidos en las últimas décadas, promuevan iniciativas políticas y económicas de inserción protagónica en el orden capitalista contemporáneo. Brasil intenta ser parte de la disputa hegemónica del orden global desde su asociación privilegiada con China en los BRICS. Uruguay, desde los límites que le imponen los socios mayoritarios en el Mercosur, intenta juego propio en otros escenarios de la integración, incluyendo atractivos de valorización capitalista a inversores de Brasil o Argentina. Ambos procesos y la Argentina están discutiendo, desde el debate mayoritario, una inserción más o menos funcional a la hegemonía del libre comercio sin poder discutir un más allá del orden civilizatorio.
La discusión se procesa en condiciones de retracción de la actividad económica, local y global. El debate se angosta a las formas del ajuste económico y la distribución social del costo en su ejecución. Por eso el titular de la UIA alude a la ideología del “modelo económico” en la Argentina. Es un diagnóstico pronunciado en el coloquio de empresarios en Mar del Plata y que demanda como parte del colectivo empresarial, interesado en restablecer la tasa de ganancia, un clima de consenso, también ideológico, para una intervención estatal favorable a sus negocios. La pretensión de objetividad es negada desde la propia formulación para que el Estado sirva a los intereses del sector privado de la economía, una máxima de principios en los años noventa.
Pretendemos diferenciar como Bolivia y otros procesos en la región, desde sus concepciones de lo plural y una agenda para el desarrollo que dialoga desde una temporalidad de más largo alcance, pretende intervenir más allá del régimen del capital. Ni hablar de Cuba que se propone otro debate para el desarrollo desde su experiencia por el socialismo y que esta semana albergó en La Habana un encuentro del ALBA-TCP para aprobar una estrategia alternativa al combate al Ebola, con médicos y profesionales de la salud, más aportes en medicamentos y recursos monetarios para la emergencia sanitaria, que contrasta con el ejército de marines estadounidenses.
Apuntamos a destacar que discutir el orden económico supone definir rumbos de desarrollos, más allá del mercado y de las ganancias, para pensar en satisfacer variadas necesidades locales y mundiales.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2014

¿Es posible superar la dependencia tecnológica?

Argentina puso en órbita el satélite Arsat-1 producido por la estatal INVAP, lo que pone en discusión varias cuestiones.
Una remite a la sobrevivencia de una empresa estatal provincial, que surgida en los 70 pudo sortear la ola privatizadora de los años 90´ y discute, desde la fuerza de los hechos, los cuestionamientos ideológicos a la gestión estatal. No es cierto que la gestión privada sea más eficiente que la gestión estatal. Claro que algunos dirán que no alcanza con la eficiencia de la empresa si ello no incluye procesos de participación de los trabajadores e incluso de la sociedad, pero eso es otro tema.
Otra cuestión nos lleva a la potencialidad de desarrollos productivos locales, ejecutados con recursos económicos suficientes y fuerza laboral, profesional y científica local, con capacidad de competir mundialmente. La mundialización exige tecnología específica y de punta, en general en manos del capital externo, lo que define la subordinación de cualquier emprendimiento económico. Es un asunto de debate en nuestra región ante los límites que supone la dependencia tecnológica para proyectos alternativos, cuando la región es re-colonizada ante la demanda de estratégicos recursos naturales. Existe la posibilidad de romper el límite cultural de la dependencia tecnológica y frenar la fuga de cerebros.
Resulta imprescindible la discusión de ambas premisas, la cuestión de la gestión estatal y la relativa a los desarrollos tecnológicos autónomos. Es que en las últimas cuatro décadas y no solo en Argentina, sino en el ámbito mundial, se generalizó la concepción que afirmaba la ineficacia de la gestión estatal con relación a la privada. Al mismo tiempo existe un límite cultural para pensar la independencia tecnológica, con un sentido común que argumenta a favor de no innovar ni invertir en procesos productivos estratégicos, incluso pensando en tantas necesidades insatisfechas de la mayoría de la población. La experiencia de INVAP es contraria a toda cultura de la improvisación y demuestra la importancia de la persistencia por un largo tiempo de un proyecto que supone articulación de recursos económicos y potencial humano aplicado a desarrollos científicos y tecnológicos que permiten inserción internacional especializada en un sector de punta. Son consideraciones de orden político, ideológico y cultural que anidan el debate en toda la región para pensar la consolidación del cambio político y las bases materiales no dependientes para construir nuevas relaciones socio económicas.
La cuestión nuclear y la independencia tecnológica
Convengamos que INVAP involucra un complejo entramado de desarrollos tecnológicos y científicos, con un fuerte origen en el área nuclear. Es cierto que existe discusión en la sociedad, no solo en el país, sobre el uso de la energía nuclear, donde la Argentina era potencia destacada en la perspectiva de los años 70 y la emergencia de la crisis energética, especialmente explícita en EEUU condicionó el desarrollo posterior. Es más, fue la orientación de subordinación al imperialismo estadounidense en los 90, lo que discontinuó y desmanteló procesos  tecno-científicos asociados a la energía nuclear, un tema que vuelve a instalarse en la política del gobierno y que reabre el debate sobre las fuentes energéticas alternativas.
Traemos a discusión la cuestión, porque el desmantelamiento de la política nuclear no impidió desarrollos alternativos en el área satelital, las comunicaciones, sistemas de automatización para proyectos industriales o espaciales, todos con reconocimiento internacional, lo que ha permitido actuar en la provisión y mantenimiento de equipos en diferentes países del mundo, desplazando a otros proveedores de países capitalistas desarrollados. Quiero insistir que puede discutirse la orientación hacia el uso de la energía nuclear, pero la experiencia de INVAP, ahora difundida por el lanzamiento exitoso del primer satélite geoestacionario latinoamericano de telecomunicaciones, con capacidad de brindar servicio a todo el territorio nacional (televisión digital e internet) e incluso a los países vecinos, hace evidente la posibilidad de discutir un modelo productivo no dependiente de las transnacionales capitalistas.
Existen proyectos de continuidad, lo que supone una cadena de proyectos a futuro, algunos en desarrollo para la exportación de equipos y procesos, de hardware y software. Vale la pena ingresar al sitio en internet de INVAP y leer que se definen como “una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de casi cuarenta años en el mercado nacional y treinta en la escena internacional. Su misión es el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando “paquetes tecnológicos” de alto valor agregado tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.”[1]
Es una definición para extenderla, críticamente, a otras esferas del modelo productivo y de desarrollo vigente en la Argentina, que en el agro, la minería o la industria promueve la profundización de los lazos de dependencia capitalista, especialmente a partir del condicionante científico y tecnológico, por lo que nos interrogamos sobre la experiencia del ARSAT-1 y la necesidad del debate político e ideológico por la independencia.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2014



El mercado y las regulaciones como tema del Nobel 2014

Publicado en Tiempo Argentino, el 14/10/2014, en:

http://tiempo.infonews.com/nota/135046/regular-para-mejorar-el-mercado-capitalista 


El premio Nobel de Economía se otorga por el Banco de Suecia desde 1969, y en general recayó sobre economistas reaccionarios, críticos de los impulsores de la intervención del Estado, tal como se generalizó a la salida de la crisis del 30´ y especialmente luego de la segunda guerra mundial. Es por eso que se critica al galardón como tal, por su clara definición pro mercado capitalista. La opción neoliberal ensayada con terrorismo de Estado en Sudamérica encumbró a los monetaristas ortodoxos, Milton Friedman en 1976, antes Friedrich Von Hayek en 1974, y son escasas las premiaciones a profesores de la heterodoxia, lo que ha coincidido con momentos explícitos de crisis, como en 1998 con Amartya Sen, en 2001 con Joseph Stiglitz, y en 2008 con Paul Krugman. Aun estos, o antes James Tobin en 1981, por ejemplo, jamás pensaron aportes por fuera del orden capitalista, mucho menos en oposición o por alternativas no capitalistas o socialistas.
La distinción está asociada a los aportes teóricos para el sostén del orden capitalista que considera la banca sueca. Ahora, para el 2014 el premiado es Jean Tirole, economista francés, formado en su país y en EEUU, creador en 2007 de la Escuela de Economía de Toulouse, o Toulouse School of Economics (TSE), siguiendo la tradición estadounidense desde el interior francés y europeo. Allí se acoge a profesores y alumnos del extranjero, e incluso con clases en inglés, contraviniendo el imaginario local de privilegio a la lengua francesa. El financiamiento privado destaca en el marco del aval del sistema estatal de investigación francés. El tema de la originalidad de Tirole apunta a la necesidad de regular un mercado cada vez más dominado por monopolios privados en la industria, la banca o los servicios desde la hegemonía de la iniciativa privada como respuesta excluyente construida por el capitalismo contemporáneo en las últimas cuatro décadas. El resultado de las privatizaciones construidas desde la política económica privatista sustentada en las teorías multi-premiadas por los banqueros suecos, es el motivo de estudio del académico de Toulouse. Sus recomendaciones para mejorar el mercado capitalista apuntan a la regulación estatal para lograr mayor eficiencia del accionar económico.

Vale pensar en la crisis mundial capitalista actual y en las políticas económicas en curso en Europa y en especial en Francia, con impacto en el deterioro del llamado Estado del Bienestar y sus efectos sobre los trabajadores y la mayoría social de menores ingresos, con gravísimas consecuencias sobre los jóvenes que asisten el crecimiento del desempleo y un horizonte social sombrío mientras se agiganta el poder de las transnacionales y su capacidad de incrementar sus ganancias, tema de la investigación de otro economista francés, Thomas Piketty, reconocido por su estudio contemporáneo sobre El Capital del Siglo XXI. Claro que no puede demandarse a ambos estudiosos franceses la inspiración en la crítica de la economía política realizada por Carlos Marx hace siglo y medio.

Reforma a la ley de hidrocarburos

El Senado de la Nación Argentina acaba de dar media sanción a la modificación a la ley de hidrocarburos que regía desde los años 60´. En pocos días más, la Cámara de Diputados podrá transformarla en Ley.
Se trata de una legislación que generó mucha discusión entre el Poder Ejecutivo Nacional y las gobernaciones de las provincias productoras de petróleo, todo a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPHI, que incluye a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se discutía la apropiación de la renta petrolera, especialmente por las expectativas que genera la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Argentina.
Recordemos que la privatización de YPF a comienzos de los 90´ fue facilitada con la transferencia de la soberanía de la riqueza a los territorios provinciales, algo que dificulta cualquier decisión nacional relativa a la soberanía energética, la que debe pasar, necesariamente, por las discusiones en los Estados provinciales. Ante la posibilidad del desembarco de inversores externas para explotar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, las provincias hacen cuentas para disputar una parte de la renta a la que también aspira la Nación.
El marco de la discusión es la insuficiencia energética del país, lo que supone importantes importaciones de gas y petróleo que rondan los 12.000 millones de dólares por año, con un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares. Es un tema de preocupación cuando la política económica cuida el stock de divisas amenazado por la fuga de capitales, la ausencia de préstamos internacionales, las limitaciones al ingreso de inversiones externas y la preocupante tendencia al achicamiento del superávit comercial. Las fuentes de ingresos de divisas están angostadas y las reservas mantienen una tendencia a la baja, por lo que el gasto energético se constituye en un límite serio para cualquier política económica y especialmente si se pretende ampliar la producción.
Como decimos, las expectativas están colocadas en los  hidrocarburos no convencionales, sobre la base de que las reservas en el país son cuantiosas, estimándose a la Argentina como el segundo reservorio mundial en shale-gas y el cuarto en shale-oil. Hacer realidad las expectativas supone inversiones cuantiosas, las que empezaron a llegar con el acuerdo entre Chevron e YPF de gestión estatal y las señales provenientes del mundo de las petroleras y variadas visitas a las cuencas de hidrocarburos, y entre otras, las manifestaciones de interés de las recientes visitas de autoridades chinas y rusas.
Para asegurar más inversiones externas se modifica la ley, ya que la anterior no incluía esta especificidad “shale”, no convencional, y no existían suficientes garantías a los inversores externos. Desde la privatización de la energía en los 90´, la orientación es a la mercantilización energética, algo que choca con una concepción de derecho a la energía que se discute en estas horas en Mar del Plata en un encuentro de trabajadores de la energía de varios países de la región y Europa. Mencionamos la contradicción porque el eje del debate entre una opción, la de mercado, y la otra por la des-mercantilización, supone una discusión del para qué la energía.
En definitiva, se discute el modelo productivo y de desarrollo, el uso productivo de la energía, para consolidar un tipo de producción agraria orientada al monocultivo y depredadora de recursos gasíferos y petroleros, o el caso de la mega-minería a cielo abierto, o la propia producción de automotores o la industria de ensamble, con importante demanda de hidrocarburos; o un uso energético ahorrador del estratégico insumo. Sin perjuicio de ello, también se discute la tecnología de la fractura hidráulica, que implica el uso de cuantiosas cantidades de agua y arena y la utilización de un importante cóctel de tóxicos con impacto sobre la naturaleza. Si bien la OFEPHI informa en su página sobre el control en el manejo de esos tóxicos y el uso adecuado del agua, hoy recurso estratégico, son numerosos los movimientos que surgen en el país en crítica a la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Más de 30 consejos municipales han manifestado su rechazo a la explotación vía fracking en sus territorios, lo que puede llevarnos a imaginar que los próximos días puede exacerbarse.
Aún es posible defender la soberanía energética y luchar contra la reforma en curso. Es necesario movilizarse en todo el país, y especialmente en las puertas del Congreso para hacer escuchar la vos del pueblo en favor del Derecho a la Energía. Es el sentido principal que sustentaron las intervenciones de los delegados sindicales de otros países presentes en el Seminario homenaje al 71° aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata el pasado viernes 10 y sábado 11 de octubre de 2014.

Uruguay, 11 de octubre de 2014

Cambios en el Banco Central

Variados son los temas para comentar las novedades de la política económica de estas horas, y entre ellos destacan los cambios en el BCRA, con designaciones más funcionales a la lógica política emanada desde el Ministerio de Economía.
En los últimos tiempos, la prensa no oficialista daba cuenta de contradicciones entre los titulares del BCRA y de Economía, que terminó en denuncias de la Presidenta sobre informaciones surgidas del BCRA y utilizadas por la banca para sus negocios y rentabilidad. Finalmente renunció Juan Carlos Fábrega, titular del BCRA, quien tenía estabilidad asignada por el Senado durante 6 años, y no alcanzó a cumplir el primero en sus funciones.
Hay equipo
Las nuevas designaciones son movimientos desde el interior del propio gobierno, en lo que aparece un intento por homogeneizar el equipo al frente de la política económica en torno del Ministro. La novedad en el ciclo kirchnerista es la aparición de un equipo en el área de la economía.
Hace mucho tiempo que no se veía un equipo de gestión armado con antelación a la función en el gobierno. Es lo que resulta de la gestión Kicillof. Sus principales colaboradores fueron compañeros de militancia y actividad universitaria antes de la gestión gubernamental, lo que otorga sentido de pertenencia y lealtad a los objetivos propuestos desde el gobierno, más allá de los acuerdos que se tengan de los propósitos y medidas que se adopten.
La afinidad ideológica de un equipo de gobierno constituye un elemento a destacar para un proyecto político en el gobierno, algo que se verificó al comienzo de la dictadura con el equipo de Martínez de Hoz y luego en los 90´ con el equipo de la Fundación Mediterránea liderada por Cavallo.
Con los equipos de Martínez de Hoz (1976-1981) y con los de Cavallo (1991-1996 y 2001) se consolidó una nueva institucionalidad para la liberalización y transnacionalización de la economía local. ¿El actual equipo económico se propone desarmar las condicionalidades pensadas a mediados de los 70´ y construida en los 90´? La política económica puede estar orientada al cambio de la estructura económica y social, o a su mantenimiento y profundización.
El rumbo actual, favorable a la reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, vía nuevo ciclo de endeudamiento parece sostener la lógica asociada de deuda pública para la dependencia; del mismo modo que la inserción industrial dependiente de la importación creciente de partes para el armado de productos finales (no solo en automotores); además de mantener un modelo productivo en el agro de subordinación al monocultivo hegemonizado por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, junto a la búsqueda de inversores externos para la explotación mega minera a cielo abierto y de extracción de hidrocarburos no convencionales con la tecnología depredadora de la fractura hidráulica. Las críticas de las clases dominantes y sus expresiones ideológicas se sustentan en un discurso ortodoxo de no regulación estatal y absoluta libertad de mercado para los sectores hegemónicos, propio de los proyectos que asumieron la liberalización como objetivo asumido.
El nuevo responsable de conducir la política monetaria y crediticia desde el Banco Central es Alejandro Vanoli, más cercano a los propósitos del ministro de economía, quién actuaba desde la Comisión Nacional de Valores, CNV. Con el cambio de titular se completaron designaciones en el BCRA y en la CNV con funcionarios más afines a una orientación de política económica que busca atender desde la homogeneidad ideológica y programática los problemas de la coyuntura. Entre esos objetivos destaca el freno a la perdida de reservas derivados de la atracción inversora por el dólar y las divisas, con maniobras impulsadas desde la banca y el mercado de capitales. Las reservas vienen cayendo desde el máximo logrado en 2011 por 52.000 millones de dólares a los 27.800 millones actuales.
El objetivo es por la disputa de las divisas
Por ello es que la primera medida asumida por las nuevas autoridades del Banco Central promueve una mejora en las tasas de interés para los pequeños ahorristas del sistema financiero y alejar la tentación por la compra de dólares. En simultáneo se amplía de 120.000 a 350.000 pesos la garantía de los depósitos, cobrándole a los bancos una mayor comisión para la cobertura del fondo de garantía de depósitos. La preocupación es que las reservas bajaron de los 28.000 millones de dólares y una continua fuga de divisas complica la situación hacia el próximo periodo, especialmente por las obligaciones de cancelación de deuda y demandas de importadores.
No debemos olvidarnos que en el trasfondo de la coyuntura en estos días está la declaración de desacato del Juez Griesa, formulada la semana pasada, al tiempo que se realizaron los depósitos de los vencimientos de septiembre en la sede local vía Banco de la Nación, como nuevo ente fiduciario para cancelar deuda renegociada en el 2005 y 2010. Es un camino a transitar por lo menos hasta fin de año, fecha de vencimiento de la cláusula RUFO y la posibilidad de negociar y pagar (incluso con más deuda) a los acreedores de la sentencia de Nueva York, los fondos buitres.
El gobierno necesita del ingreso de divisas y por eso la política gubernamental promueve el ingreso de divisas y limita en lo posible la salida de fondos, por ahora con relativo escaso éxito, puesto que la salida de fondos es recurrente. Por eso se intentó eliminar obstáculos al ingreso de capitales, sea con el acuerdo con Repsol, con el Club de París, los pagos de sentencias del CIADI, aun profundizando el cáncer de la deuda pública. Así swe explica también el rápido acuerdo, secreto, con Chevron, y la búsqueda de inversores externos, especialmente para la producción energética, con fuertes expectativas en “no convencionales” (Vaca Muerta) y por ello avanza la modificación a la ley de hidrocarburos. En rigor, la estrategia fue obstaculizada por la sentencia Griesa y los avatares en la Justicia de EEUU.
Pese a todas las señales de pago y los intentos de cierre de conflictos externos, la dominación sistémica exige más señales de subordinación del país a la lógica del capitalismo global.
Señales por la alternativa
A contracorriente de la demanda de las clases dominantes y del accionar gubernamental, existen reclamos desde el movimiento popular para no continuar con las concesiones al poder económico mundial y particularmente en materia de endeudamiento suspender los pagos y avanzar seriamente en la auditoria de la deuda, sobre todo cuando la Ley de Pago Soberano incluyó la conformación de una comisión investigadora con mandato para un informe a corto plazo, en seis meses. Es la primera vez en tres décadas que se formula una propuesta legislativa en ese sentido, lo que supondría invertir el camino de pagar e investigar, por el de auditar primero, por lo que se impone la suspensión de pagos. Nada se conoce sobre la instrumentación de la Comisión investigadora, pero debería sustentarse en la sentencia Ballesteros de Junio del 2000 sobre el endeudamiento en tiempos de la dictadura, que denuncia 477 casos de fraude con asignación de responsabilidades concretas, además de considerar las investigaciones en curso de todos los canjes de deuda con procesos en la justicia.
Un dato relevante en la semana es el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la existencia de dos CTA, con implicancias muy importantes en materia de libertad y democracia sindical, con posibilidad de la CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli para participar en ámbitos hasta ahora negados de negociación local y global, sea el Consejo del Salario o las delegaciones argentinas a la OIT, donde se procesan demandas desde hace años a favor de derechos sindicales y salariales de trabajadores en la Argentina, ente otros de estatales y judiciales quienes reclaman por la posibilidad de ser incluidos en las negociaciones de convenios colectivos de trabajo. Hasta ahora solo participaba la CGT oficialista y la ahora denominada CTA de los trabajadores.
La legalización del proceso de la CTA Autónoma, seguido de la fractura política y orgánica de la CTA en 2010 es producto de la lucha de los trabajadores por resolver la representación de un nuevo modelo sindical que vaya más allá de las restricciones de la flexibilidad y precariedad laboral, es decir, de los límites legales y políticos que imponen las patronales y el Estado del sistema capitalista. Al mismo tiempo, el gobierno legaliza un sindicalismo afín con la CTA de los trabajadores, de cara al próximo turno presidencial que puede encontrar al kirchnerismo afuera del gobierno nacional. La de-sindicalización fue un objetivo de la ofensiva del capital a mediados de los 70´ y la CTA fue una respuesta a comienzos de los 90´ para reagrupar la experiencia organizativa y de lucha de los trabajadores. Un proceso que pareció interrumpirse con la subordinación de un conjunto de dirigentes al proyecto del gobierno surgido en 2003. Una parte de la CTA mantuvo el proyecto autónomo de gobiernos, partidos y patrones y consolidó una nueva dirección en mayo de 2014, ahora con una concepción clasista, anticapitalista y antiimperialista, las premisas necesarias para pensar en una alternativa a la situación actual en la Argentina.
En definitiva, los cambios en las autoridades monetarias no son solo modificaciones de nombres y funciones, sino que pretenden orientar la política económica en el rumbo definido por los objetivos gubernamentales, que siguen privilegiando el ingreso de capitales externos, vía inversiones o créditos. La oposición sistémica coincide con los objetivos y descree de las medidas de regulación y por eso aspira a la disputa de la gestión en las próximas elecciones de renovación presidencial en el 2015.
El interrogante es si se puede constituir una lógica alternativa que no se sustente en la dependencia del ingreso de divisas para activar la economía, sino en una estrategia sustentada en otro modelo productivo y de desarrollo que viabilice una integración no subordinada al orden capitalista. Sabemos que no es sencillo y que requiere de una base social amplia con disposición a confrontar con las clases dominantes y sus mediaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales. No es distinta la encrucijada que atraviesa Nuestramérica en variados procesos electorales que discuten la gestión del capitalismo o la transformación social para la emancipación de los trabajadores y nuestros pueblos. La disyuntiva se define desde el poder popular y la construcción de un proyecto liberador, contra el capital, en defensa de los bienes comunes y por el trabajo asociado sin explotación.

Buenos Aires, 5 de octubre de 2014