El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al
Parlamento argentino sobre el Presupuesto 2019 es un “gigantesco dibujo propagandístico”,
que al mismo tiempo anticipa las líneas de un “brutal ajuste fiscal” que agrava
las condiciones de vida de la mayoría de la población de menores ingresos. Un
ajuste que en estas horas se negocia en Washington con el FMI, incluso para
ampliar el préstamo del organismo internacional de 50.000 a 70.000 millones de
dólares, los que se desembolsarían antes del fin del mandato de Mauricio Macri
en diciembre del 2019. De ese modo se resuelven las necesidades de
financiamiento del capitalismo local en el corto plazo.
El apoyo financiero tiene el sustento político del
socio mayoritario en el Fondo: EEUU, quien aprecia el accionar del gobierno
Macri en el cambio de la agenda política, económica e ideológica en la región.
Para la política exterior de EEUU resulta de carácter estratégico terminar de
reorientar el rumbo en toda América Latina y el Caribe hacia los intereses de
las transnacionales estadounidenses y tiene en Macri un socio con consenso
electoral para sus planes..
Lo del dibujo se podría explicar con las metas del
Presupuesto del 2018, modificadas unilateralmente por el poder Ejecutivo sobre
fines de diciembre pasado, a días de haber sido aprobado por el Congreso. Hace
un año se proyectaba una inflación del 10%, luego corregida a 15% y el año terminará
con un alza de precios en torno al 45%. Las imposibles metas de inflación del
pasado año se diluyeron con la dolarización de los combustibles, las tarifas de
los servicios públicos privatizados y la corrida cambiaria de estos meses. El
dólar se imaginaba por debajo de los 20 pesos y hoy oscila entre 40 y 38 pesos.
Se proyectaba un crecimiento de la actividad del 3,5% y cerraremos en una
recesión en torno al -2,4% según el propio Gobierno. El presupuesto de
crecimiento era pura propaganda que se desmoronó con la realidad recesiva del
presente.
Dibujo y ajuste fiscal
Por eso, ahora para el Presupuesto 2019 también se
acude a un escandaloso dibujo: Inflación del 23%, nivel de caída de la actividad
económica del -0,5% y un dólar promedio de 40,10%. Son supuestos de contención
de la inflación y muy especialmente de la cotización del dólar, que se
mantendrá en los niveles promedio de estos días durante el próximo año. Son
supuestos irreales que le sirven al gobierno para disputar el consenso político
social en un tiempo de disputa electoral para el 2019.
Presentan un imaginario positivo sobre el desastre
social que apareja la recesión económica en curso, proyectada su continuidad
para el año entrante y la continuidad inflacionaria, aun con tendencia a la
baja a los mismos niveles que durante el 2017, con restricciones en las
actualizaciones de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o planes
sociales, lo que afecta a millones de habitantes de menores ingresos relativos.
La pérdida de ingresos populares se acumula durante la gestión Macri y se
consolida en la proyección hacia el fin del mandato presidencial.
El Presupuesto es una iniciativa política del gobierno
para señalar que los problemas de estos últimos meses, corrida cambiaria
mediante, se han terminado. Se trata de una estrategia asociada al apoyo
financiero inusitado del FMI, sustentado en el apoyo de Trump al gobierno
Macri. El solo anuncio que el acuerdo con el FMI avanza según lo solicitado por
el gobierno argentino (anticipar desembolsos del 2020 y 2021 antes del 2019)
recompuso en la coyuntura la valorización bursátil de las acciones de las principales
empresas y los títulos de la deuda pública, recomponiendo retrocesos relativos de
estos tiempos de incertidumbre. Al mismo tiempo crece la pobreza, el desempleo,
la baja del salario y un conjunto de penurias que se constituyen en el nuevo
piso del empobrecimiento popular.
Pretendemos señalar que la estrategia comunicacional
del Gobierno con datos sobre el Presupuesto 2019, que suponen inflación a la
baja, congelamiento del dólar alto, en torno a 40,10 pesos, y disminución del
ritmo recesivo, actúa como aliciente ante inversores locales y globales que
verifican en estas horas la reducción de los salarios medidos en dólares. Es
una conclusión fundamental a la hora de definir destinos territoriales de
inversores internacionales en momentos de restricciones a la rentabilidad de
los capitales.
Además, con esta cotización del dólar, la gran apuesta
del gobierno es al aumento de las exportaciones y disminución de las
importaciones por encarecimiento, y por ende la reducción del déficit
comercial, bajando la necesidad de endeudamiento externo para pagar
importaciones. Está previsto un 21% de crecimiento de las exportaciones, con
base en “soja y otras producciones agrarias” más “vaca muerta”, en donde se
alienta el desembarco de cuantiosas inversiones externas. A ello suman ventas
al exterior de manufacturas industriales sustentadas en una cotización alta que
resulta competitiva con la producción externa.
Junto a ello el desestimulo al gasto por viajes al
exterior y la expectativa de incremento de visitantes del exterior que gasten
divisas en la Argentina, verificado en estos días con mayor cantidad de
visitantes de países vecinos. Las proyecciones relativas a la cotización del
dólar apuntan a sostener esos valores en los próximos años, acompañando los
procesos de baja inflación imaginados para el 2020 en adelante.
En síntesis proponen contener el precio del dólar para
inducir una baja de la inflación, mejorar el balance comercial y externo,
terminar con la corrida cambiaria y estabilizar las cuentas macroeconómicas
para favorecer la llegada de las inversiones externas.
Déficit cero con más
impuestos y menos gastos
Todo lo dicho se enmarca en la estrategia del déficit fiscal
primario igual a cero, lo que se logra con incremento de impuestos y reducción
del gasto. Vale aclarar que no se elimina el déficit fiscal, ya que será cero
el primario, es decir, antes de pagar intereses. Con el incremento de la deuda,
los intereses crecen y se transforman en el principal gasto individual del
Presupuesto. Sea por el crecimiento del stock de deuda, como por la
devaluación, hacia enero del 2019, la deuda expresará más del 100% del PBI,
comprometiendo e hipotecando los
recursos públicos por años.
En materia tributaria vuelven temporariamente las
retenciones a las exportaciones y se amplían los sujetos del impuesto a las
ganancias. Por un lado se amplía la base de la cuarta categoría, es decir, los
salarios, a contramano de lo dicho en la campaña electoral del 2015 y de que el
salario no es ganancia. Se eliminan exenciones al impuesto a las ganancias para
ingresos jubilatorios y además, se pretende gravar con ganancias a cooperativas
y mutuales que por definición son entidades sin fines de lucro.
Sobre el gasto público, los principales afectados serán
los ingresos del personal, trabajadoras y trabajadores del Estado, sea por el
congelamiento de los cargos, como por la afectación de ingresos salariales que
no acompañan la perdida por inflación desde el 2016, agravada en el 2018, y sin
recomposición adecuada prevista para el 2019. Del mismo modo se afecta el presupuesto
del gasto social educativo y de salud, junto a los ingresos de pensionados y
jubilados con el arrastre que supusieron las modificaciones de diciembre del
2017, consolidadas en las cuentas del Presupuesto en debate en el Parlamento.
Los fundamentos de la
crisis actual según el mensaje oficial
Sostiene el Gobierno al elevar el Proyecto de
Presupuesto 2019
que veníamos creciendo muy bien hasta que sobrevino la desgracia natural de la
sequía que impactó muy fuerte en la producción agraria, especialmente la producción
de soja. A eso se sumó el cambio de la situación internacional con la suba de
los intereses en EEUU, con impacto en los países emergentes y la suba
internacional de la cotización del dólar. Suman a esos argumentos el conflicto
económico entre EEUU y China, más las crisis especiales de Turquía y Brasil. A
ello alude Macri cuando remite a la tormenta que se descarga sobre la Argentina.
Ninguna auto crítica. Todo sería responsabilidad del
contexto, exculpando a la política local implementada desde fines del 2015, o
sea, la eliminación en origen de las retenciones, el pago a los holdouts con
nueva deuda, más un desenfrenado endeudamiento agravado con el acuerdo con el
FMI y una recurrente política de deterioro de los ingresos populares minando el
funcionamiento del mercado interno y afectando a las economías regionales y a
la pequeña y mediana empresa.
Pareciera que relativo a lo local todo se concentra en
el fenómeno de los “cuadernos y la corrupción”, los que habrían minado la
posibilidad de avanzar con inversiones bajo el paraguas de la Participación
Pública Privada en materia de inversiones. Nada sería responsabilidad gubernamental,
sino del exterior y del gobierno anterior. La herencia recibida es re
significada en el Mensaje de presentación del Presupuesto 2019.
Con este diagnóstico justifican el pase de una
política de ajuste gradual a otra de shock expresada en el Presupuesto para 2019.
Eso es déficit fiscal 0% para 2019 y superávit de 1% para el 2020, lo que
supone un ahorro de 25.000 millones de dólares entre 2018 y 2020, afirman en el
mensaje que estamos comentando. El gasto del sector público nacional bajará del
24% al 20% del PBI entre 2016 y 2019 inclusive. Destacan una reducción del 0,8%
en 2016, del 3% en 2017, del 6,2% en 2018 y se proyecta una caída del 7,7% en
2019.
El balance del 2018 se muestra optimista pese a los
números negativos de una caída del PBI del -2,4%, principalmente generado por
la caída del Consumo Privado del orden del -3,4% y del Consumo Público del -2%
y morigerado por mejores perspectivas del balance comercial, base de sustento
del motor de crecimiento económico en la etapa.
Queda claro el papel del Consumo popular en esta
evaluación y el papel asignado a la competitividad exportadora con un dólar
alto. El gobierno explicita sus intenciones de beneficiar a grandes
exportadores, aun restituyendo retenciones transitorias y en pesos. Resulta benévolo
el mensaje con relación a la cuestión monetaria y financiera sin considerar las
cuantiosas pérdidas de reservas internacionales en el periodo, especialmente con
las corridas cambiarias del 2018.
Las proyecciones
El mensaje describe un escenario internacional
levemente favorable, aun con la persistencia del conflicto entre EEUU y China y
el crecimiento de las tasas de interés en EEUU.
Respecto del PBI indican un caída del -0,5% fundado en
baja del consumo privado del -1,6% y del -3,4% del consumo público (evidencia
clara del ajuste fiscal); una caída de la Inversión del -9,7% y una mejora del
balance comercial con exportaciones creciendo al 20,9% e importaciones en alza
al 2,8%.
Recordar que: PBI=
Consumo + Inversión + Exportación – Importación
Por lo tanto, lo previsto es la caída del consumo,
privado y público, de las inversiones, y toda la apuesta está en la mejora de
las exportaciones por un dólar competitivo, asentado en soja, hidrocarburos no
convencionales por Vaca Muerta y exportaciones industriales. Aun así, el déficit
externo alcanzará según la previsión oficial unos 9.900 millones de dólares en
2019, contra 22.400 millones de dólares en 2018.
Más allá de referencias a generalidades sobre las
potencialidades de la mejora social por impacto de las medidas de política
económica se afirma la disminución de los subsidios económicos del orden del
0,7%, los que se trasladan al sector privado y a las provincias, especialmente
en materia de transporte. Para energía la reducción es del 0,3% y estimando el
traslado a precio del 70% del costo de la electricidad y del 75% del gas. Ello
sugiere la continuidad de los tarifazos durante el próximo periodo y más allá. El
mensaje supone una reducción del 2% en la dotación de personal estatal y la
disminución de las transferencias a las provincias. La mejora de la recaudación
con retenciones y eliminación de exenciones al impuesto a las ganancias son la
contrapartida para asegurar el déficit cero en 2019.
Al déficit 0 se llega por mejoras de Ingresos
tributarios y otros del orden del 1,2%, representando el 20,2% del PBI, y por
reducción del gasto primario (antes del pago de intereses) del -1,5%: en
subsidios económicos, gastos de funcionamiento, especialmente salarios y
transferencias a Provincias y menores gastos de capital (energía, transporte y
vivienda). Un dato curioso es que el gasto en salarios del personal asciende a
530.928 millones de pesos, un 2,9% del PBI, mientras que los intereses netos de
deuda ascienden a 596.065 millones de pesos, el 3,2% del PBI. Esos mayores
intereses explican el déficit fiscal general para el 2019, equivalente al déficit
financiero, ya que el déficit primario se prevé 0.
Importa considerar las exenciones tributarias,
especialmente del impuesto a las ganancias, que suman 35.455,3 millones de
pesos, el 0.19% del PBI, entre los cuales computan ganancias de Asociaciones
Civiles, Fundaciones, Mutuales y Cooperativas por 19.020 millones de pesos, un
0,10% del PBI; por trabajadores en relación de dependencia de la Patagonia por
4.561,7 millones de pesos, un 0,02% del PBI; Jueces y funcionarios de los poderes
judiciales de la Nación y provincias por 9.854,6%, el 0.05% del PBI. Lo que no
se cobra por todos los impuestos, exenciones, alícuotas reducidas o reembolsos,
alcanza a 312.898,8 millones de pesos, o el 1,70% del PBI.
El Programa de Inversiones Público y Privadas, PPP,
establece una proyección cercana a los 10.000 millones de dólares entre 2018 y
2033 para una primera etapa de 6 corredores viales.
Deuda pública y Presupuesto
de la Administración Pública Nacional (APN)
Las necesidades financieras se establecen en casi
39.000 millones de dólares y se explicita una necesidad de financiamiento no
cubierto por 20.000 millones de dólares, equivalente a lo que trascendió que
incrementaría la asistencia financiera del FMI, de 50.000 a 70.000 millones de
dólares.
Se estima un stock de deuda pública por 315.698
millones de dólares a diciembre del 2018, pasando del 57,1% al 87,0% del PBI.
Tal como señalamos, en enero podría superar el 100%.
A diciembre del 2019 se estima en 331.971 millones de
dólares la deuda pública y con la hipótesis de estabilización de la economía y
mejora macroeconómica se supone una reducción del porcentaje de deuda sobre el
PBI. El supuesto es el máximo déficit financiero para 2019 (3,2%) y una
reducción progresiva hacia el 2023.
Los recursos totales de la Administración Pública
Nacional (APN) en 2019 alcanzarán los $3.424.476,2 millones (18,6% del PBI). El
gasto público previsto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019
asciende a $4.024.761,9 millones, que representa un incremento del 27,4%
interanual. Se estima que el resultado primario sea deficitario en $7.297,7
millones, (-0,04% del PBI, 2,6% por debajo con respecto a 2018) y que el
resultado financiero (resultado primario más intereses de la deuda netos de
operaciones entre organismos de la Administración Nacional) alcance un déficit total
de $600.285,7 millones (-3,26% del PBI).
Intereses netos tiene previsto un gasto de 593.016
millones de pesos, contra Gastos de funcionamiento del Estado Nacional por 547.294
millones de pesos, de los cuales en salarios de todo el personal asciende a 437.791
millones de pesos.
El debate del presupuesto
2019 y la política
La Ley de Presupuesto tiene que discutirse en
comisiones de la Cámara de Diputados antes de ir al recinto para su media
sanción y consideración en el Senado. Ello implica un debate político con
oposiciones diversas, algunas más proclives a la negociación que otras. Entre
los negociadores se puede incluir a los poderes ejecutivos más vinculados
políticamente con el rumbo nacional, sean oficialistas u opositores. De hecho
son escasos los gobernadores que manifestaron críticas sustanciales a la
política nacional y a las orientaciones sobre el Presupuesto 2019, que incluye
el acuerdo con el FMI, gran condicionante de la política económica a futuro.
Sin embargo y más allá del debate institucional, será
importante el debate callejero derivado del conflicto social que incluye el
paro nacional de 36 horas a cumplirse el lunes 24 y martes 25 de septiembre
próximo. De hecho, las dos CTA y un conjunto de organizaciones sindicales de la
CGT anuncian convocatorias a movilizaciones en los momentos de tratamiento del
Presupuesto, sin perjuicio de lograr un espacio en el debate parlamentario para
hacer escuchar la voz del movimiento sindical y popular. El conflicto social
trasciende las previsiones presupuestarias y remiten a la situación de
inflación y recesión que golpea duramente a los sectores de menores ingresos en
la sociedad argentina.
La pretensión gubernamental, más allá de cualquier oposición
y del conflicto social, que intentará reprimir, apunta a la aprobación antes
del 30/11, momento de inicio de la Cumbre de Presidentes del G20. Se trata de
una imagen de control político que Mauricio Macri, coordinador del G20 quiere
ofrecer a los jefes políticos de los principales Estados y Organismos
Internacionales del capitalismo mundial. Es un tributo al poder mundial para
continuar en la brega por atraer inversores externos que sustenten la
posibilidad del desarrollo capitalista en el territorio argentino.
En la coyuntura local, el tratamiento del Presupuesto 2019
condiciona las tensiones y proyecciones de la confrontación política, en
momentos de aceleración de las disputas por los consensos electorales que
definen el próximo ciclo constitucional entre 2019 y 2023 y en definitiva el
rumbo de la política y el orden económico local para el mediano y largo plazo.
Algo que no solo interesa en el país, sino con repercusión regional y mundial.
Buenos Aires, 22 de
septiembre de 2018
