En los últimos días son variadas las reuniones, formales e informales, de autoridades argentinas con funcionarios del FMI. Entre otras se destacan encuentros con Nicolás Eysaguirre, responsable del hemisferio occidental del organismo, presente en Buenos Aires en una reunión de corte académico y empresarial, y con Olivier Blanchard, responsable de estudios del Fondo, partícipe de las Jornadas cambiarias y monetarias que anualmente organiza el Banco Central de Argentina. Finalmente, en Londres, el ministro de Economía aprovechó la reunión de ministros de finanzas preparatoria para la próxima cumbre de Presidentes del Grupo de los 20 –en Pittsburg, EEUU– para enviar claras señales de normalización de las relaciones con el FMI. En esa ocasión hubo conversaciones con el titular del Fondo Dominique Strauss Kahn.
Fenómeno y esencia
Este es el fenómeno: Argentina se acerca al Fondo. ¿Es que alguna vez se retiró del organismo internacional? La verdad es que la Argentina nunca se retiró, aunque a fines del 2005 anunció la cancelación anticipada de la deuda por 9.500 millones de dólares que el país mantenía con el organismo, efectiva en enero de 2006, casi en simultáneo con una operación similar realizada por Brasil, del orden de los 15.000 millones de dólares. El default declarado por Argentina en la última semana del 2001 nunca incluyó las deudas con los organismos internacionales. Así, tanto el FMI, el Banco Mundial y el BID percibieron rigurosamente los pagos entre la cesación de diciembre del 2001 y la renegociación con canje de bonos de mayo del 2005. Nunca el país pagó tanto como en esos años, siendo esa la razón que puso de moda un nuevo verbo: desendeudar, curiosa forma de designar la voluntad y acto de pagar las deudas públicas con los acreedores externos, postergando una vez más la deuda interna con millones de personas con derechos sociales, económicos y culturales insatisfechos.
Hay que reconocer, sin embargo, que el discurso público era crítico contra el FMI y que se obstaculizaron las auditorías anuales que el Fondo realiza a sus Estados miembros. Entre 2006 y 2008 se deterioraron las relaciones entre el gobierno de la Argentina y el organismo. Es el tiempo de cambio del clima económico a escala mundial. Se pasó del crecimiento a la recesión mundial. En el 2007 estalló la crisis de las hipotecas, explotando la burbuja inmobiliaria y financiera, y en 2008 la debacle de importantes bancos estadounidenses, japoneses y europeos puso en evidencia la crisis financiera y de la industria tradicional en el capitalismo central. La crisis de la economía mundial era un dato de la realidad y hacia fines del 2008 y comienzos del 2009 empezó a hacerse evidente que en la Argentina y en la región latinoamericana también afectaba la situación. Uno de los temas por donde se sintió la crisis recesiva –desaceleración, en Argentina– fue en los ingresos públicos y en la capacidad de enfrentar los compromisos externos, especialmente para un país sin acceso al crédito internacional, salvo el solidario proveniente desde Venezuela en condiciones de mercado. Es decir, a tasas superiores al 15%.
Argentina no tiene quién la financie a tasas adecuadas en el mundo y para ello necesita retomar relaciones con el FMI: ese es el problema esencial. Actualmente se financia con recursos propios, donde el Estado es el financista de última instancia, vía ANSES, o superávit público (cada vez más reducido). El país quiere retornar al mercado internacional de crédito y el poder económico mundial le solicita que primero pase por el FMI, que acepte las auditorías correspondientes y que profundice su voluntad por desendeudar, es decir, pagar. ¿A quién? En primer lugar a los acreedores reunidos en el selecto Club de París. Son Estados capitalistas desarrollados con quienes se mantienen deudas impagas desde la dictadura cívico militar: unos 7.000 millones de dólares. Eso no es todo, porque existen inversores privados que no ingresaron al canje de deuda del 2005 por unos 20.000 millones de dólares, que con los intereses reclamados ascienden a unos 30.000 millones de dólares. No es poco lo que reclama el poder económico para normalizar la situación. Se trata de ofrecer un plan de pago y de someterse al dictamen del FMI que, a no dudar, reiterará su diagnóstico crítico y un paquete de medidas de ajuste: recetas ortodoxas ya aplicadas. El problema es que el gobierno de la Argentina pretende el camino inverso. Primero, acordar con el FMI y, luego, recorrer la senda de la negociación con holdouts (acreedores que no ingresaron al canje de 2005) y el Club de París. Al mismo tiempo solicita indulgencia del Fondo en la auditoria correspondiente y discreta difusión del dictamen, algo difícil de sostener ante la demanda por transparencia solicitada por el G20 al organismo internacional.
Mientras tanto, el gobierno continúa su política de desendeudamiento vía renegociaciones que suponen la recompra de bonos para aliviar los vencimientos en el corto plazo. Un detalle no menor es que buena parte de la deuda es con el Estado mismo y, por lo tanto, la renegociación es una política al interior del Estado. Son formas de diferir la solución integral del gran problema estructural que supone el endeudamiento.
Dinámica e historia de un vínculo
Estas relaciones entre Argentina y el FMI tienen su historia y dinámica, en el largo y el corto plazo. El país ingresa al FMI y hace uso de sus servicios en 1958, en plena época desarrollista, donde la apuesta estaba asentada en el papel de las inversiones externas para la profundización del desarrollo de la industrialización sustitutiva de segunda generación. Ya no sólo se trataba de industria liviana, sino que con la industria del automóvil se apuntaba a la evolución de la siderometalúrgica en gran escala para insertar a la Argentina en la división internacional de la época. Desde entonces fueron varias las crisis y las intervenciones del FMI para sugerir ajustes desde las políticas públicas, un fenómeno generalizado en tiempos de la dictadura, cuando la deuda pública argentina creció en forma deliberada, incluso con la estatización de la deuda privada en tiempos de Domingo Cavallo al frente del Banco Central.
El endeudamiento se transformó en el gran condicionante de la política económica del país y el FMI en el garante de los inversores internacionales, que ahora privilegiaban la forma líquida contra la materialización de activos físicos, predominantes en tiempos desarrollistas.
La historia de la penetración del capital externo entre 1958 y 2001 está asociada a los condicionantes establecidos por el FMI. La excepción pasa por dos cortos períodos: entre 1973 y 1975 bajo la gestión de José B. Gelbard en la tercera presidencia de Perón; entre fines del 1983 y mediados de 1985, la gestión de Bernardo Grinspun en la administración de Alfonsín. La norma de la dinámica de la relación está hegemonizada por la ortodoxia del ajuste estructural permanente, que en la década del ‘90 se transformó en estándar de política económica para la región latinoamericana bajo la denominación de Consenso de Washington (CW).
El CW suponía la aceptación del decálogo de medidas que apuntaban a la privatización, la apertura de la economía a la producción mundial y la disminución del gasto público social. El FMI fue el instrumento de transmisión de orientaciones de política económica a los gobiernos sujetos al paradigma neoliberal promovido desde el ideal del CW, que debe su nombre a la instalación en la ciudad estadounidense de los organismos del poder económico mundial: el propio gobierno de los EEUU y los organismos internacionales, principalmente el FMI. En los ‘90 la Argentina subordinó su estrategia a esas orientaciones; de allí las “relaciones carnales” defendidas por Guido Di Tella, el canciller de la gestión Menem. Observar el papel global del FMI, especialmente para la región, hace visible la responsabilidad del organismo en el despliegue de las sucesivas crisis de los ’80 y 90 –en México, Brasil y, finalmente, Argentina, tras su larga recesión iniciada en 1998.
Es curioso el reconocido diagnóstico crítico hacia el FMI por su responsabilidad en la gestión de la liberalización del sistema financiero y la promoción de la libre circulación del capital a escala global. Eso llevó al desprestigio del organismo pero, no obstante, en el último tiempo resurgió el fetiche. De la noche a la mañana, existe un reposicionamiento internacional del organismo. ¿A qué se debe?
La crisis mundial puso en evidencia los límites del orden capitalista en vigencia y desató la mayor intervención pública para el salvataje del sistema capitalista y sus emblemáticas empresas transnacionales. Junto a ellas se acudió al rescate de los organismos de promoción de políticas globales, entre ellos el FMI. La instancia que asumió dicha función fue el G20, que en abril del 2009 en Londres decidió rescatar al capitalismo de la crisis mundial con un fortalecimiento del Fondo, para lo cual le triplicó la capacidad de préstamos y favoreció una ampliación en su capacidad de emisión de Derechos Especiales de Giro, DEG. La Argentina es parte del G20 y resultaba una contradicción favorecer el resurgimiento de la entidad y mantener la relación de conflicto. El tránsito a la normalización de esas relaciones está en camino. Las regresivas consecuencias sociales son previsibles.
¿Cómo se procesa el debate por la distribución del ingreso en la Argentina?
La lucha de clases tiene múltiples manifestaciones y se expresa, entre otras, en los debates que emergen del múltiple “diálogo” propuesto por el gobierno nacional en el escenario posterior a las elecciones legislativas de medio tiempo a fines de junio del 2009.
Uno de los diálogos es apurado con gobernadores de provincia preocupados por apropiar parte de los recursos fiscales nacionales, con declinantes superávit fiscales, ante la crisis de la recaudación provincial. La demanda de los mandatarios provinciales hace explícita la lucha con la nación por fondos públicos. Es una discusión sobre la distribución federal de los ingresos del Estado, amén de la cuestión de la asignación de esos fondos, concientes de que más de la mitad del gasto provincial se aplica a sueldos.
En otro de esos diálogos se escucha la vos de los partidos políticos que reclaman para sí, para la “política”, la solución de los diferendos sociales, es decir la disputa por la apropiación de la renta nacional entre los distintos sectores sociales, una clara alusión a la escamoteada lucha de clases. El lugar sugerido es el Parlamento, especialmente luego de la merma de legisladores oficialistas, aún antes del recambio legislativo en diciembre del 2009.
Sin embargo, el tema parece resolverse en el definitorio diálogo con los sectores económicos y sociales mediados por el accionar gubernamental, tal como se evidencia en estos días en los acuerdos promovidos en el ámbito del Consejo del salario mínimo, la productividad y el empleo y en el diálogo del gobierno con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias en la previa de la inauguración de la Feria de la SRA de Palermo. Es un cónclave que preludia el mentado Consejo para el Diálogo Económico y Social, pensado hace tiempo y postergado varias veces en la búsquedas de consensos o clara hegemonía de los participantes.
Respecto del Consejo del salario mínimo, la productividad y el empleo, una vez más solo se consideró lo relativo al salario mínimo, elevado a 1500 pesos por mes en un cronograma que llega a finales del año, es decir en cómodas cuotas para avanzar progresivamente desde los 1240 pesos mensuales actuales. La CTA, como en ocasiones anteriores, no avaló el acuerdo empresarial y de la CGT alentado por el gobierno, motorizado en otras valoraciones sobre la falta de credibilidad en las estadísticas públicas y las necesidades sociales insatisfechas, pero también asentadas en la necesidad de discutir políticas universales más allá del ingreso salarial, tal como la asignación universal para menores o los ingresos previsionales para los mayores sin cobertura. Es cierto que el salario mínimo es el más elevado, en términos relativos, desde la recuperación de gobiernos constitucionales, aunque tiene el límite de la creciente informalización laboral. Sobre la productividad ganada y acumulada en años de crecimiento económico nada se discute. Todo terminó en las cuentas de ganancias de las empresas y forman parte de las crecientes remesas de utilidades al exterior que fundamentan, entre otras modalidades, la fuga de capitales, que en los últimos dos años equivalen a las reservas internacionales acumuladas. El debate sobre el empleo sigue siendo un ausente en el cónclave anual privilegiado por la alianza del sindicalismo tradicional, las agrupaciones de los empresarios concentrados y el gobierno.
El diálogo del gobierno con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias estuvo precedido por subsidios a la lechería. Se promovieron medidas para favorecer la exportación de carne y satisfacer demandas en materia de retenciones al trigo y al maíz, no a la soja, la gran reivindicación de los empresarios del campo. El gobierno difundió el otorgamiento de subsidios agrícolas por más de $21.000 millones de pesos en el último año, poniendo en evidencia la asignación de cuantiosos recursos públicos al sector empresarial primario. En realidad, lo que no se discute, más allá de algún argumento debatido marginalmente en los medios de comunicación, es el modelo productivo, especialmente en el agro, que tiende al monocultivo de un producto demandado por el mercado mundial. Un proceso que viene de la mano de una especialización local derivada de políticas económicas sustentadas en el auge neoliberal de los 90´, donde la Argentina promovió una inserción internacional altamente funcional a las demandas de los capitales de mayor dinámica en la acumulación de ganancias, riqueza y poder en el ámbito mundial: las empresas alimentarias, de biotecnología, mineras y de apropiación de recursos naturales en general.
El Consejo del salario mínimo intentaba ser un preámbulo del Consejo para el Diálogo Económico Social, instituto en formación al que la Mesa de Enlace aún no se involucra en un claro juego de lucha por la hegemonía política en la conducción del proceso económico nacional, es decir, en la acumulación de capitales en la Argentina. Se trata de una disputa a dos bandas, con el gobierno por un lado, y con otros sectores del empresariado por el otro. Está claro que el conflicto político del 2008 se mantiene en pie y condiciona el funcionamiento político de la economía. Es una cuestión de hegemonía en el capitalismo realmente existente en el país, y claro, todo en el marco de los estrechamientos que supone la crisis de la economía mundial.
Hipótesis de superación de la crisis
La realidad es que la crisis de la economía mundial se hace sentir y habilita una disputa por la renta nacional, donde cada quién tiene su pronóstico y propuestas para evitar el mayor costo posible. Desde el Ministerio de Economía (Reportaje a Roberto Feletti en Página 12 del domingo 2 de agosto) se sostienen pronósticos positivos sobre el futuro mediato. Se dice que mejorará la exportación de producción argentina por crecimiento de la demanda de China con la argumentación de que el país asiático está más concentrado en el desarrollo de su mercado interno que en la estrategia anterior de fomento a sus exportaciones. El crecimiento chino no será tanto por su inserción exportadora en el mundo, sino por su insatisfecho e inmenso mercado interno. El argumento se completa con la recuperación de Brasil para facilitar las exportaciones argentinas a ese país.
Se esgrime la tesis de que China y Brasil demandarán más de Argentina y eso favorecerá la recuperación en nuestro país desde el último tramo del 2009 y se consolidará hacia mediados del 2010. Es un diagnóstico que ratifica la apuesta a una recuperación del nivel de actividad derivado de la inserción internacional en la oferta privilegiada de recursos primarios. También suponen una expectativa de mejora en las inversiones mediante la promoción de una banca de desarrollo o fomento, ya anunciada por el Ministro de Economía, Amado Bodou, aunque demorada en su concreción inmediata.
En la ecuación macroeconómica PBI= C+I+X-M (Producto es igual a Consumo + Inversión + Exportaciones – Importaciones) puede leerse que la propuesta es crecer por el lado de las Inversiones (I) y por Exportaciones (X). En materia de Consumo (C) todo se concentra en el estimulo al gasto público sostenido en el superávit fiscal. El problema señalado por el vice ministro son los vencimientos externos, ya resueltos para el 2009, según afirma, y se confirma con la cancelación de 2.250 millones de dólares del vencimiento de uno de los cupones anuales del BODEN 2012 el 3 de agosto del 2009. Se da por descontada la cobertura para afrontar los pagos en el 2010, y avanzar en arreglar con el club de París (unos 7.000 millones de dólares); con los acreedores que no entraron al Canje de la deuda pública en cesación de pagos en el 2005 (unos 28.000 millones de dólares); y regresar al mercado voluntario de crédito con la emisión de nuevos títulos públicos, en una confesión sobre el condicionante estructural del endeudamiento externo. Se asumen los problemas de la fuga de capitales en la desconfianza por la crisis internacional; los giros de las transnacionales al exterior y las compras de divisas de los inversores locales.
Son expectativas alimentadas con cierto optimismo derivado de algunas informaciones que provienen del centro de la crisis. En esta semana se dieron a conocer los datos de la economía de EEUU del segundo trimestre del 2009 con una reducción del PBI del 1% y se corrigieron a la baja datos previos sobre la evolución del producto de la potencia norteamericana, destacando que la recesión empezó a comienzos del 2008 y no en el segundo semestre como se pensaba hasta ahora (www.bea.gov). Los pronósticos son alentadores según el gobierno de Barack Obama, pero sobresale la precaución por la tendencia insuficiente al consumo, que explica dos tercios del PBI estadounidense y pese a la fortísima contribución estatal en subsidios y en la reducción de impuestos personales. El tema de principal preocupación en EEUU lo constituye el desempleo, que alcanza al 9,5% y podría superar el 10% a corto plazo. A mediados del 2007 apenas se registraba un 6%, y desde entonces no cesan las cesantías laborales que alimentan el efecto pobreza y de temor que incide en el sentido común y reducción de la propensión al consumo y la inversión de la población estadounidense.
El desempleo creciente es el diagnóstico más común en los organismos internacionales, y especialmente CEPAL, que recientemente (informe de la Secretaria General del 17/7/09) considera que este año 2009 podrían sumarse entre 3 y 4 millones de nuevos desocupados en la región latinoamericana y caribeña. Todo dicho en el marco de una expectativa favorable para evolución de la economía en la región en la perspectiva de mediano plazo hacia el próximo año. Son informaciones que alientan pronósticos positivos sobre la evolución de la economía mundial y que no incluyen mensajes similares en materia de empleo e ingresos. Son formas en que la lucha de clases se manifiesta también en el discurso profesional especializado. Queda claro que “mejorar” es para las ganancias y los objetivos de los capitales, por encima de la preocupante cuestión social.
“Hay un proceso de extranjerización en la economía argentina”
Leé el artículo publicado en el blog del programa radial PRIMERA MANO y escuchá la nota haciendo click acá.
Elecciones legislativas del 2009. ¿Fin de ciclo? ¿Qué oportunidades políticas se habilitan?
Hay “momentos de vida intensamente colectiva”[1] en la historia de los pueblos que definen rumbos o abren perspectivas diferenciadas para el derrotero de un país. 
Entre los primeros (definen rumbos) se encuentran los momentos constituyentes, tales como 1810, 1816, 1853, 1880[2] entre los más emblemáticos del Siglo XIX, en los cuales podemos encontrar las claves de la construcción del Estado capitalista y la consolidación de una clase dirigente para darle rumbo a la formación de la sociedad capitalista argentina en la división internacional del trabajo de época.
Entre los segundos (abren perspectivas) debemos indagar en los intersticios temporales de esas fechas la lucha entre fracciones políticas e intereses económicos para definir caminos alternativos de organización económica social para la sociedad. Remitimos a los distintos proyectos en disputa en cada uno de esos momentos constituyentes. Es una hipótesis para analizar en la historiografía argentina entre 1880 y la actualidad, entre los momentos “constituyentes” de época y los procesos de lucha de clases previos y posteriores a la consolidación de un orden social y sus ciclos económicos y políticos.
Pretendemos inscribir estas reflexiones considerando al proceso electoral como un “momento de vida intensamente colectivo” en el cual se procesan diferentes iniciativa y proyectos, incluso más allá de los resultados, porque existen fenómenos menos visibles que pueden proyectarse en el corto y mediano plazo como parte de una acumulación de contrapoder y emancipación. El acto electoral significó una movilización social que pone en tensión los distintos intereses en pugna, para consolidar y constituir el país neoliberal o para luchar por la emancipación social.
En este sentido, hemos insistido en anteriores escritos que el 2001 constituyó el cierre del ciclo que habilitó la reestructuración regresiva del capitalismo en Argentina desde 1975/6 hasta la rebelión popular. Desde entonces se habilitó la construcción de un nuevo tiempo en el marco de expectativas y luchas entre las clases dominantes y las subalternas, pero también entre fracciones del poder económico y diferentes construcciones de representación política que actúan sobre los restos de otrora fuertes identidades políticas de raigambre popular en el Siglo XX: el radicalismo y el peronismo. El comentario también se hace extensivo a las clases subalternas y la fragmentación de sus luchas y organizaciones sociales y políticas, como de los intentos de construir representaciones políticas electorales y de construcción de poder en la vida cotidiana.
Las elecciones legislativas del 28 de junio del 2009 deben inscribirse dentro del ciclo en disputa habilitado por la pueblada del 2001. Lo que está en discusión es la constitución de un bloque en el poder que defina la época de nuestro presente histórico.
Lecturas sobre el 28 de junio
Apuntamos entonces a señalar que las elecciones legislativas de medio tiempo en junio de 2009 y su resultado son expresión de un momento de acción política colectiva que apunta al cierre de un ciclo político y que reabre otro con características propias. Es un momento de la disputa por constituir un orden que consolide los cambios estructurales promovidos por las políticas de cuño neoliberal, o que habilite cambios políticos profundos, en sintonía con otros procesos en curso en la región latinoamericana y caribeña.
¿Cuál ciclo se cierra? Aquel que se inició en 2002/03 con la emergencia del kirchnerismo para instalar la normalidad en el capitalismo local. Una normalidad que había sido obstaculizada por la rebelión popular del 2001 y toda la acumulación de fuerza popular construida en la resistencia a las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal. Es un ciclo que incluye la fractura de las representaciones políticas tradicionales. Recordemos que el peronismo se presenta en tres formulas a las elecciones del 2003 y lo propio ocurre con el radicalismo y su diáspora, expresando el fenómeno de crisis de los partidos tradicionales. Es una situación que involucra al conjunto de las representaciones políticas. Pero, más allá de lo superestructural (institucional), se pretendió construir una alianza entre empresarios y trabajadores que diera sustento social a un proyecto de mediano y largo alcance, privilegiando en ese sentido a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Confederación General del Trabajo (CGT). Pese a algunos guiños hacia sectores pequeños y medianos de la economía y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el núcleo de la alianza para la reconstrucción del capitalismo nacional estaba en la articulación de la UIA y la CGT. En ese sentido se privilegiaba la expresión “modelo productivo” para definir la orientación principal de la política económica en el periodo.
¿Cuál ciclo se reabre? Aquel que en la rebelión popular puso de manifiesto la crisis política en la Argentina, que incluye a la derecha, a la izquierda y al centro. Las elecciones recientes pueden considerarse como el lanzamiento de una interna para definir las próximas candidaturas presidenciales. Hay que registrar que la derecha tiene dificultades para instalar una representación política adecuada a los cambios estructurales promovidos bajo la hegemonía de las políticas neoliberales. Es un tema abierto y son variadas las ofertas que emergen en el periodo 2001-2009 y que nuevamente se pondrán en juego hacia el 2011. La reflexión es valida y extensiva para la izquierda, desafiada a construir poder popular y representación bajo las nuevas condiciones de reestructuración social derivadas de la precariedad laboral, el creciente desempleo en el largo periodo de la regresión neoliberal y que incluye los impactos subjetivos desmovilizadores y desorganizadores entre las clases subalternas, principalmente entre los trabajadores. El análisis debe incluir a variadas manifestaciones moderadas, o variantes centristas de “lo posible” cuyos tímidos avances y propuestas políticas culminan en fracasos gubernamentales que hipotecan buena parte del programa y las aspiraciones de transformación social para habilitar “salidas” por derecha. Claro ejemplo de ello puede estudiarse para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el traspaso de la gestión de Ibarra a Macri y es la hipótesis que supone la derecha para la renovación presidencial del 2011. Con el fracaso del posibilismo en el gobierno se malversan iniciativas, propuestas y reivindicaciones sostenidas por el movimiento popular que se deterioran junto al desgaste de los gobiernos.
Pero cuando decimos que se reabre un ciclo con características propias, aludimos a la distancia que presenta la situación política actual con relación a la que se manifestaba en torno del 2001, con movilizaciones y organizaciones diversas en el movimiento popular, más allá de la fragmentación e imposibilidad (luego demostrada) de construir alternativa política. La situación actual presenta procesos de búsquedas y articulación de experiencias que transitaron caminos propios de construcción de alternativa política, algunos de los cuales avanzaron con autonomía del Estado, y otros bajo la orientación o en alianza con los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007). Son dinámicas con temporalidades diferenciadas, ya que algunos movimientos o partidos se sumaron al comienzo del proceso, desertando algunos en el camino por variadas razones, y otros, definieron su alianza o incorporación al proyecto oficial sobre el final del ciclo.
El fenómeno del kirchnerismo atravesó la organicidad del movimiento popular, en el sentido de fracturar políticamente, e incluso orgánicamente, organizaciones sociales y políticas, generando un debate donde la línea divisoria parecía pasar por el apoyo o la crítica al gobierno. Se desviaba así el eje entre la construcción de un proyecto liberador alternativo al programa del capital.
Otra de las especificidades del momento deviene de la mutación de una crisis económica con radicación, esencialmente local en 2001, a otra de afectación mundial desde el 2007, muy profunda y que aún no encuentra el piso para una recesión con graves impactos sociales en los sectores más vulnerables. La desaceleración de la economía Argentina es una realidad y si la tasa de crecimiento entre 2003 y 2008 reconoce índices promedio del 8,5% acumulativo anual, resulta una incógnita pronosticar el indicador del 2009, oscilando en valores del 3 al 4 % según las autoridades y negativa del 1,5% para el FMI, ó 3% marcado por The Economist de comienzos de mayo. El ciclo político construido entre 2003 y 2008 tuvo el marco del crecimiento de la economía mundial y una política económica local de inserción virtuosa en la demanda mundial, principalmente de alimentos. La salida a la crisis del 2001 encontró una situación internacional propicia para encarar la disputa del consenso social al proyecto de gobierno. En la actualidad se avizora un ciclo de recesión e inflación de la economía mundial que condiciona las políticas nacionales, no solo de Argentina.
Está claro que el principal impacto de la crisis golpea a las clases subalternas, con desempleo, informalidad, precarización laboral, carestía de la vida y mantenimiento de vastos sectores fuera del mercado de trabajo. Pero también es cierto que el tema golpea la elevada tasa de ganancia del capital más concentrado y la gigantesca masa de ganancia lograda en el ciclo de ascenso de la economía. Esas dificultades para la acumulación devienen en cierres de empresas, temporarios o totales; suspensiones, rotaciones, o cesantías del personal; y toda forma de defensa de la rentabilidad del capital por encima del mantenimiento de la fuerza laboral, aún con enormes subsidios gubernamentales para evitar perdida de empleo.
En la reapertura de la crisis de la política y de la economía capitalista local y global es que deben buscarse las causas del fin de ciclo kirchnerista.
Renta agraria, conflicto y comienzo del fin
Pocos imaginaban este escenario a comienzo del 2008, luego de la prueba superada de la elección presidencial en octubre del 2007, con duplicación de votos respecto del 2003 para la fuerza gubernamental, y una crisis de la economía mundial iniciada para agosto del 2007 y que parecía no afectar seriamente las condiciones de funcionamiento de la economía local. La enorme acumulación de ganancias actuaba todavía como colchón de seguridad para el capital, hasta la evidencia de la crisis con desaceleración y eventual recesión que empezó a pronosticarse luego en el 2008 ante la continuidad y agravamiento de los problemas en el capitalismo desarrollado.
Además, el Estado había acumulado con su política fiscal, monetaria, comercial y financiera unos sólidos fundamentos económicos para el standard internacional y regional, sumando a ello el aislamiento relativo argentino respecto de la burbuja financiera internacional en crisis. Esto era producto de la cesación de pagos del 2001 y la renegociación inconclusa del 2005 con airados reclamos de acreedores desconformes entre inversores particulares (holdout) por unos 20.000 millones de dólares y acreedores gubernamentales (Club de París) por casi 7.000 millones de dólares que excluían al país del mercado de crédito mundial, salvo la cooperación brindada por el gobierno de Venezuela.
En esas condiciones y con el último estertor de la suba de precios de los comodities durante el primer semestre del 2008 se habilitó la disputa por la renta del suelo entre distintas franjas del capital y el estado capitalista. Solo en ese marco de conflictividad el gobierno fue modificando su discurso para fundamentar un propósito de redistribución progresiva del ingreso que no se había verificado en el ciclo anterior de crecimiento, tal como lo señalan recientes estudios universitarios[3].
A esos reclamos de la burguesía agraria se incorporaron luego las demandas de la gran burguesía industrial ante la evidente caída de las ventas producto de una desaceleración que restringía el mercado interno, y claramente se expresaba en la tendencia a la disminución de las importaciones industriales, lo que curiosamente elevó el saldo comercial por unas exportaciones motorizadas nuevamente, ya en el 2009, por el alza de los precios internacionales de los alimentos. El bloque de poder económico que había sostenido el ciclo político inaugurado por Rodríguez Saá con el default, y Duhalde con la devaluación, entró en crisis ante las dificultades para la valorización de sus capitales y puede sintetizarse en la demanda por nuevas devaluaciones para mejorar la competitividad de la producción local.
La burguesía hegemónica en tiempos de bonanza de la convertibilidad había cerrado filas en el plan de Menem y Cavallo para abandonar luego esas lealtades políticas ante la recesión prolongada entre 1998 y 2002. La reanimación del ciclo de negocios fue preparada por el default temporario, que liberó recursos públicos por un tiempo importante, incluso hasta el presente; y por la devaluación que otorgó funcionalidad a la previa inversión de capital fijo para la producción favorecida por el dólar barato de la década anterior. Las clases dominantes no dudaron en apostar al nuevo ciclo de relanzamiento de la economía local y hasta se pensó en la recreación del mito de un país productivo sostenido en la alianza política entre burgueses y trabajadores.
Como muy bien demuestra el trabajo de la CTA sobre la presencia del capital externo en la cúpula empresaria de la Argentina entre 1997 y 2007[4], la burguesía hegemónica está compuesta mayoritariamente por el capital externo en el marco de la transnacionalización creciente de la economía mundial. Situación que no es ajena en la estructura de la propiedad capitalista local. Esa burguesía ya no tiene interés “nacional” más que el que le permite apropiar una parte de la ganancia global por sus operaciones en territorio argentino, o aquellas facilitadas por las alianzas interestatales del gobierno local. Para ser más claro remito a Techint, considerada en su momento parte del bloque económico progubernamental y que expandió sus negocios, entre otros lugares en América Latina, favorecido por un clima de sintonía entre gobiernos críticos al neoliberalismo en la primera década del Siglo XXI. Alianza que se sostuvo en la práctica hasta las estatizaciones venezolanas que afectaron al grupo de la familia Rocca y donde la empresa presionó para lograr que “su estado nacional” actúe como negociador de los intereses propios. La cúpula empresaria se mostró solidaria con el grupo Techint y reabrió la discusión, temporalmente escamoteada, entre lo público y lo privado como forma de organización económica. El tema se coló en la campaña electoral mostrando las fisuras entre los sectores más concentrados del poder económico y el gobierno.
Fueron manifestaciones que expresaban el fin del consenso de las clases dominantes al gobierno. Es un proceso desarrollado en un año y que habilitó una búsqueda de nuevo comando a la administración del ciclo económico y político. Ese es el marco estructural para el adelantamiento de las elecciones de octubre a junio. Se planteó como una carrera para limitar la perdida del consenso político al gobierno.
Atrás había quedado la ilusión de la reconstrucción del capitalismo nacional formulada en los comienzos de la gestión en mayo del 2003 y el instrumento político pensado para ese emprendimiento, la transversalidad, que tanto entusiasmó a sectores afirmados en la necesidad de habilitar un nuevo proyecto político superador de la crisis de los partidos tradicionales del sistema, el radicalismo y el peronismo. Pero también quedó en el recuerdo la adecuación de la propuesta a la concertación con los disidentes radicales ante la fractura política del gobierno con la defección del vicepresidente en julio del 2008. Las propuestas de renovación de la política se cerraron con la búsqueda de consenso y disputa política desde el Partido Justicialista y su burocracia, más allá de alianzas electorales que simulan transversalidad o concertaciones políticas de último momento. Esa es la situación y el momento de las candidaturas testimoniales, para poner toda la carne en el asador, especialmente en el mayor distrito electoral, la Provincia de Buenos Aires.
Campaña electoral y resultados
La hipótesis de campaña para el gobierno suponía el triunfo holgado en la Provincia de Buenos Aires, en otros distritos a priori favorables (p.e Santa Cruz, San Juan, Tucumán, entre otros) y generar suficiente colecta de votos para constituirse en primera minoría nacional y tratar de contrarrestar un serio revés en los grandes distritos (Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza) y en grandes ciudades que ya habían manifestado voluntad contraria en 2007 (Mar del Plata, Bahía Blanca). Eran objetivos que debían expresarse en el mantenimiento de los controles parlamentarios para emerger como principal fuerza política de cara a la renovación presidencial del 2011.
El propósito apenas se cumplió parcialmente instalando una sensación de derrota puesta de manifiesto luego en la renuncia de Kirchner a la presidencia del PJ. Un tema a considerar fue el papel de los medios de comunicación, a esta altura verdaderos pulpos económicos que inciden en la manipulación del consenso social. Los medios jugaron por derecha y con importantes recursos instalaron a De Narváez, pese a la escasez de propuestas concretas o programa de gestión. En rigor, muy pocos privilegiaron un mensaje con contenidos para la disputa electoral. Desde el oficialismo se habló de defender lo realizado y avanzar en las asignaturas pendientes, las que no aparecían con claridad. Desde Solanas hacia la izquierda se insistía en propuestas que remiten a la concepción ideológica de cada una de las listas.
El gobierno subestimó la disidencia en el peronismo y la alianza política gestada por estos con los hijos dilectos del menemismo, Mauricio Macri, Carlos Reuteman y Francisco De Narváez, incluso desconsiderando los vínculos estructurales del macrismo con el peronismo porteño en el gobierno desde los tiempos en que le disputaba el gobierno a Ibarra en el 2003. El peronismo y la derecha pueden sobrevivir sin la conjunción “y”, algo de lo que la década del 90´ da cuenta en forma evidente, del mismo modo que lo refleja la actual administración gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires. Claro que no toda la derecha se asocia al peronismo y menos el sentimiento popular peronista se puede vincular a la derecha. Esta aseveración es la causa, entre otras, de la “sorpresa” capitalina expresada en el importante voto a Pino Solanas y el Proyecto Sur, que capturó votos propios y descontentos de diferentes propuestas políticas, principalmente de la tradición peronista y de izquierda.
Desde el kirchnerismo se intentó confrontar con un discurso que remitía a la existencia de dos proyectos en campaña. El gobierno defendía un modelo productivo y señalaba que la oposición por derecha representaba la vuelta al pasado, la especulación y liberalización privatizadora de los 90´. Es difícil coincidir con el diagnóstico, puesto que la derecha se montaba en el descontento de los sectores productivos hegemónicos en el agro y la industria, sosteniendo así un modelo productivo funcional a la gran empresa, en materia de acumulación y dominación. Con ese espíritu es que las clases dominantes convocaron a referentes de los sectores productivos para disputar cargos parlamentarios, evitando las mediaciones de otros tiempos. En el balance electoral que hacen sectores agrarios, protagonistas del conflicto con el gobierno, destacan los cargos obtenidos con independencia del agrupamiento político mediante el cual compitieron para obtener el cargo legislativo correspondiente.
El discurso sobre los dos modelos no encontró acompañamiento en el sentido común de los votantes. Es un tema que no penetró en vastas capas de la población. Las capas medias urbanas habían sido parte de los beneficiados del modelo económico del periodo de crecimiento 2003 y 2008 y sin embargo rechazaban el liderazgo de esa política. Buena parte del sustento social a la crítica al gobierno estaba asentada en el descontento de esas capas sociales en todo el país. Sectores hegemónicos del agro y la industria demandaban devaluación y restricción a la demanda de los trabajadores para mantener sus ganancias. No estaba en discusión el modelo productivo, sino quien lo administraba con mejor capacidad de limitar los reclamos de las clases subalternas. Era el intento del poder económico y de vastos sectores medios que fueron funcionales a ese propósito.
Los candidatos oficiales criticaban también a la oposición de izquierda, por utópica o testimonial, concluyendo que votar esas opciones suponía hacer el juego a la derecha. El discurso aún antes de las elecciones profería que a la izquierda del gobierno nada había, solo la pared. Fue contrarrestado por la votación del 24% a Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires. Solanas empezó disputando el tercer lugar con el candidato del oficialismo nacional (11%), para culminar segundo y desplazando al tercer lugar con el 19% a una de las opciones de derecha (Carrió) asociada al poder eclesial local. Algo interesante para destacar en la ciudad capital es que el oficialismo porteño perdió 13 puntos respecto de los votos obtenidos en 2007 (44%) para colectar en 2009 el 31%, aunque es cierto que aquellas fueron para elegir cargos ejecutivos y estas legislativos. Si bien ello alcanzó para obtener el primer lugar para el macrismo, podemos afirmar que se trata de una clara demostración de una voluntad social por cambios que verifican la potencialidad de la izquierda con capacidad de articular movimiento popular. Al mismo tiempo rechaza calificativos fáciles que acusan al electorado porteño con orientación a la derecha del arco político.
El resultado en la ciudad de Buenos Aires pone en discusión la tesis de avance de la derecha en la ciudad. Lo novedoso viene por izquierda, máxime si se analiza la inclusión de varios legisladores locales y nacionales provenientes de la CTA, lo que agiganta el desafío para articular conflictividad social y laboral con representación institucional. No puede entenderse la votación a Solanas desvinculada de la presencia de la CTA de la ciudad y de la zona metropolitana en variados conflictos con resonancia pública de diversa índole, por la educación, la salud, el transporte y la vivienda; por la libertad sindical y la universalización de las políticas públicas; por los derechos de los trabajadores jubilados, las minorías sexuales, los derechos de la mujer y la infancia, especialmente contra la pobreza; pero especialmente en la defensa del INDEC para la obtención de datos fiables para una mejor comprensión de la realidad. En el Cuadro I puede percibirse el detalle de la votación, los porcentajes y la cantidad de Diputados electos. Puede presumirse a futuro una estrategia articulada del arco político vinculado a Solanas y a Heller para pensar en disputar el gobierno de la ciudad en el 2011 y contribuir en la constitución de convergencias metropolitanas y nacionales que habiliten un proyecto en el sentido de cambio político que recorre la nueva realidad en nuestra América. En el Cuadro II se debe destacar el importante nivel de ausentismo y el bajo peso del voto blanco, nulo o impugnado.
La propuesta del oficialismo perdió su principal apuesta en la Provincia de Buenos Aires, aunque colectó una buena cantidad de votos, el 32%. Con el resultado final de las elecciones se instaló una referencia política, Francisco De Narváez, con posibilidad de disputarle la gobernación al Kirchnerismo en el 2011 con el 34% obtenido por la alianza del PRO (derecha macrista) y los peronistas disidentes, cuyo dirigente más visible es Felipe Solá, ex gobernador en tiempos de la presidencia de Kirchner, es decir, un ex aliado y compañero en épocas de transversalidad en el discurso. La elección bonaerense habilitó la continuidad del radicalismo en alianza con la diáspora radical y los seguidores del vicepresidente, colocados en un tercer lugar con el 21%; pero más importante aún por la potencia de movimiento político en construcción pasa por el 6% obtenido por el Nuevo Encuentro que logra la diputación por Martín Sabatella (ex intendente de Morón) y Graciela Iturraspe que incluía entre sus aliados a fuerzas políticas de gravitación en la CTA, en la APYME, el movimiento cooperativo, territorial, vecinal; sectores del socialismo, el Partido Comunista provincial y otros sectores en una experiencia novedosa de pluralidad política y movimientismo con voluntad de articular proyecto con otros distritos. La experiencia del Nuevo Encuentro sintetiza una experiencia de gestión en el municipio de Morón con la práctica de movilización y organización popular de la CTA y parte de la izquierda política provincial.
Quizá deba consignarse la capacidad de recreación que mantienen los partidos tradicionales más allá de la crisis de la política que venimos mencionando. El dato es que en muchos distritos se procesó una interna dentro del peronismo. Vale mencionar que detrás de la lista de Unión PRO estaba la voluntad del ex presidente Eduardo Duhalde. El otro dato a considerar es la sobrevivencia del Partido Radical en su articulación panradical que les permite ubicarse como segunda fuerza parlamentaria y con disposición para disputar el 2011. El bipartidismo en crisis apuesta a su renovación bajo nuevas denominaciones para la construcción de una representación política hegemónica para el capitalismo local bajo las nuevas condiciones de la acumulación del capital.
Los datos de la Provincia de Buenos Aires pueden leerse en el Cuadro III, donde sobresale la capacidad del macrismo para articular una política metropolitana con perspectiva de disputar representación política nacional hacia la renovación presidencial en el 2011. La concentración poblacional en la provincia, de trabajadores y pobres, de pequeños y medianos productores y empresarios constituirá un desafío al bloque legislativo con pretensión de articular un proyecto popular y de izquierda. Igual que en la Ciudad de Buenos Aires, en el Cuadro IV puede percibirse el elevado ausentismo y la escasa importancia de los votos blancos, nulos e impugnados.
Similar a la derrota bonaerense ocurrió con la derrota en Santa Cruz, el distrito originario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que aún con escasa población y por ende representación política en el conjunto, ocupa un lugar referencial en el plano simbólico del escenario de derrota oficialista. Si bien perdieron por poco, pues la primera fuerza obtuvo el 42%, la opción oficialista colectó el 41% relegado al segundo lugar, lo que representa un profundo significado negativo en el imaginario colectivo. En definitiva, el resultado final es la resignación de una veintena de legisladores y la mayoría en el Senado, comprometiendo las mayorías legislativas que se construyeron en el ciclo que termina. Aún manteniendo la primera minoría, el sentido del voto es de castigo a la administración gubernamental. La estrategia adoptada fue la de plebiscitar la gestión y el resultado fue crítico, aunque el gobierno mantiene un tercio de la voluntad electoral nacional. Desde los sectores hegemónicos y la derecha se busca sustituir la administración para una gestión más confiable y afín a las necesidades del capital en tiempos de crisis de la economía mundial. Para los sectores populares y la izquierda (en sentido plural) se castigó el posibilismo y se demanda una mayor radicalización de las propuestas que acerquen a la Argentina al ciclo de cambios políticos más radicalizados en nuestra América.
Lo que viene
Se habilita entonces un nuevo tiempo político sobre la base de una renovada crisis de la política, con oportunidades para estabilizar una hegemonía capitalista, por derecha, pero también para conformar una propuesta política de carácter popular y más asociada a los procesos de radicalización que avanzan en la región, con los 50 años de socialismo en Cuba y las experiencias venezolana, boliviana y ecuatoriana. A estas se suman otros procesos en la región que generan expectativas de cambios, y que en conjunto pueden definir propuestas de carácter anticapitalista y por otro orden social. Argentina puede ser parte de ese proceso si en la izquierda y el movimiento popular se hace una adecuada lectura del pronunciamiento del 28 de junio pasado. Ello supone consolidar lo logrado y articular en un bloque político con todos los sectores con voluntad de avanzar en cambios profundos.
Vale considerar que se ha abierto la campaña electoral para la renovación presidencial y hay varios postulantes, algunos candidatos ganadores en estas elecciones (Reutemann) y otros que sin disputar en esta ocasión, sus espacios políticos acumularon fuerza (Cobos, Binner, entre otros). Se habilita ahora una disputa a procesar en más de dos años hasta la renovación presidencial en el 2011. Es un tiempo que se llenará de tensiones al interior de los partidos políticos en crisis e incluso en el conjunto de las representaciones sociales. Una gran incógnita será el papel del sindicalismo tradicional y en particular el camino a seguir por la presidente y el ex presidente.
Pero la vida cotidiana no es solo el ámbito institucional y las elecciones. La conflictividad está presente ante el agravamiento de la crisis y el posible giro con concesiones al poder económico, en previsible errada lectura de hacer lo posible ante un corrimiento electoral por derecha. La verdad es que el voto capitalino demuestra que existe variación en la apuesta política, tanto con la reducción de votantes del macrismo, como por la incorporación de un bloque de diputados en potencia de articular un espacio alternativo con legisladores de otros distritos para disputar a la derecha porteña el gobierno del 2011, como la instalación de una agenda en el Parlamento que contacte con las demandas del movimiento popular.
El resultado electoral, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, demuestra que es posible enfrentar a la derecha y que para ello no hace falta resignar discurso y propuestas. Existe respuesta en la sociedad para una propuesta en defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la condena al hambre y la distribución del ingreso y la riqueza; el rechazo al cumplimiento de las demandas de los acreedores externos y la discusión sobre el modelo productivo y el patrón de consumo. Se puede defender un proceso de nacionalizaciones con participación popular en la toma de decisiones. Es la oportunidad para continuar con ese nivel de propuesta en la construcción de iniciativas como la Constituyente Social, con protagonismo popular en el debate sobre el país o ciudad que tenemos y pretendemos. Se trata nada más y nada menos que disputar la construcción de poder popular.
Buenos Aires, Julio de 2009
[1] Antonio Gramsci titula su texto “Momentos de vida intensamente colectiva y unitaria en el desarrollo nacional del pueblo italiano” (página 174). En El Risorgimento, traducción y notas de Guillermo David, editorial Las Cuarenta, 2008, Buenos Aires
[2] Entre la revolución de mayo de 1810 y la federalización de la Argentina en 1880 se constituye el Estado Nacional contemporáneo y se define a la oligarquía terrateniente como clase dominante para la construcción de un capitalismo insertado en el sistema mundial hegemonizado por Inglaterra.
[3] Javier Lindemboin y otros, en Documentos de Trabajo del CEPED. En http://www.econ.uba.ar/www/institutos/economia/Ceped/publicaciones.htm
[4] Claudio Lozano y otros, en Informe sobre las transformaciones en la cúpula empresaria, mayo del 2009, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
La OIT, el desempleo y las políticas anticrisis
En la reunión de la OIT en Ginebra se discute sobre la crisis y el empleo. Tres presidentes hicieron oír sus voces este lunes 15 de junio. Sarkozy sustentó la necesidad que la OIT pueda tener su palabra ante la OMC, el FMI y el Banco Mundial, al promover la participación del organismo en el G20 para defender la obligatoriedad de aplicación de la regulación necesaria para defender el empleo. Todo al tiempo que se estimula la flexibilización laboral y se deroga la disminución de la jornada de trabajo. El premier francés se pronunció en defensa de la regulación y por la aplicación de la tasa Tobin contra la especulación. Resulta curioso escuchar al líder de la derecha francesa hablar de “regulaciones” cuando su plataforma electoral y su accionar de gobierno son por la liberalización de la economía.
A su turno Lula cuestionó que las instituciones financieras internacionales no tengan recetas para superar la crisis económica mundial, cuando abundaban en recetas ante las crisis variadas en el sur del mundo. Es una manifestación crítica al FMI y al Banco Mundial, al mismo tiempo que Brasil sustentó el programa de apoyo al Fondo aprobado por el G20 en Londres a comienzos de abril. En esa ocasión se triplicó la capacidad de préstamos del organismo internacional desde los 250 mil millones a los 750.000 millones de dólares, simultáneo con una capitalización de la entidad. Para cumplir con el objetivo de fortalecimiento de la institución internacional hegemonizada desde Washington, el gobierno brasileño anunció su contribución con un préstamo por 10.000 millones de dólares al FMI y que éste reorientará a países en dificultades. China comprometió 50.000 millones de dólares y Rusia 10.000 millones de dólares. En total, la entidad debe recolectar 500.000 millones para hacer realidad la política definida por el G20.
La presidenta argentina Cristina Fernández sostuvo que “es necesario que el capital y el trabajo vuelvan a ser los ejes centrales” de una política anticrisis y defendió la utilización de los fondos previsionales para sostener el nivel de actividad y el empleo ante una situación de crisis como la actual. Lo curioso es que la relación entre el capital y el trabajo también impregna a las finanzas e incluso la especulación. Como ya se demostró hace más de 150 años, la fuente de las ganancias, sean beneficios empresariales, intereses, o rentas diversas que remuneren al factor capital o naturaleza provienen de la plusvalía, o sea de la explotación de los trabajadores por los capitalistas, sean industriales, del sector agropecuario, financiero, comercial o bajo cualquiera de las formas que asume la relación capitalista.
Todos los jefes de gobierno defendieron el ingreso de la OIT en el G20 junto al Fondo y al Banco Mundial como forma de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la organización tendientes a aminorar el impacto de la crisis sobre el empleo. El problema es que la crisis mundial se descarga ya sobre los trabajadores. La OIT señala que serán hasta 59 millones los nuevos trabajadores desocupados en el mundo durante el presente año. Una tendencia que también se verifica en la región latinoamericana tal como destaca un informe conjunto de la OIT y la Cepal. Dicho informe relata que más de un millón de personas han perdido su trabajo en América Latina debido a la crisis global al cierre del primer trimestre de este año, lo que hace presumir una cifra de unos tres a cuatro millones para todo el 2009. El documento destaca que el desempleo podría subir hasta el 9,1% este año en la región.
El escrito señala que el desempleo crece en casi todos los países de la región, mientras que por el contrario se registran aumentos del empleo en Argentina, Uruguay y Venezuela. Para el caso argentino se habla de “estimación”, en una velada crítica asociada a la baja credibilidad de la información provista por el INDEC. Aún así, el propio INDEC[1] da cuenta con preocupación de las tendencias en curso. Los datos recientemente informados por el INDEC señalan que el desempleo alcanza al 8,4% en el primer trimestre del 2009, valor similar al que se registraba un año atrás. Lo que si creció en el mismo lapso es el subempleo, pasando del 8,2% al 9,1%.
La tasa de desempleo dejó de bajar en el último trimestre del 2008 y comenzó a trepar en el primer trimestre del 2009. El tema es delicado para algunas regiones, destacándose la rica zona pampeana, donde se registran los máximos retrocesos en la comparación del primer trimestre del 2008 respecto de igual periodo en 2009. El Gran Rosario, importante zona industrial del país que pasó del 8,3% al 10,8% y la zona San Nicolás-Villa Constitución pasó del 7,7% al 8,9%. No resulta ajena a dicha situación la crisis de la industria automotriz y del complejo siderometalúrgico proveedor de insumos de la industria en su conjunto. El Gran Santa Fe pasó de 9,1% a 11,9% y el Gran Paraná pasó de 4,5% a 8,6%. La economía regional del litoral está afectada por la desaceleración de la producción agropecuaria asociada a la sequía y la conflictividad entre el sector y el gobierno.
La tasa de subempleo dejó de bajar a fines del 2007 y empezó a crecer en forma preocupante desde el 2008, especialmente en las zonas más pobladas y con desarrollo industrial. Es parte del fenómeno no resuelto de la informalidad y precariedad del empleo. Se destaca en los registros del INDEC la suba del desempleo en las zonas de más riqueza y concentración poblacional, como en el Gran Córdoba que pasa del 7,8% al 11,4%; en el Gran La Plata de 8,6% al 11%; el Gran Rosario de 6,8% a 8,3%; la zona San Nicolás-Villa Constitución pasó de 4,3% al 6,4%; y el Gran Paraná de 4,4% a 7,7%.
Es un tema para la preocupación, pues tras cinco años de crecimiento importante de la economía con escasa capacidad para distribuir progresivamente el mismo en el conjunto de la población, la desaceleración en curso con perspectiva de recesión se descarga nuevamente sobre los de abajo. Es lo que indican los datos del INDEC, más allá de la credibilidad en sus mediciones. La sensación puede ser mayor, pero aún “dibujadas” las estadísticas, ellas dan cuenta de un fenómeno reiterado: la crisis la pagan los trabajadores.
[1] Datos consultados al 14 de junio de 2009 en el sitio en Internet del INDEC: www.indec.mecon.gov.ar
Techint o la histeria de la derecha
Columna de análisis emitida el domingo 31 de mayo de 2009 en el programa Hipótesis, LT8 Radio Rosario, Argentina.
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Venezuela nacionaliza empresas metalúrgicas
Columna de análisis económico emitida el domingo 24 de mayo de 2009, en el programa Hipótesis, LT8 Radio Rosario, Argentina.
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