La inflación de febrero alcanzó al 3,8%, para
sumar 6,8% durante los dos primeros meses del año y proyectarse en torno al 30%
en todo 2019. El rubro alimentos está a la cabeza con 5,7% para febrero,
sumando 9,3 en dos meses. La inflación anualizada alcanzó al 51,3% y los
alimentos lo hicieron al 58,3%.[1]
Hemos sostenido varias veces que los pobres son
los que sufren la inflación, ya que la mayoría de sus ingresos se destinan a la
alimentación y sustento cotidiano de la familia. La conclusión se valida con
estos datos de los incrementos de precios, especialmente de los alimentos, los
que, juntos a la suba de las tarifas de los servicios públicos privatizados,
dolarizados y extranjerizados, evidencian a los perjudicados directos de la
situación económica actual.
La inflación es un mecanismo de transferencia
de ingresos hacia el poder económico concentrado. Es un mecanismo de
apropiación de plusvalía generada por el trabajo social. Parte de esa plusvalía
se transfiere como intereses de la deuda pública, o como renta derivada de
inversiones especulativas, lo que incluye la fuga de capitales.
Como si fuera poco, ahora el FMI autorizó a
vender hasta fin de año en el mercado de cambios unos 9.600 millones de dólares
de los desembolsos del organismo internacional.
Así, el crédito del FMI es funcional a la fuga
de capitales, en el camino de los 29.000 millones de dólares cedidos a la
especulación y la fuga en tiempos de Sturzenegger y Caputo al frente del BCRA en
el 2018. Después, se critica los planes sociales, ínfimos al lado de estas
cifras millonaria en dólares.
Para combatir la suba de precios, el gobierno
de Macri acude a la receta monetarista, consistente en disminuir la cantidad de
pesos en circulación y por eso, junto al déficit primario cero se compromete a
un programa monetario durísimo de no emisión durante todo el año.
Así, vía emisión de títulos, el gobierno retira
de la circulación todos los pesos posibles y con ello acrecienta peligrosamente
el endeudamiento público. Las Leliq, Letras de liquidez que emite el BCRA, ya
suman más de 1 billón de pesos (un millón de millones), el equivalente de unos
25.000 millones de dólares a 41 pesos por dólar.[2]
Esas Letras onerosas, son préstamos asumidos
por el BCRA para retirar pesos de circulación y pagan una tasa de interés
promedio del 63,3%. Es un costo gigantesco que asume toda la sociedad en
beneficio de los tenedores de esos títulos: los bancos.
Con ese nivel de tasa de interés, cualquier
traslado al mercado de crédito constituye una usura, especialmente para los
sectores de menores ingresos, empresarios o público en general.
Estos sectores de menores ingresos son los que
financian los vencimientos de sus tarjetas de crédito o compran en cuotas con
tasas elevadísimas que aplican los comercios para favorecer las ventas. Ni
hablar del crédito productivo obstruido por este costo financiero.
No solo el país califica en riesgo con 750
puntos, sino que la familia argentina es la que está en default, como señala la
campaña de la CTA Autónoma denominada “yo no llego”.
Todo parece encaminado a frenar la cotización
del dólar, una variable considerada estratégica de cara a las elecciones de
octubre.
Se imaginan en el gobierno que retirando pesos de
circulación caerá la demanda de divisas, obviando que las grandes oscilaciones
de la cotización están asociadas a movimientos especulativos de inversores
externos y locales, los que ante la incertidumbre del resultado electoral ya
empezaron a cambiar sus activos en pesos por otros en dólares.
Dolarización y lucha
de clases
El camino de la dolarización está en curso y lo
que existe es la lógica de la máxima ganancia en funcionamiento, que requiere
domesticar cultural y socialmente a la mayoría trabajadora de la sociedad para
asumir las nuevas condiciones de vida en la Argentina, muy lejos de estándares
de amplia cobertura de necesidades con derechos sociales conquistados en otros
tiempos.
Convengamos que eso es lo que pretende el
capital mundial en la actualidad, sin distinción de fronteras. Solo puede
existir el matiz derivado de la fortaleza del movimiento obrero y popular en la
resistencia al objetivo de la ofensiva capitalista.
Es quizá, una de los problemas que puede
mostrar la Argentina a inversores ávidos de ganancias, más allá de los triunfos
electorales de la derecha en 2015 y 2017 e incluso de cualquier resultado en
octubre próximo.
Además de ganar elecciones, las derechas tienen
que limitar y/o eliminar el conflicto social, algo difícil en la Argentina, aun
con los límites para encarar iniciativas de protesta en profundidad, caso de un
Paro Nacional en las condiciones de agresión actual a trabajadores y
trabajadoras.
La histórica acumulación de poder popular es la
que hasta ahora impide se avance en la reaccionaria reforma laboral con la
consecuente pérdida de derechos sindicales, sociales e individuales, objetivo
principal de la dominación capitalista en el país. Es consecuencia de las
particulares condiciones de la lucha de clases en la Argentina
El monetarismo ortodoxo, aun cuando lo propagandean
los “libertarios”, muestra su fracaso para frenar la inflación, que sigue
profundizando la regresiva consecuencia de la distribución del ingreso, con
aumentos de alimentos y tarifas que los empobrecidos no pueden pagar. Se trata
de una cuestión de poder y cuenta con apoyo del FMI.
Por eso, el interrogante es si la errónea
estrategia del diagnóstico y la propuesta monetarista, que considera a la
inflación como un problema monetario, les habilita el camino de la reelección.
Hasta hace poco no había dudas en el poder
sobre un segundo periodo de gobierno de Mauricio Macri, pero con la permanencia
de elevados índices inflacionarios y aguda recesión con fuerte incidencia en la
producción, el comercio y el empleo, las dudas crecen y con ellas las potencialidades
de nuevas postulaciones en la disputa electoral.
Hasta el poder tiene Plan B, que puede incluir
candidaturas de crítico discurso al gobierno, aun cuando asumirán gestionar el
condicionante fuerte del acuerdo con el FMI, por lo que no extraña que, aunque
el FMI apuesta fuerte por Macri y le facilita recursos para su estrategia
antiinflacionaria, al mismo tiempo señala que continuará con su brega por el
ajuste y la reestructuración reaccionaria gane quien gane en las elecciones de
fin de año.
Como siempre hemos sostenido, no solo es
cuestión de elecciones, sino de la respuesta generada desde la sociedad y el
movimiento popular, no solo para resistir la ofensiva monetarista, sino para
instalar otra propuesta de discusión que supere la encerrona del debate actual
entre tasas y dólar.
En todo caso, lo que se requiere es considerar
otras posibilidades de organización de la economía, con el acento colocado en
horizontes de satisfacción de amplias necesidades sociales, más aún cuando
crece el desempleo y el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad.
Buenos Aires, 15 de marzo
de 2019
[1] INDEC. Índice de Precios al
Consumidor (IPC). En: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_03_19.pdf (consultado el 15/3/2019)
[2] BCRA. Informe diario de
pases y LELIQS. En: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/Infopases.pdf
(consultado el 15/3/2019)
