Inflación y política antiinflacionaria

Un gran problema del capitalismo argentino es la inflación, sobre todo para la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, encima bajos, con un costo de vida medido por una canasta mensual que está por encima de los 100 mil pesos. Una cuestión agravada ante un promedio de ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes, que están muy lejos de cubrir ese valor. Al mismo tiempo señalemos que se trata un fenómeno con beneficio para la acumulación de ganancias y poder del sector más concentrado de la economía. Es un tema que se verifica en los datos oficiales de la distribución del ingreso a favor de los propietarios de medios de producción y en desmedro de los salarios. La inflación tiene muchos perdedores y algunos pocos ganadores. No todos pierden con la inflación, al tiempo que la suba de precios expresa el debate político por la apropiación del producto social y al mismo tiempo por la búsqueda de hegemonía que pueda expresarse en la gestión política del capitalismo local. Por eso sostenemos que la inflación es un problema de base económica, pero debe analizarse completando con enfoques políticos, sociales, culturales, incluso psicológicos. Para este caso, la remarcación de precios se asocia al “efecto contagio”, al “por las dudas”, o “quien sabe a cuanto se va el dólar”. Todas expresiones especulativas, que actúan sobre la subjetividad de los que “pueden” subir precios, más allá del volumen del negocio o actividad que despliegan. Quien puede incrementar los precios lo hace, sobre todo, cuando los precios evolucionan al alza, caso de la medición de julio pasado (7,4%) y la proyección anual en torno al 90%. Un precio emblemático es el de las divisas, especialmente el dólar, empujado al alza por grandes productores y exportadores, atizados por los propagandistas (periodistas, comunicadores, panelistas, economistas y profesionales diversos), a sueldo de los medios de comunicación y sus intereses. El tipo de cambio al alza, aun cuando luego baje (llegó a 350 pesos por dólar en plena corrida cambiaria para luego bajar y moverse en estos días en torno a los 290 pesos por dólar), la señal hace que todo aquel que pueda subir los precios los suba. No aludimos solo a los grandes fijadores de precios, sino también de aquellos sectores de servicios o la producción, cuya clientela con capacidad de pago avale la remarcación. Es más, pueden resignar ventas, pero mantener volumen en magnitudes para acompañar el proceso inflacionario y si pueden, lograr un alivio individual. Como vemos, son múltiples los factores que actúan en la fijación de precios en alza. Pero más allá de ese efecto en la suba de precios, la inflación también tiene impacto socio-político cultural en el grueso de la población, ya que la inflación es un gran “disciplinador” de la sociedad. Política antiinflacionaria Pensemos históricamente dos momentos claves de la economía argentina: uno al comienzo de la dictadura, y el otro en los 90 ser siglo XX, con el menemismo y la Alianza. El llamado plan Martínez de Hoz (1976), impulsó una política antiinflacionaria de shock, y claro, la situación económica que se vivía en esos años en la Argentina facilito la política de ajuste y de disciplinamiento social para la reestructuración reaccionaria del capitalismo local. Por detrás estaba el “terrorismo de estado” imponiendo el temor ante el dolor físico del miedo a la muerte, la desaparición o a la tortura. También existió el disciplinamiento por la vía de una reforma económica social reaccionaria, en la cual se modificó la relación entre el capital y el trabajo (restricciones a la movilización y organización sindical y popular); en donde se iniciaron los procesos de reforma regresiva del estado para asignar nuevas y diferentes funciones al estado y privilegiar la asistencia al capital (privatizaciones y desregulaciones); pero también, nuevas relaciones internacionales para reorientar el vínculo de la Argentina con el capitalismo desarrollado. Es identificable por sus impactos complejos, lo acontecido con las políticas antiinflacionarias vía convertibilidad entre 1991 y 2001. La inflación actuó como un disciplinador de la sociedad. Menem y Cavallo constituyen el eje para liderar un proceso de consolidación de la restauración conservadora empujada por la dictadura militar una década antes. Hasta sectores de la oposición valoraron la estabilidad macroeconómica lograda. Carlos Chacho Álvarez manifestó haberse “arrepentido” de no haber votado la ley de convertibilidad y llevó al ministerio de economía nuevamente a Cavallo. Se valoraba la “estabilidad macroeconómica” aun cuando se disparaba el nivel de la pobreza y la indigencia, crecía el desempleo, el subempleo y la flexibilidad salarial y laboral, en un marco de creciente precariedad. El tema es que las políticas antiinflacionarias, las emblemáticas de la dictadura militar del año 1976 y subsiguientes, o de la década del 90, no solo con el menemismo si no con el gobierno de la alianza, lograron frenar la estabilización, pero con un costo social gigantesco. La inflación fue el ariete para inducir reaccionarios cambios en la economía, el estado y la sociedad argentina. En ese marco hay que pensar el sentido de cualquier plan de políticas antiinflacionaria en el marco del capitalismo. En estas horas se anuncian la aplicación de la segmentación de las tarifas, que es una forma elegante de aumentar tarifas, ya que los subsidios estatales a las empresas tienen que reducirse y transferirse como costos a las familias, a los consumidores, a los usuarios. Resulta así un mecanismo de consolidación de la privatización, cuando lo que la Argentina debería discutir, incluso para intervenir en el tema precios e inflación, es el régimen energético de privatización, extranjerización y concentración, que tiene historia, precisamente en la dictadura militar y en los 90´. Aquellas políticas antinflacionarias, de la dictadura militar o de la década del 90 contribuyeron a reestructurar reaccionariamente la economía, la política, el estado y la sociedad argentina. Por eso, en este momento de crecimiento de precios, más allá de si escala o no a los 3 dígitos, si se queda en 90% o si se proyecta más de 100%, y de cómo evoluciona en el 2023 y más adelante, la inflación tiene mucho de programa psicológico, social, cultural, político, para intentar disciplinar a la sociedad. ¿Con que finalidad? Avanzar con reformas estructurales que esta demandando el gran capital para inducir inversiones que le den dinámica al capitalismo argentino para un mayor crecimiento. Por eso, pensar en una política antinflacionaria que no afecte a los sectores sociales de menores ingresos tiene que ver con cambios profundos del modelo económico, del modelo productivo y de desarrollo. Claro, eso no se lo puede pedir a las coaliciones que hoy gobiernan o disputan la gestión del capitalismo en la Argentina. Buenos Aires, 17 de agosto de 2022

El gabinete económico se arma en cuentagotas y devuelve una orientación liberalizadora

Las designaciones vienen en continuado, ahora en el área de energía y parece que se demora la figura viceministerial, ya que el asignado en principio, Gabriel Rubinstein, tenía antecedentes agresivos en redes sociales hacia la líder de la coalición gobernante. Sin embargo, lo más importante es que su postulación identifica un rumbo de liberalización de la economía, tanto como la presencia de Daniel Marx. Este último, en el área de negociación de la deuda. Se trata de un personaje que ha tenido que ver con los canjes más regresivos de la Argentina, especialmente el Plan Brady, a comienzo de los años 90 con Menem y Cavallo y luego con el mega canje con De la Rua. Con el Brady se procesó el salvataje a la banca acreedora de la deuda, que si no cobraban debía registrar los quebrantos contables en sus balances, mientras que la operación realizada supuso la transferencia de la deuda de los bancos a los nuevos titulares de los bonos, los que cayeron en default en el 2001. Una parte importante de esos bonos estaban invertidos en las AFJP, finalmente en manos del Estado bajo gestión estatal de la ANSES, en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). El FGS tiene acciones de empresas privadas. Existe el trascendido de que podrían venderse las participaciones estatales en empresas privadas, una forma de potenciar y profundizar las privatizaciones. Es el rumbo de la liberalización económica. El tema destacado es el desembarco de Massa en el área de energía, con funcionarios afines y desplazando a quienes Guzmán no pudo. Renunció el secretario del área y ya hay reemplazo. Fue designada la responsable del área de energía y minería salteña, Flavia Royón, proveniente de un gobierno provincial afín al Frente Renovador, funcional a la política del nuevo ministro, mostrando la importancia que tiene el terreno que gana su propuesta y armado partidario con miras al futuro electoral del 2023. La energía es un área estratégica según el acuerdo con el FMI. No solo porque expresamente está establecido que hay que bajar los subsidios, sino que es una política de trasferencia del gasto público a los usuarios, una forma más de profundizar la privatización. Eso promueve en definitiva la segmentación: que los usuarios, los consumidores de energía, paguen cada vez más, que se vayan acercando al pago del costo íntegro del servicio energético, que no sea el estado el que lleve adelante el grueso de los subsidios. Se pretende que el estado vaya disminuyendo el aporte en subsidios y los transfiera a la sociedad. Por eso, no es cuestión de segmentación sí o no, sino de poner en discusión el modelo de privatizaciones de los 90. El tema tarifas es un tema que impacta directamente en la inflación, por eso sostenemos que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es pro-inflación, porque claro, desde el punto de vista de la capacidad de pago de los ingresos populares se van a ver deteriorados en tanto y en cuanto aumente la parte de los ingresos populares para el pago de las facturas de electricidad. Una inflación que ya está proyectándose en torno al 90% para todo el 2022, donde la expectativa gubernamental es que “pase el invierno” como ya se dijo en Argentina. Ahora, es un tema actual, coyuntural, ya que el gasto en energía es elevado en esta temporada invernal. Argentina tiene que importar la energía para calentar los hogares, entre otras cuestiones, y por eso es clave el tema del paso del invierno. En sentido estructural se imaginan que “vaca muerta” será la solución, con lo que se afirma un modelo productivo y de desarrollo centrado en la producción de bienes primarios para la exportación, y detrás de ello, la necesidad de hacerse de divisas para cancelar la impagable deuda. Junto con las medidas que se irán anunciando, el operativo por la renegociación de la deuda en pesos avanza, estirando plazos y agrandando la cuenta de intereses a cargo del estado. Claro que la necesidad de recursos es urgente y por eso se anticiparía el pago de ganancias que deberían pagarse en el 2023. El anticipo en el 2022 resuelve el presente y preocupa el futuro mediato, pero en un clima de improvisación, eso es lo de menos. Se piensa en aportes de un poco menos de 2.000 contribuyentes, los que tuvieron ingresos extraordinarios en la coyuntura mundial de subas de precios. Día a día se conocerán medidas, tales como las presiones de la nueva presidencia del Banco de la Nación, que ha solicitado la renuncia de los Directores del organismo que vienen con discursos críticos a la gestión de la coalición de gobierno. Se busca fidelidad a la línea del ajuste resuelta en acuerdo con el FMI y eso genera problemas políticos en el Frente de Todos. Así, la crisis política continua, por el desembarco de Sergio Massa en Economía o de Silvina Batakis en el Banco Nación. El canje de deuda en pesos preocupa, tanto como el cumplimiento con las metas del FMI. En ese marco no hay espacio para disidencias en el oficialismo. Es una situación que genera problemas en la coalición gobernante, pero también, en perspectiva electoral, entre la masa histórica de votantes y la gestión de gobierno. Una parte importante de la deuda en pesos está en organismos del Estado y es previsible que los organismos del estado respondan a las directivas del ministerio de economía y por lo tanto los organismos estatales ingresarán al canje de esa deuda. El problema está si el sector privado lo hará y a que costo. En un momento de alza de intereses en el plano internacional, lo imaginable es que eso se replique en el país. Por ello, la renovación de la deuda supone un mayor gasto público por crecimiento del coste financiero y claro, como el compromiso es reducir sustancialmente el déficit fiscal, lo previsible es la profundización del ajuste. Buenos Aires, 9 de agosto de 2022

Massa y las primeras medidas. Hay equipo y anuncios de subordinación al FMI

Asumió Sergio Massa y su equipo en el nuevo ministerio de economía en el que resume tres anteriores (economía, producción y agricultura). La primera acción consistió en esperados anuncios, sin demasiadas precisiones, pero definiendo un rumbo de subordinación al ajuste acordado con el FMI. En principio, no satisfacen ni al poder concentrado de la economía, ni a la población trabajadora desfavorecida por la lógica del ajuste recurrente en la dinámica del capitalismo actual. Lo más importante a señalar es que se sostienen los acuerdos con el FMI, gran condicionante de la política en el país, especialmente en lo relativo a metas de ajuste fiscal, monetario y el privilegio a las obligaciones derivadas de la deuda pública. Es una lógica en curso, de arrastre de la gestión de los funcionarios que previamente asumieron el cargo, y ratificado en el gesto de subordinación explícito al organismo internacional. Es que antes de anunciar estas medidas, y antes de jurar como ministro, Massa anticipó a las autoridades del Fondo la política a implementar. La auditoría del FMI es más que controles trimestrales de lo hecho. Es un verdadero cogobierno. En el rumbo de la gestión está la disminución del déficit fiscal, con la meta de arribar al -2.5% del PIB para el 2022, lo cual augura un profundo ajuste de las cuentas públicas. No se percibe aun el recorte, aunque se insiste en el congelamiento de la planta de personal y la continuidad que podemos imaginar en la sub ejecución presupuestaria. Un tema central pasará por la disminución de los subsidios a la energía, informando que más allá de aquellos que no solicitan el subsidio, para los que sí lo demandaron habrá límites al consumo y por lo consumido por encima tendrán incrementos tarifarios. Se trata de continuar la política de transferencia del costo de la energía a los consumidores, situación expresamente acordada con el FMI. Destacó Massa que no habrá una importante devaluación, en el mismo sentido que lo sostenían sus predecesores y el gobierno en cabeza del presidente. Eso no excluye rumbo persistente de adecuación del tipo de cambio oficial, incluso por encima de la inflación. Se trata de una devaluación persistente, cotidiana, que afecta a quienes perciben ingresos fijos, especialmente de menor monto. La devaluación continuará, de manera progresiva y en función de que avancen las otras medidas destinadas a frenar la “corrida cambiaria” y a fortalecer la posición de las reservas internacionales. En ese sentido, se comunicaron medidas que apuntan a estabilizar el mercado cambiario. Se anticipan diálogos para el consenso, con el sector empresario, grandes productores y exportadores, no solo del agro, sino también de la minería, de la industria y de servicios, especialmente de la llamada “economía del conocimiento”, con la intención de inducir la liquidación de exportaciones. Resulta entonces imaginable la extensión del “dólar soja” a otras áreas que también demandan tratamiento diferenciado con mejoras en el ingreso por exportaciones. Son medidas con efecto devaluatorio y de diversificación del tipo de cambio. Se anunció una convocatoria a conversaciones con trabajadores y empresarios, para plantear el tema de la actualización de los salarios, pero obviamente ahí estará la contrapartida empresaria por los precios. Informó Massa la convocatoria al diálogo a la Mesa de Enlace, con respuestas críticas de algunos de sus integrantes, que sostuvieron no estar dispuestos para una foto, sino para soluciones efectivas. Más allá de diálogos futuros anticipó acuerdos con exportadores del complejo agroindustrial para una liquidación anticipada por exportaciones por 5.000 millones de dólares en los próximos 60 días. Se trata de contradicciones hacia el interior del sector agropecuario, de productores que no exportan directamente y están en la base del reclamo devaluatorio. Es algo que puede inducir la continuidad de las presiones para una devaluación. Un monto similar de 5.000 millones de dólares se espera por préstamos internacionales, de organismos internacionales y la banca privada transnacional. Así, entre liquidaciones anticipadas y prestamos se promueve el dudoso ingreso de unos 10 mil millones de dólares para los próximos dos meses, favoreciendo el stock de reservas internacionales y los compromisos en divisas del] Estado nacional. Se anunció la refinanciación de la deuda pública a vencer en el próximo periodo, parte importante de la misma en poder de ámbitos gestionados por el propio Estado, caso de la ANSES y el Fondo de Gestión de Sustentabilidad. Anticipa una mecánica esperable de renegociación recurrente de la deuda pública en poder de organismos de gestión estatal. La intención es que el sector privado acompañe ese accionar en materia de renovación de la deuda pública. Los anuncios, como con Guzmán o con Batakis, están orientadas al mercado, es decir, a quienes dominan la relación mercantil, el poder económico. Apuntan a contener la presión cambiaria, que se aceleró en la previa a la designación del ministro. Para los sectores sociales más empobrecidos, los mensajes fueron escasos: un bono para los jubilados, sin mucha precisión. Si se informó la auditoria para los planes sociales, tarea asignada a las universidades públicas. Una medida criticada por los movimientos sociales y que no se condice con otros reclamos de auditoría, especialmente en lo atinente al endeudamiento público. Ese es el reclamo de la auto convocatoria por la suspensión de los pagos de la deuda y una auditoría con participación popular. Así como pretenden auditar planes sociales, debería auditarse la deuda antes de pagar y sustentar el acuerdo con el FMI. Una cuestión que bajaría rápidamente el gasto y contribuiría al saneamiento del déficit fiscal. Son pocas las precisiones planteadas en los anuncios y el gran interrogante es si alcanza a los sectores del poder económico con los guiños que se presentaron hoy por Sergio Massa. En el mismo sentido, si al sector social popular, sindical, movimientos territoriales, le alcanza con estos anuncios de un bono para jubilados y muy pocas otras precisiones favorables para los sectores de menores ingresos. Por eso, el gran interrogante es si las medidas informadas tendrán impacto en la contención inflacionaria, importante para el mes de julio y agosto y una proyección en torno al 90% para el año, y más específicamente si contribuirán a modificar el humor de la presión del poder y en sentido inverso, las demandas y reclamos de los sectores sociales desfavorecidos por sus reducidos y deteriorados ingresos. Se trata de interrogantes sobre la evolución de la política en tiempos de cercanía de renovación de la gestión presidencial para el 2023 y de estabilización del orden capitalista en tiempos turbulentos de la situación mundial. Buenos Aires, 4 de agosto de 2022

El ajuste en tiempos de Massa

La crisis en la coalición de gobierno viene de lejos, y se visibilizó en estas semanas con cambios en el gabinete ministerial. El trasfondo de la situación se expresa en las remarcaciones de precios que deterioran la capacidad de compra de los ingresos populares y se proyecta a los tres dígitos en el año. También en el ajuste derivado de los acuerdos con el FMI y una corrida cambiaria estimulada desde el poder económico concentrado. El resultado es un creciente descontento popular que abona al descrédito en la “política”, y una ampliación de la resistencia con articulaciones nuevas, entre sectores de la izquierda y de quienes, aun insertos en la pertenencia a la coalición de gobierno, se movilizan en defensa de reivindicaciones a contramano de la política oficial. No alcanzó con el cambio de Matías Kulfas y la entrada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo, como no alcanzó con la salida de Martin Guzmán y el ingreso de Silvina Batakis, que no solo se comprometió a seguir la ruta del acuerdo con el FMI, sino que visitó en Washington, como último acto de su gestión, a las autoridades económicas del gobierno de EEUU, a las del FMI y ratificó todas las metas suscriptas con el Fondo Monetario Internacional en marzo 2022. Ahora se incorpora al Poder Ejecutivo a Sergio Massa, con un operativo clamor de muchos gobernadores alineados con el Frente de Todos, cerrando filas en el oficialismo y con el aval de distintos sectores del poder económico. Aun antes de la designación de Massa se generaron algunos movimientos en el mercado de cambios, haciendo bajar la fortísima presión cambiaria de la corrida. El nuevo funcionario del ejecutivo asumirá la semana próxima y la cotización de la divisa estadounidense bajo desde 350 a 290 pesos por dólar, achicando la breca cambiaria, el “riesgo país” y dejando acciones y bonos en alza. La fusión de tres ministerios: “economía”, “desarrollo productivo” y “agro, ganadearía y pesca” en uno solo, bajo el mando de un personaje amigable con el poder económico local y global, fue garantía suficiente para empezar a frenar la furiosa corrida. Faltan las designaciones de equipo y las primeras medidas para definir las tendencias y los rumbos de los poderosos. Parece haber satisfacción en el poder económico vinculado al modelo productivo de inserción subordinada en la economía mundial; de extractivismo para la exportación; de ensamble industrial y fuertemente vinculado a la especulación financiera. Estos sectores querían una señal más allá de las que dio Guzmán para tranquilizar la economía argentina, pero también, más allá de las señales que dio Silvina Batakis. No alcanzaba con la continuidad de la política de ajuste y cumplimiento con los acuerdos del FMI pronunciados por Batakis, e incluso del renunciado Julián Domínguez, cuyos dichos eran bien receptados por los grandes propietarios de la tierra. El poder reclamaba un interlocutor más afín a los objetivos liberalizadores de la economía. Por todo ello, la designación de Sergio Massa fue receptada con entusiasmo por los principales beneficiarios del modelo productivo y de desarrollo. Habrá que ver si puede congeniar con el área energética, sector apuntado para ejecutar el ajuste suscripto con el FMI, tanto como el vínculo del nuevo funcionario con la AFIP y el BCRA. Hay que registrar que, en simultáneo al anuncio de Massa, el BCRA incrementó las tasas de interés. Una disposición en sintonía con la nueva suba de la tasa de interés dispuesta por Reserva Federal de EEUU, el Banco Central de EEUU, del mismo modo que lo hizo el Banco Central Europeo. Las subas de tasas preanuncian un tiempo de desaceleración y/o recesión de la economía mundial. En ese sentido, el FMI pronostica menores expectativas de crecimiento de la economía mundial para el presente y el próximo año. De hecho, ya existe una recesión técnica en EEUU, con dos trimestres en baja, cerrando un primer semestre del 2022 con caída de la producción, que se suma a una tendencia similar en Europa, e incluso, una desaceleración de la economía en China. Argentina creció en el 2021 respecto a la fortísima caída del 2020, pero el crecimiento del 2022 viene desacelerándose. Es muy probable que con esta suba de la tasa de interés del Banco Central, que con seguridad no será la última, y con las medidas de ajuste que se esperan para el segundo semestre de este 2022, las perspectivas no son halagüeñas, menos para los sectores populares de ingresos fijos. Lo que podemos suponer para los primeros anuncios, apuntados a desarmar la corrida cambiaria y la presión del poder económico, pasarán por acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, acompañado de nuevas subas en las tasas de interés. La intencionalidad será creer en reservas internacionales para atender los acuerdos con el FMI. El sendero de la economía a futuro en tanto y en cuanto se cumple con los acuerdos con el FMI, es de un ajuste que va encaminado a una perspectiva de reformas estructurales en materia previsional y laboral. No hay horizonte de medidas a favor de los más perjudicados, salvo alguna disposición compensatoria, al estilo de los bonos por “única vez” a lo que nos acostumbró la política de distribución regresiva del ingreso. Tampoco resulta esperable políticas antinflacionarias aplicación de la ley de abastecimiento, o controles de precios, ni medidas de reforma tributaria que afecten a los grandes ingresos. Nada de eso es esperable bajo un ministerio con el perfil asociado al poder económico y político local y global del funcionario designado. Este es un tiempo de profundización del ajuste, por lo que resulta esperable un avance la conflictividad social. La novedad de los últimos tiempos presenta a los movimientos sociales populares vinculados a la izquierda articulando con otros que mantienen su adhesión a la coalición gobernante. Esta es la novedad política en la movilización callejera de los últimos tiempos y es de esperar que la protesta social se canalice como conflicto para generar condiciones para una alternativa política, que es la asignatura pendiente para la Argentina de nuestro tiempo. Buenos Aires, 30 de julio de 2022

Tensiones económicas y políticas en torno al dólar

Cuesta explicar fuera del país la situación de la Argentina, incluso al interior, más allá de adhesiones ideológicas y políticas a los sectores en pugna: oficialismo y oposición de derecha. Existe un contraste entre los datos macroeconómicos de crecimiento, incluso del consumo en general y especialmente recreativo, sea por la gastronomía, el turismo, entre otros, y la contracara de la pobreza extendida que involucra a trabajadoras y trabajadores regularizados, más aún quienes protagonizan la precariedad laboral, sin seguridad social, en situación irregular de empleo. La inflación no golpea de igual manera en una u otra de las caras que devuelve la situación argentina. La realidad económica y política es de una enorme complejidad, con tensiones e incertidumbres, especialmente con el tema precios. La inflación es el tema principal que sufre la población más empobrecida de la Argentina. Entre estos precios, uno determinante es el tipo de cambio de la moneda local, el peso, con relación a las divisas, especialmente el dólar. Asistimos en la coyuntura a una fortísima presión política, especulativa, sobre el tipo de cambio. Sobre todo, por los tipos de cambio paralelos, los que inciden para inducir una fortísima devaluación de la moneda local que mejore las ganancias del sector más concentrado de la economía. Existe un tipo de cambio oficial, en torno a los 130 pesos por dólar, que es el más importante. Con esa cotización circula el comercio exterior de la Argentina, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En los últimos años se verifica un crecimiento muy importante de los precios internacionales de los productos de importación y exportación, pero también de los volúmenes de intercambio internacional. Por ese tipo de cambio oficial circula el importantísimo excedente comercial de la exportación primaria de la Argentina, sea soja, trigo, maíz, carne, oro, minerales diversos e incluso productos industriales, pero también la importación, sobre todo de la energía. En el primer semestre de este año 2022, la Argentina ha pagado importaciones de energía en más de 4 mil millones de dólares respecto de las importaciones que para la misma fecha se hicieron el año anterior. Si el año anterior se pagó un poco más de dos mil millones de dólares por importaciones energéticas, este año se han pagado más de seis mil millones de dólares: cuatro mil millones de dólares más. Digamos que ese es el tipo de cambio más importante, que expresa las relaciones económicas de la Argentina con el mundo y desde el gobierno se insiste que es un tipo de cambio competitivo. Es lo que señaló la ministra Silvina Batakis ni bien asumió el ministerio de economía. El gran volumen del comercio internacional, con saldo positivo, explicaría que no resulta necesaria una devaluación y que la falta de divisas en el país se explica por la fuga realizada por distintos mecanismos, el crecimiento del costo de la energía y los recursos afectados a la cancelación de servicios de la deuda. El poder quiere devaluar Señalamos que es un momento de tensión porque los sectores del poder económico concentrado están reclamando la devaluación de la moneda nacional, el peso. Demandan que el tipo de cambio se corrija al nivel de los dólares paralelos. Estos son dólares financieros, como el contado con liquidación, CCL, que cotiza en torno a 330 pesos por dólar, o el dólar bursátil del Mercado electrónico de Pagos, MEP, cotizando a 320 pesos por dólar; incluso el dólar turista cercano a los 240 pesos por dólar. Todas estas cotizaciones remiten a operaciones legales, de mucho menor volumen que las referidas al intercambio de bienes y servicios. El problema es la existencia de llamado dólar blue, o ilegal, de escaso volumen, pero de fuerte referencia en el sentido común desde la importancia asignada a su cotización por los medios de comunicación, con fuerte impacto ideológico político en la consideración de la coyuntura. Su cotización llegó en estos días a 350 pesos por dólar y ahora en baja, en torno a los 317, se encuentra en un nivel muy superior al del comienzo de mes, unos cien pesos menos. Remitimos al momento de cambios en el Ministerio de Economía, renuncia de Guzmán y asunción de Batakis. Por eso es que en estas semanas se habló de “corrida cambiaria”, con una corrección al alza del tipo de cambio, acelerando la devaluación del tipo oficial. La operación con dólares financieros, vía compra de títulos públicos en la argentina, con pesos, títulos valuados en dólares que se los puede vender en el mercado externo, por ejemplo, en Estados Unidos, y dejar los recursos de esa venta, en dólares en el exterior. Es una forma de transformar pesos en la Argentina en dólares depositados en el exterior, una operación típica de fuga de capital. Se trata de una operación permitida, legal. No se trata de una cuestión ilegal. Junto a este tipo de dólar financiero va el dólar ilegal, clandestino, el llamado “blue”, que es más o menos equivalente al contado con liquidación o estos otros dólares financieros, que mueven cifras muy minoritarias respecto del principal, como señalábamos, asociado al elevado volumen del comercio internacional de la Argentina. Pero claro, los medios de comunicación expanden la importancia que tienen estos tipos de cambio paralelos y generan en cualquier sector en condiciones de establecer precios, que su precio esta ligado a esa cotización paralela, y no a la cotización oficial, y por lo tanto se genera un clima de expectativa donde el que puede aumentar los precios los aumenta. Y eso exacerba expectativas en espera de medidas que anuncie el gobierno para calmar a los mercados. En ese sentido hay que aclarar: mercado es el que compra y el que vende, mercado es el que gana y el que sufre con pobreza y miseria. El mercado es el ámbito de intercambio donde entramos absolutamente todos y todas en Argentina y en el mundo. Estamos hablando del capitalismo que es una relación monetario-mercantil. Pero cuando los medios de comunicación dicen que “los mercados esperan medidas” están hablando de los sectores más concentrados, del poder económico y esos sectores esperan medidas que en definitiva lleven a procesos devaluatorios. Lo que se pretende es un dólar cotizado al tipo de cambio más cercano a los dólares financieros, paralelos o ilegales. Por eso hay una fuerte presión en la compra y venta de esos dólares paralelos como en la acción mediática e ideológica que instalan la mayoría de los medios de comunicación y aparece un clima social de que eso beneficiaria al conjunto de la sociedad, cuando cualquier devaluación, aun las que están ocurriendo ahora porque el gobierno ha acelerado la devaluación del tipo de cambio oficial, en una perspectiva para este año 2022, en que la devaluación oficial de la divisa puede superar a la inflación que ya a esta altura ya se estima en torno del 90% o 100%. Ese pronóstico de una inflación de tres dígitos preocupa por el impacto sobre los sectores más empobrecidos. Pero podríamos decir que, del lado del mercado empobrecido, de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, se esperan otras medidas, que recompongan la capacidad de compra de los pesos con los que vive la mayoría de la población argentina. Por ello, las inquietudes o demandas son contradictorias: no es lo mismo lo que esperan los sectores del poder económico (minoritarios) de capital externo, como capital local, de lo que espera la mayoría de la sociedad. Por eso, con la ministra Silvina Batakis en Estados Unidos intentando lograr aval y si es posible que se destraben prestamos de los organismos internacionales que están hoy retenidos, los movimientos sociales y centrales sindicales salen a la calle en estos días demandando reivindicaciones muy concretas para mejorar la capacidad de compra, para satisfacer necesidades de la mayoría de la población. En síntesis, la economía como siempre pasa por la política. La presión del poder o la presión de los sectores más perjudicados por el orden económico actual. Buenos Aires, 26 de julio de 2022