Argentina preside el G20 y rechaza presencias en reunión OMC

Mientras el Senado de la Nación aprueba la iniciativa legislativa para sacar 100.000 millones de pesos de los jubilados y jubiladas para transferirlas a los Estados provinciales y nacionales, el Presidente Mauricio Macri toma la posta del gobierno alemán en la coordinación de la agenda del Grupo de los 20 para el 2018. Al mismo tiempo retira la acreditación de por lo menos 70 delegados de organizaciones nacionales e internacionales que iban a participar de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para la media sanción legislativa se contó con el acuerdo de una parte importante de la oposición política, con senadores en acuerdo con sus gobernadores, sumando complicidad a la política de ajuste. El déficit fiscal provincial y nacional se suple parcialmente con recursos de jubiladas y jubilados. La penuria de los ingresos de estos está asociada a la política de un acuerdo de mayoría parlamentaria en la Argentina, que no duda en resolver problemas presupuestarios a costa de empobrecer a buena parte de la sociedad. Cerca del 70% de los perceptores de ingresos previsionales (jubilatorios) están por debajo de la canasta mínima necesaria y con esta orientación se agrava esa perspectiva.
En rigor, es solo una faceta de una política reaccionaria que incluye incrementos de tarifas de servicios públicos, especialmente de luz y gas que escala la inflación en el último mes del año y sedimenta la continuidad del elevado costo de vida para una parte importante de la sociedad argentina de escasos y medianos recursos. Pero no solo es inflación, carestía de la vida y penuria social, sino la confirmación de una orientación elitista y discriminatoria que se manifiesta claramente en el quehacer político internacional.
G20 y OMC
Esta semana asumió Argentina la coordinación de la agenda del G20 para el 2018, y se iniciaron las reuniones técnicas en Bariloche, con un despliegue inmenso de seguridad. Hay temores a las protestas sociales en el país, protagonizada por organizaciones locales y redes sociales y políticas del mundo ante la previsible orientación liberalizadora que surgirá de los diferentes cónclaves del G20 y/o de la OMC.
Este nuevo papel asumido en el G20 ocurre en días previos al desembarco de las delegaciones internacionales a la 11° Conferencia Ministerial de la OMC, que entre otras cuestiones aloja un debate de la “sociedad civil” sobre las discusiones relativas al libre comercio. Es una práctica de años que impulsa la organización internacional desde su creación en 1995, claro que como búsqueda de legitimación. Muchas organizaciones y personalidades rechazan el ámbito de la OMC como espacio para el debate y por eso levantan la consigna FUERA OMC. Otras organizaciones sociales críticas a la OMC consideran que el debate puede hacerse tanto afuera de la cumbre oficial como adentro y por ende se acreditan para esa discusión.
La novedad es que por primera vez en su historia, la OMC tuvo que informar a varios acreditados, locales y extranjeros, que el gobierno argentino los “des-acreditaba”, sin dar explicaciones, las que deben rastrearse en medidas preventivas contra opiniones críticas a la liberalización. El discurso republicano se desvanece y evidencia la veta autoritaria de un gobierno comprometido con los intereses de la liberación para la ganancia, la acumulación y la dominación sin límites ni opiniones divergentes.
Protestas y alternativas
Más allá del accionar gubernamental expresado en la reserva de admisión y la aceptación de la OMC, aún con las disculpas en sus misivas a los des-acreditados, la semana de acción global Fuera la OMC se iniciará en concordancia con la Marcha de la resistencia de las Madres de la Plaza de Mayo.
A continuación se desplegarán un conjunto de iniciativas de debate político, social y cultural relativo al libre cambio y los propósitos de los organismos internacionales y los gobiernos a favor de la liberalización económica, máxima aspiración del capital más concentrado en el ámbito mundial.
La confluencia Fuera la OMC se constituye como movimiento social para instalar la crítica en la sociedad sobre el tipo de inserción internacional que promueve el gobierno de Macri, en sintonía con las aspiraciones de las clases dominantes, las que se reconocen en el programa de la dictadura genocida y la regresiva reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad en los 90´, aquella que desembocó en la pueblada del 2001.
No estamos a las puertas de una pueblada de la magnitud y consecuencias de aquella, pero la escalada del conflicto social expresa descontentos que requieren ser articulados políticamente en una perspectiva superadora de experiencias conocidas, que puedan discutir el orden capitalista y construir nuevas posibilidades de un rumbo emancipador.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2017.

Crece la presión por derecha

El consenso electoral logrado en las elecciones de medio turno el pasado 22/10 animó al gobierno de Mauricio Macri para la aceleración de algunos cambios estructurales que suponen un fuerte ajuste, tal como se visibilizó con las propuestas de reformas laborales, previsionales, tributarias y fiscales, ratificadas por la inmensa mayoría de los gobernadores e incluso la cúpula del sindicalismo tradicional.
Sin embargo, sectores ideológicamente ortodoxos, que se posicionan a la derecha del propio gobierno, demandan mayor premura en esos y otros cambios, al tiempo que reclaman por el tiempo perdido desde diciembre del 2015. Desde el oficialismo les responden que se trata de adecuar las reaccionarias modificaciones a lo que la política permite. La respuesta de Miguel Ángel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del peronismo, frenando la iniciativa legislativa de modificaciones en el régimen laboral, parece darle la razón al gobierno. El Senador peronista se ampara en el debate hacia el interior de la CGT y el movimiento sindical y popular, caso de las CTA y más allá, dando cuenta que no alcanza con los avales de la cúpula sindical y política de los gobiernos de provincia.
La realidad, como sostuvimos en varias ocasiones, es que existe la iniciativa política del gobierno y del poder, demandando mayor radicalización en las transformaciones a favor de la ganancia y la acumulación, pero también existe iniciativa popular que interviene en la gestación de poder popular. Esta iniciativa incide también en la “relativa” moderación gubernamental, el “gradualismo” según los políticos afines a Macri; pero además, en la sensibilidad de la oposición política sistémica, la que aspira a discutir un lugar de visibilidad como alternancia futura en el gobierno del capitalismo local. Variadas reuniones, asambleas, encuentros de organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas que pretenden frenar la ofensiva gubernamental pueblan el horizonte de las protestas en curso.
Es cierto que algunos quisieran ya la convocatoria a un Paro Nacional, lo que requiere de una articulación social y política por ahora ausente. La urgencia de la demanda se asocia al intento de frenar los cambios en proceso de discusión legislativa en un cuadro de mantenimiento del alza de precios y tarifas que afectan los ingresos de la mayoría de la población. De hecho, ya existen convocatorias a movilizaciones multisectoriales contra las iniciativas legislativas, las que impactan negativamente en la vida cotidiana de la mayoría de la población, sean trabajadores activos o pasivos, ocupados, regulares o irregularizados, tanto como a los beneficiarios de planes sociales. Estas medidas son reclamadas por el poder económico mundial, a activarse en la próxima cumbre de la OMC en diciembre y en la agenda del G20 presidido por el gobierno Macri en el 2018.
El avance de esta agenda legislativa de reformas estructurales constituye una situación que agravará la coyuntura de alza de precios, la inflación, que afecta a la mayoría social de menores ingresos y que se potencia con la agenda liberalizadora de la OMC y el G20.
Política económica y monetaria
Adicionemos, que la situación inflacionaria está crudamente asociada a la política económica y monetaria del Gobierno. No es casual que la proyección inflacionaria para el 2017 se imagine entre el 23 o 24%, muy lejos de la pauta gubernamental prevista. Las autoridades económicas estimulan el alza de precios con sus actualizaciones tarifarias y desde el BCRA se aplican políticas ortodoxas de contracción del circulante para combatir la inflación, con elevación de la tasa de interés.
En materia económica existe la voluntad expresada desde el inicio del Gobierno Macri para actualizar las tarifas de servicios públicos, solo frenadas por la protesta popular durante el 2016. Por eso, el interés del gobierno se concentra en un proceso recurrente de actualización tarifaria hasta la eliminación total de los subsidios públicos. La convergencia de los precios de los servicios públicos con el costo más la ganancia empresaria es lo único que satisfará la lógica de mercado del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el objetivo de hacer converger los precios internacionales del petróleo con los combustibles, en una coyuntura de recuperación del precio internacional del petróleo, que augura recurrentes aumentos de combustibles.
A contracorriente, solo se puede acudir a que se sostenga la protesta desplegada en los últimos intentos por actualizar las tarifas y aunque no alcance, intentar discutir la lógica mercantil impuesta para la prestación de servicios públicos. Necesitamos dar una batalla para concebirlos como derechos y no como mercancías.
Desde lo monetario, resulta evidente la política del BCRA de establecer metas de inflación contenidas, al 17% para 2017 y del 10% para el 2018, objetivo a sostener con elevadas tasas de interés, aún a costa de obturar cualquier proceso de recuperación de la actividad económica, más aún con un horizonte sin elecciones en el mediano plazo. Las tasas del 28,75% que pagan las LEBAC, que se negocian al 30% en el mercado secundario suponen un freno a la cotización del dólar y anima demandas de exportadores por devaluaciones próximas, las que afectarán los ingresos fijos de los sectores populares. Esas tasas de interés suponen un encarecimiento del crédito y el estímulo a inversiones especulativas que compiten contra cualquier estrategia de aliento al desarrollo productivo.
Tarifas y tasas de interés en alza inducen un proceso de actualización de precios de los sectores hegemónicos y de especulación financiera que actúan como mecanismos de redistribución regresiva del ingreso. El Gobierno busca achicar el déficit fiscal con incrementos de tarifas e inducir una restricción a la circulación monetaria con tasas elevadas para disciplinar la escalada de precios. Todo apunta a consolidar la ecuación de una mayoría perjudicada por las actualizaciones tarifarias del transporte, los combustibles, la luz, el agua, el gas y además, un aliento a la especulación.
Al mismo tiempo se intenta establecer un techo en la discusión por la actualización salarial del 2018, contenida en la meta de inflación del 10% y así, el precio de la fuerza de trabajo intenta contenerse, lo que requiere del disciplinamiento social y sindical. La represión es un requisito asociado al control de la protesta sindical y social.
El tema es que iniciativa pesará más
La discusión es si pesa más la iniciativa por derecha, sea la del gobierno y los sectores hegemónicos e incluso de aquellos extremistas que exigen mayor celeridad en los cambios reaccionarios, o la que proviene, fragmentada por ahora, desde la izquierda diversa, partidaria o social, convergente con las demandas de los de abajo.
Convengamos también que muchos de los perjudicados económicamente son parte del consenso electoral logrado por el Gobierno de Macri y por ende, no alcanza con el análisis socioeconómico. Por ello es que se necesita también de la batalla en el plano cultural, el de las ideas. El consenso gubernamental se disputó ganando el sentido común con argumentos que requieren ser confrontados por otras explicaciones que generen nuevos sentidos para construir otro modelo productivo y de desarrollo favorable a la mayoría social. Estos argumentos y explicaciones suponen la discusión de proyectos adecuados para nuevas expresiones políticas del poder popular.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017

Gobernadores oficialistas y opositores acuerdan rumbo con Macri

Hasta ahora, solo San Luis queda afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de Provincia.
No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.
El acuerdo supone declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa cobrabilidad.
Con el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.
Más allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.
Ahora el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.
La estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.
El objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.
Disminución de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.
La baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la seguridad social y algunos cambios  impositivos constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.
El mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la ganancia.
También actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de abajo.
Así, entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.
Existen propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas, culturales y sociales.
Hasta se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.
Nuestro debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para transformarlo.
En esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos estratégicos.
Adicionemos que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la CTEP.
Más allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.
Entre todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.
Las cartas están echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2017

Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial

Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista.  Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales  en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.
Necesidad de financiar el déficit
Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el record de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.
El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestado por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del pasado reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coca Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2017

Vuelven los Martínez de Hoz al gobierno y nosotros recuperamos el proyecto centenario de la revolución

El gobierno Macri definió la agenda de debate luego del resultado electoral del 22/10 y se concentró en reaccionarias reformas laborales, del régimen de jubilaciones y tributarias. Mientras se debaten los borradores y antes de la formal presentación para la discusión parlamentaria se redefinió el Gabinete con la designación del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al frente del ministerio de Agroindustria y al mismo tiempo el ministro de Energía anunció cambios en el sector energético con privatizaciones por 1.000 millones de dólares.
Por si hay duda de la relevancia de esas decisiones, recordemos que la SRA es la institución más antigua del poder hegemónico desde la instalación del capitalismo en la Argentina. Nacida en 1866, tuvo como primer Presidente a José Martínez de Hoz entre 1866 a 1870[1] y desde allí coordinó la estrategia de la “generación del 80” para incluir el territorio patagónico a la República Argentina, junto al genocidio indígena y a la capitalización de Buenos Aires con la primacía del puerto porteño en la definición del modelo agroexportador bajo la dirección de la oligarquía terrateniente y el capital extranjero.
Otro Martínez de Hoz, José Alfredo, descendiente del fundador redefinió un siglo después como Ministro de Economía de la Dictadura genocida en 1976 el plan de reestructuración capitalista reaccionario del país. El propósito apuntaba a modernizar e insertar a la Argentina en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista con el eje puesto en las fuerzas productivas de la agro-industria.
El pecado original supuso el arrebato de las tierras a los pueblos originarios y la limpieza de la población no sometida al régimen del salario, caso del gaucho cooptado para la causa del ejército de ocupación o como jornalero, peón o trabajador asalariado.
La militarización y la violencia resolvieron el asunto de la tierra y de la población, que junto a la migración generaron las condiciones de apropiación territorial y oferta de fuerza de trabajo para el desarrollo capitalista.
En ese marco puede entenderse el circuito mercantil de las tierras que permiten a Benetton acceder a casi un millón de has patagónicas y el conflicto actual con la comunidad mapuche, sus reclamos y protestas seguidas de represión y el caso Maldonado, aun con caratula judicial de “desaparición forzada”.
Luis Miguel Etchevehere es Presidente de la SRA desde 2012 y desde ahora Ministro de Agro-Industria del Gobierno de Mauricio Macri. El sector agrícola e industrial de la Argentina está en la cima de la competitividad mundial capitalista y por eso Europa primero y EEUU luego le cierran las fronteras a las exportaciones del agro negocio (el llamado bio-diesel). Se trata de la fertilidad de la pampa húmeda y el desarrollo de un paquete tecnológico ofrecido por transnacionales de la alimentación y la biogenética con desarrollos productivos locales que se imponen mundialmente como la siembra directa.
Más allá del precio internacional de la soja, la recesión local fue aminorada en los últimos tiempos por la expansión de la producción agraria e industrial del complejo sojero, desde el grano a sus derivados con desarrollo industrial para producir aceites y combustibles.
Los objetivos originarios de los Martínez de Hoz, en 1866, en 1976 y ahora en 2017 llevan el sello de la oligarquía terrateniente como clase burguesa hegemónica asociada al capital transnacional para la disputa de un lugar en el mundo de los capitales más concentrados de origen local. Es el espíritu de clase que ostenta Mauricio Macri y su equipo y por eso se predisponen a satisfacer las demandas de máxima por la liberalización de la economía bajo el concepto de desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo, como sentenció Marx hace 150 años vienes al mundo “chorreando sangre”.
No sorprende entonces la convergencia de la incorporación de Echevehere con el anuncio de Juan José Aranguren por las privatizaciones energéticas. El ex titular de la filial argentina de la petrolera Royal Dutch Shell entre 2003 y 2015 comparte mesa con el jefe de la SRA para continuar la histórica alianza entre los terratenientes locales y el capital foráneo, base de sustento del desarrollo capitalista de la generación del 80 del Siglo XIX y la reestructuración reaccionaria promovida desde el terrorismo de Estado un siglo después.
Es cierto que el Gobierno Macri es constitucional y surgido del voto, pero sus objetivos remiten al proyecto estratégico del poder histórico de la dominación capitalista surgida de la entente oligárquica con el capital externo, inglés en origen, estadounidense desde comienzos del Siglo XX. Un poder construido desde el fraude hasta la emergencia de la Ley Saenz Peña y el acceso de gobiernos bajo procesos electorales desde 1916, pero restituido en procesos golpistas entre 1930 y 1976 para condicionar todo proceso constitucional.
No es menor que por primera vez un gobierno electo por votación popular asuma el programa histórico de procesos del fraude político o los golpes de Estado. Son señales de nuevos fenómenos asociados a otros similares en el ámbito mundial que definen el retorno de las derechas más reaccionarias a la conducción del destino de las sociedades en diversos países del planeta.
Resta el debate sobre las reformas para flexibilizar el empleo y reducir las asignaciones de jubilados y pensionados, como la reestructuración del régimen tributario. Todas pensadas para favorecer la lógica de la ganancia, numen del capitalismo de siempre, pero al mismo tiempo vale recordar que el capitalismo es una relación social, donde no solo está el programa y la aspiración del propietario de los medios de producción, sino que también la relación se constituye con los propietarios de la fuerza de trabajo, que para el caso de la Argentina han construido una historia de organización y lucha.
Lo visible en los medios tradicionales y hegemónicos es la iniciativa del poder económico, del gobierno y la hegemonía empresaria,  pero aunque la nieguen existe una iniciativa alternativa de movilización y organización popular que no solo resiste esos propósitos, sino que también se propone construir imaginarios alternativos con perspectiva emancipadora, más pensando en la recuperación en estos días de la gesta anticapitalista de la centenaria revolución rusa.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2017



[1] http://www.sra.org.ar/