Política Económica entre 2016 y 2017

Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EE.UU., que el “trabajo sucio” ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (CEPO), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.
Cuando se despedía, no dudó en hablar de “éxito” de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90.000 millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.
De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.
Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.
Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.
Nuevos ministros
Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017. Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.
El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.
La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.
El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.
La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo “distorsivo” para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.
Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.
Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de La Nación y TN.
Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.
Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.
La nueva deuda estimada entre 2016 y 2017 será de 90.000 millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.
Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.
Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.
Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que “dialogan” y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.
Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.
Nueva situación mundial
El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores.
La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EE.UU.
Luego del 20 de enero, con Danald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.
Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EE.UU., habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.
El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2016

Primerear para negociar como mecanismo del ajuste

Muchos hablan de empate en las negociaciones que encara el gobierno Macri con variados opositores, sin embargo, lo que se consolida es el ajuste.
Algo así como dos pasos adelante y uno atrás. Lo que queda es la intención originaria amenguada, pero ajuste al fin.
Impuesto a las ganancias
Un caso es el de la reforma de ganancias. La ley aprobada no es la que quería el gobierno con su proyecto de mínima (escasa actualización del mínimo no imponible y las escalas) enviado al Congreso, pero tampoco el que obtuvo media sanción en la Cámara de diputados, promovido por la alianza del arco opositor que solo excluyó a la izquierda en el Parlamento.
Finalmente, en acuerdo con la CGT, los gobernadores empujaron a los representantes de las Provincias a sumarse al nuevo proyecto, incluidos algunos referentes del kirchnerismo.
Se habló de empate, aun cuando la realidad es que el salario continúa siendo gravado como si fuera una ganancia, más allá de la denominación del impuesto.
La nueva ley no incluye la tributación a la renta financiera, excluye la reinstalación de las retenciones a las mineras y mantiene el carácter regresivo del sistema impositivo en la Argentina.
El IVA sigue siendo el estandarte de la recaudación tributaria y los de abajo financian el gasto del Estado capitalista.
Recorte en el CONICET
Otro caso remite al conflicto propiciado por los becarios del CONICET.
Por razones presupuestarias se dejaba afuera de la contratación a la mitad de los  postulantes “recomendados”, casi 500. Estos reunían las exigentes condiciones de incorporación al sistema de ciencia y técnica.
La masiva protesta y creciente adhesión social a la demanda de los jóvenes científicos motivó el acuerdo a la propuesta de incluir hasta diciembre del 2017 a los “recomendados y no seleccionados” y discutir durante el año su reubicación en otros organismos de Ciencia y Tecnología, en las universidades o en empresas.
La dura medida inicial fue revertida vía negociación, aun cuando el achique del Conicet se pospone para la discusión durante el próximo año. Eso es lo que promovió el descontento en el interior, caso de Rosario.
Algunos hablaron de empate, pero el ajuste como proyecto en el área científica se mantiene e incluso se avanza en la privatización con la relocalización de los investigadores.
Más ajuste y control del conflicto
La salida de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas anima el mismo sentido del perpetuo ajuste.
No alcanzó con los retiros voluntarios y el achique del gasto, por lo que se designa a un ajustador convencido.
El objetivo apunta a disciplinar la estructura de personal y facilitar el ingreso de la competencia privada y extranjera de las rutas locales y hacia el exterior que monopoliza Aerolíneas.
En los tres casos que mencionamos se procesa la línea del ajuste fiscal intentando eliminar el conflicto explícito. Por eso la negociación privilegiada con el sindicalismo tradicional en el caso del impuesto a las ganancias; o la postergación por un año con promesas de relocalización de trabajadores científicos.
Algo que no terminó de satisfacer a todos los movilizados, pero cuya condición era el levantamiento de la toma del Polo Tecnológico, sede del Ministerio habitado en continuado por Lino Barañao, el titular designado por Cristina Fernández a comienzo de su primer mandato y seleccionado en el gabinete de Macri.
No solo es ajuste, sino al mismo tiempo búsqueda de consenso entre la oposición que disputa la gestión, junto a procesos de negociación con las mediaciones burocráticas capaces de contener el conflicto social.
La exclusión de las CTAs y otras organizaciones sociales de trabajadores en estas negociaciones queda clara para el objetivo del gobierno Macri. Se trata de suplir la debilidad parlamentaria y nula presencia en el movimiento social con conversaciones y concesiones que hagan viable el ajuste fiscal.
Reestructuración regresiva
Así, la táctica parece ser golpear primero, negociar después y promover una imagen de empate que esconde el logro de redistribución regresiva de los recursos fiscales.
No todo es ajuste, sino que el propósito apunta a consolidar la reestructuración regresiva del orden económico y social, por lo que sigue en perspectiva la reforma laboral y previsional.
Esta última sugerida desde el FMI con elevación de la edad jubilatoria y concentración de las actualizaciones de ingresos a una vez al año. Es parte de la ofensiva del capital contra el trabajo para reducir el costo de producción y mejorar la tasa de ganancia en tiempos de dificultades.
Desde el INDEC[1] se confirma el cuadro de una profunda recesión, con un -2,4% de evolución económica entre enero y septiembre, con un registro de -8,3% en la inversión, denotando problemas esenciales del orden capitalista local.
Se acaba de anunciar un próximo aumento de las naftas para enero y la continuidad de elevadas tasas de interés, lo que confirma una expectativa de inflación superior a lo imaginado en el Presupuesto 2017.
La revolución es un sueño eterno
La recesión y la inflación son condiciones para el descontento que puede motorizar el conflicto, por lo que para el gobierno Macri, controlar la conflictividad es un objetivo político estratégico.
Obturar esa posibilidad es un desafío para construir alternativa popular con la posibilidad de ir más allá de la gestión y reforma del orden vigente.
Desde esa concepción es que nos animamos a coincidir con el reciente desaparecido Andrés Rivera, sobre que “la revolución es un sueño eterno”.
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2016



[1] INDEC. Informe de avance del nivel de actividad. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_12_16.pdf

Ingresos populares en deterioro

Continúa la discusión sobre el impuesto a las ganancias, especialmente en lo relativo a la cuarta categoría que recae sobre los trabajadores, mientras la situación económica se deteriora para la mayoría de la población.
Para los sectores más concentrados, el año cierra con un balance positivo, aun cuando siguen demandando al gobierno mejores condiciones de política económica para acrecentar su toma de ganancias.
Según el INDEC, la inflación de la zona metropolitana en el mes de noviembre alcanza una variación de 1,6% con relación al mes anterior, siendo del 1,9% para alimentos y bebidas, el principal rubro de interés para los sectores sociales de menores ingresos.
El titular del INDEC señala que hay que tener paciencia y que no resulta sencillo bajar la inflación, especialmente de alimentos y por ajustes de tarifas de servicios públicos, las que seguirán creciendo en el futuro mediato.
El impuesto a las ganancias se discute políticamente entre el proyecto del gobierno y el de la oposición parlamentaria que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La cuestión pasa por cuanto déficit fiscal puede soportar el Estado y no por criterios de progresividad tributaria y atención de las necesidades sociales. Es una discusión evitada cuando se eliminaron las retenciones a las exportaciones con un efecto fiscal evidente.
Las negociaciones involucran a la cúpula de la CGT y excluye a las otras centrales sindicales, con importantes desconformidades en el campo sindical y entre los trabajadores. Eso explica las próximas medidas de paro declaradas desde los sindicatos del transporte.
Entre la inflación creciente y las quitas por ganancias, los ingresos populares se diluyen y afectan las condiciones materiales para la reproducción de la vida cotidiana. Aun cuando las ganancias afectan a los salarios más altos, establece límites a la mejora de los menores ingresos de una abultada mayoría social.
Elecciones en puerta, tasas internacionales y deuda en alza
Todo remite a la especulación política del año electoral que se avecina y las necesidades de la población se negocian según las cuotas de poder de los involucrados en las idas y vueltas de un acuerdo que no terminará de satisfacer a los principales perjudicados: las/os trabajadoras/es y sus familias.
Resulta imprescindible una discusión a fondo del régimen tributario, que culmine con una reforma impositiva que resuelva progresividad en el ingreso fiscal para el financiamiento del Estado.
Claro que tendrá que acompañarse de otras medidas, porque derivado de políticas externas, el gasto público se expande como consecuencia de la suba de tasas de interés definidas en EEUU.
Especial impacto tiene en el incremento de los pagos exigidos por el elevado endeudamiento público promovido en la Gestión Macri.
A septiembre del 2016 la deuda pública supera los 264.600 millones de dólares; 10.600 millones más que a diciembre del 2015, aun con la merma que supuso la cancelación con acreedores en conflicto. Aun así, todavía existen 8.775 millones de dólares de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda, una rémora del 2001.
El ajuste lo pagan los de abajo
Los ingresos populares bajan por la inflación y no actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales, sino también por mayores compromisos fiscales que afectan el gasto público social.
Con la recesión y la inflación se procesa un ajuste que castiga a la mayoría de la sociedad, al tiempo que se generan condiciones de demanda de las clases dominantes para nuevos y recurrentes ajustes del gasto público, que son acompañados de nuevas adecuaciones del tipo de cambio, que por ahora se expresan en subas del dólar paralelo, como antesala de nuevas devaluaciones.
El año cierra con descontentos variados y una conflictividad diversa, que la iniciativa gubernamental y de la política tradicional ha podido contener en una demanda que venía creciendo por un paro general.
Todas las condiciones sociales, económicas y políticas están dadas para la extensión de ese conflicto social en el marco de los 15 años de la crisis del 2001 que se cumplen el próximo 19 y 20 de diciembre.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2016

Macri cumplió un año de gobierno en Argentina

Los datos económicos y sociales del 2016 son claros y manifiestan una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con bajos ingresos hacia un núcleo muy concentrado del poder económico.
Es el resultado buscado, con pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben ingresos fijos, activos y pasivos, trabajadores regulares e irregulares, con o sin seguridad social. En el otro ángulo ganancias acrecidas por efecto de la devaluación, quita o eliminación de retenciones a las exportaciones, cancelaciones de deuda pública y aumento de las tarifas de servicios públicos privatizados.
Son beneficiados de la política económica los grandes productores y exportadores, del agro, la minería y la industria; los acreedores externos, la banca transnacional, la especulación financiera y las transnacionales que dominan la producción y los servicios en la Argentina. Los perjudicados son la inmensa mayoría de la sociedad.
Así se consolida un orden económico sin lugar para el desarrollo de un mercado interno ampliado, con un amplio abanico social condenado a la pobreza y a la subsistencia, incluida la opción que ofrece el delito para la supervivencia, e incluso la incorporación al mercado de consumo.
En este mapa son variadas las economías regionales en problemas, o los sectores económicos sociales pequeños y medianos de la economía que pierden función, textiles, calzado, juguetes, talleres sidero metalúrgicos, entre muchos otros, y que solo sobreviven en la marginalidad y la ilegalidad. La situación irregular de trabajadores y pequeños empresarios se transforma en un hecho estructural.
Déficit fiscal
Todo el combo de política económica derivo en mayor déficit fiscal para el Estado nacional, argumento oficial para incumplir la promesa de campaña electoral de Macri para eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, un sinsentido en sus términos: el salario no es ganancia.
Ante la maniobra de la oposición parlamentaria, que dio media sanción a un proyecto de modificación al impuesto a las ganancias (que no agrada al oficialismo y genera menores ingresos para el Estado) puede el macrismo obstaculizar el proyecto cuando se trate en el Senado, o directamente vetarlo.
Lo real es que bajo cualquier opción, el oficialismo cargará con el costo político del veto o el desfinanciamiento estatal con restricción para la negociación con las provincias, especialmente los gobernadores, también afectados por la disminución de ingresos estatales.
El veto presidencial puede disparar el conflicto sindical, de las organizaciones de mayor convocatoria a la hora de un Paro Nacional.
Hasta ahora, la pulseada con el sindicalismo tradicional la venía ganando el gobierno que postergó vía negociaciones el Paro Nacional, invocado por las CTAs y otras organizaciones sindicales y activos de trabajadoras y trabajadores en conflicto.
Desde el punto de vista económico, el déficit se financia con nuevo y mayor endeudamiento público, lo que augura nuevas crisis de la deuda en el mediano plazo y recrea compromisos de cancelación de intereses y capital a costa de otros rubros de los presupuestos y el gasto público social.
Es un problema agravado con la suba internacional de las tasas de interés y la valorización del dólar, todas consecuencias posteriores a la elección de Donald Trump en EEUU.
Los nuevos tiempos de la política mundial potencian la dependencia del capitalismo local a la lógica de la ganancia que imponen las transnacionales y la política económica de las principales potencias del mundo.
Expectativa por el desembarco de los inversores externos
El 2017, año de renovación parcial del Parlamento se pone en juego la capacidad política del gobierno Macri para hacer posible la finalización del mandato y optar por un nuevo periodo. Se trata de un propósito por el que disputan otros proyectos políticos que se ofrecen como mejores gestores del gobierno de la Argentina.
La clave está en la gestión del conflicto social. Unos en el gobierno esperan contenerlo, aun a costa del mayor gasto público, algo que a los más ortodoxos en el gobierno no les suena nada bien, caso del elenco directivo en el BCRA. Otros, desde la oposición estimulan la amenaza del conflicto y proponen perspectivas de distribución del ingreso de difícil materialización sin cambiar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo.  
Macri dijo que iba a cambiar la lógica económica del periodo anterior y solo agravó las consecuencias sociales. Otros reivindican los primeros 4 años de la experiencia kirchnerista e imaginan la posibilidad de un capitalismo nacional con distribución progresiva del ingreso, por lo que no dudan en hacer alianzas con el macrismo o el kirchnerismo, según sean las circunstancias. Con el macrismo para cancelar deuda, por ejemplo, y con el kirchnerismo para modificar el impuesto a las ganancias, in-modificado en los años previos, incluso con mayoría parlamentaria.
No resultará sencillo cumplir con esas aspiraciones de control del conflicto social, ya que el deterioro de los ingresos populares genera descontento, base de la protesta y organización popular. Pero, al mismo tiempo, el imaginario de un capitalismo con mayor distribución del ingreso sosteniendo la primarización exportadora actual confronta con la posibilidad de un capitalismo redistributivo, amén de no conciliar con la lógica de los inversores. Es lo que ocurrió en estos últimos años, con extensión de la producción de soja para la exportación, ídem la minería y los hidrocarburos.
Bajar el costo laboral como propósito
En este sentido, todos, en el gobierno y en la oposición sistémica, aspiran a una recuperación de la economía vía inversiones externas. Por su parte, los inversores exigen cambios en las reglas del juego económico, es decir, seguridad jurídica para sus inversiones. Eso requiere profundizar el cambio regresivo en la relación entre el capital y el trabajo, con mayor precarización y control de la respuesta y el conflicto sindical y social.
Las inversiones no llegaron aun a la Argentina porque se requiere seguridad de recupero de la inversión, con una rentabilidad adecuada a las condiciones de funcionamiento en crisis del sistema mundial del capitalismo. Hay que bajar el costo salarial pregonan.
Argumentan que solo 8 millones de población económicamente activa del sector privado en la producción y los servicios sostienen una política de empleo público, la seguridad social y la previsión que involucra en su conjunto a 20 millones de personas.
Claman por terminar con esa situación, alivianando impuestos al sector privado para hacer atractiva a la Argentina para los inversores.
Por eso, la llave está en la gestión del conflicto para hacer sustentable el orden capitalista. Pero también, el conflicto puede desatar la disputa por otro modelo productivo y de desarrollo modificando la agenda de la discusión, donde ya no talle la ganancia sino la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
Vale discutir quien produce y cómo, pero también cual es la apropiación de ese producto social, cuales son las normas de la organización del trabajo, la extensión de la jornada, los beneficios sociales y la inserción de la economía local en el sistema mundial, empezando por nuevas y fraternales relaciones con los países vecinos, algo que suena contradictorio con las recientes sanciones a Venezuela en el Mercosur.

Buenos Aires, 10 diciembre de 2016