Economía y política en el debate electoral


El gobierno privilegia en el debate político y electoral de este año los temas de seguridad antes que los relativos a la economía, especialmente ante el negativo impacto sobre la población de menores ingresos: la inflación y la recesión.
Hemos sostenido que el macrismo disputa consenso desde la política, principalmente contra el “populismo”, una categoría difusa que alude a los gobiernos kirchneristas; pero también a los procesos políticos regionales críticos a la orientación neoliberal, muy especialmente en estas horas sobre Venezuela.
No pueden defender el resultado económico, aun cuando sostienen que el rumbo político y económico es el adecuado. Incluso, tienen críticos por derecha, caso de los economistas “libertarios”, cruzados del liberalismo a ultranza, fanáticos del odio a todo proceso de distribución del ingreso o la riqueza, que pretenden acelerar el ajuste y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local.
Por eso la critica a toda propuesta que contradiga, aun parcialmente el rumbo acordado entre el gobierno, el FMI y la oposición cómplice que disputa la gestión presidencial.
¿Cuál es el rumbo?
El de la regresiva reestructuración de la economía, la sociedad y la política. Es una lógica favorable a la ganancia y a las inversiones privadas; a la promoción del individualismo y la defensa de la propiedad privada y su seguridad jurídica; junto a una “modernización” de las relaciones políticas y del Estado que aleje toda forma de participación popular en la toma de decisiones.
Por eso sostienen la necesidad de avanzar en una reforma laboral y previsional, achicando el gasto estatal y de las grandes empresas, para flexibilizar las relaciones entre el capital y el trabajo, a favor de los propietarios de medios de producción.
Esperan modificar conquistas sociales producto de una larga historia de luchas reivindicativas a través de la historia y generar una nueva normalidad. Ese es el sentido de lo sostenido contra el “derecho a la energía”, oportunamente expresado por el ex Ministro Aranguren; o la deliberada acción des-financiadora de la salud o la educación públicas.
La privatización promovida desde 1975/76 e iniciada con fuerza en los 90 pretende ser completada en un nuevo turno bajo hegemonía de las derechas locales.
El saldo será una sociedad más desigual como forma de hacer frente al relanzamiento del orden capitalista con oportunidades para grandes inversores externos, en el camino de la soja y los hidrocarburos (Vaca Muerta). Es la oferta de Macri en los viajes al exterior realizados durante su gestión.
Aprovechan un clima mundial de ofensiva del capital, las derechas y las dominantes, en una estrategia que se despliega de los 70´ con las dictaduras del cono sur y luego en los 90´ ante la caída del socialismo en el este de Europa.
Son fenómenos que ahora se presentan bajo nuevas modalidades de crítica al aperturismo globalizador, bajo el liderazgo de Donald Trump y/o procesos como el Brexit o las nuevas derechas en expansión en todo el mundo.
Cuentan con el apoyo ideológico propagandístico del sentido común inducido desde la dominación mediática y cultural. Ello exige un accionar contracultural sustentado en argumentaciones y prácticas sociales de confrontación contra el orden capitalista, el patriarcalismo y toda forma de dominación y discriminación.
Pensar y actuar otros rumbos
Por eso, no solo se trata de contrarrestar el rumbo del gobierno Macri, sino de sembrar condiciones de posibilidad para habilitar otro debate en la sociedad, que contribuya a gestar nuevas subjetividades y programas que reviertan el rumbo del poder.
Requiere de mucha audacia en la definición del diagnostico de situación y en las propuestas de transformación unidas a una práctica social económica, productiva, que anticipe en el presente la sociedad esperada. No se trata de cambios individuales sucesivos, sino de multiplicar experiencias socioeconómicas y políticas de colectivos organizados para construir el orden alternativo.
Apunto a variados procesos, sea de nuevo sindicalismo u organizaciones populares, económicas, sociales, culturales, que anticipan el devenir esperado. Un ejemplo importante está siendo protagonizado por el movimiento de mujeres, que en diversidad están impulsando un cambio cultural de enorme magnitud desde el “ni una menos” y las luchas por el aborto seguro.
Claro que no se trata de idealizar, pero en esa búsqueda está lo mas importante de las experiencias de cambio político ocurridas en Nuestra América en este Siglo XXI y que hoy se condensan en el debate sobre Venezuela.
El debate sobre Venezuela es principalmente sobre el ¿Qué Hacer? en estos tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo, la Naturaleza y la sociedad; de ofensiva de las derechas mundiales.
No es que no importe analizar los porque de los problemas que puedan existir en la tierra de Bolívar; pero si debemos enfatizar en que lo que le importa al poder es impugnar cualquier perspectiva anti capitalista, por lo que insisten en que el único rumbo posible es el capitalismo.
Ese es el discurso de Trump o Macri, de Piñera o Duque, más allá de comprensibles matices. El cerco de la derecha mundial se cierra sobre el proceso venezolano y convoca a un fuerte debate ideológico y político, no solo contra estas derechas, sino y muy especialmente con el conjunto de la sociedad, sometida a una campaña de desprestigio de cualquier intento transformador.
Resulta muy complejo ir contra el sentido común mayoritario, mas aun cuando los principales medios de comunicación propalan un mensaje critico a cualquier intento de ir contra la corriente hegemónica del orden capitalista.
En ese marco hay que pensar las elecciones de renovación presidencial de octubre próximo en Argentina y colocar un límite a la continuidad del proyecto en curso, ejecutado por el gobierno o de los cómplices políticos en los gobiernos provinciales, el poder legislativo o incluso en organizaciones del movimiento sindical y social.
Por eso insistimos también en que hace falta polemizar con los discursos críticos de la hegemonía actual para pensar en conjunto como revertir el proceso que explicita el acuerdo con el FMI. De ese modo iniciar un rumbo alternativo, de contenido y forma plural, que necesariamente confronte con el orden del capital, al tiempo que proponga otra economía para otra política y sociedad sin dominados ni dominadores.
Se trata de desafíos que trascienden el debate nacional y convergen en otros similares en la región y en el mundo.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2019

Anuncios de Macri en campaña electoral


Mauricio Macri usa la comunicación de una forma muy especial. Otorga reportajes en radios del interior del país que luego se propalan y reproducen por todos los medios: una verdadera cadena nacional.
En esta semana se anticiparon que habría anuncios para mejorar la situación del interior del país, que junto al Ministro de la Producción se precisarían medidas para mejorar la situación relativa de las economías regionales.
Las expectativas fueron importantes y los resultados menores, ya que todo se limitó a mermas en los aportes patronales para sueldos menores a 17.509 pesos, que hoy difunde Dante Sica en artículo de propaganda en La Nación del domingo 17 de febrero.
Es una disposición bienvenida para aquellos que reducen el pago de la carga laboral y está en línea con la demanda empresaria de reducir el costo como parte del gasto necesario para la producción.
Se trata de una medida que mejora relativamente la rentabilidad de la inversión y afecta el financiamiento de la seguridad social.
Convengamos que se trata de una cifra baja, pero con impacto en la reducción del financiamiento que sustenta la política de seguridad social y previsional, más aún con la premisa del objetivo por un déficit primario cero que induce al ajuste fiscal.
De este modo, ante la baja del financiamiento público, es de esperar un mayor ajuste en otras áreas, especialmente del gasto social.
En el artículo de LN se augura un futuro de crecimiento y en especial del empleo, desmentido por la realidad de la desindustrialización que afecta a sectores de las pequeñas y medianas empresas y muy claramente a las trabajadoras y trabajadores que son suspendidos o cesanteados, afectando a miles de familias.
Lo que decimos relativo al mayor ajuste fiscal, adquiere relevancia ante el comienzo de las clases y la apertura de una negociación salarial que anticipa el conflicto distributivo, agravado por la pérdida de poder adquisitivo ante el avance inflacionario.
El gobierno pretende discutir el 2019 sin remedar el atraso salarial del 2018. Eso ya está ganado para las patronales, incluido el propio Estado, que hace el achique del gasto salarial para asegurar el compromiso del ajuste con el Plan suscrito con el FMI.
Con la discusión salarial docente se evidencia la demanda del conjunto del sector laboral por recuperar lo perdido en los convenios colectivos del 2018.
Presión de los precios
El mes de enero cerró, según el INDEC, con un 2,9% de crecimiento de los precios minoristas, donde los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se elevaron en un 3,4% y los gastos por las viviendas y los servicios de electricidad y agua crecieron un 3,1%.
Los últimos, alimentos y servicios, son gastos por encima del promedio mensual de evolución de los precios y que afecta a los sectores de menores ingresos, que no pueden evitar esos consumos y gastos.
Por el contrario, aquellos sectores de ingresos reducidos concentran su canasta de gastos en satisfacer necesidades básicas, alimentación y servicios públicos.
En definitiva, se agranda la brecha entre sectores de altos y bajos ingresos, donde para los primeros, los consumos no se ven afectados por la suba de los precios de bienes o servicios. Es la base de sustento de la violencia sistémica, que los analistas esconden a la hora de analizar el fenómeno de la “seguridad y la violencia” cotidiana.
Nunca será el sistema la causa en origen y todo se diluye en casos individuales que se reproducen en la crónica policial cotidiana.
A contramano de la realidad, el Presidente anuncia como mensaje de campaña que está bajando la inflación, cuando el acumulado de enero 2018 a enero del 2019 alcanza al 49,3%, superando el máximo del registro del 2018 en 47,3%.
Parece una burla, aun cuando Macri remite a una tendencia que se explicitará, probablemente y según el mensaje oficial, en la segunda parte del año, cuando en pleno proceso electoral se frenen los aumentos programadas en servicios públicos, los que volverán hacia noviembre, con la elección ya definida.
Aludimos a la campaña electoral, ya que la estrategia fue anunciar el cronograma de aumentos en la primera parte del año para no afectar en los índices inflacionarios del momento más caliente de la campaña de renovación presidencial, más cerca de julio a octubre.
Según el programa gubernamental, aún resta eliminar subsidios y transferir a precio o tarifa a pagar por los usuarios. Eso se hará si puden en el nuevo turno de gobierno desde diciembre del 2019.
El ajuste y la transferencia del costo de los servicios públicos es una forma de profundizar la privatización y extranjerización de la economía local, algo que no se termina con las actualizaciones del presente año.
Ratificando al Ex ministro Aranguren, para el gobierno, la energía no es un derecho y por ende debe pagarse en su totalidad por los consumidores. Es algo en lo que coinciden las empresas y que abonan los comentaristas con el afán de generar sentido favorable a los intereses empresarios y en cotra del derecho a la energía.
Lo que puede esperarse son mecanismos de actualización permanente de tarifas y de precios, más aun con la dolarización implementada y la perspectiva de disparada de la cotización de la divisa estadounidense luego de las elecciones de octubre próximo, incluso antes si las expectativas electorales contradicen las aspiraciones del oficialismo.
Ruido en el poder económico
Con el argumento anterior, las petroleras no aceptan mermas en sus pretensiones de ganancias y disputan el mantenimiento de los subsidios estatales para sus empresas.
Desde Tecpetrol, del Grupo Techint se demanda una cifra millonaria en compensación por cambios en las reglas del juego relativas a la explotación de Vaca Muerta.
Más allá de quien tenga la razón en la renegociación de los contratos y acuerdos entre las transnacionales petroleras y el Estado, la pugna es por la renta petrolera.
En la lógica del gobierno existe la necesidad de renovar un nuevo periodo de gestión presidencial, entre 2019 y 2023, en condiciones de recesión aguda y deterioro de la capacidad de consumo de buena parte de la sociedad.
Por eso, necesita habilitar recursos para paliar la situación, caso de la baja de los aportes patronales que acaba de anunciar, pero al mismo tiempo necesita cumplir con el FMI y el ajuste fiscal. Por ende, necesita ajustar por distintos medios, incluso al propio núcleo del poder económico.
Techint, la familia Rocca y otros sectores del poder no aceptan una merma de las expectativas de ganancias, así como los grandes productores y exportadores sojeros no aceptaron la extensión del tiempo para la reducción de las retenciones.
El poder económico en general no acepta la rebaja de subsidios. La lógica discursiva de la cúpula empresarial es contra los subsidios estatales, cuando estos son para paliar la situación de miseria de la mayoría empobrecida de la población. Muy distinto es cuando se trata de subsidios al poder económico.
La campaña electoral de renovación presidencial está en pleno desarrollo y el gobierno asume la iniciativa para manejar los tiempos del ajuste y la disputa del consenso electoral.
El problema es la capacidad de aguante de la sociedad, que puede no coincidir con los tiempos electorales imaginados desde el poder, y construir una protesta social que desborde esa lógica, gestando condiciones de posibilidad de una objeción al rumbo general de la economía.
Las movilizaciones del verano contra el tarifazo y la demanda por actualizar salarios pueden converger en una demanda social por otro rumbo de la economía y de la política, configurando un debate político que trasciende la disputa electoral.
En los medios masivos se instala la bipolaridad de las urnas entre las dos innovaciones de la política local al comienzo del Siglo XXI: el kirchnerismo y el macrismo.
Los K emergieron desde 2003 y construyeron un proyecto que pretende disputar nuevamente el consenso de la sociedad en las urnas, mientras que el macrismo construido como proyecto político en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007, se hizo visible con pretensión nacional desde el 2015. Busca en octubre convalidar credenciales.
Ambas propuestas suman, según distintas mediciones entre el 50 y el 60% de las voluntades electorales, por lo que requieren construir articulaciones políticas y sociales que los trascienden para disputar la hegemonía y conseguir la mayoría necesaria en las urnas. Un tema importante es el sentido común que se construye en la sociedad para volcar en uno u otro rumbo la voluntad del voto, siempre que no surja una tercera variante que intente también la disputa por la hegemonía en el gobierno.
Recordemos el 73, cuando el peronismo pudo ser hegemónico desde una política frentista, más en septiembre que en marzo. Lo mismo ocurrió en ocasión de la votación del 2007 y más aún la del 2011, que no pudo sostenerse en 2015. Vale también para la estrategia electoral de la efímera Alianza en 1999.
Kirchnerismo y macrismo necesitan ampliar sus propuestas hacia coaliciones más amplias para constituir mayorías electorales que sustenten en las urnas la posibilidad de ser gobierno desde fin de año.
Como sostenemos en varias ocasiones, no solo se dirime la cuestión en las urnas, sino y especialmente en la cotidianeidad de la disputa simbólica y sobre todo desde una perspectiva alternativa, en la capacidad de organizar y promover la crítica para un rumbo más allá del orden capitalista.
Sobre este tema editorializa el Diario de los Mitre en la fecha con una prédica contra la crítica de la izquierda, el marxismo y en defensa de sostener el actual estado de las cosas.
Lo hace desde la defensa del Estado de Derecho y la Democracia en una lógica afirmativa del orden contemporáneo tal y como es, con sus giros hacia las derechas explicitados en procesos electorales en EEUU, Gran Bretaña o Brasil. 
Hace falta profundizar la argumentación de la crítica para constituir sentidos hegemónicos de contenido anticapitalista, antiimperialista, contra el patriarcado y toda forma de racismo y discriminación. No se trata solo de un problema nacional; es también un desafío continental y mundial
Buenos Aires, 17 de febrero de 2019

Macri escucha a economistas críticos por derecha


Los datos relativos a la economía son desastrosos para la mayoría de la población, especialmente los sectores sociales de más bajos ingresos. Son pocos los que se benefician con la elevada inflación y la recesión: especuladores y grandes productores y exportadores. Crece la pobreza, el desempleo y las condiciones de vida  mísera para muchos.
Ese es el marco en el gobierno para escuchar opiniones críticas de profesionales de la economía, consultores de empresas y lobistas de capitales externos, caso de Miguel Ángel Broda, que se compromete a presentar un “plan integral” con contribuciones de Guillermo Calvo desde EEUU y el inefable Domingo Cavallo. También se consulta a ex funcionarios de Fernando de la Rúa o a Carlos Melconian, que fuera Presidente del Banco de la Nación de Macri al comienzo de la gestión y que crítica el supuesto gradualismo del gobierno.
Todos los consultados reclaman política económica con un shock de ajuste fiscal, más rápido y en profundidad que el actual, en línea con el FMI, claro, pero acelerando los tiempos de disciplinamiento social por vía del achique del gasto público.
Los consultados exigen avanzar de manera urgente con imprescindibles reformas laborales y previsionales, para eliminar derechos sociales, individuales y colectivos.
Son argumentos para mejorar las  condiciones de la inversión y el resultado esperado en materia de ganancias, fiel a la lógica esencial del orden capitalista.
No se puede esperar otra cosa de ese ámbito político ideológico de la derecha en la Argentina.
Lo primero que hay que decir es que Macri escucha opiniones críticas de un espectro profesional que acuerda con el rumbo amigable con los negocios, que sustenta el gobierno Macri, del PRO y de Cambiemos.
Ni se le ocurre a Macri escuchar las críticas provenientes de la izquierda o del movimiento sindical y popular; o la que emerge de la movilización contra el impacto regresivo del tarifazo, que hoy se despliega en todo el país.
Solo hay escucha para los socios en el rumbo, aun cuando sus opiniones puedan incluso descalificar el accionar del gobierno por ineptitud.
Resultaría ilógico e irreal imaginar una consulta por izquierda cuando un personaje como Aranguren, ex Ministro de Energía de Macri, sostiene críticas a la concepción del Derecho a la Energía, para sostener enfáticamente que se trata de una mercancía que debe pagarse.
La concepción gubernamental, coincidente con la de las clases dominantes es por el mercado, las privatizaciones y la extranjerización, o sea, un rumbo de dependencia y subordinación a la lógica hegemónica del capitalismo mundial.
Es más, escuche o no escuche, la realidad de la economía avanza en el rumbo para hacer funcionar la lógica de la ganancia.
Diagnóstico erróneo
Es evidente una cuestión ideológica y política, donde solo se escucha a quienes coinciden con intervenir para resolver la demanda de hacer funcionar al capitalismo local.
La escucha tiene que ver con un diagnóstico errado en origen por parte del gobierno. El primer error fue creer que la sola definición por el capitalismo y el liberalismo atraería las inversiones necesarias para relanzar el orden económico.
Se desconocía la situación de crecimiento empobrecido del sistema mundial desde la crisis 2007/2009, tema que enfatiza en estas horas el FMI, y por ende la reticencia del capital global para orientarse a países “emergentes”, no solo la Argentina, sino otros con mayor volumen en la región, caso concreto del Brasil.
Por ese mal diagnóstico, anclado en la liberalización operada en los 90, incluso desde mediados de los 70 es que la apuesta fue por los demócratas y Hillary Clinton en la elección que ganó Trump en EEUU. Este define el rumbo discursivo contra la liberalización y a favor de proteger los intereses estratégicos de la Nación estadounidense por encima de cualquier consideración global.
El macrismo tuvo que revertir el apoyo a los Demócratas en EEUU y pronunciarse favorable a la nueva gestión estadounidense, de los Republicanos, para obtener entre otras cuestiones, el apoyo del financiamiento externo esquivo vía FMI.
Entre los errores de diagnóstico aparece el problema de los precios, con un Macri señalando que el tema era más difícil de lo que pensaba en campaña.
Aseguraba entonces que la inflación no sería un problema en su gobierno y ahora reconoce que el tema costará ser reducido y que no alcanza un periodo de cuatro años para resolverse, augurando mayores penurias en el corto y mediano plazo, más aún si hay reelección.
Claro que la inflación, en tanto mecanismo de transferencia de ingresos consolida la ecuación de perjudicados y beneficiarios, con mayor empobrecimiento de millones y la concentración de ingresos y riquezas en muy pocos.
La inflación es parte de la disputa por el poder en la Argentina, que define a los beneficiarios, a los que pueden incrementar los precios y por ende obtener el logro de apropiación de la riqueza socialmente generada.
No pueden aumentar precios quienes perciben ingresos fijos, sean trabajadoras o trabajadores, jubiladas o jubilados, o perceptoras o beneficiarios de planes sociales. Todos ellos se cuentan por millones, quienes ven contenidos sus ingresos por las políticas públicas o el accionar de las patronales que definen la política de ingresos en el país.
Por ello es que tampoco bajará la pobreza, otra promesa al inicio de la gestión Macri y sostenida en esta nueva campaña electoral por la renovación presidencial. Se afirma que un nuevo periodo presidencial del macrismo favorecerá el objetivo, cuando la realidad confirma la esencia de la desigualdad con la extensión de la marginación y el empobrecimiento de la sociedad.
Sea por error o por convicción, lo que ocurre es una disputa del sentido común en la sociedad. El gobierno disputa consenso y habla a su marco ideológico de referencia, como el único camino posible y con ello organiza su iniciativa ideológica y política para ganar el suficiente consenso que le otorgue capacidad de gobierno y una reaccionaria reestructuración del orden capitalista local.
Existe una fuerte campaña por el consenso social mínimo a una política de ajuste y reforma estructural, que trasciende a la coalición de gobierno e involucra a la oposición cómplice, quienes también disputan por vía electoral la gestión de gobierno.
Otro modelo productivo
El asunto a debatir no es solo la macroeconomía, el crecimiento o la recesión, el ajuste gradual o de shock, sino el modelo productivo, algo que es poco considerado.
Desde hace más de cuatro décadas asistimos esencialmente a un modelo de apertura de la economía, la liberalización, que coloca la producción local al servicio de la demanda internacional, no solo del agro y la minería, sino también de la industria, las finanzas y los servicios.
Vale señalar que hubieron intentos de mediatizar el rumbo con procesos de redistribución del ingreso y favorecimiento de la industrialización sin cambiar el horizonte estratégico del modelo productivo.
La apertura económica o liberalización de la economía define el modelo productivo que pretende colocar a la Argentina como proveedor de materias primas con escasa elaboración, más allá de los derivados del petróleo y la soja, entre otros “comodities” de la exportación local al mercado mundial.
Es cierto que Argentina produce aceites de soja e incluso combustibles basados en esa producción, pero la tendencia empuja a la primarización productiva y la comercialización sin valor agregado. Algo similar ocurre con los minerales y el petróleo. Existe una tradición local en materia petroquímica e incluso derivados, discontinuada en tiempos de hegemonía neoliberal.
Pretendemos apuntar a que el rumbo esencial de la Producción local remite a las políticas y rumbos inducidos desde mediados de 1975, afianzados bajo el terrorismo de Estado, configurando en la actualidad una estructura económica social de inserción subordinada y dependiente en el sistema mundial del capitalismo.
La soja y los hidrocarburos, hoy no convencionales, explican la apuesta principal por la producción local; más las finanzas y la especulación, de la que la deuda pública resulta un instrumento privilegiado.
Cuando me consultan que hacer remito a dos cuestiones que deben pensarse y actuarse en simultáneo. Una remite al cambio de la política económica financiera, monetaria, fiscal, de ingresos, de impacto macroeconómico. La otra, al modelo productivo, con otra política para modificar sustancialmente la producción primaria y secundaria, incluso el sector servicios a ello asociado.
La reforma agraria e industrial resulta así fundamental, con otros sujetos económicos promotores de ese nuevo modelo productivo, con agricultura familiar y comunitaria; cooperativas y formas asociativas de producción de pequeños y medianos productores y empresarios; con empleo de esa inmensa masa desocupada que hoy percibe beneficios sociales o deambula en la informalidad e irregularidad del mercado de trabajo. Un sistema financiero y de comercio exterior nacionalizado resulta imprescindible para ese propósito.
Para que ello sea posible se requiere poder político, impensado de ser instrumentado desde el gobierno o la oposición cómplice con capacidad de disputa electoral, por lo que no solo el gobierno de Macri no escuchará estas opiniones, sino que las combate desde todos los ángulos posibles, incluida la represión en sus diferentes dimensiones, ideológica, judicial o física.
Instalar esta discusión en la sociedad resalta indispensable, cuando el FMI visita el país para confirmar el rumbo, más allá de la crítica por derecha de liberales a ultranza y así liberar unos 11.000 millones de dólares para asegurar la cancelación de los vencimientos de la deuda externa que hipoteca cada vez más la vida de millones de argentinos.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019