La coyuntura argentina a los 10 años del kircherismo

Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas, la política económica se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el modelo productivo y de desarrollo,
En ese sentido destaca el incremento de las asignaciones familiares que supone una apuesta al consumo ante lo esquivo que resultan las inversiones privadas. El crecimiento se define entre el consumo, la inversión y el saldo positivo del comercio externo, siendo el consumo una de las pocas variables que aún puede inducir el gobierno.
Claro que puede entenderse como medida pre electoral y ante un acto masivo de festejo por una década de gobiernos kirchneristas, pero la realidad es que una masa importante de sectores de menores ingresos percibirá una cantidad de ingresos necesaria para enfrentar la dura cotidianeidad de la inflación.
La cuestión de fondo es que la economía argentina no crece a buen ritmo y ya no genera empleos, incluso los pierde, con el índice del desempleo en ascenso, tal como mide el INDEC. Por eso se apuesta a políticas activas que favorezcan el consumo popular, agredido por el crecimiento de los precios, que afectan especialmente a los más pobres y de menores ingresos.
Los precios son un problema de la coyuntura, que afectan a los de abajo, y que el gobierno no incluye en su diagnóstico, si nos atenemos a las mediciones del INDEC. Sin embargo, la presidenta enfrentó a los empresarios señalando que son ellos los fijadores de precios y no el gobierno. Lo señaló en simultáneo con el anuncio del fin al acuerdo de precios, que no tuvo resultados positivos evidentes. La continuidad del control remite al acuerdo de precios sobre 500 productos de consumo masivo. Habrá que ver sus resultados.
Pero la novedad fue el anuncio de controles con la militancia de organizaciones sociales y políticas, los que cubrirán una actividad principalmente sobre el comercio. En varias ocasiones hemos sostenido la necesidad del control popular sobre los precios, el que se ejerce principalmente desde los trabajadores en las principales empresas, las que definen los precios. El conflicto social en la Argentina, contra empresarios, e inclusive contra el gobierno, no favorece una política de control popular de precios. No es el mejor clima para una campaña que involucre a los trabajadores. Es un comentario válido incluso para las corrientes sindicales proclives al gobierno, las que disputan contra los empresarios, y a veces contra el gobierno, en las convenciones colectivas.
Cuestiones estructurales en discusión
Pero más allá de la adhesión o no al gobierno existen problemas estructurales que alejan al movimiento obrero del gobierno. En este sentido se destaca que no hay personería jurídica para la CTA, y hace más de dos décadas que la CTA pelea por su legitimidad. Una legitimidad que parece destinada a lograrse en la lucha y organización cotidiana, tal como se pondrá en juego este 29/5 en conmemoración del Cordobazo y por un conjunto de reivindicaciones muy concretas, como el salario, las jubilaciones, las paritarias, pero también la condena al pago de la deuda externa pública y el reclamo por otro modelo productivo contra la sojización y la mega minería.
Queda claro que la evolución de los precios es un problema de la coyuntura, y las medidas de acuerdo o de control militante lo prueban, pero se insiste en reconocer la mentira estadística. Es un problema que requiere solución, en el camino que reclaman los propios trabajadores del INDEC, que demandan la normalización del ente y al mismo tiempo, una política de combate a la inflación controlando muy pocas y grandes empresas que fijan precio en la Argentina.
En ese marco se destaca la media sanción en el Senado de la Ley de exteriorización de dólares, o blanqueo, que más allá de los efectos o consecuencias económicas remite a problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, no solo local, el “normal” o “serio”, que le dicen. Es que el capitalismo de época se asocia crecientemente al delito, a la fuga de capitales y la trata de personas, la droga, y múltiples formas de negocio que incluye la corrupción. El dato sustancial es que la batalla por el dólar es una disputa entre las clases dominantes. Es un juego en el que no entran los de abajo. El gobierno necesita los dólares porque no los fabrica y sus fuentes genuinas fallan, sea por la tendencia al achique del superávit comercial, el ingreso de divisas por inversiones que son esquivas, y la ausencia de crédito internacional barato. La urgencia de hacerse de dólares es para cumplir con las exigencias de una deuda externa pública que condiciona fuertemente a la economía local y la agigantada factura de combustibles ante la crisis energética local.
Como vemos, la coyuntura es exigente para el gobierno y evidencia las tensiones que están en juego. Por un lado existe la presión de sectores de las clases dominantes para mejorar sus posiciones ante la situación de crisis y la desaceleración económica. Cada cual atiende su juego. Los empresarios hegemónicos ganaron mucho con la recuperación 2003-2007 y con la suba de precios disputan la renta socialmente generada. Ahora van por más y quieren fugar capitales por la vía de la libre circulación de las divisas. Es una disputa por la tenencia de los dólares.
El problema es el para que se disputan esas divisas. El sector privado hegemónico pretende abaratar la fuga de capitales, su manera de salirse del peso y ahorrar en activos externos. El gobierno, como dijimos, para pagar deuda e importación de energía.
Pero también existe la presión de los de abajo, por salario e ingreso, por condiciones de trabajo y por derechos sociales extendidos, de educación o salud, entre otros.
Lo que está en discusión es el orden económico y dentro del que rige, quien lo administra. Para ser más claros, en el balance de la década kirchnerista hay que colocar el objetivo que se propuso Néstor Kirchner en su discurso de asunción hace 10 años. Allí se pronunciaba por “reconstruir el capitalismo nacional”.
Puede discutirse el carácter nacional, especialmente por la ausencia de una burguesía de carácter nacional, es decir, antiimperialista, pero no debe negarse que el capitalismo local superó los problemas económicos (valorización de los capitales) de la recesión 1998-2002 con años de crecimiento a un promedio del 8% entre 2003 y 2011, salvo el 2009, pero desde el 2010 el curso de la evolución económica se presenta errática y con tensiones sociales que intentan ser contenidas con política social masiva favorecida por recursos fiscales provenientes de la primarización exportadora del país, una cuestión estructural que comparte con toda la región latinoamericana.
Ahora, en esa recuperación los que más ganaron son las transnacionales, no solo vinculado a la soja o la mega minería, sino las terminales automotrices, los bancos, especialmente los transnacionales, a la cabeza del ranking de rentabilidad en los últimos tres años.
El capitalismo local se transnacionaliza crecientemente y no puede ser de otra forma. El capitalismo es un régimen mundial y la agenda deviene de la deseada normalización ante la crisis. Entre otras manifestaciones de la crisis está la energética, y el país expropió parcialmente a YPF para desplazar al capital externo, REPSOL, sin embargo, para asegurar la producción de los no convencionales acude a la CHEVRON, una de las grandes operadoras monopólicas del mercado mundial. En ese camino involucra a la ANCAP, la estatal petrolera de Uruguay y a la YPFB, la petrolera boliviana. Nuestro interrogante es si esas empresas y otras d ela región no podrían pensar en estrategias alternativas para un manejo soberano de la energía, lo que demandaría discutir el para qué del petróleo, el gas y la energía en la región. Es un camino complejo no solo por la CHEVRON, demandada por poblaciones de pueblos originarios del Ecuador por 19.000 millones de dólares, cuestión que camina en la Justicia Argentina, por ahora. Es complejo decimos, porque ya existen cinco municipios en nuestro país que se pronunciaron contra la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para extraer el “shale oil” o el “shale gas”, o hidrocarburos no convencionales. Nuevos “Famatimas” se anuncian en el horizonte.
¿Quién administra el capitalismo?  ¿Se puede pensar más allá del capitalismo?
Esa es una de las discusiones en boga, y cada quién constituye su sujeto.
Unos con actos y militancia, sueldos en el Estado, e incluso mística disputada desde una política de medios y con un relato que pretende apropiarse y recuperar la epopeya de los 70´.
Otros con medios monopólicos y redes sociales que alimentan una subjetividad más propia de los 90’ para revertir la inflexión estructural que habilitó la rebelión del 2001.
Esa es la disputa más visible, los que están de un lado y los que están del otro.
¿Es la única disputa posible? No, existe una masa considerable que avala ciertas actitudes de un lado y/o del otro, pero que transitan sin referencia que pueda aglutinar una posición política alternativa.
Esa referencia también estuvo en disputa en estos años, y por variadas razones esas expectativas se frustraron, quedando vacío ese espacio político.
Uno de los problemas es que algunos sectores que pretendieron, o pretenden mostrarse como alternativa a los dos bloques principales que disputan el escenario político, no definen un rumbo anti capitalista, es más, se presentan como prolijos administradores del capitalismo existente.
No hace falta una tercera opción para administrar el capitalismo realmente existente, ni serio, ni normal, el que se pudo construir. Se necesita otro modelo productivo y de desarrollo, una sociedad que privilegie la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, que apunte a la des-mercantilización de la educación, la salud, la energía; que aliente la soberanía alimentaria, energética y financiera asociada a los otros países de la región, no para subordinar la estrategia productiva al gran capital, sino para promover una integración alternativa, anti sistémica, contra el capitalismo real asociado al delito, a la militarización y el empobrecimiento de las mayorías, en definitiva a un nuevo orden local y mundial.
En una nueva fecha de homenaje a la revolución de mayo, necesitamos reivindicar la revolución, ayer contra la corona española y hoy contra la dominación capitalista, en el país, en la región y en el mundo.
El mejor homenaje a la revolución es continuar luchando por la revolución en nuestro tiempo, un proceso integral, económico, político, ideológico, cultural, civilizatorio. Es un camino con mucha historia y muchas derrotas, pero con expectativas por el laboratorio de cambios en la región en este comienzo del Siglo XXI. No son vanas esperanzas, son expectativas para desarrollar subjetividad por otro mundo posible, anticapitalista y por el socialismo.

25 de mayo de 2013

La coyuntura argentina a los 10 años del kircherismo

Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas, la política económica se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el modelo productivo y de desarrollo,
En ese sentido destaca el incremento de las asignaciones familiares que supone una apuesta al consumo ante lo esquivo que resultan las inversiones privadas. El crecimiento se define entre el consumo, la inversión y el saldo positivo del comercio externo, siendo el consumo una de las pocas variables que aún puede inducir el gobierno.
Claro que puede entenderse como medida pre electoral y ante un acto masivo de festejo por una década de gobiernos kirchneristas, pero la realidad es que una masa importante de sectores de menores ingresos percibirá una cantidad de ingresos necesaria para enfrentar la dura cotidianeidad de la inflación.
La cuestión de fondo es que la economía argentina no crece a buen ritmo y ya no genera empleos, incluso los pierde, con el índice del desempleo en ascenso, tal como mide el INDEC. Por eso se apuesta a políticas activas que favorezcan el consumo popular, agredido por el crecimiento de los precios, que afectan especialmente a los más pobres y de menores ingresos.
Los precios son un problema de la coyuntura, que afectan a los de abajo, y que el gobierno no incluye en su diagnóstico, si nos atenemos a las mediciones del INDEC. Sin embargo, la presidenta enfrentó a los empresarios señalando que son ellos los fijadores de precios y no el gobierno. Lo señaló en simultáneo con el anuncio del fin al acuerdo de precios, que no tuvo resultados positivos evidentes. La continuidad del control remite al acuerdo de precios sobre 500 productos de consumo masivo. Habrá que ver sus resultados.
Pero la novedad fue el anuncio de controles con la militancia de organizaciones sociales y políticas, los que cubrirán una actividad principalmente sobre el comercio. En varias ocasiones hemos sostenido la necesidad del control popular sobre los precios, el que se ejerce principalmente desde los trabajadores en las principales empresas, las que definen los precios. El conflicto social en la Argentina, contra empresarios, e inclusive contra el gobierno, no favorece una política de control popular de precios. No es el mejor clima para una campaña que involucre a los trabajadores. Es un comentario válido incluso para las corrientes sindicales proclives al gobierno, las que disputan contra los empresarios, y a veces contra el gobierno, en las convenciones colectivas.
Cuestiones estructurales en discusión
Pero más allá de la adhesión o no al gobierno existen problemas estructurales que alejan al movimiento obrero del gobierno. En este sentido se destaca que no hay personería jurídica para la CTA, y hace más de dos décadas que la CTA pelea por su legitimidad. Una legitimidad que parece destinada a lograrse en la lucha y organización cotidiana, tal como se pondrá en juego este 29/5 en conmemoración del Cordobazo y por un conjunto de reivindicaciones muy concretas, como el salario, las jubilaciones, las paritarias, pero también la condena al pago de la deuda externa pública y el reclamo por otro modelo productivo contra la sojización y la mega minería.
Queda claro que la evolución de los precios es un problema de la coyuntura, y las medidas de acuerdo o de control militante lo prueban, pero se insiste en reconocer la mentira estadística. Es un problema que requiere solución, en el camino que reclaman los propios trabajadores del INDEC, que demandan la normalización del ente y al mismo tiempo, una política de combate a la inflación controlando muy pocas y grandes empresas que fijan precio en la Argentina.
En ese marco se destaca la media sanción en el Senado de la Ley de exteriorización de dólares, o blanqueo, que más allá de los efectos o consecuencias económicas remite a problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, no solo local, el “normal” o “serio”, que le dicen. Es que el capitalismo de época se asocia crecientemente al delito, a la fuga de capitales y la trata de personas, la droga, y múltiples formas de negocio que incluye la corrupción. El dato sustancial es que la batalla por el dólar es una disputa entre las clases dominantes. Es un juego en el que no entran los de abajo. El gobierno necesita los dólares porque no los fabrica y sus fuentes genuinas fallan, sea por la tendencia al achique del superávit comercial, el ingreso de divisas por inversiones que son esquivas, y la ausencia de crédito internacional barato. La urgencia de hacerse de dólares es para cumplir con las exigencias de una deuda externa pública que condiciona fuertemente a la economía local y la agigantada factura de combustibles ante la crisis energética local.
Como vemos, la coyuntura es exigente para el gobierno y evidencia las tensiones que están en juego. Por un lado existe la presión de sectores de las clases dominantes para mejorar sus posiciones ante la situación de crisis y la desaceleración económica. Cada cual atiende su juego. Los empresarios hegemónicos ganaron mucho con la recuperación 2003-2007 y con la suba de precios disputan la renta socialmente generada. Ahora van por más y quieren fugar capitales por la vía de la libre circulación de las divisas. Es una disputa por la tenencia de los dólares.
El problema es el para que se disputan esas divisas. El sector privado hegemónico pretende abaratar la fuga de capitales, su manera de salirse del peso y ahorrar en activos externos. El gobierno, como dijimos, para pagar deuda e importación de energía.
Pero también existe la presión de los de abajo, por salario e ingreso, por condiciones de trabajo y por derechos sociales extendidos, de educación o salud, entre otros.
Lo que está en discusión es el orden económico y dentro del que rige, quien lo administra. Para ser más claros, en el balance de la década kirchnerista hay que colocar el objetivo que se propuso Néstor Kirchner en su discurso de asunción hace 10 años. Allí se pronunciaba por “reconstruir el capitalismo nacional”.
Puede discutirse el carácter nacional, especialmente por la ausencia de una burguesía de carácter nacional, es decir, antiimperialista, pero no debe negarse que el capitalismo local superó los problemas económicos (valorización de los capitales) de la recesión 1998-2002 con años de crecimiento a un promedio del 8% entre 2003 y 2011, salvo el 2009, pero desde el 2010 el curso de la evolución económica se presenta errática y con tensiones sociales que intentan ser contenidas con política social masiva favorecida por recursos fiscales provenientes de la primarización exportadora del país, una cuestión estructural que comparte con toda la región latinoamericana.
Ahora, en esa recuperación los que más ganaron son las transnacionales, no solo vinculado a la soja o la mega minería, sino las terminales automotrices, los bancos, especialmente los transnacionales, a la cabeza del ranking de rentabilidad en los últimos tres años.
El capitalismo local se transnacionaliza crecientemente y no puede ser de otra forma. El capitalismo es un régimen mundial y la agenda deviene de la deseada normalización ante la crisis. Entre otras manifestaciones de la crisis está la energética, y el país expropió parcialmente a YPF para desplazar al capital externo, REPSOL, sin embargo, para asegurar la producción de los no convencionales acude a la CHEVRON, una de las grandes operadoras monopólicas del mercado mundial. En ese camino involucra a la ANCAP, la estatal petrolera de Uruguay y a la YPFB, la petrolera boliviana. Nuestro interrogante es si esas empresas y otras d ela región no podrían pensar en estrategias alternativas para un manejo soberano de la energía, lo que demandaría discutir el para qué del petróleo, el gas y la energía en la región. Es un camino complejo no solo por la CHEVRON, demandada por poblaciones de pueblos originarios del Ecuador por 19.000 millones de dólares, cuestión que camina en la Justicia Argentina, por ahora. Es complejo decimos, porque ya existen cinco municipios en nuestro país que se pronunciaron contra la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para extraer el “shale oil” o el “shale gas”, o hidrocarburos no convencionales. Nuevos “Famatimas” se anuncian en el horizonte.
¿Quién administra el capitalismo?  ¿Se puede pensar más allá del capitalismo?
Esa es una de las discusiones en boga, y cada quién constituye su sujeto.
Unos con actos y militancia, sueldos en el Estado, e incluso mística disputada desde una política de medios y con un relato que pretende apropiarse y recuperar la epopeya de los 70´.
Otros con medios monopólicos y redes sociales que alimentan una subjetividad más propia de los 90’ para revertir la inflexión estructural que habilitó la rebelión del 2001.
Esa es la disputa más visible, los que están de un lado y los que están del otro.
¿Es la única disputa posible? No, existe una masa considerable que avala ciertas actitudes de un lado y/o del otro, pero que transitan sin referencia que pueda aglutinar una posición política alternativa.
Esa referencia también estuvo en disputa en estos años, y por variadas razones esas expectativas se frustraron, quedando vacío ese espacio político.
Uno de los problemas es que algunos sectores que pretendieron, o pretenden mostrarse como alternativa a los dos bloques principales que disputan el escenario político, no definen un rumbo anti capitalista, es más, se presentan como prolijos administradores del capitalismo existente.
No hace falta una tercera opción para administrar el capitalismo realmente existente, ni serio, ni normal, el que se pudo construir. Se necesita otro modelo productivo y de desarrollo, una sociedad que privilegie la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, que apunte a la des-mercantilización de la educación, la salud, la energía; que aliente la soberanía alimentaria, energética y financiera asociada a los otros países de la región, no para subordinar la estrategia productiva al gran capital, sino para promover una integración alternativa, anti sistémica, contra el capitalismo real asociado al delito, a la militarización y el empobrecimiento de las mayorías, en definitiva a un nuevo orden local y mundial.
En una nueva fecha de homenaje a la revolución de mayo, necesitamos reivindicar la revolución, ayer contra la corona española y hoy contra la dominación capitalista, en el país, en la región y en el mundo.
El mejor homenaje a la revolución es continuar luchando por la revolución en nuestro tiempo, un proceso integral, económico, político, ideológico, cultural, civilizatorio. Es un camino con mucha historia y muchas derrotas, pero con expectativas por el laboratorio de cambios en la región en este comienzo del Siglo XXI. No son vanas esperanzas, son expectativas para desarrollar subjetividad por otro mundo posible, anticapitalista y por el socialismo.

25 de mayo de 2013

Sobre el blanqueo de dólares

En el siguiente link una entrevista por TV que me hicieron en AQUÍ Y AHORA, copien el link en vuestra barra, saludos, Julio

http://minilink.es/jc8

El legado de la dictadura (1976-1983)


Con la muerte de Videla y hace muy poco de Martínez de Hoz, se van los dos principales organizadores del orden neoliberal en Argentina, que completó el ensayo iniciado en Chile en 1973 y que pronto cumplirá cuatro décadas de ofensiva del capital contra el trabajo. Ese ensayo se generalizó a todo el mundo desde la revolución neo-conservadora de Thatcher y Reagan hasta la crisis mundial en curso.
No se trata de agigantar a los dictadores del cono sur de América, pero si enfatizar que la liberalización de la economía con flexibilización salarial y laboral, las privatizaciones y la subordinación al imperialismo se acrecentaron desde entonces, afirmando una institucionalidad de dificultosa reversión a casi tres décadas de vigencia de gobiernos constitucionales en la Argentina.
El mérito principal de la dictadura genocida fue la “destrucción” de sujetos para el cambio social y político, un fenómeno que empieza a revertirse en Nuestramérica en este comienzo del Siglo XXI, pero que choca contra un orden económico, social, político y cultural construido desde aquel experimento sustentado en el terrorismo de Estado.
La legislación financiera y el endeudamiento externo siguen presentes para recordarnos el legado duro de aquel proyecto de reinserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial. Pero también la desarticulación social, especialmente en el movimiento obrero, núcleo de la acumulación social en los 70’ y eje concentrado de la represión. La fragmentación actual encuentra su origen en aquellos años de la represión dictatorial. Es cierto también que la desarticulación afectó también a otros sectores sociales de muy diversos espacios culturales, intelectuales y estudiantiles, incluso a productores y empresarios pequeños y medianos.
No solo se intervinieron organizaciones sociales de trabajadores, productores y empresarios, y otros sectores, sino que se prohibieron sus manifestaciones y acciones de protestas, limitando la posibilidad de intervenir en la construcción del orden social. La violencia explícita y visible resultó organizadora del orden que persiste, insistamos, no solo en el país. La cooperación represora transnacional asoció vía Plan Cóndor al poder económico, militar e ideológico para sustentar una modificación civilizatoria que hoy se muestra en crisis en todo el mundo. Esa ofensiva capitalista contra el trabajo iniciada en Chile y en las dictaduras del cono sur marcó el camino del actual ajuste europeo y global, junto al mayor enriquecimiento del 1% de la población enriquecida del planeta.
El desafío civilizatorio del presente pasa por desarmar el entramado institucional de relaciones sociales en la economía que explican el empobrecimiento relativo de la masa laboral del mundo. La tendencia a la caída del salario como promedio mundial surge de los recientes estudios de la OIT, y no debe sorprender la continuidad de iniciativas para contener la demanda de mejoras salariales, la que se acompaña de masivos subsidios de renta en dinero para sectores empobrecidos. Es una realidad en Argentina y en toda la región latinoamericana, producto de mejoras fiscales logradas con saldos favorables del comercio internacional de materias primas.
Vale la pena insistir en el tema, pues no solo se trata de la muerte biológica de preso y condenado por la justicia y la sociedad, sino por la necesidad de erradicar la institucionalidad que reestructuró regresivamente a la sociedad en nuestro país y que marcara el rumbo del desarrollo contemporáneo. Así como el neoliberalismo surgió en nuestro continente, el laboratorio social y político en curso en estos territorios pueden otorgar pistas novedosas para un desarrollo alternativo. Un desafío está en las relaciones económicas. Nuestros países avanzaron en cambios políticos, incluyendo reformas constitucionales muy avanzadas en algunos países. El problema sigue siendo la economía, la economía capitalista en tiempos de liberalización. Si no se modifica estructuralmente el orden económico capitalista, la recidiva del legado de los Videla y los Martínez de Hoz pueden ser parte esencial del orden social en un futuro cercano.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2013

Blanqueo o exteriorización de dólares


Finalmente el gobierno habló de aquello que se ninguneaba, el dólar paralelo o blue. Lo hizo con el anuncio de colocación de un bono de deuda para el desarrollo energético, el BAADE o Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, y un certificado para inversiones inmobiliarias, el CEDIN o Certificado de Depósito para el Sector Inmobiliario.
Son instrumentos para captar los billetes en poder de particulares, en el país o en el exterior, incluso en paraísos fiscales. Según los organizadores de la medida, en la Argentina existirían unos 40.000 millones de dólares en billetes y en el exterior unos 120.000 millones, con lo cual el universo a capturar son 160.000 millones, aunque nadie arriesga monto concreto a conseguir en los tres meses en que esté abierto el blanqueo, si es que así lo aprueba el Parlamento.
El país no produce dólares, o divisas, si no es por vía del superávit comercial, las inversiones externas o el endeudamiento. Esas tres fuentes aparecen con dificultades, por eso se restringió la compra de dólares desde fines del 2011, se restringen las importaciones y se estimulan las exportaciones, al tiempo que se festejan las inversiones externas y se lamentan retiros como los de Vale do Río Doce, o la eventual retirada de la Barrick ante las restricciones chilenas. El gobierno está a la caza de las divisas, en primer lugar para continuar con la política de cancelación de la deuda pública, el “desendeudamiento” y al mismo tiempo conseguir fondos para la política de hidrocarburos y reactivar el mercado inmobiliario. También se busca ofrecer mecanismos de inversión alternativos a la compra de divisas en el mercado paralelo, y así intentar bajar esa elevada cotización que superó los $10 y casi duplica la cotización oficial. Solo basta ahora que se reconozca un virtual desdoblamiento del mercado cambiario.
Con esos anuncios se otorga carta de ciudadanía a la negociación de billetes estadounidenses, hasta ahora restringida con acciones compartidas por la AFIP y el BCRA, y el objetivo parece apuntar a disminuir la cotización y acercarla al tipo de cambio oficial. De hecho, las correcciones cambiarias oficiales son mayores en el 2013 que en los años anteriores. Entre 2002 y 2005 el dólar osciló entre 2,85 y 3 pesos; entre 2006 y 2010 creció anualmente desde 3,10 a 3,90, para saltar por encima de los 4 pesos durante el 2011 y 2012 donde rozó los 5 pesos y escalar hasta los 5,20 actuales y una previsión de 6 pesos hacia diciembre del 2013. Es el trayecto de una devaluación progresiva y no brusca, pero devaluación al fin. Es una incógnita saber cómo evolucionarán en el corto plazo las diferentes cotizaciones, cómo saber a cuánto alcanzará la brecha entre el oficial y el ilegal blue.
El BAADE
Es un nuevo instrumento de deuda pública. El Estado capta dólares y se compromete a cancelar en tres años (2016) con billetes “DÓLAR” y con una tasa del 4%, lo que puede considerarse una tasa razonable en las condiciones de crédito mundial. Lo primero es que se trata de nuevo endeudamiento dolarizado, y mientras más exitoso sea el blanqueo o exteriorización, mayor deuda dolarizada asume el Estado. Todo el esfuerzo hasta ahora, se decía, estuvo en la pesificación de la deuda externa. Con esta medida se retoma el camino de la deuda dolarizada.
Los fondos de este endeudamiento se destinarán al plan energético liderado por YPF. Ahonda el camino del ofrecimiento de bonos que realizó YPF, con tasas del 19% a ahorristas, y otros instrumentos en el mercado institucional de capitales. La gestión estatal de YPF anunció la necesidad de inversión por 35.000 millones de dólares en el mediano plazo para atender la premisa de la expropiación parcial de asumir el autoabastecimiento de hidrocarburos. Por ello salió a captar inversores, a tasas elevadas y a conseguir socios globales, tal el caso de la CHEVRON, especialmente por la tecnología de explotación de los hidrocarburos no convencionales, el fracking o fractura hidráulica con los efectos devastadores sobre la naturaleza.
El CEDIN
Estos certificados apuntan a relanzar el disminuido mercado inmobiliario, en la senda especulativa y de resguardo de valor en que se desarrolló en la última década.
La Presidente del BCRA señaló que tendrán efecto neutro en la Reservas Internacionales, ya que los dólares canjeados por los certificados deben mantenerse en un encaje del 100% ya que pueden ser reclamados en cualquier momento por los tenedores de esos títulos luego de alguna operación inmobiliaria. De ese modo, lo que hay es un reconocimiento a la operatoria inmobiliaria en divisas, más que a reponer reservas por este medio.
El discurso oficial se orientaba en el último tiempo, vía Plan ProCreAr, a la promoción de la vivienda familiar. Ahora, ante la caída de las operaciones inmobiliarias tradicionales, o sea en divisas, se retoma el mecanismo legitimando valores dolarizados con operaciones en billetes, o símil billete tal como supone ser el CEDIN.
En síntesis
Se reconocen problemas en la economía local y se apunta a retomar el nivel de actividad económica desacelerado desde el año pasado, especialmente en la producción de hidrocarburos y en el sector inmobiliario tradicional. Se pretende limitar la escapada del paralelo o blue, interviniendo con otras opciones de inversión, las que si son exitosas incrementarán la deuda pública dolarizada con incidencia en el presupuesto vía intereses a pagar. El objetivo es la captura de dólares que circulan por afuera del circuito formal con el consiguiente perdón fiscal. No se asume explícitamente el problema inflacionario y se insiste en las manipuladas mediciones del INDEC.
La imagen que se pretende mostrar es la de un equipo económico integrado que ratifica un modelo productivo de autoabastecimiento petrolero para el agro-negocio, la mega-minería, la industria ensambladora y el negocio inmobiliario. Queda afuera la discusión de fondo sobre el modelo productivo y de desarrollo necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. El anuncio apunta a contener las presiones de gran devaluación y a blanquear la fuga de capitales. Resulta prematuro anticipar la evolución de las medidas financieras anunciadas, las que deben pasar por el Parlamento y recién con la apertura de la operatoria podrán conocerse sus resultados, que desde ya supone el reconocimiento de operaciones con moneda externa.
¿Podría hacerse algo distinto? Sí, claro, cambiar el modelo productivo y de desarrollo, de privilegio a la concentración y extranjerización de la economía por otro rumbo en la perspectiva de la soberanía alimentaria, energética, financiera, a desarrollar en conjunto con otros países en Nuestramérica. Ello requiere construir el sujeto dispuesto a confrontar con las clases dominantes, que hoy empujan la devaluación como mecanismo de apropiación de la riqueza social. El Estado decide legalizar operatoria en divisas como forma de sostener el funcionamiento del capitalismo en la Argentina. Pensar en algo diferente es ir más allá y contra el régimen del capital.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013

La recaudación en el Papel del Estado y las finanzas públicas


El eje de las políticas neoliberales en las últimas cuatro décadas fue la crítica al Estado, y por eso las privatizaciones y la creciente mercantilización. Claro que debe reconocerse que pese a la prédica, el Estado siempre estuvo, está y estará.
El neoliberalismo se estrenó en el Cono Sur de América hace 40 años (1973-2013), con todo el peso del terrorismo de Estado, y se generalizó como política mundial con la militarización mundial inducida por Thatcher y Reagan.
Por eso, Theotonio Dos Santos insiste que no hay vuelta del “libre mercado” con el neoliberalismo, sino “mercado monopólico”, donde resulta clave el papel del Estado para organizar la mundialización capitalista, del comercio, la industria, el agro, los servicios.
Sin el papel del Estado es impensable el desarrollo capitalista contemporáneo. Es una cuestión asumida con la crisis, incluso antes de la gran depresión de 1930 y que ahora, luego de la crisis mundial desatada en 2007/8 reaparece con intensidad y mucha fuerza.
No hay dudas del papel del Estado en la economía, siendo la cuestión fiscal uno de esos canales de participación. El Estado moderno gestiona una masa gigantesca de recursos que asigna según sea su proyecto político, plan económico o estrategia de poder.
El Estado actúa en la redistribución de la riqueza social generada con transferencias de recursos. Es el Estado quién define crecientemente la asignación de recursos. Por supuesto que hablamos del Estado capitalista, constituido históricamente para servir al capital, y en tanto relación social, tanto el capital como el Estado, son ámbitos de disputa por la apropiación de los recursos económicos.
Así, los grandes Estados del capitalismo mundial en crisis no dudan en asignar cuantiosos recursos al salvataje de bancos y empresas en problemas, y si no hay superávit fiscal acuden sin límite al endeudamiento externo. El caso más evidente es EEUU, con una deuda mayor al 100% del PBI y en términos absolutos la mayor del mundo, captando recursos de cualquier parte del planeta. Con recursos genuinos o endeudamiento gigantesco, los Estados sostienen el funcionamiento del régimen del capital, aun con desempleo y miseria, todo al servicio de la ganancia, la acumulación y la dominación que recrea el régimen de explotación del hombre por el hombre.
Si concentramos la mirada en Nuestramérica observaremos que los Estados obtienen importantes sumas de dinero que registran en las cuentas fiscales, y consignan holgados presupuestos con superávit fiscal con destino a cancelar parte de las deudas públicas acumuladas desde los años 70’, a orientar subsidios en la disputa por radicar inversiones externas, a favorecer negocios asociados al gasto y la obra pública, junto a una política social masiva, no universal, que asegure continuidad en el manejo estatal a los gobernantes y su política.
Resulta un factor común a derecha e izquierda del arco político regional, no identificables en su sentido final por la defensa del capitalismo o la emancipación social, pero común en los registros de la contabilidad nacional. Enfaticemos, que si bien en todos los países existen políticas sociales masivas, en algunos casos tienen sentido “compensatorio” y en otros se apuntan a extender derechos sociales negados en el orden capitalista, y son parte de un proceso de transición desde el capitalismo hacia otro orden socio económico.
Récord de recaudación en Argentina
De este modo, en el Norte o en el Sur, lo fiscal, la recaudación, el superávit en la contabilidad del Estado, resulta una cuestión estratégica de política económica en nuestros días.
En la Argentina ocurre algo similar y es noticia recurrente el dato de mejora de las cuentas fiscales. Una duda en el análisis de la serie histórica para el caso argentino es el componente inflacionario, y también a ello asociado la comparación de la recaudación en moneda local con las divisas.
La AFIP informa una recaudación récord para el mes de abril del 2013, que alcanzó los 67.631 millones de pesos, un 36,8% más que abril del 2012 cuando se recaudaron 49.436. (Cuadro I) Responde a una lógica de crecimiento nominal de las recaudaciones fiscales desde la salida de la convertibilidad en enero del 2002.

Cuadro I. Recaudación (millones de pesos)
Abril 2012
Abril 2013
Incremento
49.436
67.631
36,8%
Fuente: AFIP: www.afip.gov.ar (consultada el 3/5/2013)

Claro que esta recaudación incluye 18.594 millones de pesos de seguridad social (Cuadro II), lo que hace discutible su carácter fiscal, ya que los aportes previsionales son de los propios trabajadores a los efectos de cancelar las jubilaciones y pensiones.

Cuadro II. Distribución fiscal y previsional de abril 2013 (millones de pesos)
Recaudación total
67.631
100%
Impuestos
38.376
57%
Comercio Exterior
10.660
16%
Seguridad Social
18.594
27%
Fuente: AFIP: www.afip.gov.ar (consultada el 3/5/2013)

De la recaudación total se puede consentir, según el Cuadro II, que solo el 73% (57%+16%) son genuinamente recursos fiscales, y el resto, un 27%, son recursos previsionales.
Estos últimos son demandados por los movimientos de jubilados para una gestión directa por los trabajadores activos y pasivos, y en todo caso adicionar control estatal. En el caso argentino, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, gestiona esos recursos como propios desde la reforma fiscal organizada en los 90’ y constituyen una fuente de financiamiento de la política pública.

Cuadro III. Participación de cada impuesto y los derechos del comercio exterior en el total de la recaudación a abril 2013 (millones de pesos)
Recaudación total
67.631
Porcentaje s/total
Impuestos
38.376

IVA
18.509
27
Ganancias
11.046
16
Débitos y Créditos
4.030
6
Otros
4.791
7
Derechos de Comercio Exterior
10.660

Por importaciones
1.851
3
Por exportaciones
8.809
13
Seguridad Social
18.594

Fuente: AFIP: www.afip.gov.ar (consultada el 3/5/2013)

En el Cuadro III puede consignarse como el IVA es la principal fuente de recaudación registrada en la AFIP, con un 27% del total, seguido del impuesto a las ganancias con 16% y luego las retenciones por exportaciones con el 13%.
Recordemos que el IVA es un impuesto regresivo que castiga a los sectores de menores ingresos, quienes deben tributar por igual, vía precios al consumo, que sectores de elevados ingresos. Otra aclaración es que las retenciones no son coparticipables y su distribución federal se asocia al Fondo sojero y decisiones de política del Estado nacional.
Impuestos y Derechos de importación y exportación
Vale la pena considerar la composición de la recaudación fiscal propiamente dicha, la tributaria, ya que por impuestos derivados de actividades al interior del país (IVA, Ganancias, Débitos y Créditos, Combustibles, Bienes Personales, otros) se recaudan 38.376 millones de pesos. A ello deben sumarse 10.661 millones provenientes del comercio exterior, sumando por ambos conceptos unos 49.037 millones. (Cuadro IV)

Cuadro IV. Impuestos y Derechos de Comercio exterior (millones de pesos)
Total Impuestos y Comercio exterior
49.037
100%
Impuestos
38.376
78%
IVA
18.509

Ganancias
11.046

Débitos y créditos
4.030

Otros (*)
4.791

Derechos de comercio exterior
10.660
22%
Derechos x importaciones
1.851

Derechos x exportaciones
8.809

(*) Internos, Combustibles Líquidos y GNC, Bienes Personales. Fuente: AFIP: www.afip.gov.ar (consultada el 3/5/2013)

Por lo tanto, un 78% de la recaudación impositiva está motivada en la actividad económica interna, y un 22% remite a importaciones y exportaciones (Cuadro IV), donde lo principal son las retenciones por ventas al extranjero, especialmente la agricultura, entre otras producciones: la soja.
Cuadro V. Impuestos a abril 2013 (millones de pesos)
Impuestos
38.376
100%
IVA
18.509
48%
Ganancias
11.046
29%
Débitos y créditos
4.030
11%
Otros (*)
4.791
12%
Fuente: AFIP: www.afip.gov.ar (consultada el 3/5/2013)

Cuadro VI. Derechos del comercio exterior a abril 2013 (millones de pesos)
Derechos de comercio exterior
10.660
100%
Derechos x importaciones
1.851
17%
Derechos x exportaciones
8.809
83%
Fuente: AFIP: www.afip.gov.ar (consultada el 3/5/2013)

Las exportaciones aportan el 83% de la recaudación por derechos del comercio exterior, contra un 17% proveniente de las importaciones (Cuadro VI).
Ese crecimiento operado en la recaudación es ampliamente superior a la inflación del último año, que fue levemente superior al 10%. Esta comparación tiene dos problemas. Por un lado la verosimilitud de los datos del Indec, y por otro, la comparación en términos del tipo de cambio con las divisas.
Respecto de la inflación, el asunto es que el IVA es el 27% de la recaudación total y el 48% de la captura impositiva, siendo el impuesto más importante sobre el conjunto de la recaudación fiscal.
Es por lo tanto un impuesto de gravitación importante en la ponderación total del dato general. Si aumentó tanto la recaudación total, y el IVA es el más importante impuesto, al tiempo que el año 2012 es uno de los de más bajo crecimiento en la década (solo superado en el 2009) en evolución económica, algo que se mantiene en la actualidad del primer cuatrimestre del año 2013, resulta difícil explicar el aumento en los ingresos tributarios derivados del consumo, salvo que las recaudaciones se asocien a crecimientos de los precios por encima del valor índice de la inflación desde hace un año.
El impuesto a las ganancias es el 29% del total de impuestos, segundo rubro en la recaudación impositiva, influido con los datos derivados de los aportes de los trabajadores sujetos a este impuesto. Por definición los trabajadores no perciben ganancias sino salarios, pero la necesidad de ingresos tributarios hace que el mínimo no imponible no se ajuste regularmente, y mucho menos se elimine el tributo tal como demandan las organizaciones sindicales en defensa de los ingresos salariales.
La recaudación medida en divisas
Además de las consideraciones inflacionarias mencionábamos la relación de la recaudación con las divisas. En ese sentido, si se analiza una serie larga de cotizaciones del dólar contra la recaudación total, nos encontraremos que la baja recaudación derivada de la crisis del 2001 fue muy importante en los años siguientes y que solo se recupera y crece la recaudación medida en dólares a partir del 2007, en el último año del gobierno de Néstor Kirchner (Cuadro VII).
Cuadro VII. Paridad cambiaria con el dólar y recaudación en millones de pesos
Fecha mes/año
Cotización oficial tipo vendedor*
Recaudación AFIP en millones de $
Conversión a dólares a tipo de cambio oficial
04/01
1
3.538
3.538
04/02
2,99
2.884
964
04/03
2,85
5.453
1.913
04/04
2,88
7.044
2.445
04/05
2,93
9.282
3.167
04/06
3,07
10.013
3.337
04/07
3,10
13.279
4.283
04/08
3,21
20.241
6.305
04/09
3,70
23.047
7.682
04/10
3,90
30.128
7.725
04/11
4,11
39.738
9.668
04/12
4,40
49.436
11.235
04/13
5,20
67.630
13.005
*pesos por dólar. Fuente: AFIP Y BCRA
Desde entonces (2007), medida en dólares al cambio oficial, la recaudación crece sistemáticamente, aún en el difícil año 2009, caracterizado por una importante desaceleración de la economía, lo que puede llevarnos nuevamente al argumento de la inflación contenida vía índices del INDEC, intervenido, precisamente desde el 2006, y por ende cuestionadas sus mediciones estadísticas.
Es el tiempo en que comienzan a perder confiabilidad los indicadores oficiales, por lo que las comparaciones anuales son discutibles, incluidas las comparaciones con la moneda estadounidense.
El sostenimiento de la política cambiaria de administración regulada y la pesificación creciente de los compromisos externos facilita la utilización vía política económica del crecimiento notable de la recaudación. Es lo que permite al Estado un marco para el gasto público que contrarresta las tendencias recesivas de la economía mundial, en sintonía con el accionar de los principales gestores de política mundial, especialmente EEUU.
Un gran interrogante remite a la sostenibilidad de este escenario de política económica, presionado en la coyuntura por demandas para una devaluación empujada por grandes empresas de la producción y la exportación. El asunto es que esa presión induce políticas públicas de control de precios, entre ellos el de la fuerza de trabajo, con secuelas creciente de conflictividad y descontento social.
Puede soportarse la presión de sectores de las clases dominantes manteniendo la política cambiaria, pero transfiriendo el costo a los trabajadores y sectores de ingresos fijos. Una política alternativa apuntaría a mejorar los ingresos de los sectores de menores recursos y transferir el costo a los sectores dominantes. Algo discutible cuando la lógica de la hegemonía política en el gobierno se resuelve en el campo de lo “posible”, siempre adjudicado a una correlación de fuerzas de dudosa modificación.
Producción y distribución
La discusión es cuál es la orientación de ese mayor gasto público, destacándose en la coyuntura las cancelaciones de deuda pública, los subsidios al sector empresario y claro, la política social masiva.
En la ponderación de las proporciones que cada una representa está la evaluación sobre la orientación del gasto.
Los datos aportados por la AFIP sirven para pensar de donde salen los recursos que financian al Estado argentino y al mismo tiempo nos convoca a discutir como usa esos recursos el Estado, quiénes son los destinatarios de las transferencias públicas, algo que define la redistribución del ingreso.
Convengamos que la distribución primaria es favorable a los propietarios de medios de producción, 60 a 40 según la discutible estadística oficial. La distribución secundaria o redistribución mantiene el privilegio al capital.
Es que, como hemos sostenido en varias ocasiones, la distribución es resultado de las relaciones privadas capitalistas de producción, por lo tanto, de un modelo productivo hegemónico de inserción transnacional, que promueve un modelo de desarrollo dependiente de la mundialización capitalista.
Discutir la distribución o la redistribución supone discutir el capitalismo y su modelo productivo y de desarrollo, tanto como el Estado capitalista, sus fuentes de financiamiento y el destino del gasto.
A partir de esa discusión puede pensarse en propuestas alternativas, más allá de la crítica, y en la transición desde el capitalismo a una sociedad no capitalista, anticapitalista e incluso socialista.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2013.