Dos miradas sobre la situación en Argentina


El lunes 25 de junio está convocado un Paro Nacional por la CGT y acompañado por las dos CTAs, más organizaciones sociales y populares diversas.
La medida recoge la tradición histórica de lucha del movimiento obrero y popular local para expresar desde la dinámica del conflicto el descontento ante la realidad socio-económica. Esta se manifiesta, entre otras cuestiones, en el crecimiento del desempleo, la reducción del consumo popular y las expectativas negativas por el mayor endeudamiento y la perspectiva de ajuste que supone el acuerdo con el FMI.
Desde otro enfoque, por su parte, el gobierno de Mauricio Macri y el poder económico local y mundial destacan la satisfacción por la aprobación del acuerdo de asistencia del FMI, y en simultáneo, la calificación de “mercado emergente” para la Argentina resuelta en estos días por Morgan Stanley Capital International, MSCI.
Se trata de una calificación, un índice, otorgada por un proveedor de índices e informaciones para inversores internacionales, caso principal de los bancos de inversiones estadounidenses. La banca J. P. Morgan es el organizador inicial del índice, ampliado con la absorción de empresas de información económica en estos últimos años.
La decisión de MCSI está en clara asociación y sintonía con los intereses hegemónicos del sistema financiero mundial, el FMI y la especulación que identifica el rumbo criminal del capitalismo contemporáneo.
Datos para el descontento
Informa el INDEC para el I° trimestre del 2018 un crecimiento del desempleo al 9,1%, con trabajadores ocupados demandantes de empleo por el 15,3% y sub-ocupados demandantes de empleo por 6,8%.
Son todos valores superiores a los registrados en el trimestre anterior y que por lógica no incluyen aún el impacto de la crisis cambiaria de mayo y junio.
La situación se agrava si consideramos que un 29,9% de la población económicamente activa (PEA), o sea, en edad de trabajar, “presiona sobre el mercado de trabajo” según informa el INDEC.
Además, un 35% de los trabajadores se encuentra en situación irregular, sin seguridad social.
Son datos que reflejan la situación de trabajadoras y trabajadores, agravada en las zonas de mayor concentración de población y pobreza, caso del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba o el Gran Rosario.
Al mismo tiempo explica la caída del consumo popular, situación agravada con la perspectiva inflacionaria del 2018, que según relata el acuerdo con el FMI podría llegar al 32%, muy lejos de las actualizaciones negociadas en paritarias, aun las más exitosas.
Por su parte, el comercio internacional profundiza el saldo negativo y confirma la dependencia argentina del ingreso de capitales.
Según el INDEC, entre enero y mayo el déficit comercial alcanza los 4.691 millones de dólares, contra 1.866 millones del mismo periodo en 2017.
Si el déficit externo del 2017 alcanzó los 8.400  millones de dólares, bien puede proyectarse un valor entre 11.000 y 12.000 millones para el 2017, lo que evidencia la necesidad de financiar ese saldo negativo.
La situación es más compleja aun si consideramos que las tasas de interés ofrecidas esta semana para la renovación de las Letras del Banco Central, las LEBAC, alcanzó el 47%, agudizando el carácter usurario del crédito, lo que impide cualquier horizonte de repunte de la actividad económica vía préstamos.
FMI y MSCI
Todo se concentra en la capacidad de captar inversores externos.
Allí radica la satisfacción del gobierno local y el poder económico por el ingreso del primer tramo del acuerdo FMI por 50.000 millones de dólares a desembolsar hasta el 2021.
Por ahora, ya ingresaron al país 15.000 millones de dólares, los que acrecientan las reservas internacionales, ahora por encima de los 62.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo que ingresa el primer desembolso del FMI, MSCI devuelve a la Argentina la categoría de mercado emergente que fuera perdida en 2009.
La expectativa es el ingreso de divisas para inversiones productivas y/o especulativas.
Claro que MSCI señala que se mantendrá la calificación siempre y cuando se mantenga el rumbo económico y no se presenten restricciones al movimiento internacional de capitales.
Es una clara alusión de respaldo político al sentido de las medidas de ajuste que intenta el macrismo y aliados en el gobierno y una advertencia si crece la crítica y el descontento social ante el rumbo del ajuste.
Resulta evidente la apuesta del poder mundial expresada en el Directorio del FMI con el gobierno de la Argentina, con capacidad de sostener financiera e ideológicamente la política de ajuste y reestructuración regresiva.
En el ámbito local, el Gobierno Macri avanzó en modificaciones del elenco ministerial para buscar nuevos argumentos en la disputa del consenso social, alejando a responsables visibilizados por sus resultados regresivos en el tarifazo (Aranguren) y la promoción de las importaciones (Cabrera).
Con los nuevos ministros busca recomponer imagen y consenso y con Caputo en el BCRA tienta a los banqueros globales y al FMI a dirigir cotidianamente la política monetaria y financiera.
Dos miradas
Todo lo mencionado constituye dos miradas sobre la realidad.
Una es la del poder local y mundial para afirmar el rumbo reaccionario de la política y la economía en el país.
Otra se manifiesta en creciente descontento y aliento a la conflictividad para evidenciar la necesidad de un rumbo que modifique la ecuación de beneficiarios y perjudicados.
En el horizonte aparece la renovación de la gestión presidencial del 2019, que hasta hace muy poco parecía inducir una segura reelección de la gestión Macri y que ahora, de cara a la situación en curso y el descontento que se organiza en protesta puede augurar una disputa con resultados imprevisibles.
Un problema no menor apunta a desentrañar el tipo de cambio político y económico necesario, que no se agota en el cambio de gestión del mismo rumbo, sino en la perspectiva de construcción de una alternativa que incluye la confrontación con el orden capitalista.
La sola mención de la cuestión anticapitalista remite a profundos debates en curso en el movimiento social e intelectual en el país y más allá.
No se trata solo de una cuestión coyuntural, sino estratégica en el ámbito mundial.
Buenos Aires, 23 de junio de 2018

Cambios en la gestión económica para acelerar ajuste y cumplir con el FMI


Una nueva corrida cambiaria llevó la cotización del dólar a $28,80, lo que supone un traslado, aún parcial, a precios de la economía, perjudicando a la mayoría social de menores ingresos. Nadie puede asegurar que ese sea el techo de la cotización, que en este año acumula una depreciación del 50%. La contracara es la satisfacción de grandes exportadores agrarios, mineros e industriales que obtienen más pesos por sus ventas al exterior;  operadores de turismo del exterior, que imaginan mayores contingentes de visitantes al país, tanto como de aquellos inversores especulativos asociados a operaciones de compra y venta de las divisas.
Todo ocurrió en el marco de cambios en la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri. La movida supone la fusión del Ministerio de Hacienda y el de Finanzas bajo la dirección de Nicolás Dujovne, hace poco designado coordinador de las áreas económicas del Gobierno Nacional y representante en la negociación con el FMI para el acuerdo stand by por 50.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el ex Ministro de Finanzas, Luis Caputo, pasa a la Presidencia del BCRA, luego de renunciado Federico Sturzenegger.
El académico monetarista ortodoxo, de derecha, pasa a ser reemplazado por un operador directo del sistema financiero mundial. Luis Caputo, hombre con antecedentes importantes en J.P. Morgan sale del Poder Ejecutivo Nacional para asumir tareas en el “independiente” BCRA. Como nunca, se evidencia la ausencia de independencia de la entidad monetaria y la política económica, con lo que coincidimos, pero queremos evidenciar la hipocresía discursiva de las derechas que regularmente aluden a la necesaria (imposible) independencia del BCRA respecto del Poder Ejecutivo. Incluso, en el acuerdo con el FMI se compromete el Gobierno a una reforma de la Carta orgánica del BCRA para una mayor independencia.
A Caputo lo secunda Gustavo Cañonero como Vicepresidente del BCRA, con experiencia y antecedentes en la gestión de fondos de inversión. Caputo es el nexo con el mercado financiero mundial, celebrado en enero por anticipar el ingreso de 9.000 millones de dólares de las necesidades de financiamiento del 2018, los que sirvieran para favorecer la fuga de capitales facilitada por el BCRA en las corridas cambiarias de mayo y junio, verificadas con pérdidas de reservas internacionales por más de 10.000 millones de dólares. Un gran negocio para especuladores, quienes aprovecharon el ingreso de divisas para acreditarlas en sus cuentas ante una política económica y monetaria que favoreció intereses de especuladores a costa del regresivo impacto inflacionario sobre la población.
Es Caputo el que negoció con la banca y los tenedores de LEBAC la reciente renovación total de un vencimiento de 670.000 millones de pesos y habilitó el mercado de crédito por 4 horas con licitaciones de operaciones en pesos para dos fondos de inversión internacional. Los BOTE (Bonos del Tesoro) negociados a esos fondos buitres ofrecen cuantiosas ganancias a inversores “buitres” que lucran con las miserias que se descargan sobre el conjunto de la población.
Antes del cambio de función, Caputo anunció que del primer desembolso de 15.000 millones de dólares que se hará efectivo el próximo 20 de junio, la mitad se destinará a suplir necesidades fiscales y el resto a favorecer la operatoria del BCRA para iniciar la cancelación de unos 25.000 millones de dólares en LEBAC, en un proceso a ejecutar en el mediano plazo. El stock de LEBAC, en pesos, se está licuando también con las sucesivas devaluaciones derivadas de las corridas cambiarias.
Memo con el FMI
El 12 de junio se envió la carta al FMI comprometiendo las metas del acuerdo stand by por 50.000 millones de dólares. Firman la misiva Dujovne y el renunciado Sturzenegger. Se dice en el Memorándum que “Reafirmamos nuestro compromiso con alcanzar el equilibrio fiscal y llevaremos a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020.” Ello supone un ajuste de 20.000 millones de dólares en ese periodo y una perspectiva de estancamiento, muy lejos de los prometidos 20 años de crecimiento anunciado hace poco por Dujovne y Macri.
Se afirma en el Memo que “…esperamos que el crecimiento se sitúe este año entre 0,4 por ciento y 1,4 por ciento interanual”. En rigor, el texto confirma una perspectiva de crecimiento económico del 0,4% para el 2018. No es bueno para las expectativas de empleo de millones de personas, ni alienta perspectivas de mejoras del mercado interno, el consumo popular y las condiciones de vida de la población.
La meta de inflación para el año se establece en el 27% y se considera una banda con piso de 22% y que puede llegar al 32%. Muy lejos quedó el 15% establecido en diciembre del 2017 y des-actualizan los acuerdos paritarios que respetaron ese techo impuesto por la política económica. Queda claro que el objetivo es descargar los problemas sobre los sectores más debilitados de la economía, aun cuando se afirma hipócritamente que se tienen en cuenta los intereses de sectores vulnerables.
Se establece en el Memo que los desembolsos de los 50.000 millones de dólares siguen un cronograma de 15.000 millones de dólares para el 20/6/2018 y luego de manera trimestral y hasta junio 2021 cuotas de 2.916 millones de dólares, totalizando 35.000 millones de dólares, con desembolsos los días 15 de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre de cada año.
Todos son datos relativos al Memorándum de Entendimiento con el FMI suscripto entre el organismo internacional y las autoridades de la Argentina.[1] Las condiciones acordados serán evaluadas diaria, mensual y periódicamente por el organismo internacional, con lo que ocurrirá un monitoreo externo de la política económica local.
El documento confirma la línea de ajuste fiscal que se descarga sobre el gasto de personal del Estado y al mismo tiempo confirma las orientaciones de modificaciones estructurales favorables a la inversión y la ganancia empresaria, contra derechos laborales, sindicales y sociales.
Se trata de un largo documento explicita la política oficial de insertar subordinadamente a la Argentina en la lógica de austeridad que impone el sistema mundial gestionado financieramente por el FMI.
Inadecuada lectura sobre las tensiones de la mundialización
El acuerdo con el FMI es una línea de acción reiterada que anima el fracaso de la actividad global del organismo internacional, especialmente con una mundialización en tensión con disputa de la hegemonía inter-capitalista.
Lo que ocurre en el mundo es una guerra comercial y monetaria entre los principales países que definen la hegemonía del sistema mundial. EEUU y Europa por un lado despliegan una guerra de aranceles que amenaza el comercio mundial, y China anticipa represalias hacia la política comercial de EEUU contra la nación asiática. Por su parte, el dólar se discute desde el euro o el yuan. Sea por los problemas comerciales, monetarios o de geopolítica, desde Washington se boicotean cumbes globales, recientemente en Canadá por el G7 y contribuye a desarmar la lógica tradicional de las relaciones internacionales, entre otras cuestiones, con el diálogo abierto recientemente con Corea del Norte o la ruptura de los acuerdos con Irán.
Tanto EEUU como Europa suben las tasas de interés y generan una reorientación de los flujos de inversión hacia el capitalismo desarrollado. Algo que confirma la CEPAL al destacar que el pico de ingresos de capitales por inversiones externas ocurrió  hacia el 2011, para luego replegarse recurrentemente ante el cambio de orientación de los inversores internacionales.
Solo marginalmente y por intereses asociados a la extracción de materias primas y razones especulativas se explican las inversiones en la región y pone en evidencia la errónea lectura del gobierno argentino sobre el momento actual del capitalismo mundial. Es una lógica internacional erróneamente asumida desde el gobierno Macri y que confirma la dependencia del capitalismo local a un imaginario “ideologizado” del orden mundial contemporáneo, y claramente en contra de intereses soberanos de la Nación Argentina.
Más que nunca la región latinoamericana y caribeña debiera mirar hacia una integración regional, de carácter alternativa, que disponga de una lógica de aliento a un modelo productivo y de desarrollo que suponga orientaciones soberanas en materia alimentaria, energética o financiera. No es esa la lógica del gobierno Macri y de quienes en el mundo imaginan el liderazgo del gobierno argentino para cerrar esa orientación y retomar un rumbo de liberalización económica a contramano de las nuevas tendencias que explican la política proteccionista de EEUU o del Brexit.
La novedad proviene del descontento de los votantes del 2015 y 2017, expresado con el crecimiento de la protesta social que escala con los paros nacionales del 14/6 y del próximo 25/6. Es la masividad de la protesta lo que puede hacer emerger una subjetividad consciente para inducir cambios progresivos en la política, con capacidad de intervenir en el mediano plazo que supone la elección presidencial del 2019.
Buenos Aires, 16 de junio de 2018

FMI más aval del G7 para inducir la regresividad en Argentina y la región


Mauricio Macri en Canadá recibió el aval del FMI y sus principales accionistas, los integrantes del G7: EEUU, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Japón. Invitado en su calidad de coordinador del G20, el Presidente de la Argentina participó de la Cumbre de los países capitalistas desarrollados del sábado 9/6. Sin la decisión de estos países resulta impensable el acuerdo financiero entre el gobierno argentino y el organismo internacional.
El préstamo es muy superior a la relación por tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) de la Argentina, lo que evidencia la voluntad política de la hegemonía capitalista mundial por sostener el rumbo del gobierno local y su papel en la región y en el mundo. El préstamo “stand by” asciende a 50.000 millones de dólares por tres años; a los que debe sumarse préstamos de otros organismos internacionales: a) del BID por 2.500 millones de dólares; b) del Banco Mundial por 1.750 millones de dólares y c) de la CAF por 1.400 millones de dólares.
Suman en total 55.650 millones de dólares de nuevo endeudamiento público de la Argentina.[1] Son montos que deben adicionarse a los 232.952 millones de dólares de deuda externa registrados a diciembre del 2017 y a los 320.953 millones de dólares de deuda pública, también a fines del 2017.
De este modo, la DEUDA EXTERNA asciende ahora con estos datos a 288.602 millones de dólares, con un crecimiento del 24%. Del monto total de Deuda Externa correspondían al sector gobierno unos 142.375 millones de dólares, que ahora ascienden a 198.025 millones de dólares, con un incremento de 39%. La DEUDA PÚBLICA registra ahora un total de 376.585 millones de dólares, que si hacia fines del 2017 representaba un 57,1% del PBI, ahora puede estimarse en un crecimiento en 10 puntos, algo así como el 67% del PBI.
Los datos en sí mismo expresan la gravedad de la hipoteca a que se compromete la Argentina, lo que representará una carga dolorosa sobre el conjunto de la sociedad, especialmente los sectores de menos ingresos.
¿Por qué tamaño apoyo financiero y político del poder mundial?
Asistimos a un momento de reordenamiento del orden mundial y vale como anécdota el final de la Cumbre del G7 en Quebec, con un Donald Trump desairando el cónclave con críticas al anfitrión, el titular del gobierno de Canadá, con acusaciones de falsedad y rechazando la suscripción del documento final.
Tuiteó el Presidente de EEUU: "El primer ministro Justin Trudeau de Canadá ha actuado de forma mansa durante las reuniones del G-7 sólo para poder dar una rueda de prensa después de que yo me fuera, en la que poder decir que los aranceles de Estados Unidos son insultantes y que "no dejará que le manejen". Deshonesto y débil. Nuestros aranceles son una respuesta a sus impuestos del 270% en los lácteos"[2]
No hay acuerdo mundial sobre cómo superar los problemas actuales del orden global y la potencia hegemónica gobernada por Trump desarma toda la racionalidad de la mundialización construida por cinco décadas. EEUU reclama volver a discutir el orden mundial y para eso retoma concepciones proteccionistas y reposicionarse como principal beneficiario del capitalismo en tiempos de la transnacionalización. Claro que Europa no acepta mansamente un papel subordinado, como tampoco el asignado al vecino Canadá. Ni hablar de China, que no integra el G7, pero que sus políticas intervienen en la nueva geopolítica del sistema mundial, más aún con sus renovadas y crecientes relaciones con Rusia y otros países, las que afectan la estrategia imperialista.
En ese marco se destaca el rumbo asumido por Nuestramérica durante los tres primeros lustros del Siglo XXI. El territorio que fuera el ensayo de las políticas neoliberales en los primeros años de la década del setenta del siglo pasado, se constituyó en el laboratorio de crítica e intentos de cambios de esa estrategia desde el inicio del presente siglo.
Solo a modo de ejemplo consignemos la perdida de funciones de la OEA, quien no hace mucho solicitaba el reingreso de Cuba luego de la expulsión de comienzos de los sesenta y que ahora, el organismo dependiente de la política exterior estadounidense promueve con variadas complicidades en la región la expulsión de Venezuela.
Fue un golpe para la estrategia de la transnacionalización de la economía, la liberalización y libre movimiento de capitales, mercancías y servicios, la nueva concepción de integración alternativa propuesta desde la región y que pretendía coronarse con la CELAC. El aislamiento de EEUU en la región no podía permitirse y mucho menos la disputa global a manos de China o de un poder compartido con los socios europeos, mucho menos si algunos empezaban a proclamar el objetivo socialista. La voz de mando apuntaba entonces a retrotraer la situación al auge de las políticas de apertura y subordinación sustentadas en los años 90, los del Consenso de Washington.
Ese es el marco para los golpes blandos en la región, sea Honduras, Paraguay o Brasil, como las “guarimbas” en Venezuela que pretenden instalarse contra cualquier intento de confrontar con la lógica capitalista dominante.
Por eso la importancia de la Argentina, que por primera vez en su historia constitucional un gobierno con programa explícito de derecha asume por el voto de su población. En el imaginario del poder mundial, sea el FMI o el G7 (aun con sus diferencias) Macri expresa la posibilidad de restaurar un rumbo amigable a las inversiones y las necesidades del gran capital, y no solo para la Argentina.
No es un dato menor que Buenos Aires haya sido sede de la 11° Ministerial de la OMC en noviembre del 2017 y reciba la cumbre del G20 en noviembre y diciembre próximos, en el marco de la coordinación del ámbito durante el 2018.
Hay discusión sobre el orden mundial y Nuestramérica ofreció una perspectiva de cambio social que motivó a otras experiencias similares en otras latitudes, en Europa o el Norte de África.
Ese proceso de cambio político se mantiene abierto no solo en expresiones gubernamentales, sino en la memoria viva de los movimientos populares en la región. Es una realidad que convoca a las clases dominantes a desplegar una enorme iniciativa y con fondos suficientes para revertir ese clima de época crítico al neoliberalismo y/o al capitalismo para recuperar la ofensiva capitalista cuestionada.
No exageramos si decimos que el papel de la OEA y del FMI, organizaciones deslegitimadas y con pérdida de funciones en los últimos tiempos, renuevan su papel para subordinar a Nuestramérica en la lógica de acumulación capitalista, aún en tiempos de turbulencias y desorden en la disputa por la hegemonía.
El gobierno argentino incorpora lo propio en este programa, que suena muy bien en las expectativas de los capitales dominantes, caso de las reformas estructurales en materia laboral y previsional.
La ganancia gran empresaria exige bajar costos de producción y entre ellos el gasto social que suponen las jubilaciones y pensiones en momentos de crecimiento de la posibilidad de vida. El envejecimiento de la sociedad es un problema para los inversores capitalistas, ya que la longevidad compite con la apropiación del excedente económico. Ni hablar de los derechos laborales que resienten las mejoras de ganancias, móvil esencial del régimen del capital.
La letra chica del “stand by”
La información ofrecida es sobre metas globales y aún falta conocer el impacto concreto del ajuste comprometido a cambio del préstamo a desembolsar, que por ahora serán solo 15.000 millones de dólares. El resto se desembolsará en la medida que sea necesario, dice el Ministro de Finanzas”[3] y que se cumplan los acuerdos para bajar el déficit fiscal y la inflación, según sostiene el acuerdo firmado con el FMI.
Por lo pronto, en las metas se establece un recorte del déficit fiscal por 20.000 millones de dólares entre 2018 y 2021. Podemos imaginar que el achique afectará al gasto social, sea en presupuesto asignada a salarios y empleos en el Estado, tal como se deduce de las medidas en curso, sean el congelamiento de la planta de personal o la política de “retiros voluntarios”. No debería sorprender que educación o salud sufran reducciones o congelamientos, tal como sugiere la política presupuestaria hacia las universidades públicas o al sistema educativo en general. En el mismo sentido puede pensarse en restricciones a la salud pública.
El Ministro de Finanzas anticipa que este respaldo servirá para resolver las necesidades de financiamiento más allá de la gestión y en efecto, en 18 meses termina el gobierno Macri y el acuerdo es por 36 meses, comprometiendo a la futura gestión, que podrá ser o no del mismo signo y sesgo político.
Se pretende utilizar unos 20.000 millones de dólares para cancelar parte del stock de LEBAC que registra en su cuenta el BCRA. Si el stock es de unos 46.000 millones de dólares, el gobierno pretende morigerar el efecto de esa bomba reduciéndola a un poco menos de la mitad. Para eso, ofrecerá nuevos instrumentos y activos financieros para inducir un canje de tenencias de deuda en pesos a corto plazo por vencimientos más largos en títulos que serán muy atractivos para esos inversores especulativos.
Resulta grave la consideración de todos los temas, ya que la hipoteca en dólares hace imprevisible nuestro futuro cercano y de mediano plazo. El dólar cerró la semana en 26 pesos por unidad de dólar y nadie puede prever su evolución, con impacto en el conjunto de los precios de la economía. La inflación continuará siendo una incógnita y un modo de redistribución regresiva del ingreso en la Argentina.
Las metas de inflación del 2018 saltaron por el aire. Ya no son del 10% o del 15% tal como se corrigieron y el anuncio remite a 17% en el 2019. Ver para creer podríamos decir, ya que no existen fundamentos que avalen la seriedad de los nuevos pronósticos, mientras el dólar sube, como los combustibles o las tarifas, los alimentos y todo aquello que hace a la calidad de vida de la población.
Contentos y amargados como el tango “Cambalache”
El poder está conforme y avala, los grandes empresarios también y se explica con subas en la Bolsa y mayores valorizaciones de las empresas cotizantes en las Bolsas. Los especuladores reciben noticias de nuevos y renovados instrumentos para apostar con sus colocaciones. Los acreedores cobran e incluso diversifican sus carteras. Los que pueden trasladan a precios y suman ganancias en sus balances, con posibilidad de remitir utilidades al exterior si fuera ello necesario, o incluso fugar capitales ahora que las reservas internacionales serán reconstituidas y acrecentadas con préstamo de organismos internacionales.
En lo ideológico programático, los principales comunicadores y operadores afines al sistema y al gobierno, o a la oposición que disputa el gobierno de una política similar, explican que no había otro camino y menos mal que se actuó con rapidez. Al mismo tiempo, desestiman la crítica porque no imaginan la viabilidad de una política alternativa.
Los perjudicados son la mayoría de la población, sea por el AJUSTE fiscal que como señalamos afectará al gasto social, como por las REFORMAS ESTRUCTURALES que se anuncian, especialmente las reformas laborales y previsionales.
En la estrategia oficial se incluye la contención o represión del conflicto social y para eso, al mismo tiempo que anunciaba el acuerdo con el FMI convocaba a la CGT para sacarla del paro general. La CGT hablaba de convocar a Paro y que solo restaba definir la fecha, sobre todo luego del veto a la legislación que establecía límites al tarifazo. Con las negociaciones entre gobierno y la cúpula sindical de la CGT la medida de fuerza fue postergada.
La realidad de protesta social y el descontento está más allá de lo que expresa la dirección del sindicalismo tradicional y por eso desde las CTAs emergió la convocatoria al Paro General para el jueves 14/06, con movilización. Es una medida convergente con las suscitadas por otras organizaciones sindicales, entre ellos el Sindicato de Camioneros o la Corriente Federal que lideran los bancarios.
Están echadas las cartas y las iniciativas políticas confrontan. Por un lado la coherencia, aun con contradicciones y matices del poder local y mundial, “los beneficiarios”; y por otro, en el campo de “los perjudicados”, con mucha fragmentación, la dinámica de descontento y protesta que busca canales de articulación para constituirse en opción y disputar poder.
Claro que hace falta mucha argumentación para la socialización de caminos alternativos a los del poder. No se trata de recuperar programas que imaginan reformas en el marco capitalista, que es como es y no como algunos imaginan que podría ser.
El imaginario por el anticapitalismo se nutre de la subjetividad consciente, pero también de experiencias que en el presente anticipan el futuro de organización de la sociedad más allá de la búsqueda de la ganancia y en una perspectiva de satisfacción de necesidades sociales.
Buenos Aires, 10 de junio de 2018


[1] Información obtenida del Ministerio de Finanzas de la República Argentina. En: https://www.argentina.gob.ar/finanzas (consultado el 10/06/2018
[2] Trump rompe el 'acuerdo de mínimos' del G7 e insulta a Trudeau. Redacción ElHuffPost del 10/06/2018. En: https://www.huffingtonpost.es/2018/06/10/trump-rompe-el-acuerdo-de-minimos-del-g7-e-insulta-a-trudeau_a_23455206/ (consultado el 10/06/2018)
[3] Finanzas explicó el acuerdo con el FMI al mercado local e internacional. En: https://www.argentina.gob.ar/noticias/finanzas-explico-el-acuerdo-con-el-fmi-al-mercado-local-e-internacional-0 (publicado el 8/6 y consultado el 10/6/2018)

Ámbitos y contenidos de la política


El Senado de la Nación argentina transformó en Ley un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados para retrotraer las tarifas a los valores de fines del 2017. Inmediatamente a la resolución y antes de que se publicitara en el Boletín Oficial, el Presidente Mauricio Macri vetó la nueva legislación.
Todo sigue como estaba antes del debate, con un cronograma de incremento de tarifas de servicios públicos privatizados para beneficio de empresarios que saludaron la decisión presidencial. Sostiene una nota que “Los dueños argentinos del servicio público de electricidad obtuvieron ganancias en 2017, primer año pleno de tarifazo, por 11.300 millones de pesos, esto es, casi mil millones de pesos por mes”[1]
Más allá del contenido de la Ley, el episodio evidencia a las claras el funcionamiento de la política institucional en el país. Es más, lo acontecido era previsible. Se esperaba ese resultado de aprobación en el Congreso, más allá de los cabildeos, dimes y dirites; como también sabíamos sobre la voluntad anticipada de vetar desde el Poder Ejecutivo.
Hasta podemos pensar en el “juego de la política”, donde algunos hacen de opositores (no todos) y legislan para la tribuna (jerga futbolera) y la disputa del consenso electoral, sin aspiraciones que sus propuestas se transformen en normas de aplicación real. Otros lo hacen como oficialistas, manifestando respeto republicano por el diálogo y el debate, pero a la hora de los bifes imponen la lógica del veto.
Ambas conductas son expresión de la política real y el derecho constitucional que los asiste, no del “fracaso de la política” como sostienen algunos comentaristas. Es la política realmente existente, y que a veces muestra la cara de la impunidad de aquellos que juegan con los sentimientos y necesidades de sus votantes (vale para opositores y oficialistas).
Insistamos que aludimos a una conducta de mayoría en la oposición, de aquellos que votaron, por ejemplo, el nuevo endeudamiento a comienzos del 2016 para cancelar deudas con fondos buitres, o que le dieron aire a la gestión gubernamental de Mauricio Macri por  más de dos años. Algunos, muy pocos, a la izquierda del arco político, asumen con responsabilidad su papel de tribunos populares en el Congreso para la denuncia del sistema tal y como es.
Es cierto que en este juego de la política ya no se considera un camino resuelto la reelección de la Gestión Macri en 2019 y varios se prueban para disputar el sillón de Rivadavia. Encuestas existen en cantidades y conversaciones informales sobran para pensar en quien mide mejor en las consultas, claro que nadie alude a “proyectos” y solo se imaginan el lugar del gobierno de lo que existe.
La política también se juega en la calle y en la organización de la sociedad. ¿Es posible construir desde allí otro orden o política?
Pero la política no es solo lo institucional y también existe la calle, la movilización y organización social, tan vilipendiada por el pensamiento hegemónico en los medios de comunicación.
Dicen que de nada sirve y nada se logra, sin embargo, con las movilizaciones de diciembre se paró temporalmente la reforma laboral y las protestas contra las tarifas instalaron el tema socialmente y afectaron los consensos políticos que indujeron el camino a la reelección, hoy dudosa.
No solo en Buenos Aires es visible la dinámica social en conflicto y ni siquiera solo en las grandes ciudades de provincia, sino que crecientemente la protesta se federaliza en un proceso de ida y vuelta entre la metrópoli y el interior.
Las reivindicaciones parciales sumadas constituyen todo un programa alternativo, que es posible si se lograra la unidad de acción y política de la diversidad movilizada. Aludimos a un proyecto político que parece ausente para pensar en términos alternativos a la hegemonía en curso.
Entre las demandas más escuchadas de estos días figuran las relativas al pan, el techo y el trabajo, expresión de las necesidades insatisfechas de la mayoría empobrecida.
Todo podría reducirse a Tierra y Trabajo, o si se quiere a Naturaleza y Trabajo. Desde que existe la Economía Política se conoce que la Tierra es la madre y el Trabajo el padre de los valores, de la producción. Podemos mirar a nuestro entorno y verificar que todo es producto de la naturaleza y del trabajo, pero claro, al mismo tiempo sabemos de la imposibilidad del disfrute social de una producción apropiada desigualmente en función de los ingresos de cada uno.
Muy pocas personas de altos ingresos concentran el consumo de la producción social generada por cuantiosos colectivos de trabajo humano, a muchos de los cuales se les niega su disfrute.
Aunque no lo sepan algunos energúmenos del pensamiento dominante, la producción es social y la apropiación es privada, de pocos. Es el orden capitalista el que así define las reglas del funcionamiento de la sociedad, de lo que resulta la desigualdad en el disfrute del producto social y no solo en el país.
Por eso insistimos en que las demandas y reivindicaciones por derechos diversos de la mayoría que protesta pueden constituirse en programa para una política alternativa.
Rápidamente muchos me contestaran que no hay dinero para satisfacer ese conjunto de peticiones, lo que merece dos respuestas, una de ellas remite a modificaciones urgentes de emergencia y la otra alude al orden civilizatorio y por ende son estructurales.
Emergencia y más allá
La emergencia supone una respuesta inmediata, la que remite a no aceptar las cosas tal y como son ahora.
El ajuste no necesariamente debiera ser para los de abajo. Siempre se pueden suspender los pagos de deuda para una investigación a fondo sobre el endeudamiento público, con indicación de responsables y beneficiarios; como que el IVA puede dejar de ser el principal tributo en una recaudación fiscal regresiva que podría orientarse a las grandes fortunas y ganancias; tanto como eliminar exenciones impositivas, tal el caso de los jueces.
Así podría generarse un excedente fiscal para gestionar desde un Estado que promueva otra política, sustentada en la satisfacción de las amplias necesidades sociales. También puede pensarse en otra distribución del ingreso, que podría modificarse hacia porcentajes más equilibrados, los que alguna vez fueron del 50% para trabajadores y empresarios. Seria parte de una reestructuración progresiva de las relaciones entre el capital y el trabajo.
En otro plano se puede discutir teóricamente el fetiche del dinero, ya que todo pareciera reducirse a que se necesitan inversores para encaminar el proceso productivo.
Se trata de una concepción errónea que olvida lo ya dicho relativo a la madre y al padre de la producción. No es el dinero el que crea valor o producción, sino que es la articulación entre Naturaleza y Trabajo, que en el proceso histórico de la ampliación del mercado capitalista encumbraron como fetiche al dinero, sea en la forma Oro, Libra Esterlina o Dólar.
El dinero no es capital en si mismo y solo se transforma en capital en el proceso productivo que articula medios de producción y fuerza de trabajo, que podemos reducir a Naturaleza y Trabajo.
Romper este fetiche cultural supone pensar más allá del orden del capital e imaginar formas sociales de organización de la producción y la sociedad, apuntadas a satisfacer necesidades ampliadas sin subordinación a la obtención de ganancias y acumulación de riquezas de algunos individuos o sociedades comerciales.
La protesta se generaliza y se profundiza, ya no solo por reivindicaciones concretas, sino que se agiganta con demandas contra el tarifazo, otras asociadas a la devaluación o al aumento de los combustibles, todos los cuales auguran una inflación que anualizada supera la del 2017. A eso debe sumarse la crítica a las negociaciones con el FMI, con el resultado esperado de ajuste para los de abajo.
El Ministro Nicolás Dujovne ya anunció un parate de 30.000 millones de pesos en obra pública, y ahora adiciona ajustes superiores a 20.000 millones de pesos para la disminución del gasto público, sin nuevos contratos en el Estado nacional hasta el fin del mandato de Macri.
Por donde se observe eso supone menos empleo y obra pública y resignación de derechos ante la merma de personal en áreas sociales estratégicas, casos de la salud o la educación.
Al ajuste y su impacto recesivo hay que adicionarle entonces el problema de la inflación, con subas de tarifas, de las divisas vía tipo de cambio (el dólar está ya a 25,50) o del aumento de los combustibles (vía impuestos, ya que están en tregua por 60 días entre petroleras y gobierno).
Es un cuadro que agudiza los problemas de los sectores de menores ingresos y por eso suenan las voces que exigen paro nacional y continuidad de un plan de acción para modificar la política económica y el modelo productivo y de desarrollo.
Ir a fondo en la crítica
Ya no alcanza con discutir las tarifas, sino el modelo energético, por ejemplo. Entre otras cuestiones, se trata de discutir el para qué y para quién de la energía; el cómo producirla y distribuirla.
No se trata solo de tarifas, sino de modificar la asignación de insumos energéticos hoy demandados por la mega minería a cielo abierto, o del complejo oleaginoso de producción y exportación, de soja y derivados; pero también de exceso del parque automotor que afecta y deteriora el modelo urbano de vida.
Se trata de un desafío civilizatorio que incluye el papel de la ciencia y la tecnología, que entre otras cuestiones incluye el proyecto educativo y dentro de este el de las Universidades públicas, vilipendiadas por los dichos de la gobernadora bonaerense.
A un siglo de la reforma universitaria bien vale pensar, ayer como hoy, como la lucha de los excluidos abre las puertas de la Universidad Pública para discutir la funcionalidad de la enseñanza superior a un proyecto de país que privilegie la satisfacción de necesidades sociales.
En definitiva, se necesita ir a fondo en la crítica de la realidad y sustentar como posible todo aquello que hoy constituye la demanda insatisfecha de la sociedad de abajo.
No solo se trata de convencer de ello al conjunto de la sociedad, sino y muy especialmente  a quienes ubicados en la crítica al modelo de dominación descreen de las posibilidades reales de otra forma de organización económica de la sociedad más allá del capitalismo.
Claro que no es simple, tal como lo demuestran las experiencias de cambio y revolución social gestadas desde hace un siglo, pero ese es el proyecto y el desafío.
Buenos Aires, 3 de junio de 2018


[1] Martín Granovsky. Los muchachos de Aranguren. Página12, domingo 3/06/2018 (consultado 3/06/2018).

El FMI es parte del poder que subordina a la Argentina a la dominación y la dependencia


El 25 de mayo es día de fiesta y de lucha en la Argentina. Es fiesta porque se recupera la revolución anticolonial de 1810, sus objetivos y reivindicaciones, las que continúan en pie, por lo que también es día de lucha contra la sumisión contemporánea a la dominación que ejercen corporaciones trasnacionales asociadas a poderosos grupos locales.
La dominación española fue combatida en 1810, como lo fue antes, en 1806/07 la invasión inglesa. La dominación británica primero y luego estadounidense constituye la esencia del rumbo civilizatorio asumido por las clases dominantes en la Argentina luego de la gesta revolucionaria de mayo.
Argentina se construyó como país capitalista bajo la dominación colonial e imperialista, por lo que el desafío contemporáneo asume la triple confrontación como anticapitalista, anticolonial y antiimperialista, bajo las nuevas condiciones de lucha contra el racismo, la discriminación, la destrucción de la naturaleza y el patriarcalismo.
Ese programa que enunciamos viene siendo construido en múltiples experiencias de organización popular a través del tiempo, con un momento de máxima acumulación de poder popular hacia 1973. Como consecuencia de ello, la consigna que condensó la situación fue “liberación o dependencia”, coincidente con la situación mundial y experiencia de luchas y procesos populares construidos entre fines de los sesenta y comienzos de los setenta. Remito al mayo francés, el cordobazo/rosariazo, el levantamiento estudiantil mexicano, las luchas de los trabajadores italianos o la primavera de Praga, hasta llegar al triunfo de Vietnam sobre EEUU. Toda una época de acumulación de poder popular en el ámbito mundial.
Parecía que aquel 25 de mayo de 1973 argentino expresaba las tradiciones soberanas de lucha y podía materializarse el ansiado proyecto independentista. Era un momento nacional en correspondencia con un clima de época global, con especificidades más que interesantes en Nuestramérica, con el despliegue del proyecto socialista cubano y la nueva experiencia socialista por vía electoral en Chile.
La lucha social, política y cultural de época era la condición de posibilidad para la realización de variados proyectos, tal como imaginamos los protagonistas de la Universidad para la Liberación que construíamos en 1973/74. Se asumía el legado de la Reforma de 1918 y se potenciaba con una perspectiva emancipadora. Es algo que recordamos estos días en Villa Mercedes, San Luis, a propósito de una jornada que recuperaba los debates por el centenario de la Reforma de 1918 y que organizara el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz[1]. También se manifestó ese clima de época en la legislación laboral de 1974, como expresión jurídica de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Ofensiva del capital y papel del FMI
En esas condiciones, la respuesta en Argentina y en el mundo fue la ofensiva del capital que en términos ideológicos se conoce como el tiempo “neoliberal”, con el monetarismo ortodoxo y reaccionario como bandera de vanguardia en materia de política económica y la represión y el terrorismo de Estado como mecanismo para disciplinar la dinámica del conflicto y la organización social para la transformación.
La ofensiva del capital contra la acumulación popular de poder se inicia en 1975/76 (gobierno constitucional primero y dictadura genocida luego), con importantes avances que despliegan el proyecto aperturista vía endeudamiento externo, de promoción de la iniciativa privada y desregulación estatal con privatizaciones en los 90 (menemismo y Alianza) y que en la actualidad pretenden definir su consolidación.
En ese trayecto existieron resistencias diversas e intentos de construir rumbos alternativos, por lo cual, la ofensiva del capital no constituye un camino allanado y sin tropiezos.
Con el acceso al gobierno de Macri, vía consenso electoral, se pensó en que estaban dadas las condiciones ideales para lograr el control social, la contención del conflicto y la subordinación de la sociedad al objetivo de sustentación del orden del capital, que subordina el todo a la lógica de la maximización de la ganancia.
Bajo esas condiciones se instaló la agenda contra los derechos laborales y sociales e incluso los de la naturaleza, aunque no sean estos reconocidos por la tradición local, tal como ocurre con el nuevo constitucionalismo regional, casos de Bolivia y Ecuador.
El programa del gobierno Macri apostó a las inversiones externas para su materialización y mientras estas llegaban al endeudamiento público externo.
La realidad mundial y local imposibilita la lluvia de inversiones y resulta insostenible la magnitud del reciente endeudamiento externo, por eso la necesidad de ampliar los mecanismos de deuda local.
Hay límites objetivos para el despliegue del programa “macrista” y por eso se acude al FMI, para asociar al organismo internacional como fuente de presión para el ajuste y la reestructuración regresiva del régimen jubilatorio y laboral.
Un tema relevante resulta de la continuidad del conflicto social que disputa cotidianamente el consenso de la sociedad sobre el presente y el futuro de la Argentina.
La respuesta represiva cuenta con cierto respaldo social y eso sostiene la voluntad gubernamental por despejar las calles de la protesta derivada de las nuevas condiciones económicas sufridas en los ingresos deteriorados por el tarifazo y la inflación, con la perspectiva de mayor ajuste en el gasto público social.
¿Es posible sustentar otra política?
La lucha masiva contra la dictadura arrancó el nuevo tiempo constitucional a fines de 1983, del mismo modo que las protestas y la acumulación gestada entre 1998-2001 generaron las condiciones para construir junto a otros procesos en la región una posibilidad de desarrollo e integración con pretensión alternativa.
Es la sociedad y su lucha la que genera las condiciones de posibilidad para el cambio de rumbo.
Por eso, luego del triunfo electoral de medio turno en octubre del 2017 se creyó desde el gobierno que había aval para sus proyectos reaccionarios de reforma previsional y laboral.
Las luchas de diciembre pasado acotaron la reforma previsional a una quita de ingresos por modificaciones en la fórmula de actualización de ingresos previsionales y frenaron los cambios a la legislación laboral. La movilización y organización popular se hicieron visibles el 21F y ahora en la conmemoración del 25 de Mayo bajo la consigna “La patria está en peligro” frente a la negociación del gobierno con el FMI.
Ante la agudización de una ofensiva por el ajuste, ya expresada en una inflación que se proyecta más alta que la del 2017 y con la  devaluación que supone una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, se acude al FMI para incrementar el chantaje sobre la población.
El recuerdo del papel del FMI no es bueno y se asocia a pérdida de soberanía, por lo que la recuperación del 25 de mayo recrea la discusión sobre las posibilidades de un rumbo de autonomía y en ese sentido, lo primero que destaca es el rechazo a las negociaciones con el organismo internacional.
Claro que luego viene el interrogante sobre el qué hacer y en se sentido se impone discutir medidas de emergencia y de fondo.
Entre las primeras, las de emergencia, supone discutir los desequilibrios macroeconómicos en función de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Entre las segundas, las de fondo, se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo.
La emergencia induce a combatir el déficit fiscal y externo para recuperar capacidad soberana de decisión sobre el presente y el futuro con soberanía.
Supone ello discutir más que el gasto, los ingresos fiscales, en un país donde las ganancias elevadas de un pequeño sector de la economía explican el consumo suntuario que consolida el déficit de turismo y la fuga de capitales.
Las retenciones a las exportaciones suscitan en este sentido nuevos debates, del mismo modo que el impuesto a la renta financiera y a los bienes personales y las ganancias. No puede ser el IVA la principal fuente de recaudación estatal, que afecta proporcionalmente en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
Del lado del gasto se mantiene la antigua demanda de investigar la deuda pública, externa e interna, y mientras suspender los pagos, más aún con la inusitada suba de la deuda asumida por el gobierno en estos dos primeros años de gestión.
En el fondo, lo que sostenemos es la ampliación del consenso contra el ajuste, contra el FMI y con ello crear las condiciones para otras medidas de política económica que reviertan la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la coyuntura, y desde allí generar un debate sobre las cuestiones sustanciales relativas al modelo productivo y de desarrollo, un tema ausente ante el drama de la cotidianeidad.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2018