Anuncios de Macri en campaña electoral


Mauricio Macri usa la comunicación de una forma muy especial. Otorga reportajes en radios del interior del país que luego se propalan y reproducen por todos los medios: una verdadera cadena nacional.
En esta semana se anticiparon que habría anuncios para mejorar la situación del interior del país, que junto al Ministro de la Producción se precisarían medidas para mejorar la situación relativa de las economías regionales.
Las expectativas fueron importantes y los resultados menores, ya que todo se limitó a mermas en los aportes patronales para sueldos menores a 17.509 pesos, que hoy difunde Dante Sica en artículo de propaganda en La Nación del domingo 17 de febrero.
Es una disposición bienvenida para aquellos que reducen el pago de la carga laboral y está en línea con la demanda empresaria de reducir el costo como parte del gasto necesario para la producción.
Se trata de una medida que mejora relativamente la rentabilidad de la inversión y afecta el financiamiento de la seguridad social.
Convengamos que se trata de una cifra baja, pero con impacto en la reducción del financiamiento que sustenta la política de seguridad social y previsional, más aún con la premisa del objetivo por un déficit primario cero que induce al ajuste fiscal.
De este modo, ante la baja del financiamiento público, es de esperar un mayor ajuste en otras áreas, especialmente del gasto social.
En el artículo de LN se augura un futuro de crecimiento y en especial del empleo, desmentido por la realidad de la desindustrialización que afecta a sectores de las pequeñas y medianas empresas y muy claramente a las trabajadoras y trabajadores que son suspendidos o cesanteados, afectando a miles de familias.
Lo que decimos relativo al mayor ajuste fiscal, adquiere relevancia ante el comienzo de las clases y la apertura de una negociación salarial que anticipa el conflicto distributivo, agravado por la pérdida de poder adquisitivo ante el avance inflacionario.
El gobierno pretende discutir el 2019 sin remedar el atraso salarial del 2018. Eso ya está ganado para las patronales, incluido el propio Estado, que hace el achique del gasto salarial para asegurar el compromiso del ajuste con el Plan suscrito con el FMI.
Con la discusión salarial docente se evidencia la demanda del conjunto del sector laboral por recuperar lo perdido en los convenios colectivos del 2018.
Presión de los precios
El mes de enero cerró, según el INDEC, con un 2,9% de crecimiento de los precios minoristas, donde los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se elevaron en un 3,4% y los gastos por las viviendas y los servicios de electricidad y agua crecieron un 3,1%.
Los últimos, alimentos y servicios, son gastos por encima del promedio mensual de evolución de los precios y que afecta a los sectores de menores ingresos, que no pueden evitar esos consumos y gastos.
Por el contrario, aquellos sectores de ingresos reducidos concentran su canasta de gastos en satisfacer necesidades básicas, alimentación y servicios públicos.
En definitiva, se agranda la brecha entre sectores de altos y bajos ingresos, donde para los primeros, los consumos no se ven afectados por la suba de los precios de bienes o servicios. Es la base de sustento de la violencia sistémica, que los analistas esconden a la hora de analizar el fenómeno de la “seguridad y la violencia” cotidiana.
Nunca será el sistema la causa en origen y todo se diluye en casos individuales que se reproducen en la crónica policial cotidiana.
A contramano de la realidad, el Presidente anuncia como mensaje de campaña que está bajando la inflación, cuando el acumulado de enero 2018 a enero del 2019 alcanza al 49,3%, superando el máximo del registro del 2018 en 47,3%.
Parece una burla, aun cuando Macri remite a una tendencia que se explicitará, probablemente y según el mensaje oficial, en la segunda parte del año, cuando en pleno proceso electoral se frenen los aumentos programadas en servicios públicos, los que volverán hacia noviembre, con la elección ya definida.
Aludimos a la campaña electoral, ya que la estrategia fue anunciar el cronograma de aumentos en la primera parte del año para no afectar en los índices inflacionarios del momento más caliente de la campaña de renovación presidencial, más cerca de julio a octubre.
Según el programa gubernamental, aún resta eliminar subsidios y transferir a precio o tarifa a pagar por los usuarios. Eso se hará si puden en el nuevo turno de gobierno desde diciembre del 2019.
El ajuste y la transferencia del costo de los servicios públicos es una forma de profundizar la privatización y extranjerización de la economía local, algo que no se termina con las actualizaciones del presente año.
Ratificando al Ex ministro Aranguren, para el gobierno, la energía no es un derecho y por ende debe pagarse en su totalidad por los consumidores. Es algo en lo que coinciden las empresas y que abonan los comentaristas con el afán de generar sentido favorable a los intereses empresarios y en cotra del derecho a la energía.
Lo que puede esperarse son mecanismos de actualización permanente de tarifas y de precios, más aun con la dolarización implementada y la perspectiva de disparada de la cotización de la divisa estadounidense luego de las elecciones de octubre próximo, incluso antes si las expectativas electorales contradicen las aspiraciones del oficialismo.
Ruido en el poder económico
Con el argumento anterior, las petroleras no aceptan mermas en sus pretensiones de ganancias y disputan el mantenimiento de los subsidios estatales para sus empresas.
Desde Tecpetrol, del Grupo Techint se demanda una cifra millonaria en compensación por cambios en las reglas del juego relativas a la explotación de Vaca Muerta.
Más allá de quien tenga la razón en la renegociación de los contratos y acuerdos entre las transnacionales petroleras y el Estado, la pugna es por la renta petrolera.
En la lógica del gobierno existe la necesidad de renovar un nuevo periodo de gestión presidencial, entre 2019 y 2023, en condiciones de recesión aguda y deterioro de la capacidad de consumo de buena parte de la sociedad.
Por eso, necesita habilitar recursos para paliar la situación, caso de la baja de los aportes patronales que acaba de anunciar, pero al mismo tiempo necesita cumplir con el FMI y el ajuste fiscal. Por ende, necesita ajustar por distintos medios, incluso al propio núcleo del poder económico.
Techint, la familia Rocca y otros sectores del poder no aceptan una merma de las expectativas de ganancias, así como los grandes productores y exportadores sojeros no aceptaron la extensión del tiempo para la reducción de las retenciones.
El poder económico en general no acepta la rebaja de subsidios. La lógica discursiva de la cúpula empresarial es contra los subsidios estatales, cuando estos son para paliar la situación de miseria de la mayoría empobrecida de la población. Muy distinto es cuando se trata de subsidios al poder económico.
La campaña electoral de renovación presidencial está en pleno desarrollo y el gobierno asume la iniciativa para manejar los tiempos del ajuste y la disputa del consenso electoral.
El problema es la capacidad de aguante de la sociedad, que puede no coincidir con los tiempos electorales imaginados desde el poder, y construir una protesta social que desborde esa lógica, gestando condiciones de posibilidad de una objeción al rumbo general de la economía.
Las movilizaciones del verano contra el tarifazo y la demanda por actualizar salarios pueden converger en una demanda social por otro rumbo de la economía y de la política, configurando un debate político que trasciende la disputa electoral.
En los medios masivos se instala la bipolaridad de las urnas entre las dos innovaciones de la política local al comienzo del Siglo XXI: el kirchnerismo y el macrismo.
Los K emergieron desde 2003 y construyeron un proyecto que pretende disputar nuevamente el consenso de la sociedad en las urnas, mientras que el macrismo construido como proyecto político en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007, se hizo visible con pretensión nacional desde el 2015. Busca en octubre convalidar credenciales.
Ambas propuestas suman, según distintas mediciones entre el 50 y el 60% de las voluntades electorales, por lo que requieren construir articulaciones políticas y sociales que los trascienden para disputar la hegemonía y conseguir la mayoría necesaria en las urnas. Un tema importante es el sentido común que se construye en la sociedad para volcar en uno u otro rumbo la voluntad del voto, siempre que no surja una tercera variante que intente también la disputa por la hegemonía en el gobierno.
Recordemos el 73, cuando el peronismo pudo ser hegemónico desde una política frentista, más en septiembre que en marzo. Lo mismo ocurrió en ocasión de la votación del 2007 y más aún la del 2011, que no pudo sostenerse en 2015. Vale también para la estrategia electoral de la efímera Alianza en 1999.
Kirchnerismo y macrismo necesitan ampliar sus propuestas hacia coaliciones más amplias para constituir mayorías electorales que sustenten en las urnas la posibilidad de ser gobierno desde fin de año.
Como sostenemos en varias ocasiones, no solo se dirime la cuestión en las urnas, sino y especialmente en la cotidianeidad de la disputa simbólica y sobre todo desde una perspectiva alternativa, en la capacidad de organizar y promover la crítica para un rumbo más allá del orden capitalista.
Sobre este tema editorializa el Diario de los Mitre en la fecha con una prédica contra la crítica de la izquierda, el marxismo y en defensa de sostener el actual estado de las cosas.
Lo hace desde la defensa del Estado de Derecho y la Democracia en una lógica afirmativa del orden contemporáneo tal y como es, con sus giros hacia las derechas explicitados en procesos electorales en EEUU, Gran Bretaña o Brasil. 
Hace falta profundizar la argumentación de la crítica para constituir sentidos hegemónicos de contenido anticapitalista, antiimperialista, contra el patriarcado y toda forma de racismo y discriminación. No se trata solo de un problema nacional; es también un desafío continental y mundial
Buenos Aires, 17 de febrero de 2019

Macri escucha a economistas críticos por derecha


Los datos relativos a la economía son desastrosos para la mayoría de la población, especialmente los sectores sociales de más bajos ingresos. Son pocos los que se benefician con la elevada inflación y la recesión: especuladores y grandes productores y exportadores. Crece la pobreza, el desempleo y las condiciones de vida  mísera para muchos.
Ese es el marco en el gobierno para escuchar opiniones críticas de profesionales de la economía, consultores de empresas y lobistas de capitales externos, caso de Miguel Ángel Broda, que se compromete a presentar un “plan integral” con contribuciones de Guillermo Calvo desde EEUU y el inefable Domingo Cavallo. También se consulta a ex funcionarios de Fernando de la Rúa o a Carlos Melconian, que fuera Presidente del Banco de la Nación de Macri al comienzo de la gestión y que crítica el supuesto gradualismo del gobierno.
Todos los consultados reclaman política económica con un shock de ajuste fiscal, más rápido y en profundidad que el actual, en línea con el FMI, claro, pero acelerando los tiempos de disciplinamiento social por vía del achique del gasto público.
Los consultados exigen avanzar de manera urgente con imprescindibles reformas laborales y previsionales, para eliminar derechos sociales, individuales y colectivos.
Son argumentos para mejorar las  condiciones de la inversión y el resultado esperado en materia de ganancias, fiel a la lógica esencial del orden capitalista.
No se puede esperar otra cosa de ese ámbito político ideológico de la derecha en la Argentina.
Lo primero que hay que decir es que Macri escucha opiniones críticas de un espectro profesional que acuerda con el rumbo amigable con los negocios, que sustenta el gobierno Macri, del PRO y de Cambiemos.
Ni se le ocurre a Macri escuchar las críticas provenientes de la izquierda o del movimiento sindical y popular; o la que emerge de la movilización contra el impacto regresivo del tarifazo, que hoy se despliega en todo el país.
Solo hay escucha para los socios en el rumbo, aun cuando sus opiniones puedan incluso descalificar el accionar del gobierno por ineptitud.
Resultaría ilógico e irreal imaginar una consulta por izquierda cuando un personaje como Aranguren, ex Ministro de Energía de Macri, sostiene críticas a la concepción del Derecho a la Energía, para sostener enfáticamente que se trata de una mercancía que debe pagarse.
La concepción gubernamental, coincidente con la de las clases dominantes es por el mercado, las privatizaciones y la extranjerización, o sea, un rumbo de dependencia y subordinación a la lógica hegemónica del capitalismo mundial.
Es más, escuche o no escuche, la realidad de la economía avanza en el rumbo para hacer funcionar la lógica de la ganancia.
Diagnóstico erróneo
Es evidente una cuestión ideológica y política, donde solo se escucha a quienes coinciden con intervenir para resolver la demanda de hacer funcionar al capitalismo local.
La escucha tiene que ver con un diagnóstico errado en origen por parte del gobierno. El primer error fue creer que la sola definición por el capitalismo y el liberalismo atraería las inversiones necesarias para relanzar el orden económico.
Se desconocía la situación de crecimiento empobrecido del sistema mundial desde la crisis 2007/2009, tema que enfatiza en estas horas el FMI, y por ende la reticencia del capital global para orientarse a países “emergentes”, no solo la Argentina, sino otros con mayor volumen en la región, caso concreto del Brasil.
Por ese mal diagnóstico, anclado en la liberalización operada en los 90, incluso desde mediados de los 70 es que la apuesta fue por los demócratas y Hillary Clinton en la elección que ganó Trump en EEUU. Este define el rumbo discursivo contra la liberalización y a favor de proteger los intereses estratégicos de la Nación estadounidense por encima de cualquier consideración global.
El macrismo tuvo que revertir el apoyo a los Demócratas en EEUU y pronunciarse favorable a la nueva gestión estadounidense, de los Republicanos, para obtener entre otras cuestiones, el apoyo del financiamiento externo esquivo vía FMI.
Entre los errores de diagnóstico aparece el problema de los precios, con un Macri señalando que el tema era más difícil de lo que pensaba en campaña.
Aseguraba entonces que la inflación no sería un problema en su gobierno y ahora reconoce que el tema costará ser reducido y que no alcanza un periodo de cuatro años para resolverse, augurando mayores penurias en el corto y mediano plazo, más aún si hay reelección.
Claro que la inflación, en tanto mecanismo de transferencia de ingresos consolida la ecuación de perjudicados y beneficiarios, con mayor empobrecimiento de millones y la concentración de ingresos y riquezas en muy pocos.
La inflación es parte de la disputa por el poder en la Argentina, que define a los beneficiarios, a los que pueden incrementar los precios y por ende obtener el logro de apropiación de la riqueza socialmente generada.
No pueden aumentar precios quienes perciben ingresos fijos, sean trabajadoras o trabajadores, jubiladas o jubilados, o perceptoras o beneficiarios de planes sociales. Todos ellos se cuentan por millones, quienes ven contenidos sus ingresos por las políticas públicas o el accionar de las patronales que definen la política de ingresos en el país.
Por ello es que tampoco bajará la pobreza, otra promesa al inicio de la gestión Macri y sostenida en esta nueva campaña electoral por la renovación presidencial. Se afirma que un nuevo periodo presidencial del macrismo favorecerá el objetivo, cuando la realidad confirma la esencia de la desigualdad con la extensión de la marginación y el empobrecimiento de la sociedad.
Sea por error o por convicción, lo que ocurre es una disputa del sentido común en la sociedad. El gobierno disputa consenso y habla a su marco ideológico de referencia, como el único camino posible y con ello organiza su iniciativa ideológica y política para ganar el suficiente consenso que le otorgue capacidad de gobierno y una reaccionaria reestructuración del orden capitalista local.
Existe una fuerte campaña por el consenso social mínimo a una política de ajuste y reforma estructural, que trasciende a la coalición de gobierno e involucra a la oposición cómplice, quienes también disputan por vía electoral la gestión de gobierno.
Otro modelo productivo
El asunto a debatir no es solo la macroeconomía, el crecimiento o la recesión, el ajuste gradual o de shock, sino el modelo productivo, algo que es poco considerado.
Desde hace más de cuatro décadas asistimos esencialmente a un modelo de apertura de la economía, la liberalización, que coloca la producción local al servicio de la demanda internacional, no solo del agro y la minería, sino también de la industria, las finanzas y los servicios.
Vale señalar que hubieron intentos de mediatizar el rumbo con procesos de redistribución del ingreso y favorecimiento de la industrialización sin cambiar el horizonte estratégico del modelo productivo.
La apertura económica o liberalización de la economía define el modelo productivo que pretende colocar a la Argentina como proveedor de materias primas con escasa elaboración, más allá de los derivados del petróleo y la soja, entre otros “comodities” de la exportación local al mercado mundial.
Es cierto que Argentina produce aceites de soja e incluso combustibles basados en esa producción, pero la tendencia empuja a la primarización productiva y la comercialización sin valor agregado. Algo similar ocurre con los minerales y el petróleo. Existe una tradición local en materia petroquímica e incluso derivados, discontinuada en tiempos de hegemonía neoliberal.
Pretendemos apuntar a que el rumbo esencial de la Producción local remite a las políticas y rumbos inducidos desde mediados de 1975, afianzados bajo el terrorismo de Estado, configurando en la actualidad una estructura económica social de inserción subordinada y dependiente en el sistema mundial del capitalismo.
La soja y los hidrocarburos, hoy no convencionales, explican la apuesta principal por la producción local; más las finanzas y la especulación, de la que la deuda pública resulta un instrumento privilegiado.
Cuando me consultan que hacer remito a dos cuestiones que deben pensarse y actuarse en simultáneo. Una remite al cambio de la política económica financiera, monetaria, fiscal, de ingresos, de impacto macroeconómico. La otra, al modelo productivo, con otra política para modificar sustancialmente la producción primaria y secundaria, incluso el sector servicios a ello asociado.
La reforma agraria e industrial resulta así fundamental, con otros sujetos económicos promotores de ese nuevo modelo productivo, con agricultura familiar y comunitaria; cooperativas y formas asociativas de producción de pequeños y medianos productores y empresarios; con empleo de esa inmensa masa desocupada que hoy percibe beneficios sociales o deambula en la informalidad e irregularidad del mercado de trabajo. Un sistema financiero y de comercio exterior nacionalizado resulta imprescindible para ese propósito.
Para que ello sea posible se requiere poder político, impensado de ser instrumentado desde el gobierno o la oposición cómplice con capacidad de disputa electoral, por lo que no solo el gobierno de Macri no escuchará estas opiniones, sino que las combate desde todos los ángulos posibles, incluida la represión en sus diferentes dimensiones, ideológica, judicial o física.
Instalar esta discusión en la sociedad resalta indispensable, cuando el FMI visita el país para confirmar el rumbo, más allá de la crítica por derecha de liberales a ultranza y así liberar unos 11.000 millones de dólares para asegurar la cancelación de los vencimientos de la deuda externa que hipoteca cada vez más la vida de millones de argentinos.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019

El debate sobre Venezuela y el orden capitalista


El debate sobre Venezuela convoca a discutir la posibilidad de ir más allá del orden capitalista, algo que sobrepasa cualquiera de las consideraciones sobre las especificidades nacionales.
La discusión apunta a la transición del capitalismo hacia una sociedad no capitalista, parte de un debate más amplio que inauguró la revolución rusa en 1917 y que no cerró el colapso de la URSS en 1991.
Esa transición se re significó en cada una de las experiencias de procesos que autodefinieron su rumbo contra el orden del capital, en China de 1949 y más aún con la modernización desde 1978; en Cuba hace 60 años y recientemente con el cambio de la economía desde 2011; o en Vietnam desde 1973/5 con la unificación territorial y su actualización asociando mercado y socialismo, sin renegar del objetivo anticapitalista.
Son temas que se actualizaron en Nuestramérica en la primera década del siglo XXI, con la reaparición del objetivo socialista, ratificado bajo la actual renovación cubana, con cambios en la generación que conduce la experiencia; las concepciones por el socialismo del Siglo XXI en Venezuela desde fines del 2004; o el socialismo comunitario formulado desde Bolivia en enero del 2010; incluso con las manifestaciones constitucionales del 2009 por el Vivir Bien boliviano o el Buen Vivir ecuatoriano.
Obvio resulta concluir que al orden capitalista no le resulta ajeno el boicot a cualquier intento transformador, que acote el ámbito de accionar del régimen de la ganancia y por eso, más allá del petróleo o cualquier consideración, la cuestión estrategica del rumbo de la transición define el accionar actual en la coyuntura contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro.
Crítica de la realidad
Los debates son varios y entre otros remiten a discutir el socialismo y claro, su opuesto, el capitalismo. Recordemos que hacia 1990 bajo el influjo del fin de la historia y de las ideologías, lo que aparecía era el fin de la utopía anticapitalista y el triunfo, por fin, del orden capitalista.
Es 1990 un momento de consolidación de una fuerte ofensiva capitalista por modificar reaccionariamente las relaciones sociales imperantes, abandonando todo vestigio de concesión de derechos individuales y colectivos por parte del Estado capitalista.
Por eso, el dato de la realidad es la hegemonía capitalista del sistema mundial, que como conjunto de las relaciones sociales de producción, es lo que se expande en el ámbito mundial.
Las consecuencias directas impactan sobre la población mundial y el planeta tierra, bajo las formas crecientes de explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza.
Son sus formas de acción la militarización de la vida cotidiana y aceleración de formas especulativas en el ámbito de la economía y las finanzas, asociando ambos aspectos en un aliento a una cotidianeidad del crimen; sea la trata de personas, la venta de armas o drogas, junto a la evasión o elusión fiscal en paraísos que ocultan cuantiosas ganancias en un mundo de mayor desigualdad y concentración de la riqueza.
En efecto, lo que crece en el sistema de relaciones sociales de producción es la salarización de la población mundial, bajo las nuevas condiciones que explicita la OIT cuando habla de 190 millones de desempleados o 2.000 millones de personas bajo condiciones de trabajo informal, dando cuenta de la creciente flexibilización laboral y la pérdida de derechos sociales, laborales, individuales y colectivos.
Pero también se modifican las relaciones en el Estado, con cambios reaccionarios en sus funciones, más favorables a la promoción de la mercantilización, las privatizaciones y la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, subordinada a la lógica del capital más que a satisfacer demandas sociales conquistadas por la lucha popular.
Esos cambios en el Estado imponen la apertura liberalizadora de las economías para vincular más estrechamente un sistema de relaciones internacionales que ratifica la existencia de un único mercado mundial y en consecuencia determinadas organizaciones supranacionales y una juridicidad acorde.
Son cambios relacionales que entran en contradicciones variadas y no solo económicas, entre los afectados y vulnerables de menores ingresos o excluidos de la lógica hegemónica, sino también políticas, entre quienes gestionan los principales países del mundo, con las novedades que supone la emergencia de los nuevos nacionalismos al estilo Trump o Bolsonaro, por solo mencionar dos fenómenos cercanos al debate regional.
Pero, más allá de cualquier contradicción entre globalizadores a ultranza y nacionalismos variados, la dominación social y territorial se impone, especialmente si se trata del petróleo, insumo estratégico del modelo productivo capitalista.
La cuestión petrolera está en el centro de las agresiones estadounidenses en Irak, Libia o Venezuela y la crítica al orden capitalista debe asentarse en problemas esenciales. La energía es asunto esencial en el proceso de dominación mundial contemporáneo y Venezuela es la principal reserva mundial de petróleo, ubicada geográficamente a pocos días de transporte de crudo al principal consumidor mundial.
A EEUU no le alcanza con comprar el petróleo venezolano, necesita asegurar estratégicamente su provisión regular, evitando cualquier potencialidad de manejo soberano de la producción de hidrocarburos, hoy dependiente de la tecnología en manos de las petroleras transnacionales.
Cuenta EEUU para ello con la complicidad del orden político hegemónico, aun con las contradicciones derivadas de la especificidad e impronta personal e ideológica de Trump.
No hay duda por eso, entre las principales potencias capitalistas y sus aliados, en apoyar la injerencia de EEUU sobre Venezuela aun cuando Trump les genere molestia en el campo de la dominación capitalista. Sea en el Consejo de Seguridad de la ONU o en la OEA, los que se alinean con EEUU son los defensores de la explotación y el saqueo.
Consideraciones sobre los intentos de transición
Claro que la ecuación de la crítica debe alcanzar a los intentos de transformación social y verificar las dificultades de la transición.
Queda aún pendiente el debate sobre la debacle en el este de Europa, que no solo incluye la agresión del orden capitalista hegemónico en el ámbito mundial, sino también las propias limitaciones de las experiencias a nombre del anticapitalismo.
Entre ellas aparece el burocratismo y la corrupción, que se arrastran esencialmente de las formas de gestión previas.
Fueron argumentos esgrimidos por Lenin antes de su muerte en 1924 e incluso forma parte del argumental crítico de Trotsky y el trotskismo a la realidad de la evolución de la URSS. Son argumentos que se encuentran en el Che y sus aportaciones teóricas para pensar una construcción del socialismo diferenciada con los métodos de gestión de la URSS.
Sin perjuicio de ello, un dato de la realidad deviene de la complejidad resultante del intento de desarmar una lógica civilizatoria construida por siglos  y al mismo tiempo construir la nueva sociedad, bajo nuevos valores culturales relativos al consumo y la producción. No es solo una cuestión de planificación, sino cultural social que remite al imaginario de nueva sociedad de una amplia mayoría que otorgue hegemonía a la construcción de la transición.
Una gran duda remite a la construcción de esa hegemonía. Fidel Castro manifestó en noviembre del 2005 que “…entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo”.
Vale recordar que a fines del 2004 se suscribirían los acuerdos originarios entre Cuba y Venezuela que darían base a la construcción del ALBA-TCP y que motivaría la definición de Hugo Chávez por el socialismo, cuando hasta entonces, la formulación del gobernante bolivariano adscribía a una concepción de “tercera vía”, formulada en su momento por el británico Anthony Giddens, como un rumbo entre la concepción reaccionaria de la restauración conservadora de Thatcher y Reagan, neoliberal, y la antigua concepción socialdemócrata, lo que incluye la tradición comunista y socialista europea.
Aludo a la relativa simultaneidad temporal de la formulación por el socialismo de Chávez con la confesión de Fidel relativa al error sobre la los contenidos de la construcción socialista, lo que me permite enfatizar que lo que importa es el análisis y construcción de experiencias por el socialismo, por la transición del capitalismo al socialismo, lo que incluye la crítica de las experiencias concretas, no solo de las políticas de Estado, sino de los niveles de conciencia y subjetividad colectiva en la construcción de la nueva sociedad.
Hacer la crítica de los procesos auto asumidos por la transformación conlleva la dificultad de avanzar en simultáneo en el desmonte de lo anterior y la construcción de lo nuevo. Se transforma sobre la realidad del orden capitalista, lo que supone un límite considerable para las expectativas de cambio hacia otra sociedad, sin explotación y con otros valores humanistas y de cuidado del medio ambiente y la naturaleza.
No se trata de eludir cualquiera de las críticas que se enuncien, sino de contextuarlas en los que significa avanzar en un camino alternativo al “sentido común” capitalista. No olvidemos que ese sentido común es el parecer que impone la cultura dominante sobre el conjunto de la población.
La transición se construye por ende sobre la base de la cultura que se pretende desmontar.
Agresión a la experiencia venezolana
Este es el marco del fenómeno actual de agresión de EEUU y sus socios en la región y el mundo hacia Venezuela.
No puede pensarse la situación actual sin las consideraciones históricas de época, de la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.
Tampoco puede analizarse sin considerar los límites intrínsecos y las limitaciones que se presentan a cualquier intento de transición anticapitalista.
Como tampoco puede obviarse lo difícil que resulta para la derecha venezolana romper el núcleo duro de adhesión popular al proyecto chavista.
Existen factores externos e internos que se potencian en la realidad venezolana, los que deben ser evaluados en adecuada dimensión para no exacerbar unos sobre otros.
Venezuela cuenta hoy con una experiencia de por lo menos dos décadas de construcción de una práctica que atravesó distintos momentos, con un origen de pueblada de hace tres décadas, el caracazo.
Resulta válido interrogarse sobre la voluntad mayoritaria de los sujetos que en diversidad construyeron estos 30 años de experiencia para poder interpretar el porqué del sostenimiento de una voluntad social por mantener el rumbo del cambio.
Vale incluso para explicar los límites de la derecha para constituirse en sujeto organizado y con proyecto para detener el proceso en curso y por ende, como la derecha local venezolana no puede articular un proyecto propio, se apoya en la injerencia externa.
No es solo petróleo lo que está en juego, sino la posibilidad de pensar en un mundo más allá y en contra del orden capitalista. Eso explica la solidaridad internacional con Venezuela, con matices incluso en hacerlo extensivo al pueblo venezolano, o a éste y al gobierno de Nicolás Maduro.
La coyuntura de la agresión a Venezuela tiene impacto en toda la región y en el mundo, ya que en Nuestramérica la impugnación alcanzará inmediatamente a Cuba y a todo proceso de cambio persistente, más allá de límites y matices en Bolivia, El Salvador, Nicaragua o Uruguay, incluso condenando a la profundización de procesos regresivos del estilo argentino o brasileño, los que alimentan el Grupo de Lima.
En el ámbito mundial consolida la tendencia a salidas autoritarias alimentadas desde variadas fracciones políticas alineadas con la derecha y en contra de cualquier demanda de ampliación de derechos sociales. Por eso, vale enfatizar que no existe impericia de política internacional en los Macri o los Bolsonaro, sino deliberada acción para confrontar con cualquier proceso de transformación social.
Con la agresión imperialista se pretende enterrar toda posibilidad de cambio contra el orden capitalista, obturando la posibilidad de un imaginario popular que abone la transición del capitalismo al socialismo.
Buenos Aires, 28 de enero de 2019

¿Cómo pinta el 2019 para la Argentina?


Empezó el 2019 manteniendo las tendencias económicas heredadas del 2018 en la Argentina: elevada inflación y consolidación de la recesión productiva con impacto regresivo sobre la mayoría empobrecida de la población.
Los pronósticos aluden a una elevación de precios que oscilará entre el 30 y el 35% contra actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales que perderán mayor capacidad de compra, la que se acumula a la perdida de los años previos.
El registro inflacionario de los precios minoristas en 2018 alcanzó el 47.6%, mientras que los precios mayoristas marcaron un 73,5% de aumento, asegurando un remanente de incrementos para el comienzo del 2019, con la lógica consecuencia de un registro elevado pronosticado para todo el año.
Como hemos sostenido, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, de los que menos tienen a los sectores de ingresos más concentrados, agravando el cuadro de desigualdad vigente en el país.
Desde los organismos internacionales señalan una caída de la actividad económica para el presente año muy por encima del -0,50 % pronosticado por el Gobierno en su presupuesto para el próximo año y que avalara el Parlamento, es decir, oficialismo y oposición cómplice.
La CEPAL alude a una caída del -1,8% y el FMI a una retracción similar del -1,7%, manteniendo la situación del presente año, que a noviembre del 2018 registra una caída del -2,2%, confirmando tres años recesivos de los cuatro de la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019.
El tema de la recesión se agrava porque la menor producción de bienes y servicios derivada de la menor actividad económica tiene que distribuirse para consolidar la estructura del poder concentrado y por ende, hay menos para repartir. Agravado el tema con el condicionante del achique del gasto público para lograr el déficit fiscal primario cero, privilegiando cuantiosos pagos de deuda, asegurados con el ingreso de los fondos del FMI.
Se confirma así una situación que augura un año de empobrecimiento de la mayoría de la sociedad en beneficio del sector más concentrado, el que se explicita en el 10% de la población de mayores ingresos, que como mucho puede extenderse a una 40% en condiciones de superación del ingreso promedio percibido por la población en la Argentina.
Queda claro que los perjudicados de la realidad económica recesiva, tal y como se presenta al comienzo del año afectará al 60% según las propias estadísticas del INDEC.
Impacto en la política en un año electoral y de conflicto social
El interrogante es si esto afectará el objetivo reeleccionista de Macri para un nuevo periodo presidencial entre 2019 y 2023.
Bajo condiciones normales, tras un periodo de gestión de gobierno con deterioro de todos los indicadores sociales, podría vislumbrarse un voto castigo y la expectativa por un nuevo rumbo de la economía y la política.
Sin embargo, la división del peronismo opositor puede facilitar la renovación gubernamental del macrismo. Desde los medios se instala la voluntad electoral divida en tercios entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, habilitando la posibilidad de terciar con otra candidatura. Son especulaciones que solo se resolverán cuando se inscriban las candidaturas que disputen la representación política institucional.
En estos días y a propósito del debate sobre Venezuela, la perspectiva estratégica de los principales referentes del peronismo y otros espacios con capacidad de liderar proyecto político electoral, apareció fragmentada en el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro o a la injerencia extranjera y el aliento a un gobierno paralelo en la tierra de Bolívar y Chávez.
No es un dato menor a la hora de definir coincidencias ideológicas sobre el rumbo a definir para el desarrollo inmediato de la política en la Argentina.
Hasta la fecha solo juega la candidatura oficial de Macri, aun cuando algunos auguran variantes y opciones improbables en el macrismo, sea la gobernadora provincial bonaerense o el jefe gubernamental de la ciudad capital del país.
En el campo opositor con probabilidades de acceder al gobierno, son variadas las pre postulaciones sin quedar en claro el mapa de la confrontación electoral, especialmente en el balotaje, lo que se descuenta ante la imposibilidad de lograr alguna mayoría electoral en la primera vuelta de octubre 2019.
La incertidumbre al respecto impacta en una mayor presión del poder económico, los “inversores”, para que no se modifique el rumbo económico de ofensiva del capital contra el trabajo.
Más allá de la disputa por el Gobierno nacional, será 2019 un año de renovaciones en los ejecutivos provinciales, lo que supone una sucesión de elecciones primarias y finales entre febrero y octubre próximos; pero también de renovaciones legislativas en municipios, provincias y en la nación, con un debate político electoral extendido durante todo el año.
Claro que ese debate transitará en simultáneo con una conflictividad social creciente derivada de la reaccionaria política oficial.
Las discusiones políticas trascenderán el escenario electoral y se pondrán de manifiesto en la movilización y organización popular más allá del resultado institucional provincial y nacional.
El verano empezó con movilizaciones populares contra el incremento de las tarifas de servicios públicos, de agua, luz, gas o transporte.
Movilizaciones que recorren todo el territorito interpelando al conjunto de la sociedad y  conformando un entramado social y político que contiene a diferentes proyectos políticos electorales, los que no necesariamente confluirán en propuestas unificadas en el proceso electoral.
La imposibilidad de pagar cuentas por parte de las familias o sectores sociales populares organizados en clubes sociales, organizaciones barriales e incluso pequeñas y medianas empresas, convoca a organizar el reclamo por la condonación de las deudas con empresas prestadoras de servicios públicos o entidades financieras que aplican intereses imposibles de cubrir por las menguadas economías familiares y populares.
Desde el movimiento sindical se procesan las condiciones para un paro general antes de finalizar el verano, confluyendo con la tradicional discusión sobre el conflicto educativo a comienzos del año escolar. Los docentes universitarios, con inicio de clases previsto para febrero en algunas casas de estudios, amenazan con paros si no se recupera la escandalosa cifra perdida en 2018, agravada con la perspectiva del 2019.
Es una situación que se comparte con estatales de diversas actividades que sufren la aplicación del ajuste fiscal.
Los programas en lucha
El debate político ya está planteado más allá de las elecciones de renovación de cargos institucionales.
Se asocia la discusión a los niveles de organización popular necesarios para constituir un proyecto político que supere los límites que instala el programa del poder.
Un programa que se sustenta desde el gobierno y la complicidad opositora en el Parlamento y que para el 2019 tendrá epicentro en la reforma laboral y previsional, contenidas en el acuerdo con el FMI y como demanda estratégica del poder económico local y mundial.
La respuesta desde el movimiento obrero, para el caso argentino es sustancial, pues se trata de uno de los países de mayor sindicalización en la región y con una larga tradición de lucha, especialmente con capacidad de convocar y realizar paros nacionales.
Sujetos movilizados en lucha, construyendo un programa propio más allá del resultado electoral, aparece como desafío popular para construir propuesta política alternativa que supere los límites de una coyuntura que aparece definida por la continuidad de las políticas de ajuste contempladas en el acuerdo con el FMI.
Buenos Aires, 28 de enero de 2019