Una devaluación para aumentar la rentabilidad

Toda devaluación favorece a los grandes productores y exportadores, al mismo tiempo que afecta a los perceptores de ingresos fijos.
Desde esa lógica se alude a las devaluaciones como favorables para la competitividad de la producción local, ya que mejora de los precios de los bienes y servicios exportables, ganando así en competitividad.
Eso ocurriría si existiera una producción diversificada y en competencia con producciones de otros países. Como eso no ocurre para los principales productos de exportación de la Argentina, la realidad es que la devaluación se manifiesta como un mecanismo de capturar ganancias del complejo exportador, principalmente del agro-negocio.
Las exportaciones agropecuarias de la Argentina no se manejan competitivamente con las de otros países, sean por la abundante demanda externa, como por las condiciones internas de producción. El precio internacional no se define en el país, sino que resulta de las imposiciones del mercado mundial. Por eso es que se habla de commodities (maíz, trigo o soja).
Queremos enfatizar que la devaluación no se produjo para generar competitividad productiva, reactivar la producción y mejorar las condiciones macroeconómicas del país. La devaluación se materializó para incrementar la facturación del sector hegemónico del agro-negocio, o sea, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, los principales beneficiados por la política económica del gobierno Macri. Así, estos sectores, lograron una inmediata recomposición de la tasa de ganancia.
Por eso, la respuesta inmediata del sector agroexportador, principalmente sojero, fue la aceleración de la liquidación de cosechas almacenadas en silo-bolsas (el compromiso con el gobierno es por 400 millones de dólares diarios).
La facturación empresaria creció por la devaluación y la baja de las retenciones.
El impacto se expresa en una recomposición de reservas internacionales, que habían llegado a un piso de poco más de 24.000 millones de dólares y ahora empiezan a recuperarse.
La intencionalidad del gobierno Macri es recomponer reservas monetarias  internacionales y para eso necesita que se continúe con la liquidación de los exportadores e ingresen nuevas y más divisas por préstamos externos e inversiones extranjeras.
Claro que los préstamos llegaran si se supera la traba de la demanda de pago por la sentencia judicial en EEUU sostenida desde los hold-outs o fondos buitres; lo que supone un mayor endeudamiento externo y suba de los compromisos futuros de pago, por lo menos, de intereses.
Palos y zanahorias
Y las inversiones se concretarán si se logra frenar las expectativas de actualizaciones salariales en paritarias. Un objetivo central del gobierno Macri es frenar o controlar el conflicto laboral y social.
Esta es la razón de la acción represiva ejercida en víspera navideña contra los trabajadores de Cresta Roja y la voluntad de instalar un protocolo de acción contra el conflicto social.
Con el caso Cresta Roja se marca el camino de la represión y el diálogo, de la coerción y búsqueda de consenso, con balas de goma y camiones hidrantes para desalojar la ruta y luego bolsones de mercadería y colaboración en dinero, incluso incrementando esos aportes monetarios  para descomprimir la demanda de los trabajadores en lucha. Sobre la cuestión de fondo, esperan que se resuelva entre privados, que en la lógica oficial es dejar que el mercado decida y el Estado solo ser facilitador de negociaciones entre empresarios, los que buscan, principalmente, obtener ganancias.
La devaluación es el primer acto en la recomposición de la ganancia empresaria. El segundo acto es la lucha por ingresos populares compensatorios, y por eso las movilizaciones por bonos resarcitorios de fin de año.
Son bonos ya logrados en ciertos ámbitos del sector estatal y privado, con una diversidad de montos que fomenta una mayor dispersión de ingresos y dificulta acciones coordinadas para el logro exitoso de la demanda.
Valga como ejemplo el anuncio de una compensación mínima de 400 pesos para beneficiarios de planes sociales y jubilaciones mínimas, orientados a más de 7 millones de perceptores, para desarticular la que parecía una gran movilización en demanda del bono compensatorio. El arco social y político de la convocatoria del 22/12 pasado expresa una diversidad con potencialidad para constituir un arco de acción política para la etapa iniciada el 10/12 con nueva gestión de gobierno nacional.
El costo fiscal del bono es mínimo con relación al producido por la eliminación y reducción de las retenciones al agro y a la industria, evidenciando beneficiados y perjudicados de la política económica del gobierno Macri.
Por eso no debe sorprender que la política oficial se sustente con palos y zanahorias. Son mensajes para disciplinar el conflicto social y generar consenso político más allá del transitorio consenso electoral logrado para ser gobierno.
La combinación de represión y acción política compensatoria son mecanismos de manufacturación de consensos en un marco de ajuste que afecta a la mayoría de la población.
Esa construcción de consenso asocia una brutal transferencia de ingresos hacia el sector más concentrado de la economía y presencia oficial ante dramas sociales, caso de las inundaciones en el litoral por desborde del Río Uruguay, especialmente en Concordia.
Desafíos para la iniciativa popular
Más allá del accionar deliberado por convertir consenso electoral en político, el ajuste de precios y la inflación, aunque ahora el INDEC no mide, impacta sobre la mayoría de la sociedad empobrecida, base de conflictos sociales y laborales.
Los estatales convocan a paro nacional para el 29/12 y luchan por efectivizar un voluminoso empleo informal del Estado y contrarrestar iniciativas en curso para disminuir la planta de trabajadores. El gobierno anuncia la revisión de miles de contratos de los últimos tres años, y con el argumento de eliminar “ñoquis” o contratos de la política, se busca achicar el empleo público para reducir gasto y equilibrar las cuentas fiscales.
Por su parte, los privados denuncian acciones de las patronales, caso de la GM (planta cercana a Rosario) que extiende su parada técnica por tres semanas aduciendo dificultades de provisión de insumos desde Brasil; todo en espera de aumentos de precios de venta de los automotores al comienzo del 2016 y que abulte su cuenta de ganancias.
Los primeros días del gobierno Macri ponen de manifiesto el pragmatismo oficialista con medidas para recomponer rentabilidad de las grandes empresas (retenciones y devaluación), con fuerte impacto inflacionario que se difumina regresivamente entre la mayoría empobrecida de la población.
Desde el gobierno se especula con el tiempo de gracia que supone ser una gestión recién llegada y la incógnita persiste en la capacidad de aguante de los perjudicados de la iniciativa oficialista. La novedad política debe esperarse desde la iniciativa popular para frenar la ofensiva por el ajuste y restaurar condiciones de posibilidad para construir alternativa política.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2015

Más deuda pública en el horizonte cercano

Las primeras señales del gobierno Macri apuntan a consolidar el consenso electoral y transformarlo en acuerdo político a un gobierno de minoría parlamentaria y escaso peso de fuerza propia en el conjunto de las Provincias argentinas.
Por eso, la actividad inicial se concentró en completar los casilleros de una administración con eje en la burocracia de gobierno en la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo negocia con ex candidatos, gobernadores y legisladores de la oposición condiciones para hacer viable el gobierno.
El diálogo político aparece más como una necesidad de minoría que funciona con decretos y señales, demorando medidas que se anticipaban para el primer día de gobierno.
La agenda es mayormente política, y en materia económica se enuncian los temas sin definiciones concretas aún, con un ritmo gradual, diferente del shock imaginado en la campaña, mostrando los límites de la realidad de las cuentas públicas para imponer los cambios imaginados y demandados por el poder económico.
Tipo de cambio
Destaca entre esas medidas postergadas la devaluación y unificación del tipo de cambio para eliminar las restricciones a la compra venta de divisas.
Se trata de anuncios que se imaginaron para el primer momento y que se postergan hasta que se den las condiciones, como refirió Alfonso Prat Gay, el Ministro de Economía.
¿Cuáles son esas condiciones? El ingreso de divisas a la contabilidad del Banco Central.
La aspiración es colectar en corto plazo entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para entonces instrumentar la tan mentada devaluación y unificación del tipo de cambio.
Mientras tanto subsisten las restricciones, el cepo cambiario, incluso se agudiza con mayores límites para la compra de dólares para ahorro, algo que significó una fuerte pérdida de divisas en los últimos años. Ni hablar de las divisas que requiere la industria para ingresar insumos necesarios para la producción fabril.
En definitiva, más que levantar el cepo, todo indica que hasta que ingresen fondos del exterior, las restricciones se agravarán.
Se había anunciado la eliminación de las retenciones a diversos cultivos y las disminuciones progresivas respecto de la soja. Sin embargo, para hacerse realidad tiene que ocurrir en simultáneo la unificación del tipo de cambio, o sea, la devaluación.
Nadie venderá lo acumulado en silo-bolsas hasta saber cuál será el precio del dólar.
La encerrona es que no se vende la cosecha hasta tanto no ingresen divisas y se ejecute la mentada devaluación.
Más deuda pública
Por todo ello, el objetivo central es conseguir que ingresen divisas, siendo el problema discernir quien proveerá esos fondos, ya que la demora en las correcciones de las retenciones pospone la liquidación de stock del agro y dificulta el ingreso de moneda externa por la vía comercial.
La única respuesta posible es el endeudamiento público, la vía financiera, y ya se iniciaron las conversaciones en el sistema bancario para ese fin.
Sin embargo, las negociaciones para préstamos se frenan ante la presión del BCRA por desconocer los contratos a futuro, hacia marzo y abril próximos.
El tema es que la autoridad monetaria, en la gestión anterior, se comprometió mediante estas operaciones especulativas a compensar la diferencia de cotización del dólar al vencimiento.
Los contratos suscriptos por bancos y operadores del mercado de capitales, fueron inspirados en la pauta presupuestaria para el 2016 y aprobada por el Parlamento, que suponían un dólar a 10,70 para el primer cuatrimestre del próximo año. Como todo apunta a convalidar una devaluación del 40 al 50%, la perdida para el BCRA será cuantiosa, por lo que el BCRA negocia la modificación de esas pautas.
Existe una encrucijada para las autoridades económicas. ¿Ceder ante los bancos y pagar el costo según sea el volumen de la devaluación y así facilitar la recepción de fondos de deuda para asegurar el funcionamiento de la economía según la lógica gubernamental; o exigir la renegociación de contratos a futuro para evitar mayores pérdidas al BCRA y deteriorar la capacidad de obtener fondos del sistema financiero?
Hay que pensar que cualquier restricción financiera de bancos locales se extiende a los bancos externos, derivado de la fuerte extranjerización del sistema bancario en el país.
La capacidad de lograr el aporte vía organismos internacionales requiere de previos compromisos políticos con el FMI y otros ámbitos del sistema financiero mundial. Eso lleva tiempo y demoras en el ingreso de fondos, y de la devaluación.
Como si esto fuera poco, la crisis fiscal de las provincias exige préstamos urgentes de la Nación a las Provincias. Dos gobernadoras lo hicieron explícito en los momentos iniciales de su gestión. Tanto en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como en Santa Cruz, Alicia Kirchner, se aludió a la quiebra de las finanzas provinciales y a la necesidad del sostén financiero del Estado Nacional.
En lo inmediato hay que prever la continuidad de la emisión monetaria para sostener la situación fiscal en esas y otras provincias, un tema que está en la reunión del Presidente con los Gobernadores, máxime si se piensa en materializar la demorada reforma de la coparticipación federal en materia impositiva.
Precios y salarios
La mayor deuda pública y la emisión monetaria son las respuestas en lo inmediato, convalidando el proceso inflacionario exacerbado al final de este año, con un índice anual que puede superar el 25% y que se agravará al momento de dilucidar la nueva paridad cambiaria.
Queda claro que el tema afecta la capacidad adquisitiva de la población que vive de ingresos fijos, la mayoría, por lo que los primeros estudios de las organizaciones sindicales de cara a las paritarias señalan demandas iniciales por encima del 40%. Se contempla la inflación del 2015 y el impacto de una devaluación del orden del 40 al 50% para el 2016, con un anticipo ya realizado en la suba de precios.
La puja en la distribución del ingreso se procesa entre la capacidad empresaria por establecer precios de monopolio, el conflicto por actualizaciones y aumentos de salarios, y el sentido de la política económica del Estado, que a juzgar por la campaña electoral, los objetivos anunciados pro mercado e iniciativa privada, junto a las características y tradición política y empresarial de los miembros del gabinete, no hay dudas que privilegiarán la recomposición de la tasa de ganancia y por ende al sector empresario.
El cónclave del Ministro de Educación con los gremios docentes constituye la primera escena de una negociación salarial y laboral con objetivos no convergentes. Por eso, igual que a nivel general, el objetivo del gobierno apunta al consenso y al desarme del conflicto y la capacidad de disputa del movimiento obrero. En ese sentido camina el propósito de un pacto social para contener la protesta sindical y social.
La presencia del titular de la OIT en el país, en la segunda semana del gobierno Macri apuntalará las expectativas patronales y gubernamentales por contener la demanda de las/os trabajadoras/es, especialmente en materia del Derecho a Huelga.
Del mismo modo que el gobierno privilegia la política para hacer caminar su proyecto económico, el movimiento popular necesita rearmar y ampliar su estrategia política y de alianzas para defender posiciones y reivindicaciones democráticas e ir por la construcción de condiciones subjetivas para la ofensiva popular.
Es un desafío político y teórico, por lo que entre variadas convocatorias, la CTA Autónoma, convoca desde el Instituto de Estudios y Formación para el próximo miércoles 16/12 a un debate sobre pensamiento crítico para constituir una agenda federal a desplegar hacia el próximo año, ya que son tiempos de reflexión, organización y lucha para afirmar derechos y estrategia de poder del pueblo.
Algunos esperan que se acomode la situación, externa e interna de las organizaciones ante el nuevo escenario de la lucha de clases. Otros creemos que no hay dos tiempos, y la estrategia de acumulación de poder exige inmediatas acciones de pensamiento y articulación social para la disputa de poder.
La ausencia de alternativa política y la fragmentación de la estrategia popular demanda generosidad y búsqueda compartida por encima de propuestas sectarias, auto-centradas y excluyentes de la diversidad en que hoy se manifiesta el movimiento social.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2015

Devaluación y pacto social

El ajuste económico está en marcha, y a caballo del cambio de gobierno los precios suben y afectan a la mayoría de menores ingresos. Hay responsabilidad de los que se van y de los que vienen.
La mitad de los trabajadores perciben menos de 6.500 pesos mensuales y junto a la mayoría de jubilados y pensionados, como los perceptores de beneficios sociales son los principales perjudicados por el cambio de precios relativos. Son millones de personas, cerca de la mitad de la población.
No todo ocurre en estos días o en esta semana. A fines de noviembre, luego del balotaje subieron los combustibles, una medida largamente acordada entre los expendedores y el ministerio de economía, en un cronograma que se inició a comienzos del 2015.
Más allá de lo programado, el impacto se siente en este último aumento, que vino acompañando de los anuncios del nuevo gobierno de la unificación del tipo de cambio, lo que en definitiva es una devaluación. La incógnita es el volumen de la misma. El aumento de combustible es motorizador de otros incrementos.
Esos aumentos inflacionarios son el marco político coyuntural para que se disparen un conjunto de precios de la canasta de consumo cotidiano, entre otros los alimentos y medicamentos.
La gran incógnita apunta a cuanto sumará finalmente la inflación del 2015, con aceleración en noviembre y diciembre, y como dijimos, a cuanto se disparará el precio de las divisas.
A la par de la suba de precios, los ingresos populares se mantienen congelados y dan cuenta del desigual impacto en la vida cotidiana que genera la situación económica en el presente y el futuro cercano. Sin duda, será un antecedente a considerar cuando se inicien las discusiones paritarias para las actualizaciones de los salarios.
Por eso se solicita en estos días un bono de fin de año en compensación y se demanda la no inclusión del medio aguinaldo para las retenciones de ganancias.
Inversiones y ganancias
Lo que está ocurriendo es una recomposición de las utilidades de los sectores empresarios en condiciones de establecer precios, a costa de la capacidad de compra de la mayoría de la población.
Es el piso sobre el que se piensa partir para un futuro acuerdo de precios y salarios, o pacto social gestado desde el Estado entre empresarios y trabajadores. Ese pacto social es lo que les adelantó en estos días el futuro ministro de trabajo de Macri a los dirigentes de las centrales sindicales, a cambio de algunas resoluciones que demandan las conducciones sindicales, especialmente relativas a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y respecto de acreencias de recursos para las organizaciones sindicales por obras sociales.
Es un dato de la realidad que las remarcaciones señalan un punto de partida diferenciado en el proceso de negociaciones futuras. Las patronales ya tienen su colchón, que podrán incrementar incluso luego de conocidas las primeras medidas del nuevo gobierno, principalmente el nivel de la devaluación monetaria.
La lógica empresaria reconoce la necesidad de recuperar condiciones de rentabilidad y eso requiere nuevas rondas de redistribución regresiva del ingreso personal. Se trata de lograr un menor peso de los salarios en la distribución de la renta nacional.
Si la lógica de política económica de estos años se presentaba como de estímulo al consumo, no solo consumo popular, sino también de lujo, tal como el turismo externo o la compra de automotores, incluso importados; en la próxima etapa se coincide desde el gobierno y el poder económico que el eje es la inversión.
La ecuación macroeconómica se concentra en: a) el consumo; b) la inversión; y c) el saldo del comercio exterior. El diagnóstico coincidente del poder económico en la Argentina y el gobierno entrante está en la necesidad de expandir las inversiones, algo que también promovía el gobierno saliente.
No hay mejor estímulo para el inversor que el aseguro de alta rentabilidad, y en la esencia de la rentabilidad y su volumen está la magnitud explotación de la fuerza de trabajo.
Visita de la OIT                          
Por eso se buscan condiciones para limitar la demanda salarial y laboral luego de años de convenciones colectivas. Más aún, se busca contener el conflicto y por eso visitará la Argentina Guy Ryder, titular de la OIT, invitado por la Unión Industrial Argentina, UIA.
Es que el objetivo de la UIA, a días de inaugurado el nuevo ciclo presidencial apunta a instalar la agenda de discusión de la OIT, que en estos años sustenta la demanda empresaria por restringir, y si se puede, eliminar el derecho de huelga.
Claro que estamos en Argentina, con fuerte tradición de huelga y organización de los trabajadores, algo que no siempre consideran análisis políticos o académicos.
La conflictividad es un dato de la realidad argentina y por eso, para que el plan funcione, desde el gobierno se busca sostenimiento financiero mientras se acomoda en la gestión de gobierno. Es un asunto delicado porque supone una fuerte apuesta al endeudamiento externo de la Argentina.
El gobierno Macri no duda en lograr nuevos fondos de deuda externa que le permitan atender el gasto fiscal a fin de este año. Lo considera necesario para asentarse, disputar consenso y relanzar el objetivo de máxima por una restauración conservadora que rechaza el pueblo argentino.
La gran incógnita es si el gobierno Macri estabiliza e incrementa el consenso electoral en consenso social para sus objetivos de fondo, o si se estimula una propuesta e iniciativa política popular que discuta el ajuste en curso e imagine la disputa por un orden social, económico y político alternativo, de contenido anticapitalista.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015

Orientaciones de política económica de la presidencia Macri

La campaña electoral, la designación del gabinete de ministros, especialmente en el área económica, y unas primeras declaraciones del Presidente electo nos otorgan algunas pistas sobre la orientación general de la política económica de la próxima gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre.
El privilegio es la inserción internacional ratificando y ampliando las relaciones con China y fortaleciendo los vínculos con EEUU. Es un movimiento que piensa hacerse efectivo desde las relaciones en la región, es decir, intervenir en modificar explícitamente el núcleo de definiciones sugeridas por la integración regional. Ese es el marco para la denuncia sobre Venezuela en el Mercosur y la orientación para acercar a la región a la Alianza del Pacífico y su proyecto liberalizador.
Se trata de retomar la agenda por el libre comercio y hacerlo no solo desde la Argentina, sino promoviendo un cambio discursivo en la institucionalidad de la integración regional, en el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Aun cuando no tenga éxito el gobierno Macri en sus propósitos con los países vecinos y socios de la integración, lo que importa es buscar la difusión de un discurso pro mercado y liberalización contrarrestando la lógica discursiva, aun con pocos éxitos de la integración alternativa.
La reciente realización de un Encuentro Hemisférico de lucha contra el libre comercio en La Habana, Cuba, a 10 años del No al ALCA adquiere relevancia para el movimiento popular de la Argentina, ya que la lógica que intentará el gobierno Macri para colocar al país en posición más amigable con la política exterior liberalizador de EEUU exige ser confrontado desde nuestro territorio.
Mirando hacia el interior, el marco de alianzas que define el gabinete asocia al gobierno con ejecutivos de grandes empresas extranjeras y profesionales fuertemente vinculados a la lógica discursiva del poder económico. Incluso la sorpresa de la continuidad del ministro de Ciencia y Tecnología debe encontrarse en los oportunos elogios del titular de Monsanto hacia la Argentina por su orientación en los desarrollos científicos relativos a los transgénicos y químicos (glifosato), un tema central en la estrategia de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Los desarrollos en el área son políticas de Estado, explicó Cristina Fernández para avalar la continuidad de su ministro del área en el gobierno Macri.
Dólar, retenciones y tarifas
La unificación y corrección del tipo de cambio aparece como la primera medida de interés mediático, asociada a alguna rebaja progresiva en las retenciones, aún transitoria, especialmente en materia de soja, acompañado de la posible eliminación de otras retenciones a las exportaciones, caso del trigo, el maíz y otros cultivos, como también de la carne.
El objetivo apunta a una cotización de dólar que se ubique por encima del oficial y más cercano al ilegal o blue, en el supuesto que los precios de la economía ya están fijados en esa magnitud.
Vale mencionar que nadie puede asegurar que eso sea así, y sin perjuicio que muchos precios se están ajustando bajo esa premisa, la enunciación de la medida luego de la asunción presidencial puede impactar en subas de muchos precios, y consolidar una agresión expresa a la capacidad de compra de la población que vive de ingresos fijos y bajos.
La suba de los precios anticipando la devaluación define las condiciones de arranque de la nueva etapa, con sus consiguientes beneficiarios y perjudicados.
En simultáneo a las correcciones del tipo de cambio, las elevadas tasas de interés buscarán estimular las colocaciones en pesos en el sistema financiero. Se continúa así con la pretensión gubernamental para atraer los dólares atesorados.
De ese modo, entre liquidaciones de la soja en silos, estimada en 4.500 millones de dólares, sea por reducción parcial de las retenciones y el corrimiento del precio de la divisa vía devaluación, se espera recomponer reservas internacionales disminuidas.
Claro que la expectativa estará en la búsqueda de fondos del exterior, consolidando el carácter de inversor y prestamista de China y normalizando la situación con EEUU y el sistema financiero mundial, lo que impone negociaciones concretas con los acreedores de la sentencia Griesa: los fondos buitres. En ese sendero está el camino de la normalización de las relaciones con el FMI, incluida la posibilidad del financiamiento.
El ajuste de las tarifas eléctricas mostrará el camino de la adecuación de las tarifas de servicios públicos, con el doble objetivo de reducir el déficit fiscal vía eliminación o reducción de subsidios y conceder a la demanda de las empresas para transformar subsidios en precios a facturar a los usuarios. El solo anticipo de la propuesta viene impactando en la valorización bursátil de las empresas energéticas, ya que descuentan el retorno a la senda de la rentabilidad. El impacto es aumento de los precios que incide en el costo de la cotidianeidad de los usuarios, con impacto diferenciado según el nivel de ingresos en las familias.
La adecuación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que se comenta tiende a buscar consenso en buena parte del millón de trabajadores que hoy es sujeto de esa contribución tributaria. Al mismo tiempo se supone un incremento del gasto personal por ese mayor ingreso y que pueda incidir en la recaudación tributaria.
Rumbo estructural y respuesta social
Desde el Ministerio de Trabajo se intentará avanzar en una especie de pacto social entre patronales y sindicatos para morigerar la demanda de actualización salarial. La historia de los pactos sociales supone la descarga del costo de la reducción inflacionaria a costa del salario, el precio de la fuerza de trabajo, aun cuando la incidencia de este en el precio final de bienes y servicios no sea determinante.
La política económica del gobierno entrante será enunciada en crítica a la del gobierno saliente, aun cuando expresará continuidades esenciales en la promoción del modelo productivo y de desarrollo. Se explicará hasta el cansancio la crítica por a la herencia recibida para intentar descargar cualquier ajuste sobre las espaldas del gobierno saliente y así descargar el costo del relanzamiento del orden capitalista sobre la mayoría de la población.
No es ninguna novedad la continuidad del rumbo estructural, las que empezaron a definirse en el largo plazo del programa económico de la dictadura (Plan Martínez de Hoz, 1976), afianzado en los noventa del siglo pasado (Menem-Cavallo; De la Rúa-Cavallo) y consolidado por estos años. Conviene acotar la satisfacción del múltiple ex ministro con las orientaciones que se anticipan. Quizá Cavallo está buscando su lugar en la administración Macri, aunque solo sea como aval intelectual.
Con lo estructural remitimos a la expansión de la frontera sojera, a la expansión de la mega-minería, la industrialización (armaduría) dependiente de insumos externos, asociado a una lógica de recurrente endeudamiento público y fuga de capitales. Todo sustentado en el consumo masivo (consumismo) de una producción altamente concentrada y centralizada con fuerte dependencia del capital externo.
El dato relevante de la orientación económica del gobierno Macri apunta a explicitar el programa económico de las clases dominantes. Claro que eso incluye contradicciones entre sectores del poder económico y entre la estos y el equipo en el gobierno. Vale adicionar en la consideración final, que además del poder y la burocracia existe la sociedad en su conjunto, la que recibe los impactos de la política de gobierno.
¿Cuál será la respuesta social a la política oficial está por verse? Quizá, la actitud de los trabajadores del Diario La Nación en réplica a un reaccionario editorial de la empresa mediática emblemática del poder conservador nos anticipe que el ánimo de la población actual está más asociado a las respuestas populares del 2001 que a las de los 90 del siglo pasado.
Puede ser una señal de los tiempos venideros, donde no solo existe iniciativa política del poder, sino reflejos de organización social de la experiencia reciente para pensar en perspectivas de alternativa política.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2015

Macri será el nuevo presidente de la Argentina

Tras un año de elecciones, finalmente se develó la incógnita para el nuevo turno presidencial desde el 10/12/2015: Mauricio Macri fue electo por el voto de 12.903.301 personas, un 51,40% de votantes, contra 12.198.441, un 48,60% del oficialista Daniel Scioli. La diferencia son 704.860 votos, un 2,80%. Los votos en blanco, nulos, recurridos o impugnados fueron 636,818, un escaso 2,47%. Son datos relativos al 99,17% de las mesas escrutadas[1] con más de 80% de votantes sobre el padrón electoral.
Se trata de un final reñido para un nuevo ciclo de disputa política en la Argentina. El resultado confirma nuestra tesis relativa a las novedades políticas en la Argentina desde la crisis del 2001. El bipartidismo tradicional entre peronistas (PJ) y radicales (UCR) cedió lugar a las nuevas identidades que disputaron el balotaje reciente, con coaliciones que en magnitudes diversas contienen a peronistas y radicales, entre otras identidades políticas vigentes en la Argentina. Macrismo y kirchnerismo son la novedad política de estos años.
Macrismo
Macri organizó su partido en estos últimos 10 años, el PRO, con aportes sustanciales de cuadros y votos provenientes del peronismo e incluso, aunque menos, radicales y de otras tradiciones políticas y de la gestión empresarial. Esa fue la base para dos periodos de gobierno en la ciudad capital de la Argentina (2007-2011 y 2011-2015) y asegurar un próximo tercer mandato liderado por su colaborador más inmediato. Supo en el último tiempo organizar una coalición, CAMBIEMOS, aprovechando la dilatada estructura radical, presente en prácticamente todo el país y favorecer la supervivencia del viejo partido de Irigoyen, que ahora acumula unos cuantos legisladores, intendentes y gobernadores, cuando parecía desaparecido de la escena política.
El PRO presenta ahora a sus principales cuadros al frente de la gestión del distrito nacional, la ciudad capital del país y la Provincia de Buenos Aires, expresión de un 37/38% de la economía, la población y el peso electoral, que además, fue la gran novedad en la elección de octubre al desplazar al oficialismo, favorito en todas las encuestas y análisis político. Se trata de un peso importante en la disputa por la hegemonía política y en la capacidad de consolidar poder territorial propio para nacionalizar una fuerza surgida desde la Ciudad de Buenos Aires.
Los votos propios logrados por el PRO son el 25% aportado en las primarias (agosto del 2015), en las que su coalición, CAMBIEMOS, consiguió el 30%; extendido a 35% en las elecciones generales de octubre (25/10) y logrando el 51,40% en el balotaje (22/11). El candidato tiene tradición en la derecha política y expresa por primera vez en la historia reciente (1983-2015) incluso más atrás, la emergencia de un partido de derecha con votos en la disputa institucional. La mayoría de sus votantes no son propios y difícilmente pueda considerarse a la mitad de sus votantes como de derecha, aunque constituyen una base masiva para construir consenso al proyecto de restauración conservadora.
Kirchnerismo
El kirchnerismo emerge como versión renovada del peronismo en 2003 y con capacidad de incorporar a sectores políticos con identidad a la izquierda del peronismo, con atracción de intelectuales y jóvenes, especialmente sobre fines del primer mandato de Néstor Kirchner (2003-2007). El kirchnerismo no es necesariamente peronismo, tal como lo fue el menemismo, sino que constituyó el intento de construir un proyecto transversal con capacidad de actuar sobre diversas organizaciones sociales y políticas para extender su base social.
Tres periodos de gobierno (2003-2007; 2007-2011; 2011-2015) y una importante votación e imagen de Cristina Fernández da cuenta de la eficacia en la construcción de consenso de estos años, favorecidos por una coyuntura internacional de alza de precios internacionales de las comodities, especialmente de la soja y la minería que abonaron una política social masiva que atendió la demanda de ingresos de millones de personas. Los principales logros sobre los que construyó el consenso se sustenta en la política social aludida; la posición asumida en las relaciones internacionales, orientadas hacia la región latinoamericana y caribeña, coronada en 2005 en la Cumbre de Presidentes de las Américas realizadas en Mar del Plata; que en convergencia con la Cumbre de los Pueblos, se impidió el resurgimiento de la agenda por el ALCA que pregonaba el presidente de EEUU en ese tiempo; y en una política de DDHH, especialmente concentrada en la memoria relativa a los años de la dictadura genocida (1976-1983), la anulación de las leyes de la impunidad y el aliento a los juicios a los genocidas.
La falencia en la construcción de poder propio está clara en el estilo de gestión kirchnerista, que impidió asegurar la continuidad del ciclo. El candidato seleccionado para la disputa electoral nunca satisfizo a los núcleos militantes del oficialismo y solo se sostuvo por las mediciones de consenso electoral provistas por las consultoras de opinión y la decisión de la presidente. El kirchnerismo no pudo gestar en 12 años una línea de cuadros para la sucesión, ni mostró capacidad, más allá de organizar fuerza propia, para disputar consenso en la organización del movimiento social, ni entre los trabajadores, ni en los territorios, los establecimientos educativos o diversas expresiones de la organicidad popular. El extendido vínculo del consenso se procesaba entre el liderazgo de Néstor y Cristina con sus adherentes, dando cuenta de una falencia en la construcción de mediaciones de poder en el movimiento popular. De aquí surgen las incógnitas del futuro cercano del kirchnerismo, ya que la base de poder devino de las posiciones en la gestión del Estado.
Peronismo
Hay peronismo en la coalición que lidera Macri. Existe peronismo en el kirchnerismo, y también están los peronistas disidentes, liderados por la coalición entre Sergio Massa y José Manuel De la Sota, quienes colectaron el tercer lugar en la elección general de octubre pasado y con 5,5 millones de votos. Un caudal que mayoritariamente optó por Macri, con señales orientadoras en ese sentido de los principales líderes.
Luego de la muerte de Perón en 1974 habiendo legado su proyecto al Pueblo, el peronismo fue derrotado a la salida de la dictadura por Raúl Alfonsín (1983-1989) y resurgió con proyecto reaccionario con Carlos Menem entre 1989 y 1999 para consolidar los cambios estructurales regresivos imaginados en tiempos dictatoriales (1976-1983). El proyecto del terrorismo de Estado fue posible luego, desde el consenso logrado por el peronismo (menemismo) en el gobierno. Se destaca en este sentido la afirmación del modelo productivo y de desarrollo subordinado a la dominación de las transnacionales de origen extranjero, la exacerbación del extractivismo para la exportación y la profundización de la dependencia y la especulación con eje en el endeudamiento público y la fuga de capitales.
De la mano del peronismo llega Néstor Kirchner al gobierno y construye su propio poder más allá del peronismo. Ello genera las disidencias que habilitan a pensar en una nueva ronda de disputa por el liderazgo de la identidad peronista. Ya dijimos que buena parte de los votantes de Macri provienen del peronismo, aunque la disputa por el legado peronista se procesará entre el kirchnerismo y los gobernadores de esa tradición y muy especialmente por la alianza entre Massa y De la Sota.
Es probable también que el macrismo dispute una transversalidad corrida a la derecha para captar dirigentes y referentes del peronismo y otras identidades políticas.
¿Por qué ganó Macri?
Mucho del voto en el balotaje fue en contra. Contra Macri se votó, en buena parte, a Scioli. Contra el kirchnerismo, o contra Cristina Fernández, muchos votaron a Macri. Esta opción fue más fuerte y sobre 7,5 millones de votos hacia otros candidatos en octubre pasado, Macri colectó 4,5 millones y Scioli 3 millones. La lógica del balotaje es la opción entre uno y otro, y así se percibió por 25 millones de electores y un escaso voto blanco, nulo o recurrido.
El voto castigo es la primera explicación que puede encontrarse, aunque el consenso del oficialismo es amplio, no solo por la votación (48,60%) sino por la elevada imagen positiva con que deja el gobierno Cristina Fernández luego de 12 años.
Ya mencionamos que el candidato oficialista no fue el mejor y no tenía grandes diferencias con Macri, ni por su origen empresario, su inicio en la política de la mano de Menem y una gestión de la Provincia de Buenos Aires por dos periodos (ídem Macri en la Ciudad de Buenos Aires) y con resultados no muy distintos en salud, educación, seguridad, inseguridad, entre otros aspectos.
La evolución de la economía, especialmente desde el 2011, con el 54% de apoyo electoral al segundo periodo de Cristina Fernández, no tuvo los mejores datos. La crisis mundial golpeó con bajas de los precios internacionales. La inflación se elevó considerablemente afectando los ingresos populares. Las reservas internacionales, de un máximo de 52.000 millones de dólares en 2011 se redujeron a la mitad en el presente, explicado por la fuga de capitales y la cancelación de una deuda que hipoteca y condiciona el presente y futuro del país, junto a una sentencia en firme en EEUU para cancelar 100% de la deuda de inversores no ingresados al canje de deuda del 2005 y 2010, los fondos buitres. El empleo dejo de crecer y la caída de la producción industrial puso en evidencia los límites del proceso de producción fabril, reducido a una armaduría dependiente de insumos extranjeros, especialmente con déficit energético.
Ni la política, ni la economía fueron datos favorables para un cuarto periodo de gestión kirchnerista. El resultado se sustentó en la oferta de “cambio” propuesta por Macri, quien licuó su programa tradicional haciéndola más amigable a varios proyectos del gobierno kirchneristas. Todo parecía que la oferta era cambiar el estilo de gestión, aunque se reconoce que el espectro intelectual profesional detrás del futuro presidente supone la restauración de un programa más favorable a las clases dominantes.
Un elemento destacable fue el papel de los medios favorables a la oposición que instalaron un sentido común de crítica a la gestión del gobierno. A su vez, la prensa oficialista no pudo superar el estilo de propaganda orientada hacia los convencidos, sin asumir una mínima crítica a las políticas oficiales y eludiendo los descontentos sobre el candidato y la campaña oficialista.
El carácter contrario al proceso de cambio latinoamericano en la prensa hegemónica organizada desde monopolios privados de comunicación propagandizó una crítica al ciclo inaugurado desde la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 y otros procesos regionales que intentaron el aliento a una integración no subordinada. La prensa instaló con éxito la crítica a la experiencia venezolana e identificó la propuesta de la revolución bolivariana con el destino del gobierno kirchnerista, cuando nunca éste asumió el proyecto anticapitalista formulado desde Caracas.
Primeros mensajes
Reorientar la política internacional, con iniciativas contra Venezuela e Irán, promoviendo nuevas y renovadas relaciones con China y especialmente con EEUU. Se trata de un mensaje claro de alineamiento con el programa liberalizador que sustenta el imperialismo y las clases dominantes, empujando desde el Mercosur el acercamiento con la Alianza del Pacífico.
Las designaciones en el Gabinete no tienen sorpresas, salvo la continuidad del Ministro de Ciencia y Tecnología que acompañó a Cristina Fernández en sus dos periodos de Gobierno. El elenco de gobierno son profesionales y políticos de concepción neoliberal y con orientación a promover la iniciativa privada, el acceso de inversiones externas y la reinserción de la Argentina en el sistema financiero mundial. Buena parte de los funcionarios del nuevo gobierno tienen curriculum en empresas privadas.
El mensaje cuidadoso en la campaña electoral puede continuar en la primera parte de la gestión, aunque la anunciada unificación del tipo de cambio (devaluación de la moneda) puede impactar no solo en cambios de los precios relativos, sino en la percepción de la población sobre el sentido de la política de la nueva gestión presidencial. Es algo que se hará visible en los próximos días, luego de la asunción el 10 de diciembre.
Los mercados respondieron al estímulo de un gobierno pro mercado y en estos primeros días se mostraron al alza e incluso con tomas de ganancias en el corto plazo, dando cuenta de una sensibilidad para la especulación pro capitalista.
Para pensar
El cuadro descripto es de crisis del sistema político, con emergencia de nuevos actores que disputan la identidad del pueblo argentino; con el macrismo pretendiendo una transversalidad hacia la derecha. Al mismo tiempo habilita a pensar en la posibilidad de construir alternativa política popular. Es algo no logrado desde la crisis del 2001; especialmente cruzado por la emergencia del kirchnerismo y su transversalidad hacia la izquierda. El desafío se suscita en la potencialidad de construir alternativa política para impedir la restauración e ir más allá de lo posible que permite el orden capitalista contemporáneo en proceso de crisis mundial.
Se requiere caracterizar adecuadamente el momento actual, que no es el retorno liso y llano a los 90´; sino una propuesta de modernizar el proyecto político de las clases dominantes, que por primera vez accede al gobierno con el consenso de los votos.
En la reelección de Menem en 1995 existió consenso al proceso de reestructuración regresivo desplegado en el primer mandato entre 1989 y 1995. No es lo que ocurre ahora, con una mayoría lograda como voto castigo al gobierno. No hay mandato explícito para la restauración de los 90´ aunque el gobierno sustentará su programa liberalizador en el apoyo electoral.
Baja estas condiciones es que se requiere pensar críticamente la realidad y proponer una perspectiva de emancipación social más allá del régimen del capital.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2015

En vísperas del balotaje argentino

Este comentario será efímero. Solo tendrá vigencia por algunas horas, ya que pronto, el 22/11, el voto definirá quien asumirá la presidencia de la Argentina para el próximo periodo que se inaugura el 10/12.
La discusión es intensa en varios ámbitos que transitamos en nuestra cotidianeidad. Se debate el último discurso de uno u otro de los candidatos y el sentido de cada campaña. Se discute el comentario de algún analista o político afín a uno u otro, a al voto blanco o la impugnación.
Entre los argumentos se encuentra la utilidad o no de las opciones en curso y en las familias y entre amigos aparece la pasión irreconciliable.
Lo determinante es la politización que genera el acontecimiento electoral y hace tiempo que esto no ocurre. Es una aspiración que este estado de discusión política se sostenga más allá del acto electoral del 22/11.
El asunto está asociado al sistema electoral que introduce la opción del balotaje y algunos insospechados de adhesión hacia algún candidato incorporan el lenguaje de la facción que sostiene la candidatura.
Por un lado están los que optan por Scioli y argumentan que es el mal menor e incluso defienden el modelo de país agredido por el candidato de la derecha. Hasta ayer nomás sustentaban otra candidatura, insatisfechos con el gobierno o la oposición ahora más votada. Otros optan por Macri, no por convicción, sino cansados del kirchnerismo, tal como argumentan en el propio oficialismo.
Algunos definen la ecuación en términos de abismales diferencias de proyectos políticos de candidatos que gobiernan hace 8 años el distrito Capital y la Provincia de Buenos Aires. Ambos candidatos mantuvieron diálogos amistosos hasta ayer nomás. Se los veía compartir y disputar fútbol, como escenarios de debate político. Hasta hubo acuerdos para aprobar legislación que hiciera gobernable ambos distritos, claro que también diferencias, para no igualarlos en toda la línea.
Solo aparecieron las diferencias ahora, con el balotaje, y los dos corrigen sus discursos en busca de los electores necesarios.
Daniel Scioli asume algunas propuestas de Massa, como el 82% móvil para el salario mínimo o la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de cuarta categoría. No se entiende por qué no remitió una ley al Congreso en ese sentido. Mauricio Macri sostiene ahora la gradualidad en la eliminación de las restricciones al mercado de divisas, el llamado “cepo”.
Un interrogante es si los compromisos de última hora serán un pacto de ejecución desde el 10/12 o solo estratagema al límite de la elección final.
¿Qué esperar luego del 22/11?
Con el resultado electoral se conocerá los equipos completos que acompañarán al Presidente electo, aun cuando el oficialismo ya anticipó el gabinete. A partir de allí podrán deducirse las orientaciones de las primeras medidas de política económica y orientaciones en diferentes áreas de gobierno. Esta política económica se deriva del diagnóstico que realicen sobre el estado de las cuentas nacionales. Ese es el marco para entender que cambia y que se continúa.
Puede cambiar el diagnóstico sobre la situación de los precios y su medición; lo que supone correcciones o continuidad de la política económica en ese sentido. Ello va desde que hacer con el INDEC hasta definir la política de gobierno en materia de negociación salarial, especialmente entre los docentes, un clásico en cada fin de año y comienzo de otro. Pero si de precios se habla, ello incluye el del dólar, el tipo de cambio, y de hecho, la relación entre el peso y las monedas extranjeras. Todos sabemos, en las condiciones actuales, que ese precio se traslada a varios otros precios de la economía, con pérdidas directas en la capacidad de consumo entre los perceptores de ingresos fijos y ganancias acrecidas entre grandes productores y exportadores.
Vale mencionar con relación a operaciones a futuro sobre divisas, que la Justicia allanó esta semana el BCRA y preventivamente se suspendieron esos negocios hasta la próxima semana, pasado el balotaje. Todo para evitar especulaciones con divisas en un momento de bajas reservas internacionales. Donde se especuló en forma fue en la Bolsa de Valores, especialmente con acciones de las empresas de energía, puesto que los operadores bursátiles descuentan la disminución o eliminación de los subsidios de las tarifas (precios de los servicios públicos privatizados).
En materia de precios, algunos imaginan la convocatoria a algún tipo de pacto social entre patrones y trabajadores; una conciliación para contener precios de bienes y servicios por un lado y de salarios por el otro. Es una ecuación en la que siempre pierden los trabajadores, máxime cuando más de un tercio del trabajo es informal, precario y con un promedio de ingresos que apenas ronda los 6.000 pesos mensuales.
Una gran incógnita, de lo que poco se habla, es como negociarán los candidatos, ya presidentes, el tema de la deuda, especialmente con los fondos buitres que tienen sentencia de la Justicia estadounidense que obliga a la Argentina a cancelar el 100% de la deuda reclamada. Existe una comisión bicameral que ya debió expedirse sobre una investigación de la deuda entre 1976 y el presente y nada se sabe al respecto. Algunos de los legisladores designados vencen en su mandato el 10/12 y todo indica que la investigación de la deuda desde la dictadura seguirá siendo una asignatura pendiente.
Lo que no se discute
La política económica puede cambiarse total o parcialmente, pero no el modelo productivo y de desarrollo que comparten ambos candidatos.
Se trata de la expansión de la frontera agrícola, principalmente sojera; la mega minería a cielo abierto; o la extracción de hidrocarburos no convencionales vía fractura hidráulica (fraking). Extractivismo exacerbado dicen algunos; otros directamente capitalismo, en la era de la transnacionalización. En la industria se sostiene el modelo de armaduría con dependencia al ingreso de insumos que define la dependencia del sistema fabril de la tecnología de las transnacionales, algo común en la producción agraria e industrial.
Ambos candidatos son tributarios de la dependencia de las inversiones externas y el crédito del sistema financiero mundial. La dependencia está en el centro del modelo productivo y de desarrollo, sustentado en la aplicación del consumo y el endeudamiento público, privado y personal.
Me discutía un compañero que es lógico que esto no se discuta, ya que el capitalismo es la norma del presente, no solo para Argentina y la región, sino para todo el planeta. Con ello, el capitalismo es el límite de lo que puede sostenerse en la coyuntura y cualquier otro horizonte solo entraría en el campo de lo utópico. Por ende, el capitalismo no se discute y es el límite de lo posible.
El horizonte del otro mundo posible a que convocaban las movilizaciones locales, regionales y globales en el 2001, solo son parte del recuerdo para buena parte de los críticos al orden neoliberal. Otros claro, demandan, aun con eufemismos el retorno a las políticas de mercado, a la apertura económica y a la libertad de mercado en tiempos de dominación monopolista, lo que niega en la práctica la llamada libertad de competencia o el régimen de libre mercado.
Todo un problema cuando se trata de definir el rumbo por el que luchamos; nuestro horizonte para explicitar una conducta, en este caso, la opción electoral, por uno, otro, o blanco o impugnación.
Inserción internacional y DDHH
Es cierto que existen algunos temas centrales donde aparecen posicionados en contradicción los candidatos, y en los que conviene detenerse. Remito a la inserción internacional de la Argentina y a la política de Derechos Humanos, especialmente los relativos a la memoria sobre la Dictadura.
El candidato Macri anticipa que llevará al seno del Mercosur la cláusula democrática contra Venezuela y más grave aún, existen amenazas en estas horas que repiten el dicho de la derecha sobre el “curro” de los DDHH.
Todo ello puede anticipar un corrimiento de las alianzas internacionales de la Argentina, más proclives a la agenda estadounidense.
El tema preocupa, no solo por lo que acontece en el país. Por caso, en Uruguay existen reclamos contra los dichos por el ex canciller frenteamplista de ese país, ahora al frente de la OEA, sobre Venezuela. Además y gracias a la movilización popular se impuso la salida de Uruguay de las negociaciones por el TISA, un ALCA contemporáneo.
La realidad es que existe una presión de las clases dominantes para que la agenda regional se reoriente hacia la integración subordinada.
Son sospechas concretas y reales, aunque poco se tiene en cuenta el papel de la organización popular en sustentar ambas agendas, sea la histórica lucha por el NO al ALCA y contra la liberalización; como la persistencia de organismos sociales, sindicales y de Derechos Humanos en no olvidar ni perdonar el genocidio del terrorismo de Estado.
Por eso es que no alcanza con la voluntad del futuro Presidente, o la del Parlamento, incluso la Justicia, para hacer realidad una inserción internacional que favorezca un proceso de independencia por otro mundo posible; o la continuidad de una política de reivindicación de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos integrales en el presente. Ambas tareas son patrimonio de la lucha y la organización popular.
Hace poco la CTA Autónoma señaló que gane quien gane los trabajadores deberán en la calle enfrentar las políticas de ajuste, sea por una política de  shock o gradual. Más allá de la opción electoral y que no da los mismo uno que otro, y que es válido votar en blanco o impugnar, la vida continua y con ello la lucha por hacer realidad la posibilidad de luchar por otro mundo posible.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015

La crisis mundial como trasfondo del debate por el balotaje argentino

Se acerca la fecha del balotaje, el 22/11, y se multiplican los análisis sobre las posibilidades futuras de la evolución económica, política y cultural de la sociedad argentina bajo el nuevo gobierno que se instale el 10/12.
Existe una politización creciente del debate cotidiano y no existe la indiferencia, sea por el voto a uno u otro, e incluso por el voto blanco, nulo, impugnado, o directamente la acción de no asistir a votar.
La cuestión no solo aparece en el país, sino que es motivo de discusión en toda la región, algo que verificamos en Medellín entre el 9 y 13 de noviembre, en el ámbito de la XXV Asamblea de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y su VII Conferencia de Ciencias Sociales con intelectuales y académicos de toda la región y el mundo.
Una pregunta obligada que receptamos es ¿cómo está la situación en Argentina y quién ganará? Para luego asociar la respuesta a una conversación sobre lo que ocurre en toda la región.
Es más, en dos conferencias magistrales, masivas, de los ex presidentes de Brasil y Uruguay, Lula y Mugica; ambos expresaron las preocupaciones por los tiempos que corren en el mundo y en la región. Pusieron de manifiesto las tensiones que existen sobre el proceso de cambio regional en curso en este comienzo del Siglo XXI. Es un tema que recorre buena parte de las discusiones en paneles diversos, pero sobre todo en los corrillos informales. La discusión apunta a discernir sobre el momento actual del proceso de cambio político regional.
Algunos resaltan en sus intervenciones y debates las tareas pendientes de los gobiernos, mientras que otros argumentan sobre los proyectos que quedaron en el camino y podrían haber intervenido en la promoción de cambios estructurales; especialmente todo lo atinente a nuevas articulaciones productivas en materia de alimentos y energía, sin olvidar la propuesta por una nueva arquitectura financiera, por remitir a los “económico”.
Esta iniciativa política sobre las finanzas tenía en el Banco del Sur un eje central para pensar en financiamiento para un desarrollo alternativo, o mejor aún, alterativo. Toda demora en su ejecución fortaleció condiciones de rearme del poder.
La crisis, el secretismo y la restricción democrática
La cuestión de fondo que tiñe el debate local, regional y mundial es la continuidad de la crisis mundial y la ofensiva capitalista por la liberalización, entre lo que destaca el reciente Tratado Trans-Pacífico, el TPP.
A 10 años del No al ALCA, la ofensiva del secretismo vuelve con el TPP, demostrando que la lógica neoliberal del capitalismo de ésta época es profundamente antidemocrática.
De hecho, el capitalismo está reñido con la democracia, sea por las negociaciones secretas de los tratados de libre comercio, como por los acuerdos empresarios, caso de YPF con Chevron, ahora con disposición de la Corte Suprema para hacerse públicos.
El capitalismo no conjuga con la transparencia y por eso promueve democracias restringidas que solo contemplan los intereses del poder económico, que en este tiempo son los de las corporaciones transnacionales, asistidas por los Estados de origen y de aquellos Estados que disputan la radicación de inversiones externas.
Resulta curioso confirmar como los Estados Nacionales son los que discuten, en secreto, los tratados comerciales, de liberalización de la economía. El propósito apunta a favorecer las demandas y condiciones de los grandes monopolios transnacionales.
En el TPP destacan las presiones de las corporaciones farmacéuticas que pujan por privilegios a sus marcas por encima de los genéricos. Defienden sus derechos de propiedad intelectual, afirmando la lógica por el derecho a propiedad que sustenta el orden capitalista.
No solo propiedad de patentes, sino también derechos de autor y con ello el control sobre internet. El programa de la liberalización sostiene hoy una fuerte ofensiva para condicionar cualquier variante en el gobierno de la Argentina o de la región.
El libre comercio se agotó hace siglo y medio con la aparición de los monopolios, Sin embargo, el debate de ideas que genera sentido común mayoritario aboga por la libertad de comercio, el libre cambio y la libre competencia, como si ello fuera posible en tiempos de la dominación monopólica de las corporaciones transnacionales.
Se trata de un tema clave cuando se piensa en la dominación del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina y en Nuestramérica, algo que se pone en juego en momentos de discusión electoral y de politización de la sociedad. Aunque no necesariamente esta sea la agenda de discusión y muchas veces se agota en el debate sobre el mal menor, o quién es peor en este sentido.
La hipoteca de la institucionalidad de los 90
El programa de las transnacionales es la liberalización y se canaliza por variados mecanismos institucionales y jurídicos que atan a los países a la lógica del libre mercado, aunque insistamos que ello es un sinsentido en la era de la dominación transnacional.
Los años 90 fueron prolíficos en la suscripción de esta juridicidad que hipoteca a los países a la lógica capitalista del ilusorio libre mercado. Es el tiempo del ingreso a la política de Macri y de Scioli, ambos de la mano de Menem. Las políticas neoliberales de los 90´ generaron cambios estructurales regresivos, que al no modificarse condicionan futuros cercanos de restauración conservadora.
Un dato importante es que muy pocos países intentaron en estos años revertir esos condicionantes en momentos de mayor acumulación de poder legislativo y consenso social. Ahora, con mengua en el consenso electoral, ya parece tarde para encarar la tarea, mucho más si se dificultó el proceso de movilización y organización social.
Entre otras consideraciones, una de las cuestiones más discutidas en estas horas remite a la inserción internacional de la Argentina, y por ende, de la región. La sospecha de una nueva ronda de subordinación a EEUU aparece con mucha fuerza.
Claro que también aparece debilitada la iniciativa por una integración alternativa, que incluso desarrolló cierta institucionalidad (ALBA-TCP; UNASUR, CELAC) con escasa acción sobre los asuntos estructurales del orden económico y la producción.
Es más, existen señales en todos los países vecinos para desandar rumbos de profundización de integración regional y reorientar los vínculos con el programa liberalizador. El frustrado intento uruguayo de subirse al TISA estaba en ese camino, como los obstáculos desde Brasil para la nueva arquitectura financiera regional y relocalizada con privilegio hacia China y los proyectos del bloque de los BRICS. En el Mercosur crecen las tensiones variadas que limitan sus aspiraciones de constituirse en bloque para la integración alternativa.
La estrategia del poder imperialista y las nuevas resistencias
Por su parte, EEUU está activo al no superar la crisis mundial disparada desde su territorio en 2007 y empeñado en no habilitar mayor espacio a la acumulación global de poder de otras potencias, máxime luego de los acuerdos entre China y Rusia.
Es la política exterior estadounidense la más interesada en la promoción y extensión del libre comercio, sustentado en la expansión territorial de las empresas transnacionales originadas en ese país.
La orden del día es frenar la expansión y el desafío global de China, mientras intenta condicionar la autonomía que Europa pretendió con la emergencia del euro. Ese es el marco de la subordinación imaginada de nuestros países a su política de liberalización.
Es un problema para la Argentina y para Nuestramérica la situación, ya que el cambio de la situación económica mundial, con caídas de los precios de las comodities de exportación, que favorecieron holgados presupuestos para políticas sociales masivas, parecen agotarse.
La deuda externa aparece como una solución en la agenda de los presidenciables, tanto como la apertura a las inversiones externas, lo que supone la continuidad esencial del modelo productivo y de desarrollo sustentado en la transnacionalización de la economía local, que no es muy distinto de lo que acontece en la región Nuestramericana.
El desafío para la sociedad, especialmente para el movimiento popular, más allá del resultado electoral, pasará por reinstalar un debate de ideas y una densidad social organizada y en lucha contra el discurso y las acciones por el libre comercio, la libre competencia y el libre cambio, y así habilitar condiciones de posibilidad para avanzar en el cambio político y en el imprescindible campo de la economía, la gran asignatura pendiente de este tiempo histórico.
Sobre el cierre de la Conferencia de CLACSO pude ser comentarista de una conferencia de Theotonio dos Santos sobre Democracia y Socialismo en el Capitalismo Dependiente.
Con la trayectoria del teórico de la Dependencia se pudo reinstalar una discusión actual sobre la ilusión del “fin del socialismo” que las clases dominantes pretendieron instalar en los 90´, y la necesidad y el desafío para el pensamiento crítico por discutir el capitalismo actual y prefigurar las luchas presentes y futuras por el socialismo.

Medellín, 13 de noviembre de 2015