Dolarización creciente de la economía en Argentina


La situación económica se agrava para la mayoría de la sociedad en la Argentina.
Un indicador importante deriva de un dólar por encima de los 40 pesos u oscilando en torno a ese precio, sin que nadie pueda asegurar que la divisa estadounidense llegó ya a su techo.
En rigor, esa cotización del dólar perjudica la condición de vida de la mayoría de la población, pero favorece a muy pocos y concentrados productores y exportadores junto a especuladores locales y externos que acumulan con operaciones en el mercado local.
No es cierto que la devaluación perjudique a todos por igual. Existe un núcleo de poder económico que con la corrección cambiaria sale enormemente beneficiado, con mejor rentabilidad e ingreso para acrecentar la acumulación de riqueza.
La devaluación resulta un mecanismo de transferencia de ingresos y riqueza hacia acreedores externos y grandes exportadores.
Un futuro promisorio
Variados “opinólogos” sobre economía y política, del gobierno y especialmente críticos por derecha, sostienen que ahora, con este dólar el país será más competitivo, lo que ofrecerá mejores condiciones al balance de pagos en el mediano plazo.
Argumentan que con este precio de la divisa se desestimula el turismo hacia el exterior y se favorece el turismo local, con sus secuelas en hotelería, gastronomía y producción local con impacto en el empleo y mejora de las cuentas externas.
En el mismo sentido sostienen la potencial recuperación de la producción local por encarecimiento de las importaciones, favoreciendo el empleo y la recuperación económica local en todo el territorio.
Se trataría de un futuro con menor déficit comercial y turístico, incluso su posible eliminación.
Antecedentes para pensar en esa consecuencia nos remite a la devaluación del 2002, que entre otras cuestiones generaron las condiciones de posibilidad para la salida de la gran recesión entre 1998 y 2002.
Desde lo propagandístico remite a un futuro promisorio. Ahora en la coyuntura, la devaluación incrementa la pobreza y caída de los ingresos populares, pero se constituye en plataforma de superación de la recesión en curso.
Se presenta a la devaluación como una necesidad del ajuste de la economía, en un rumbo de miseria presente y futuro prometedor, casi como promesa en campaña electoral.
Ajuste fiscal y presupuesto 2019
Claro que ese futuro promisorio requiere también de la eliminación del déficit fiscal, tema que se tramita en Washington con renovación del acuerdo de junio pasado con el FMI.
A cambio de acortar el plazo de los desembolsos del organismo internacional e incluso gestionar más fondos, el compromiso local es el ajuste sin anestesia para bajar el gasto público social.
Esa negociación en Washington tiene correlato en las búsquedas de consenso político en la Argentina para lograr antes de fin de año el presupuesto 2019 con déficit primario cero.
Los gobernadores de provincias son los primeros en la lista del ablande para el consenso del ajuste, ya que son receptores o no de fondos nacionales para asegurar sus propios fines políticos, incluso de reelecciones en el próximo evento electoral.
El presupuesto del ajuste en 2019 requiere de consenso legislativo, por lo que los poderes ejecutivos provinciales son inducidos por el gobierno nacional a generar acuerdos de legisladores representantes de las provincias para dotar de presupuesto a la Nación y al gobierno Macri.
Se trata de un presupuesto en sintonía con el acuerdo FMI en negociación y que avala la gestión Trump en su estrategia continental para revertir el ciclo “populista” en Nuestramérica.
La aprobación del presupuesto, más si se logra antes de la cumbre de Presidentes del G20 el 30/11 y 1/12, será evidencia de control político institucional para el shock de ajuste exigido por la lógica del poder mundial, más allá de las críticas locales al restablecimiento temporal de las retenciones a las exportaciones.
El sacrificio del presente y el rumbo de la dolarización
La carestía de la vida la sufren los sectores de menores ingresos, con una inflación de precios para agosto del orden del 3,9% y una proyección para septiembre que alcanzaría el 6%.
Son valores que escalan los precios para todo el 2018 en torno al 45%, contra las mejores paritarias logradas en torno al 25 o 28%, en clara pérdida de la capacidad de compra del salario y los ingresos populares.
El combo de inflación y recesión impacta regresivamente a salarios, jubilaciones y planes sociales, afectando a millones de personas de menores ingresos.
Los índices de precios se explican también y en parte por el cambio de la cotización del dólar, en una economía que ya está dolarizada, por lo menos en precios de los combustibles, en tarifas de servicios públicos o en negocios inmobiliarios.
Por lo tanto, la propuesta de dolarización o convertibilidad llegada desde un asesor de la Casa Blanca no resulta una propuesta extraviada, más allá de desmentidos oficiales desde el gobierno o del propio FMI.
El camino en curso apunta a la dolarización o si se quiere, a la perdida permanente y recurrente de soberanía monetaria, tal como sostienen y fundamentan opositores por derecha al propio gobierno.
Se destacan en ese sentido José Luis Espert o a Javier Milei con opiniones relativas a la exacerbación del ajuste e incluso la eliminación del BCRA para liberalizar el uso de las monedas entre la población.
Es una concepción de liberalización exacerbada con menos Estado y regulaciones para asegurar la total libertad del mercado.
¿Qué presente y qué futuro?
Muchos sostienen que esto no aguanta más, que todo explotará por el aire, con un diagnóstico apocalíptico y catastrofista.
Resulta más realista pensar que no hay límite para la pérdida de derechos (salud, educación, empleo, salario e ingresos) y el deterioro de las condiciones de vida si no se generan masivas resistencias y muy especialmente elementos para construir un imaginario alternativo con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados.
La iniciativa del gobierno está en marcha y supone el presente de inflación y recesión, con ajuste en el gasto social por lo menos para el 2018 y buena parte del 2019, todo financiado desde el FMI y si se puede con recursos complementados por Estados amigos, caso de EEUU e incluso por el mercado financiero mundial.
El problema es la iniciativa política popular, no sola para enfrentar la estrategia en curso, sino para construir un nuevo proyecto productivo y político de sociedad diferente, con más derechos sociales y equitativa distribución del ingreso y la riqueza.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2018

Argentina en shock de ajuste y devaluación. Inflación y recesión

NOTA: Artículo realizado para el Semanario Comunista “el Popular” Digital, No 439, 7 de setiembre /2018, 3a Época-Uruguay, en: file:///C:/Users/JULIO/Downloads/El%20Popular%20digital%20439%20(1).pdf (consultado el 7/9/2018)

La situación económica y política de Argentina se viene agravando en un año que puede terminar con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual.
Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones de perjudicados entre los sectores de menores ingresos de la sociedad.
El resultado directo es una mayor concentración y centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por la guerra comercial desatada por EEUU.
Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas, escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40 pesos por dólar (17,50 en diciembre pasado), lo que motivó que el BCRA elevara la tasa de interés de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con la demanda de divisas.
Consolida así a la Argentina como una economía de especulación, que junto a la inflación y la consecuente recesión castiga a los sectores productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico.
Los grandes perjudicados son los perceptores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por millones.
Shock de ajuste
En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez en tres meses al FMI para lograr sustento financiero a una política económica que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020,  anticipando metas establecidas en el memorándum suscripto con el FMI en Junio del 2018.
Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones.[1]
Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020 remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.
Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento de la economía argentina.
El déficit financiero se eleva en 2019 al 3,2%, de modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.
Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en el ingreso fiscal.
Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación; reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.
Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.
En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto total de, 1,1% del PBI.
Son dos las cuestiones a destacar al respecto.
Una remite al fondo que supone restablecer retenciones a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri fuel la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las retenciones a la soja.
Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el gasto es mayoritariamente en pesos.
¿Qué significa todo esto?
El propio gobierno reconoce que crece y crecerá la pobreza en la Argentina, cuando la campaña electoral y el primer mensaje oficial al país suponían el compromiso de Pobreza Cero. Es una proposición que quedará muy lejos con el ajuste en curso.
La sola devaluación cambiaria, de 9 pesos en diciembre de 2015 a los 40 actuales, o la reciente duplicación de 20 pesos a 40 entre la corrida de mayo y sucesivas, sin límite predecible en el corto plazo, significa traslado a precios de la economía, especialmente en aquellos que afectan la canasta de consumo cotidiano y por ende con impacto entre sectores más empobrecidos: perceptores de salarios, jubilaciones o planes sociales, la mayoría de la sociedad.
Argentina dolarizó en estos años el precio de los combustibles y de las tarifas de servicios públicos, afectando la cadena de precios de buena parte de los consumos populares, especialmente alimentos y medicamentos.
Todo contribuye a alejar la capacidad de cobertura de necesidades sociales con los ingresos populares devaluados.
De hecho, el gran objetivo del capital hegemónico apuntaba a la reducción del costo laboral, algo que no pudo avanzar por vía legislativa ante la resistencia impuesta por el movimiento sindical y territorial de trabajadores, que en conjunto desplegaron iniciativas de confrontación y límite a los propósitos de reforma laboral regresiva, al estilo Brasil.
Sin embargo, con la devaluación cambiaria redujeron los salarios en dólares, mejorando la ecuación a favor de los inversores dolarizados que el gobierno aspira atraer para inversiones en energía, yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales por ejemplo; o en comunicaciones y áreas de infraestructura.
Las negociaciones salariales paritarias han sido condicionadas en estos años, estableciendo techos por debajo de la inflación, lo que supone pérdida de ingresos salariales en la distribución funcional del ingreso.
Para este año el techo se había establecido en 15%, luego se flexibilizó a 20% y algunas organizaciones sindicales lograron actualizaciones del 26 al 28%, en un gran logro de lucha y organización. La realidad ahora desbordada de una pauta inflacionaria del orden del 40% esperado aleja cualquier recomposición salarial contra precios.
En el mensaje presidencial del lunes 3/9, no son sin cinismo, Macri señaló la imposibilidad de satisfacer la demanda salarial de los profesores universitarios, en paro desde el 6 de agosto, en el marco de un conflicto que ascendió a la toma de varios institutos universitarios y masivas movilizaciones callejeras de la comunidad universitaria más allá de la demanda corporativa de los docentes.
Con el deterioro de los ingresos populares como el principal efecto, se agudiza la perspectiva recesiva de la economía argentina. El propio INDEC informa que:
“La actividad de la industria manufacturera de julio de 2018 presenta una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial (EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que registra una variación interanual de 0,0%.”[2]
El apoyo de EEUU y de Trump
Importa destacar el apoyo del poder económico y político mundial, del FMI y su principal accionista: EEUU y su inefable titular.
En junio pasado y con escaso tiempo de negociación, el FMI apoyó con un crédito inusual de 50.000 millones de dólares al gobierno argentino y por tres años.
Ya se desembolsaron 15.000 millones y se suponían desembolsos de 3.000 millones cada tres meses desde septiembre del 2018.
El FMI ya realizó la primera auditoría y desde ayer se renegocia el acuerdo en Washington.
Aun cuando resten semanas para la aprobación oficial, la Directora Gerente, Chrstiane Lagarde ya anticipó el acuerdo que consistiría en adelantar los aportes previstos para 2020 y 2021 antes de finalizar 2019 (fin de mandato Macri), a cambio del shock de ajuste antes comentado.
Por si había dudas, y aun creciendo el “riego país” a 739 puntos en la fecha, Donald Trump se comunicó telefónicamente con Macri para manifestarle su acuerdo con el rumbo económico y el liderazgo del Presidente de Argentina en la región latinoamericana, al tiempo que ratificó la presencia en la Cumbre del G20 (coordinado este año por Argentina) a realizarse en Buenos aires el 30/11 y el 1/12 próximos.
No hay dudas, el principal accionista del FMI dice que el organismo internacional debe facilitar los recursos necesarios para sostener al principal aliado político en la región.
El tema es que más allá de inversiones externas demoradas por el ciclo mundial de la economía, el poder mundial necesita del gobierno argentino en su apuesta al cambio de agenda en la región a favor de los intereses del gran capital.
La consideración es que el consenso electoral a un programa de derecha como el argentino, resulta más funcional que cualquier otro gobierno deslegitimado por origen golpista, caso del Brasil, en su prédica contra Venezuela o los mecanismos de integración alternativa que supieron destacarse hasta hace pocos años.
Es aun mayor el apoyo del poder mundial que el del bloque de poder local, ya que la burguesía exportadora recela del retorno de las retenciones, aunque estas sean en pesos. Puede pensarse que también temen por nuevas rondas de extranjerizaciones, también motivadas por la ventilación de casos de corrupción que involucran a firmas emblemáticas del poder económico local.
Los propios socios gubernamentales recelan de la forma de gestión, muy auto-centrada en el partido de Macri, el PRO, con relativo escaso papel en el Poder Ejecutivo de otros integrantes de la coalición de gobierno, CAMBIEMOS.
Se trata de un intento de nueva hegemonía en el sistema político de la Argentina, con un Presidente constitucional, que por primera vez en la historia con vigencia de la Constitución (1916) no es ni radical ni peronista. Es un intento que se inició con el voto en 2015, se afianzó en 2017 y pretende consolidar en 2019.
Ahí está la duda política de la coyuntura en el país y el interrogante es si Macri renueva para un nuevo periodo presidencial y recrea su estrategia de cambio en la hegemonía de la gestión política de la Argentina, modificando el bipartidismo histórico entre radicales y peronistas.
Existen ruidos en el poder político y el debate es quien administra el ciclo del capital en el país. Son problemas de la superestructura con base estructural de cambios en el poder sustancial del capitalismo local.
La protesta social
Tanto la situación de arrastre como el nuevo shock de ajuste alimentan el descontento, la protesta social y augura aumento del conflicto popular. Ya está anunciado un Paro nacional para el 25/9 de parte de la conducción de la CGT, que para las CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores y algunos gremios de la CGT, se inicia el 24/9 con movilización callejera.
No se trata solo del impacto socioeconómico en la coyuntura, sino de confrontar con el proyecto estratégico del poder.
La ofensiva capitalistas en la Argentina se inició en el 75/76, en primer lugar contra los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones representativas, sus derechos y sus ingresos; encontrando continuidad esencial en los gobiernos de la dictadura genocida en los 70/80 y en los años 90, recreando y profundizando el programa en el presente bajo el gobierno de Mauricio Macri.
No es menor la resistencia popular a la dictadura genocida y a los procesos de reestructuración neoliberal capitalista de los 90 y la actualidad, convocando a discutir la estrategia del movimiento obrero, popular y de la izquierda social y política más diversa para frenar el ajuste y la regresiva reestructuración en curso y habilitar un debate para el despliegue de políticas contra el neoliberalismo y el capitalismo.
Es un desafío para el movimiento popular local con impacto en la situación Nuestramericana para frenar la ofensiva imperialista y conservadora de las clases dominantes en toda la región latinoamericana y caribeña.
No se trata solo de un problema local, sino con capacidad de intervenir en la lucha de clases regional y mundial.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018



[1] Acciones para alcanzar el equilibrio fiscal. 3/9/2018. Información oficial del Ministerio de Hacienda, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionmedidas20180903.pdf (consultada el 5/9/18)
[2] INDEC. Estimador mensual industrial, Julio de 2018, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_09_18.pdf (consultado el 5/9/18)

Dos tendencias en pugna en la Argentina


La coyuntura se define en dos gruesas tendencias que disputan el consenso de la sociedad.
Una es la movilización popular por “derechos”, claramente expresado por la masiva movilización universitaria del pasado 30/8, pero también por la convocatoria de la CGT a paro nacional para el 25/9 y de las 2 CTAs y gremios de la CGT por 36 horas con movilización para el 24 y 25/9. Claro que en este sentido se incorpora la lucha por el derecho al aborto seguro y gratuito que protagonizó hace muy poco la marea verde.
Otra tendencia es la aplicación de un ajuste sin anestesia, explicitado el mismo jueves 30/8 con una cotización del dólar a 40 pesos y una tasa de interés de referencia del 60%, establecida por el BCRA. Sea presión del eufemístico mercado o decisión del gobierno Macri, esas medidas tienen beneficiarios concretos: grandes productores y exportadores y obvio, una gama muy diversa de especuladores locales y globales. El gobierno dice que atraviesa una tormenta y que hace lo mejor que puede, cuando el costo de estas medidas afectan a la mayoría de la sociedad, vía inflación o recesión.
¿Dónde está el consenso de la sociedad?
Macri, el PRO y Cambiemos construyeron consenso electoral en el 2015 y 2017; ahora disputan el 2019. Pareciera que no les resultará tan simple por el impacto de los efectos sociales que genera la situación económica, por lo que es cada vez más difícil a Macri y su equipo transitar lugares públicos sin recibir protestas de distinto calibre.
Ante la duda de repetir en el 2019 hay varios que se anotan para la sucesión, sin modificar el rumbo de la política económica o el modelo productivo y de desarrollo asentado en “vaca muerta más soja”. Todo claramente aceitado por el endeudamiento externo y el aval del poder mundial: FMI + Trump.
Estos proyectos políticos que se imaginan en la sucesión del 2019 quieren que Macri haga todo el trabajo sucio posible del ajuste sin anestesia. Vaya si la devaluación no supone bajar los salarios e ingresos populares cotizados en divisas. El presupuesto en pesos se licua con la nueva cotización de las divisas y genera mejores condiciones para el ingreso de capitales externos y el cumplimiento del acuerdo con el FMI en materia de achique del déficit fiscal primario.
Hay un consenso en el poder que se difunde vía medios de comunicación hasta el cansancio, relativo a que el problema es el déficit fiscal, y por lo tanto el acuerdo es el ajuste. El discurso se repite hasta el cansancio y muchas familias que votan y acuerdan con el gobierno piensan ahora en torno a la factura de gas o electricidad que reciben; o se sorprenden con los recurrentes aumentos de combustibles desde que estos están dolarizados.
El consenso en el poder construye el consenso cultural e ideológico en toda la sociedad, mediante los medios masivos de comunicación, siendo reiterado escuchar el interrogante: “¿si no aumentan los servicios públicos o el combustible, quién se hace cargo? Inmediatamente acompañado de: “No el Estado”. Por ende, el mensaje es que no queda otra que privatizar el costo en toda la sociedad y concentrar las ganancias en muy pocos.
Se trata de una construcción ideológica con varios problemas, desde el papel del Estado, sí o no relativo a que actividades o iniciativas, pero también respecto a: ¿energía para qué y para quién?, lo que implica discutir el costo local de la extracción de hidrocarburos y de la cadena de valor hasta llegar al consumo.
Por eso destaca la movilización universitaria o la marea verde, en tanto acciones diferentes, pero que disputan consenso social. Construyen cultura y son transversales a la política y la ideología hegemónica.
Es importante porque el conflicto de no inicio de las clases el 6/8 surgió como demanda de actualización salarial de los docentes y se proyectó como un debate relativo al presupuesto, a la ejecución presupuestaria y en definitiva al derecho a la Universidad pública.
La sociedad en su conjunto estuvo discutiendo en estas horas el sentido y necesidad de la Universidad Pública, claro que así como muchos se movilizan, otros mantienen la esencia del discurso hegemónico, que hace décadas batalla por el recorte de la Universidad Pública y la mercantilización de la educación en general.
Es un debate social y por eso, la tensión social se procesa en toda la sociedad, en el consenso al discurso de la inevitabilidad del ajuste u otro relativo a la defensa de derechos: al aborto seguro o a la educación pública, entre muchos, con el centro en los ingresos populares que satisfagan una canasta necesaria de bienes y servicios, hoy por encima de los 21.000 pesos mensuales.
Apoya Trump, EEUU y el FMI
No hay que subestimar los apoyos políticos foráneos. Hay gestión en estas horas desde el gobierno con el FMI para que los desembolsos del 2020 se anticipen al 2019, año electoral por cierto.
El hecho es que Argentina no tiene quién le preste y acude al prestamista de última instancia: el FMI, a una tasa menor de la que sugiere el acrecido riesgo país de la Argentina.
No es correcto el interrogante sobre impericia de gestión del gobierno, ya que más allá de ciertas cuestiones que le discute la propia derecha a Macri, lo que importa es la realidad de un ajuste que se ejecuta como si no hubiera alternativa.
¿Cuál es la respuesta esperable del FMI? Claramente de apoyo, mucho más con el respaldo de EEUU al gobierno Macri. En estas horas, Donald Trump ratificó su presencia para la Cumbre de Presidentes del G20 del 30/11 y 1/12 en Buenos Aires. Debe verse como un respaldo a un amigo que contribuye al cambio de la agenda latinoamericana.
En ese sentido, el cambio político del 2015 en Argentina favoreció la iniciativa política por el desarme de una estrategia alternativa de integración, caso de Unasur o la CELAC; el retiro de Ecuador del ALBA-TCP y las agresivas campañas contra gobiernos que no son funcionales a la estrategia sustantiva de EEUU.
Son apoyos que juegan en la lógica política y son parte del debate del poder local. Por ejemplo, con la devaluación mejoran los ingresos del sector gran exportador, por lo que se reabre una discusión entre ellos sobre la vuelta o no de las retenciones a las exportaciones.
Con un dólar a 40 el jueves, a 38 el viernes, o a lo que sea desde el lunes próximo, el ingreso por facturación de exportadores es gigantesco, por lo que algunos en el poder señalan que algo tienen que poner para no perder la totalidad, es decir, la primera experiencia constitucional de un gobierno de derecha, no radical ni peronista, que podría habilitar un nuevo tiempo político en la Argentina, más funcional con lo que ocurre en el mundo con empresarios en la gestión presidencial.
El apoyo político y financiero de Trump, EEUU y el FMI se disputa en la cotidianeidad, por eso es que la tensión es entre un rumbo u otro del consenso social.
¿Qué quiere la sociedad?
Es difícil de responder el interrogante, y en todo caso es una cuestión cultural relativa a que país pretende cada quién, con qué modelo productivo y de desarrollo, para satisfacer que necesidades;  derivadas del objetivo de la ganancia o de la ampliación de derechos.
Se trata de un debate necesario que a veces escamotea la urgencia de la cotidianeidad, pero que resulta inevitable para quienes pretenden instalar un proyecto político más allá de la gestión del capitalismo.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2018

La corrupción, los medios y el conflicto social


La corrupción está instalada como eje de la información que definen los principales medios de comunicación. Es una estrategia funcional a la concentración económica y del poder, ya que el acento está en la corrupción anterior mientras se vela la del presente, en clara manipulación informativa. Los objetivos son políticos y económicos de cara al presente mediato.
Desde el punto de vista político impedir que se retome cualquier gobierno con intento de disputa de derechos en 2019 y desde lo económico confirmar un rumbo favorable a una lógica de privilegio de las ganancias concentradas en la cúpula del poder global. En este aspecto económico, los empresarios involucrados pueden terminar enajenando sus empresas ante las restricciones que pudieran sobrevenir, incluso fuera de la Argentina.
¿Existen capitales locales para esas operaciones, o el solo hecho de pensarlo resulta en mayores niveles de concentración y extranjerización de capitales en la Argentina?
Por eso el operativo es a dos puntas, a consolidar el intento de una nueva hegemonía política modificando la tradición histórica del país con gobiernos radicales y peronistas, salvo dictaduras, hasta 2015 y con ello, convalidar un rumbo económico de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial, lo que supone mayor concentración y extranjerización económica.
Lo dicho no excluye el rechazo a toda forma de corrupción, la que debe ser combatida con todo rigor, en una mirada hacia atrás de largo aliento, pero también del presente. Entendiendo a la corrupción tanto el que la percibe como quien la otorga. La corrupción es un acuerdo de partes, no interviene uno solo.
Al mismo tiempo, pensar en el desafío de época para superar las identidades partidarias tradicionales como problema, no solo del poder, sino también del amplio abanico del arco social definido en lo popular.
La política asumida por millones de participantes en luchas por la ampliación de los derechos humanos (especialmente del movimiento de mujeres), individuales y colectivos, mayoritariamente protagonizado por jóvenes, nos remite a la imprescindible creación de nuevas identidades populares para disputar la representación social de los de abajo.
Conflicto creciente demanda políticas alternativas
Sin embargo, pese a la manipulación mediática, la realidad social se impone con variadas manifestaciones.
Una remite a la lucha universitaria, iniciada el 6/8 pasado como no inicio de clases, decisión convalidada por una mayoría interesante de docentes y a la que se suma de manera importante el conjunto de la comunidad universitaria: estudiantes, graduados y autoridades.
Vale mencionar que no existe acuerdo total de cómo avanzar en el tema entre las organizaciones sindicales representativas.
Lo determinante en este tiempo y no solo para este caso, no parece pasar por los dirigentes, sino por la voluntad de los trabajadores y trabajadoras junto a la capacidad para instalar socialmente el asunto.
Es algo que se está logrando con la Universidad itinerante, con clases públicas y manifestaciones masivas fuera de las propias sedes universitarias.
Masivas movilizaciones en solidaridad con el reclamo universitario se dieron en estos días, especialmente en principales ciudades con tradición universitaria y de lucha, casos de Rosario o Córdoba y varias otras ciudades.
Son iniciativas asumidas como procesos de construcción de una movilización programada para el 30/8 en la ciudad de Buenos Aires, condensando el reclamo federal no solo por recomposición salarial docente.
En rigor, el conflicto incluye la crítica a la disminución del presupuesto universitario para este año, de más de 3.000 millones de pesos, y además, la sub ejecución de ese presupuesto asignado a la baja.
La protesta es por los salarios, la baja del presupuesto y la sub ejecución de lo asignado, en una clara confrontación contra la política oficial.
Una política que tiene complicidad de todos los poderes del Estado y que es parte de un objetivo de largo aliento por cambiar la tradición del derecho a la educación por la educación como servicio o mercancía que se compra y se vende en el mercado.
En efecto, desde los 60 del siglo pasado cuando se inició el estímulo a las Universidades privadas, no ha cesado la promoción de una política privatizadora, estimulado en los tiempos de ampliación de una deliberada privatización a escala global, entre otras cuestiones, de la educación.
Se valida la orientación en los 90 y ahora con el argumento de que los pobres no acceden a los estudios universitarios y por ende, aquellos que si “llegan a la pública” deben pagarla.
La demanda es contra la política gubernamental y en defensa del derecho a la educación, que se hermana con otros conflictos, caso de la lucha contra la privatización de la empresa provincial de energía en Córdoba.
En efecto, la multitudinaria movilización cordobesa en defensa de la EPEC estatal y los reclamos universitarios unificaron la reivindicación y extendió el horizonte de la disputa del consenso por otra política asentada en el derecho a la educación o en el derecho a la energía.
La energía y la sociedad estuvieron en el centro de la atención del Congreso realizado en Mar del Plata este 24 y 25/8, por la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA, organización de base de la CTA Autónoma.
En el cónclave marplatense se analizó la necesidad de avanzar en la generalización de las demandas sociales para modificar el cuadro de situación económica que se descarga vía inflación y recesión sobre la mayoría de la población.
La declaración relativa a la situación nacional promueve el impulso a un paro nacional de 36 horas a convocar por todas las centrales sindicales y a instalar la lucha por la demanda de la soberanía energética.
Tanto la educación o la energía como derecho, es parte de una lógica contenida en los 21 puntos programáticos difundidos luego del multitudinario acto de Frente Nacional Multisectorial 21F, convocado el pasado 16/8 en el mini estadio de Atlanta.
Allí convergieron 825 organizaciones reunidas en 28 multisectoriales en todo el territorio nacional que confluyeron en un Congreso Federal para ofrecer un programa con propuestas alternativas para abordar la defensa de los ingresos populares; una concepción extendida de derechos; al rechazo al acuerdo con el FMI; y una inserción mundial privilegiando la Patria Grande.
La conciencia social está en disputa
Nuestro relato apunta a discutir la eficacia de la estrategia comunicacional del poder.
El debate social no transita solamente por la agenda instalada por los principales multimedios, sino por la capacidad de intervenir de las trabajadoras, los trabajadores, en actividad o pasivos, y por el conjunto de la sociedad.
Sostenemos el argumento más allá de lo que pueda pensarse de algunas/os o muchas/os de los dirigentes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que procesan este debate crítico sobre la realidad y el que hacer para modificarlo. La dinámica social en el conflicto es la clave para interpretar el devenir, claro que de manera dialéctica con los proyectos políticos en pugna.
En los próximos días se debatirá el Presupuesto 2019, convalidando el ajuste suscripto en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto solo se aprueba si logra conformidad parlamentaria, por lo que confirmamos que la crítica no es solo al poder ejecutivo, sino extensivo al legislativo y en asociación a lo relatado con respecto a la corrupción, también involucra al poder judicial y al de los medios de comunicación.
La realidad económica nos la devuelve la data oficial, con caída de la producción agraria e industrial, más el comercio, con lo que se define el dato de junio del 2018 de una baja del -6,7% respecto al mismo mes del año anterior y del -1,3% respecto al mes de mayo del 2018.
Ese dato que confirma la recesión económica se suma a la cruda realidad de incrementos de precios que define la estanflación, estancamiento más inflación, con costos sobre la mayoría social de menores ingresos.
La discusión como siempre es quien vence a quien y como vemos es lucha política, económica y de ideas sobre el presente y el futuro.
De un lado el poder instituido desde sus diversos destacamentos, y desde el otro, una fragmentación de proyectos políticos que intenta ser superado por una amalgama de esfuerzos unitarios de contenido federal, caso de la Multisectorial 21F, para habilitar condiciones de una disputa con horizonte de ampliación de derechos. Fue la enseñanza que dejaron otras luchas vigentes, como mencionamos, por ampliación de los derechos de las mujeres en un marco de generalización de derechos humanos en sentido integral.
Solo el consenso social para un modelo alternativo hará posible el éxito de cualquier reivindicación concreta, de lo contrario, el mapa del conflicto será contenido en luchas corporativas que fragmentan la protesta social sin rumbo compartido.
La propuesta de Paro Nacional de 36 horas con movilización convocado por las centrales sindicales en septiembre suena en ese sentido, habilitando una profunda discusión sobre el programa necesario a sustentar masivamente.
Confirmamos así nuestra tesis relativa al necesario debate económico, político, cultural, de ideas. No alcanza con consignas o etiquetas. No está resuelto el enigma de como mejor disputar el destino, salvo la unidad de acción que en el marco de un debate programático encuentre los consensos necesarios para la confrontación con la hegemonía actuante avalada por el FMI.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2018

Macri reconoce que su política incrementa la pobreza


El presidente Mauricio Macri reconoce que por la mayor inflación y la devaluación luego de la corrida cambiaria se incrementa la pobreza en la Argentina.
Lo que le falta reconocer es que la inflación y la devaluación son consecuencia directa de su política económica: de ingresos, fiscal, monetaria y cambiaria.
Todas las medidas adoptadas desde que asumió el gobierno en diciembre del 2015 suponen una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad al núcleo que concentra el ingreso y la riqueza y por eso, lo lógico es el aumento de la pobreza.
No en vano nos anoticiamos que los jubilados necesitan como mínimo más de 21.000 pesos para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se reconoce por el INDEC el fuerte crecimiento de los precios de los alimentos y los medicamentos, elementos imprescindibles en la canasta de los adultos mayores.
Macri mintió con su promesa de campaña relativa a “pobreza cero” e incluso se incluyó como objetivo principal en sus primeros mensajes, ya a cargo de la presidencia.
Claro que se puede decir que era notorio que incumpliría el propósito porque el objetivo de la ganancia empresaria contraría todo proyecto a favor de los pobres, pero el asunto es que con eso intentó limpiar su mensaje y ganar consenso electoral, logrado en 2015 y 2017.
Ahora, desde la “sinceridad” del objetivo incumplido se propone continuar el verso relativo a que la política económica promueve la lucha contra la pobreza. Suena raro el intento propagandístico contra tarifas y precios acelerados que afecta negativamente a la mayoría social de menores ingresos.
No solo 3,1% de inflación en el mes de julio, sino precios mayoristas que luego se trasladarán a los minoristas del 4,7% en el mismo mes. En el acumulado enero a julio del 2018 suman 19,6% los precios minoristas y 36,5% los mayoristas. Si anualizamos desde julio del 2017 al presente tenemos un acumulado de 31,2% en minoristas y de 47,1 en mayoristas.
La inflación ajusta a los de abajo. Son datos que dejan atrás la banda establecida en el acuerdo con el FMI, que indicaba un potencial evolución de precios entre el 27 y el 32% para todo el 2018.
El debate es en cuanto superará el máximo establecido en el acuerdo que el FMI empezó a monitorear esta semana.
Se privilegia la especulación financiera
No se duda que el FMI aceptará el pedido de perdón (waiver) del gobierno argentino por incumplir con la inflación y no solo por razones ideológicas, sino porque Macri cumple con el ajuste y reducción del déficit primario, aun cuando aumenta el déficit financiero, que más que compensa el achique del gasto social.
La lógica es clara y evidente. Argentina funciona con base al endeudamiento y por ende crecen los intereses a pagar y la recaudación tiene un destino privilegiado en sostener fines especulativos de los recursos públicos, incluidas las reservas internacionales administradas para la fuga de capitales.
Un ejemplo está en el conflicto educativo y especialmente en la Universidad. No se iniciaron las clases en el segundo semestre y la oferta de agosto apunta a actualizar un 5,8% los ingresos docentes, sumados a un 5% ya otorgado en marzo pasado.
Un vergonzoso e insuficiente 10,8% cuando lo acumulado de inflación de precios al mes de julio es 19,6% y para agosto superará el 22%. Además, el máximo propuesta para todo el año no supera el 15%, contra una inflación esperada por el encima del 32%.
El conflicto no se agota en los salarios docentes de 180.000 trabajadores y trabajadores, sino que alcanza al financiamiento de la actividad en conjunto para las 57 universidades nacionales.
Ya había sido reducido el presupuesto total asignado a las universidades, de 106 mil millones de pesos a 103 mil millones y además, para el primer trimestre se reconoce una sub-ejecución presupuestaria mayor al 28%, ya que restan gastar aun 14.500 millones de 51.000 millones que debieron girar desde el poder ejecutivo para gastar en las Universidades.
Al gobierno Macri no le interesa que no haya clases, no solo en la Universidad. Su objetivo es reducir el gasto social en educación, salud o calidad de vida de la mayoría de la población. La evidencia es el aumento del gasto financiero por encima de cualquier compromiso de satisfacer derechos de la sociedad.
Esta semana se amplió el swap negociado entre China y Argentina, en yuanes, la moneda china por el equivalente de 4.000 millones de dólares y en septiembre, se espera el segundo desembolso por 3.000 millones de dólares del total de 50.000 millones acordados oportunamente con el FMI.
Más interesa ahora al gobierno desarmar las posiciones en LEBAC (deuda en pesos) para construir una hipoteca en dólares, para lo que usan las reservas, que imaginar un financiamiento adecuado del proyecto educativo, social y menos aún de un modelo productivo que satisfaga las demandas de empleo e ingresos de la mayoría de la población.
Consecuencias sociales y horizonte represivo
Son temas delicados porque está en juego el destino político en el marco de una prematura campaña electoral presidencial para el 2019, incluso con hipótesis de adelantamiento ante los límites y consecuencias sociales de las condiciones actuales de la economía, base del descontento y creciente protesta.
No preocupa si llega el Gobierno al final del mandato, sino que alarma que no se satisfacen necesidades sociales de la mayoría con menguados ingresos, alta inflación y rumbo recesivo que augura en el corto y mediano plazo peores condiciones para el empleo y el ingreso popular.
Urge modificar la política económica, un imposible sin cambiar la correlación de fuerzas sociales y culturales en la disputa por el consenso social relativo al proyecto político en el país.
Más aún con un horizonte de acrecentamiento de la represión ante manifestaciones críticas a las iniciativas del poder. Remito a la presencia en el país, la semana pasada, del Jefe del Pentágono estadounidense para monitorear el operativo de seguridad ante la cumbre presidencial del G20 del 30/11 y 1/12.
Operativo que anticipa la imagen de ciudad sitiada para Buenos Aires desde una semana previa al cónclave de Presidentes, impidiendo la manifestación crítica del pueblo argentino.
Las deliberaciones del G20 son por y para el ajuste y el rumbo antipopular que definen las ganancias defendidas por los gobiernos de los principales países del capitalismo mundial.
Más que nunca se requiere campaña contra  los propósitos del gobierno y del poder mundial, parte de lo cual se propuso esta semana el Congreso del Movimiento 21F, hegemonizado por sectores sindicales, que desde el Estadio de Atlanta formuló un programa construido por 825 organizaciones articuladas en 28 multisectoriales reunidas en todo el territorio federal.
El encuentro se propuso como parte de la campaña en curso contra el cónclave del G20. Desde su Congreso federal, el 21F se dispone a profundizar las convergencias y articulaciones políticas y sociales necesarias para sustentar un programa alternativo con propuestas que sustentan un enfoque de soberanía contra la profundización de la dependencia implicada en la política oficial.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2018

Una política a contramano choca con la realidad


El pasado 8 de agosto una institución retrógrada e innecesaria como el Senado Nacional frenó la media sanción relativa a la despenalización del aborto, a contramano de la abrumadora legitimación social del debate militado por millones de personas, especialmente mujeres jóvenes. Se dice que fue la influencia de la Iglesia y la cultura hegemónica conservadora del interior, más precisamente en el norte empobrecido, quienes desplegaron una fortísima iniciativa política de corte conservador desde la aprobación del proyecto en Diputados. La marea verde con su lucha actual, que recoge la larga tradición de la brega por el aborto seguro y gratuito,  tiene el mérito de instalar las bases subjetivas para una futura sanción que identifique a la legislación con el sentimiento de avanzada de la sociedad argentina.
La realidad es que la vieja política conservadora frenó transitoriamente el impulso de lo nuevo gestado por una nueva generación de lucha por los derechos humanos en sentido integral, muy destacadamente los relativos a la igualdad de género, a la diversidad sexual y al goce, como muy bien señaló Pino Solanas en su intervención en el Senado. Por eso, el dato relevante, sin embargo, remite a lo nuevo que emerge en las niñas, adolescentes y jóvenes activistas militantes de la vieja causa por el derecho al aborto seguro y gratuito sustentado desde una convicción histórica por mujeres, abuelas y bisabuelas. La posta de la militancia histórica es asumida en esta coyuntura por millones de jóvenes que alimentan la gestación de un nuevo tiempo, como ayer y como siempre, arrasando con la vieja y conservadora cultura del rechazo a la superación.
La economía también a contramano
En materia económica ocurre algo similar. En diciembre del 2015 asumió el gobierno de la Argentina una propuesta con un programa de derecha que transita a contramano de los nuevos rumbos del capitalismo mundial, claramente identificado con las políticas de Trump o del Brexit; de recreación del proteccionismo nacionalista en defensa de la hegemonía imperialista histórica de Inglaterra y EEUU. Esa política nacional emanada desde la hegemonía impone la guerra comercial en curso, desde EEUU contra China o Europa y el resto del mundo, lo que incluye la reciente suba de los aranceles a Turquía y la consecuente devaluación de la moneda turca, la que arrastra otros procesos similares en el mundo, caso de la modificación cambiaria en la Argentina con un dólar rozando los 30 pesos por unidad.
No se trata de defender la política estadounidense, británica o del nacionalismo de derecha y conservador en el mundo, sino de interpretar las contradicciones de la situación mundial y en ese marco definir un rumbo propio para alejar lo más posible al país de los efectos desastrosos para la sociedad por la inserción internacional subordinada. Por eso preocupa que la economía argentina marche a contramano de las orientaciones sustentadas desde la hegemonía, sobre todo si no existe una lógica social y política mayoritaria en contra del capitalismo. Cuando en el mundo se fortalece el dólar por imperio de la política económica proteccionista estadounidense, aumento de las tasas de interés mediante, más allá de cualquier impacto a largo plazo, en el país (que no emite dólares) no se cuidan los escasos dólares o divisas que ingresan. En rigor, ocurre todo lo contrario y se generan condiciones para la salida (fuga) de esos recursos escasos. En lugar de cuidar las escasas divisas conseguidas, se facilita la salida y así se construye la llamada “restricción externa” de la economía local.
Remito a la libre y acrecentada importación, en simultáneo con bajas de precios internacionales de productos de exportación, caso de la soja, sumado a maniobras especulativas que demorando ventas externas demandan mayores devaluaciones en favor de la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero del agro-negocio. Pero también la libre circulación de capitales, sea por pagos de intereses acrecentados con nueva deuda pública, remesas de utilidades al exterior o déficit por turismo internacional. Es más, esa salida de dólares solo es posible por el ingreso de fondos especulativos o mayor deuda externa. A contramano de la tendencia hegemónica, en lugar de generar condiciones de funcionamiento local para limitar la restricción externa, se la fomenta. De ese modo solo queda el ajuste sobre los ingresos de la mayoría de la sociedad. Ese es el resultado del rumbo económico del Gobierno Macri en el tramo final de su gestión con vencimiento en diciembre del 2019.
La inflación y la recesión son manifestaciones del ajuste que empobrece a la mayoría de la sociedad y renueva el descontento, anima la protesta social y crea condiciones de posibilidad para transitar nuevos rumbos de construcción de iniciativa política popular para un nuevo tiempo de construcción social.
Avanzar con lo nuevo
La marea verde entusiasma, por la masividad y la juventud incluida, señalando posibles subjetividades que afecten al conjunto de la cotidianeidad, entre ellas las relaciones económicas. Estas convalidan el capitalismo local, que para funcionar necesita recrear los mecanismos de transferencia de riqueza producto del trabajo social a una minoría asentada en el poder y la dominación. El problema a resolver es como otorgarle centralidad a la disputa por la apropiación social del producto del trabajo, en tanto sustento de la vida cotidiana, hoy apropiada por núcleos reducidos de poder hegemónico a costo de insuficiencias e insatisfacciones de la mayoría de la sociedad.
El ejemplo de la lucha feminista por décadas y los cambios en la cultura de la sociedad, más allá de los traspiés legislativos, nos dan señales por donde sustentar con convicciones el trabajo de organización y lucha para confrontar con la estrategia actual en el gobierno y el poder. Pero cuidado que siempre se puede recaer en otra ilusión de un capitalismo posible, autónomo y soberano. Otras relaciones económicas supone un rumbo contra y más allá del capitalismo. No es imposible si se sostienen convicciones y formas adecuadas de lucha, tal como se abrieron camino movimientos, entre los que destaca ahora el feminismo, o el ecologismo, como aporte a una lucha civilizatoria contra el patriarcalismo y el capitalismo como modelo productivo depredador de la naturaleza y la vida. En la Argentina, la lucha del movimiento obrero tiene antecedentes para inspirar a nuevas generaciones para una perspectiva de emancipación social.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2018

Tendencia recesiva en la economía argentina


Todo indica que la Argentina transita deliberadamente por un sendero económico de recesión.
Sea por la evolución de la producción, el intercambio o el consumo, o por el registro de los ingresos tributarios, la realidad es de merma en la actividad económica.
La recesión económica impacta socialmente con beneficiarios y perjudicados e incide en los humores y consensos culturales, económicos y políticos de la sociedad.
Importa también el tema por la deriva política en la reducción de los consensos electorales en tiempos donde se inicia el debate para la elección presidencial del 2019.
Baja industrial
Según el INDEC, en el mes de junio del 2018 hay una merma del 8,1% respecto de mayo en el estimador industrial mensual, que ya había caído 1,2% en mayo respecto de abril.
El acumulado del año, de enero a junio apenas registra un crecimiento de la producción industrial del 1%, cuando el mes anterior registraba un acumulado de 2,4%.
La tendencia es a la caída de la producción industrial, la que se suma a la importante merma de la producción agraria por razones climáticas, inundaciones mediante.
No solo es merma de producción, sino impacto directo en el empleo y los ingresos salariales de trabajadoras y trabajadores. En efecto, las empresas automotrices Renault o Iveco anunciaron suspensiones de trabajadores para el mes de agosto y liquidar stock acumulado.
El resultado de la menor producción y la baja de las ventas en el mercado local y mundial (Brasil compra el 50% del ensamble local de toda la industria automotriz) explica las medidas que impactan sobre trabajadoras y trabajadores.
La industria automotriz está asociada a otros sectores industriales que también sufren las consecuencias de la recesión, caso de las industrial del vidrio, el caucho, el plástico, la siderurgia o la metalurgia.
El impacto de la caída es fuerte en la fabricación de alimentos, que alcanza al 5,4% respecto del mes anterior. La industria de alimentos tiene una incidencia del 22% en el conjunto de la industria, por lo que no resulta menor un seguimiento cercano de su evolución.
Por su parte, el sector textil cae 10,8%, afectando a sectores de la pequeña y mediana empresa asentada en las provincias y fuertemente asociadas  a un destino del mercado interno que sufre por caída del consumo popular.
La refinación de petróleo se anota con una baja del 19,9%, y las sustancias y productos químicos caen un 10%, mientras la industria automotriz se reduce un 11,8%.
Solo la producción de acero aparece con un sentido inverso al conjunto de la industria, indicador que no alcanza para evaluar una perspectiva reactivadora del sector manufacturero.
Cae la recaudación
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el ente de recaudación tributaria y previsional, señala un incremento interanual para el mes de julio del orden del 23,8% para una inflación cercana al 30% en el mismo periodo.
La devaluación cambiaria impacta en materia de precios relativos y la menor producción y exportación agraria se hace sentir en la recaudación por derechos del comercio exterior vía retenciones.
El problema de la recesión inducida por la política económica interviene en la perspectiva de la recaudación, ya que la principal fuente de ingresos públicos proviene del IVA, condicionado por la baja del consumo popular, e incluso del tributo a las ganancias que involucra a salarios.
Con un horizonte de recesión, la perspectiva de la recaudación no será auspiciosa, afectando la posibilidad de política económica activa para revertir el ciclo económico.
Más aún, limita las posibilidades de resolver derechos consagrados constitucionalmente, sea la educación o la salud, que el conflicto social en esos sectores hace evidente la voluntad oficialista por incumplirlos.
Es un tema agravado en estos días con la muerte de dos trabajadores escolares ante el abandono por ausencia de inversión en mantenimiento de establecimientos escolares.
Menos recaudación y tendencia a la sub ejecución presupuestaria en áreas sociales estratégicas son una norma que generaliza la desidia por definición política de un Estado que orienta su política a resolver la lógica de la ganancia por encima de los derechos humanos en sentido integral.
La política económica subordinada a la lógica del ajuste induce la recesión productiva con fuerte impacto en la sociedad y en las cuentas nacionales, condicionadas a reducir a cualquier costo el déficit fiscal ante el acuerdo con el FMI.
Contrario a una política anti ciclo, desde las autoridades gubernamentales se profundiza la orientación pro-cíclica de ajuste y recesión.
Consenso electoral en disputa
La realidad de la economía comienza a deteriorar el consenso electoral del 2015 y 2017, algo que preocupa al gobierno de cara a las elecciones de renovación presidencial del 2019.
En el imaginario oficial actúa la memoria de la recesión del 2016 y la recuperación del 2017 que favoreció el triunfo electoral del medio turno presidencia. Existe un supuesto similar de mejora de la actividad económica para el próximo año, que como hemos señalado en ocasiones anteriores, reproduce una discurso no verificable de que el futuro será promisorio.
Sin embargo, hay un límite estructural a esas promesas ilusorias, lo que deviene del déficit externo que ronda entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales, con cierre de las fuentes externas de provisión de divisas.
Es que no llegan las esperadas inversiones externas, en la cantidad necesaria, y parece cerrado el acceso al crédito internacional más allá de la disposición del FMI si es que se cumple con el duro ajuste fiscal.
No alcanzan los 50.000 millones del FMI y además bajan las exportaciones por especulación y menor producción agraria.
La ausencia de soluciones en la vida cotidiana, agravada con suspensiones y deterioro en la capacidad de satisfacer necesidades extiende el descontento social, lo que genera una condición de posibilidad para habilitar opciones políticas con otros rumbos para un futuro cercano.
El descontento en el presente posibilita la discusión sobre nuevos horizontes políticos y económicos, que requieren una proyección más allá de la coyuntura en la disputa por el ingreso.
Se trata de pensar en otro modelo productivo y de desarrollo privilegiando la satisfacción de necesidades sociales por encima de una lógica relativa a las ganancias de los inversores.
En rigor, ese debate trasciende el proceso electoral local y adquiere carácter esencial de cara al presente y futuro de la sociedad, incluso más allá de la cuestión nacional, ya que involucra a toda la región latinoamericana y caribeña en las condiciones de reestructuración del sistema mundial capitalista ante la exacerbación de la guerra comercial en proceso desatada desde la hegemonía sustentada por EEUU.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2018