Flexibilización salarial y endeudamiento público

Comienza el 2017 con claras señales sobre la orientación de la política económica en la Argentina.
Por un lado la necesidad de atraer inversiones en el sector energético, para resolver problemas de abastecimiento y si fuera posible, generar excedente para la exportación. El argumento esgrimido es el crecimiento económico y la perspectiva de generación de nuevos empleos, dicho en el marco de un ciclo de crecientes despidos y suspensiones. La realidad marcha a contramano del discurso oficial.
Por otro lado, se anticipa la captura de fondos en el mercado financiero mundial y local para cubrir necesidades de endeudamiento público que hagan sostenibles el programa económico y político en año electoral. Desnuda las necesidades de financiar al capitalismo local con fondos externos, que al no ingresar vía inversiones productivas se reitera el mecanismo del endeudamiento público.
Inversiones energéticas
La situación energética en la Argentina motoriza uno de los principales objetivos del gobierno, que apunta a atraer inversores externos para explotar hidrocarburos no convencionales y avanzar en la diversificación de la matriz energética, eólica y nuclear, entre otras.
Para ello necesita ofrecer ventajas a las transnacionales de la energía con potencialidad de inversión en el país. El interés compartido entre Empresas y Estado apunta al acceso a los bienes comunes a costa del saqueo y la depredación; y a la flexibilización salarial y laboral para achicar el costo de producción y evitar el conflicto social propiciado por los trabajadores de la energía en defensa de sus derechos.
El tema fue claro en el cambio del año con el conflicto de Nucleoeléctrica y el sindicato de la Energía de Zárate. Los trabajadores de Luz y Fuerza de Zárate ingresaron en conflicto el 30/12/16 con la central nuclear de Atucha de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). En solicitada pública denuncian los trabajadores el desconocimiento de una trayectoria histórica de la organización sindical por 29 años y señalan que “hubo “cambios” de “camiseta” pero no de política. Muy por el contrario, la política de exclusión, discriminación y otras yerbas, se agudizó con esta nueva gestión de gobierno y empresaria”.[1]
Los nuevos funcionarios son los mismos de arrastre del gobierno anterior, que sienten el apoyo a la gestión desde la impunidad de la orientación pro-mercado, explícita en el gobierno Macri.
Por su parte, la continuidad y profundización de la política energética se manifiesta en las renovadas expectativas que genera el yacimiento Vaca Muerta, segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto en shale oil, afectado por la baja del precio internacional y por ende, necesitado de políticas de flexibilización laboral y reducción del costo de producción. Es un proceso que viene negociándose durante los últimos meses entre la Nación, las Provincias petroleras, las empresas transnacionales y los sindicatos.
El sueño de Vaca Muerta, como gran reservorio de hidrocarburos no convencionales y el fracking como método de extracción necesitan de la reducción de costos laborales para acercar la ecuación rentable para las empresas transnacionales presentes en los yacimientos y especialmente a quienes se quieren atraer al mismo. Es el camino del acuerdo Chevron e YPF durante la gestión anterior.
Con el acuerdo arribado en la Patagonia, el gobierno logra una plataforma de reconversión regresiva de los convenios colectivos, que resulta muy favorable para los empresarios y sus expectativas de ganancias. Sienta antecedentes para otras ramas de la actividad económica y no solo del petróleo o la energía.
Al respecto, dice José Rigane, Secretario General de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Argentina en la CTA Autónoma) que estos acuerdos  “apuntan a reducir el salario petrolero, la punta de lanza de la reforma es ir por las condiciones laborales y el objetivo es flexibilizar aún más el trabajo y habilitar el camino a la renta extraordinaria de las empresas.” Continúa señalando que “Macri y las principales empresas petroleras como YPF, PAE, Total impulsan una fuerte modificación al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para Vaca Muerta con el objetivo de mejorar la “productividad” empresaria reduciendo “costos laborales” y ejemplifica con la pretensión de eliminar “remuneraciones adicionales”,  “baja de personal en equipos de perforación (reduciendo a la mitad cada equipo, que pasará de 24 a 12 trabajadores aprox.)”, “recorte del salario básico” ; “habilitar la “multifuncionalidad”, entre varios aspectos que manifiestan la intencionalidad de la complicidad del gobierno y las empresas por reducir el  costo laboral.[2]
Recordemos que la estrategia del gobierno Macri apunta a la modificación regresiva de los convenios colectivos de trabajo, a la reducción del costo salarial y en general a contener el conflicto y subordinar a la fuerza de trabajo a las necesidades del capital.
Nueva deuda pública
Dadas las incertidumbres del mercado financiero mundial ante la próxima asunción de Donald Trump y la previsible suba de la tasa de interés, el gobierno salió a tomar deuda pública en el comienzo del año.
La información del Ministro de Finanzas destaca una operación de préstamo con 6 bancos privados transnacionales (Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan) a una tasa de 3,8% y por 6.000 millones dólares. Se anuncian también nuevas licitaciones de bonos por 7.000 millones de dólares antes de finalizar enero. Todo para anticipar cobertura de necesidades financieras del año.
Se festeja el acceso del país al mercado mundial de créditos y se escamotea el crecimiento de la hipoteca sobre los recursos fiscales y las reservas internacionales. Argentina encabeza el ranking de tomadores de deuda en el mundo y lo hace sobre la base de la baja relación de la deuda sobre el PBI, que pese al elevado endeudamiento bajo la gestión Macri, se estima alcanzará el 58% para este año.
Durante años hemos sostenido la necesidad de investigar la deuda y mientras tanto suspender los pagos, ya que la hipoteca de la deuda se construyó en ciclos de endeudamiento que se recrean sistemáticamente desde su origen reciente en tiempos de la dictadura genocida (1976-1983) y la década de la convertibilidad (1991-2001); y otros periodos de cancelaciones parciales y renegociaciones (todos los turnos presidenciales renegociaron vencimientos de deuda) que solo sirven para retomar una política de beneficio a los acreedores y condena al país a cancelar deuda contra las necesidades de la población.
El argumento del gobierno Macri para asumir nueva deuda es el bajo nivel de endeudamiento del país, lo que hace posible la nueva inserción en el mercado financiero mundial, máxime luego de arreglar la demanda legal ante la justicia de EEUU. El Juez de Nueva York, Thomas Griesa desestimó acciones contra la Argentina luego de la oferta y cancelaciones a acreedores en conflictos, los fondos buitres, en homenaje a la voluntad de pago de la Argentina.
Con endeudamiento o desendeudamiento, los favorecidos son siempre los acreedores externos y grandes especuladores, resignando cuantiosos recursos para tender necesidades sociales insatisfechas. Pueden leerse expresiones pronunciadas por la ex Presidente CFK (2007-2011 y 2011-2015) en donde se señalaba que “En estos 12 años, hemos pagado entre deuda a tenedores de títulos privados y organismos multilaterales de crédito, 145 mil millones de dólares sin acceder a financiamiento externo, con trabajo y esfuerzo de todos los argentinos.”[3]
Son declaraciones en simultáneo a la retomada de la senda del endeudamiento, siendo emblemáticos en ese sentido el acuerdo con el Club de París y la cancelación de la expropiación parcial de YPF a REPSOL. Argentina retomó la senda del endeudamiento en simultáneo con los problemas de crecimiento de los últimos años, agravado en la coyuntura recesiva bajo la gestión Macri.
Contra la dependencia, alternativa popular
El país no puede funcionar sin el ingreso de divisas y ante la ausencia de inversiones se acude a los préstamos. Ambos mecanismos, las inversiones o el endeudamiento son formas de recreación de la dependencia y subordinación del orden local al capitalismo mundial.
Resulta necesario confrontar la actual ofensiva del poder hegemónico en la Argentina que al profundizar la dependencia, potencia la depredación de los bienes comunes y genera condiciones de mayor precariedad y explotación de la fuerza de trabajo.
La realidad demuestra que la ofensiva se consolida en tanto no se generen condiciones sociales de masividad y conciencia para construir alternativa política más allá de la crítica al gobierno actual, lo que requiere confrontar con el orden capitalista.
Buenos Aires, 13 de enero de 2017



[1] Solicitada del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate en: http://www.fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1595-luz-y-fuerza-zarate-solicitada-no-toleraremos-mentiras-ni-agresiones (consultada el 13/01/2017)
[2] La FeTERA rechaza la flexibilización salarial de Macri, en: http://www.fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1599-la-fetera-rechaza-la-flexibilizacion-laboral-de-macri (consultada el 13/01/2017)
[3] La cancelación del Boden 2015 es un hito más en la política de desendeudamiento argentino. OCTUBRE 6, 2015; en: http://www.cfkargentina.com/hoy-la-argentina-ha-cerrado-el-ultimo-capitulo-del-gran-endeudamiento-argentino-%E2%80%AA%E2%80%8Eboden-2015%E2%80%AC/ (consultado el 13/01/2017)

La economía argentina en año electoral

Empezó el 2017 con renovación gubernamental en el área de la Economía, y entre las primeras medidas aparece la liberalización del ingreso de capitales, que ya no deberán mantenerse inmovilizados por un tiempo. El libre movimiento de los capitales es una demanda de estos tiempos especulativos del capitalismo mundial. Es una medida coherente con el saldo acrecido en reservas internacionales apenas por 8.000 millones de dólares durante el 2016, en comparación con salidas de recursos por pago de deuda, remesas de utilidades al exterior y otros giros que cuadriplican esa cifra de nuevas reservas.
La liberalización al ingreso de capitales tiene como principal propósito el financiamiento de la salida de capitales y la constante recreación del ciclo especulativo, especialmente estimulado con altas tasas de interés ofrecidas por el BCRA. Es curioso el señalamiento, ya que al tiempo que se estima exteriorizar capital fugado por 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo próximo, las medidas asumidas ofrecen clara señal de continuidad de la apertura para el ingreso y salida de los capitales.
El ingreso de capital especulativo es en el imaginario gubernamental, el anticipo del desembarco de inversiones productivas, ausentes en un presente recesivo que acumula en el año calendario a noviembre 2016 una caída del PBI industrial cercano al 5%.
Puede señalarse la convergencia de política económica y monetaria entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, una de las motivaciones del cambio de responsable del manejo presupuestario (Dujovne por Prat Gay).
El Nuevo ministro Nicolás Dujovne sintoniza con el enfoque liberalizador del BCRA y se predispone a cumplir con los registros para el ajuste que impone el Presupuesto 2017, y si hay que abrir la importación para contener precios, se avanzará por ese camino, dijo el Ministro, aun cuando tenga costo social y dificultades en empresas locales.
El problema para el gobierno es como mantener el ajuste y ganar las elecciones de medio tiempo previstas para este año. Sus principales figuras no disputan cargos y se reconoce que la economía es un dato clave en el clima social a la hora de votar para disputar el consenso de la sociedad. En ese marco se entienden ciertas continuidades de políticas de arrastre, como el caso de precios cuidados e incluso su ampliación, o el “Ahora 18” extendiendo la financiación en cuotas para sostener el consumo a crédito.
Reformas estructurales
Claro que no hay resignación al plan de fondo y los precios se sostienen en alza con la actualización de combustibles, o la recurrente suba de los tarifas de servicios públicos, por caso el agua.
Según principales voceros del gobierno, entre ellos el titular del INDEC, se destaca que el problema de la distorsión de precios se mantendrá por un largo periodo. Sobre distorsiones, tanto en Hacienda como en Trabajo se predisponen a reducir los aportes patronales y personales con destino a la seguridad social.
El argumento apunta al carácter distorsivo de esas imposiciones que alejarían inversiones. Argumentan que el costo laboral impide el arribo de inversores para la producción, avalando sus dichos con comparaciones internacionales sobre el tema.
Más allá de cualquier comparación, la realidad del capitalismo mundial es el crecimiento de la irregularidad en el empleo, la flexibilización salarial y laboral, como la precariedad derivada de la impunidad empresaria construida por casi medio siglo de ofensiva capitalista.
En el imaginario discursivo del gobierno se supone que la reducción de la carga social sobre el empleo animará a los inversores internacionales. No es lo que ocurrió desde que se disminuyeran las aportaciones patronales y niega la realidad de la ofensiva del capital sobre el trabajo por décadas, no solo en la Argentina.
Claro que lo que se busca es ser atractivo a los inversores, a su rentabilidad y no otra racionalidad por el empleo y menos por la mejora de ingresos populares.
Para hacer atractiva la medida se propone no solo reducir las aportaciones patronales, sino también la de los trabajadores y así dejar la impresión que se mejoran los ingresos de bolsillo de los de abajo.
Se omite el desfinanciamiento de la seguridad social, que alimentará la demanda de reforma previsional sustentada desde el FMI para hacer viable el mantenimiento de la cobertura previsional actual y futura.
Por ello es que la recaudación fiscal cuenta y junto a los ingresos extraordinarios por el blanqueo, se actualizan las imposiciones del monotributo, que afectan a unas tres millones de personas. En muchos casos, son empleos encubiertos que animan la elusión fiscal y previsional de las patronales, las que sostienen trabajadores contratados contra facturación para obviar el pago de las cargas sociales.
Se sostiene la necesidad de luchar contra la irregularidad del empleo y la realidad monotributista indica la importancia de la impunidad empresaria descargada sobe una parte importante de la población trabajadora.
Claro que si no alcanza con la recaudación genuina, siempre queda la posibilidad de acrecentar el endeudamiento público y para eso ascendieron a Ministro a Luis Caputo, ex Secretario de Finanzas.
Consenso en disputa
En la cuestión fiscal se juega una variable esencial para el consenso social y la disputa electoral.
Ante la recesión y la inflación se buscará sustentar la estrategia de atraer inversores a cualquier costo y por eso la libre circulación de capitales.
Se trata de hacer los deberes en un momento de la economía mundial estará más atenta a los estímulos estadounidenses con Trump gobernando desde el próximo 20/1 que a lo que pueda significar la demanda inversora de la Argentina.
Pero también se busca ralentizar la escalada de precios y arrimar un diagnóstico social favorable aun con impacto social regresivo, con responsabilidades endosadas a la situación mundial o al arrastre del gobierno anterior.
Está en disputa el consenso electoral y por eso se apunta a un Ministro “comunicador”, que pugne por el sentido común (reaccionario) y mantenga la cuota de apoyo para gestionar el capitalismo local.
Con el cambio ministerial se apuesta a recrear cierta credibilidad en el primer gobierno argentino que en tiempos constitucionales no proviene ni del peronismo ni del radicalismo.
Es un nuevo ensayo en la representación política de la Argentina y no sirve la reiteración de propuestas que evocan viejas expresiones del sentido social mayoritario, y demanda ensayos populares de nuevo tipo para pensar en alternativas más allá de aquellas que se imaginan para competir por la gestión del capitalismo local.
Desde el gobierno se busca consolidar un nuevo tiempo político bajo renovados paradigmas liberalizadores y liderazgos. En otro sentido, algunos imaginan que solo alcanza con recrear sentidos de consenso reciente, el kirchnerismo, o más antiguos, el peronismo. Son apuestas que se completan con otras, el radicalismo o el pan-radicalismo, que recrean las dificultades de la política para construir nuevos imaginarios sociales de un destino social y nacional que recupere sentido integral a las motivaciones de la población, especialmente los de abajo, respecto del destino del país.
Hay necesidad y posibilidad de construir un nuevo imaginario social para un proyecto colectivo de emancipación social, cuya materialización supera una instancia electoral y se define en la constitución de sujetos colectivos conscientes para la transformación social.

Buenos Aires, 7 de enero de 2017

Política Económica entre 2016 y 2017

Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EE.UU., que el “trabajo sucio” ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (CEPO), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.
Cuando se despedía, no dudó en hablar de “éxito” de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90.000 millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.
De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.
Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.
Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.
Nuevos ministros
Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017. Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.
El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.
La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.
El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.
La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo “distorsivo” para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.
Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.
Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de La Nación y TN.
Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.
Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.
La nueva deuda estimada entre 2016 y 2017 será de 90.000 millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.
Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.
Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.
Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que “dialogan” y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.
Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.
Nueva situación mundial
El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores.
La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EE.UU.
Luego del 20 de enero, con Danald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.
Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EE.UU., habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.
El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2016

Primerear para negociar como mecanismo del ajuste

Muchos hablan de empate en las negociaciones que encara el gobierno Macri con variados opositores, sin embargo, lo que se consolida es el ajuste.
Algo así como dos pasos adelante y uno atrás. Lo que queda es la intención originaria amenguada, pero ajuste al fin.
Impuesto a las ganancias
Un caso es el de la reforma de ganancias. La ley aprobada no es la que quería el gobierno con su proyecto de mínima (escasa actualización del mínimo no imponible y las escalas) enviado al Congreso, pero tampoco el que obtuvo media sanción en la Cámara de diputados, promovido por la alianza del arco opositor que solo excluyó a la izquierda en el Parlamento.
Finalmente, en acuerdo con la CGT, los gobernadores empujaron a los representantes de las Provincias a sumarse al nuevo proyecto, incluidos algunos referentes del kirchnerismo.
Se habló de empate, aun cuando la realidad es que el salario continúa siendo gravado como si fuera una ganancia, más allá de la denominación del impuesto.
La nueva ley no incluye la tributación a la renta financiera, excluye la reinstalación de las retenciones a las mineras y mantiene el carácter regresivo del sistema impositivo en la Argentina.
El IVA sigue siendo el estandarte de la recaudación tributaria y los de abajo financian el gasto del Estado capitalista.
Recorte en el CONICET
Otro caso remite al conflicto propiciado por los becarios del CONICET.
Por razones presupuestarias se dejaba afuera de la contratación a la mitad de los  postulantes “recomendados”, casi 500. Estos reunían las exigentes condiciones de incorporación al sistema de ciencia y técnica.
La masiva protesta y creciente adhesión social a la demanda de los jóvenes científicos motivó el acuerdo a la propuesta de incluir hasta diciembre del 2017 a los “recomendados y no seleccionados” y discutir durante el año su reubicación en otros organismos de Ciencia y Tecnología, en las universidades o en empresas.
La dura medida inicial fue revertida vía negociación, aun cuando el achique del Conicet se pospone para la discusión durante el próximo año. Eso es lo que promovió el descontento en el interior, caso de Rosario.
Algunos hablaron de empate, pero el ajuste como proyecto en el área científica se mantiene e incluso se avanza en la privatización con la relocalización de los investigadores.
Más ajuste y control del conflicto
La salida de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas anima el mismo sentido del perpetuo ajuste.
No alcanzó con los retiros voluntarios y el achique del gasto, por lo que se designa a un ajustador convencido.
El objetivo apunta a disciplinar la estructura de personal y facilitar el ingreso de la competencia privada y extranjera de las rutas locales y hacia el exterior que monopoliza Aerolíneas.
En los tres casos que mencionamos se procesa la línea del ajuste fiscal intentando eliminar el conflicto explícito. Por eso la negociación privilegiada con el sindicalismo tradicional en el caso del impuesto a las ganancias; o la postergación por un año con promesas de relocalización de trabajadores científicos.
Algo que no terminó de satisfacer a todos los movilizados, pero cuya condición era el levantamiento de la toma del Polo Tecnológico, sede del Ministerio habitado en continuado por Lino Barañao, el titular designado por Cristina Fernández a comienzo de su primer mandato y seleccionado en el gabinete de Macri.
No solo es ajuste, sino al mismo tiempo búsqueda de consenso entre la oposición que disputa la gestión, junto a procesos de negociación con las mediaciones burocráticas capaces de contener el conflicto social.
La exclusión de las CTAs y otras organizaciones sociales de trabajadores en estas negociaciones queda clara para el objetivo del gobierno Macri. Se trata de suplir la debilidad parlamentaria y nula presencia en el movimiento social con conversaciones y concesiones que hagan viable el ajuste fiscal.
Reestructuración regresiva
Así, la táctica parece ser golpear primero, negociar después y promover una imagen de empate que esconde el logro de redistribución regresiva de los recursos fiscales.
No todo es ajuste, sino que el propósito apunta a consolidar la reestructuración regresiva del orden económico y social, por lo que sigue en perspectiva la reforma laboral y previsional.
Esta última sugerida desde el FMI con elevación de la edad jubilatoria y concentración de las actualizaciones de ingresos a una vez al año. Es parte de la ofensiva del capital contra el trabajo para reducir el costo de producción y mejorar la tasa de ganancia en tiempos de dificultades.
Desde el INDEC[1] se confirma el cuadro de una profunda recesión, con un -2,4% de evolución económica entre enero y septiembre, con un registro de -8,3% en la inversión, denotando problemas esenciales del orden capitalista local.
Se acaba de anunciar un próximo aumento de las naftas para enero y la continuidad de elevadas tasas de interés, lo que confirma una expectativa de inflación superior a lo imaginado en el Presupuesto 2017.
La revolución es un sueño eterno
La recesión y la inflación son condiciones para el descontento que puede motorizar el conflicto, por lo que para el gobierno Macri, controlar la conflictividad es un objetivo político estratégico.
Obturar esa posibilidad es un desafío para construir alternativa popular con la posibilidad de ir más allá de la gestión y reforma del orden vigente.
Desde esa concepción es que nos animamos a coincidir con el reciente desaparecido Andrés Rivera, sobre que “la revolución es un sueño eterno”.
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2016



[1] INDEC. Informe de avance del nivel de actividad. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_12_16.pdf

Ingresos populares en deterioro

Continúa la discusión sobre el impuesto a las ganancias, especialmente en lo relativo a la cuarta categoría que recae sobre los trabajadores, mientras la situación económica se deteriora para la mayoría de la población.
Para los sectores más concentrados, el año cierra con un balance positivo, aun cuando siguen demandando al gobierno mejores condiciones de política económica para acrecentar su toma de ganancias.
Según el INDEC, la inflación de la zona metropolitana en el mes de noviembre alcanza una variación de 1,6% con relación al mes anterior, siendo del 1,9% para alimentos y bebidas, el principal rubro de interés para los sectores sociales de menores ingresos.
El titular del INDEC señala que hay que tener paciencia y que no resulta sencillo bajar la inflación, especialmente de alimentos y por ajustes de tarifas de servicios públicos, las que seguirán creciendo en el futuro mediato.
El impuesto a las ganancias se discute políticamente entre el proyecto del gobierno y el de la oposición parlamentaria que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La cuestión pasa por cuanto déficit fiscal puede soportar el Estado y no por criterios de progresividad tributaria y atención de las necesidades sociales. Es una discusión evitada cuando se eliminaron las retenciones a las exportaciones con un efecto fiscal evidente.
Las negociaciones involucran a la cúpula de la CGT y excluye a las otras centrales sindicales, con importantes desconformidades en el campo sindical y entre los trabajadores. Eso explica las próximas medidas de paro declaradas desde los sindicatos del transporte.
Entre la inflación creciente y las quitas por ganancias, los ingresos populares se diluyen y afectan las condiciones materiales para la reproducción de la vida cotidiana. Aun cuando las ganancias afectan a los salarios más altos, establece límites a la mejora de los menores ingresos de una abultada mayoría social.
Elecciones en puerta, tasas internacionales y deuda en alza
Todo remite a la especulación política del año electoral que se avecina y las necesidades de la población se negocian según las cuotas de poder de los involucrados en las idas y vueltas de un acuerdo que no terminará de satisfacer a los principales perjudicados: las/os trabajadoras/es y sus familias.
Resulta imprescindible una discusión a fondo del régimen tributario, que culmine con una reforma impositiva que resuelva progresividad en el ingreso fiscal para el financiamiento del Estado.
Claro que tendrá que acompañarse de otras medidas, porque derivado de políticas externas, el gasto público se expande como consecuencia de la suba de tasas de interés definidas en EEUU.
Especial impacto tiene en el incremento de los pagos exigidos por el elevado endeudamiento público promovido en la Gestión Macri.
A septiembre del 2016 la deuda pública supera los 264.600 millones de dólares; 10.600 millones más que a diciembre del 2015, aun con la merma que supuso la cancelación con acreedores en conflicto. Aun así, todavía existen 8.775 millones de dólares de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda, una rémora del 2001.
El ajuste lo pagan los de abajo
Los ingresos populares bajan por la inflación y no actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales, sino también por mayores compromisos fiscales que afectan el gasto público social.
Con la recesión y la inflación se procesa un ajuste que castiga a la mayoría de la sociedad, al tiempo que se generan condiciones de demanda de las clases dominantes para nuevos y recurrentes ajustes del gasto público, que son acompañados de nuevas adecuaciones del tipo de cambio, que por ahora se expresan en subas del dólar paralelo, como antesala de nuevas devaluaciones.
El año cierra con descontentos variados y una conflictividad diversa, que la iniciativa gubernamental y de la política tradicional ha podido contener en una demanda que venía creciendo por un paro general.
Todas las condiciones sociales, económicas y políticas están dadas para la extensión de ese conflicto social en el marco de los 15 años de la crisis del 2001 que se cumplen el próximo 19 y 20 de diciembre.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2016