La deuda pública es un gran condicionante


El endeudamiento público creció de manera alarmante durante el gobierno macrista entre 2015 y 2019. Es un tema recurrente desde tiempos de la dictadura genocida y en los noventa, momentos de fuerte crecimiento de la dependencia financiera del país. El propio Macri acaba de reconocer el asunto cuando señala: “Yo les decía, cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían ´no, seguí´”.[1]
¿Qué pensar de estas declaraciones? ¿No era que Macri conducía el mejor equipo en años? ¿Quién conducía, el Presidente o sus Ministros o funcionarios? Aunque pretenda exculparse, el ex Presidente es el principal responsable de una hipoteca que condiciona la política económica, no solo en el presente, sino por muchos años. La deuda es un mecanismo económico de potenciación de los lazos de la dependencia de la Argentina respecto de la hegemonía transnacional en curso del sistema mundial capitalista. Es la hipoteca que favoreció en las últimas décadas las privatizaciones del capital público y la tendencia a una mayor extranjerización de la economía local.
Ahora se discute la renegociación de la deuda con el FMI y con los acreedores privados. Es un tema nacional que también involucra a las provincias. La Provincia de Buenos Aires convocó a sus acreedores a renegociar vencimientos por 250 millones de dólares, como anticipo de renovadas convocatorias que se generalizaran desde el Estado nacional y los Estados provinciales. La cuestión no solo preocupa en el país, sino que involucra a variados personajes e instituciones de un sistema financiero y económico mundial con preocupante presente, con temores de nuevos estallidos de la burbuja financiera. En este sentido intervino Kristalina Giorgieva en su mensaje del 17 de enero pasado, recordando las similitudes con la situación previa a la crisis de 1930.[2]
La deuda pública es impagable, especialmente la asumida en moneda extranjera, y aunque no se mencione la trágica palabra, la Argentina está virtualmente en default (estado de cesación de pagos). No hay aun incumplimientos explícitos, por eso no se habla de default y si de “re-perfilamiento”, pero lo concreto es que no alcanzan las divisas que el país puede obtener para cancelar vencimientos de deuda asumida en moneda extranjera.
Convengamos que hay vencimientos en pesos y otros en divisas. Los primeros se podrían resolver con emisión monetaria o incluso con esfuerzos fiscales de superávit, criterio tan caro a los ajustadores de la corriente principal (liberales de distinta calaña…) en materia económica. Los segundos solo se cancelan con “renovaciones incrementadas del principal o los intereses”, difícil de lograr en la coyuntura; utilizando recursos de reservas internacionales, los que no alcanzan a satisfacer el monto total de las obligaciones aun cuando ya se aprobaron utilizar más de 4.500 millones de dólares según la Ley de solidaridad…; o con el superávit comercial, que está por debajo de las necesidades financieras para cancelar deuda.
Consenso político para suspender y auditar
Se trata de un tema complejo la cuestión de la deuda y qué hacer, lo que acumula mucha letra y opinión en los medios de comunicación, que requiere de consideraciones precisas para la toma de decisiones, que no afecten seriamente las condiciones de vida de la mayoría de una población abrumada por la inflación, la recesión y el deterioro por empobrecimiento de más de un tercio de los habitantes de la Argentina.
Remitimos a un tema político por excelencia que demanda decisiones que deben asumirse por mayoría más allá de la institucionalidad expresada en los poderes del Estado. Lo que se requiere son soluciones que supongan un consenso ampliado en la sociedad para superar un asunto que se arrastra desde tiempos de la genocida dictadura de 1976. No alcanza con la grieta que remite a “pagar o no pagar”, sino a pensar en lo que se propone por un abanico de organizaciones sociales, políticas y personalidades, desde hace mucho tiempo que apunta a “suspender pagos, investigar o auditar, y luego decidir”.
Algunos sostienen la utopía de las disposiciones en ese sentido, sin embargo, lo utópico es creer que la deuda puede ser sostenible. Tampoco vale subordinarse a lógicas de Estado o del partido en el gobierno. La decisión que se asuma trasciende la identidad con el gobierno de turno. Pensar con autonomía puede ayudar a la toma de decisiones y mejorar el vínculo del gobierno con la sociedad.
No se trata solo de investigar-auditar la deuda, sino que se debe esclarecer quienes son los acreedores y las condiciones de los contratos de la deuda, en muchos de los cuales, y de manera creciente se cedió soberanía jurídica, involucrando tribunales extranjeros que habilita el accionar de acreedores especulativos, los llamados “buitres”, que compran a bajo precio y luego pretenden hacerse del 100% de la deuda. Importan los acreedores porque entre otros existen organismos nacionales, caso de títulos de la deuda en poder del Fondo de Sustentabilidad que gestiona el ANSES, o el BCRA o entidades públicas como el Banco de la Nación. También interesa sindicar a los responsables por asumir tamaña hipoteca, para terminar con la impunidad desde la gestión pública con recursos y compromisos que afectan al conjunto de la sociedad.
Las decisiones que se asuman por la deuda de la Administración Central, que eso es lo que se negocia por estas horas en EEUU, en cabeza del Ministro de Economía Martín Guzmán, impactará sobre la diversidad de la deuda exigible por acreedores a los Estados provinciales, e incluso al sector privado de la economía. Los acreedores no solo son tenedores externos de los títulos de la deuda, sino también residentes locales, entre ellos organismos de la importancia de los mencionados ANSES, Banco Central de la República Argentina o BNA. Es un tema a diferenciar y tener en cuenta a la hora de pensar los efectos de cualquiera de las decisiones que se asuman.
Como señalamos, un problema acrecentado en estos años es la cesión de soberanía jurídica, algo que se arrastra desde tiempos de la dictadura genocida. La propia ley de “sostenibilidad de la deuda externa”, en tratamiento parlamentario por estas horas, replica la fórmula favorable a la jurisdicción extranjera. Queda claro que el tratamiento sobre el que hacer con la deuda supone diferenciar jurisdicción local de la externa.
FMI
Un tema delicado lo constituye la relación con el FMI. La Argentina asumió vínculo con el organismo desde 1957 y ahora ostenta el mayor crédito otorgado en la historia del Fondo. El debate con el FMI es preocupante a partir de las mayores cancelaciones que ocurrirán desde 2021, pero supone definiciones políticas que trascienden lo local y que tienen que ser consideradas como parte del debate de inserción internacional del país.
En rigor, existe un debate mundial sobre el FMI y la propia arquitectura financiera del sistema mundial, muy animado en años recientes en debates sustanciados en la UNASUR, la CELAC y con vistas a crear un Banco del Sur, incluso canalizando recursos de reservas internacionales de los países integrantes de esos proyectos para estimular desarrollos productivos alternativos.
Discutir con el FMI supone ampliar la discusión al conjunto del entramado financiero del orden mundial, incluyendo al Banco Mundial, al BID, la CAF y otros ámbitos con los que la Argentina mantiene acuerdos de préstamos, con los que nunca se estuvo en default. El debate trasciende la relación entre deudor y acreedor, para discutir más de fondo los porqués del préstamo, para descubrir las razones políticas de una operación a sabiendas imposible de sustentarse económicamente y por ende “odiosa”.
Muchos afirman que el carácter odioso de una deuda remite a gobiernos de facto, no constitucionales, por lo que niegan la calificación odiosa a la deuda actual. Es odiosa cuando no sirve a los intereses del país y tanto acreedor como deudor son conscientes de la incapacidad de devolución del préstamo. Tanto el FMI, con el poder estadounidense atrás de la decisión eran conscientes que se trataba de un apoyo político a un gobierno que sostenía la política exterior de injerencia en la región, especialmente orientada hacia Venezuela y la disposición sobre sus reservas de petróleo.
Hace falta una campaña nacional e internacional para explicar el carácter odioso de la deuda argentina con el FMI y en ese marco discutir la legalidad e ilegalidad del conjunto de la deuda que avalaba el sí del FMI. No es una tarea solo del gobierno o de las instituciones del poder del Estado, más allá de la mención de la Constitución Nacional a que el tema de la deuda lo debe “arreglar” el poder legislativo. Es una tarea del conjunto social y que requiere de un gran debate más allá de las fronteras nacionales.
Argentina tiene historia con relación al FMI y a la deuda pública y externa, a la cesación de pagos y a las renegociaciones, por lo que el debate debe ser ampliado al conjunto de la sociedad. Es una cuestión de poder que trasciende las cuentas públicas. Es una cuestión de soberanía que puede ayudar al debate mundial sobre el orden vigente ante las expectativas de asistencia a un nuevo tiempo de estallido de la burbuja con las secuelas sociales que ello genera.
Por eso, en lo concreto tiene sentido la campaña por la suspensión de los pagos e investigación de la deuda con participación popular. La profundidad del tema deuda amerita se amplíe la discusión y se involucre a la mayor cantidad de personas, del país y del exterior. La movilización social masiva en Mendoza discutió hace poco desde el interés popular al poder institucional, evidenciado la importancia del poder constituyente cuando asume características. En materia de endeudamiento y por la gravedad del tema, resulta imprescindible el pronunciamiento del soberano.
Buenos Aires, 26 de enero de 2020

¿La Jefa del FMI preocupada por la desigualdad?


Muy activa se presenta en el comienzo de este año 2020 la titular del FMI para argumentar sus preocupaciones contra la “desigualdad”, claro que sin mencionar en ningún momento que es el resultado de la lógica mundial del orden capitalista.
En el Blog del FMI, Kristalina Georgieva escribe: “En la última década, la desigualdad se ha convertido en uno de los problemas más complejos y desconcertantes de la economía mundial.”[1]
Resulta interesante que la Jefa del organismo mundial aluda al “desconcierto”, cuando uno de los “best sellers” de la literatura económica contemporánea remite precisamente al asunto tras considerar 150 años de capitalismo. Aludo al francés Thomas Piketty y su “Capital del Siglo XXI” del 2013 y más recientemente “Capital e Ideología” de 2019, que más allá de consideraciones teóricas aborda innumerables datos sobre la desigualdad construida históricamente bajo el capitalismo.
La titular del FMI, entre las políticas propuestas para superar la desigualdad, sugiere concentrarse en tres aspectos.
El primero remite a una “tributación progresiva”, que podríamos definir en el sentido de que tributen los que más tienen, los que más acumulan; a contramano de la lógica liberalizadora hegemónica de los sistemas tributarios de los últimos años, especialmente en EEUU. ¿Qué piensa al respecto el socio mayoritario del FMI? Con Trump bajaron los impuestos a la renta y los beneficios, especialmente del sector más concentrado. Existe una fuerte presión de la corriente principal de política económica por bajar impuestos con la lógica de mejorar las perspectivas de inversión, declinante en la coyuntura de la economía mundial. ¿Un nuevo rumbo del FMI? No lo parece, pero en el discurso sugiere empatía con neo-desarrollistas, entre ellos los Nobel Joseph Stiglitz (2001) o Paul Krugman (2008) y por cierto con el Jefe del Vaticano, el Papa Francisco.
Sostiene en segundo lugar la necesidad de apuntalar el “gasto social”, lo que podría leerse a contramano de las políticas de “ajuste” incluidas en sus históricas recomendaciones de política económica. Especial atención les dedica a los rubros de salud y educación, en lo que podría inferirse una extensión al “derecho a la educación o a la salud”, que poco tiene que ver con la realidad de los acuerdos de préstamos realizados, entre ellos el suscripto por la Argentina en 2018 que busca achicar el gasto público social.
Finalmente, sustenta en tercer lugar “reformas de la estructura de la economía podrían respaldar aún más la lucha contra la desigualdad al reducir los costos de ajuste, minimizar las disparidades regionales y preparar a los trabajadores para que cubran el creciente número de plazas de trabajo en el sector verde”, lo que suena a “promoción de la ecología”, y en rigor es la forma diplomática para sugerir las reaccionarias reformas laborales y previsionales, condición esencial en el préstamo por 57.000 millones de dólares a la Argentina, de los cuales se liquidaron poco más de 44.000 millones y que ahora se negocian sus vencimientos.
Diez días después vuelve la Georgieva sobre el tema de la “desigualdad” y lo hace en su primer discurso del 2020 difundido en el sitio del FMI.[2] Allí señala “Si tuviera que identificar un tema al comienzo de la nueva década, aumentaría la incertidumbre” y para ejemplificar destaca “los incendios forestales en Australia, asociados al cambio climático”; el “conflicto en Medio Oriente” y el acuerdo para “sanar las fracturas” de la guerra comercial entre EEUU y China. Claro que nada se deduce en el discurso de la titular del Fondo que el problema no es el clima, sino el modelo productivo capitalista que destruye la Naturaleza y la vida; la unilateralidad de la política exterior de EEUU que actúa militarmente y con sanciones donde quiera sin ninguna capacidad del sistema mundial para frenarlo; y mucho menos que lo que está en juego es la hegemonía del poder capitalista global, que se dirime en lo fenoménico como guerra comercial.
Sostiene Kristalina que es “un motor particular de incertidumbre: la desigualdad”. En este sentido destaca que, junto a lo fiscal, importa el sector financiero y se concentra en el tema para aportar soluciones a la deriva actual de la economía mundial. Lo hace remitiendo el análisis a un siglo atrás. Recuerda el auge de la década del 20 del Siglo pasado, antesala del crack del 30, intentando reflexionar en esta década del 20, que anuncia una recidiva de la crisis estadounidense del 2001 y su efecto en los créditos tóxicos que derivaron en la situación del 2007-2009, con gran recesión, de la que aún no despega el sistema mundial. Agrega la funcionaria que a diferencia con lo acontecido hace un siglo, ahora sumamos el problema del “cambio climático”.
Resulta curioso que apunte a las cuestiones financieras para atender los problemas de la incertidumbre derivada de la desigualdad, que dice “Puede alimentar el populismo y la agitación política”. Queda claro que al FMI le preocupa el estado de rebelión en Francia, en Chile o Colombia, por destacar los más visibles en estos días; o la tendencia creciente a cuestionar el discurso hegemónico “liberalizador” sustentado por los denominados neoliberales.
Previo a ello señala que “En el Reino Unido, por ejemplo, el 10 por ciento superior ahora controla casi tanta riqueza como el 50 por ciento inferior. Esta situación se refleja en gran parte de la OCDE, donde la desigualdad de ingresos y riqueza ha alcanzado o está cerca de niveles récord.”
Es evidente el tema de la desigualdad, que se verifica en el sistema mundial entre países, pero también al interior de cada país y que trasciende la cuestión del ingreso y la riqueza para abarcar los problemas de la discriminación por género, diversidad y diferencias; el racismo y la discriminación hacia pueblos originarios, entre muchos mecanismos de desigualdad política y social en la vida cotidiana de los pueblos.
¿Qué esperar del FMI?
El FMI se construyó en 1944 como buque insignia del orden mundial emergente al final de la segunda guerra mundial. La hegemonía en su seno estuvo siempre en cabeza de EEUU, único socio con capacidad de veto por imperio de las cuotas, el 16,5%, cuando se requiere el 85% de los votos para asegurar una decisión. Sin EEUU es imposible resolver algo en el FMI.
Los prestamos actuales del FMI se orientan a países dependientes con problemas, entre ellos Argentina, Grecia o Egipto. No aparecen en la agenda de “asistencia financiera” ni EEUU ni China y menos interviene en la disputa comercial, tecnológica o de comunicaciones entre ellos; menos Europa o Japón. El FMI reconoce que la desaceleración de la economía mundial radica principalmente en la baja performance de EEUU, Europa y Japón; que no es mayor, como reconocen, por el crecimiento de los “emergentes”, entre ellos China y la India.
La cartera concentrada del FMI define que sus tareas no son hoy el sistema mundial, sino la de generar las condiciones de sustentabilidad de la política demandada por el capital transnacional y los principales Estados del capitalismo mundial.
Hace unos años, la atención del mundo estuvo concentrada en el “salvataje” de Grecia con la asistencia del Fondo, que solo sirvió para deteriorar las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Lo mismo acontece con la Argentina, con el agravante que la asistencia financiera en este caso se hizo para perpetuar en el gobierno una política amigable a las transnacionales y a la política exterior estadounidense, especialmente en la región nuestramericana. La responsable del préstamo hoy dirige el Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde y la nueva titular del FMI emite mensajes negociadores para con la Argentina, porque sabe que si endurece su posición puede inducir “populismo y agitación política”, que mejor traducido es “resistencia a las políticas del poder concentrado del capitalismo contemporáneo”.
Quizá valga la pena alimentar el temor que tiene el poder a la “agitación”, como vemos en la represión chilena, colombiana, ecuatoriana, haitiana, francesa y en cualquier territorio en que los pueblos explicitan su descontento con el efecto desigualdad, sí, pero también con las políticas depredadoras, como el fracking y que el pueblo mendocino puso en su lugar, o las luchas francesas que congelaron, por ahora, la reaccionaria reforma previsional de Macron. En Argentina existió una postergación de la protesta ante el privilegio del acontecimiento electoral, con expectativas de desandar la política anti popular de Macri. Esas expectativas tienen plazo, más aún con una inflación del 2019 del 53,8% y con arrastre sobre el 2020, lo que impacta en la capacidad de satisfacer necesidades de la mayoría empobrecida de la población. La pérdida de ingresos populares puede disparar la conflictividad ante ausencia de soluciones perentorias.
Para el caso argentino puede entenderse la negociación con los acreedores o el FMI, como forma de ganar tiempo, pero mientras deben suspenderse los pagos de la deuda, investigarla y utilizar esos recursos para un programa sin condicionamientos. Qué habrá boicot del poder económico está descontado, pero las condiciones actuales de la economía mundial no aseguran un tiempo de prosperidad, ni inmediata ni mediata. El horizonte es de incertidumbre y de desorden, con beligerancia del poder mundial, que se verifica en la unilateralidad del accionar estadounidense en materia militar o en sanciones económicas, en cualquier territorio del sistema mundial.
Al discurso del FMI no se le puede pedir una crítica al capitalismo, y mucho menos al mandamás estadounidense; pero para pensar los problemas de los pueblos se requiere ir a fondo en contra y más allá del orden del capital, en actuar y construir la transición del capitalismo hacia otra sociedad, que definimos en el socialismo aún con las experiencias fallidas en su nombre, que claro, han tenido al poder en toda su dimensión para obstaculizarlo, tal como ocurre en el presente con cualquier formulación de rumbo anti capitalista.
Buenos Aires, 19 de enero de 2020



[1] FMI. El Blog del Fondo. “Reducir la desigualdad para generar oportunidades” del 07/01/2020, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12536 (consultado el 19/01/2020)
[2] FMI. El sector financiero en la década de 2020: construyendo un sistema más inclusivo en la nueva década
Por Kristalina Georgieva, Directora Gerente, Instituto Peterson para la Economía Internacional del FMI , Washington, DC,17 de enero de 2020, en: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/sp01172019-the-financial-sector-in-the-2020s (consultado el 19/01/2019)

Con los votos solos no alcanza


Un lugar común del análisis político en la Argentina remite a las expectativas puestas en el cambio de gobierno, lo que aconteció hace ya un mes. Unos, los que se fueron, pensaban en políticas “populistas”, una categoría difícil de conceptuar y por eso, desde las PASO, se disparó el “riesgo país” descontando la cesación de pagos ni bien asumiera el gobierno de los Fernández. Otros, los que venían, imaginaron una reversión estructural del orden económico para revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados por las políticas hegemónicas del último ciclo de gobierno macrista.
La realidad terminó siendo más compleja durante el primer mes de gobierno y el balance de las medidas adoptadas permite análisis muy diversos, con sorpresas. Por un lado, baja el “riesgo país”, que más allá de la crítica que siempre hicimos a ese indicador, una maniobra de operadores privados del sistema financiero mundial, lo concreto es que los acreedores y especuladores asociados al endeudamiento observan que el acontecer financiero se aleja de una cesación de pagos inmediata y más aún, la voluntad es de pago de las acreencias y de renegociación de vencimientos de la deuda. Desde otra perspectiva, se constatan los aumentos de ingresos a las jubilaciones más bajas, a los planes sociales y la doble indemnización por despido, entre otras medidas, que involucran la ampliación del programa “precios cuidados”, facilidades a pymes con atrasos fiscales, renegociaciones crediticias y congelamientos de cuotas, peajes y tarifas, suponen un alivio a sectores de más bajos ingresos. La política fiscal, entre ellas la actualización de retenciones y la suba de alícuotas para algunos impuestos, busca el equilibrio entre ingresos y egresos, con mayores recursos para el Estado. El control de cambio incrementado favorece la búsqueda del doble superávit: fiscal y comercial. Es algo que satisface al FMI y a quienes sostienen la lógica ortodoxa de Política Económica. Es la condición para hacer frente a la cancelación de una deuda pública, que sostenemos, es impagable.
Entre los pocos datos a relevar en este primer mes, se verifica la suba de las reservas internacionales que administra el Banco Central. Es consecuencia directa del incremento de los depósitos en dólares de privados en el sistema financiero, una forma de evitar la mayor carga tributaria si esos recursos se mantenían en el exterior. Claro que entre los activos financieros del BCRA figuran ahora los documentos del Tesoro Nacional, con vencimiento a diez años, a cambio de los dólares que fueron utilizados para cancelar vencimientos de la deuda pública.
Lo que cuenta es la política
Todas las visiones apocalípticas desde la derecha y el poder no se verificaron, pero tampoco aquellas que imaginaban una confrontación con los poderes tradicionales, especialmente con los acreedores externos y el FMI.
En ese sentido, una batalla de interés se procesó en la Provincia de Buenos Aires, precisamente con la pretensión de establecer unas modificaciones tributarias de carácter progresivo impulsadas por el nuevo gobierno bonaerense. El triunfo electoral animó al Gobernador Axel Kicillof a sustentar una propuesta de actualización con el objeto de recaudar más recursos fiscales a costo de los sectores más concentrados del poder territorial rural y urbano. La mediación parlamentaria lo impidió. Los votos que favorecieron el triunfo electoral no alcanzan en las condiciones del funcionamiento de la “democracia real” existente en el país. La oposición política parlamentaria impidió la sanción legislativa en los términos y condiciones sustentados desde el nuevo gobierno bonaerense.
Diferente aconteció en la Provincia de Mendoza, donde el poder legislativo creyó que sustentaba su poder en la validez obtenida recientemente en las urnas. Sin embargo, la movilización popular revirtió la voluntad política del poder ejecutivo y del parlamento provincial. El tema es que los votos conceden “representación”, pero la política no se agota en ello, sino en la dinámica de la lucha de clases, que incluye la organización y movilización popular en aras de determinados objetivos. La lucha en defensa del agua y en contra de la mega minería a cielo abierto reconoce una larga trayectoria en la mayor de las provincias cuyanas, muy distinto a lo que ocurre en la vecina San Juan.
¿Se puede impulsar una reforma tributaria progresiva confiando en la racionalidad de los Parlamentos, o primero debe encararse una campaña social que instale la posibilidad de la transformación contra y más allá del poder? No es un interrogante menor, ya que no solo se trata de pensar en tal o cual correlación de fuerzas en cada una de las provincias de la Argentina, sino y muy especialmente para pensar la dimensión de la Nación. Es una cuestión que nos convoca a construir sujetos y programas que configuren una fuerza socio-política que pueda disputar el poder, que como sabemos está más allá de la disputa del gobierno. ¿Es posible confrontar con el FMI y los acreedores externos sin una importante campaña sobre el condicionante que supone el endeudamiento público y sus responsables directos? ¿Qué derechos tienen primacía, el de los acreedores de la deuda pública o el de los acreedores de derechos constitucionales, entre otros los de educación, salud o trabajo?
Lecciones de la historia
La historia avala la tesis que abona la complejidad de la acción política, que trasciende a los procesos electorales y consensuales de las formas democráticas consagradas y generalizadas en el capitalismo.
Margaret Thatcher pudo avanzar con sus políticas neoliberales sobre la derrota del movimiento de los mineros y de los trabajadores y trabajadoras en general. No le alcanzó con los votos que la posicionaron como Jefe del Gobierno británico, y necesitó derrotar al movimiento sindical para hacer realidad sus propósitos de reestructuración reaccionaria de la economía, el Estado y la Sociedad, más el inesperado “regalo” de consentimiento derivado de la reconquista de Malvinas.
Lo mismo puede decirse de Ronald Reagan, que para legitimar su política de liberalización debió derrotar al sindicato de los controladores aéreos y con ello definió la política más allá de los votos que lo ungieron Presidente. Ahora, Emmanuel Macron no puede ejercer su potestad presidencial en Francia, aun con la legitimación electoral que lo depositó en el Palacio del Eliseo, ya que acontece la movilización popular en confrontación con su reaccionaria propuesta de modificación del régimen previsional. La dinámica social en lucha evidencia que la lucha de clases en Francia trasciende la voluntad electoral oportunamente manifestada.
En su momento, en Gran Bretaña y en EEUU, la “política” en sentido integral consolidó el poder desde las urnas y en la lucha cotidiana para instalar el neoliberalismo como política hegemónica que se extendería en todo el mundo desde la dominación de la vieja y la nueva potencia imperialista.
Más allá del resultado electoral en la Argentina de 1973, la lucha popular aseguró la libertad a los presos de la Dictadura, antes de la resolución de “amnistía” adoptada por el Parlamento. La lucha por los Derechos Humanos, en las condiciones políticas del 2003, arrancó la “nulidad” de las leyes de la impunidad aun cuando el Parlamento del ciclo previo había definido la “derogación”, con el argumento que no era posible anular actos anteriores.
¿Era posible la revolución en Cuba en 1959? Muchos creyeron que solo se trataba de un acontecimiento pasajero. ¿Podía subsistir esa revolución en las condiciones de derrota del “socialismo” entre 1989/91? Ya pasaron 60 años que responden el primer interrogante y la mitad del tiempo para contestar el segundo. Lo que parece imposible se hace posible sobre la base de la iniciativa y la acción política.
Podría pensarse en estos pocos ejemplos locales y globales para discutir la coyuntura de la lucha de clases contemporánea y en qué sentido pueden definirse las encrucijadas de un tiempo que incluye el peligro de guerra (de escalada militar entre EEUU e Irán, o comercial entre EEUU y China), de afectación del medio ambiente (incendios en Australia, entre muchas agresiones a la Naturaleza y por ende a la vida), pero al mismo tiempo de emergencia de una subjetividad del descontento que crece mundialmente y habilita a soñar nuevamente en clave de emancipación social.
Buenos Aires, 10 de enero de 2020

¿Qué puede ocurrir en Argentina relativo a la economía del 2020?


Argentina tiene nuevo gobierno desde el 10/12/2019 y muchos se (me) interrogan sobre las primeras medidas, el rumbo y que ocurrirá en el 2020 y en el tiempo de duración del gobierno hacia el 2023.
Es un ejercicio interesante porque se debate la herencia del gobierno Macri entre fines del 2015 y el 2019, tanto como el ciclo “neoliberal” iniciado en 1975/76, mediado por los intentos de contramarcha, y los cambios estructurales operados hasta nuestros días, sea la reestructuración de las relaciones laborales, los cambios en la función del Estado, como la profundización de la inserción subordinada del país en el sistema capitalista mundial.
Primeras medidas
Dos son los aspectos que sobresalen en el discurso y el accionar de política económica. Uno apunta a la emergencia de la pobreza y la distribución del ingreso. Otro apunta al tema del endeudamiento agravado en la gestión Macri, lo que incluye el acuerdo con el FMI de 2018.
El primero apunta en el sentido del voto. Si algo expresó la elección presidencial de octubre es el final de la política de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza, que se manifiesta en mayor pobreza, caída de salarios y jubilaciones, desempleo y precariedad laboral, junto al enriquecimiento de muy pocos sectores de la economía y la población.
El segundo es el gran condicionante de la economía, la política y cualquier proyecto de distribución progresiva del ingreso y la riqueza en el país. La deuda pública es una hipoteca impagable, que debe ser rechazada, impugnada, investigada, desde una concepción de ejercicio soberano de política.
Un asunto a destacar es el tratamiento de la urgencia en el Parlamento, con la llamada “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVAEN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA”[1], que incluyó la mejora de la jubilación mínima para diciembre y febrero junto a la suspensión de la movilidad aprobada en diciembre del 2017. Esto motiva especulaciones que se develarán en marzo y junio próximo, cuando se conozca el ajuste de las jubilaciones, sus alcances concretos y si se afectan o no las impresentables e irracionales “jubilaciones de privilegio”, las que debieran eliminarse junto a una mejora de la mínima en torno a la canasta demandada por las organizaciones de jubilados, cercana a los 40.000 pesos mensuales.
Las medidas incluyeron actualizaciones relativas a “retenciones a las exportaciones”, rechazadas como era previsible por sectores vinculados al agro negocio y a la economía de exportación, en muchos casos incluso por razones ideológicas sembradas desde el poder mediático y los “influencers” “neoliberales”, fomentado por quienes pueblan los análisis económicos y políticos en la construcción de sentido común. Las medidas fiscales incluyeron actualizaciones que apuntan a mejorar los ingresos tributarios del Estado, tendientes a disminuir el déficit y generar condiciones para lograr el superávit de las cuentas públicas.
Claro que la legislación incluyó un mayor uso de los recursos del Fondo de Sustentabilidad que administra el ANSES para el financiamiento público, elevando el porcentaje desde el 50 al 70%. Con esto se agrava la situación de organismos nacionales involucrados en la lógica del endeudamiento público, que curiosamente facilita la decisión pública respecto de acreedores externos, pero compromete los usos de los recursos públicos en beneficio de la cancelación de una deuda odiosa.
La decisión de aprobar incrementos salariales de 4.000 pesos, en dos pagos, en enero y febrero apuntan en el sentido de la mencionada distribución del ingreso. La medida anunciada para privados alcanzará también a estatales nacionales, y habrá que demandar que se extienda al conjunto de los trabajadores, con los límites que tiene la existencia de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en situación irregular y muchos otros aún no incluidos en la disposición anunciada a comienzos del 2020.
Más de 1.300 millones de dólares de las reservas internacionales se utilizaron para cancelar deuda, autorizados por la ley de “solidaridad social” que autoriza disponer un poco más de 4.500 millones de dólares de las reservas que administra el BCRA. Es más, en diciembre se canceló deuda pública por más de 500 millones de dólares, una cifra superior al costo fiscal de la mejora en dos pagos de 5.000 pesos a jubiladas y jubilados de la mínima.
Uso alternativo de las reservas internacionales
Solo para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.
En el ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio. Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.
A un costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100 viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de 6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y 50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la destreza de los involucrados en el proyecto.
Si se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales, afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000 trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000 trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000 dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero 2020).
Con el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable, si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u, las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían en la actividad.
El ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegitima y odiosa, tal como reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social es la gran deuda de los argentinos"[2], o en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegitimas, CADTM, por un lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro.[3] En estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de refinanciación por parte de las autoridades argentinas.
Las misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo, principal afectado por la política de endeudamiento recurrente.
¿Qué esperar del 2020 y más allá?
Todo dependerá de la organización social y el programa que se construya en el conflicto. Es una conclusión a propósito de los recientes acontecimientos en la Provincia de Mendoza.
En efecto, el sentido común de este tiempo, favorable al desarrollo del capitalismo, sugiere que todo debe derivarse de inversiones externas que dinamicen la actividad económica, que sin inversores no hay reactivación, ni empleo, ni salarios ni ganancias y mucho menos condiciones para sustentar el Estado y cumplir con las obligaciones contraídas, sean los derechos constitucionales o las acreencias externas. Desde ese consenso mayoritario la Provincia de Mendoza modificó la Ley de protección del agua a favor de las inversiones mineras, con aval parlamentario de los principales partidos que hoy gobiernan el país, sean oficialistas u opositores.
La respuesta social masiva desarmó el objetivo por la mega minería a cielo abierto y defendió el derecho a la defensa de los “comunes”, entre ellos el agua. Más allá del consenso mediático e ideológico de cómo salir de la situación económica actual, la sociedad movilizada se impuso, asentado su poder en una acumulación gestada por años de reuniones, asambleas, campañas y múltiples mecanismos de difusión contra-hegemónica de un programa, no solo de defensa del agua, sino de propuestas alternativas al modelo productivo y de desarrollo.
Por eso el ejercicio presentado anteriormente, a modo de ejemplo sobre lo que puede hacerse con recursos de reservas internacionales y que la recuperación de la economía no solo deviene de la iniciativa de inversores externos, sino que puede resultar de la “auto gestión” financiada por recursos públicos, o incluso del propio Estado, si es que se asume como un Estado a contramano de una lógica ideológica de que lo único posible es la norma impuesta por el Capital.
En definitiva, discernir por dónde transitará el 2020 y en perspectiva hacia el fin de la gestión gubernamental actual está más asociado a lo imponderable del accionar social en la lucha por satisfacer necesidades ampliadas de la población más afectada.
De lo contrario, el año y la gestión de los Fernández transitará más vinculado a las presiones del poder, entre ellos el complejo entramado del endeudamiento que pretende no solo cobrar a los vencimientos, o negociar en condiciones adecuadas, sino y sobre todo afirmar los reaccionarios condicionamientos establecidos en el acuerdo con el FMI, o sea, el ajuste antipopular y las reaccionarias reformas laborales y previsionales.
Buenos Aires, 5 de enero de 2020


[1] Boletín Oficial, 23/12/2019, en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/ley27541.pdf (consultado el 05/01/2020)
[3] Consultar en los sitios en internet de CADTM ABYA YALA, en: https://www.cadtm.org/ y el Blog de Dialogo 2000 en:  https://dialogo2000.blogspot.com/

Complejidades del debate económico


Resulta muy complejo el debate sobre política económica en la actualidad, no solo respecto de la Argentina o la región, sino del mundo. ¿Porqué?
Argentina
Lo primero respecto del país es que no puede soslayarse que hay un nuevo tiempo político desde la asunción de un nuevo gobierno el 10 de diciembre pasado.
Imaginemos que es lo que estaríamos analizando ahora de haber ganado el macrismo. No se trata de un ejercicio de ciencia ficción, sino de una hipótesis relativa al acontecer sobre las tarifas de servicios públicos, las que estaban congeladas hasta el resultado electoral y ahora hasta junio 2020.
¿Qué hubiera ocurrido con los precios de los combustibles? Interrogante válido cuando el Presidente Alberto Fernández interviene para frenar el último aumento del año, que ya había sido dispuestos por las autoridades de la empresa YPF y que arrastraba a otras transnacionales del petróleo.
Claro que es una medida transitoria y que a fines de enero el aumento puede ser efectivo. Igual, aun transitorio, llamamos la atención sobre la capacidad de demorar impactos socioeconómicos regresivos en un clima de elevada inflación.
Es muy probable que hoy, bajo una segunda presidencia de Macri, estaríamos discutiendo la continuidad del acuerdo con el FMI, no solo los desembolsos hasta los 57.000 millones de dólares (ya desembolsaron un poco más de 44.000 millones), sino y muy especialmente las regresivas reformas laborales, previsionales y tributarias.
La profundidad de la hipoteca se hubiese acrecentado. Ya lo es, aun con el rechazo a nuevos desembolsos, pero las negociaciones no están constituidas desde una posición de poder, sino de una de subordinación a la lógica del sistema financiero mundial, con el preconcepto de que el país quiere pagar.
El tema es como salir de la recesión y su impacto en el desempleo y las carencias sociales de los más empobrecidos; pero también como terminar con la inflación, mecanismo especifico de transferencia de ingresos desde los muchos más perjudicados a los pocos privilegiados con la capacidad de establecer precios.
La discusión sobre el hambre y como combatirlo en la Argentina es trascendente, especialmente para un país con historia y presente en l producción de alimentos.
Nuestramérica y el mundo
Relativo a la región, el debate es el regreso a la mayoría de los gobiernos de una lógica de política económica asociada a la corriente principal de contenido “liberalizador” sobre el movimiento internacional de capitales, salvo lo que se explicita desde el discurso en México y Argentina, y claro que en otro nivel, Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Las movilizaciones populares en Chile, Colombia o Haití, hacen evidente al mismo tiempo que los pueblos, o una parte movilizada de éstos, objeta las tendencias hegemónicas actuales y con antecedentes en los tiempos del terrorismo de Estado de los tempranos setentas.
Eso que mentamos se denomina ahora “neoliberalismo” y es la corriente hegemónica del pensamiento económico contemporáneo, con los matices de las formas en que se desarrolla en cada uno de los países que lo incorporan como política de Estado.
Son “neo” porque remiten al origen liberal de los primeros pensadores que sistematizaron la novedad del capitalismo como forma de organización contemporánea de la sociedad, sustentada en la explotación de la fuerza del trabajo y el saqueo de la naturaleza.
No en vano sostuvieron los iniciadores de la Economía Política que el trabajo era el padre de la riqueza y la tierra la madre.
Aquellos fundaron la lógica liberal del orden capitalista y estos neo-liberales la adecuan para sostener el régimen del capital en el presente de transnacionalización que vivir el sistema mundial.
En algunos casos se presenta la orientación de la política económica de manera más ortodoxa y en otros menos, incluso con el barniz del proteccionismo a la Trump o a la Brexit.
Así transcurre la tónica del debate mundial, relativo al desorden derivado de la iniciativa política estadounidense, con sanciones unilaterales e intentos de intervención económica o militar en diferentes territorios del mundo.
El objetivo es la reorganización del sistema mundial bajo la continuidad de la hegemonía estadounidense.
La situación compleja de la guerra comercial, monetaria, financiera y de hegemonía entre EEUU y China permea la situación contemporánea y en la crítica reinstala un imaginario de “otro capitalismo”, audible en las voces provenientes del Vaticano o de prestigiados economistas, oportunamente galardonados con el Nobel, caso de Joseph Stiglitz.
Recordemos que los Nobel del 2001 o 2008, en pleno desarrollo de la crisis capitalista fueron otorgados a críticos del orden hegemónico sin cuestionar al capitalismo, caso de Stiglitz en 2001 y de Paul Krugman en 2008.
Ese es el marco que estimulan “best seller” del tipo de los producidos por el francés Thomas Piketty, con su Capital del Siglo XXI en 2015 y su actual Capital e Ideología del 2018.  Son escritos de crítica al orden presente sin objeción al régimen del capital, con propuestas orientadas a morigerar la hegemonía del poder por vía tributaria como mecanismo de redistribución del ingreso.
Sea desde el papado, Stiglitz o Piketty, el neo-desarrollismo tiene intelectualidad y proyecto político que lo sostenga. Son formas teóricas con derivados en política económica para discutir el presente y el futuro del capitalismo.
Claro que la inspiración en el keynesianismo y las reformas en política económica entre 1945 y 1975 requieren de un tiempo global inspirado en una bipolaridad hoy ausente, la que rigió entre 1945 y 1989/91, entre los proyectos enunciados bajo la dualidad del capitalismo y el socialismo.
Socialismo
La realidad es que hoy el discurso por el socialismo está devaluado, y no solo por el derrumbe del este en Europa, sino por la discusión en torno al carácter del modelo productivo y de desarrollo en China e incluso las bondades de las políticas en quienes mantienen la formulación sobre el horizonte socialista, sea Vietnam o Cuba, incluso Venezuela.
El debate alude a si es posible desandar la imposición de una lógica arraigada que parte del inversor capitalista para crear la riqueza social, más allá si el destino de esa riqueza recrea las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de la naturaleza o si se orietna en un sentido social solidario de satisfacción de las necesidades.
La discusión es relativa al modelo productivo y al de desarrollo, lo que supone discutir qué y cómo producir, incluso cómo distribuir y los mecanismos de satisfacción integral de las necesidades sociales por mecanismos monetarios mercantiles o comunitarios des-mercantilizados orientados a la satisfacción de las necesidades.
¿Es posible producir para atender las necesidades sociales en su conjunto? Desde luego que no en el capitalismo, donde el objetivo es producir plusvalor y con este la acumulación de ingresos y riquezas, generando las condiciones de la dominación y reproducción de una lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
¿Se puede ir a contramano de la lógica hegemónica?
Existen inercias construidas por décadas, caso del modelo productivo, pero la impronta de la organización y movilización popular interviene en ese debate y con mucha efectividad.
Veamos la tradición de lucha en defensa del agua y del medio ambiente en algunos territorios de la Argentina, de la región y del mundo, base de acumulación para doblegar al consenso político en el modelo de la mega minería a cielo abierto en Mendoza.
En pocos días se hizo visible una acumulación histórica de muchas asambleas que fueron invisivilizadas por el poder tras años de acumulación de fuerza, de estudio y verbalización del regresivo impacto ambiental y social de la explotación con base en tóxicos y un horizonte depredador de los bienes comunes.
Desde el poder legislativo y ejecutivo en la provincia mendocina se avanzó en una lógica consentida desde el poder nacional para avanzar en la minería provincial, en el mismo sentido de lo que acontece en otros territorios nacionales, caso emblemático de la vecina San Juan.
La política económica no solo se establece desde la demanda del capital, o los propósitos de rumbo definidos por los poderes ejecutivos o la capacidad de legislación de los poderes legislativos, sino también y muy especialmente desde los pueblos cuando su voz se agiganta por la masividad y rompe contra el status de quien establece las políticas.
Por años existió la legislación protectora del agua y era eso “normal”. En la búsqueda de una nueva “normalidad se intentó modificar la ley y lo lograron, efímeramente, ya que la movilización popular obligó a revertir la situación.
¿Fin al capitalismo o al extractivismo en Mendoza? No, claro que no, pero evidencia la fuerza de la voluntad social para marcar rumbos, en este caso en defensa del agua.
¿Resulta un ejemplo para discutir el modelo productivo local, regional o mundial? Desde luego, lo que habilita un debate sobre otros horizontes ideológicos de contenido crítico al orden capitalista y para pensar en nuevas formas de organizar económicamente la cotidianeidad de nuestra amenazada sociedad.
Son reflexiones al cierre de un año y pensando auspiciosamente en uno que llega con la aspiración de felicidades para todos y todas, saludos y buen 2020.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2019