El gobierno de Macri colocó un
bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que
muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al
endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto
de la sociedad.
La tasa que resulta de la
colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor
según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que
ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual
de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá
cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años
restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará
el capital.
Se trata de un negocio redondo
para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses,
o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo
mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron
una comisión de poco más de 3 millones de dólares.
Debe quedar claro que esos 200
millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y
por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación,
la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores
y especuladores y pierde el pueblo argentino.
Entre los argumentos del
gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a
emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos
internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las
consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para
esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor
radicalidad en el ajuste.
Los capitales globales pretenden
mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen
avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen
gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una
persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.
Del mismo modo ocurre con la
negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los
docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para
no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto
docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las
dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del
shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos
trabajadores.
El endeudamiento y el
crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica
electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene
dos ámbitos de confrontación.
Uno es de carácter institucional
y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de
polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la
oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock
de ajuste.
El otro se presenta en la movilización
y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime
ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la
sociedad sin representación política elegible.
La crisis es por arriba en tanto
se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién
asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas?
Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación
contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del
kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza
Massa - Stolbizer.
Pero también es por abajo, donde
la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la
estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y
quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por
ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de
Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de
trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.
La reunión se realizó en la
Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la
ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia
Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la
producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas
oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del
capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.
Quedan claras las opciones. Una
fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y
mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como
lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en
lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema
y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema
capitalista.
Son opciones no necesariamente
complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y
políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.
Buenos
Aires, 24 de junio de 2017
