Macri reconoce que su política incrementa la pobreza


El presidente Mauricio Macri reconoce que por la mayor inflación y la devaluación luego de la corrida cambiaria se incrementa la pobreza en la Argentina.
Lo que le falta reconocer es que la inflación y la devaluación son consecuencia directa de su política económica: de ingresos, fiscal, monetaria y cambiaria.
Todas las medidas adoptadas desde que asumió el gobierno en diciembre del 2015 suponen una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad al núcleo que concentra el ingreso y la riqueza y por eso, lo lógico es el aumento de la pobreza.
No en vano nos anoticiamos que los jubilados necesitan como mínimo más de 21.000 pesos para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se reconoce por el INDEC el fuerte crecimiento de los precios de los alimentos y los medicamentos, elementos imprescindibles en la canasta de los adultos mayores.
Macri mintió con su promesa de campaña relativa a “pobreza cero” e incluso se incluyó como objetivo principal en sus primeros mensajes, ya a cargo de la presidencia.
Claro que se puede decir que era notorio que incumpliría el propósito porque el objetivo de la ganancia empresaria contraría todo proyecto a favor de los pobres, pero el asunto es que con eso intentó limpiar su mensaje y ganar consenso electoral, logrado en 2015 y 2017.
Ahora, desde la “sinceridad” del objetivo incumplido se propone continuar el verso relativo a que la política económica promueve la lucha contra la pobreza. Suena raro el intento propagandístico contra tarifas y precios acelerados que afecta negativamente a la mayoría social de menores ingresos.
No solo 3,1% de inflación en el mes de julio, sino precios mayoristas que luego se trasladarán a los minoristas del 4,7% en el mismo mes. En el acumulado enero a julio del 2018 suman 19,6% los precios minoristas y 36,5% los mayoristas. Si anualizamos desde julio del 2017 al presente tenemos un acumulado de 31,2% en minoristas y de 47,1 en mayoristas.
La inflación ajusta a los de abajo. Son datos que dejan atrás la banda establecida en el acuerdo con el FMI, que indicaba un potencial evolución de precios entre el 27 y el 32% para todo el 2018.
El debate es en cuanto superará el máximo establecido en el acuerdo que el FMI empezó a monitorear esta semana.
Se privilegia la especulación financiera
No se duda que el FMI aceptará el pedido de perdón (waiver) del gobierno argentino por incumplir con la inflación y no solo por razones ideológicas, sino porque Macri cumple con el ajuste y reducción del déficit primario, aun cuando aumenta el déficit financiero, que más que compensa el achique del gasto social.
La lógica es clara y evidente. Argentina funciona con base al endeudamiento y por ende crecen los intereses a pagar y la recaudación tiene un destino privilegiado en sostener fines especulativos de los recursos públicos, incluidas las reservas internacionales administradas para la fuga de capitales.
Un ejemplo está en el conflicto educativo y especialmente en la Universidad. No se iniciaron las clases en el segundo semestre y la oferta de agosto apunta a actualizar un 5,8% los ingresos docentes, sumados a un 5% ya otorgado en marzo pasado.
Un vergonzoso e insuficiente 10,8% cuando lo acumulado de inflación de precios al mes de julio es 19,6% y para agosto superará el 22%. Además, el máximo propuesta para todo el año no supera el 15%, contra una inflación esperada por el encima del 32%.
El conflicto no se agota en los salarios docentes de 180.000 trabajadores y trabajadores, sino que alcanza al financiamiento de la actividad en conjunto para las 57 universidades nacionales.
Ya había sido reducido el presupuesto total asignado a las universidades, de 106 mil millones de pesos a 103 mil millones y además, para el primer trimestre se reconoce una sub-ejecución presupuestaria mayor al 28%, ya que restan gastar aun 14.500 millones de 51.000 millones que debieron girar desde el poder ejecutivo para gastar en las Universidades.
Al gobierno Macri no le interesa que no haya clases, no solo en la Universidad. Su objetivo es reducir el gasto social en educación, salud o calidad de vida de la mayoría de la población. La evidencia es el aumento del gasto financiero por encima de cualquier compromiso de satisfacer derechos de la sociedad.
Esta semana se amplió el swap negociado entre China y Argentina, en yuanes, la moneda china por el equivalente de 4.000 millones de dólares y en septiembre, se espera el segundo desembolso por 3.000 millones de dólares del total de 50.000 millones acordados oportunamente con el FMI.
Más interesa ahora al gobierno desarmar las posiciones en LEBAC (deuda en pesos) para construir una hipoteca en dólares, para lo que usan las reservas, que imaginar un financiamiento adecuado del proyecto educativo, social y menos aún de un modelo productivo que satisfaga las demandas de empleo e ingresos de la mayoría de la población.
Consecuencias sociales y horizonte represivo
Son temas delicados porque está en juego el destino político en el marco de una prematura campaña electoral presidencial para el 2019, incluso con hipótesis de adelantamiento ante los límites y consecuencias sociales de las condiciones actuales de la economía, base del descontento y creciente protesta.
No preocupa si llega el Gobierno al final del mandato, sino que alarma que no se satisfacen necesidades sociales de la mayoría con menguados ingresos, alta inflación y rumbo recesivo que augura en el corto y mediano plazo peores condiciones para el empleo y el ingreso popular.
Urge modificar la política económica, un imposible sin cambiar la correlación de fuerzas sociales y culturales en la disputa por el consenso social relativo al proyecto político en el país.
Más aún con un horizonte de acrecentamiento de la represión ante manifestaciones críticas a las iniciativas del poder. Remito a la presencia en el país, la semana pasada, del Jefe del Pentágono estadounidense para monitorear el operativo de seguridad ante la cumbre presidencial del G20 del 30/11 y 1/12.
Operativo que anticipa la imagen de ciudad sitiada para Buenos Aires desde una semana previa al cónclave de Presidentes, impidiendo la manifestación crítica del pueblo argentino.
Las deliberaciones del G20 son por y para el ajuste y el rumbo antipopular que definen las ganancias defendidas por los gobiernos de los principales países del capitalismo mundial.
Más que nunca se requiere campaña contra  los propósitos del gobierno y del poder mundial, parte de lo cual se propuso esta semana el Congreso del Movimiento 21F, hegemonizado por sectores sindicales, que desde el Estadio de Atlanta formuló un programa construido por 825 organizaciones articuladas en 28 multisectoriales reunidas en todo el territorio federal.
El encuentro se propuso como parte de la campaña en curso contra el cónclave del G20. Desde su Congreso federal, el 21F se dispone a profundizar las convergencias y articulaciones políticas y sociales necesarias para sustentar un programa alternativo con propuestas que sustentan un enfoque de soberanía contra la profundización de la dependencia implicada en la política oficial.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2018

Una política a contramano choca con la realidad


El pasado 8 de agosto una institución retrógrada e innecesaria como el Senado Nacional frenó la media sanción relativa a la despenalización del aborto, a contramano de la abrumadora legitimación social del debate militado por millones de personas, especialmente mujeres jóvenes. Se dice que fue la influencia de la Iglesia y la cultura hegemónica conservadora del interior, más precisamente en el norte empobrecido, quienes desplegaron una fortísima iniciativa política de corte conservador desde la aprobación del proyecto en Diputados. La marea verde con su lucha actual, que recoge la larga tradición de la brega por el aborto seguro y gratuito,  tiene el mérito de instalar las bases subjetivas para una futura sanción que identifique a la legislación con el sentimiento de avanzada de la sociedad argentina.
La realidad es que la vieja política conservadora frenó transitoriamente el impulso de lo nuevo gestado por una nueva generación de lucha por los derechos humanos en sentido integral, muy destacadamente los relativos a la igualdad de género, a la diversidad sexual y al goce, como muy bien señaló Pino Solanas en su intervención en el Senado. Por eso, el dato relevante, sin embargo, remite a lo nuevo que emerge en las niñas, adolescentes y jóvenes activistas militantes de la vieja causa por el derecho al aborto seguro y gratuito sustentado desde una convicción histórica por mujeres, abuelas y bisabuelas. La posta de la militancia histórica es asumida en esta coyuntura por millones de jóvenes que alimentan la gestación de un nuevo tiempo, como ayer y como siempre, arrasando con la vieja y conservadora cultura del rechazo a la superación.
La economía también a contramano
En materia económica ocurre algo similar. En diciembre del 2015 asumió el gobierno de la Argentina una propuesta con un programa de derecha que transita a contramano de los nuevos rumbos del capitalismo mundial, claramente identificado con las políticas de Trump o del Brexit; de recreación del proteccionismo nacionalista en defensa de la hegemonía imperialista histórica de Inglaterra y EEUU. Esa política nacional emanada desde la hegemonía impone la guerra comercial en curso, desde EEUU contra China o Europa y el resto del mundo, lo que incluye la reciente suba de los aranceles a Turquía y la consecuente devaluación de la moneda turca, la que arrastra otros procesos similares en el mundo, caso de la modificación cambiaria en la Argentina con un dólar rozando los 30 pesos por unidad.
No se trata de defender la política estadounidense, británica o del nacionalismo de derecha y conservador en el mundo, sino de interpretar las contradicciones de la situación mundial y en ese marco definir un rumbo propio para alejar lo más posible al país de los efectos desastrosos para la sociedad por la inserción internacional subordinada. Por eso preocupa que la economía argentina marche a contramano de las orientaciones sustentadas desde la hegemonía, sobre todo si no existe una lógica social y política mayoritaria en contra del capitalismo. Cuando en el mundo se fortalece el dólar por imperio de la política económica proteccionista estadounidense, aumento de las tasas de interés mediante, más allá de cualquier impacto a largo plazo, en el país (que no emite dólares) no se cuidan los escasos dólares o divisas que ingresan. En rigor, ocurre todo lo contrario y se generan condiciones para la salida (fuga) de esos recursos escasos. En lugar de cuidar las escasas divisas conseguidas, se facilita la salida y así se construye la llamada “restricción externa” de la economía local.
Remito a la libre y acrecentada importación, en simultáneo con bajas de precios internacionales de productos de exportación, caso de la soja, sumado a maniobras especulativas que demorando ventas externas demandan mayores devaluaciones en favor de la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero del agro-negocio. Pero también la libre circulación de capitales, sea por pagos de intereses acrecentados con nueva deuda pública, remesas de utilidades al exterior o déficit por turismo internacional. Es más, esa salida de dólares solo es posible por el ingreso de fondos especulativos o mayor deuda externa. A contramano de la tendencia hegemónica, en lugar de generar condiciones de funcionamiento local para limitar la restricción externa, se la fomenta. De ese modo solo queda el ajuste sobre los ingresos de la mayoría de la sociedad. Ese es el resultado del rumbo económico del Gobierno Macri en el tramo final de su gestión con vencimiento en diciembre del 2019.
La inflación y la recesión son manifestaciones del ajuste que empobrece a la mayoría de la sociedad y renueva el descontento, anima la protesta social y crea condiciones de posibilidad para transitar nuevos rumbos de construcción de iniciativa política popular para un nuevo tiempo de construcción social.
Avanzar con lo nuevo
La marea verde entusiasma, por la masividad y la juventud incluida, señalando posibles subjetividades que afecten al conjunto de la cotidianeidad, entre ellas las relaciones económicas. Estas convalidan el capitalismo local, que para funcionar necesita recrear los mecanismos de transferencia de riqueza producto del trabajo social a una minoría asentada en el poder y la dominación. El problema a resolver es como otorgarle centralidad a la disputa por la apropiación social del producto del trabajo, en tanto sustento de la vida cotidiana, hoy apropiada por núcleos reducidos de poder hegemónico a costo de insuficiencias e insatisfacciones de la mayoría de la sociedad.
El ejemplo de la lucha feminista por décadas y los cambios en la cultura de la sociedad, más allá de los traspiés legislativos, nos dan señales por donde sustentar con convicciones el trabajo de organización y lucha para confrontar con la estrategia actual en el gobierno y el poder. Pero cuidado que siempre se puede recaer en otra ilusión de un capitalismo posible, autónomo y soberano. Otras relaciones económicas supone un rumbo contra y más allá del capitalismo. No es imposible si se sostienen convicciones y formas adecuadas de lucha, tal como se abrieron camino movimientos, entre los que destaca ahora el feminismo, o el ecologismo, como aporte a una lucha civilizatoria contra el patriarcalismo y el capitalismo como modelo productivo depredador de la naturaleza y la vida. En la Argentina, la lucha del movimiento obrero tiene antecedentes para inspirar a nuevas generaciones para una perspectiva de emancipación social.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2018

Tendencia recesiva en la economía argentina


Todo indica que la Argentina transita deliberadamente por un sendero económico de recesión.
Sea por la evolución de la producción, el intercambio o el consumo, o por el registro de los ingresos tributarios, la realidad es de merma en la actividad económica.
La recesión económica impacta socialmente con beneficiarios y perjudicados e incide en los humores y consensos culturales, económicos y políticos de la sociedad.
Importa también el tema por la deriva política en la reducción de los consensos electorales en tiempos donde se inicia el debate para la elección presidencial del 2019.
Baja industrial
Según el INDEC, en el mes de junio del 2018 hay una merma del 8,1% respecto de mayo en el estimador industrial mensual, que ya había caído 1,2% en mayo respecto de abril.
El acumulado del año, de enero a junio apenas registra un crecimiento de la producción industrial del 1%, cuando el mes anterior registraba un acumulado de 2,4%.
La tendencia es a la caída de la producción industrial, la que se suma a la importante merma de la producción agraria por razones climáticas, inundaciones mediante.
No solo es merma de producción, sino impacto directo en el empleo y los ingresos salariales de trabajadoras y trabajadores. En efecto, las empresas automotrices Renault o Iveco anunciaron suspensiones de trabajadores para el mes de agosto y liquidar stock acumulado.
El resultado de la menor producción y la baja de las ventas en el mercado local y mundial (Brasil compra el 50% del ensamble local de toda la industria automotriz) explica las medidas que impactan sobre trabajadoras y trabajadores.
La industria automotriz está asociada a otros sectores industriales que también sufren las consecuencias de la recesión, caso de las industrial del vidrio, el caucho, el plástico, la siderurgia o la metalurgia.
El impacto de la caída es fuerte en la fabricación de alimentos, que alcanza al 5,4% respecto del mes anterior. La industria de alimentos tiene una incidencia del 22% en el conjunto de la industria, por lo que no resulta menor un seguimiento cercano de su evolución.
Por su parte, el sector textil cae 10,8%, afectando a sectores de la pequeña y mediana empresa asentada en las provincias y fuertemente asociadas  a un destino del mercado interno que sufre por caída del consumo popular.
La refinación de petróleo se anota con una baja del 19,9%, y las sustancias y productos químicos caen un 10%, mientras la industria automotriz se reduce un 11,8%.
Solo la producción de acero aparece con un sentido inverso al conjunto de la industria, indicador que no alcanza para evaluar una perspectiva reactivadora del sector manufacturero.
Cae la recaudación
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el ente de recaudación tributaria y previsional, señala un incremento interanual para el mes de julio del orden del 23,8% para una inflación cercana al 30% en el mismo periodo.
La devaluación cambiaria impacta en materia de precios relativos y la menor producción y exportación agraria se hace sentir en la recaudación por derechos del comercio exterior vía retenciones.
El problema de la recesión inducida por la política económica interviene en la perspectiva de la recaudación, ya que la principal fuente de ingresos públicos proviene del IVA, condicionado por la baja del consumo popular, e incluso del tributo a las ganancias que involucra a salarios.
Con un horizonte de recesión, la perspectiva de la recaudación no será auspiciosa, afectando la posibilidad de política económica activa para revertir el ciclo económico.
Más aún, limita las posibilidades de resolver derechos consagrados constitucionalmente, sea la educación o la salud, que el conflicto social en esos sectores hace evidente la voluntad oficialista por incumplirlos.
Es un tema agravado en estos días con la muerte de dos trabajadores escolares ante el abandono por ausencia de inversión en mantenimiento de establecimientos escolares.
Menos recaudación y tendencia a la sub ejecución presupuestaria en áreas sociales estratégicas son una norma que generaliza la desidia por definición política de un Estado que orienta su política a resolver la lógica de la ganancia por encima de los derechos humanos en sentido integral.
La política económica subordinada a la lógica del ajuste induce la recesión productiva con fuerte impacto en la sociedad y en las cuentas nacionales, condicionadas a reducir a cualquier costo el déficit fiscal ante el acuerdo con el FMI.
Contrario a una política anti ciclo, desde las autoridades gubernamentales se profundiza la orientación pro-cíclica de ajuste y recesión.
Consenso electoral en disputa
La realidad de la economía comienza a deteriorar el consenso electoral del 2015 y 2017, algo que preocupa al gobierno de cara a las elecciones de renovación presidencial del 2019.
En el imaginario oficial actúa la memoria de la recesión del 2016 y la recuperación del 2017 que favoreció el triunfo electoral del medio turno presidencia. Existe un supuesto similar de mejora de la actividad económica para el próximo año, que como hemos señalado en ocasiones anteriores, reproduce una discurso no verificable de que el futuro será promisorio.
Sin embargo, hay un límite estructural a esas promesas ilusorias, lo que deviene del déficit externo que ronda entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales, con cierre de las fuentes externas de provisión de divisas.
Es que no llegan las esperadas inversiones externas, en la cantidad necesaria, y parece cerrado el acceso al crédito internacional más allá de la disposición del FMI si es que se cumple con el duro ajuste fiscal.
No alcanzan los 50.000 millones del FMI y además bajan las exportaciones por especulación y menor producción agraria.
La ausencia de soluciones en la vida cotidiana, agravada con suspensiones y deterioro en la capacidad de satisfacer necesidades extiende el descontento social, lo que genera una condición de posibilidad para habilitar opciones políticas con otros rumbos para un futuro cercano.
El descontento en el presente posibilita la discusión sobre nuevos horizontes políticos y económicos, que requieren una proyección más allá de la coyuntura en la disputa por el ingreso.
Se trata de pensar en otro modelo productivo y de desarrollo privilegiando la satisfacción de necesidades sociales por encima de una lógica relativa a las ganancias de los inversores.
En rigor, ese debate trasciende el proceso electoral local y adquiere carácter esencial de cara al presente y futuro de la sociedad, incluso más allá de la cuestión nacional, ya que involucra a toda la región latinoamericana y caribeña en las condiciones de reestructuración del sistema mundial capitalista ante la exacerbación de la guerra comercial en proceso desatada desde la hegemonía sustentada por EEUU.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2018

Macri y el tiempo de gracia


El interrogante que circula es si se le terminó la luna de miel al gobierno de Mauricio Macri, la que disfrutaba con los consensos electorales del 2015 y 2017.
No hay respuesta clara ni evidente, pero todos los datos de la realidad confirman la validez de la cuestión.
Los datos oficiales confirman el problema económico y social de la Argentina y entre muchos destaca la inflación que no para y con cronograma de incrementos próximos de tarifas en el transporte, la electricidad, el gas, los combustibles y sigue la lista.
En ese sentido, la caída del nivel de actividad económica, casi del 6% en mayo define un tiempo de recesión, con caída del empleo e impacto en merma del consumo y la inversión, difundido en todo el territorio nacional.
Claro que se trata de un promedio que explícita el crecimiento de la actividad inmobiliaria y financiera, lógica derivada de una política económica que alimenta la especulación.
Todo indica la agravación de la situación para los meses en curso luego del acuerdo con el FMI.
Economía especulativa versus producción no dependiente
Resulta curioso considerar el mercado inmobiliario, con expansión de la construcción y una realidad con déficit habitacional y gran parte de viviendas no habitadas en grandes centros urbanos, solo como refugio patrimonial de excedente económico que prefiere invertirse ladrillos en lugar de hacerlo con otros activos financieros.
Es resultado de una lógica atávica de temor a los bancos y que busca resguardarse en construcciones.
Vale también mencionar que crecen los depósitos bancarios en dólares y la fuga de capitales que incluye a las divisas en cajas de seguridad bancarias, en el colchón, o en cajas fuertes de empresas.
Son dólares vendidos por el BCRA, casi único oferente de divisas, que pierde regularmente sus reservas internacionales para satisfacer la dolarización del excedente de los pocos en condiciones de ahorrar.
Las reservas internacionales alcanzaban los 63.746 millones de dólares el 15 de enero del 2018 y bajaron sustancialmente desde el inicio de la corrida cambiaria en marzo y abril, agigantada en mayo y junio.
En ese proceso se dilapidaron nada menos que 15.268 millones de dólares, ya que el stock de reservas al 21 de junio sumaba 48.478 millones de dólares. La información es oficial del sitio en internet del BCRA.
Un día después y gracias a la transferencia del FMI, el 22 de junio suben las reservas internacionales, de los 48.478 millones a 63.274 millones de dólares.
Lo que parecía tema resuelto parece desmentirse con la realidad, ya que al 25 de Julio, último dato disponible a la fecha en el sitio del BCRA, la reservas suman 58.800 millones de dólares. Con ello, verificamos que en poco más de un mes se fueron nuevos 4.474 millones de dólares.
Insistamos, las reservas dilapidadas por el BCRA en tiempo de corrida cambiaria suma 19.742 millones de dólares.
Después dicen que la Argentina no tiene recursos propios para pensar en políticas no subordinadas.
Son recursos que podrían haberse destinado a fondos para el desarrollo regional antes que proponer el ajuste en las provincias tal y como ocurre en el presente para cumplir con el FMI.
Fines alternativos se pueden discutir con esos recursos orientados en un plan de activación de la economía y la producción para atender el problema del empleo, del mercado interno y el aliento al consumo popular, la inversión productiva.
Una inversión que podría inspirarse en la industrialización no dependiente, o en la promoción de una agricultura familiar o comunal, no contaminante y para atender las necesidades alimentarias locales, regionales y globales.
¿Para qué esperar por inversores externos que solo piensan en su rentabilidad, sin preocuparse del impacto ambiental o el bienestar de la población?
La poca inversión externa que se registra se orienta en la explotación de hidrocarburos no convencionales para la exportación de energía o la aplicación a un modelo productivo contaminante y excluyente de fuerza de trabajo, bajo dominación de corporaciones transnacionales, las que alimentan un ciclo mundial propio de acumulación de capitales.
Pero también son inversiones en telecomunicaciones, que más allá del soporte técnico y material sustentan la monopolización de los contenidos de la comunicación, base de la manipulación mediática.
Dinero para un rumbo diferente en la Argentina hay, que la política económica, monetaria y financiera orienta hacia las cuentas particulares de los beneficiarios privados a contramano de millones de personas que sufren las consecuencias.
No me canso de explicitar que los problemas de la Argentina no los sufrimos todos. Que si las jubilaciones o los salarios no alcanzan es porque las autoridades económicas y monetarias decidieron depositar casi 20.000 millones de dólares en cuentas de especuladores en lugar de promover un plan de inversiones para satisfacer amplias necesidades sociales.
Otra vez la deuda
La deuda vuelve, ahora de la mano del FMI, pero para seguir esquilmando las cuentas públicas a costa de la mayoría empobrecida de la población argentina.
El gobierno armó una bomba de deuda en pesos con las LEBAC, las Letras del Banco Central, que llegaron el 24 de mayo pasado a 1.279.604 millones de pesos (1,279 billones de pesos), pagando tasas de interés del orden del 47%.
La bomba empezó a desarmarse y dos meses después el monto alcanza a 958.513 millones de pesos al 25 de julio (según el propio BCRA). Son 321.091 millones de pesos menos. Pero a no alegrarse, ya que esos fondos fueron reemplazados por endeudamiento en divisas, vía Letras del Tesoro, LETES.
Es más, el Tesoro, Nicolás Dujovne, dispuso emitir deuda por 16.000 millones de pesos que asume el Fondo de Garantía y sustentabilidad que administra la ANSES.
Reitera la norma de Cavallo y otros ministros en otros tiempos, que acudieron al endeudamiento compulsivo de organismos estatales ante la pérdida de mercados internacionales que quieran asumir el costo del riesgo argentino.
Conviene recordar que ese endeudamiento intra-estado estalló en el 2001 y el 50% del default de ese año afectó a esos acreedores locales de la deuda pública irresponsablemente asumida por las autoridades de ayer y que hoy reinciden.
La deuda posterga el estallido, mientras tanto crecen los intereses exigidos y es la única variable que escapa al ajuste, que ahora se visibiliza en quitas de asignaciones familiares y eliminación de exenciones impositivas para trabajadoras y trabajadores.
Es cuento largo el del endeudamiento y sus responsables son variados, con un ciclo que iniciado durante la dictadura genocida se mantiene renovado con el adicional intocado de pérdida de la soberanía jurídica desde entonces, subordinando a la Argentina a tribunales externos.
Se trata de una decisión sostenida desde tiempos dictatoriales e incrementada con tratados bilaterales en defensa de las inversiones y sometimiento a tribunales externos como el CIADI, al cual nunca adscribió Brasil y denunciaron su pertenencia Venezuela, Ecuador o Bolivia. Una morosidad de la política local, que reitera una voluntad histórica por afirmar la dependencia.
¿Qué futuro luego del descontento?
No alcanza con verificar el cansancio social y el descontento de la población ante la abrumadora realidad de la vida cotidiana, e incluso la reiterada protesta visibilizada en las calles de las ciudades, el no comienzo de las clases en las Universidades públicas en el segundo semestre o el conflicto reiterado de la docencia, otros empleados de los Estados nacionales, provinciales o municipales y aquellos ajustes del sector privado que empujan el achique en espejo con el Estado.
La respuesta multisectorial se impone, que incluye la pluralidad de experiencias sociales, culturales y políticas, sin vanguardismos, sectarismos, ni exclusiones.
Es la demanda por una nueva experiencia socio política que se ensayó en la gran movilización popular de diciembre del 2017 contra la exacción de las jubilaciones y que impidió el avance de la reaccionaria reforma laboral; la que se continuó el 21 de Febrero en el Obelisco, involucrando principalmente al movimiento obrero y que desembocó en el paro nacional del 25/6.
La confluencia en torno al “movimiento 21F” suma adhesiones diversas y voluntad de miles de trabajadoras y trabajadores que discuten el programa a sustentar de manera inmediata y que pretende confluir en un congreso nacional próximo para ir más allá de la crítica y pretender construir rumbo alternativo.
Como siempre, ante los problemas de la economía y la política, es ésta, la política, la que puede habilitar caminos que no desemboquen en nuevas frustraciones al sentimiento social de transformación.
No se deben ni pueden reiterar recetas, una reflexión que vale a dos puntas: para las que ensaya el gobierno con la deuda, el FMI y el ajuste; como para quienes imaginan propuestas que ya tuvieron límites.
La convocatoria es para una nueva experiencia de articulación plural política y social para superar la condición miserable del presente.
Buenos Aires, 28 de julio de 2018

Seguridad y represión para el ajuste con el FMI


Impresionante fue el dispositivo represivo de seguridad para aislar la movilización popular del cónclave en Buenos Aires de los responsables económicos y financieros del G20.
En efecto, para que pudieran reunirse este fin de semana los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales del G20 más los organismos internacionales, especialmente el FMI, tuvieron que cercar por varias cuadras a la redonda el Centro de Convenciones de la Ciudad.
El sábado por la mañana, en Conferencia de Prensa conjunta entre Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, la primera había señalado que el FMI dialogaba regularmente con la sociedad civil. Le habían preguntado si el organismo internacional aceptaría conversaciones con sindicatos y organizaciones sociales.
Queda claro que se trata de un diálogo de sordos, típico de amos o patrones, que solo bajan discursos únicos a ser convalidados por los súbditos o socios afines. No aceptan otro lenguaje que el que promueve la sumisión ideológica o el temor a las armas y la represión.
“Vamos bien” dijeron los titulares del Fondo y de la Política económica de la Argentina. Dicho en simultáneo con una inflación minorista de Junio del 3,7% y 16% entre enero y junio, proyectando un 32% para todo el año.
¿A quién le va bien con este alza promedio de precios? A los pocos en condiciones de establecer precios, caso de los grandes productores y exportadores o a los sectores de la alta especulación con tasas de interés entre 40 y 60% en sus colocaciones millonarias.
Ilusiones macristas
Pero tranquilos que Macri anticipó que el próximo año 2019, la inflación será 10 puntos más baja, es decir, casi la misma que la elevada tasa de inflación del 2017.
En rigor, otra ilusión que se vende a la población, como aquella que mentaba al segundo semestre para el crecimiento en 2016, y luego fue el próximo año, el 2017.
Se trata siempre de un imaginario a futuro, mientras el ajuste regresivo pasa. El proyecto de Cambiemos se asienta en un discurso vacío (para la mayoría de la sociedad) de un futuro mejor por venir.
La ilusión al crecimiento del PBI, a la llegada de las inversiones, o a la baja de los precios se presenta mientras la realidad transita por otro camino. Se establece, por ejemplo, un techo a los salarios en las negociaciones paritarias y se deterioran los ingresos populares de la mayoría de la sociedad.
No solo hay menos recursos para la mayoría de la población, sino que también se afecta la actividad económica, con un 0,4% previsto de crecimiento para el año y pronósticos a la baja del PBI para todo el 2018 en torno al -1,5%.
Es la base con la que se organiza el presupuesto del ajuste para el 2019 y en el que pretenden encorsetar a las provincias.
Con esos guarismos de crecimiento se bajan las expectativas para resolver el problema del empleo de millones de despedidos y de la joven generación que pretende ingresar a su primer empleo.
Inflación y recesión son el resultado de la política económica del gobierno, convalidada en el acuerdo con el FMI.
El organismo insiste que el Plan es del Gobierno Macri y que el Fondo avala y financia. Son socios en el ajuste social, condición de posibilidad para viabilizar la rentabilidad futura de las inversiones.
No son ilusiones la inflación y la recesión. Son la realidad de una política que solo tiene perspectiva si se confirma una distribución regresiva del ingreso y la riqueza.
En otros momentos del desarrollo capitalista, entre 1930 y 1980, el proceso de acumulación estuvo obligado, por la correlación de fuerzas en el mundo, a satisfacer aun desigualmente la demanda por el salario y la ganancia.
Pero en las condiciones actuales del desarrollo capitalista, la acumulación solo atiende el objetivo de la ganancia. Por eso, las clases dominantes arremeten con fuerza contra los derechos sociales, laborales y sindicales.
Es la lucha de clases en tiempos contemporáneos, que advirtió el proceso de cambio político en la región latinoamericana y caribeña a comienzo de siglo y por lo cual actualizó los mecanismos de una ofensiva favorable a la rentabilidad del capital.
Fortalecer el poder de demanda social
La ofensiva del capital se desplegó con fuerza desde comienzos de los años setenta y se generalizó como “neoliberalismo”, más allá de la polémica que el término en sí mismo genera, ya que la política hegemónica en este tiempo no es nueva ni liberal.
Para contrarrestar esa ofensiva y la consecuente iniciativa política se requiere restablecer la capacidad de demanda social por derechos, a la alimentación, a la educación y la salud, a la energía y a la democracia participativa y comunitaria, a la paridad de género y la diversidad sexual; al derecho a la vida y por ende a la despenalización del aborto, entre muchos derechos a demandar.
Las movilizaciones contra el FMI poblaron las calles del viernes y el sábado en el país, y acumulan en la gran batalla de denuncia de las políticas que emanan los gobiernos del G20 y los organismos internacionales, los que se reunirán en Buenos Aires en cónclave de presidentes el próximo 30/11 y 1/12.
Constituye un desafío articular la fragmentada protesta que anima el descontento social. De lo contrario, la ilusión macrista podrá continuar disputando el consenso electoral más allá del presente periodo de gestión de gobierno.
La movilización popular es la condición necesaria, no suficiente aún, para gestar un horizonte alternativo a la política represiva, de ajuste y reestructuración regresiva del Gobierno Macri que avala y financia el FMI.
Buenos Aires, 21 de julio de 2018