Mauricio
Macri usa la comunicación de una forma muy especial. Otorga reportajes en
radios del interior del país que luego se propalan y reproducen por todos los
medios: una verdadera cadena nacional.
En
esta semana se anticiparon que habría anuncios para mejorar la situación del
interior del país, que junto al Ministro de la Producción se precisarían
medidas para mejorar la situación relativa de las economías regionales.
Las
expectativas fueron importantes y los resultados menores, ya que todo se limitó
a mermas en los aportes patronales para sueldos menores a 17.509 pesos, que hoy
difunde Dante Sica en artículo de propaganda en La Nación del domingo 17 de
febrero.
Es
una disposición bienvenida para aquellos que reducen el pago de la carga
laboral y está en línea con la demanda empresaria de reducir el costo como
parte del gasto necesario para la producción.
Se
trata de una medida que mejora relativamente la rentabilidad de la inversión y
afecta el financiamiento de la seguridad social.
Convengamos
que se trata de una cifra baja, pero con impacto en la reducción del
financiamiento que sustenta la política de seguridad social y previsional, más
aún con la premisa del objetivo por un déficit primario cero que induce al
ajuste fiscal.
De
este modo, ante la baja del financiamiento público, es de esperar un mayor
ajuste en otras áreas, especialmente del gasto social.
En
el artículo de LN se augura un futuro de crecimiento y en especial del empleo,
desmentido por la realidad de la desindustrialización que afecta a sectores de
las pequeñas y medianas empresas y muy claramente a las trabajadoras y
trabajadores que son suspendidos o cesanteados, afectando a miles de familias.
Lo
que decimos relativo al mayor ajuste fiscal, adquiere relevancia ante el
comienzo de las clases y la apertura de una negociación salarial que anticipa
el conflicto distributivo, agravado por la pérdida de poder adquisitivo ante el
avance inflacionario.
El
gobierno pretende discutir el 2019 sin remedar el atraso salarial del 2018. Eso
ya está ganado para las patronales, incluido el propio Estado, que hace el
achique del gasto salarial para asegurar el compromiso del ajuste con el Plan suscrito
con el FMI.
Con
la discusión salarial docente se evidencia la demanda del conjunto del sector
laboral por recuperar lo perdido en los convenios colectivos del 2018.
Presión de los precios
El
mes de enero cerró, según el INDEC, con un 2,9% de crecimiento de los precios
minoristas, donde los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se
elevaron en un 3,4% y los gastos por las viviendas y los servicios de
electricidad y agua crecieron un 3,1%.
Los
últimos, alimentos y servicios, son gastos por encima del promedio mensual de
evolución de los precios y que afecta a los sectores de menores ingresos, que
no pueden evitar esos consumos y gastos.
Por
el contrario, aquellos sectores de ingresos reducidos concentran su canasta de gastos
en satisfacer necesidades básicas, alimentación y servicios públicos.
En
definitiva, se agranda la brecha entre sectores de altos y bajos ingresos,
donde para los primeros, los consumos no se ven afectados por la suba de los
precios de bienes o servicios. Es la base de sustento de la violencia
sistémica, que los analistas esconden a la hora de analizar el fenómeno de la
“seguridad y la violencia” cotidiana.
Nunca
será el sistema la causa en origen y todo se diluye en casos individuales que
se reproducen en la crónica policial cotidiana.
A
contramano de la realidad, el Presidente anuncia como mensaje de campaña que
está bajando la inflación, cuando el acumulado de enero 2018 a enero del 2019
alcanza al 49,3%, superando el máximo del registro del 2018 en 47,3%.
Parece
una burla, aun cuando Macri remite a una tendencia que se explicitará,
probablemente y según el mensaje oficial, en la segunda parte del año, cuando
en pleno proceso electoral se frenen los aumentos programadas en servicios
públicos, los que volverán hacia noviembre, con la elección ya definida.
Aludimos
a la campaña electoral, ya que la estrategia fue anunciar el cronograma de
aumentos en la primera parte del año para no afectar en los índices
inflacionarios del momento más caliente de la campaña de renovación
presidencial, más cerca de julio a octubre.
Según
el programa gubernamental, aún resta eliminar subsidios y transferir a precio o
tarifa a pagar por los usuarios. Eso se hará si puden en el nuevo turno de
gobierno desde diciembre del 2019.
El
ajuste y la transferencia del costo de los servicios públicos es una forma de
profundizar la privatización y extranjerización de la economía local, algo que
no se termina con las actualizaciones del presente año.
Ratificando
al Ex ministro Aranguren, para el gobierno, la energía no es un derecho y por
ende debe pagarse en su totalidad por los consumidores. Es algo en lo que
coinciden las empresas y que abonan los comentaristas con el afán de generar
sentido favorable a los intereses empresarios y en cotra del derecho a la
energía.
Lo
que puede esperarse son mecanismos de actualización permanente de tarifas y de
precios, más aun con la dolarización implementada y la perspectiva de disparada
de la cotización de la divisa estadounidense luego de las elecciones de octubre
próximo, incluso antes si las expectativas electorales contradicen las
aspiraciones del oficialismo.
Ruido en el poder económico
Con
el argumento anterior, las petroleras no aceptan mermas en sus pretensiones de
ganancias y disputan el mantenimiento de los subsidios estatales para sus
empresas.
Desde
Tecpetrol, del Grupo Techint se demanda una cifra millonaria en compensación
por cambios en las reglas del juego relativas a la explotación de Vaca Muerta.
Más
allá de quien tenga la razón en la renegociación de los contratos y acuerdos
entre las transnacionales petroleras y el Estado, la pugna es por la renta
petrolera.
En
la lógica del gobierno existe la necesidad de renovar un nuevo periodo de
gestión presidencial, entre 2019 y 2023, en condiciones de recesión aguda y
deterioro de la capacidad de consumo de buena parte de la sociedad.
Por
eso, necesita habilitar recursos para paliar la situación, caso de la baja de
los aportes patronales que acaba de anunciar, pero al mismo tiempo necesita
cumplir con el FMI y el ajuste fiscal. Por ende, necesita ajustar por distintos
medios, incluso al propio núcleo del poder económico.
Techint,
la familia Rocca y otros sectores del poder no aceptan una merma de las
expectativas de ganancias, así como los grandes productores y exportadores sojeros
no aceptaron la extensión del tiempo para la reducción de las retenciones.
El
poder económico en general no acepta la rebaja de subsidios. La lógica
discursiva de la cúpula empresarial es contra los subsidios estatales, cuando
estos son para paliar la situación de miseria de la mayoría empobrecida de la
población. Muy distinto es cuando se trata de subsidios al poder económico.
La
campaña electoral de renovación presidencial está en pleno desarrollo y el
gobierno asume la iniciativa para manejar los tiempos del ajuste y la disputa
del consenso electoral.
El
problema es la capacidad de aguante de la sociedad, que puede no coincidir con
los tiempos electorales imaginados desde el poder, y construir una protesta social
que desborde esa lógica, gestando condiciones de posibilidad de una objeción al
rumbo general de la economía.
Las
movilizaciones del verano contra el tarifazo y la demanda por actualizar
salarios pueden converger en una demanda social por otro rumbo de la economía y
de la política, configurando un debate político que trasciende la disputa
electoral.
En
los medios masivos se instala la bipolaridad de las urnas entre las dos
innovaciones de la política local al comienzo del Siglo XXI: el kirchnerismo y
el macrismo.
Los
K emergieron desde 2003 y construyeron un proyecto que pretende disputar
nuevamente el consenso de la sociedad en las urnas, mientras que el macrismo
construido como proyecto político en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007,
se hizo visible con pretensión nacional desde el 2015. Busca en octubre
convalidar credenciales.
Ambas
propuestas suman, según distintas mediciones entre el 50 y el 60% de las
voluntades electorales, por lo que requieren construir articulaciones políticas
y sociales que los trascienden para disputar la hegemonía y conseguir la
mayoría necesaria en las urnas. Un tema importante es el sentido común que se
construye en la sociedad para volcar en uno u otro rumbo la voluntad del voto,
siempre que no surja una tercera variante que intente también la disputa por la
hegemonía en el gobierno.
Recordemos
el 73, cuando el peronismo pudo ser hegemónico desde una política frentista,
más en septiembre que en marzo. Lo mismo ocurrió en ocasión de la votación del
2007 y más aún la del 2011, que no pudo sostenerse en 2015. Vale también para
la estrategia electoral de la efímera Alianza en 1999.
Kirchnerismo
y macrismo necesitan ampliar sus propuestas hacia coaliciones más amplias para
constituir mayorías electorales que sustenten en las urnas la posibilidad de
ser gobierno desde fin de año.
Como
sostenemos en varias ocasiones, no solo se dirime la cuestión en las urnas,
sino y especialmente en la cotidianeidad de la disputa simbólica y sobre todo
desde una perspectiva alternativa, en la capacidad de organizar y promover la
crítica para un rumbo más allá del orden capitalista.
Sobre
este tema editorializa el Diario de los Mitre en la fecha con una prédica
contra la crítica de la izquierda, el marxismo y en defensa de sostener el
actual estado de las cosas.
Lo
hace desde la defensa del Estado de Derecho y la Democracia en una lógica
afirmativa del orden contemporáneo tal y como es, con sus giros hacia las
derechas explicitados en procesos electorales en EEUU, Gran Bretaña o Brasil.
Hace
falta profundizar la argumentación de la crítica para constituir sentidos
hegemónicos de contenido anticapitalista, antiimperialista, contra el
patriarcado y toda forma de racismo y discriminación. No se trata solo de un
problema nacional; es también un desafío continental y mundial
