La pobreza en discusión

La polémica de estas horas remite a la magnitud de la pobreza e indigencia en la Argentina actual, y el debate transita entre la negada información oficial y mediciones alternativas.
Más allá de la cuestión cuantitativa, la discusión es relativa al modelo de desarrollo en crisis en 2001, con la máxima medición de pobreza e indigencia en nuestra historia, y las políticas asumidas posteriormente.
Datos y argumentos oficiales
En rigor, el INDEC discontinuó la publicación relativa a pobreza e indigencia y como consecuencia de la sorpresa para propios y extraños, el debate generado incluyó una explicación técnica en su sitio en internet el 24 de abril señalando que: “...se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios que el instituto estadístico venía realizando desde 1993 por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU.”[1]
Es raro que se aluda a las “carencias metodológicas” que hasta ahora explicaron la “drástica” disminución de los indicadores, según argumenta el Jefe de Gabinete. Las cifras de pobreza e indigencia bajaron desde el máximo a comienzos del 2002, pero no a los niveles irrisorios que enuncia el INDEC.
Según el INDEC[2], para el primer semestre del 2013 existían un 4,7% de personas bajo la línea de pobreza, 2 millones de personas; y la indigencia en 1,4% de la población, un poco menos de 600.000 personas. Para el IPyPP[3] los datos son del 36,5% de personas bajo la pobreza, unos 15.400.000 personas, y la indigencia involucra a 5.000.000 de personas, expresando el 12,1% de la población.
Por lo tanto, la pobreza e indigencia es menor a la del 2001/2002 en las dos mediciones. Los registros del IPyPP están sustentados en actualizaciones de una base con datos del INDEC al 2006. Desde entonces el INDEC ha sido poco creíble en su información y las nuevas mediciones depararan nuevos debates sobre los indicadores de pobreza e indigencia.
En cualquier caso, la reducción respecto del grosero dato del 2002 con 56% de la población bajo la pobreza se explica por una política social masiva, para la sobrevivencia, que no saca a la población beneficiaria de la situación de empobrecimiento. Aludimos a los planes sociales, especialmente a la Asignación Universal por Hijo, de $460 mensuales con cerca de 4 millones de beneficiarios; y a 2 millones de nuevas jubilaciones mínimas otorgadas en estos años, con un ingreso mensual de $2.752.
Menos creíble aun es el argumento del “empalme” ya que la información escamoteada remite a datos del segundo semestre del 2013, antes de modificar a comienzos del 2014 el índice de Precios al Consumidor según la nueva metodología. No hay necesidad de empalme, y se necesitaba el dato de fines del 2013, así como oportunamente se informó el IPC de diciembre que tampoco empalma la inflación con el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano.
Es muy importante que el INDEC difunda las cifras, ahora enunciadas desde la nueva metodología, y así como la inflación de enero se multiplicó por cuatro respecto de la de diciembre en la medición de precios; el indicador de pobreza e indigencia podría presentar una similitud, además agravada por el impacto de la devaluación y su incidencia en la inflación sobre los sectores más empobrecidos.
Pobreza y producción
Decíamos que el tema supera lo cuantitativo y se asocia a cuestiones estructurales del orden económico en la Argentina, al modelo productivo y de desarrollo.
En ese sentido y a modo de ejemplo vale mencionar la aprobación parlamentaria de la compensación por 5.000 millones de dólares a REPSOL.
¿Por qué el vínculo entre los datos de pobreza e YPF? Porque la petrolera privada de gestión estatal sigue siendo la empresa más importante y de mayor facturación en la Argentina, y constituye el eje proveedor de insumos estratégicos para el desarrollo productivo del conjunto de la economía local.
YPF participa activamente en la generación de valor, o si se quiere, de riqueza. Uno de los interrogantes, por lo tanto, remite a la distribución de la riqueza en el país, y queda claro que lo aprobado por el Parlamento supone el destino de cuantiosos recursos públicos, generados por el esfuerzo del trabajo social en el país al capital externo. Esos inversores externos, REPSOL, son un conglomerado transnacionales que deterioraron las reservas de gas y petróleo, depredaron la naturaleza y fugaron ganancias para sus estratégicos planes de inversión en otras latitudes.
Vale remarcar que en Diputados la medida avanzó con 135 votos afirmativos del partido de gobierno y aliados (Nuevo Encuentro y otros provinciales); con la abstención de 42 legisladores, básicamente del masismo y el macrismo, que no se oponen a lo esencial de indemnizar a REPSOL[4], con lo cual existe una amplia mayoría favorable a favorecer recursos públicos a cumplir con acreedores e inversores externos. La votación negativa sumó 59 diputados, que incluye opositores que acuerdan la normalización con la petrolera transnacional (caso de la mayoría de UNEN) y sectores de izquierda y centro izquierda con larga prédica contra la política petrolera desde los 90´ (Proyecto Sur, UP, FIT).
Los argumentos del gobierno y la oposición sistémica favorecen una reinserción subordinada de la economía local en el sistema capitalista mundial, por ello la autorización reciente al Santander para girar 32 millones de dólares como remesas de utilidades al exterior, y toda la búsqueda por conseguir capitales externos para introducir en la Argentina.
Los pagos se realizarán con bonos de la deuda pública, con rentabilidad en dólares, a una tasa mayor de la que obtienen otros países vecinos, entre el 7 y el 8,75%. Para el 2015 empezarán a amortizarse los bonos de deudas y los compromisos se extienden hasta el 2033, configurando toda una hipoteca que se suma al cáncer interminable del endeudamiento externo.
Se entregarán a REPSOL tres títulos: a) el Bonar X por 500 millones de dólares, con tasa del 7%, y con vencimiento en 2017; b) el Discount 33 por 1.250 millones de dólares, con tasa al 8,28%, con vencimiento en 2033; c) el Bonar 2024 por 3.250 millones de dólares, con tasa al 8,75%, que vence en 2024. Un tema de interés es que los 5.000 millones de dólares deben ser efectivamente realizados por Repsol; y si esto no ocurre, porque el valor de mercado obtenido fuera menor a 4.670 millones de dólares, el Estado se compromete a entregar bonos adicionales hasta 1.000 millones de dólares.     
Es evidente un gran negocio para REPSOL, que afirma la pérdida de soberanía de la Argentina y la consolidación del carácter dependiente de nuestro orden económico y social. Por ello es que se necesita asociar la pobreza a la riqueza, ya que esta existe como consecuencia de aquella y habilita a un debate sobre un “modelo productivo y de desarrollo no dependiente”, donde la riqueza social generada sea distribuida para resolver las insatisfechas necesidades de la población empobrecida de la Argentina.
La Paz, 25 de abril de 2014



[2] http://www.indec.mecon.ar/ (consultada 25/04/2014)
[4] “Entre el pragmatismo y el cálculo, un voto opositor incómodo” Por Laura Serra, LA NACION. "Yo lo hubiese votado a favor", se sinceró, sin ambigüedades, un encumbrado diputado del Frente Renovador. …el diputado de Pro Federico Sturzenegger, miembro informante de la bancada, lo reconoció en el recinto, cuando dijo que el problema de YPF "es un capítulo que debe ser cerrado, porque los costos de dejar este proceso en su situación actual son mayores que los que acarrearía no hacerlo". Gilberto Alegre, la voz del massismo en este tema en el recinto, coincidió. "Arreglar con Repsol es necesario y conveniente. El que expropia debe pagar. La Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos". http://www.lanacion.com.ar/1684634-entre-el-pragmatismo-y-el-calculo-un-voto-opositor-incomodo (Consultado el 25/04/2014)

La precariedad laboral como fenómeno estructural

En estos días se cruza la información difundida por la OIT en su Panorama Laboral 2013 para América Latina y el Caribe[1] y la difusión de medidas locales relativas a la precariedad laboral y el empleo doméstico.
La OIT destaca en su informe sobre América Latina y el Caribe que "Los salarios crecen menos que en años anteriores, la informalidad no se reduce, la productividad está creciendo por debajo del promedio mundial, y aumenta la desocupación de los jóvenes en zonas urbanas". Agrega que en América Latina y el Caribe son unos "14,8 millones de mujeres y hombres que buscan trabajo sin conseguirlo”, cuantificando la dimensión del problema del empleo, a lo cual deben incluirse unas 130 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad. La OIT señala que hace 20 años que difunde el estudio sobre la cuestión laboral en la región y que los mejores registros de la última década parece agotarse, interrogándose sobre el futuro, que en el marco de la crisis capitalista, no augura noticias favorables para los trabajadores.
Son datos coherentes con los oportunamente difundidos por Michel Husson[2] relativos a información de la OIT para el 2012, donde se señala que para un empleo mundial de 3.130 millones de trabajadores, el empleo en los países “avanzados” es de 470 millones de trabajadores, mientras que los empleos asalariados en los países “emergentes” suman 1.110 millones de trabajadores, y otros empleos en estos países alcanzan a 1.550 millones, con lo cual suman 2.660 millones de trabajadores (1.110+1.550), constituyendo la mayoría de los trabajadores del mundo, y entre ellos se destacan los informales. Es evidente que en estos datos pesan China y la India, pero son elocuentes respecto al trabajo en el mundo, especialmente en el empobrecido Sur, donde sobresale en las condiciones del capitalismo contemporáneo el deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo medido en millones de personas.
El documento de la OIT remarca que de cada 10  trabajadores latinoamericanos y caribeños, al menos 3 no tienen acceso a ningún tipo de cobertura  de protección social. Es el cuadro de la precariedad en la región latinoamericana y caribeña. En ese marco de referencias, la OIT concluye que el desaliento y la frustración sin duda  contribuyen a que unos 22 millones de jóvenes no estudien ni trabajen, y en general, confirmando la discriminación de género, se concluye que las mujeres siguen  estando más afectadas por el desempleo y la informalidad. Es obvio que se trata de conclusiones que superan la dimensión “económica” para proyectarse en el plano de lo social, lo político y cultural.
Situación en Argentina
Los datos locales confirman esas tendencias en la Argentina, por lo que las autoridades locales anunciaron medidas en estos días para intentar reducir la informalidad con metas concretas en los próximos meses.
Según el INDEC, un tercio de los trabajadores en la Argentina están en situación irregular, sin seguridad social, por lo que se han dispuesto un conjunto de medidas para contrarrestar la situación e incentivar la regularización del empleo.
Entre otras cuestiones se sustenta la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas que tienen historia en políticas similares gestadas transitoriamente en los 90´ y que desfinanciaron el sistema previsional. Al mismo tiempo, se propone fortalecer la fiscalización y la capacidad de inspección del Estado, junto a la creación de un registro para incluir a las empresas que violen la legislación laboral. La crónica periodística señala que "La Presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento."[3] En la misma nota se dice que la Presidenta enfatizó "que la precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo."
En esa misma línea, a los pocos días de los anuncios se informó sobre la reglamentación del trabajo a domicilio, uno de los ámbitos de mayor informalidad e irregularidad. Se intenta intervenir sobre el ingreso de los trabajadores doméstico y sobre las coberturas por riesgos del trabajo.
Ambas medidas fueron anunciadas mientras resuenan aún las crónicas y análisis del paro nacional del pasado 10 de abril. El interrogante es si con reducción de aportes patronales y renovados anuncios de control estatal se resuelve el tema de la impunidad empresaria que mantiene los elevados niveles de irregularidad en el empleo. Quizá, para terminar con la informalidad, la solución vendrá más por la libertad y democracia sindical que se deriva de la generalización en la designación de delegados sindicales por empresas. Vale recordar que aproximadamente, solo entre un  15 y 20% de las empresas reconocen la existencia de delegados sindicales, lo que favorece la impunidad en la mayoría de las empresas, las que actúan sin los límites que pueden establecer sus trabajadores si estuvieran organizados sindicalmente.
Es correcto que el Estado actúe, pero más que una respuesta económica sobre disminución de aportes patronales, o relativa a funciones burocráticas, de control y supervisión, resulta más adecuada la propia autodeterminación de los trabajadores en el control del empleo. En ese sentido es necesario modificar la legislación sobre la organización sindical y revertir la tendencia regresiva de la relación entre el capital y el trabajo que construyó la ofensiva del capital hace cuatro décadas. Esto último se juega en la construcción del nuevo modelo sindical que se manifiesta en la experiencia de la CTA y variadas comisiones internas. Es parte del camino propio para responder social y políticamente a la ofensiva patronal y construir una contraofensiva popular.
Buenos Aires, 19 de abril de 2014



[2] MICHEL HUSSONLa formación de una clase obrera mundial. Lunes 6 de enero de 2014, en: http://www.vientosur.info/spip.php?article8622
[3] Plan para regularizar el trabajo informal. Página 12, 15/4/2014, en:  http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-244160-2014-04-15.html

La economía entre el PARO del 10/4 y Washington

La coyuntura económica se concentra en los debates en torno al paro realizado el pasado jueves 10 de abril y la presencia del Ministro de Economía y la delegación argentina a la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washigton.
Las demandas en uno y otro caso aparecen cruzadas en el plano político y económico, con los organismos internacionales sugiriendo la tradicional política de ajuste, una posición que sustenta no solo para la Argentina, sino para el conjunto de la economía mundial, en momentos en donde se reconoce la continuidad de la crisis mundial. En las antípodas, la protesta de los trabajadores trascendió a los propios organizadores y convocó a buena parte de los descontentos con el achicamiento de ingresos que supuso la devaluación de enero y el encarecimiento de los precios, antes y después de la modificación del tipo de cambio.
Es evidente que la presión sobre la política económica se presenta en ambas y opuestas direcciones. Por un lado el afianzamiento de la política de ajuste, especialmente asentada en el deterioro de los ingresos populares; o, entre otras cuestiones, en la atención de demandas de actualización y aumento salarial contra la erosión derivada de la inflación y la aplicación del impuesto a las ganancias a los salarios; destacando en ese marco la reivindicación de jubilados y pensionados por un pago de emergencia que actualice sus haberes y más de fondo la histórica demanda de un ingreso equivalente al 82% móvil con un mínimo equiparable al salario mínimo, vital y móvil en niveles acorde con satisfacer la canasta familiar del trabajador y su familia.
Reunión en Washington
En el cónclave de los organismos financieros se busca el aval para reinsertar a la Argentina en el mercado de crédito mundial. El país está afuera desde la cesación de pagos del 2001, más allá de los regulares pagos, incluidas las cancelaciones al FMI y los canjes de deuda del 2005, 2010 y 2013 al que ingresaron el 93% de los acreedores de títulos públicos.
El argumento para mantener a la Argentina fuera del mercado de préstamos es la continuidad del default con ese 7% de tenedores de títulos, algunos de los cuales demandan al país ante la Justicia de Nueva York; pero también el impago al Club de París, que integran los principales países capitalistas, que a su vez son los principales accionistas y los que deciden en el FMI y el Banco Mundial. Recordemos que a fines de mayo está en agenda el inicio de las negociaciones para salir del default con el Club de París.
La ausencia de un acuerdo con estos organismos es un límite que impone el mercado mundial para liberar créditos, aun cuando YPF obtuvo hace pocos días ofertas varias veces superiores a una demanda de fondos por 1.000 millones de dólares. Pese a una tasa elevada, superior al 8%, la posibilidad de ese financiamiento se considera como una prueba de avanzada para que otros sectores privados de la economía local transiten el mismo camino y volver a la senda del endeudamiento público y privado.
Mencionamos lo público y lo privado porque el gobierno, en tanto sector público, suscribió hace poco un acuerdo estratégico con el Banco mundial por 3.000 millones de dólares para el periodo 2014-2016 y porque YPF sigue siendo una empresa privada, aunque de gestión estatal.
La búsqueda de recursos externos incluye préstamos e inversiones externas directas, que junto al sostenimiento del superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) contrarresten la pérdida de divisas de los últimos años.
Recordemos que las reservas bajaron de 52.000 millones de dólares a mediados del 2011 a unos 27.000 millones en la actualidad. La intencionalidad apunta a frenar el drenaje de divisas y en la medida de lo posible recomponer reservas internacionales.
Para que ello sea posible, los inversores y prestamistas externos actúan sobre el FMI y el Banco Mundial para que las autoridades de la Argentina asuman políticas económicas amigables con los inversores.
Ello puede significar que se profundicen los lazos y vínculos con los organismos internacionales, tal como se viene actuando a los efectos de las correcciones en los índices de inflación y medición del crecimiento del PBI, tal como lo sugirió Christine Lagarde al señalar que la colaboración del Fondo con la Argentina fue a solicitud del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y enfatizando que el organismo debe auditar las cuentas nacionales.
La presión del paro
Desde el otro ángulo, la extensión del paro nacional, más allá del análisis que debe continuarse, respecto de las formas, los modos y los beneficiarios de la iniciativa de acción colectiva, requiere que la política económica asuma algunas respuestas inmediatas.
Una de ellas remite a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ya que es impensable desde la lógica hegemónica actual pensar en su eliminación, algo que estuvo incluido en varias demandas de las organizaciones que protagonizaron la protesta.
Otras respuestas que emanan del paro son de carácter más general y remiten a los precios y los salarios.
En materia de precios se anunciaron dos medidas en estos días. Una de ellas es la extensión de los precios cuidados de 194 productos a 302, con una actualización promedio del 3,2% en el paquete vigente, y el debut para 108 nuevos productos, que vienen con descuento, aun cuando incluyen el fuerte colchón de los aumentos procesados entre fines del año anterior y comienzos del presente. Otra alude a la quita de los subsidios de agua y gas, lo que significan facturas abultados para los usuarios residenciales, ya que las empresas, en aras de la desaceleración económica, se les mantiene el subsidio.
Queda claro que ambas tienen efectos diferenciados e impactan sobre la capacidad de consumo de los sectores de ingresos fijos, precisamente los más desfavorecidos y en buena parte protagonistas de la protesta social del 10 de abril.
Otras reivindicaciones son de mayor alcance y proponen un debate político en la sociedad, tal como la derogación de la legislación antiterrorista; las cuestiones de la seguridad, que involucra la precariedad y tercerización en el empleo, restringiendo seguridad social y previsional. Más para el debate son las consignas de libertad y democracia sindical, que supone discutir el modelo sindical imperante, sobre el que mucho se discutió en estas horas.
Quizá, valga mencionar que el dato más importante que trajo el paro es que aún a favor o en contra, por un tiempo, la agenda de discusión la pusieron los trabajadores.

Buenos Aires, 11 de abril de 2014

Motivos para el Paro del 10 de abril en Argentina

Se viene el Paro general del Jueves 10 de abril y muchos discuten su carácter político.

Es obvio, ya que se trata de una iniciativa sustentada en demandas sociales, sindicales, económicas y políticas de los trabajadores.

Queda claro que los espacios sociales, sindicales y políticos que adhieren a la propuesta gubernamental no aceptan ni motorizan la medida de fuerza, aún cuando las demandas atraviesan las necesidades del conjunto de los trabajadores.

Entre varios motivos para el PARO se privilegia una crítica al estilo impuesto en negociaciones paritarias condicionadas por la presión empresaria y gubernamental, identificada en cierres rápidos y a última hora con valores menores a la inflación real del 2013. Es una situación que no permite ajustes salariales que acompañen el encarecimiento del costo de vida por aumento de los precios; mucho menos si se proyecta anualmente la inflación entre enero y marzo del 2014. Vale mencionar además, que varios organizaciones sindicales estatales no tienen paritaria, o no participan de ellas por las condiciones discriminatorias del régimen legal para el reconocimiento de los sindicatos. En este sentido, pesa el reclamo por democracia y libertad sindical con proyectos presentados al debate en el Parlamento.

Ante el encarecimiento del costo de vida se sustenta en el PARO un Salario Mínimo Vital y Móvil de $9.000; al que se asocia el reclamo por la jubilación mínima y una actualización del 82% móvil. Vale recordar que el salario mínimo está en $3.600 y la jubilación mínima en $2.757, ambos valores muy lejos de satisfacer las necesidades de sus perceptores. Incluso, el salario promedio de la Argentina está muy lejos del mínimo necesario para reponer el gasto de energía física y mental del trabajador y su familia que supone la actividad laboral cotidiana.

Uno de los aspectos que más irrita a los trabajadores, por inconstitucional es ser sujetos de impuestos a las ganancias. Por definición el salario es la retribución al factor de la producción "trabajo", mientras que la retribución al capital es la ganancia. El reclamo es por eliminar del impuesto a las ganancias los ingresos salariales. Algunos sostienen esa concepción aunque admiten en la coyuntura una actualización del mínimo no imponible para defender el ingreso de los trabajadores y que los ajustes y actualizaciones de salarios no sean apropiados por el fisco. Son medidas que apuntan a una reforma impositiva que debe incluir la eliminación de las exenciones a las rentas financieras.

Las reivindicaciones son variadas e incluyen las actualizaciones y universalización de las asignaciones familiares; el aumento para jubilados de emergencia y el 82% móvil de los ingresos previsionales; la prohibición de suspensiones y despidos; contra la legislación de riesgos del trabajo y contra la precarización laboral y las tercerizaciones, lamentablemente generalizadas y que afectan a la mayoría de los trabajadores. Sobre 15 millones de población económicamente activa, la mitad tiene problemas por irregularidad en el empleo.

Existen demandas de corte más general y claramente políticas, como la lucha por la derogación de la legislación antiterrorista y la criminalización de la protesta social, mediante la cual 7.000 dirigentes sociales están procesados en el país. En ese marco se lucha por la libertad de los presos, especialmente a los trabajadores petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

El paro es expresión del descontento y más allá de quién lo convoca, facilita el agrupamiento de activos sociales militantes que intentan construir alternativa política. Diversos agrupamientos se suman con todas las consignas o algunas, y muchos incluso en forma individual, adhieren desde el descontento que suponen las políticas de ajuste derivadas de la devaluación, los recurrentes pagos de la deuda pública, el aumento de precios y tarifas, los recortes a las actualizaciones salariales.

Hay quienes prefieren la fidelidad política al proyecto del gobierno y rechazan las motivaciones del paro general. Es una opción de subordinación que los aleja del compromiso con las demandas y necesidades de los trabajadores. Es parte de la opción que se asume individual y colectivamente en el camino de la subordinación o la emancipación social.

Buenos Aires, 9 de abril del 2014

¿Quién financia al Estado?

La AFIP informó en estos días el crecimiento del 30,6% en la recaudación de marzo del 2014 respecto de misma fecha en 2013, totalizando un ingreso de 78.710 millones de pesos.
El porcentaje de incremento es un dato similar a la inflación presunta del año transcurrido, aunque no lo podemos corroborar por insuficiencia de información oficial y discontinuidad de los guarismos inflacionarios entre el pasado año y el presente, mediante metodologías diferenciadas utilizadas por el INDEC para el 2013 y el 2014.
El dato difundido por la AFIP remite por un lado a la confirmación de la desaceleración económica manifestada en el 3% de crecimiento del PBI para el 2013 y que confirma la previsión de la evolución del primer trimestre. Por otro lado, desnuda la regresividad tributaria asentada en tributos al consumo como el IVA y en la deformación de un impuesto a las ganancias que incluye a los salarios, cuyo mínimo no imponible no se ajusta por inflación, y que recurrentemente vuelve a la discusión sobre quién y cómo debe financiarse el Estado. Es una cuestión agravada con las exenciones del impuesto a las Ganancias y que involucra a las rentas derivadas de la actividad financiera y bursátil.
Vale mencionar que el tema es uno de los aspectos que explican el próximo paro nacional convocado para el jueves 10 de abril.
Los datos de la recaudación
Esa recaudación de la AFIP reconoce al IVA como el impuesto de máxima  percepción con 25.529 millones de pesos, un 39,1% más que un año antes.
A continuación aparece el registro de Ganancias con 14.939 millones, un 27,8% de incremento.
Entre ambos impuestos suman 40.468 millones, un 70% de los ingresos tributarios (sin seguridad social) y un 51% del total de entradas al ente recaudador (incluye la seguridad social).
Estos dos tributos constituyen la base del sistema impositivo con que se financia el Estado. Sumando a otros tributos, al endeudamiento público, más la venta de bienes del Estado (en su momento las privatizaciones), se completa la capacidad de financiar que asumen los Estados.
Por eso vale concentrar la atención en IVA y Ganancias, especialmente con la aceleración de precios en los últimos tiempos y la demanda sindical por actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y/o eliminarlo como se sostiene incluso desde una discusión doctrinaria sobre la juridicidad del régimen impositivo.
Con menor registro en la recaudación, aunque expresando un 30% de la recaudación impositiva, aparecen entre otros ingresos, los derechos de exportación, que sumaron en marzo unos 5.343 millones y 33,7% de crecimiento anual; y los de importación por 2.116 millones, con 28% más respecto de un año antes. Los relativos a débitos y créditos sumaron 5.259 millones, con 29,3% más sobre marzo 2013.
La AFIP computa también un ingreso por seguridad social de 20.880 millones de pesos, un 24,3% mayor. Son recursos que preferimos diferenciar de los tributarios propiamente dichos, ya que en buena parte tienen destino específico, especialmente para la previsión social, en gran parte retenidos a los propios trabajadores.
La coparticipación
Un tema adicional es como se distribuye esa recaudación entre la Nación y las provincias.
En la reforma constitucional de 1994 se otorgaron dos años de plazo para discutir la coparticipación federal de impuestos en la Argentina. Ya pasaron dos décadas y el tema no se resuelve.
Además, en ese lapso se transitó la gran recesión entre 1998 y 2002, con graves secuelas en materia de recaudación fiscal y atención de las necesidades de la población.
El resultado fue la crisis del 2001 y el deterioro de las condiciones de vida de la población, manifestado en 57% de pobres y más del 21% de desempleados, o la mitad de los trabajadores con problemas de empleo.
Si nos interrogamos sobre que cambió luego del 2001, nos encontraremos que no solo no se discutió la nueva coparticipación federal, sino que los cambios fiscales ocurridos favorecieron la recaudación centralizada en la Nación.
La consecuencia directa es que el record de recaudación ocurrido en estos últimos años engordó las cuentas nacionales dejando a las Provincias a merced de la voluntad y arbitrio del gobierno nacional.
Más que un debate sobre cómo distribuir los recursos fiscales, demorado por años, asistimos a una centralización de recursos del fisco, los que se subordinan a la lógica de poder definido por el gobierno nacional. Las Provincias quedaron subordinadas a la lógica clientelar que supone la gestión de acrecidos recursos que percibe la AFIP.
¿Existe alternativa?
Una lógica alternativa supone discutir qué tipo de país pretendemos y cuál es el Estado necesario, a todo nivel, municipal, provincial y nacional.
De ello se derivan los recursos necesarios, lo que nos lleva a discutir quién paga (¿de dónde se obtienen los recursos tributarios?) para superar el dato actual que encabezan impuestos directos que afectan seriamente a los sectores más empobrecidos, caso del IVA, o el impuesto a las ganancias, que en buena parte recae sobre los trabajadores, algo improcedente y anticonstitucional, ya que el salario es retribución de la fuerza laboral y no pago por la inversión de capitales.
Pero también significa discutir cómo se gasta, y en este caso, por lo menos tres temas; uno remite al personal necesario para satisfacer múltiples necesidades sociales; otro a las políticas territoriales de desarrollo que impone analizar qué ciudades, provincias o regiones priorizar al momento de asignar recursos públicos; finalmente pensar si deben privilegiarse los acreedores externos de la deuda pública o los acreedores internos por derechos constitucionales no satisfechos, especialmente salud o educación,
Es el debate que el sistema político en crisis desde hace tiempo, más allá de relativas recomposiciones y mayorías electorales o parlamentarias obtenidas transitoriamente, no formuló en 20 años (1994-2014) y que constituye parte de las asignaturas pendientes en la discusión contemporánea.

Mar del Plata, 5 de abril de 2014