Estado y Mercado. Relaciones sociales en disputa



Resulta interesante considerar algunas de las definiciones relativas al “Estado” y al “Mercado” que sobre economía transitan el debate mundial.
Por un lado podría analizarse la decisión asumida hoy por el gobierno de Bolivia que nacionalizó la empresa SABSA, Servicios de Aeropuertos Bolivianos. Es claramente una medida de intervención del Estado, considerado por varios actores, el gobierno de España y las autoridades Europa como un avasallamiento del Mercado.
 Por otro lado considerar la recomendación realizada por los Ministros de Economía y Hacienda del G20, reunido recientemente en Moscú, orientada a dejar que sean los mercados los que definan las cotizaciones de las monedas. Dicen textualmente “Reiteramos nuestros compromisos a actuar rápidamente a favor de sistemas de tipos cambiarios determinados por el mercado”. Agregan que "Evitaremos la devaluación competitiva. No alteraremos nuestros tipos de cambio para propósitos competitivos". Son recomendaciones contra la intervención estatal y a favor de los mecanismos de mercado.
Lo que pretendemos discutir es que no existe la ecuación Estado versus Mercado que se quiere hacer ver.
En ambos casos interviene el Estado, y lo que debe discutirse es quién se beneficia en cada caso. El Estado privatizando o expropiando asume una definición de favorecer o desfavorecer actores económicos y sociales. Del mismo modo que si se devalúa o no, también se asume que existan determinados beneficiarios o perjudicados. Solo observemos en la historia argentina quienes son los beneficiarios del club de la devaluación: los grandes productores y exportadores.
El Estado y el mercado son relaciones sociales, que expresan contradicciones y disputas.
Lo interesante es considerar quien ejerce la hegemonía en el Estado y quién se beneficia con las decisiones asumidas por el Estado. Del mismo modo puede pensarse a las relaciones asimétricas que operan en el mercado, por ejemplo en la capacidad que cada quien tiene para fijar los precios, y por eso en la Argentina se ensaya ahora, nuevamente, un acuerdo de precios entre el gobierno y las empresas para establecer el congelamiento y evitar que la escalada de precios, ahora reconocida por el gobierno.
En Bolivia se actúa contra inversores externos que explotan un servicio de aeropuertos con el fin de obtener ganancias y remitirlas a sus casas matrices. Se ejerce soberanía contra la impunidad y rapiña del inversor externo.
El G20 sugiere que las políticas cambiarias, de Europa, Japón, EEUU, o de cualquier país, están motivadas en cuestiones de mercado, obviando que esas políticas son formuladas por los Estados para favorecer determinados intereses de los que actúan en los mercados.
La empresa SABSA fue denunciada por el gobierno de Evo Morales por no cumplir con los compromisos de inversión asumidos en la privatización y por hacer oídos sordos a los reclamos realizados en ese sentido. La empresa invirtió en la compra de las acciones una cifra irrisoria, unos 26.000 bolivianos (poco más de 3.700 dólares) para administrar más 400 millones de dólares. Según explicó el propio presidente boliviano, en los últimos años la empresa española administradora de SABSA obtuvo más de 20 millones de dólares de ganancia que fugaron de Bolivia. No hay duda que se trata de una inversión en el mercado altamente beneficiosa. Ante esa situación, el Estado interviene para retomar la gestión soberana de un servicio que resulta de interés para el pueblo boliviano.
Mientras, en el G20 se discute la preeminencia del mercado sobre el Estado y se demanda que los Estados no habiliten una guerra de monedas en aras de la competitividad. Ello viene a cuento de las medidas cambiarias que viene asumiendo Japón para hacer competitivas su producción y exportaciones. Algo no muy distinto de lo que viene haciendo EEUU, devaluando el dólar contra otras monedas globales. Claro que Europa y su zona euro actúan a contramano, pues en lugar de devaluar para competir, pretende hacerlo afectando el costo de producción, por lo que induce reducciones de ingresos populares, especialmente de salarios (estatales y privados) y gasto público social. Unos con políticas cambiarias, EEUU ó Japón, y otros con políticas de austeridad, Europa, ejercen la política económica con el mismo fin, ser más competitivos con sus producciones en el mercado mundial.
En los países capitalistas desarrollados se busca combatir la crisis capitalista restableciendo la tasa de ganancia, con devaluación o apreciación de las monedas.
No se trata de una cuestión de mercado, como si el mercado estuviera por encima de las personas y sus mutuas relaciones.
El mercado es una relación social, donde se enfrentan compradores y vendedores, y en el desarrollo capitalista, el Estado fue estableciendo regulaciones que vuelcan la balanza hacia un lado o hacia el otro. Es que el Estado es también una relación social. Por eso, el gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación advirtió que la decisión de nacionalizar la filial de Aena y Albertis, empresas gestoras de SABSA “traerá consecuencias a las relaciones bilaterales entre ambos países” y califican la medida como “un acto inamistoso”. Tras cartón demandan “una valoración justa e independiente” sin asumir ninguna crítica de la rapiña e incumplimiento de la empresa española. Algo muy similar a la actitud ante la expropiación parcial de REPSOL por el gobierno argentino.
En definitiva, ni el Estado ni el mercado son neutros. Ambas categorías son relacionales y por ende están en disputa. El problema es quién decide en el mercado y en el Estado.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013

Acuerdos de precios y lucha contra la inflación



El congelamiento de precios logrado por un acuerdo entre el gobierno y los supermercados, al que luego adhirieron las cadenas de comercialización de electrodomésticos y productos electrónicos, constituyen el explícito reconocimiento gubernamental a la inflación.
La escalada de precios afecta el poder adquisitivo de la moneda, perjudicando a los sectores de ingresos fijos, entre ellos, aquellos que se encuentran en las escalas más bajas.
Puede mencionarse a la gran masa de jubilados, que solo considerando los 6 millones de pasivos del sistema nacional, 2/3 de ellos perciben la mínima, menos del 50% de la canasta necesaria para una vida digna.
Ni hablar del 35% de trabajadores no regularizados, que adicionan al problema de la capacidad de consumo deteriorada por bajos salarios, la ausencia de seguridad social y laboral.
Interesa el tema inflacionario también a los trabajadores regularizados, ya que las patronales y el gobierno apuntan a concretar ajustes salariales en torno al 20% en el proceso de paritarias en curso.
El problema es que los precios aumentan cotidianamente, mientras que la actualización salarial, si existe, procede al momento del acuerdo paritario para ir deteriorándose con el tiempo.
Los ajustes de salarios en las convenciones colectivas son apenas un correctivo de lo perdido en el periodo anterior y ante la inflación diaria el deterioro de la capacidad de compra del salario es una constante, por eso se intentan estos congelamientos, que abarcan una parte de la canasta de consumo habitual de la población.
Insistamos, la inflación afecta a quienes perciben ingresos fijos, es decir, a la mayoría de la población. Ello implica, contrario sensu, una minoría no afectada por la aceleración de los precios. Esa población vive de rentas o de ganancias, derivados de emprendimientos o inversiones, en el área de la producción, los servicios, las finanzas, o la especulación.
Con lo cual, la mayoría de la población, unos 2/3 del total no tiene defensa ante la inflación, salvo la administración de la penuria o la escases en función de los ingresos de cada quién. La minoría enriquecida no define su gasto en función del alza de los precios. No se frena el gasto tradicional, ni el suntuario, de un tercio de la población. Este sector, minoritario, pero numeroso, unos 13 millones de personas, que pueblan los lugares turísticos en vacaciones o feriados largos (que ahora abundan en la Argentina), son el principal beneficiario del mecanismo redistributivo que supone el fenómeno de la inflación.
Se pretende señalar que no todos pierden con la inflación, al contrario, la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada. Es como lo hemos sostenida varias veces, un mecanismo de poder.
¿Puede la política económica frenar la inflación?
Convengamos que no es sencillo, especialmente por ser una cuestión de poder. ¿Los acuerdos de congelamiento sirven? Solo por el tiempo de vigencia del acuerdo, siendo una gran incógnita el día después, salvo nuevos y seguidos acuerdos, que como expresa el “congelamiento”, suspenden la discusión por el tema de fondo, que es el alza de precios como mecanismo de defensa de la ganancia empresaria.
Para resolver el tema de la inflación se necesita confrontar con el poder, con los fijadores de precios. Es una decisión política que va más allá de cualquier acuerdo de precios, una estrategia ya utilizada por la actual gestión y otras administraciones nacionales, no siempre con éxito.
Para tener éxito en el control de los precios y la inflación se requiere la participación popular consciente, especialmente de los trabajadores sobre el sector con capacidad de elevar preciso en el mercado, en general, los sectores económicos de mayor concentración del capital.
Ese protagonismo social es parte de la tarea de constituir un sujeto popular muy amplio que intervenga en el control de precios donde éstos se forman. Ello supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes y servicios. Es algo que seguramente no aceptará el sector empresario, acostumbrado como viene a una lógica de impunidad ante el debilitamiento sindical y político de los trabajadores.
Esto que proponemos nunca se aplicó en la Argentina, siempre se confió en acuerdos de cúpulas empresarias y gobiernos, o buena voluntad de los propietarios de empresas. En la práctica, la supervisión de esos acuerdos queda en manos de los propios actores o de una debilitada burocracia estatal, con escasa o nula capacidad para hacer efectiva la medida.
Al mismo tiempo se requiere modificar el régimen tributario y en lugar de asentar la recaudación en el IVA, reorientar la captura de fondos para el fisco sobre la base del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones (a los jueces, por ejemplo) y gravando las rentas derivadas de las actividades bursátiles y financieras.
La inflación expresa una relación social de poder y solo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios con impacto diferencial en diferentes capas de la inflación. A solo modo de ejemplo podemos decir que el presupuesto estatal en salarios alcanzaba al 30% del gasto público hace 40 años, y el deterioro recurrente lo deja en la actualidad en un 10%. Nadie puede culpar al ajuste salarial como responsable de la inflación con datos como el referido, no muy distinto en el sector privado. En un largo periodo se demuestra la caída del ingreso de los trabajadores y las mejoras relativas de las ganancias del sector de la dominación.
El argumento contra la actualización salarial supone pensar que es mejor que sea amplio el fenómeno de los trabajadores no regularizados, y ni pensar en la materialización del 82% móvil para los jubilados, ya que eso sería inflacionario en el argumento hegemónico. Un disparate argumental para mantener a gran cantidad de la población con insatisfacción de sus necesidades.
En definitiva, el problema está en el modelo productivo y de distribución,  que favorece a las clases dominantes en la apropiación del producto social del trabajo, y uno de los mecanismos de esa apropiación es la inflación. La inflación, o su contrario, la deflación, son mecanismos del poder que utilizan las clases dominantes para defender la rentabilidad del capital.
Como siempre decimos, el problema es quién tiene el poder, y si los trabajadores y el pueblo, la mayoría de la población pueden intervenir en frenar el alza de precios y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la Argentina.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2013

¿FMI o soberanía popular?



En una situación sin antecedentes, por primera vez en la historia, el Directorio Ejecutivo del FMI, en base a un informe de Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del Fondo, acaba de sacar “una declaración de censura a Argentina en relación con el incumplimiento de su obligación ante el FMI establecida en el Convenio Constitutivo” [1] (el convenio remite al “Fortalecimiento de la eficacia del artículo VIII, sección 5”).
No hay dudas que es una iniciativa más de chantaje del poder económico mundial expresado en la hegemonía del FMI, ya que Brasil por ejemplo no acordó con la medida y se sumó a las lógicas críticas provenientes desde la Argentina.
La medición inflacionaria del INDEC y la deuda pública
La cuestión de fondo relativa a la sanción consigna que la Argentina no avanzó lo suficiente “en la adopción de las medidas correctivas desde su reunión del 17 de septiembre del 2012 para mejorar la calidad de los datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y el Producto Bruto Interno (PBI).”[2]
En la misma censura, el Directorio del FMI le solicita a la Argentina “adoptar medidas correctivas para remediar la inexactitud de los datos sobre el IPC-GBA y el PBI prontamente, pero a más tardar para el 29 de septiembre de 2013”, agregando que con ello busca “alinear esos indicadores con las pautas y acuerdos estadísticos internacionales que aseguran una medición apropiada”.
El Directorio emplaza a Christine Lagarde a informar al Directorio sobre avances hasta el 13 de septiembre del 2013, y a partir de esa información se “volverá a examinar el tema y la respuesta de Argentina de conformidad con los procedimientos del FMI.”
En buen romance, el FMI censura a la Argentina y le da plazo hasta fines de septiembre para adecuar sus mediciones de precios sobre el Gran Buenos Aires y los del PBI que se derivan del anterior. Si Argentina no cumple, el Directorio deja en suspenso amenazas de más graves sanciones, entre las que se pueden anticipar hasta la separación de la Argentina del organismo internacional. 
La respuesta del gobierno ha sido enfáticamente crítica, aún cuando se anticipan cambios en el sistema de medición del INDEC hacia el último cuatrimestre del presente año, en consonancia con el ultimátum del FMI.
Es por ello imaginable un espacio de negociación entre el Fondo y el Gobierno, algo que sugiere la censura del FMI, y más allá de las declaraciones que se hagan desde distintos sectores, oficialistas o críticos. Hasta puede pensarse en que será muy difícil para el organismo internacional llegar a la expulsión de la Argentina, según establecen las normas del Fondo, luego de una censura como la realizada. Por el contrario, puede pensarse a esta medida del FMI como una presión más (chantaje) del sistema financiero internacional para terminar de arreglar las cuestiones pendientes del default del 2001, es decir, la situación con los “holdouts” o fondos buitres, más la deuda con el Club de París, que en total rondan los 20.000 millones de dólares sin contar intereses compensatorias que puedan demandar los acreedores en un proceso de negociación.
La verdad es que la crítica a los indicadores ofrecidos por el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC viene siendo realizada en el país por los propios trabajadores del organismo de estadísticas, a la que se suman innumerables organizaciones y estudiosos asociados a la información emanada del INDEC. La crítica a las estadísticas oficiales viene desde el 2006, cuando luego del canje del 2005, las autoridades del INDEC intervienen las cifras que se difunden, afectando a la credibilidad de un sistema que solo puede resolver el Estado, y que cualquiera de las estimaciones privadas que se realizan tiene límites insondables.
El efecto de la manipulación de las cifras dificulta la medición aceptable de la inflación, limitando la capacidad de definir el efecto regresivo del aumento de los precios en los trabajadores y sus familias, como en el conjunto de los ingresos populares. Al mismo tiempo deforma la realidad de la evolución económica, sobrevalorando los ritmos de crecimiento de la economía local, algo que incide en la lógica de la disputa del consenso de la sociedad. El alto crecimiento económico actúa sobre el sentido común favorable de la población. Indicadores de mayor inflación desde el 2006 hasta el presente modifica sustanciales variables de la macroeconomía, sea el PBI, o muy especialmente los pagos que debieron hacerse a los acreedores de la deuda que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010, más los que puedan incorporarse si la Argentina reabre la deuda con el 7% que aún no ingresó a las condiciones pautadas para el canje de deuda, asunto que se tramita en estas horas en la justicia de Nueva York.
¿Las adecuaciones del sistema estadístico operarán desde cuando las haga públicas el gobierno, o regirán retroactivamente? En cualquiera de ambas circunstancias, el efecto sobre las finanzas argentinas será importante y se descargará como nuevas y mayores restricciones al gasto público social en promoción económica, del empleo, la educación, la salud, la vivienda u otras necesidades de la población.
El FMI, las crisis y el capitalismo contemporáneo
Pretendemos señalar que la crítica al sistema de información estadístico es correcto, aunque el FMI no tiene autoridad moral para el reclamo, ya que la “declaración de censura” es una iniciativa de chantaje para subordinar los recursos públicos de la Argentina para atender las necesidades de crisis mundial que atraviesa el capitalismo mundial, especialmente el sistema financiero y el ámbito de la especulación global, totalmente funcional al sistema capitalista contemporáneo.
El FMI no es neutral, es un instrumento de organización del sistema mundial construido en 1945 para ordenar el sistema mundial bajo la hegemonía estadounidense. Es más, las adecuaciones ocurridas desde entonces, se asocian a la disputa de la hegemonía mundial que se habilita a partir de la crisis de 1971, cuando EEUU rompe unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods que dieron nacimiento al Fondo.
La responsabilidad del FMI en la crisis de los ´70, las que siguieron, y en la actual, no son responsabilidad exclusiva de la burocracia del organismo, o falta de pericia técnica (como sostienen innumerables comentarios) sino que han sido absolutamente funcionales y en sintonía con las necesidades de desregulación y liberalización de la economía mundial, especialmente el libre movimiento de capitales internacionales y la hegemonía del capital transnacional, donde el sistema financiero jugó un papel destacado.
Debe recordarse que fue desde los organismos internacionales, especialmente el FMI que se lideró el proceso de reestructuración regresiva de las finanzas y la economía mundial.
La desregulación del sistema financiero estadounidense en los ´80 bajo la administración Reagan, expandida a escala global, explica la acumulación de ganancias y poder de los grandes bancos de inversión de EEUU y luego europeos y japoneses. Son esos bancos los que provocaron la debacle actual y que actúa como aspiradora de recursos fiscales a costa del desempleo y miserabilización de la población del país potencia y de los principales países del capitalismo mundial. Es un ajuste antes aplicado sobre los países más atrasados de América Latina, África, Asia y Europa del este luego de la debacle soviética.
No puede entenderse el programa mundial de la liberalización de la economía y del neoliberalismo de los últimos cuarenta años (1973/2013) sin el FMI. El Fondo se asoció a la represión del Terrorismo de Estado en Sudamérica, que dio origen al ensayo que luego generalizarían Reagan y Thatcher desde la hegemonía estadounidense y británica sobe el sistema mundial. La hegemonía es de EEUU pero el Director Ejecutivo del FMI siempre fue un europeo, en general “liberales”, aunque también socialistas como el recordado Dominique Strauss Kahn, que de no ser por la denuncia de acoso sexual tenía expectativas de dirigir al Estado francés, ese mismo que hoy dirige las tropas de intervención en Mali.
¿Qué hacer?
La exigencia explícita del FMI apunta a la adecuación estadística a los mecanismos de información según la práctica de los países hegemónicos del sistema mundial, y la implícita a la subordinación del país a un sistema que no admite el mínimo desafío al orden capitalista mundial. Es una situación que el organismo analizará en plazo cierto (septiembre próximo). El FMI emplaza a la Argentina, siendo ello inaceptable.
Ante la situación generada, la Argentina tiene que regularizar por mecanismos propios y sin intromisión del FMI el INDEC, tal como lo reclaman los trabajadores de ATE del organismo y diversos sectores económicos, sociales, políticos y especialistas del campo de la estadística y las ciencias sociales. Un reclamo que se reitera desde la virtual intervención en 2006/2007, y al mismo tiempo denunciar al FMI, los acuerdos de la Argentina con el organismo, e incluso retirar la membrecía, al tiempo que llevar al discusión al Mercosur, la Unasur y la Celac. Estos ámbitos de integración son los que privilegia la Argentina y en ellos se debe estimular al conjunto o algunos de los países de la región a actuar en consecuencia, más allá de la solidaridad ya otorgada por algunas países y que debe demandarse de todos.
El argumento de fondo es que el FMI es corresponsable de la crisis mundial actual y ya no sirve ni siquiera para estabilizar el capitalismo, que la situación amerita una crítica al capitalismo y a sus instrumentos, entre ellos e el FMI y el resto de los organismos internacionales.
La Argentina tiene que asumir una actitud soberana al respecto y junto a denunciar al FMI y retirarse del organismo, es el momento para realizar una asignatura pendiente del régimen constitucional desde su inicio en 1983: investigar la deuda pública vía auditoria y suspender transitoriamente hasta obtener los resultados del estudio sobre legalidad de la deuda los pagos al exterior.
Nuestra posición asume que es el momento político para poner en evidencia que detrás del FMI y los organismos internacionales está el imperialismo, los principales Estados capitalistas, sus mecanismos de articulación como el G20 y las transnacionales como sujetos principales del sistema capitalista mundial. Desde la Argentina puede potenciarse una iniciativa que desde lo local convoque al movimiento popular mundial a repudiar el accionar del FMI, no solo por la censura a la Argentina, sino por la agresión sistemática a los pueblos del mundo desde su surgimiento.
Se trata de convocar desde la soberanía popular a la lucha de los pueblos contra el FMI, símbolo e instrumento de construcción del régimen de explotación capitalista, por lo que la denuncia y la campaña a desarrollar supone la denuncia del propio capitalismo, su crisis, y la necesidad de construir una sociedad anti capitalista.
La Paz, 4 de febrero de 2013


[1] Declaración del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina. Comunicado de Prensa No. 13/33. 1 de febrero de 2013. En: http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2013/pr1333s.htm#P22_1029 (consultado el 4/02/2013)

[2] Ibidem

Actualización del mínimo no imponible



Una de las reivindicaciones de los sindicatos en el último tiempo apuntaba a la actualización del mínimo no imponible de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, aunque recordemos que en algunos casos se criticaba el carácter del tributo ya que los trabajadores perciben salario y no ganancias. Para este caso, la reivindicación pasa por la eliminación del impuesto.
Más allá de ese debate de fondo y que remitiría a una demorada reforma tributaria, a casi dos años de la anterior actualización del mínimo no imponible, finalmente se anunció una actualización a partir del primero de marzo próximo, tiempo de paritarias para actualizar salarios. Casi al mismo tiempo se aumentan ambas variables, el salario y el mínimo no imponible, con lo cual, desde el punto de vista de la mayor capacidad de ingresos, la medida resulta discutible. Es cierto que se puede argumentar que si no se actualizaba el mínimo no imponible, el descontento entre los trabajadores afectados hubiese sido mayor.
Vale considerar que tanto las negociaciones colectivas, como la carga tributaria, operan sobre una parte de los trabajadores. Recordemos que 35% de los trabajadores están en situación irregular por no estar registrados por sus patronales, con lo cual, esos trabajadores solo reciben actualizaciones marginales de sus ingresos aún cuando negocien adecuadamente los trabajadores sometidos a regímenes de convenios colectivos. Claro que tampoco tributarán ganancias, por no estar registrados y además, sus ingresos son menores a la media de los ingresos salariales, los que están por debajo del mínimo no imponible.
El descontento de los sindicalistas remite a la inflación real registrada desde la última actualización, que por remitir a casi dos años acumula entre 40 y 50%, según sea la estimación que se asuma ante la increíble cifra aportada por el INDEC, que valida el 20% de actualización anunciada esta semana. El tema preocupa porque más allá de la cantidad de personas que terminen tributando, creció en este tiempo la cantidad de trabajadores sujetos al impuesto.
La situación de disconformidad deriva en mayor conflictividad en defensa del ingreso, que viene deteriorado en su capacidad de compra por el crecimiento de los precios, y sin estrategia visible de política económica para frenar la inflación, salvo el llamado presidencial a la mesura de los sindicalistas en las negociaciones salariales. Hemos insistido en varias ocasiones que el alza de precios es una cuestión de poder, y en la economía, quien decide es el capital hegemónico en el agro, la industria y los servicios, aquellos que generan esos precios que suben cotidianamente y que afectan la satisfacción de necesidades de la familia de los trabajadores. El comentario es válido incluso para hechos delictivos que afectan los precios regulares, caso del dólar paralelo, cercano a los $8 y que más allá de cómo evolucione aceleró el proceso de devaluación de la moneda nacional, afectando los ingresos populares. Desde el gobierno se minimiza el impacto del pequeño club del “blue” (dólar paralelo), sin embargo, esa medida de especulación ilegal impacta en la cotización oficial e incidiendo en los precios del conjunto de la economía, sin considerar que algunos precios se mueven al ritmo del precio paralelo de la divisa.
En simultáneo se informó de la actualización de la mínima jubilación, del orden del 15,18%, resultado de la aplicación de la ley que ajusta dos veces al año el ingreso de los jubilados y pensionados. La ANSES informó que Argentina figura a la cabeza de la cobertura previsional en la región latinoamericana, aunque el movimiento de jubilados resalta que más del 70% de los jubilados nacionales perciben la mínima, al tiempo que demandan por la aplicación del 82% móvil de ingreso mensual. El titular del ANSES prefirió resaltar que el 46% reciben ingresos por encima de la mínima, lo que supone un reconocimiento implícito de la amplia base de percepción de ingresos previsionales en la mínima.
¿Quién se sacrifica?
Desde el gobierno se enfatizó el “sacrificio fiscal” que estas medidas representan, aunque valoraron que representan recursos que mayoritariamente se orientarán al consumo, con lo que se intenta limitar el proceso de desaceleración verificado durante todo el 2012. Debería agregarse que antes ocurrió el “sacrificio de los ingresos populares”, sea por la no actualización del mínimo no imponible, por el retraso en el ajuste salarial y por la carrera de los precios de la canasta básica.
Más aún, hay que interrogarse sobre esa canasta básica de consumo para interpretar el significado de las actualizaciones anunciadas. La jubilación mínima pasará a $2.165 y serán sujetos de impuestos, según informó la Presidenta, trabajadores solteros con ingresos superiores a los $8.360, o de $ 11.563 para uno casado. Según la Fesprosa, organización sindical de la CTA que agrupa a 22.000 médicos de todo el país, reclaman para 300.000 trabajadores estatales médicos de nivel municipal, provincial y nacional un salario mínimo equivalente a una canasta actualizada que estiman por mes en $ 6.950 y que llega a los $11.000 en algunas provincias patagónicas. Recordemos que el paro nacional del 20/11/12 convocado por la CTA y la CGT reclamaba un ingreso mínimo de $5.000. Hay que observar que la jubilación mínima ni siquiera es la mitad del reclamo por $5.000, ni hablar de valores superiores.
La evolución económica de la Argentina explicita una ecuación de perdedores y ganadores, que confirma la estructura económica social con un bloque de poder que traslada el sacrificio a la mayoría de la población, entre ellos a los trabajadores. Ese bloque de poder se define con la presencia hegemónica del capital transnacional y el gran capital local en la producción de bienes y servicios en su conjunto, en el agro, la industria, la banca, los seguros, el transporte, el comercio, el turismo, la construcción, etc. Ese bloque social en el poder no tiene mesura a la hora de trasladar la crisis, ya que actúa del mismo modo que los ricos del mundo se hacen más ricos, aún en la crisis, tal como lo acaba de demostrar la ONU.
El crecimiento de la pobreza y el desempleo es el dato relevante de la crisis mundial, que se disemina en todos los países del mundo, aún cuando “El economista y jefe del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), José Juan Ruiz se sumó a las previsiones del FMI”, resaltando que Latinoamérica crece más que la economía mundial gracias a “un sistema financiero muy sólido” y de la mano de sectores estratégicos como la “producción y explotación de materias primas, el desarrollo de servicios y exportaciones”, insistiendo que el reto es "mantener ese proceso en los próximos cinco años" y "crecer de manera sostenible e inclusiva".[1]
Es notorio el discurso de los organismos internacionales, remitiendo a la solidez bancaria y la explotación de los recursos naturales como mecanismos de estabilización y crecimiento económico para la inclusión social. El artículo continúa señalando que el funcionario del BID sugiere entre los desafíos para el continente la “reducción de la pobreza y la desigualdad” para “convertirse en un continente de clases medias”, y más aún alentar el proceso de “reformas de segunda generación” para incorporar trabajadores a la economía formal.
Como vemos, la zanahoria de la supuesta movilidad social, cuando la realidad demuestra en el mundo y en la región, aún con crecimiento económico que la pobreza es un fenómeno estructural y que la desigualdad se manifiesta en el grosero enriquecimiento de los millonarios de elite.
La élite del país son parte de ese bloque de poder que denunciamos previamente y son privilegiados beneficiarios de la economía contemporánea, y entre los 10 primeros por riqueza en nuestro país, se encuentran “Alejandro y Carlos Bulgheroni (Bridas), 5500 millones de dólares; seguidos por Paolo Rocca (Techint), 3000; Pérez Companc y familia (Molinos), 2600; Eduardo Eurnekian (Corporación América), 1800; Inés de Lafuente Lacroze (hija de Amalita Fortabat), 1200; Alberto Roemmers (laboratorio), 1200; Jorge Pérez (inversiones inmobiliarias en EE.UU.), 1200; Familia Rey (Pluspetrol), 1100; Roberto Urquía y familia (Aceitera General Deheza), 1100; y Luis Pagani y familia (Arcor), 1000 millones de dólares.”[2]
Esta es la razón de nuestro interrogante por el sacrificio. La conclusión remite al problema del orden capitalista y a la necesidad de revertir el sentido de los sacrificados, para que los dominados sean dominantes, y claro, eso es una cuestión de poder, de política, de construcción de alternativa emancipadora. Es un desafío para la Argentina y los trabajadores y pueblos del mundo.
La Paz, 1 de febrero de 2013


[1] América Latina representará el 10% del PIB mundial, en INFOBAE América, http://america.infobae.com/notas/65730-America-Latina-representara-el-10-del-PIB-mundial (consultado el 31/01/13)
[2] Alfredo Zaiat, Página 12 del Domingo 6/01/13