La pandemia habilita el debate sobre el Estado y las políticas públicas


La economía está en debate en todo el mundo. Lo que preocupa es la recesión en curso y el paro forzoso de la producción, con un elevado porcentaje de población mundial en aislamiento. Las cuarentenas se mantienen y amplían, con mucha discusión sobre el impacto en la salud y en la economía.
Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.
Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.
La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.
Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.
Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.
Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.
Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.
La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19”[1].
El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.[2]
Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.
El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.
Recesión, impacto social y salida de la cuarentena
Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%[3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.
Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.
¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?
¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?
¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?
Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.
La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?
A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.
No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.
El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas  medidas preventivas.
Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.
Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.
Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.[4] Todos por encima  de la media.
De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.
El Estado y su intervención en la economía
En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.
Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.
El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.
Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.
Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.
Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.
Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.
¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?
Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.
No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.
En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.
No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).
Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.
Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.
Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.
El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.
La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.
Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.
El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.
Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.
La transición necesaria
En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.
La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.
Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.
¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.
Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.
Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.
Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.
Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.
Buenos Aires, 25 de abril de 2020


[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)
[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)
[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)
[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.

Qué la pandemia no agrave los sufrimientos populares


Antes de la pandemia por el coronavirus la situación de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, las/os regularizadas/os o las/os que no lo están, las/os activas/os y pasivas/os, era grave, en términos de ingresos y acceso a derechos. Es una característica de este tiempo del capitalismo y la ofensiva capitalista, neoliberal, construida desde la salida de la crisis de los setenta del siglo pasado, que se manifiesta en caída de los salarios e ingresos populares, flexibilización y precariedad laboral, con empobrecimiento ampliado de los de abajo. La tendencia, más allá de algunos intentos por contener los regresivos efectos sociales, en el país y en el mundo, confirma un retroceso en las condiciones de vida de la mayoría social por casi medio siglo, y con impacto negativo sobre la naturaleza, afectada por el extractivismo exacerbado y el saqueo de los bienes comunes.
Esa “normalidad” no nos satisfacía y no queremos a ella volver, sin embargo, la presencia del virus corona y agrava los efectos regresivos sobre la población empobrecida, incluso, afectando a sectores de ingresos medios y altos, que claman contra ciertas medidas preventivas de aislamiento. El tema es el cierre parcial, bastante extendido, de esferas de la producción y la circulación de bienes y servicios, con su impacto limitante en el acceso a la satisfacción de necesidades elementales. Volver a la normalidad es el reclamo que se instala en cierto “sentido común”. Nos parece interesante discutir el tema relativo a que “normalidad” es aquella a la que se pretende volver. Por ejemplo, en aras de la “normalidad” se negocian salarios a la baja para mantener empresas, afectando desde el 30 al 70% de los ingresos salariales previos a la pandemia. Es sin duda un ajuste, tal y como ocurre con el ascenso de los precios, especialmente de los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios que integran la canasta básica. Para el caso argentino, más allá del congelamiento de tarifas y combustibles, entre otras disposiciones para evitar subas de precios, la última medición del INDEC explicita una nueva escalada de una inflación que venía en retroceso desde diciembre 3,7%; enero 2,3%; febrero 2% y que escala en marzo con el 3,3%[1], incorporando nuevas incertidumbres sobre el futuro cercano.
La política pública asistencial en materia de alimentos y de ingresos monetarios intenta morigerar los efectos dramáticos sobre una mayoría empobrecida, que no puede resolver en la emergencia la reproducción de una cotidianeidad de subsistencia. Un tema adicional son los problemas logísticos del abastecimiento que no llega a todos los territorios, e incluso, se agrava con la evidencia de compras amañadas y sobreprecios. Por ello, no debe sorprender que ante las insatisfechas necesidades emerge la protesta e incluso la movilización pese al aislamiento, caso visible ante cesantías; pero también la solidaridad vía ollas populares, comedores en las barriadas y formas de asistencia comunitaria auto gestionada. La demanda por “resolver” estimula perspectivas críticas de desobediencia o movilización. En algunos casos, esta perspectiva es utilizada por el discurso de los sectores hegemónicos que inducen un fin apresurado de las medidas de prevención que involucran a la cuarentena. Es fuerte la presión empresaria para terminar con el aislamiento, que actúa sobre la realidad de necesidades insatisfechas en buena parte de la población empobrecida.
Por eso se necesitan medidas de política económica que vayan más allá de la emergencia y la subsistencia para empezar un camino de transformación en la producción y circulación de bienes y servicios. Una orientación hacia una nueva “normalidad”, diferenciada de la lógica de orden económico en que estábamos antes de la COVID19. Un punto de partida proviene de la cuarentena comunitaria, de esa parte de la población que no puede por condiciones objetivas cumplir con el aislamiento obligatorio. A estos sectores y espacios territoriales debe llegar asistencia financiera, material adecuado, incluso medidas y medios de seguridad sanitaria, formación y asistencia técnico profesional suficiente, que permita encaminar la producción material para el autoabastecimiento y la generación de producción social al entorno cercano, incluso más allá. Esa será la base de un plan más amplio que organice la producción y circulación de bienes y servicios hacia otra “normalidad” del orden económico social. Un plan que articule el saber popular con el profesional y que hoy recorre experiencias autogestionarias en todo el país.
¿De dónde saldrían los recursos?
La propia situación mundial está orientado el debate hacia inusitadas medidas, que en otro tiempo podían parecer imposibles. Los propios organismos internacionales están llamando la atención para flexibilizar restricciones fiscales o monetarios de los países ante la COVID19. Se demandan urgentes disposiciones relativas a la recomposición de la capacidad de atención de la salud pública y a una orientación estatal de la inversión en desarrollo científico y tecnológico relativo a la sanidad y a la emergencia. Más que achicar el déficit, las propuestas se orientan a relajar la contención del gasto público.
Es la caída de la producción mundial la que impone flexibilizar las restricciones a la emisión, que era y es norma sagrada entre los cultores de la corriente principal del pensamiento económico. Esta flexibilización de la política económica se verifica en los principales países del capitalismo mundial. Solo EEUU aprobó un paquete inicial de 8 billones de dólares más flexibilizaciones crediticias y subsidios. En el mismo sentido y en proporción relativa avanzaron Europa, Japón e incluso China. Se trata de una flexibilización relativa a contramano de una verdad sostenida por la ortodoxia monetarista, impuesta por la realidad del impacto económico y social de la situación de crisis.
No solo emisión, sino impuestos extraordinarios a los sectores más acomodados. La difusión de estudios sobre la desigualdad extendió el consenso para aplicar una tributación que achique la brecha de ingresos y riqueza. En Argentina empezó el debate, estando aún pendiente el alcance de los sujetos de la imposición y el monto a tributar, el que debe calibrarse en función de las necesidades de la emergencia y el plan de transformación productiva requerido y antes mencionado. Es obvio que los presuntos sujetos del impuesto despliegan una campaña crítica, intentando legitimar su papel de esenciales a la hora de definir el proceso productivo, invirtiendo la lógica teórica de que el capital es producto del trabajo humano.
La propuesta realizada a los tenedores de bonos de la deuda pública externa de legislación extranjera en estos días, habilita la discusión del uso de los recursos públicos, especialmente por los tres años de gracia en pagos de capital e intereses que promueve. Esta propuesta, como el re-perfilamiento de la deuda en divisas de legislación nacional, suspendiendo los pagos por este año abre un debate sobre el tema de la deuda. No es menor liberar recursos en la coyuntura, pero es evidente que no alcanza postergar un año los vencimientos de legislación nacional o tres años los de legislación extranjera. El problema subsiste, aun cuando se posterga un desenlace de inevitable default. Hay quienes sostienen que lo importante es el hecho de la suspensión temporaria, pero también habilita imaginarios que chocarán con la realidad de una impagable hipoteca sobre la economía y la sociedad en su conjunto.
Los anuncios del gobierno sobre unos 66.500 millones de dólares en manos de privados, un 20% del total de la deuda, acompañados por el arco diverso del oficialismo y gran parte de la oposición, especialmente los gobiernos provinciales, manifiesta la voluntad de pagar la deuda pública, aunque ahora aparece la novedad de quitas de intereses (62%) y capitales (5,4%) con tres años de gracia. Argentina ofrece canjear a tenedores privados de bonos, 21 títulos con vencimientos que llegan hasta el 2117. El canje será por 10 nuevos títulos, 5 nominados en dólares y otros 5 en euros, con tasas de interés en ascenso desde 0,5% para los primeros vencimientos en 2023, y una suba progresiva que llega a tasas del 4,875%. La propuesta supone pagos del capital en cuotas anuales desde el 2026 al 2047. Todo con tres años de gracia, 2020, 2021 y 2022. La propuesta está abierta por 20 días y resulta incierto el final de la negociación. No queda claro el qué y el cómo de la acumulación económica desde ahora hasta el 2023 para generar las condiciones de pagos en ese año y luego con intereses crecientes desde el 2025, los que se acompañaran de desembolsos de capital desde el 2026 y sucesivamente hasta el 2047.
Una verdadera hipoteca. Por eso, la suspensión de pagos que se demanda ante la situación mundial y local resultaría más efectivo, claro que supone un nivel de confrontación más decidido con la lógica de poder especulativo local y global. Argentina no puede pagar afirman desde el gobierno e incluso el FMI, por lo cual, los escasos recursos de reservas internacionales deben ser aplicados a la emergencia y a la transformación productiva que sugerimos. No alcanza con años de gracia sin modificar el marco de la organización económica de la sociedad.
En realidad, la voluntad de pago se expresó desde el comienzo de la nueva gestión con las negociaciones abiertas con el FMI, lo que supone el reconocimiento de lo actuado en la gestión previa, del mismo modo que se estableció un cronograma de ofertas de negociación a creedores privados. Por eso el aval parlamentario para disponer más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales dispuesto para cancelación de deuda en la “Ley de solidaridad” aprobada en diciembre pasado. Fue la primera medida para sustentar las emergencias ante el cambio de gobierno.
Sostenemos un financiamiento planificado que incluya emisión monetaria, utilización de las reservas internacionales, suspensión total de pagos de la deuda junto a una auditoria con participación popular, y una reforma tributaria a grandes fortunas para sustentar la emergencia y un plan de transformación económica. Una transformación del régimen y legislación financiero será también necesaria, con un conjunto de medidas relativas a la modificación sustancial del sistema de producción y circulación. Son definiciones que requieren de una acumulación de poder político que hoy necesita ser programa de una perspectiva de construcción de poder político para frenar las amenazas de mayor ajuste sobre la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, para pensar en el escenario futuro post pandemia. ¿Cómo queda la sociedad superada la emergencia en curso por el COVID19? ¿A qué orden económico social aspiramos? ¿Cuál normalidad motiva nuestra reflexión relativa al presente y al futuro? Son interrogantes que circulan más allá de la inmediatez por atender las urgencias de la reproducción de la cotidianeidad.
Buenos Aires, 19 de abril de 2020


[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), marzo 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf (consultado el 18/04/2020)

Los miserables que privilegian las ganancias


La presión mediática de antiguos y nuevos voceros del poder económico reclamando “flexibilizar” el aislamiento social preventivo y obligatorio, ante la pandemia del coronavirus, son los mismos que demandaban y demandan flexibilizar las relaciones laborales (eliminar derechos sociales y laborales) e incluso, más abiertamente, bajar la presión impositiva sobre el capital. Sostienen que el “capital” es la vanguardia del proceso productivo, porque es el que anticipa el dinero para la inversión y, en consecuencia, el capital es el que “da” trabajo. El discurso clama por salvar a los capitales que son los que pueden invertir y por ende, hacia allí debe dirigirse la política pública.
Todo es una falsedad absoluta de la realidad. Desde los fundadores de la escuela clásica de la Economía Política sabemos que el capital es “trabajo acumulado”, por lo tanto, es el “trabajo” el que genera la producción y el propio capital. No es el capital el que genera la riqueza, sino que es el trabajo el que genera la riqueza y al propio capital. El dinero por sí mismo no produce ganancia, aunque así aparece en el proceso financiero y en la especulación. El dinero del inversor solo produce ganancia y acumulación en tanto puede comprar la fuerza de trabajo y articularla, precisamente, en el proceso de trabajo con los medios de producción (edificios, maquinarias, herramientas, materiales, materias primas, etc.).
La relación de producción entre el inversor, propietario de los medios de producción, y las personas que venden, en el mercado, la fuerza de trabajo es la relación capital – trabajo, o relación de explotación que explica la dinámica de producción material y de ganancias en el capitalismo. No hay secreto, el enigma del capital es la necesaria reiteración de esa relación social de explotación. El capital necesita que se materialice cotidiana y reiteradamente el proceso de trabajo, que haya producción, si no, no hay plusvalía o la posibilidad de apropiar ganancias. Se trata de un proceso de producción y circulación, de relaciones económicas monetario mercantiles, que en su dinámica escamotea la subordinación del dinero a la relación capitalista de producción.
En rigor, el problema que se evidencia en estos tiempos de paro de la producción es que sin trabajo humano no hay posibilidad de producir ganancias y, por ende se obstaculiza la acumulación. Por eso es que los propietarios de medios de producción claman por la vuelta al trabajo y se preocupan por el impacto de la recesión. Dicen preocuparse por la vida cotidiana de la población, cuando lo que visualizan es la pérdida de sus ganancias e ingresos, y con ello la imposibilidad de la acumulación. La presión miserable apunta a levantar la cuarentena, que por ahora se extiende en Argentina hasta fines de abril y gana espacio como acción preventiva en todo el mundo, cuando ya superan los 100.000 fallecidos por coronavirus, o si se quiere por la desaprensión del desfinanciamiento de la salud pública.
La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia exige discutir más a fondo el orden económico y social capitalista que, deliberadamente, desfinanció la salud pública en aras de otros negocios, inservibles e improductivos para la sociedad, pero rentables para los inversores capitalistas, caso de la producción y circulación de armas, drogas o personas (trata).
Salud pública o negocios para el capital
Resulta urgente recrear condiciones de funcionamiento del sistema de salud pública, destruido en casi medio siglo de políticas “neoliberales”, que, privilegiando el mercado, la iniciativa privada, con el objetivo exclusivo de generar ganancias, permitieron la transformación de un “derecho” a la salud, en una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Un mercado que se maneja con moneda, con dinero.
La cuarentena tiene sentido preventivo en materia de salud, pero también para restaurar capacidad de atención sanitaria del sector público. La destrucción no es solo de la gestión anterior de Mauricio Macri, sino legado de la liberalización monetarista desde tiempos de la genocida dictadura de 1976. Salud y educación son entre otros derechos sociales, los afectados por la liberalización de la economía. Salvo excepciones limitadas, la constante de la organización socio económica, en este medio siglo, transcurrió con una orientación favorable a la acumulación privada.
Preocupa al poder económico la continuidad de la acción preventiva en materia de salud, por la recesión, por la caída de la producción. No les preocupa el empleo, ya que aun con prohibición de despidos, la norma pasa por las cesantías, las suspensiones o las reducciones del ingreso de trabajadoras y trabajadores ante la merma de la producción. Arguyen que venimos de dos años de recesión y que en este 2020 la caída podrá oscilar entre 3,5% y 4,5%. Más allá de la Argentina, la recesión es mundial. Kristalina Georgieva anticipa lo que será el informe de la perspectiva mundial que se difunde en la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial. La Directora Gerente del organismo anticipa lo que informará el documento[1]:
“Hace tan solo tres meses, esperábamos para 2020 un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros. Hoy, ese número ha dado un giro de 180º: ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año.”
Agrega a ese pronóstico el dato de la salida de capitales de países emergentes en su búsqueda de “seguridad” en los principales países del capitalismo mundial:
“En los últimos dos meses, han salido de los mercados emergentes aproximadamente USD 100.000 millones de inversiones de cartera, monto más de tres veces mayor que en el mismo período de la crisis financiera mundial.”
Ni siquiera China podrá morigerar la caída del presente año, ya que recién ahora comienza a normalizar el paro de la producción en las zonas de cierre económico sanitario preventivo, especialmente Wuhan y la provincia de Hubei.
Por su parte, la OIT señala[2]:
“El posible aumento del desempleo mundial durante 2020 dependerá de manera considerable de la evolución futura y de las medidas políticas que serán adoptadas. Existe un riesgo elevado de que para final de año la cifra será significativamente más alta que la previsión inicial de la OIT, de 25 millones de desempleados.”
Agrega:
“Más de cuatro de cada cinco personas (81 por ciento) de los 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo.”
El debate entre salud y economía, es falso, mezquino y miserable, que escamotea la discusión del qué hacer en la coyuntura y más allá en el tiempo para superar los problemas del presente.
¿Quién financia el receso obligado y cómo seguir?
Resulta saludable el debate abierto ahora en la Argentina sobre la imposición a las grandes fortunas, el 1% de la población local, sobre quienes debe recaer un aporte especial  para atender los gastos de la pandemia y el paro transitorio de la capacidad de producir.
Se requiere, además, para el largo plazo discutir el modelo productivo y de desarrollo, tanto como el sistema financiero y la inserción internacional del país. La situación de emergencia habilita esta discusión, evitada por años de oscurantismo y hegemonía desbordante de ideología y política neoliberal, forma manifiesta del desarrollo capitalista contemporáneo.
Pensar y construir más allá del capitalismo constituye un desafío para el pensamiento crítico y la práctica por la emancipación de los pueblos.
Buenos Aires, 11 de abril de 2020


[1] FMI. Afrontar la crisis: Prioridades para la economía mundial. Por Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. Washington, DC. 9 de abril de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser (consultada el 11 de abril de 2020)
[2] OIT. El COVID-19 causa pérdidas devastadoras de empleos y horas de trabajo, 07/04/2020, en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm (consultado el 11 de abril de 2020)

Cuarentena en peligro. ¿Salir de cualquier modo?


Argentina está bien conceptuada mundialmente por anticipar políticas de “aislamiento” de su población para prevenir el coronavirus, morigerando la curva de contagios. El argumento por la “vida y la salud pública” es criticado por el poder económico y sus comunicadores ante la parálisis de buena parte de la actividad económica y las dificultades que conlleva. Ese accionar de la crítica, mecanismo mediático propagandístico mediante, actúa sobre la realidad de una parte importante de la sociedad que desarrolla su actividad económica de manera “informal”, al contado, por fuera del sistema bancario, quien también presiona por el levantamiento, aun parcial de la cuarentena.
El episodio del viernes 3 de abril, con miles de beneficiarios de jubilaciones y AUH haciendo colas en las entidades financieras que abonan esos beneficios disparó una aceleración de la demanda por apresurar la salida de la cuarentena, aun parcialmente. Eran mayores rompiendo el aislamiento dispuesto, abrumados por sus necesidades cotidianas y sin acceso a ingresos en una organización económica que exige tener dinero para consumir y sobrevivir.
Levantar o flexibilizar la cuarentena es un debate interesante, que en general no discute el modelo productivo y de desarrollo. Por ejemplo: ¿la salida de la cuarentena supone discutir otra forma de atender la producción y el abastecimiento de alimentos? ¿Debe retomarse la forma mercantil subordinada a las grandes transnacionales de la alimentación y a los grandes centros comerciales para la distribución con destino al consumo? ¿Por dónde transitaría lo alternativo?
Debatir la banca
Este último interrogante supone incluso poner en discusión el papel de la banca, y no solo por el episodio de miles de personas, mayores de edad, sujetos vulnerables de la pandemia, expuestos a romper el aislamiento.
¿Por qué no pagan beneficios sociales y previsionales todos los bancos? ¿Por qué no utilizar el fondo gestionado por los bancos al servicio de financiar las necesidades actuales derivadas de la pandemia, incluso para modificar el modelo productivo y de desarrollo? Son muchos los emprendimientos sociales desplegados en los territorios de la pobreza en el país, con insuficiente capacidad de dinero para invertir en fuerza de trabajo y medios de producción, sean equipos, materiales, herramientas, materias primas.
Algunos sugieren la colocación de una LETRA del Banco Central, obligatoria para todas las entidades financieras, con rendimientos limitados para las entidades. Eso ya lo hizo Domingo Cavallo en los 90´, obligando a colocar deuda, incluso a la ANSES, todo lo cual cayó en el default del 2001; pero también se hizo “voluntariamente” en tiempos de Macri, ofreciendo esas letras con tasas de interés de más del 80% de rendimiento, caso de las Lebac, Leliq, etc. No hay novedad en el instrumento, sí en el para qué.  Ello supone utilizar una parte de la capacidad prestable de las entidades para aplicarlo a atender la pandemia, pero también para otra política económica, especialmente en la PRODUCCIÓN de bienes y servicios.
Otros proponen directamente la “nacionalización de los depósitos”, como en el primer gobierno peronista, o en el de 1973-76, de modo que el crédito se canaliza por redescuentos del BCRA según sea la orientación de la política económica, algo común en muchos países. Más aún, se sostiene la nacionalización de la banca, para terminar con la extranjerización de una historia que viene desde la aún vigente ley 21.526 de Entidades Financieras formulada y aplicada desde 1977, en Dictadura y con Martínez de Hoz ministro.
Incluso, se postula la socialización de la banca, para que en la gestión participe el Estado, las trabajadoras y los trabajadores de los bancos y el conjunto de la sociedad interesada en discutir la orientación del crédito para otro modelo productivo y de desarrollo.
Con la “cuarentena” venimos bien en materia de achatamiento de la curva de contagios y así debiéramos continuar, sabiendo que no toda la población puede hacer cuarentena, entonces, ¿qué hacer?
La realidad impone flexibilizar, pero no de cualquier manera. Se requiere planificación del Estado con participación popular, especialmente en los territorios de la pobreza acrecentada en décadas de hegemonía neoliberal, la Dictadura genocida y los 90´, apenas contrarrestada en pocos periodos por casi medio siglo desde 1975/6. No se debiera salir de la cuarentena de cualquier manera, ni atendiendo la demanda de ganancia de los sectores más concentrados de la economía local.
Como decimos, el sistema financiero es clave, especialmente la autoridad monetaria, el BCRA. Entre los activos más preciados del Banco Central están más de 44.000 millones de dólares, los que pueden, en parte, utilizarse para asegurar insumos externos para una lógica de producción que modifique la organización económica actual. Ello supone no utilizarlos, tal como ocurre en la actualidad, para cancelar préstamos del exterior o con destino a la fuga de capitales. Sino que, todas las divisas que pasen por el BCRA sean utilizables para el plan de transformación que esbozamos en estas líneas. No salir de cualquier manera de la cuarentena, sino de acuerdo a un plan con participación popular.
¿Qué normalidad?
Entre el 30 y el 40% de la población económicamente activa del país transita por la economía informal. Es parte de la demanda por salir del aislamiento y retomar la “normalidad”.
¿Puede generarse otro sentido de “normalidad” en el ámbito de la población que sufre la informalidad? No hay solución burocrática o tecnocrática al problema, se requiere un inmenso mecanismo de protagonismo y participación social, que incluya la experimentación de quienes ya desarrollan tareas productivas en emprendimientos de autogestión de la economía popular.
Han vuelto las ollas populares a las barriadas empobrecidas, las que pueden organizar encadenamientos productivos y de servicios, hacia atrás y hacia adelante, respecto de quienes proveen los alimentos y como ampliar la cadena de distribución. Son mecanismos para discutir el encarecimiento de los precios, incluso cierto desabastecimiento que se reconoce en estos tiempos irregulares.
Está claro que no alcanza con los controles actuales, debilitados con años de prescindencia del Estado en la gestión y control de los precios. Involucrar a la sociedad en la producción y distribución es un mejor y más efectivo mecanismo de confrontación a la fijación de precios por sectores con poder y, capacidad para aumentar precios. Insistamos que hay que acercar recursos económicos a los más necesitados sobre la base de una planificación con participación popular. La producción incluye a la salud, ya que hay que planificar la producción de infraestructura hospitalaria, los medicamentos y utensilios necesarios para la actividad; incluso los salarios e ingresos de trabajadoras/es de la salud.
Salir de la cuarentena supone discutir la inversión pública, en qué sectores y con qué fines. Un tema estratégico remite a la deuda pública externa, más cuando en esta semana se continuó con la cancelación, utilizando divisas que son escasas y necesarias para sustentar una política que atienda la gravedad del momento de pandemia, pero también imprescindible para superar el modelo productivo y de desarrollo, que nos permita salir, progresivamente, de la cuarentena. Y, no para retomar el rumbo de la normalidad de las ganancias, sino de otra normalidad, la de la satisfacción de las amplias necesidades sociales.
Buenos Aires, 4 de abril de 2020

La pandemia y Nuestramérica


A esta altura nadie duda del carácter global de la pandemia, si hasta los remisos gobiernos de EEUU o Brasil recomiendan ahora el aislamiento de la población, cuando hasta muy poco relativizaban el efecto del fenómeno coronavirus que preocupa a la humanidad. Hasta ahora son más de 45.000 las personas fallecidas y más de 900.000 las contagiadas, para una población mundial de 7.700 millones de personas.
La pandemia es una amenaza a la vida, agravada por las condiciones de funcionamiento de la sociedad capitalista, que exacerbó en las últimas cuatro décadas, políticas neoliberales mediante, la privatización de la salud y la mercantilización de derechos, caso de la salud o la educación, entre muchos. Es el resultado de la ofensiva del capital contra la vida, la fuerza de trabajo y la naturaleza, con importantes cambios en las relaciones sociales de producción, a favor del capital contra el trabajo, de aquel contra los bienes comunes e incluso contra la sociedad vía exacerbación de un innecesario consumismo.
Resulta inadecuado diferencias la pandemia del capitalismo, ni la opción por la salud, la vida, del proceso económico, que no es otra cosa que el sistema de relaciones sociales de producción capitalista. Por eso preocupa la realidad recesiva del sistema mundial y su manifestación en la periferia, sea Nuestramérica, Asia o África. La desaceleración económica de la última década es ya recesión creciente para el 2020, aun con la incertidumbre de la temporalidad de permanencia de la pandemia coronavirus.
Los pronósticos hablan de caída del producto mundial. Para la región latinoamericana y caribeña, la CEPAL[1] señala:
“El embate del Covid 19 nos encontró en mal momento. Para el mundo, el año pasado 2019 había registrado el peor desempeño de la última década (2,5% PIB). Para América Latina y el Caribe el desempeño era aún más dramático. Para encontrar crecimientos peores a los que la región registró en los pasados siete años, hay que remontarse siete décadas.
Hace solo pocos meses, y tras cerrar un 2019 con un pobre crecimiento regional de solo 0,1%, CEPAL estimaba que el 2020 vería un repunte tímido y que la tasa alcanzaría un alza de 1,3% del PIB. Hoy, una aproximación conservadora, con los datos que aún se van consolidando, nos dice que América Latina y el Caribe registrará para este año un crecimiento negativo de -1,8% con probables sesgos a la baja.”
La preocupación tiene que ir más allá de la coyuntura y permitirnos pensar en cómo afrontar los desafíos del presente y del futuro. Nuestro presente está amenazado por décadas de ofensiva del capital contra los derechos sociales, manifestados en los proyectos de reformas laborales y previsionales, pero también en una creciente contaminación ambiental que afecta nuestras vidas. Por eso el futuro demanda un programa de retorno a la lucha por los derechos sociales y a la vida, que involucra la defensa del planeta Tierra. Defender nuestros derechos de la ofensiva capitalista y del capitalismo es la impronta necesaria de este tiempo histórico.
Una buena noticia en nuestro tiempo deviene de la mayor expectativa de vida, ahora amenazada por el coronavirus, que ubica a los mayores como población de más riesgo. Es tiempo para defender la vida, las políticas de seguridad social que aseguren ingresos y calidad de vida a los mayores y al conjunto de la sociedad. Por eso es tiempo de terminar con el derroche del gasto militar y el privilegio a la ganancia y la acumulación capitalista. Es tiempo de mayor seguridad social y atención a los mayores, con jubilaciones y pensiones acorde a las necesidades históricas. Hay que terminar con la especulación y la hipoteca de las deudas públicas a manos de inversores especulativos, los fondos de inversión, que acumulan gigantescas masas de capital en todo el mundo.
Es tiempo para pensar en el día después de la pandemia. Una posibilidad será volver a la “normalidad” de los negocios y el orden capitalista, o se podrá cuestionar y pensar en caminos para la transición desde el capitalismo a una sociedad del vivir bien, el buen vivir, o más clásicamente, hacia el socialismo.
Al hablar de Nuestramérica bien vale dedicarle un párrafo a Cuba, que desde su “aislamiento” impuesto por un genocida bloqueo por medio siglo, no duda en ofrecer su solidaria cooperación internacional a quien lo solicite. Qué ejemplo en tiempos de aislamiento deliberado de nacionalismos que pretenden salvarse en soledad, sin pensar en una lógica de humanidad, concepto muy claro en la lógica de pensamiento y acción de la revolución cubana. Ante el desorden mundial de las sanciones unilaterales, este es un tiempo para pensar en acciones colectivas solidarias.
Buenos Aires, 1 de abril de 2020


[1] CEPAL. Hora Cero: Nuestra región de cara a la pandemia. Columna de opinión de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 31 DE MARZO DE 2020, en:   https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia (consultado el 01/04/2020)