¿Qué hacer con la deuda pública?


La deuda pública de la Argentina es impagable, ahora y desde hace muchos años. En rigor, solo se cancelan vencimientos con nuevas rondas de endeudamiento, y en cada nueva negociación para regularizar la situación se profundizan los mecanismos de la dominación y subordinación a la lógica del capital mundial. A modo de ejemplo veamos la foto actual de la dinámica de los vencimientos para el 2020.
Según información de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Argentina, los vencimientos de la Deuda Bruta de la Administración Central, lo que excluye a la asumida por los Estados provinciales, para el 2020 ascienden a 63.806 millones de dólares, de los cuales, 48.968 millones son de capital y 14.838 millones a intereses[1].
Lo que interesa discutir es la capacidad de pago de esos vencimientos, los que deben hacerse con divisas. Argentina obtiene las divisas del resultado comercial superavitario, de préstamos internacionales o de ventas del capital público.
El capital público se agotó en las privatizaciones de los 90´ del siglo pasado, aun cuando pueden enajenarse recursos naturales que pertenecen a las provincias, según la reforma constitucional de 1994.
Los préstamos están cerrados desde el mercado mundial, por lo que se acudió en 2018 al FMI.
El balance comercial, equivalente a los vencimientos de los intereses es ilusorio, ya que, ante la mínima reactivación productiva de la dependiente industria local de insumos externos, crecerían las importaciones de esos insumos en bienes de capital e intermedios y por lo tanto mermaría o desaparecería el superávit.
La Argentina no emite divisas y tiene limitaciones para acceder a las monedas internacionales, salvo acuerdos bilaterales o multilaterales similares al realizado con el FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares, claro, con condicionalidades.
¿Cuáles serían las condicionalidades de un próximo prestamista a la Argentina desde el 2020? Observar la demanda que hay desde los principales países del capitalismo desarrollado de los bienes comunes no resulta extraño. El país mantiene abundante tierra, agua dulce y cuantiosos recursos bajo tierra, especialmente los contenidos de gas y petróleo no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, o las reservas en litio.
La información del Ministerio de Hacienda ofrece también la secuencia de pagos anuales hasta el año 2117, producto del bono a 100 años suscripto en 2017. El total de deuda bruta nacional al 2117, excluyendo a las provincias alcanza los 423.842 millones de dólares, de los cuales, 308.743 millones corresponden al capital y 115.099 millones de dólares a los intereses. La deuda pública es una hipoteca impagable a sufrir por varias generaciones.
Mecanismo de dominación
En definitiva, la deuda es un mecanismo de dominación. Señala Carlos Marx en su estudio sobre los orígenes del capitalismo que “La deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria”.[2]
Luego destaca Marx la relación entre la deuda y el sistema impositivo, asociado el endeudamiento con la cuestión fiscal, algo que está presente en la coyuntura en las políticas de austeridad sustentadas en los acuerdos que promueve el FMI.
Cancelar deuda vía ajuste fiscal no es ninguna novedad y está en el origen de la construcción del orden capitalista.
Si de origen se trata, para el caso de la Argentina, la construcción del Estado Nación se asocia al préstamo de la Baring Brothers en 1824, gigantesca hipoteca cancelada un siglo después.
De igual modo, el endeudamiento público externo argentino durante la dictadura genocida (1976-1983) constituyó el mecanismo privilegiado de inserción subordinada del país en la nueva lógica que asumía la reproducción del capitalismo mundial bajo hegemonía de las transnacionales financieras.
Vale recordar en ese sentido la crisis de los 70´, que incluyó la dimensión monetaria con la “inconvertibilidad del dólar” declarada por Richard Nixon, Presidente de EEUU, en agosto de 1971.
La decisión unilateral estadounidense rompió con los acuerdos de Bretton Woods de 1944, de dónde surgió el acuerdo financiero con el FMI y el Banco Mundial como organizaciones rectoras. La capacidad de acción unilateral estadounidense es aún mayor que entonces.
La inconvertibilidad del dólar es un antecedente de no pago de la deuda de una nación ante tenedores externos de títulos de ese país. Con la medida EEUU incumplió el canje de dólares que devolvían países europeos por oro en garantía de esos dólares y custodiado por EEUU, acuerdo suscripto en 1944.
Está claro que la dominación económica incluye las distintas dimensiones de la política económica, sea la producción o aquellas relativas a la circulación, tal como la política monetaria, financiera o cambiaria; y muy especialmente la política fiscal y de ingresos.
Por ello, no debe sorprender lo manifestado por el propio ministro de la Dictadura genocida, José Alfredo Martínez de Hoz a la salida del gobierno, al señalar que la medida más revolucionaria gestada bajo su gestión (abril de 1976 a marzo de 1981) fue la Ley 21.526 de Entidades Financieras promulgada bajo la dictadura en 1977 y aún vigente.
La deuda pública es un mecanismo de dominación en el origen del capitalismo y constituye una fuerte referencia para pensar los modos contemporáneos de reproducción de la lógica de dominación del capital trasnacional más concentrado.
Iniciativa del poder y la del contrapoder
Constituye la deuda una parte sustancial de la iniciativa del poder, lo que resulta evidente en el caso de la Argentina.
La deuda era impagable en 2018 y sin embargo el FMI otorgó el préstamo más grande de su historia, por unos 57.000 millones de dólares, a un país que no podía reembolsar esos fondos.
El interrogante sobre la decisión trasciende la economía y las finanzas y se asienta en la política. El gran decidor en el FMI es EEUU y el gobierno de Donald Trump apostó a la continuidad en el gobierno de la Argentina por Mauricio Macri, quien mejor expresaba en la región la política exterior estadounidense y su interés por el petróleo de Venezuela y la erradicación de toda propuesta crítica a EEUU y al capitalismo.
No tuvo éxito en el propósito, pero asumirá el “acuerdo” como un chantaje para llevar adelante el programa del ajuste y las reformas estructurales, que actúa sobre una parte de la sociedad que asume la irreversibilidad del pago de la deuda.
Todo el arco ideológico a la derecha y cierta parte de la llamada centro izquierda está sujeta al chantaje de “honrar” la deuda, por lo que resulta imprescindible llevar adelante una Auditoría Integral con participación ciudadana para determinar la legalidad y legitimidad de la nueva y de la vieja deuda.
Investigaciones de la deuda hay muchas, no solo en la Justicia, sino en diferentes ámbitos del movimiento popular y la sociedad, los que deben sistematizarse cruzando la información digitalizada en el BCRA, relativo al movimiento internacional de capitales. Se trata de descifrar quienes fueron los responsables y beneficiarios del endeudamiento.
Los responsables de la gestión económica y financiera deben ser investigados, tanto como los principales operadores del movimiento internacional de capitales, estrechamente asociados al fenómeno fuga de capitales.
Todo lo señalado supone la organización de una gran y amplia campaña de esclarecimiento sobre la deuda pública, su origen y motivaciones, sus condicionantes y las perspectivas de asumir uno u otro rumbo.
Por lo pronto, el Presidente electo anticipó que no se demandarán los desembolsos por el remanente del acuerdo suscripto entre el Gobierno Macri y el FMI. Ya se desembolsaron 44.149 millones de dólares para un total de casi 57.000 millones de dólares. También se sostuvo que no se cancelará deuda hasta que no se recupere la economía local, es decir, primero crecer y luego pagar.
Con ambas declaraciones se augura un conflicto importante con el FMI y su socio fuerte detrás, EEUU.
Las negociaciones con el FMI ya empezaron y se puede lograr plazo para la cancelación, pero no la quita de intereses o de capital, y mucho menos concesiones en las “condicionalidades”, las que apuntan a reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias, sin perjuicio de un profundo ajuste fiscal contra los gastos sociales.
Por eso se impone un gran debate ideológico para una movilización social en la disputa por el consenso mayoritario por la Auditoría integral de la deuda con participación ciudadana para definir la legitimidad de las deudas.
Para confrontar la iniciativa del poder hace falta enfrentarla con otra iniciativa contraria, que tiene que superar la ilusión relativa a la posibilidad de negociar la deuda y generar condiciones para su cancelación. La deuda es impagable y la prioridad deviene por satisfacer demandas de la mayoría social.
Apuntamos a la necesidad de resolver los problemas de la pobreza, en torno al 40% estimado para fines de año, dentro de lo cual aparecen las necesidades alimentarias: el hambre y otros aspectos que hacen a la reproducción de la vida cotidiana de la mayoría social empobrecida, unos 16 millones de personas.
Se trata de recomponer ingresos populares de manera inmediata: salarios, jubilaciones y planes sociales. Es la mayoría de la población en Argentina y que anima el consumo, que resulta el 80% de la ecuación macroeconómica actual, producto de la baja inversión y el escaso volumen del comercio exterior.
¿Es posible avanzar por este camino?
Lo definitorio será la voluntad social organizada y movilizada, por eso se requiere un accionar deliberado, programado para instalar la contradicción entre atender la demanda de los acreedores externos y la de los acreedores internos de alimentación, salud, educación, energía o cuantiosos derechos detrás de las reivindicaciones de la mayoría social empobrecida.
Se me consulta si hay recursos para atender estas necesidades. En principio habrá que acudir a la emisión monetaria y postergando pagos de la deuda pública, lo que habilita el uso de recursos de las reservas internacionales para estimular la activación de la economía, vía producción y consumo. No es una novedad. Así ocurrió en el 2002, lo que supuso una recuperación económica con base en la suspensión parcial de los pagos en diciembre del 2001.
La Argentina está en default selectivo, que deberá ampliar ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de la deuda. Eso agravará las posibilidades de financiamiento en el mercado de capitales y, de hecho, el país tendrá que procesar su política económica sin acudir al crédito externo y favorecer un proceso dinámico de acumulación sustentado en la inversión pública, solo posible postergando pago de intereses y capital de la deuda pública, además de una progresiva reforma tributaria que grave a las principales fortunas.
Complementariamente deberá reformar el régimen financiero, que data de tiempos de la dictadura genocida, la Ley de Entidades Financieras de 1977, para avanzar en mecanismos de socialización de la banca, con participación social en la toma de decisiones. Al mismo tiempo deberá avanzar en el control de cambios y del comercio exterior, lo que supone la re-estatización de puertos y el transporte.
El control de la inflación es clave y requiere terciar en la disputa de poder que está en el trasfondo de la escalada de precios, especialmente tarifas de servicios públicos lo que generará una muy fuerte resistencia del poder económico.
Se trata en definitiva de una confrontación entre los beneficiarios de las políticas en curso y la mayoría de la sociedad, que no puede quedarse en la espera de soluciones “mágicas”. Lo que se requiere es más que el consenso electoral para derrotar a Macri y generar condiciones políticas relativas a una conciencia mayoritaria para transformar el orden económico y social.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2019



[1] Ministerio de Hacienda. Informe al III Trimestre del 2018, en: https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/informes-trimestrales-de-la-deuda (consultado el 30/11/2019)
[2] Carlos Marx. El Capital, Tomo I, Capitulo XXIV, acápite 6 “Génesis del capitalista industrial”, páginas 943 y siguientes; Siglo XXI Editores, 2004, Buenos aires, Argentina.

Lo primero es resolver los ingresos populares


A las puertas de un nuevo gobierno desde el 10 de diciembre próximo en la Argentina existen interrogantes sobre quienes integrarán el Gabinete de Ministros, especialmente en el área de Economía y la Producción, como en las Relaciones Exteriores. Todas las áreas de gobierno interesan, Educación y Salud, Ciencia y Tecnología, Cultura, Jóvenes y Mujeres, entre otras, sin duda, pero buena parte de las argumentaciones sobre el triunfo en las recientes elecciones (28/10/2019) de la coalición liderada por el peronismo unido bajo hegemonía kirchnerista, se derivan de la situación económica, la que está estrechamente vinculada a la situación mundial y regional. Por eso, el énfasis en lo “económico” y en la “inserción internacional”
Los análisis de los fenómenos económicos en el marco mundial son insoslayables para pensar nuestro tiempo en cualquier territorio y coyuntura. A escala global se mantiene la guerra comercial entre EEUU y China, como vidriera de un debate de fondo sobre la hegemonía de la producción mundial, del desarrollo tecnológico en asuntos de vanguardia, lo que ocurre en un marco de desaceleración y exacerbación del gasto militar, a lo que se suma el descontento social extendido, evidente en la región latinoamericana y caribeña. Asistimos a un tiempo de “desorden”, luego del “orden” globalizador construido desde el poder mundial liberalizador por más de cuatro décadas. Ese orden lo discuten desde arriba en la disputa por la hegemonía, y desde abajo con evidentes señales de cansancio y agotamiento de los pueblos ante los efectos sobre la mayoría de la sociedad.
¿Acreedores internos o externos?
La Argentina está atrapada en la red del endeudamiento y el acuerdo con el FMI, con EEUU detrás, definiendo las posibilidades financieras del país y por el otro lado, Brasil como principal comprador, quien ejerce su propia presión para orientar decisiones de política económica e internacional al nuevo gobierno argentino. El trasfondo de luchas sociales en la región augura efecto contagio en toda Nuestramérica, que amenaza la hegemonía cultural “neoliberal” construida por años, evidente en la situación de Chile y de Colombia.
El tema del rumbo económico y la inserción internacional importa porque detrás de algunos nombres que suenan para designar en los Ministerios respectivos existen enfoques teóricos y propuestas de políticas concretas que definen particulares ganadores y eventuales perdedores según sea el camino que se elija. La coalición que asumirá el gobierno contiene en su seno diagnósticos diferenciados sobre el qué hacer en materia económica y en la política exterior, que son no conciliables si la prioridad es el hambre y la recomposición de ingresos populares, o la decisión de cumplir con los acuerdos suscriptos con el FMI y su socio mayoritario, el gobierno estadounidense. Del mismo modo se puede discutir cual será la inserción internacional a promover, ¿más cercana a la reconstitución de una experiencia de “integración regional” en la difícil situación de América Latina y el Caribe actual?, o ¿a la recreación de los vínculos con el orden y demanda de las transnacionales, especialmente asociadas a las inversiones petroleras por la explotación de hidrocarburos no convencionales?
En ocasiones me consultan si se puede satisfacer a ambas partes o intereses. Soy categórico en señalar que no se puede, más allá de cómo se termine formulando la política, que puede incluir un shock de ingresos para el verano a los más postergados, recordando el condicionante de un 40% de pobreza en el país, y claro, postergando cancelaciones y vencimientos de la deuda, con todos los interrogantes de la capacidad de escucha de un poder mundial jugado en disputar impunemente el poder en la región y en el mundo. Las prioridades marcan el rumbo a seguir y condicionan otros aspectos a ser considerados secundarios. ¿Los acreedores sociales y económicos de derechos primero o serán los externos, entre ellos el FMI, los que marquen el rumbo?
Un agravante a considerar es que más allá de las cabezas designadas en cada Ministerio, resulta altamente probable que se constituyan equipos en cada área que incluyan personas con orientación heterodoxa y ortodoxa, dificultando un rumbo que muchos actores preferirían más definidos. Algunos preferirán la prioridad de atacar la pobreza, el hambre, el desempleo, el aliento a la promoción del mercado interno, el estímulo a cooperativas, a pymes y a ciertos desarrollos productivos regionales y vinculados a las necesidades de la mayoría social; y otros preferirán la inserción internacional subordinada, la apertura liberalizadora y la seguridad jurídica de los inversores internacionales.
Ambas posiciones tienen contacto con sectores políticos y sociales que no integran la coalición de gobierno y ello supone capacidad de alianzas para definir el rumbo hegemónico de la Argentina en el próximo periodo. Por eso, las alianzas en la nueva etapa trascienden el consenso electoral que permitió el acceso al gobierno. Unos y otros sectores sociales y políticos, en el oficialismo y en las oposiciones venideras, expresan intereses económicos y cierta cosmovisión relativa al qué hacer cotidiano.
Convengamos que lo definitorio, no siempre considerado en los análisis, será la presión social en uno u otro sentido, incluso a sabiendas que la movilización callejera ya no solo se sostiene desde las mayorías empobrecidas. Desde sectores sociales de la derecha se realizaron experiencias de movilizaciones, no solo con fines electorales, para organizar demandas sectoriales o ideológicas, las que serán puestas en juego en el próximo periodo. Entre muchos ejemplos podemos citar las luchas en contra del aborto o por reaccionarias reformas penales. La derecha ya no solo moviliza desde el poder armado militar, y ahora incluye el accionar ideológico vía medios y redes junto a concentraciones callejeras ampliamente difundidas en los medios de información masiva.
Definir prioridades afecta ingresos
La opción por privilegiar la deuda y su cancelación, como los compromisos de ajuste fiscal y reformas estructurales: quita de derechos laborales y previsionales, por ejemplo, supone afectar los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) y anticipa despliegue del conflicto social.
El relativo impasse en la demanda social estuvo vinculado a las expectativas con el cambio de gobierno, anticipado en las primarias de agosto y consolidado en las elecciones de octubre.  El tiempo se acorta y diciembre alumbrará con más penurias derivadas de la inflación (57 al 58%) y la recesión en torno al -3%, lo que augura exigencias de soluciones inmediatas, aun de emergencia.
A la inversa, la atención a la emergencia, de los ingresos de trabajadores y trabajadores, activos y pasivos, tanto como los planes sociales, afectará la ganancia empresaria y ello generará demandas desde el poder económico, las que se manifiestan actualmente en subas del combustible o de las prepagas, como en la remarcación de precios no regulados. Aun con “legislación de góndolas”, el poder económico de los supermercados buscará los mecanismos de evasión y elusión de los controles legales con un Estado disminuido en su capacidad de inspección e intervención directa.
Más aún si se avanza por el camino de la desdolarización de las tarifas de servicios públicos, donde puede esperarse el boicot empresario, tal como fue ejercido en tiempos anteriores, los que desembocaron en el proceso privatizador y más reciente bajo el gobierno Macri en la dolarización de las tarifas. El chantaje empresario será previsible, porque la afectación de las ganancias será el único mecanismo de asegurar la urgencia que demandan las urgentes necesidades sociales de la mayoría empobrecida de la sociedad
Toda la población, en una economía monetario mercantil, necesita percibir ingresos, los que se derivan de la propiedad de los medios de producción o de la propiedad de la fuerza de trabajo. La Renta Nacional se distribuye en consideración a estas remuneraciones, las ganancias y la renta del suelo para los propietarios de medios de producción y los salarios en todas sus formas, derivadas de la regularidad o la irregularidad del empleo, para los que solo tienen su fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado. Todo se dirime en la distribución de la Renta Nacional, lo que requiere ser programado, planificado. No solo remito a la distribución directa y en primera instancia, sino al papel del Estado, de las políticas públicas en la distribución secundaria del ingreso.
El debate es si se mantiene el Estado al servicio del gran capital vía subsidios o formas de sostenimiento del gran capital local o transnacional, o si se alienta una política de estímulo al gasto público y social, lo que supone discutir la política de Ingresos, Fiscal, Monetaria, Crediticia, Cambiaria, entre otros aspectos que definen el rumbo económico y la inserción internacional. Como siempre sostenemos es una opción contradictoria que supone confrontación de intereses, en una disputa que no admite el empate y algunos ganan y otros pierden. La distribución de ingresos no es de suma cero, por eso la inflación, en tanto capacidad de establecer precios resulta un mecanismo de defensa del poder económico.
¿Puede escalar la inflación en el próximo tiempo? Siendo una disputa de poder, queda muy claro que es una posibilidad. En ese sentido, interesa y mucho, los nombres de quienes encabecen ministerios, de sus equipos y de sus políticas para este comienzo de nuevo gobierno. El impacto de esos anuncios podremos considerarlos en función de las iniciativas políticas cruzadas del poder o de los sectores populares, una confrontación en función de intereses, prioridades y rumbos al desarrollo del futuro cercano en la Argentina.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2019

Existe consenso ideológico sobre el ajuste y las reaccionarias reformas. Hay necesidad de confrontarlo


La presión mediática, política e intelectual es fuerte para sostener el dogma del pago de la deuda y la buena letra con el mando detrás del FMI: el gobierno de EEUU.
Parte importante de la propaganda del poder insiste en que las autoridades prontas a asumir no deben confrontar con Trump, quien se ofrece como mediador ante el Fondo, al tiempo que apoya y saluda el golpe en Bolivia y la represión en Chile. En realidad, critican la posición pública de Alberto Fernández con relación al golpe de Estado contra Evo y las gestiones realizadas para el exilio mexicano del presidente y vice del Estado Plurinacional de Bolivia.
La reacción mediática e ideológica solicita alineamiento del nuevo gobierno con la política exterior de injerencia estadounidense en la región para lograr apoyo financiero y de esa manera intentan intervenir con sugerencias de que política y que gabinete debe conformarse. En rigor, lo que se precisa es autonomía e independencia para resolver las asignaturas pendientes en el país y así mejor contribuir a modificar una lógica de patio trasero con la que el poder piensa a Nuestramérica desde Washington.
No hay que subordinarse a la lógica estadounidense ni fondomonetarista, sino crecer en autonomía e independencia, aunque ello signifique problemas en el corto plazo. El condicionante del acuerdo con el organismo internacional se impone como si fuera un dato insoslayable e ineludible, sin discutir la posibilidad de confrontarlo e impugnarlo.
Más que nunca se requiere investigar la deuda, la nueva durante la gestión de Macri y la vieja acumulada desde tiempos de la genocida dictadura.
No debe descontarse la legalidad de los créditos, ni el privilegio a su cancelación. La investigación de la deuda es un imperativo para indagar en el uso de los recursos, y mientras ello ocurre debe operar la suspensión de los pagos, como parte constitutiva de una estrategia para el inicio de un nuevo tiempo constitucional desde el 10 de diciembre próximo en Argentina.
Combate al hambre o cancelación de la deuda
Acaba de difundirse la estrategia en torno a un Consejo Federal contra el Hambre, convocado por Alberto Fernández, el Presidente electo, rodeado por personalidades y organismos de derechos humanos, sindicales, sociales, empresariales y religiosos, en un arco muy diverso, señalando la prioridad temática para la próxima gestión.
No son compatibles ambas cuestiones. No se puede compartir el objetivo de cumplir con los acreedores “externos” y con los “internos” relativos a las necesidades de alimentación, salud, o educación, entre otros muchos aspectos. El hambre está primero y hasta no resolver el problema no debe considerarse otra prioridad.
El pago de la deuda supone el ajuste fiscal comprometido con el FMI, lo que supone achicar aún más el gasto social, cuando en paralelo crecen los intereses del endeudamiento público.
Al mismo tiempo, el privilegio al condicionante de la deuda establece el consenso para generar divisas para la cancelación de las acreencias. Esas divisas se obtienen de promover y exacerbar el modelo productivo sustentado en las exportaciones derivadas del agro negocio o la nueva vedette en los hidrocarburos no convencionales, fractura hidráulica y contaminación mediante.
El discurso hegemónico del poder asume el crecimiento de las exportaciones para generar excedentes con destino al pago de la deuda pública y consolidar el poder del capital extranjero asociado a la cúpula burguesa local.
Hay consenso entonces en sostener el modelo productivo de inserción subordinada y generar divisas vía exportaciones. Es el camino, sostienen, para cancelar una deuda que enfatizamos: es incobrable.
La deuda augura una recurrente y gravosa hipoteca para el conjunto de la sociedad. Se necesita salir de la trampa de la deuda y la especulación, con el chantaje proveniente del sector financiero que amenaza con desfinanciar al país, como si el actual financiamiento hubiese servido para resolver necesidades de la población. De hecho, ha sido un mecanismo de fuga de capitales.
El hambre es la prioridad y hacia ese objetivo debe concentrarse toda la energía de la política pública, lo que supone definir políticas específicas de promoción de la distribución del ingreso, el empleo y la recuperación del mercado interno. Es la lógica que encadena el conjunto de la política económica.
¿Qué hacer entonces con la deuda, el FMI y el modelo productivo?
Hay que denunciar lo realizado por el gobierno Macri y la complicidad institucional en estos años, lo que requiere de un profundo debate en el conjunto de la sociedad.
Por eso se debe confrontar el consenso del poder y transitar una batalla de ideas para ganar un consenso alternativo, para desarmar la lógica especulativa que viene de las reformas financieras y de inversiones externas desde tiempos de la dictadura.
Se trata de un debate a fondo sobre qué es lo que produce el país y que debe producir, tanto como quienes son los beneficiarios y principales organizadores de ese orden económico.
La información relativa a la estructura productiva en la Argentina, propiciada por el INDEC con fuentes provistas por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, señala que la producción primaria (agropecuaria, minería, extractiva en general) ronda el 17% de la actividad económica. El sector secundario, industria y construcción apenas supera el 19%, con lo que entre ambos sectores se procesa un tercio de la capacidad productiva del país, sin mencionar el complejo propietario dominado por el capital transnacional. El resto son servicios en torno al 49% e impuestos netos de subsidios por encima del 15%.
Esta estructura de producción de bienes y servicios debe ser cuestionada, sin perjuicio de analizar en profundidad que tipo de producto (PBI) es el que se genera en nuestro país.
Además, se debe cuestionar la propiedad concentrada de ese aparato de producción de bienes y servicios, tanto como los beneficiarios de la política tributaria.
¿Se trata de una producción pensada en satisfacer necesidades o es un mecanismo para resolver ganancias y un proceso subordinado de acumulación de capitales y dominación social?
Reestructurar el aparato productivo del país y discutir la propiedad de los medios de producción requieren de un debate que está muy alejado de la discusión pública contemporánea.
En principio se debe pensar y actuar con lógica de soberanía popular para atender necesidades sociales insatisfechas. En ese sentido se requiere cuestionar el destino de la producción, que reconoce un escaso 13% de inversión, con mínima capacidad reproductiva en una lógica de superación de la dependencia derivada de la importación de medios de producción: maquinarias y herramientas.
Por su parte, el consumo es una variable necesaria para el debate, ya que se trata de un guarismo elevado en la ecuación macroeconómica, que alcanza al 78%, un 64% el privado y un 14% el público.
Hace falta discutir la composición del consumo privado, y del público, para privilegiar la satisfacción de las imperiosas necesidades de los sectores más vulnerables.
¿Cómo financiar un proyecto alternativo y soberano?
La recaudación tributaria se asienta en un 50% en el IVA, que afecta a los sectores más desprotegidos; un 30% en Ganancias y el 20% restante en varios impuestos de baja recaudación.
Es un régimen de recaudación regresivo, que debe ser sustituido. No alcanza con la reciente eliminación del IVA para algunos bienes de la canasta. Hace falta bajar la alícuota y modificar el sentido con merma en la participación general de la recaudación total.
Por su parte en el impuesto a las Ganancias se debe eliminar la imposición a trabajadores activos y pasivos, al tiempo que centralizar la percepción en las empresas más concentradas, diversificando los porcentuales en beneficio de las más chicas.
Según la AFIP, más de 200.000 empleadores solo ocupan un/a trabajador/a y son el 36% de los empleadores en el país, lo que si se extiende a 3 trabajadores suman más de 300.000 empleadores, que alcanzan a 411.000 con hasta 5 trabajadoras/es. Con más de 500 trabajadoras/es son apenas un poco más de 1000 empleadores, la cúpula empresarial en la Argentina, sobre quienes debe recaer lo principal de la imposición sobre Ganancias.
El impuesto a los bienes personales es apenas marginal, por debajo de medio punto porcentual.
Lo que proponemos es discutir el modelo productivo y la estructura productiva y de propiedad, al tiempo que se requiere considerar quien debe financiar el Estado y su política económica en una perspectiva de emancipación y liberación.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2019

Tensiones y contradicciones en Nuestramérica


Lula libre ya no es una consigna, sino una realidad. Fue una decisión judicial que responde a una demanda social extendida y que anima las contradicciones de nuestro tiempo en la región. Los inversores actuaron ante la sola mención de la posible liberación de la injusta prisión al líder del PT. El resultado de ese accionar impactó a la baja sobre las cotizaciones de acciones y a la variación de las divisas, afectando vía devaluación monetaria las condiciones de vida de la mayoría empobrecida del Brasil. La algarabía popular es preocupación de los ganadores bajo el gobierno Bolsonaro, antes de Temer, que festejaban en estas horas el alineamiento del Brasil con EEUU e Israel para sostener el bloqueo a Cuba. Brasil condensa en estas horas las tensiones y contradicciones en nuestra región, que nos motiva a pensar en otros procesos y en debates postergados en aras del imaginario de lo posible y lo necesario para transformar la realidad.
Hay tensa espera por la segunda vuelta uruguaya, “no está muerto quien pelea” sostiene el dicho popular, y ya asistimos a la despedida del gobierno de Macri en Argentina y a las expectativas por el próximo gobierno de los Fernández. Dos pueblos hermanados, el uruguayo y el argentino, y separados por la historia que no siempre caminaron en conjunto y, de hecho, las tensiones a ambos lados del Río de la Plata han sido frecuentes y no hablo de tango o de fútbol precisamente. La unidad de objetivos y rumbo en el Río de la Plata resulta fundamental para mejor articular una política desde el Sur de América para empujar otras posibilidades en la unidad regional, especialmente con Brasil y Paraguay, lo que podría extenderse más allá, hacia Bolivia y Chile. Pero de nuevo, hay debates ausentes que involucran esos desencuentros, aun con gobiernos que enarbolaban un discurso de impugnación al neoliberalismo en años recientes, del Frente Amplio y del Kirchnerismo. La discusión es el límite de lo posible, ya que el “posibilismo” en ambas orillas, para no confrontar con el poder, culmina a la corta o a la larga en la reversión de procesos emancipadores y transformadores.
Celebramos el triunfo de Evo Morales, junto al reconocimiento de la ofensiva opositora que agudiza un proyecto destituyente en Bolivia. Las “derechas” ya no solo son proyectos autoritarios, protagonizados por militares auspiciados por el poder en las sombras, al margen de consensos sociales, que ahora son movilizados y organizados para el desarrollo de acciones callejeras. Las “guarimbas” venezolanas como ensayo, se despliegan en otros territorios, más allá del reconocido “éxito” macroeconómico de Bolivia, destacado por todos los organismos internacionales. Algunos justificaron esas acciones en Venezuela ante los problemas económicos, que ahora se aplican en Bolivia con argumentos relativos a la política. Es quizá Bolivia el territorio de mayor consolidación de un proyecto popular en el gobierno, surgido de la impugnación a la lógica hegemónica que denominaron neoliberal. Recordemos que en el origen están las luchas contra la privatización del gas y del agua.
Por su parte y como gran novedad, el pueblo chileno mantiene su protesta en las calles y exige cambios profundos que descoloca al poder continuado de la dictadura pinochetista. Esta, consolidada por tres décadas bajo la norma constitucional elaborada por el régimen dictatorial como forma de institucionalizar el orden construido desde 1973, junto a reprimir intenta retomar la iniciativa política. Lo que ocurre es que la dinámica social en lucha no lo permite, al mismo tiempo que se desafía a construir un proyecto propio que pueda ser asumido por la mayoría de la sociedad y transformar la realidad.
¿Qué hacer?
Son datos contradictorios de nuestro tiempo, que expresan los sentimientos cruzados de concepciones confrontadas sobre el qué hacer en nuestros territorios. La gran discusión es cuál será el rumbo que se imponga. No es menor la impugnación social masiva, caso chileno, a un orden que dio inicio a lo que hoy se considera hegemónico en el sistema mundial: el neoliberalismo. Lo importante es la dinámica y la discusión sobre el qué hacer, que si se queda corto reanima el rumbo conservador y reaccionario de un orden capitalista en desorden.
Parece una contradicción, pero no lo es. El “orden” requiere de un “nuevo orden” y por eso el “desorden”. EEUU lideró la ofensiva capitalista liberalizadora ante la crisis de los años 70´ para terminar con la bipolaridad entre capitalismo y socialismo, objetivo logrado hace tres décadas. Sin embargo, la propia dinámica de la acumulación de capitales generó, vía exportaciones de capital hacia China, la confrontación por la hegemonía del sistema con base en la gran expansión de la relación capital-trabajo en territorio chino. El peso de China en el sistema mundial y las alianzas políticas, militares y económicas desplegadas en estos años, con Rusia e Irán entre otros, debilitó el peso de la dominación estadounidense. Con ello se exacerbaron las contradicciones y el fenómeno de la guerra comercial, económica, financiera puso en evidencia la impunidad sancionatoria de Washington y la exacerbación del militarismo. Las sanciones unilaterales de EEUU rompen todas las reglas del orden mundial surgido al final de la segunda guerra en 1945. Por eso, lo que ocurre es un desorden, para intentar reordenar el sistema capitalista contemporáneo a favor del liderazgo de EEUU.
¿Cuál es el papel de Nuestramérica? En este territorio surgió como ensayo el “neoliberalismo” en tiempos violentos de dictaduras genocidas, luego instaladas en el capitalismo desarrollado, no solo por las restauraciones neoconservadoras en Inglaterra y EEUU, sino también bajo la dirección de la socialdemocracia europea. Con la caída del socialismo en el este de Europa el fenómeno se extendió planetariamente y se pensó en el fin de la historia y el triunfo del capitalismo. En este comienzo del Siglo XXI, Nuestramérica encendió la expectativa esperanzada contra el “neoliberalismo”, incluso contra el capitalismo, animando procesos políticos en Europa y en África, provocando como respuesta el accionar desestabilizador de la dominación local, regional y mundial. Por eso aludimos a las tensiones y contradicciones actuales, que requieren ser resueltas y el gran interrogante es con que rumbo.
Son muchos los desafíos en estas horas. En Argentina no le funcionó la estrategia a Trump y su asistencia financiera vía FMI a la Argentina para sostener otro periodo de gobierno a Macri. Pero “muerto el rey, viva el rey”, sostiene el dicho popular. Trump ya felicitó a Alberto Fernández y se apuró a poner a disposición la voluntad estadounidense, de peso decisorio en el FMI, para “cooperar” con el nuevo gobierno de la Argentina. La OEA por su parte fiscaliza las elecciones en Bolivia, y el Grupo de Lima sostiene la ilegitimidad de la impugnación al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, mientras un renovado Grupo de Puebla intenta nuevos reagrupamientos de impreciso signo “progresista”, del mismo modo que en su momento el Consenso de Buenos Aires intentó contestar al consenso de Washington. Al mismo tiempo, en La Habana sesionó el Encuentro antiimperialista, con una perspectiva que intenta radicalizar los procesos sociales de impugnación neoliberal, con movimientos sociales y políticos en donde conviven quienes apuestan a procesos profundos de cambios socioeconómicos y otros que son contenidos en los límites de lo posible.
El que no cambia todo no cambia nada dice la setentista canción popular de César Isella y Armando Tejada Gómez, tan genialmente interpretada y matizada por Mercedes Sosa y Alfredo Zitarroza. Es sugerente la letra para pensar nuestro tiempo desde la transición necesaria, para terminar con el neoliberalismo que es la política hegemónica del capitalismo contemporáneo. No alcanza con la impugnación al neoliberalismo y lo que debe impugnarse es el capitalismo. Es cierto que hubo tiempo para el reformismo del orden capitalista, pero fueron tiempos de bipolaridad y confrontación entre capitalismo y socialismo. Fueron tiempos del Estado del bienestar y políticas keynesianas entre 1945 y 1975, los treinta años gloriosos del capitalismo mundial, solo posible por la visibilidad de una propuesta anticapitalista. Por eso, solo es reformable el capitalismo si se opone la potencialidad del orden alternativo, de confrontación anticapitalista. No es una cuestión de consignas, sino de colocar objetivos que reviertan la situación, al estilo de la citada canción “Triunfo agrario”, que dice: “hay que dar vuelta el viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada”.
¿Qué supone cambiar todo?
Enfrentar el ajuste y las reformas inducidas en los acuerdos con el FMI, tal como lo hizo el pueblo ecuatoriano recientemente, o en otro sentido la movilización chilena, incluso la haitiana.
La Argentina está desafiada a atender la deuda con el tercio empobrecido y los problemas de empleo e ingresos de la mitad de la población trabajadora o atender la usura de la hipoteca con los acreedores externos. Son objetivos confrontados.
Bolivia para profundizar tendrá que apuntar a extender la preocupación por el desarrollo de la economía comunitaria y el aliento a la construcción del sujeto de los cambios, coherente con el sujeto político indígena, originario campesino, con todo el peso del Estado Plurinacional, o pensar en la retracción social a manos del revanchismo de los sectores más concentrados de la economía local.
La disputa uruguaya se juega en la disputa del rumbo en un debate con la sociedad y hacia donde avanzar, en la profundización de los cambios esperados por la mayoría social de menores ingresos y recursos, o en la restauración de la lógica del capital por la liberalización.
Resulta necesario discutir la modificación del modelo productivo y de desarrollo sustentado en el crecimiento, la expectativa por atraer inversiones y la tendencia a la mercantilización generalizada en una reproducción de una norma por la ganancia y la acumulación. Se trata de un cambio de lógica, más orientada a la satisfacción de las necesidades sociales extendidas y por eso más pensar en producir bienes de uso que bienes de cambio, y en defender a la Naturaleza en tiempos de agresión y devastación con peligro sobre la vida, la sociedad y el propio habitat.
Existe un tiempo de contradicciones y de definiciones, que pueden resolverse en términos civilizatorios, lo que requiere un debate a fondo que no se quede en el límite de los posible.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2019

Lecciones que nos dejan las movilizaciones que impugnan la ofensiva capitalista en Nuestramérica.


Acaba de realizarse la elección en Bolivia y estamos a pocas horas de las que se realizan en Argentina y en Uruguay. En los tres casos no da lo mismo uno que otro resultado. La confirmación de un triunfo en primera vuelta de Evo Morales habilita la continuidad y profundización de un rumbo de cambio político en contra de la lógica hegemónica de la ofensiva capitalista a escala mundial. El conteo provisorio confirma el triunfo oficialista en primera vuelta y da para pensar en un tiempo de aliento a la economía comunitaria para el vivir bien. El triunfo del Frente Amplio en Uruguay y la derrota de Macri en Argentina pueden potenciar una articulación regional objetada por la promoción de la “liberalización” sostenida hasta ahora por los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Bolsonaro amenaza con excluir a la Argentina del Mercosur si no continúa el macrismo en el gobierno.
Por ello es que no sorprende la asociación entre la oposición boliviana y la OEA, o sea, EEUU, quienes pretenden sobrepasar el límite de la legalidad nacional boliviana para convocar a una segunda vuelta electoral, desafiar el rumbo actual de Bolivia y encaminar al país junto a los impugnados regímenes de derecha de la región. No sorprende que ahora la intelectualidad funcional al poder acuse a Bolivia como la nueva dictadura y estigmaticen como lo hacen con Venezuela. Lo de impugnado remite en estas horas a la situación chilena. Luego de casi medio siglo de golpe pinochetista e inauguración de las políticas “neoliberales” en el mundo, y a 30 años de la constitución heredada de la dictadura genocida, el pueblo chileno ganó las calles con sus protestas. Hay paro de 48 horas convocado por el movimiento obrero, en confluencia con las luchas de los estudiantes y pobladores. El conjunto de la protesta social constituye un episodio de acumulación gestado en pocos días, que recupera una histórica gesta de luchas protagonizadas por millones.
Todo se disparó con un aumento del boleto del subterráneo en Santiago de Chile y la inmediata impugnación estudiantil, quienes decidieron saltar los  molinetes para no pagar y demostrar el descontento. La actitud fue masiva y la represión fue la respuesta gubernamental, lo que motivó la indignación social ampliada y la protesta se transformó en pueblada. El gobierno respondió con el Decreto del “estado de emergencia” y con ello, escaló la represión. A la memoria social retornó la Dictadura pinochetista, con miles de policías, gendarmes y militares reprimiendo con saña. Muertos, heridos y detenidos es el saldo, más el toque de queda que se extendió a varios territorios, ya no solo la capital chilena.
Chile, el modelo exitoso
Es curioso destacar que, en el último debate presidencial en la Argentina (20/10/2019), con la movilización chilena como noticia principal en todos los medios, hubo quien, desde el liberalismo ortodoxo, resaltara el ejemplo del modelo trasandino. Paradigma emblemático del liberalismo contemporáneo (neoliberalismo) que hoy está siendo rechazado ampliamente por la movilización social.
¿A qué se debe que Chile sea considerado exitoso? Chile es el territorio de facilitación de ganancias para el capital más concentrado, de ampliación de tratados de libre comercio; con bajos salarios y deterioro deliberado de la respuesta sindical y popular. Es el modelo a seguir para la ofensiva capitalista, que, además, empezó como “neoliberalismo” en Chile de 1973, algo que se extendió a la Dictaduras del Cono Sur. Solo luego de ese éxito a costa de la calidad de vida de la población, el neoliberalismo desembarcó en Inglaterra y EEUU, con Thatcher en 1979 y Reagan en 1980. Ahora ya son política hegemónica más allá de la desaceleración y crisis de la economía mundial.
Las protestas en Chile fueron más allá que el aumento del transporte y se extiende a la ofensiva capitalista contra los ingresos populares: los trabajadores/as; jubilados/as y los perceptores de ingresos derivados de la política social. Una parte considerable de la población se cansó y salió a la calle para intervenir en la fijación de la política. No solo deciden los “mercados”, también lo hace la población movilizada. Resulta muy interesante concentrarse en las lecciones que vienen desde Chile; como hace muy poco seguimos atentamente el levantamiento indígena y popular en Ecuador contra el aumento del combustible y el acuerdo del ajuste fiscal con el FMI.
En ambos casos, Chile y Ecuador, la movilización popular frenó la medida de aumentos e impuso a las autoridades la convocatoria al “dialogo”, aun cuando se mantuvo el despliegue represivo. Un diálogo amañado con los socios del poder y que desafía a resolver si se está del lado de la institucionalidad anti popular o del de la impugnación de la movilización social. Tanto en Ecuador como en Chile se sabe que al dialogo hay que llegar y abonarlo con organización y conciencia movilizada sino se quiere avanzar con las artimañas del poder para hacer realidad el ajuste en contra de la mayoría empobrecida de la sociedad. Al mismo tiempo, el pueblo de Haití, el más empobrecido de toda la región, se levantó en estos días en la demanda por la renuncia del antipopular gobierno.
Chile, Ecuador y Haití muestran el cansancio de los pueblos a las políticas hegemónicas, liberalizadoras (neoliberales), de ajuste perpetuo en sintonía con la ofensiva mundial del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. El conflicto social evidencia que no todo está dicho en el rumbo que deben seguir los países, que no todo lo que reluce es oro, como señala la sabiduría popular. Todo eso que aparece como “modelo” se desvanece cuando la movilización social es masiva. Si el capital interviene con lobby o presión mediática, Estado mediante, la sociedad popular lo hace desde la protesta social y la organización popular. En lenguaje tradicional remitimos a la “lucha de clases”.
Lecciones en tiempos electorales
Vale la pena desde Bolivia, Argentina o Uruguay, mirarse en el espejo de la realidad chilena, ecuatoriana o haitiana, porque es el destino del discurso de las derechas y el liberalismo (neo). El neoliberalismo parte de un mensaje directo, simplón, que puede resultar atractivo para una parte de la sociedad, incluso de sectores empobrecidos, si no, no se puede entender el traspié de los gobiernos que impugnaron, con más o con menos, el discurso hegemónico de corte neoliberal. La simpleza del mensaje liberal contemporáneo puede ayudarnos a explicar el consenso electoral en los gobiernos de Argentina con Macri, o de Brasil con Bolsonaro, y que intentan hacer pie de cualquier modo en Bolivia o en Uruguay.
La disputa en estas horas en Bolivia es por continuar y profundizar el proceso de cambio iniciado por Evo Morales en 2006 o retomar una senda cuyos resultados ya vimos en nuestros países en la oleada liberalizadora de los 80´ y los 90´, y que no hay duda se rechazan en las calles de Chile, Ecuador o Haití, incluso en Bolivia. Es lo que se discute en Argentina y Uruguay el próximo domingo 27/10, un rumbo de impugnación a la lógica de la mercantilización que sostienen los ideólogos de la apertura económica y las reaccionarias reformas laborales y previsionales, o un rumbo definido por la organización social consciente de construir otra realidad, basada en la lucha por satisfacer necesidades y ampliar derechos.
Algunos me interrogan porque esas movilizaciones tan amplias no se realizan en la Argentina del 35,4% de pobres, de más del 10% de desocupados o del tercio con empleo irregular, con tarifas por ahora congeladas, pero que al estar dolarizadas volverán a congelar los bolsillos de una mayoría con limitaciones severas en la apropiación personal de ingresos suficientes para atender las ampliadas necesidades. La explicación es que en Argentina existen expectativas político electorales, del mismo modo que en Uruguay, algo que no necesariamente ocurre con las luchas comentadas en el resto de la región, pero en uno u otro de estos territorios, la garantía siempre estará en la capacidad de movilización y protesta de la sociedad para hacer realidad la satisfacción de las reivindicaciones democráticas, y mucho más si lo que se pretende es transformar la realidad.
La Habana, 24 de octubre de 2019