La inflación describe quien tiene poder


¿Pueden los trabajadores o las trabajadoras aumentar el precio de la Fuerza de Trabajo, o lo que es lo mismo el salario?
Solo pueden si acumulan suficiente poder para enfrentar a las patronales, sean del sector público o del privado.
Algo similar ocurre con las jubiladas o los jubilados, tanto como las o los perceptores de planes sociales, o aquellos empresarios cuyo destino se liga al consumo de éstos.
Los que sí tienen poder para aumentar son las petroleras, los especuladores, los grandes exportadores, las privatizadas de servicios públicos.
Es así desde que las petroleras dolarizaron sus precios y acordaron con el Gobierno la actualización recurrente de sus precios. Contra una inflación de 32,4% acumulada desde enero a septiembre, los combustibles subieron cerca del doble.
No hay duda que es una de las partes que se reconocen entre los ganadores de la política económica del Gobierno Macri. Resulta la misma consideración para las privatizadas de servicios públicos, con actualizaciones tarifarias en el último año por encima del 50%, contra una inflación anual del 40,5%.
Los especuladores cuentan en su haber un cambio en la cotización del dólar del orden del 130% en lo que va del año; una tasa de referencia del BCRA por encima de la inflación acumulada (40,50%) e incluso de la esperada (48/50%). El BCRA estableció una tasa no menor a 60% hasta diciembre próximo y paga por las colocaciones bancarias vía LELIQ, Letras de Liquidez que solo pueden adquirir los bancos, casi el 74%.
El incremento en la cotización de las divisas, 1 dólar a 37,50 pesos,  mejora la rentabilidad de los grandes exportadores del campo, la minería, la industria o los servicios.
También vale registrar el beneficio para los acreedores de la deuda pública, beneficiados con elevadas tasas de interés y riguroso cumplimiento de pagos, ya que el ajuste fiscal no incluye al gasto financiero.
El déficit cero remite al gasto fiscal primario, o sea, antes de pagar intereses. Estos están a la cabeza del compromiso de pago, por lo que el resto de los gastos se someten al ajuste, que ahora ya no es gradual, sino de shock y se manifiesta en la ley de Presupuesto.
La inflación es una cuestión de poder
Están los que pueden imponer precios y los que no, lo que supone una disputa por el Ingreso.
El Ingreso es un espejo del Producto por lo que:
a/ Ingreso=Producto, parte esencial de las cuentas macroeconómicas; donde,
b/ Ingreso=Consumo más Ahorro más/menos Saldo Comercial; y
c/ Producto=Consumo más Inversión más/menos Saldo Comercial)
Si consideramos el contexto de recesión, caída del Producto, inducida por la política monetaria del BCRA y del Gobierno Macri, ocurre una merma en simultáneo de los recursos (Ingreso) a distribuir en el conjunto de la población.
La caída prevista por el Gobierno es de -2,4% del Producto para el 2018 y del -0,5 para el 2019.
Para el FMI es -2,6% para 2018 y -1,6% para 2019. La CEPAL señala en una evaluación más pesimista que será del -2,8% y del -1,8% para el presente y siguiente año.
Sea una u otra cifra, ninguna augura una mejora de los Ingresos y con ello la aceleración de la disputa por el mismo y el conflicto social desplegado.
Ocurren dos fenómenos en simultáneo. Uno se procesa entre los sectores empresarios, incluso entre aquellos que son parte la cúpula empresarial, y en otro plano, entre aquellos y el conjunto de la sociedad de ingresos fijos y reducidos.
Los primeros disputan entre sí, vía cambios en los precios relativos (unos aumentan más que otros), y en conjunto subordinan a la mayoría social al poder de la concentración y centralización de la economía.
En el 2001 se manifestaba entre quienes pretendían avanzar hacia la dolarización, caso de las privatizadas de servicios públicos, o quienes pugnaban por la devaluación para hacer competitiva la producción local.
Hoy pretenden recomponer precios aceleradamente, caso de las privatizadas es evidente, tanto como de los exportadores.
Se trata de la disputa recurrente por la hegemonía del orden económico en la Argentina, como disputa de largo aliento que no termina de consolidarse.
Al poder oligárquico asociado al capital externo se le disputó  la hegemonía en la cúpula en tiempos de industrialización sustitutiva desde las primeras décadas del Siglo XX.
Con la crisis de los 70 y la solución aperturista derivada de las políticas hegemónicas en tiempos de dictadura genocida y luego en los 90, se habilitó la revancha neo-conservadora par restaurar posiciones perdidas en el poder.
Se trata de un fenómeno local en el marco de la evolución del sistema mundial en tiempos de globalización, los 80/90 del Siglo pasado, por lo que se destaca el papel del capital externo, que actuó en todos los ámbitos de la actividad económica, primaria, secundaria, terciaria, para subordinar el orden socioeconómico a la lógica de la transnacionalización.
La deuda externa y especialmente pública, creciente desde los tiempos de la dictadura, constituyó un mecanismo privilegiado para asegurar la profundización de la dependencia al capital foráneo.
Nuevo orden y disputa hegemónica
El tema en cuestión es gravísimo, ya que el “macrismo” es un nuevo intento político por resolver la cuestión del poder a favor de las fracciones de la burguesía transnacional que actúa en el país.
Para triunfar necesitan disciplinar la capacidad de lucha, resistencia y organización de los sectores populares, con larga tradición y fortaleza en el logro de derechos sociales, sindicales y laborales, colectivos e individuales.
La capacidad de disciplinar a las trabajadoras y a los trabajadores se puede lograr con la eliminación de derechos y por eso resulta estratégica en la lógica del poder la reforma regresiva de la legislación laboral y previsional, generando en simultáneo la posibilidad de recomponer la tasa de ganancia.
Es por eso que se proponen derrotar estratégicamente a los trabajadores, a las trabajadoras y sus organizaciones para desde allí estabilizar el poder en la cúpula.
Asistimos a un nuevo tiempo histórico, donde se procesan reestructuraciones de las relaciones sociales capitalistas, especialmente entre el Capital y el Trabajo, contra los derechos laborales.
Es una tarea que también potencia y profundiza una reforma reaccionaria del Estado para sostener la demanda de mayor ganancias del capital concentrado y promoviendo la especificidad subordinada de la Argentina al sistema mundial, atrayendo inversiones y facilitando la movilidad y libertad de circulación del capital.
Se presenta el problema como una cuestión económica, aunque también es política, tal como se evidencia en la realidad del avance de las derechas en variados territorios, casos actuales del Brasil y la enorme votación del fascista Bolsonaro, o el impredecible Trump.
Pretendemos señalar que no es cuestión de errores en la formulación de las políticas económicas, sino que el trasfondo es una reestructuración integral de la economía, de la política y de la cultura, con impacto regresivo para la mayoría empobrecida.
Todo ello impone un pormenorizado análisis del presente para intervenir críticamente a favor de los más desprotegidos, quienes solo podrán superar la situación si logran constituirse como sujeto colectivo e instalar nuevas culturas e ideas que expresen formas de organización económica a contramano de la lógica de la ganancia y el capital.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2018

Mujeres y discriminación en tiempos de inflación y recesión


Miles de mujeres se concentran en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en Trelew, territorio patagónico para reclamar por sus derechos contra el patriarcalismo imperante en nuestra sociedad.
Hace más de tres décadas que el conclave se repite y transita por todo el territorio nacional y exacerba las contradicciones con la cultura opresora del patriarcado a todo nivel, más allá de los ingresos, riquezas y adscripciones ideológicas, culturales, religiosas o políticas de mujeres y hombres.
Es cierto que hay demandas de mujeres desde mucho antes, pero reconocemos que en el último tiempo, desde el “ni una menos”, el movimiento de mujeres se transformó en una corriente que desafió la cultura dominante. Incluso, más allá de logros o impedimentos jurídicos, caso del aborto seguro y gratuito, la batalla cultural instaló la legitimidad del reclamo y evidencia inadmisibles discriminaciones hacia las mujeres.
Una nueva cultura emerge en la Argentina y en el ámbito mundial, relativa a la cuestión de los géneros y las opciones sexuales, poniendo en evidencia la dinámica de la lucha social para instalar nuevas agendas y derechos que modifican el sentido común patriarcal mayoritario.
Esas discriminaciones tienen materialidad en la cuestión económica y queda claro cuando se repasan algunos datos muy concretos.
Mercado laboral
Según el INDEC, para diciembre del 2017 el nivel de actividad involucraba al 58,1% de la población para los 31 aglomerados urbanos que referencia la Encuesta Permanente de Hogares, EPH.
De ese total, para las mujeres supone un 47,6% y para los varones un 70%. La tasa de empleo alcanza el 53,9% y se distingue para las mujeres un 43,5% y un 65,7% para varones. La tasa de desocupación alcanza a 7,2% en general, siendo para la mujeres del 8,7% y del 6,1% para los varones.[1]
Queda en evidencia la discriminación hacia las mujeres, ya que el mercado laboral privilegia la contratación de varones por encima de las mujeres, evidente en las tasas de actividad y de empleo, con mayor peso de los varones. Lo contrario ocurre al medir el desempleo, donde las mujeres superan a los varones, algo que es más grave aún entre las jóvenes.
Trabajo no remunerado
Otro tema importante en la consideración del trabajo de las mujeres se asocia con las actividades laborales no remuneradas.
En ese sentido vale considerar el trabajo doméstico no remunerado, cuya última estadística del INDEC data del tercer trimestre del 2013.
Allí se señala que si el promedio de horas trabajadas sin remunerar son de 5,3; las mujeres ocupan 6 horas, mientras son 3,4 horas para los hombres.
Si vemos al interior de esos registros, para las tareas domésticas el promedio es de 3,4 horas, con 3,9 las mujeres y 2,4 los varones.
Para el apoyo escolar, con un promedio de 3,4, las mujeres ocupan 3,9 horas y 2,4 los varones.
Si vemos las actividades de cuidado de personas, el promedio es de 5,3 horas, ocupando las mujeres 6 horas y 3,8 horas los varones.[2]
Es evidente la explotación de la fuerza de trabajo en general, agudizada para las mujeres con discriminación explícita en el mercado de trabajo, con probados salarios menores y agravada con el trabajo no remunerado, socialmente asignado con preeminencia a las mujeres derivado de la dominación patriarcal.
Si además incluimos la distribución personal del ingreso, allí verificamos que entre el 40% de las personas de más bajos ingresos son mujeres, mientras que en el resto del 60% de la población de mayores ingresos relativos, la mayoría son varones. Las mujeres son las más empobrecidas.[3]
La actual situación agrava el problema
Pretendemos llamar la atención sobre el tema no solo por la realización del ENM, sino porque la realidad de Inflación y recesión golpea más a mujeres que a hombres.
Los datos previos, sobre mercado de trabajo y de trabajo no remunerado denuncian una discriminación efectiva hacia las mujeres, que por esa misma razón soportan las consecuencias de la actual situación de suba de precios y cesantías y suspensiones por la caída de la producción y las ventas.
El futuro cercano y mediato no es tranquilizador, ya que en la coyuntura se tramita en el Parlamento el Presupuesto 2019, un verdadero plan de ajuste acordado con el FMI. Es más, el Fondo no avala aún el acuerdo a la espera de la media sanción en Diputados el próximo 24/10.
Son especulaciones, es verdad, pero el gobierno necesita mostrar capacidad para disciplinar a la sociedad en el ajuste fiscal y monetario.
En ese sentido debe mostrarle al FMI capacidad de acción legislativa o de consenso institucional de la política.
Claro que también existe la sociedad en lucha y se ha convocado desde la CTA Autónoma a un paro y movilización al Congreso para obstaculizar el instrumento legal del ajuste. Otras centrales sindicales y movimientos sociales también han convocado a la movilización en la ocasión.
La pretensión oficial apunta a transformar al proyecto presupuestario en ley con el tratamiento en el Senado y su aprobación antes de que se realice la Cumbre de Presidentes del G20 el 30/11.
En esa Cumbre participan los que deciden en el FMI, especialmente Donald Trump, presidente de EEUU.
El debate es quien triunfa
De aquí a fines de noviembre resulta una carrera contra reloj para definir el instrumento legal del ajuste, que legaliza, aunque no legitime, una política antipopular que confirma la tendencia inflacionaria, recesiva y especulativa.
Lo último se asocia a la política monetaria y cambiaria, de elevadas tasas de interés para contener el precio del dólar.  El mínimo intento de reducir la tasa de interés motivó un repunte de la cotización de la moneda estadounidense al cierre de la semana.
En definitiva, las elevadas tasas seguirán aunque eso profundice la recesión y alimente las ganancias de los pocos sectores que pueden volcar excedente económico a la inversión financiera.
Como paliativo se incorporan restricciones al aumento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados, los UVA, a cambio de la extensión del plazo. En el mismo sentido se intenta contener la demanda de inquilinos con reformas a la legislación de alquileres.
Desde el gobierno se apuesta a que la sociedad aguante la presión de la inflación y la recesión. Por su parte, la sociedad afectada está desafiada a discutir esa premisa e instalar un debate que genere condiciones de posibilidad para consensuar otra política con mutación sustancial de beneficiados y perjudicados.
Hay quienes sustentan que las familias están en default y convocan a una campaña para la condonación de deudas. Otros convocan a la desobediencia civil ante la imposibilidad de hacer frente al sustento de la familia de bajas y medios ingresos.
Son dilemas no sencillos, pero el rumbo actual profundiza la discriminación hacia los de abajo y entre ellos reproduce una lógica discriminatoria contra las mujeres, alejando cualquier materialización de la demanda por la igualdad contra el patriarcalismo que anima al movimiento de mujeres.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2018




[1] INDEC. Mercado de trabajo. Indicadores socioeconómicos (EPH). Cuarto trimestre de 2017, en:  https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/indicadores_eph_4trim17.pdf (consultado el 13/10/2018)
[2] INDEC. TERCER TRIMESTRE DE 2013. ENCUESTA SOBRE TRABAJO NO REMUNERADO Y USO DEL TIEMPO (difundido en Julio 2014), en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf (consultado el 13/10/2018)
[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Segundo trimestre de 2018, en:   https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_2trim18.pdf (consultado el 13/10/2018)

Macri: ¿fracaso de la política económica?


En variadas ocasiones escucho decir que el gobierno fracasó en su política económica, o incluso que cometió y comete muchos errores.
Confieso que la formulación me hace ruido, más allá de reales problemas en las idas y vueltas relativas a la implementación de medidas (retenciones, precios y tarifas, etc.) y/o cambios de funcionarios y reestructuraciones del Gabinete para llevar adelante los objetivos explícitos e implícitos.
Pobreza cero se sostuvo, pero no era creíble y los datos afianzan el empobrecimiento, con lo cual, allí no hay fracaso ni error, sino resultado lógico de una política de concentración del ingreso y la riqueza.
Se sostuvo la reducción y/o eliminación del impuesto a las ganancias para las trabajadoras y los trabajadores y la base social sujeto del tributo viene creciendo y no por mejora de ingresos salariales sino por el impacto de la inflación.
No es un error o un fracaso de la política fiscal, sino lógica de una orientación regresiva de la política de ingresos.
Con las retenciones el tema es claro, incluso su reinstalación es transitoria y solo ante la necesidad de cumplir el ajuste acordado con el FMI.
¿Hay fracaso?
La mención al fracaso remite a la situación de creciente inflación acompañada del inicio de un ciclo recesivo, que combinados ambos, concluyen en un complejo cuadro de agravamiento de los indicadores económicos y sociales que afectan a la mayoría empobrecida de la población.
El tema se agiganta con la reproducción de mensajes preelectorales relativos a lo sencillo que sería bajar la inflación, ya que Argentina es uno de los poquísimos casos donde el alza tan elevada de los precios aparece como una cuestión de ineficacia de las políticas de Estado. Es el diagnóstico errado de la crítica por derecha al gobierno.
Más que errores de la política oficial, o fracaso de la misma, el fenómeno inflacionario remite a problemas inconclusos y arrastrados durante años en la disputa por la hegemonía económica en el capitalismo local.
Con Macri se recrea otro capítulo para avanzar en el intento de reestructurar regresivamente la dominación capitalista en la Argentina, en un recorrido que incluye a la dictadura genocida y a la década del 90.
Parte de ello que incluye por derivación en la actual exposición judicial por corrupción de sectores muy concentrados de la burguesía local. Todo puede terminar en mayor extranjerización y transnacionalización de la economía.
Más que fracaso, lo que existe es un nuevo intento por consolidar una fracción hegemónica de la burguesía que actúa en la Argentina y mientras eso no ocurra no hay posibilidad de frenar la disputa, vía aumento de precios, por la apropiación de la renta nacional en la cúpula del empresariado.
El camino actualmente en curso recrea y acrecienta el proceso de dependencia y extranjerización de la economía local, aun a costa de sectores asociados ideológica y políticamente a los propósitos esenciales del PRO y Cambiemos.
La apuesta es con Trump y su política exterior, las petroleras, el sistema financiero, la especulación, el gran “campo”, la actividad extractiva y las privatizadas, mucho más que con tradicionales sectores concentrados de la burguesía local.
Dolarización, devaluación e intereses en pugna de la cúpula empresarial
Todo ello supone confrontaciones por arriba para redefinir el sector hegemónico de la economía local, tal como ocurría en el 2001 entre quienes demandaban la dolarización y aquellos que pregonaban la salida devaluatoria.
Estos últimos fueron los ganadores, con la devaluación operada por Duhalde en enero del 2002, con el respiro adicional que supuso la cesación parcial de pagos (a los organismos internacionales se les siguió pagando) a fines del 2001.
Con la cesación de pagos y la devaluación se habilitó la condición de posibilidad para recuperar el nivel de actividad económica luego de una larga recesión entre 1998 y 2002, al tiempo que se restringió la apropiación de riqueza de algunos grupos beneficiados en tiempos de convertibilidad, especialmente privatizadas de servicios públicos.
No solo se retomó la senda del crecimiento y la posibilidad de la puja distributiva, sino que se optó por el privilegio a una fracción de la burguesía actuante en la Argentina.
La puja por el poder no quedó resuelta y por eso la disputa por la renta que se manifiesta como inflación, es decir, guerra de precios para dirimir quienes monopolizan la mayor parte del excedente y se constituyen en la hegemonía de la cúpula empresarial en el país.
Más allá de quien resulte ganador, la batalla por el poder incluye sustancialmente una disputa de todos ellos contra el conjunto de los sectores social y económicamente subordinados, especialmente los trabajadores y trabajadoras, en actividad o jubilados.
Se trata de una pelea cuyos antecedentes remiten al abandono del modelo productivo de industrialización por sustitución de importaciones a mediados de los 70.
Desde entonces, la especulación, la banca, los acreedores externos, junto a empresas privatizadas de servicios públicos en manos de capital externo y sectores gran-exportadores pujan por la dolarización.
Lo hacen contra otros asentados en la producción industrial, especialmente orientados al mercado interno, quienes demandan devaluación para lograr mayor competitividad y proteccionismo para hacer funcionar al capitalismo local, reduciendo el déficit comercial.
En contadas ocasiones se satisfacen ambas necesidades, por lo que la normalización supone un nivel de acuerdo que estabiliza la macroeconomía y favorece momentos virtuosos de crecimiento económico, incluso relativa distribución del ingreso, lo que abona consensos políticos.
Mientras la disputa se procesa en el interior del poder y se manifiesta con alzas de precios que escala a niveles de hiper-inflación en el último medio siglo, lo que se confirma es una tendencia al deterioro de los indicadores sociales y económicos de la mayoría de la población, con relativos momentos históricos de recomposición producto de la manifestación social y política crítica al rumbo estructural tendencial.
Ganadores y perdedores
Queda claro en la coyuntura el beneficio para especuladores, acreedores externos, la banca, empresas privatizadas extranjerizadas de servicios públicos, las petroleras, el gran “campo” y los grandes exportadores.
Es algo que se expresa en el 74% de interés que aprovechan los bancos por la política de restricción monetaria del BCRA, afectando cualquier propósito de financiamiento productivo.
Del mismo modo operan petroleras y privatizadas que dolarizaron sus precios a costa del conjunto social, o aquellos tributarios del alza del tipo de cambio, para especulación o exportación.
Todos son tributarios de la corrida cambiaria desde abril y mayo y un tipo de cambio en torno a los 40$ por dólar. Son, al mismo tiempo, receptores y beneficiarios de las principales medidas económicas asumidas desde comienzo de la Gestión Macri.
No se trata solo de la construcción de un bloque social de dominación capitalista, sino de generar mutaciones en las relaciones capitalistas, especialmente en lo atinente a la reducción del costo laboral, base material de nuevas relaciones entre el capital y el trabajo.
De ahí la importancia en el debate por el “futuro del trabajo” que incluye el gobierno Macri en los debates del G20.
Por eso, aun cuando no pudieron modificar por vía parlamentaria la legislación laboral, acusada de rígida y obstáculo para las inversiones, lo hicieron de hecho por vía de la política económica (devaluación).
La corrida cambiaria convalida la reducción del salario en dólares para favorecer el ingreso de inversores externos con costo salarial y laboral disminuido en pesos.
Encima, la situación mundial con alza de la tasa de interés en EEUU y la disputa de hegemonía capitalista global, guerra comercial mediante, agrega incertidumbre a países como la Argentina, que no constituyen objetivo privilegiado de los inversores internacionales, mucho menos si se incorpora la tradición local de organización y lucha de los movimientos sindicales y populares.
Lo que se disputa es el poder y la capacidad de disciplinar a la sociedad, por eso no hay error ni fracaso, solo iniciativa política para reestructurar regresivamente el capitalismo local.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2018

Pocos ganadores y muchos perdedores ante el nuevo acuerdo de Macri con el FMI


Todos los indicadores económicos y sociales se deterioran bajo las condiciones resultantes de la ampliación del acuerdo del Gobierno de Macri con el FMI. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC, crece el desempleo al 9,6%; la pobreza al 27,3% de las personas, en un marco de creciente inflación (¿6% a 7% mensual en septiembre? ¿42% al 45% durante el año?) y recesión de la actividad económica, con guarismos entre el -2,5% y -3% para el 2018.
Ahora se trata de un préstamo por 57.100 millones de dólares (se desembolsarán unos 52.000 millones antes de finalizar el mandato presidencial a fines del 2019) a cambio de un brutal ajuste del déficit primario, es decir, antes de pagar intereses de la deuda, la que crece a niveles inusitados para proyectar el stock de deuda pública por encima del 100% del PBI a comienzos del próximo 2019.
Junto al déficit primario “0”, se suma la emisión monetaria “0” hasta mediados del 2019, promoviendo una restricción de la base monetaria para achicar la inflación, contener el dólar y causar enormes penurias a los sectores sociales de menores ingresos, la mayoría de la población.
La realidad es que el dólar crece un 12% en septiembre y un 121% durante los primeros 9 meses del año, cotizándose a $42 por dólar y una brecha establecida por el BCRA entre 34 y 44 pesos por dólar para intervenir desde la autoridad monetaria.
Por su parte, los combustibles crecen desde enero más del 60%, mostrando el impacto de la dolarización de algunos precios muy sensibles, caso de los combustibles o las tarifas de servicios públicos, con cronogramas de aumento en lo que resta del año.
A cuánto llegará la inflación a fin de año nadie lo sabe y menos cuál será el arrastre sobre el 2019, más allá del 23% establecido en el proyecto de Presupuesto que discute en estas horas el Parlamento, pero si queda clara la voluntad de ajustar a los sectores más empobrecidos para cumplir con el acuerdo con el FMI y los sectores hegemónicos del sistema mundial.
Tasas de interés de usura
Para sostener la nueva política monetaria y cambiaria se elevó la tasa de interés del 60 al 65%, lo que supone un crecimiento de las tasas sobre préstamos que llevan al default a la familia de sectores medios y bajos, endeudados con tarjeta de crédito, y ni hablar del costo financiero del descubierto bancario, una práctica generalizada entre los pequeños y medianos empresarios.
Altas tasas pasivas de interés para favorecer inversiones en activos financieros en pesos, letras ofrecidas por el BCRA o el Tesoro; o plazos fijos u otras colocaciones financieras, estimulan la especulación contra cualquier intento de aliento a la producción local, por eso se afirma la tendencia a la recesión recurrente.
El BCRA mantiene el mecanismo de desarme de la bomba de las LEBAC, pero las LELIQ que se colocan en la plaza financiera ya superan en stock a las LEBAC. Se cambia la vieja bomba por una nueva, a costa del presupuesto público que sostiene el conjunto del pueblo con miseria social extendida.
No cabe duda que el resultado combinado del déficit fiscal primario cero y la reducción de la base monetaria y emisión “0”, combinada con altas tasas de interés favorece la tendencia recesiva de la economía local con claros y pocos beneficiados y muchos perjudicados.
Crecen los despidos y suspensiones como consecuencia directa de la situación, sumado al cierre de fábricas y empresas, con alza de los concursos de acreedores, donde las trabajadoras y los trabajadores son los principales perjudicados.
Los ganadores se cuentan entre los especuladores, lo que involucra la creciente fuga de capitales, unos 290.000 millones de dólares de activos de argentinos en el exterior, según las propias cifras oficiales.
A ellos se sumas los grandes productores y exportadores, como las empresas que lograron la dolarización de sus precios, caso de las petroleras y aquellas que comercializan los servicios públicos privatizados.
Producto de la devaluación podría beneficiarse el sector vinculado al turismo local, por mayor presencia de extranjeros y desestimulo a los viajes al exterior.
Solo en el tiempo se podrá verificar si el elevado tipo de cambio actual favorece la producción local para la exportación, cuestión negada con el elevado déficit comercial presente y proyectado aún para el 2019, nada menos que por 10.000 millones de dólares.
La ortodoxia como argumento
Sea por la exigencia del FMI o la propia decisión de los que deciden en el Gobierno Macri, se impuso la lógica monetarista, donde la causa de la inflación resulta de la emisión monetaria excesiva, por lo que la solución supone una fuerte restricción de la base monetaria congelando la emisión hasta mediados del 2019.
El costo social es y será gigantesco, si es que la sociedad lo permite y no se generan las suficientes resistencias y confrontaciones.
Resulta de interés apuntar lo que hay detrás de la ortodoxia en la formulación de política monetaria, financiera, cambiaria y económica, para afirmar que es una cuestión de poder, que remite a que fracción de la burguesía actuante en el mercado argentino, de origen externo o local, puede disciplinar al conjunto de las clases dominantes y desde allí lograr la dominación sobre las clases subalternas, la condición de posibilidad para el funcionamiento del capitalismo local bajos condiciones “normales”.
Una normalidad relativa a la evolución contenida de los precios, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo; a la estabilidad de la macroeconomía y a viabilizar un ritmo de crecimiento acorde con las normas mezquinas de la lógica contemporánea.
No se trata solo de economía y políticas económicas, sino de política y consensos sociales en el bloque del poder para reestructurar regresivamente el funcionamiento del capitalismo en la Argentina.
El discurso ortodoxo asumido por las nuevas autoridades del BCRA converge con las críticas discursivas por derecha al macrismo y acelera los tiempos del ajuste fiscal y el cambio de precios relativos para favorecer la ganancia en desmedro de los ingresos populares. Se consolida así la ofensiva del capital contra el trabajo.
La sola devaluación ocurrida durante el año, del 120% de corrección cambiaria, confronta con actualizaciones salariales del orden del 25%, que aun cuando se habiliten reaperturas de convenios colectivos en torno al 40/42%, la pérdida de los ingresos por la venta de la fuerza de trabajo contrasta contra los ingresos elevados por los propietarios de los medios de producción, sea vía renta o ganancias.
El objetivo de reformas laborales se demora por vía legislativa, pero se resuelve vía medidas económicas con disminución de los salarios en dólares y por ende reduciendo el costo de inversores internacionales en la contratación de fuerza de trabajo.
A modo de ejemplo señalemos que un salario de $20.000 podía cambiarse hasta hace poco tiempo por 1.000 dólares y ahora solo puede aspirar a cambiarse por 500 dólares, favoreciendo el ingreso externo de capitales para invertir en la economía local. Argentina se hizo más barata para los tenedores de divisas con intención de invertir en el país.
Lo que está en juego
Es mucho lo que se juega en la coyuntura, con impacto en lo económico social y en lo político.
Sin perjuicio de la continuidad de la regresiva transferencia de ingresos que supone la política del gobierno Macri desde fines del 2015, lo que ocurre es una reestructuración del capitalismo local con un nuevo intento de consolidación de la extranjerización y subordinación de la estructura económica y social local a la dinámica de la dominación transnacional, en momentos de disputa del liderazgo del orden mundial.
Argentina intenta una pragmática política de alineación ideológica política con EEUU, al tiempo que afianza relaciones económicas, comerciales y financieras con China.
El acuerdo con el FMI, fuertemente apoyado por EEUU intenta contener a la Argentina como aliado imprescindible para la política exterior de Washington en el continente americano.
Sin EEUU no hay acuerdo con el FMI y Trump necesita a Macri en la cruzada contra Venezuela y el “populismo” en la región, forma de denominar cualquier intento de política diferenciada de la imaginación del poder estadounidense o la corriente principal neoliberal.
Todo esto se juega en el debate del Presupuesto 2019, el del profundo ajuste explícito en el acuerdo con el FMI, pero también en la Cumbre presidencial del G20 el 30/11 y el 1/12.
En la ocasión del cónclave presidencial del G20, Macri intentará mediar entre el poder de EEUU y sus aliados mundiales, contra la alianza entre China y Rusia, para encontrar un lugar para la Argentina en el marco de la disputa de la geopolítica global.
La gran incógnita es la respuesta popular, anticipada en variados conflictos, entre los que sobresale el del pasado 24 y 25 de septiembre, un paro de 36 horas y el plan de acción en proceso para confrontar con el ajuste actual, el Presupuesto 2019 y la propia contra cumbre del G20. Contra el G20 emerge una amplia organización popular que aspira a unificar variadas protestas contra la política del poder mundial.
Resulta en conjunto una lógica de conflicto que habilita a pensar las construcciones político electorales que disputen el destino de la Argentina en la renovación electoral del 2019.
Algunos imaginan el desplazamiento del macrismo en el ejecutivo nacional, pero sosteniendo el mismo plan de reestructuración regresiva de la Economía, del Estado y la Sociedad.
Lo que importa es la posibilidad de habilitar otras propuestas políticas, que en acuerdo con la lógica radicalizada del conflicto apunte a soluciones populares para la mayoría y más allá del orden capitalista.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2018

Notas sobre el Presupuesto 2019


El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento argentino sobre el Presupuesto 2019 es un “gigantesco dibujo propagandístico”, que al mismo tiempo anticipa las líneas de un “brutal ajuste fiscal” que agrava las condiciones de vida de la mayoría de la población de menores ingresos. Un ajuste que en estas horas se negocia en Washington con el FMI, incluso para ampliar el préstamo del organismo internacional de 50.000 a 70.000 millones de dólares, los que se desembolsarían antes del fin del mandato de Mauricio Macri en diciembre del 2019. De ese modo se resuelven las necesidades de financiamiento del capitalismo local en el corto plazo.
El apoyo financiero tiene el sustento político del socio mayoritario en el Fondo: EEUU, quien aprecia el accionar del gobierno Macri en el cambio de la agenda política, económica e ideológica en la región. Para la política exterior de EEUU resulta de carácter estratégico terminar de reorientar el rumbo en toda América Latina y el Caribe hacia los intereses de las transnacionales estadounidenses y tiene en Macri un socio con consenso electoral para sus planes..
Lo del dibujo se podría explicar con las metas del Presupuesto del 2018, modificadas unilateralmente por el poder Ejecutivo sobre fines de diciembre pasado, a días de haber sido aprobado por el Congreso. Hace un año se proyectaba una inflación del 10%, luego corregida a 15% y el año terminará con un alza de precios en torno al 45%. Las imposibles metas de inflación del pasado año se diluyeron con la dolarización de los combustibles, las tarifas de los servicios públicos privatizados y la corrida cambiaria de estos meses. El dólar se imaginaba por debajo de los 20 pesos y hoy oscila entre 40 y 38 pesos. Se proyectaba un crecimiento de la actividad del 3,5% y cerraremos en una recesión en torno al -2,4% según el propio Gobierno. El presupuesto de crecimiento era pura propaganda que se desmoronó con la realidad recesiva del presente.
Dibujo y ajuste fiscal
Por eso, ahora para el Presupuesto 2019 también se acude a un escandaloso dibujo: Inflación del 23%, nivel de caída de la actividad económica del -0,5% y un dólar promedio de 40,10%. Son supuestos de contención de la inflación y muy especialmente de la cotización del dólar, que se mantendrá en los niveles promedio de estos días durante el próximo año. Son supuestos irreales que le sirven al gobierno para disputar el consenso político social en un tiempo de disputa electoral para el 2019.
Presentan un imaginario positivo sobre el desastre social que apareja la recesión económica en curso, proyectada su continuidad para el año entrante y la continuidad inflacionaria, aun con tendencia a la baja a los mismos niveles que durante el 2017, con restricciones en las actualizaciones de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o planes sociales, lo que afecta a millones de habitantes de menores ingresos relativos. La pérdida de ingresos populares se acumula durante la gestión Macri y se consolida en la proyección hacia el fin del mandato presidencial.
El Presupuesto es una iniciativa política del gobierno para señalar que los problemas de estos últimos meses, corrida cambiaria mediante, se han terminado. Se trata de una estrategia asociada al apoyo financiero inusitado del FMI, sustentado en el apoyo de Trump al gobierno Macri. El solo anuncio que el acuerdo con el FMI avanza según lo solicitado por el gobierno argentino (anticipar desembolsos del 2020 y 2021 antes del 2019) recompuso en la coyuntura la valorización bursátil de las acciones de las principales empresas y los títulos de la deuda pública, recomponiendo retrocesos relativos de estos tiempos de incertidumbre. Al mismo tiempo crece la pobreza, el desempleo, la baja del salario y un conjunto de penurias que se constituyen en el nuevo piso del empobrecimiento popular.
Pretendemos señalar que la estrategia comunicacional del Gobierno con datos sobre el Presupuesto 2019, que suponen inflación a la baja, congelamiento del dólar alto, en torno a 40,10 pesos, y disminución del ritmo recesivo, actúa como aliciente ante inversores locales y globales que verifican en estas horas la reducción de los salarios medidos en dólares. Es una conclusión fundamental a la hora de definir destinos territoriales de inversores internacionales en momentos de restricciones a la rentabilidad de los capitales.
Además, con esta cotización del dólar, la gran apuesta del gobierno es al aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones por encarecimiento, y por ende la reducción del déficit comercial, bajando la necesidad de endeudamiento externo para pagar importaciones. Está previsto un 21% de crecimiento de las exportaciones, con base en “soja y otras producciones agrarias” más “vaca muerta”, en donde se alienta el desembarco de cuantiosas inversiones externas. A ello suman ventas al exterior de manufacturas industriales sustentadas en una cotización alta que resulta competitiva con la producción externa.
Junto a ello el desestimulo al gasto por viajes al exterior y la expectativa de incremento de visitantes del exterior que gasten divisas en la Argentina, verificado en estos días con mayor cantidad de visitantes de países vecinos. Las proyecciones relativas a la cotización del dólar apuntan a sostener esos valores en los próximos años, acompañando los procesos de baja inflación imaginados para el 2020 en adelante.
En síntesis proponen contener el precio del dólar para inducir una baja de la inflación, mejorar el balance comercial y externo, terminar con la corrida cambiaria y estabilizar las cuentas macroeconómicas para favorecer la llegada de las inversiones externas.
Déficit cero con más impuestos y menos gastos
Todo lo dicho se enmarca en la estrategia del déficit fiscal primario igual a cero, lo que se logra con incremento de impuestos y reducción del gasto. Vale aclarar que no se elimina el déficit fiscal, ya que será cero el primario, es decir, antes de pagar intereses. Con el incremento de la deuda, los intereses crecen y se transforman en el principal gasto individual del Presupuesto. Sea por el crecimiento del stock de deuda, como por la devaluación, hacia enero del 2019, la deuda expresará más del 100% del PBI, comprometiendo e hipotecando  los recursos públicos por años.
En materia tributaria vuelven temporariamente las retenciones a las exportaciones y se amplían los sujetos del impuesto a las ganancias. Por un lado se amplía la base de la cuarta categoría, es decir, los salarios, a contramano de lo dicho en la campaña electoral del 2015 y de que el salario no es ganancia. Se eliminan exenciones al impuesto a las ganancias para ingresos jubilatorios y además, se pretende gravar con ganancias a cooperativas y mutuales que por definición son entidades sin fines de lucro.
Sobre el gasto público, los principales afectados serán los ingresos del personal, trabajadoras y trabajadores del Estado, sea por el congelamiento de los cargos, como por la afectación de ingresos salariales que no acompañan la perdida por inflación desde el 2016, agravada en el 2018, y sin recomposición adecuada prevista para el 2019. Del mismo modo se afecta el presupuesto del gasto social educativo y de salud, junto a los ingresos de pensionados y jubilados con el arrastre que supusieron las modificaciones de diciembre del 2017, consolidadas en las cuentas del Presupuesto en debate en el Parlamento.
Los fundamentos de la crisis actual según el mensaje oficial
Sostiene el Gobierno al elevar el Proyecto de Presupuesto 2019[1] que veníamos creciendo muy bien hasta que sobrevino la desgracia natural de la sequía que impactó muy fuerte en la producción agraria, especialmente la producción de soja. A eso se sumó el cambio de la situación internacional con la suba de los intereses en EEUU, con impacto en los países emergentes y la suba internacional de la cotización del dólar. Suman a esos argumentos el conflicto económico entre EEUU y China, más las crisis especiales de Turquía y Brasil. A ello alude Macri cuando remite a la tormenta que se descarga sobre la Argentina.
Ninguna auto crítica. Todo sería responsabilidad del contexto, exculpando a la política local implementada desde fines del 2015, o sea, la eliminación en origen de las retenciones, el pago a los holdouts con nueva deuda, más un desenfrenado endeudamiento agravado con el acuerdo con el FMI y una recurrente política de deterioro de los ingresos populares minando el funcionamiento del mercado interno y afectando a las economías regionales y a la pequeña y mediana empresa.
Pareciera que relativo a lo local todo se concentra en el fenómeno de los “cuadernos y la corrupción”, los que habrían minado la posibilidad de avanzar con inversiones bajo el paraguas de la Participación Pública Privada en materia de inversiones. Nada sería responsabilidad gubernamental, sino del exterior y del gobierno anterior. La herencia recibida es re significada en el Mensaje de presentación del Presupuesto 2019.
Con este diagnóstico justifican el pase de una política de ajuste gradual a otra de shock expresada en el Presupuesto para 2019. Eso es déficit fiscal 0% para 2019 y superávit de 1% para el 2020, lo que supone un ahorro de 25.000 millones de dólares entre 2018 y 2020, afirman en el mensaje que estamos comentando. El gasto del sector público nacional bajará del 24% al 20% del PBI entre 2016 y 2019 inclusive. Destacan una reducción del 0,8% en 2016, del 3% en 2017, del 6,2% en 2018 y se proyecta una caída del 7,7% en 2019.
El balance del 2018 se muestra optimista pese a los números negativos de una caída del PBI del -2,4%, principalmente generado por la caída del Consumo Privado del orden del -3,4% y del Consumo Público del -2% y morigerado por mejores perspectivas del balance comercial, base de sustento del motor de crecimiento económico en la etapa.
Queda claro el papel del Consumo popular en esta evaluación y el papel asignado a la competitividad exportadora con un dólar alto. El gobierno explicita sus intenciones de beneficiar a grandes exportadores, aun restituyendo retenciones transitorias y en pesos. Resulta benévolo el mensaje con relación a la cuestión monetaria y financiera sin considerar las cuantiosas pérdidas de reservas internacionales en el periodo, especialmente con las corridas cambiarias del 2018.
Las proyecciones
El mensaje describe un escenario internacional levemente favorable, aun con la persistencia del conflicto entre EEUU y China y el crecimiento de las tasas de interés en EEUU.
Respecto del PBI indican un caída del -0,5% fundado en baja del consumo privado del -1,6% y del -3,4% del consumo público (evidencia clara del ajuste fiscal); una caída de la Inversión del -9,7% y una mejora del balance comercial con exportaciones creciendo al 20,9% e importaciones en alza al 2,8%.
Recordar que: PBI= Consumo + Inversión + Exportación – Importación  
Por lo tanto, lo previsto es la caída del consumo, privado y público, de las inversiones, y toda la apuesta está en la mejora de las exportaciones por un dólar competitivo, asentado en soja, hidrocarburos no convencionales por Vaca Muerta y exportaciones industriales. Aun así, el déficit externo alcanzará según la previsión oficial unos 9.900 millones de dólares en 2019, contra 22.400 millones de dólares en 2018.
Más allá de referencias a generalidades sobre las potencialidades de la mejora social por impacto de las medidas de política económica se afirma la disminución de los subsidios económicos del orden del 0,7%, los que se trasladan al sector privado y a las provincias, especialmente en materia de transporte. Para energía la reducción es del 0,3% y estimando el traslado a precio del 70% del costo de la electricidad y del 75% del gas. Ello sugiere la continuidad de los tarifazos durante el próximo periodo y más allá. El mensaje supone una reducción del 2% en la dotación de personal estatal y la disminución de las transferencias a las provincias. La mejora de la recaudación con retenciones y eliminación de exenciones al impuesto a las ganancias son la contrapartida para asegurar el déficit cero en 2019.
Al déficit 0 se llega por mejoras de Ingresos tributarios y otros del orden del 1,2%, representando el 20,2% del PBI, y por reducción del gasto primario (antes del pago de intereses) del -1,5%: en subsidios económicos, gastos de funcionamiento, especialmente salarios y transferencias a Provincias y menores gastos de capital (energía, transporte y vivienda). Un dato curioso es que el gasto en salarios del personal asciende a 530.928 millones de pesos, un 2,9% del PBI, mientras que los intereses netos de deuda ascienden a 596.065 millones de pesos, el 3,2% del PBI. Esos mayores intereses explican el déficit fiscal general para el 2019, equivalente al déficit financiero, ya que el déficit primario se prevé 0.
Importa considerar las exenciones tributarias, especialmente del impuesto a las ganancias, que suman 35.455,3 millones de pesos, el 0.19% del PBI, entre los cuales computan ganancias de Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales y Cooperativas por 19.020 millones de pesos, un 0,10% del PBI; por trabajadores en relación de dependencia de la Patagonia por 4.561,7 millones de pesos, un 0,02% del PBI; Jueces y funcionarios de los poderes judiciales de la Nación y provincias por 9.854,6%, el 0.05% del PBI. Lo que no se cobra por todos los impuestos, exenciones, alícuotas reducidas o reembolsos, alcanza a 312.898,8 millones de pesos, o el 1,70% del PBI.
El Programa de Inversiones Público y Privadas, PPP, establece una proyección cercana a los 10.000 millones de dólares entre 2018 y 2033 para una primera etapa de 6 corredores viales.
Deuda pública y Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN)
Las necesidades financieras se establecen en casi 39.000 millones de dólares y se explicita una necesidad de financiamiento no cubierto por 20.000 millones de dólares, equivalente a lo que trascendió que incrementaría la asistencia financiera del FMI, de 50.000 a 70.000 millones de dólares.
Se estima un stock de deuda pública por 315.698 millones de dólares a diciembre del 2018, pasando del 57,1% al 87,0% del PBI. Tal como señalamos, en enero podría superar el 100%.
A diciembre del 2019 se estima en 331.971 millones de dólares la deuda pública y con la hipótesis de estabilización de la economía y mejora macroeconómica se supone una reducción del porcentaje de deuda sobre el PBI. El supuesto es el máximo déficit financiero para 2019 (3,2%) y una reducción progresiva hacia el 2023.
Los recursos totales de la Administración Pública Nacional (APN) en 2019 alcanzarán los $3.424.476,2 millones (18,6% del PBI). El gasto público previsto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 asciende a $4.024.761,9 millones, que representa un incremento del 27,4% interanual. Se estima que el resultado primario sea deficitario en $7.297,7 millones, (-0,04% del PBI, 2,6% por debajo con respecto a 2018) y que el resultado financiero (resultado primario más intereses de la deuda netos de operaciones entre organismos de la Administración Nacional) alcance un déficit total de $600.285,7 millones (-3,26% del PBI).
Intereses netos tiene previsto un gasto de 593.016 millones de pesos, contra Gastos de funcionamiento del Estado Nacional por 547.294 millones de pesos, de los cuales en salarios de todo el personal asciende a 437.791 millones de pesos.
El debate del presupuesto 2019 y la política
La Ley de Presupuesto tiene que discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados antes de ir al recinto para su media sanción y consideración en el Senado. Ello implica un debate político con oposiciones diversas, algunas más proclives a la negociación que otras. Entre los negociadores se puede incluir a los poderes ejecutivos más vinculados políticamente con el rumbo nacional, sean oficialistas u opositores. De hecho son escasos los gobernadores que manifestaron críticas sustanciales a la política nacional y a las orientaciones sobre el Presupuesto 2019, que incluye el acuerdo con el FMI, gran condicionante de la política económica a futuro.
Sin embargo y más allá del debate institucional, será importante el debate callejero derivado del conflicto social que incluye el paro nacional de 36 horas a cumplirse el lunes 24 y martes 25 de septiembre próximo. De hecho, las dos CTA y un conjunto de organizaciones sindicales de la CGT anuncian convocatorias a movilizaciones en los momentos de tratamiento del Presupuesto, sin perjuicio de lograr un espacio en el debate parlamentario para hacer escuchar la voz del movimiento sindical y popular. El conflicto social trasciende las previsiones presupuestarias y remiten a la situación de inflación y recesión que golpea duramente a los sectores de menores ingresos en la sociedad argentina.
La pretensión gubernamental, más allá de cualquier oposición y del conflicto social, que intentará reprimir, apunta a la aprobación antes del 30/11, momento de inicio de la Cumbre de Presidentes del G20. Se trata de una imagen de control político que Mauricio Macri, coordinador del G20 quiere ofrecer a los jefes políticos de los principales Estados y Organismos Internacionales del capitalismo mundial. Es un tributo al poder mundial para continuar en la brega por atraer inversores externos que sustenten la posibilidad del desarrollo capitalista en el territorio argentino.
En la coyuntura local, el tratamiento del Presupuesto 2019 condiciona las tensiones y proyecciones de la confrontación política, en momentos de aceleración de las disputas por los consensos electorales que definen el próximo ciclo constitucional entre 2019 y 2023 y en definitiva el rumbo de la política y el orden económico local para el mediano y largo plazo. Algo que no solo interesa en el país, sino con repercusión regional y mundial.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2018


[1] Mensaje del Poder Ejecutivo elevando el Proyecto del Presupuesto 2019 al Parlamento. En: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf (consultado el 22/9/2018)