YPF en debate ante la intromisión de la justicia neoyorkina y los intereses foráneos del capital

El fallo de la jueza Loreta Preska de Nueva York para que Argentina pague con acciones de YPF la sentencia por el juicio que se lleva en su juzgado por el fondo buitre “Burford”, comprador del derecho a litigar contra la Argentina por la estatización parcial de la petrolera en 2012, está en el centro de la discusión. La primera reacción del gobierno libertario es la solicitud la suspensión del fallo de la jueza neoyorkina. Es un dato curioso que un gobierno que tiene una crítica hacia todo lo que es estatal tenga que ponerse en defensa de la empresa privada de gestión estatal, con el argumento de una sentencia “jurídicamente inaplicable”. Hasta un crítico del Estado como el gobierno Milei tiene que salir a defender los intereses de esta empresa privada de gestión pública. El debate trasciende la coyuntura Más allá de lo concreto, el debate político y mediático trasciende lo inmediato de la sentencia y se proyecta en el tiempo en debates históricos. Primero sobre la privatización de la principal empresa productiva local, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), transformada hoy en YPF, solo una sigla. Se discute si fue adecuado o no aquella privatización del menemismo en los 90 del siglo pasado, tanto como la llamada argentinización de YPF, que fue la entrada del grupo Eskenazi en el año 2007, y la estatización parcial del 2012, asociada al acuerdo secreto con Chevron para hacer real la explotación de Vaca Muerta. Todo supone un punto de partida para el debate económico. El tema es si el país podría hoy exportar energía si no se llevaba adelante la estatización parcial de YPF, que cambió la ecuación productiva de la Argentina, más allá de cualquier opinión sobre el acuerdo secreto con Chevron y la tecnología de la fractura hidráulica o fracking. Una tecnología que le permitió a Estados Unidos, entre el 2015 y el 2018, volver a ser el primer productor mundial de hidrocarburos en base a la explotación de los no convencionales. Vale mencionar que Argentina ha sido el principal socio receptor de esa tecnología. El debate incluye un tema que es estratégico a nivel mundial, porque la energía, el petróleo, el gas son un insumo primordial del modelo productivo contemporáneo. Argentina tiene expectativa de ser proveedor de los europeos que cerraron la recepción del gas ruso a partir de los acontecimientos bélicos en Ucrania. Estados Unidos tiene intereses estratégicos porque es el principal consumidor mundial, pero retomó el carácter de principal productor que había perdido en la crisis energética de los años 70 del siglo pasado. Argentina ha revertido su situación de importador de energía hasta hace muy poco, para convertirse en un país que exporta, logrando un excedente de divisas, esenciales en el funcionamiento del capitalismo local. ¿Quién maneja la energía en cada país? Más allá de los debates y cómo evolucione el tema jurídico, la esencia del tema es la crisis energética global. No es un tema menor si es una empresa privada de gestión estatal, o una empresa totalmente estatal, o una empresa privada quién toma las decisiones, o quién tomará las decisiones en el futuro según cómo se desarrolle este juicio. En el fondo está el debate sobre la energía, especialmente cuando Estados Unidos volvió a tener la preeminencia en la producción mundial de un insumo estratégico. Por eso las especulaciones o sospechas sobre intereses geopolíticos detrás de la decisión de la jueza de Nueva York. El debate trasciende lo jurídico y se proyecta en lo económico, político, diplomático, como parte de los grandes debates globales que atraviesan la coyuntura local y mundial. Resulta de interés considerar que piensa la sociedad sobre estos temas estratégicos, que hacen al presente y al futuro del país. Buenos Aires, 2 de julio de 2025

El poder presiona por más disciplinamiento social

Termina el primer semestre del 2025 con señales preocupantes de la economía, pese a los datos estadísticos que ofrece el gobierno respecto de la disminución de la pobreza, de la baja de la inflación, de la mejora de los ingresos salariales regularizados, porque claro, todo eso es discutible por las metodologías que se utilizan para esas mediciones. La realidad es que la protesta social muestra el descontento de una parte de la población, que se ratifica en las elecciones provinciales que se vienen desarrollando con altísimos niveles de abstención. El ausentismo crece pese a la continuidad de la obligatoriedad en el voto. En realidad, no solo está la crítica por abajo, sino que aparecen señales críticas desde el poder económico, quienes no ven los resultados esperados en términos de rentabilidad acrecida. Ha sorprendido en estas horas la opinión desde el Poder Económico Mundial, ofrecida por J.P. Morgan, banca de inversión que informa y recomienda a sus inversores que desarmen las posiciones en pesos, logradas vía “carry trade”, para refugiarse en activos dolarizados. Remite en su informe a los problemas argentinos al ingreso de divisas, validados por un balance externo deficitario en intercambio comercial, motivado en la política oficial que promueve las importaciones. El alejamiento de los saldos positivos en el comercio internacional incrementa el endeudamiento, asentado en el papel del préstamo del FMI. Se suma al déficit de divisas, una importante demanda de dólares por turismo de los sectores medios altos y altos. Todo eso, contenido en el informe de J.P. Morgan, agrega incertidumbre económica y política a la realidad de la Argentina. En ese sentido, una señal preocupante son las elecciones provinciales, este fin de semana que pasó, las de Formosa y de Santa Fe, las que dan cuenta, vía ausentismo, de un clima de descontento en la sociedad. Lo curioso, es que el gobierno puede sumar votos y legisladores en octubre próximo, con un balance electoral favorable, ya que a los efectos institucionales solo cuentan los votos positivos. Ausencia de inversiones y “confianza” El tema de fondo en el capitalismo local es la insuficiencia de inversiones externas, clave para el repunte de la acumulación capitalista. Los inversores internacionales, demandan “capacidad de disciplinamiento político de la sociedad”. No alcanza con el brutal ajuste transcurrido, ni las reformas estructurales logradas. En la búsqueda de la confianza, el poder presiona para asegurar objetivos de rentabilidad y acumulación. Para atraer capitales e inversores se demanda capacidad de disciplinar, por abajo y por arriba, por lo que desde el poder local y mundial se esperan resultados políticos en la elección de medio término en octubre próximo y en las de renovación presidencial del 2027. Se buscan elementos fehacientes de disciplinamiento de la sociedad. No solo disciplinamiento de los de abajo, sino también disciplinamiento de los de arriba, y las señales que vienen desde el poder exigen mayores reaseguros en la capacidad de explotación. El gobierno no tiene todos los instrumentos a su antojo. No pudo imponer la eliminación del feriado para los estatales, intervención judicial mediante, ni las restricciones al derecho a huelga. Los gobernadores, por su parte, se unen en el reclamo por recursos fiscales, aun cuando indujeron a sus legisladores de provincia a que voten la legislación reaccionaria para reestructurar el capitalismo local. Ahora se suma el reclamo de los grandes productores y exportadores, por el retorno de las retenciones, que afectan la tasa de ganancia. Sea J.P. Morgan, o los grandes productores o exportadores; los gobernadores o los distintos poderes institucionales en la Argentina, el gobierno tiene restricciones políticas para el objetivo de disciplinar a la sociedad. A los de abajo intenta disciplinarlos con represión, decretos, y legislación contra derechos; con una política de ajuste fiscal permanente, que tiene impacto en el tema central de la preocupación argentina, que es la baja del consumo popular. Un consumo que no repunta por insuficiencias de ingresos salariales y de jubilaciones. La realidad es el deterioro en las condiciones de vida, el crecimiento del desempleo, del subempleo, más allá de lo que dicen los indicadores de caída de la pobreza, de mejora de los salarios regulares. Son señales preocupantes en el plano económico y una presión muy fuerte por parte del gobierno por afirmar el ajuste fiscal, generarse condiciones políticas para avanzar en la reestructuración regresiva de la economía argentina. El objetivo es crecer en poder institucional El imaginario oficial apunta luego de las elecciones de medio término en octubre consolidar poder institucional para avanzar con la reforma laboral, previsional y tributaria para generarse condiciones que ratifiquen el consenso electoral y político en el 2027. Más allá de los resultados electorales, los procesos de ausentismo en las elecciones provinciales y el que probablemente se consolide en la elección de medio término, muestra que hay problemas políticos en la Argentina y un desafío para construir alternativa política, sin perjuicio de las oposiciones realmente existentes en la Argentina de nuestros días. La política no solo se define en las urnas, sino y principalmente en la disputa del sentido común de la mayoría de la sociedad. Buenos Aires, 30 de junio de 2025

Preocupa la evolución económica en Argentina

Existen señales preocupantes sobre la situación y evolución de la economía argentina al finalizar el primer semestre de 2025. Es una valoración más allá de algunos datos oficiales que aluden a la disminución de la pobreza y la inflación, cuestionados por el “método” utilizado para la determinación de esos guarismos. Las preocupaciones no provienen solo de los sectores sociales más perjudicados, quienes pueblan de protestas y movilizaciones el escenario de la política local. Muchos reclamos y voces disonantes respecto del relato oficial provienen desde el propio poder económico concentrado. Es el caso de J.P. Morgan, que recomienda a sus inversores desarmar posiciones en pesos y refugiarse en activos dolarizados. Los argumentos de la banca transnacional se sostienen en los problemas en el ingreso de divisas, ante la creciente brecha del comercio exterior, agravado con la inundación de importaciones motorizadas por la política pública para inducir baja de precios e inflación. Agrava la situación de pérdida de divisas la fuerte demanda de dólares por el turismo emisivo. Todo apunta a potenciar los límites para la acumulación de reservas, exigidas en los acuerdos con el FMI. De hecho, la fuga de capitales continua, agudizando problemas estructurales de la acumulación de capitales en la Argentina. La cuestión no es solo económica y se expresa en las elecciones provinciales, este fin de semana pasado con elecciones en las provincias de Santa Fe y de Formosa. El ausentismo que ya se manifestó en otras elecciones provinciales son muestran de un clima social extendido de descontento. Es un problema para el gobierno, que busca avanzar en reformas estructurales, y para ello necesita avanzar en el consenso electoral y político para inducir reformas estructurales y asegurar el ingreso de divisas, especialmente vía inversiones productivas, por ahora muy limitado. La realidad devuelve los límites de las aspiraciones gubernamentales, aun con el crecimiento de votos positivos, ya que las abstenciones no cuentan en la asignación de bancas legislativas. Es un tema a considerar para las elecciones de medio término en octubre y las de renovación presidencial en 2027. El poder reclama avanzar en el disciplinamiento de la sociedad para resolver una dinámica de inversiones que asegure un ciclo de expansión en la medida que aspira el gobierno de la ultraderecha en el país. Lo concreto son las restricciones que explicita el poder económico, más aún cuando reaparece el aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, con incapacidad total de manipular el poder judicial y los gobernadores, quienes demandan ingresos al Estado Nacional. Son señales de preocupación que el consumo popular no repunta, por bajas de los ingresos más allá de cualquier estadística pública en contrario. Más allá de las críticas, el gobierno insiste en su estrategia de fondo por la política de ajuste fiscal y la intencionalidad de avanzar con la reforma laboral y previsional después de las elecciones de medio término. Al mismo tiempo que se busca mayor consenso electoral para reaccionarios cambios, el descontento y la protesta crecen por abajo y por arriba, sin vislumbrarse propuestas alternativas que modifiquen sustancialmente la perspectiva de la economía y la política local. Buenos Aires, 30 de junio de 2025

Misión del FMI en Argentina

En esta semana está el FMI en la Argentina para hacer la primera revisión del préstamo por 20.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron ya 12.000 millones de dólares. Hay confianza en el gobierno sobre una auditoría favorable, aunque el dato es el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales. El gobierno estima que lo suple con el sobrecumplimiento del equilibrio fiscal, la política monetaria de restricción a la emisión. Claro, eso es lo que se ve en la superficie, aunque el FMI podría observar la capitalización de los intereses, ya que, si no se capitalizaran esos intereses de la nueva deuda asumida, no habría superávit financiero, un “caballito de batalla” del gobierno en la disputa de consensos electorales. Lo real es que poco puede importarle al FMI la “contabilidad creativa” de las autoridades económicas en la Argentina. En definitiva, el que decide, más allá de lo que digan los técnicos de visita en la Argentina, es el directorio del FMI. Un directorio que ya se subordinó a la dominación estadounidense en el momento de la aprobación del préstamo a la Argentina. Por eso es muy probable que los 2.000 millones de dólares previstos a desembolsar en este mes sea una realidad, agravando el condicionante del endeudamiento. Inflación, deuda y disputa politica Al mismo tiempo, el gobierno sigue acudiendo al endeudamiento como un mecanismo de equilibrio macroeconómico, y llegar a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y a octubre en las elecciones de medio tiempo, con balances manipulados mediáticamente para consolidar el consenso electoral. Un consenso necesario para avanzar con su política de reestructuración regresiva, las reformas laborales y previsionales, que es lo que interesa esencialmente al poder real, local y global. En ese marco el gobierno privilegia la baja de la inflación. sea el dato que sea el que registre este mes de junio, aun por encima del 1,5% de mayo pasado. La expectativa y aspiración gubernamental es mantener el registro por debajo del 2%. La intencionalidad política en el gobierno es mostrar la continuidad de la tendencia decreciente de los precios, desde el 25,5% original de diciembre del 2023. Claro, un registro autogenerado por la devaluación al inicio del gobierno Milei, pero con posibilidad discursiva de transferir responsabilidad a la gestión anterior. Desde aquel 25,5% de diciembre del 2023 al 1,5 del último mes resulta el principal “activo” en la disputa electoral del consenso. Es lo que aun genera expectativas en una parte de la sociedad empobrecida, que ve en el indicador de precios la posibilidad de que repunte su calidad de vida vía consumo popular. La suba estadística del consumo está asociado al gasto de los ingresos medios altos y altos, que explica el impacto de la compra de automotores, de inmuebles e incluso del turismo local y especialmente el turismo al exterior. Parte de esa reflexión es el aumento del consumo de bienes importados, producto de la apertura indiscriminada que genera la política pública. El objetivo es inducir la baja en los precios en el mercado interno. Así, los productos extranjeros compiten con los locales, disputan consensos electorales, pero destruyen producción local y crecimiento del desempleo y la irregularidad y precariedad laboral. La gran preocupación en los sectores sociales de menores ingresos es la suba de los precios, la inflación. Por eso, el centro de la política económica controla un precio en particular, el tipo de cambio, con el costo de desarme de la producción local y la pérdida de empleos. También crece la protesta social, que en estos días involucra especialmente al sector sindical, con la movilización del miércoles 25 de junio, que involucra a gremios de la CGT, a las CTAs. Destaca la presencia de los estatales, y sobre todo, aquellos del núcleo de la acumulación capitalista en la Argentina, como son los aceiteros, del complejo oleaginoso de exportación, núcleo central del ingreso de divisas por exportaciones. La misión del FMI es clave para el gobierno y tratar de evidenciar un aval internacional a su gestión. Ese aval se logró con el otorgamiento del préstamo, que se ratificará con el próximo desembolso por 2.000 millones de dólares. Con esta auditoría del FMI, el gobierno Milei busca ratificar la confianza del organismo internacional, y con eso, habilitar la condición de posibilidad para más deuda, un gran problema para la sociedad, ya que la deuda es y sigue siendo el gran condicionante de política económica en la Argentina. Buenos Aires, 25 de junio de 2025

El FMI audita las cuentas públicas de la Argentina (publicado en: https://ahn.hn/el-fmi-audita-las-cuentas-publicas-de-la-argentina/)

El FMI está en la Argentina para la primera revisión del préstamo de 20.000 millones de dólares. El gobierno confía en una auditoría favorable, aunque no se cumplió la meta de acumulación de reservas. Difícilmente el Fondo cuestione la “contabilidad creativa” por la capitalización de intereses. Se espera que el FMI apruebe el desembolso de 2.000 millones de dólares a desembolsar próximamente, como parte del acuerdo suscripto con el organismo. El gobierno llega con datos de un brutal ajuste fiscal que se orientan en la prioridad por la baja de la inflación, un objetivo claro para la disputa del consenso electoral, aunque esto genere cierre de empresas y desempleo. Crece la protesta social en ese marco, especialmente protagonizada por los aceiteros, parte esencial del núcleo estratégico de la acumulación capitalista local. La movilización del 25 de junio, con aceiteros, estatales y otros gremios en lucha da cuenta de una ampliación de la protesta que busca cauce de construcción política alternativa. Así, la misión del FMI es clave para mostrar un aval internacional a la gestión del gobierno, lo que habilitará a más deuda y con ello más ajuste y reaccionaría reestructuración, lo que desafía a la ampliación de la resistencia popular.