Fuerte presión por la devaluación y la dolarización

 

Resulta interesante verificar la fuerte iniciativa económica, mediática y política del poder más concentrado en la economía y la política local para avanzar en su proyecto estratégico. En estas horas, todo ello se define con acciones orientadas a lograr un tipo de cambio más alto (devaluación), favorable a la rentabilidad de los grandes productores y exportadores. Al mismo tiempo promueven la afirmación de la liberalización de la economía, contra todo tipo de control estatal, tal como los establecidos en estos días por el BCRA, facilitando la disposición (acceso a divisas) y salida de fondos (cancelar deudas o invertir en el exterior), reproduciendo una lógica continua de fuga de capitales desde 1975/76.

En el ámbito económico presionan con las operatorias sobre las divisas, más allá de la regulación estatal del tipo de cambio. Lo hacen por canales que debieron clausurarse hace rato, sea el dólar bolsa o el contado con liquidación, operaciones para hacerse de moneda extranjera y especular con ello. Llama la atención que recién ahora se establezcan límites a la disposición de divisas de grandes empresas deudoras en el mercado financiero mundial. Ahora solo podrán disponer del 40% de la deuda a cancelar. Es lo que el BCRA reglamentó y acotó así la disponibilidad de fondos. Son tiempos de internacionalización de la producción y de transnacionalización del capital, por lo que esas empresas privadas debieran demostrar la incapacidad de hacerse de fondos propios en el exterior para cancelar sus deudas. Solo bajo esas condiciones de imposibilidad de recursos, cuando así ocurriera, y con investigación del caso por parte del BCRA es que debiera discutirse la asignación de reservas.

¿Porqué?

Es que las reservas internacionales no son ni del BCRA, ni de los deudores privados, ni de los exportadores, sino del conjunto de la sociedad, quien con la actividad económica general es la generadora de esas divisas que gestiona el BCRA. Los vencimientos del sector privado “…de deuda externa se estiman en US$14.000 millones para lo que resta de 2020 y 2021”, según señala el Informe de Política[1] Monetaria de agosto pasado, y desde ya, el BCRA no debería destinar reservas para esos fines, más cuando existe un informe[2] que remite a la fuga de capitales de los últimos años, convergente con la transferencia de una deuda pública que funge como hipoteca para el conjunto de la sociedad. Además, debe registrarse que los grandes exportadores mantienen retenido en el exterior parte de lo obtenido por exportaciones, eludiendo su liquidación en el país, lo que engrosaría las reservas internacionales.

La presión se juega en el plano mediático para intervenir en la disputa de consenso político hacia las posiciones en pro de la liberalización de la economía y la plena mercantilización. Aun cuando los economistas “libertarios”, verdaderos liberales ortodoxos, critican al gobierno Macri, se encargan de divulgar el ideario favorable a la liberalización, el aperturismo y en beneficio de la rentabilidad del inversor capitalista privado. Esa defensa de la “propiedad privada de los medios de producción” es lo que estuvo en juego en el caso Vicentin y en el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. Los “banderazos” en defensa de la propiedad responden a un consenso explícito que hasta ahora no se hacía visible. Quienes defendían la sacrosanta propiedad privada lo hacía con discreción o directamente constituían una minoría ultra liberal regodeada en su marginalidad.

Cae la producción y crecen las miserias sociales

Es curioso constatar la fuerte presión económica y política, precisamente en momentos en que se difunden alarmantes datos sobre la evolución del PBI, con un -16,2% para el segundo trimestre del 2020 y un índice interanual del -12,6%. En esos registros se destaca una caída del consumo privado del -18,9%, y del -10,4% para el consumo público; una baja de la inversión del -27,5%; una merma de las exportaciones del -7,9% y del -19,1% para las importaciones[3]. Es un cuadro preocupante, con fuerte caída de la actividad económica que supone 2,5 millones menos de ocupados. La tasa de desocupación alcanza al 13,1% y resulta grave cuando se pone el acento en grandes centros urbanos, caso de Rosario con el 17,9%; Córdoba con el 19,1%; Santa Fe con el 20,3%; Ushuaia con el 22% y Mar del Plata con el 26%.[4]

La caída de la producción y el impacto regresivo en el empleo se siente en pérdida de ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o beneficios sociales. En efecto, la distribución personal del ingreso confirma que el 30% de mayores ingresos percibe la misma magnitud que el 70% restante de la población. En ese mismo registro se puede ver cómo mientras el 10% de mayores ingresos percibe un 22,8% del total, el 10% de menores ingresas apenas percibe el 2,8%, e incluso el 40% de menores ingresos percibe en conjunto un 22,5%, que es todavía menor a la percepción del 10% de mayores ingresos[5]. Son datos que confirman la inequidad en la distribución del ingreso y que en el marco de la emergencia son los más enriquecidos los que deben sostener el financiamiento de la política pública.

Necesidad de ejercer la presión social

Ante la iniciativa del poder y la cruda realidad que impacta a millones de personas, cuando la pandemia incluye a más de 700.000 contagiados y más de 15.000 fallecidos, se impone la necesaria intervención social para ejercer presión en sentido contrario, favoreciendo una reorientación de la carga económica y financiera para sostener y modificar el actual estado de situación.  

En ese plano se juega el debate por el impuesto a las grandes fortunas, aun cuando lo llamen aporte voluntario, del mismo modo que se requiere retomar la iniciativa por el cambio de modelo productivo que acompañaba el anuncio por la intervención y expropiación a Vicentin. A la movilización en defensa de la propiedad privada de los medios de producción más concentrados se debe oponer una lógica de producción y reproducción asentada en derechos sociales.

Se trata de ejercer presión social en la búsqueda no de un acuerdo de gobernabilidad que afirme un modelo productivo construido desde las reformas estructurales de 1975/76. Lo democrático y popular apunta a desbaratar la presión existente para un gran acuerdo que derive en profundizar reaccionarios cambios en la legislación laboral y previsional para otorgarles seguridad a potenciales inversores. Venimos señalando las ilusiones en torno a la potencialidad de esos inversores, pero, de hecho, actúa como un dulce que se pone delante para entusiasmar y gestar reaccionarios cambios a favor de la rentabilidad del capital. Si luego, esos inversores no llegan, para los que hoy actúan en el mercado local, supone una lógica de mejora en las ganancias.

Lo que ocurre, es en definitiva una cuestión de lucha política por estabilizar el modelo productivo de extranjerización y subordinación al gran capital, o transitar la búsqueda de un nuevo bloque social que sustente y dispute un nuevo orden político con beneficiarios mayoritarios en la economía, la producción y distribución, de ingresos y riqueza.

Quienes pregonan “políticas de estado” y un gran acuerdo pretenden estabilizar un rumbo iniciado en 1975/76 y que genera amplias resistencias que impiden su consolidación. Por eso los recurrentes ciclos inflacionarios que explican la disputa de poder en el país. Contra ese consenso se juega una estrategia alternativa de poder para la emancipación.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2020



[1] BCRA, en: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/IPOM0820.pdf (consultado el 26/09/2020)

 

[2] BCRA. Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019, en:

 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf (consultado el 26/09/2020)

[3] INDEC. Informe de avance del nivel de actividad, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_203A30C37E8E.pdf (consultado el 26/0972020)

[4] INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Segundo trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf (consultado el 26/0972020)

[5] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Segundo trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_2trim203E26BE94AC.pdf (consultado el 26/09/2020)

No alcanza con frenar la especulación, se requiere otro rumbo productivo

 

El gobierno de la Argentina intenta señalar el rumbo de la economía local mediante dos acciones simultáneas difundidas el pasado martes 15 de septiembre.

Una acción remite a la elevación al Congreso Nacional del presupuesto para el 2021. El primero de la gestión actual, ya que este 2020 funcionó con base en la prórroga del Presupuesto 2019 y no se proyectó otro para el 2020 hasta tanto no se resolviera la negociación y canje de la deuda pública con los acreedores externos.[1] Claro que aún falta la reestructuración con el FMI por 45.000 m.d., lo que se presume factible sin afectar recursos del presupuesto para el próximo año.

La otra acción corresponde a las disposiciones del BCRA[2], orientadas a frenar la demanda de divisas gestionadas por la autoridad monetaria. Al asumir el gobierno, las reservas internacionales alcanzaban los 43.785 millones de dólares (m.d.), alcanzando 45.492 m.d. para el 17 de enero del 2020 y desde marzo caen regularmente hasta los 42.495 m.d. registrados el día del anuncio de las medidas, inspiradas en la intención de frenar un alza especulativa sobre las divisas.

Ambos anuncios anticipan por donde transitará la economía en el corto y mediano plazo, máxime cuando el FMI inducirá la profundización del ajuste fiscal más allá de cualquier compensación, tal como ocurre con asignaciones especiales dispuestas para atender la emergencia sanitaria.

Presupuesto 2021

Resulta de interés concentrarse en las previsiones presupuestarias, aun cuando constituyen un dibujo que casi nunca se cumple, pero por lo menos, permite leer el pensamiento sobre lo que el gobierno pretende desde la función pública. En términos generales está previsto un ajuste para achicar el déficit fiscal e incrementar la inversión pública, manteniendo la estructura de recaudación tributaria con acento en el IVA, que seguirá siendo la principal fuente de ingresos impositivos. Como era de esperar, entre los fundamentos existe una abultada crítica al periodo anterior de gobierno y un detalle de la ejecución presupuestaria del primer semestre del presente año, donde se destacan los fondos no previstos asignados por la emergencia sanitaria del COVID19.

En el cuadro que sigue, obtenido del proyecto de ley enviado al debate congresal, se puede observar una previsión de caída del PBI para el 2020 del -12,1%, una cifra mayor a la baja sufrida en la crisis del 2001/02 y por encima de los pronósticos ofrecidos por los organismos internacionales, la CEPAL, el Banco mundial, el BID o el FMI.


Resulta interesante adicionar a esta referencia sobre la caída del PBI, que Alicia Bárcena precisó “…que la región vivirá una contracción del 9,1% en 2020, la peor en 100 años, las exportaciones caerán -23% y la pobreza alcanzará a 230 millones de personas (45 millones más). Unos 33 millones de personas caerán de los estratos medios a la pobreza, de tal manera que 8 de cada 10 personas en la región (490 millones) van a requerir un ingreso básico y políticas universales. La desigualdad llegará al 5% en promedio y el desempleo afectará a 44 millones de personas. Además, 2,7 millones de pequeñas y medianas empresas van a cerrar. Añadió que 40 millones de hogares no están conectados ni tienen accesibilidad a internet de buena calidad, mientras que 32 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden hacer teleeducación.”[3]

Si consideramos el dato de la “peor crisis en 100 años”, se supone que la coyuntura crítica supera la crisis 2007/09, la de fines de los 60 y comienzos de los 70 y por supuesto la crisis del 30 del siglo pasado. Cada uno de esos momentos promovieron cambios estructurales y bien vale interrogarse sobre los que acontecen y acontecerán en el presente y futuro cercano. Claro que hace un siglo emergían nuevos movimientos sociales y políticos que darán impulsos a procesos de renovación política con expectativas favorables a los pueblos. Algo distinto sobrevino con las siguientes crisis, caracterizadas por la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.

Es más, el titular de la Reserva Federal de EEUU (FED)[4] señalaba a fines de agosto pasado la tendencia declinante de las proyecciones económicas de su país desde el 2012, comparando (ver gráfica que sigue) en línea gruesa las proyecciones del Comité de la FED contra las de consultores privados (línea de rayas) y las del Parlamento (línea de puntos). En todos los casos marca una tendencia declinante que muestra los problemas estructurales de la economía estadounidense, actualmente en una dura recesión, que llevó el desempleo desde el 3,5% antes del COVID19 al 8% actual.



Lo específico de la crisis en Argentina no se disimula por los problemas externos, pero no se puede obviar las dificultades del capitalismo actual, por lo que interesa descifrar adecuadamente las previsiones en los supuestos que establecen las autoridades económicas para el 2021.

Otro dato del presupuesto es la baja del déficit fiscal al -4,5%. Ello supone un ajuste sobre lo que finalmente resulte en el 2020. El ajuste proviene de menores gastos y mayores ingresos. Las proyecciones verifican que será el IVA la principal fuente de recaudación tributaria y no constituye un buen augurio, aun cuando signifique recuperación del consumo. Más aún, si el IVA supone un 6,7% del PBI para el 2020, se eleva al 7,18 para el 2021, tal como señala el cuadro que sigue. El impuesto a las ganancias, por el contrario, baja del 5% al 4,99%, imperceptible, es cierto, pero contrasta con el incremento del IVA.



Medidas del BCRA

Las divisas que gestiona el Banco Central no son de los exportadores, sino que son producto del conjunto de la economía. Tres son las fuentes de ingreso de divisas, desde que el país no las fabrica. Uno es el saldo positivo del comercio internacional, otra el ingreso de préstamos y finalmente las inversiones externas.



Como vemos en el cuadro anterior, el comercio internacional presenta en la coyuntura (2019-2020) saldo favorable por malas razones: la recesión. Ni bien se reactive la economía local crecerán las importaciones de insumos y bienes intermedios, con lo que se afectará seriamente el balance comercial, expresado con una baja del superávit en los años 2021 al 2023 en el proyecto de presupuesto, incluso puede cambiar el signo del saldo, de positivo a negativo.

Sobre el ingreso de nuevos préstamos será mejor evitarlos, para no reiterar los investigado por el BCRA, relativo al periodo 2015-19 que ante el ingreso de 100.000 m.d., la fuga de capitales superó en el periodo los 86.000 m.d., más la hipoteca del endeudamiento que hoy condiciona fuertemente la vida económica del país. Es más, sigue siendo conveniente la investigación de la deuda para definir la parte odiosa, ilegal e ilegítima que discuta los pagos comprometidos, incluso el canje reciente y las negociaciones con el FMI.

Respecto de las inversiones externas, hay que diferenciar aquellas de carácter especulativo de las productivas. Sobre las primeras es las que se pretenden contener con las disposiciones anunciadas, mientras que las segundas constituyen una incógnita por las tendencias estructurales del capitalismo mundial que esbozamos con los informes internacionales comentados, ampliados por la UNCTAD[5], que anticipa caídas muy fuertes para el 2020/21, con el antecedente de la caída importante en el ámbito mundial desde el 2015.

En estos informes mundiales, la Argentina no aparece en el radar de inversores salvo en casos contados, como el agro negocio de exportación, la mega minería a cielo abierto y la energía, especialmente los hidrocarburos no convencionales. Por esa razón es que existe una fuerte presión del poder económico por bajar el costo laboral, previsional y tributario, en favor de las ganancias de sus potenciales inversiones.

La discusión es si hay que seguir esperando del “inversor privado” para la recuperación económica o si modifica el rumbo económico para otro modelo productivo, lo que implica discutir qué hacer con las divisas que gestiona el BCRA, que pueden ser fuente para la constitución de un fondo aplicado a la reestructuración de la producción local. Por eso, que el BCRA intente no dilapidar divisas supone una orientación a contramano de la especulación, que solo podrá consolidarse si se modifica sustancialmente el rumbo de la producción y la organización económica de la sociedad.

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2020



[1] Ministerio de Economía. Secretaría de Hacienda, en: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2021/mensaje/mensaje2021.pdf (consultado el 19/09/2020)

[2] BCRA. “Medidas que garantizan divisas para la recuperación económica”, en: http://www.bcra.gov.ar/Noticias/medidas-bcra-garantizan-divisas-para-recuperacion-economica-.asp (consultado el 19/09/2021)

[4] Jeremy Powell. “Nuevos desafíos económicos y revisión de la política monetaria de la Fed”, en: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm (consultado el 19/09/2020)

[5] UNCTAD. Informe Mundial sobre Inversiones 2020, en: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf (consultado el 19/09/2020)

Tensiones políticas y expectativas económicas desde el poder

 

Muchas son las tensiones políticas que se procesan en estas horas. El momento más ríspido lo constituyó el “motín” policial de la policía bonaerense, una fuerza de seguridad con 90.000 efectivos. Con sus armas y móviles, incluido helicóptero, presionaron en varias locaciones, muy preocupadamente en la vivienda del gobernador y en la residencia presidencial. Esto motivó especulaciones golpistas, aun cuando el móvil apuntaba a la mejora salarial y esencialmente a la impunidad policial, en el mismo momento que se investigan responsabilidades policiales en el asesinato de Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros casos de similar tenor.

El motín generó especulaciones diversas y se zanjó, transitoriamente, con asignaciones presupuestarias resueltas por decreto, revirtiendo otro decreto, de similar factura realizado por el Gobierno Macri. En aquella ocasión se favoreció al gobierno porteño y ahora a la provincia bonaerense y por eso surgen interrogantes diversos. ¿Es un debate en torno a la coparticipación? Puede entenderse de ese modo, pero es más complejo. ¿Es favoritismo desde el gobierno nacional a una provincia gobernada por el mismo frente en el orden nacional y en contra de la oposición gobernando la ciudad capital de la Argentina? Es un argumento simplista también.

Se trata de un tema de enorme complejidad, que no se resolvió con la asignación de nuevos recursos derivados desde un distrito a otro, más allá de cualquiera de las razones que se argumenten de un lado y del otro. Se trata de tensiones políticas en una Argentina con crisis política evidente, con una polarización calificada de grieta. Una polaridad sostenida por la novedad política emergente en el siglo XXI, el kirchnerismo y el macrismo, expresiones renovadas de viejas antinomias políticas en el país. Si durante décadas, más allá de las dictaduras, la confrontación fue entre peronismo y radicalismo, el presente muestra la fractura de ambas expresiones y la conformación de nuevas alianzas con liderazgo de Cristina Fernández en un caso y Mauricio Macri en otro.

Las tensiones se concentraron en la protesta policial, pero se manifiesta en todos los temas que se colocan en discusión y afecta las correlaciones de fuerzas en la sociedad, caso de la “reforma judicial”, disminuida en sus alcances por el oficialismo y agigantada por la oposición sistémica; pero también acontece la polémica en torno al gravamen sobre las grandes fortunas. Más grave aún, la discusión se manifiesta en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, con imposibilidad de acuerdo estratégico de las dos principales fuerzas políticas, en momentos en que ascienden peligrosamente los contagios y muertes en el país, especialmente en momentos de incertidumbre global sobre el tema. Una incerteza que incluye imprevisibilidad en el futuro económico.

Es muy posible que el problema sanitario se extienda durante el 2021, o buena parte del mismo. Además, ¿será esta la última pandemia?, ante una situación de descontrol en el modelo productivo mundial, con afectación de la naturaleza y la vida social en su conjunto. Es un interrogante de difícil respuesta.

Supuestos 2021

Por eso, suena hasta ilusoria la pretensión del ministro de Economía que pretende “tranquilizar” la economía con supuestos ilusorios, creo, que serán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2021.

El horizonte imaginado es la merma del gasto público incrementado en 2020 por la pandemia, como si fuera sencillo, en las condiciones económicas globales y locales, eliminar gasto social como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, incluso los ATP para compensar salarios de empresas con problemas para atender la nómina, entre otras muchas asignaciones presupuestarias para atender a la emergencia.

La incertidumbre de la economía mundial es relevante y, además, agudizada con incertezas derivadas de la elección estadounidense en noviembre próximo. A punto de terminar su gestión, Donald Trump impuso por primera vez un presidente estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El personaje al frente del BID expresa a la ultra derecha de EEUU, con una orientación claramente opuesta a la lógica socio política desplegada en la región en los primeros años del Siglo XXI.

Se trata de un militante enfático contra el proyecto cubano, venezolano, o cualquier intento de autonomía e independencia de la región latinoamericana y caribeña respecto de la política exterior de EEUU. Además, Argentina sostuvo candidato alternativo hasta último momento y fue clave para operar una elevada abstención en la votación.

A no dudar que eso constituye una tensión con el gobierno de Trump, más aún si este ratifica un segundo mandato. El tema no es menor, ya que EEUU es clave a la hora de la negociación en curso de la Argentina con el FMI. EEUU definió el impagable y odioso crédito a Macri en 2018 y ahora el gobierno de Alberto Fernández busca renegociar el acuerdo para liberar pagos durante el mandato que finaliza en diciembre del 2023.

El presupuesto económico financiero del 2021 está atravesado por esa negociación con el FMI, para terminare de definir el alcance de los compromisos financieros del Estado. La política es integral y se juega fronteras adentro y en el exterior. ¿Cuántos recursos se generarán para activar la economía y resolver empleos e ingresos populares que contengan el des-conformismo social ante la situación económica actual?

Sorprende aún que la caída de ingresos de la mayoría de la sociedad de más bajos ingresos, la consecuente suba de la pobreza y la indigencia no genere una explosión social. Los conflictos y movilizaciones existen, pero todavía contenidos ante la situación de la emergencia sanitaria y la extensión de una política compensatoria que puede terminarse en los supuestos presupuestarios.

Debates estratégicos

Las tensiones pueden superar la lógica de confrontación hegemónica de la política actual, solo si la demanda social se orienta en una perspectiva que ponga en discusión la lógica que preside la organización económica en la Argentina, y que se presenta claramente en el debate sobre la imposición a las grandes fortunas y en la toma de tierras. En ambos casos se afecta la sacrosanta “propiedad privada”, con resguardo constitucional desde el origen de la Nación Argentina.

El tema es que esa propiedad privada, altamente concentrada, es la razón de la fuerte desigualdad acumulada por siglos y exacerbada en tiempos de reestructuración reaccionaria desde 1975/6, cuestionada discursivamente, pero nunca enfrentada claramente. Una muestra está en el tratamiento del endeudamiento en todo el ciclo político desde 1983, con renegociaciones sucesivas que consolidan la subordinación local al orden del poder económico mundial del capitalismo.

Hace falta ir a fondo en el debate sobre los recursos que administra el Estado, especialmente su destino, pero también de dónde provienen. En ese marco hay que discutir la coparticipación impositiva. Primero hay que definir los problemas a resolver, caso de la pobreza, por ejemplo. Recién, luego de ello se podrán asignar escasos recursos existentes a otros fines, incluso, cuanto se dispone para coparticipar con los distritos provinciales.  

Está claro que es una cuestión política que trasciende la coyuntura y se proyecta como un debate estratégico sobre el presente y el futuro, en rigor, no solo válido para el país, sino para la región y el mundo.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2020

Para “tranquilizar” la economía

 

Confieso que siempre me llamó la atención la expresión de Martín Guzmán, el Ministro de Economía de la Argentina, cuando enfatizaba que había que “tranquilizar” la economía. Se trata de una expresión que pretende traer calma a un escenario turbulento, e incluso si se quiere tormentoso. En efecto, sea por lo local o por lo mundial, pero sobre todo por lo que acontece en el país, los niveles de incertidumbre e intranquilidad que devuelve la situación económica, es por lo menos, alarmante.

Basta considerar los efectos económicos y sociales para darse cuenta de la zozobra que supone saberse empobrecida/o, desocupada/o, marginada/o del techo, la alimentación, la salud, la educación, la comunicación, entre muchos derechos constitucionales consagrados por años de histórica lucha social. Aunque también puede considerarse el punto de vista opuesto, del que no encuentra salida a su propósito de obtener ganancia y acumular capital.

Una primera consideración, entonces, es cuál zozobra es la más importante, o, dicho de otra manera, qué es lo que tranquiliza a unos y qué a otros, porque ambos puntos de vista no pueden resolverse en conjunto. Se trata de uno u otro. Me temo que la respuesta no viene de esa contradicción, sino que la tranquilidad remite a la “estabilización de la macro”, como afirma el ministro, lo que supone “ordenar” las cuentas públicas, que como veremos, tampoco resulta imparcial, sino que supone, como siempre en cuestiones económicas, beneficiar a unas/os y perjudicar a otras/os.

Esa fue la razón para señalar al comienzo de la gestión, que la prioridad pasaba por “arreglar la deuda” y entonces, en el inicio aconteció el gran acuerdo en el Congreso para obtener un “aval institucional”. Así, con la Ley de sostenibilidad del pago de la deuda, se lanzó el proceso de renegociación de la deuda pública con acreedores privados, de legislación extranjera y local, como con el FMI. Ese consenso mayoritario en el seno de las instituciones políticas del país, se repitió como imagen, con la presencia del oficialismo y la oposición que gobierna los poderes ejecutivos de las provincias, al momento de anunciar la aceptación del canje de deuda.

Una aceptación elevada, por cierto, de un 93,5% de bonistas, adheridos al canje de deuda en divisas de legislación externa, que por imperio de las cláusulas de acción colectiva se elevó al 99%. Ya se anticipa una aceptación similar para la deuda en divisas de legislación local, cerrando el tema de la negociación con privados y despejando el tema para la discusión en curso con el FMI. Se descuenta que el resto de la deuda, hasta completar los 323.000 millones de dólares no supondría problemas porque el grueso está en manos de la propia gestión estatal.

Luego de los acuerdos, entonces, sí sería tiempo de explicitar el rumbo de política económica para entender la perspectiva de “tranquilidad” anunciada, lo que ocurrirá una vez presentado el proyecto de presupuesto público.

¿Por donde pasará el ajuste?

De hecho, a esta altura, el presupuesto será para el 2021. Este excepcional 2020 transcurre con prórroga de las cuentas del 2019, con ampliación de la asistencia social (IFE, ATP, tarjetas alimentarias) por impacto del coronavirus y la recesión inducida e incluso la arrastrada del gobierno Macri.

Al mismo tiempo de continuidad de las partidas del pasado año, con algunas actualizaciones, se procesó un ajuste que golpea en primerísimo lugar sobre jubilaciones e ingresos de los estatales, que se derrama sobre otros sectores económico-sociales que dependen de la capacidad de gastos de estos sectores. También fueron contenidas las actualizaciones de subsidios sociales, los que perdieron contra la suba de precios y el ritmo de la inflación.

En rigor, también sirven para el ajuste de las cuentas públicas el re-perfilamiento de parte de los vencimientos de la deuda. Un tema que se proyecta para todo el periodo de gobierno ya que se liberan obligaciones de pago que estaban comprometidas bajo los parámetros de una deuda ahora renegociada. Si las obligaciones sumaban unos 30.000 millones de dólares, hasta fin del mandato solo caerán vencimientos por 4.500 millones de dólares.

Un anticipo de lo que viene remite a un objetivo ya anunciado, de un déficit fiscal para el 2021 del -4,5% del PBI. Es una incógnita el resultado fiscal para este 2020, con estimaciones que oscila desde el -7% hacia cifras de dos dígitos.  Sea cual sea el resultado, el horizonte es un déficit fiscal menor para el próximo año, lo que supone un ajuste, sea por los ingresos o por los egresos.

Respecto de los ingresos, el Ministro alude a una reforma tributaria en carpeta. Es interesante dirimir quién pagará el presupuesto de gastos y de la inversión pública. Tenemos ya un anticipo de crítica y rechazo en los sectores de mayores ingresos y riqueza a gravámenes que afecten sus ingresos, algo que tiene apoyo en un núcleo social ampliado por imperio del accionar mediático. Lo que sabemos, por ejemplo, son opiniones contrarias al impuesto a las grandes fortunas, aun cuando se lo presenta como aporte solidario por única vez. El falaz argumento que afecta la potencia de las inversiones escamotea la voluntad de no resignar recursos, ni aún ante la emergencia sanitaria en curso.

¿Qué reforma tributaria se impulsará? Puede ser progresiva, para no perpetuar que el principal ingreso tributario sea el IVA. Habrá que ver; o eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, ya que por definición el salario no es ganancia, sino la retribución por la venta de la fuerza de trabajo. También puede ser una reforma regresiva y consolidar el régimen actual, más allá de la denominación de los impuestos o las tasas que se establezcan.

¿Por dónde se reestructurarán los egresos? Puede pensarse en el gasto y/o en la inversión. ¿Será con más orientación a satisfacer derechos en contra de la mercantilización, o afirmación de una lógica por la liberalización y el derecho a la ganancia? La liberalización es lo que se impuso como una tendencia que atraviesa toda esta etapa desde 1975/76, con fuerza en la genocida dictadura, en los 90 y en los años recientes del gobierno de Cambiemos (2015-2019).

En definitiva, bajar el déficit implica ajuste fiscal. El interrogante remite a quienes serán los perjudicados. Vamos a insistir que el tema supone discutir los ingresos y los egresos, del mismo modo que debe considerarse el conjunto de la política económica más allá de lo fiscal, es decir, en materia monetaria, crediticia, tanto como la política de ingresos, que interviene en qué tipo de consumo se estimula o que rumbo de la inversión pública y privada.

Tranquilizar la economía trasciende la contabilidad pública

Asistimos entonces a un tiempo de interesantes definiciones sobre el rumbo futuro del orden económico local. Muchos pretendíamos la suspensión de los pagos de la deuda pública y mientras tanto auditar la deuda con participación popular. El rumbo definido fue otro, el del canje. Ahora se habilita la discusión sobre cómo seguir y la palabra parece ser la “tranquilidad”, que sostenemos es algo más que equilibrar cuentas públicas, ya que detrás de los datos existen personas y necesidades, según su inserción en el sistema de relaciones económicas que define la estructura económico social del país.

Los grandes productores y exportadores, parte del poder en el país, quieren un tipo de cambio “competitivo”, que debe llegar al valor que mejor rentabilidad les ofrezca en sus balances, más allá del destino de la acumulación final de sus rentas. Igual sustentan la libertad de mercado para el ahorro en divisas, incluso liberando el cepo de 200 dólares mensuales establecido por el gobierno anterior. El impacto de una orientación en ese sentido tiene carácter regresivo sobre la mayoría de la sociedad vinculada a la producción y circulación de bienes y servicios en el mercado interno.

Otros sectores del poder económico demandan orientaciones de política pública favorable a la lógica de las ganancias de los inversores, locales o externos, lo que presupone cambios estructurales en materia laboral y previsional, los que están contenidos entre los compromisos asumidos con el FMI en 2018 y ahora en proceso de negociación. Lo que demanda el poder económico apunta a disminuir el costo de producción para una mejor rentabilidad del capital.

Un tema destacado es que esta lógica se difunde como “sentido común” de toda la sociedad, lo que se evidencia en la defensa de la “propiedad privada” por encima de cualquier otro derecho consagrado constitucionalmente. Es algo que ´pudimos verificar en el tema Vicentin, en el congelamiento de las tarifas de empresas de la comunicación, y ahora con las “tomas” y el debate sobre el derecho a la vivienda.

Por eso es interesante el debate sobre que lógica debe presidir un rumbo para tranquilizar la economía, ya que se podría pensar en una dinámica de derechos sociales de contenido alternativo, sustentado desde otro ángulo, el de un diverso colectivo de sectores subordinados, trabajadoras y trabajadores, pequeños y medianos productores y empresarios, quienes demandan una lógica centrada más en derechos que en la mercantilización.

Pueden buscarse más argumentos sobre las contradictorias demandas socioeconómicas, que tranquilizan a unos o a otros. Lo que define siempre en esta contradicción es cuál es el rumbo que define la tendencia.

¿Iremos en un rumbo a favor del derecho a la alimentación, a la educación y a la salud pública, a la vivienda digna y para toda la población, entre otros derechos, o el rumbo mantendrá el privilegio de la ganancia del poder económico?

No es un interrogante que solo se debe responder desde la institucionalidad constituida, sino que tiene que involucrar a toda la sociedad para el despliegue de un poder constituyente para “tranquilizar” un horizonte de satisfacción integral en la vida social y en armonía con la Naturaleza.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2020

Aporte de grandes fortunas y canje de deuda pública

 

El mes de agosto cierra en la Argentina con dos grandes temas de la economía que ocuparán el debate ideológico político en el próximo tiempo, más allá de lo que realmente puedan expresar en su capacidad de modificar la recesión. Uno de los temas remite al cierre del canje de la deuda pública en divisas de legislación extranjera. El otro a la presentación para el debate en el Congreso del proyecto de Ley: “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, más difundido como impuesto a las grandes fortunas personales.

La próxima semana sabremos el porcentaje de adhesión al canje, estimado en torno al 90% o más. Un “éxito” dirá el colectivo de inversores y especuladores, ya que se aleja la cesación de pagos, algo reiterado en el corto plazo desde el re-perfilamiento de la deuda oportunamente dispuesto por el gobierno Macri y sostenido hasta el presente. Ahora habrá nuevos títulos y con ellos, a seguir contabilizando ganancias que pueden apalancar nuevas y jugosas operaciones especulativas en el mercado financiero local y global.

Por ello, los acreedores felices, cuya acreencia, por ahora, no resulta investigada, y aún con rentabilidad a la baja respecto de la que tenían hasta antes del canje, el horizonte del impago se esfuma. Es una buena noticia para ellos en el escenario mundial de recesión, caída de las ganancias y escasa previsión de reversión, según todos los organismos especializados en el ámbito mundial.

Localmente se analiza la noticia como la habilitación a un proceso de inversiones. Una conclusión a contramano del informe de la UNCTAD que señala una merma de las inversiones en la región latinoamericana y caribeña por encima del promedio mundial. Si en el mundo, la caída oscilará para el 2020 del 30 al 40%, para nuestra región el desempeño es a la baja entre el 40 y el 55%.[1]

No es este un tiempo de impulso a la inversión, menos a la productiva. Incluso el titular de la Reserva Federal de EEUU explicó este jueves 27/8 el balance de la política monetaria de su país por 40 años y los cambios desde ahora, consensuado desde el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés).[2] Dice Powell que “…las evaluaciones de la tasa de crecimiento potencial o de más largo plazo de la economía han disminuido. Por ejemplo, desde enero de 2012, la estimación mediana del crecimiento potencial de los participantes del FOMC ha caído del 2,5 por ciento al 1,8 por ciento”, tal como se presenta en el cuadro que sigue tomado del sitio de la FED, donde compara las previsiones propias del FOMC, con la consultora privada Blue Chip y la data del Congreso (CBO).



Admite luego, que la intervención vía política monetaria tiene límites y no se puede seguir bajando la tasa de interés, que bajó del 4,25% en 2012 al 2,5%, con escasa posibilidad de seguir a la baja. Como preocupa la recesión del primer semestre del 2020, se aleja de la convicción sustentada por cuatro décadas concentrada en el control de la inflación por vía de política monetaria, ya que el empleo, fuerte antes de la pandemia, con un 3,5% de desempleo, se transformó ahora en un problema serio con 11,1% para junio 2020, e incluso 14,7% para abril pasado. La Reserva Federal de EEUU flexibiliza su política para estimular la suba de precios y con ellos la inversión y el empleo.

Por eso dije que se trata de un debate ideológico, o si se quiere, propagandístico, ya que no existen previsiones reales, en el desempeño de la economía mundial, o del país, para un desembarco de inversiones externas. Ni hablar de inversiones locales, aun cuando ahora se rasguen las vestiduras en contra del potencial “aporte solidario”. Se escucha decir. “acá no te dejan trabajar, ni invertir”; “la presión fiscal es muy alta” o “se castiga a los emprendedores”, que vendrían a ser los inversores que no invierten.

En rigor, como señala la UNCTAD o la FED, es una tendencia del capitalismo de esta época, donde todo se canaliza en rentabilidades financieras de muy pocos, precisamente los que estimulan procesos de sostenibilidad de las deudas públicas que eviten el colapso del mecanismo especulativo de las finanzas y el endeudamiento que hipoteca y condiciona a los pueblos.

Una más sobre la deuda, recordar que este canje es apenas sobre unos 65.000 millones de dólares (m.d.), de un total de 323.000 m.d., que, además, incluye al Fondo de Garantía de Sustentabilidad con un 67% de sus recursos invertidos en la deuda pública nacional y llega al 75% si computamos préstamos al Estado nacional y a las Provincias.

Aporte solidario de las grandes fortunas

El debate político ideológico comenzó en cuanto se enunció la posibilidad, aun cuando se difundían iniciativas similares en varias partes del mundo, algunas de las cuales recogen los fundamentos del proyecto de Ley.

Ahora habrá debate en el Congreso y en la sociedad. Es más, los medios ya iniciaron su campaña mediática con un discurso que sustenta que el inversor es quien resuelve el crecimiento y por ende el empleo y el consumo, por lo que no hay que matar a la “ponedora”, incluso utilizan un discurso del presidente uruguayo que alude a su vocación por la iniciativa privada, más proclive a la reducción de impuestos que a gravar a las grandes fortunas.

Todos ellos desconocen, quizá por ignorancia, la máxima de los primeros intelectuales que sistematizaron los estudios económicos en el capitalismo, la Escuela Clásica, que pregonaron que el capital es “trabajo acumulado” y que la ley del valor remite al trabajo humano como fuente del valor y no como sostienen los actuales vulgarizadores al señalar al capital como el originador de la riqueza. El capital es producto del trabajo humano acumulado y apropiado privadamente, con una historia de violencia que se recicla con rigurosidad en nuestro tiempo.

Se estima recaudar unos 300 mil millones de pesos, unos 4.000 m.d. al tipo de cambio oficial de la fecha. Al tipo de cambio del “blue”, apenas expresa la mitad. La cifra pretendida no resuelve el déficit heredado y menos el generado por la pandemia, pero lo reduce. Se supone que la medida alcanzará a unas 12.000 personas con patrimonio por encima de los 200.000 millones de pesos.

Constituyen una minoría de grandes recursos patrimoniales, de fortunas individuales. La contribución, por única vez, no está orientada hacia las empresas. Este es también un argumento en contra de quienes sostienen que la medida impacta negativamente en la voluntad inversora de las empresas.

El estímulo a la actividad económica durante la pandemia estuvo más en el Estado y su capacidad de emisión que en cualquier voluntad del sector privado. De no ser por la intervención estatal, en el país y en el mundo, la situación sería aún más grave de lo que representa hoy el crecimiento de la pobreza y la indigencia, además del deterioro de todos los indicadores sociales.

La ley en debate propone cinco destinos a la recaudación: a) 20% para atender la emergencia en salud; b) 20% para atender necesidades de empleo y remuneraciones de micro y pequeñas empresas; c) un 20% para becas “progresar”, administradas por el Ministerio de Educación; d) un 15% para habitantes de barrios populares, más de 4 millones de personas, vía del Registro Nacional de Barrios populares, RENABAP, para salud y habitación; e) un 25% con destino en YPF para producir gas. La letra señala el uso federal de los recursos recaudados.

Señalemos que aún falta el debate para su proclamación y puesta en funcionamiento, por lo que el cálculo en divisas se posterga hasta el momento de su puesta en ejecución. Algunos imaginan una baja de la cotización de la divisa por el acuerdo del canje de deuda, pero la tendencia histórica nos hace suponer un proceso de deterioro de la moneda local sobre las divisas. Por ende, toda demora en la puesta en práctica del “aporte solidario” disminuirá su capacidad efectiva, medida en moneda extranjera.

La batalla es política e ideológica

Ambos temas generan debate político e ideológico, ya que las condiciones económicas de la argentina y del mundo no dan para el optimismo, menos para generar condiciones de distribución progresiva del ingreso y la riqueza, especialmente cuando se inició la negociación del acuerdo con el FMI, donde además del ajuste fiscal para hacer sostenible el pago de la deuda, se inscriben cláusulas favorables a una reforma estructural que suponen reaccionarias reformas laborales y previsionales, incluso tributarias.

Aprobar la ley resulta imperioso, para mejorar la recaudación pública y atender la emergencia, pero al mismo tiempo hace falta un profundo debate contra el “sentido común” que ubica al inversor capitalista en el origen de la producción de riqueza. Es una tarea ciclópea a desplegar en todos los territorios, especialmente en el simbólico que estimula la voluntad social de los sectores sociales empobrecidos y explotados. Entre la mayoría de la sociedad es donde debe gestarse el nuevo sentido común de otra economía, con una lógica alternativa de la producción, sustentada en la auto-gestión, sin fines de lucro y para satisfacer amplias e insatisfechas necesidades vitales de la humanidad, las que, además, deberán contemplar el cuidado de la vida en general, es decir, de la naturaleza.

La pandemia continua y nadie puede asegurar el fin de la misma en el corto plazo, por lo que la normalidad de la explotación y el saqueo aparece mediada por una decisión generalizada que induce a la recesión, o a un crecimiento pobre de la actividad económica. Es algo que verifica en estas horas el banquero central de EEUU y hace meses la Asamblea del Poder Popular en China al negarse a fijar metas de crecimiento para el presente año.

Hay que esperar en estos días un fuerte debate de ideas, en torno a “qué bueno que Argentina salió del default”, en lugar de discutir la necesaria investigación a fondo de una deuda odiosa en buena parte y que, claro, mientras se investigue se posterguen los pagos.

Al mismo tiempo, el debate apunta a discutir quien tiene que pagar la emergencia, e incluso más allá de la misma, de dónde deben salir los recursos para sustentar una política con horizonte en resolver necesidades sociales a contramano de la lógica de la ganancia.

El interrogante es quien acumula más en esta discusión por el sentido común de la sociedad.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2020



[1] UNCTAD. La producción internación más allá de la pandemia en 2020, en: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf (consultado el 29/08/2020)

[2] Jerome H. Powell, presidente de la FED, “Nuevos desafíos económicos y revisión de la política monetaria de la Fed”, 27 de agosto de 2020, en: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm (consultado el 29/08/2020)