La
deuda pública de la Argentina es impagable, ahora y desde hace muchos años. En
rigor, solo se cancelan vencimientos con nuevas rondas de endeudamiento, y en
cada nueva negociación para regularizar la situación se profundizan los mecanismos
de la dominación y subordinación a la lógica del capital mundial. A modo de
ejemplo veamos la foto actual de la dinámica de los vencimientos para el 2020.
Según
información de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la
Argentina, los vencimientos de la Deuda Bruta de la Administración Central, lo
que excluye a la asumida por los Estados provinciales, para el 2020 ascienden a
63.806 millones de dólares, de los cuales, 48.968 millones son de capital y
14.838 millones a intereses[1].
Lo
que interesa discutir es la capacidad de pago de esos vencimientos, los que
deben hacerse con divisas. Argentina obtiene las divisas del resultado
comercial superavitario, de préstamos internacionales o de ventas del capital
público.
El
capital público se agotó en las privatizaciones de los 90´ del siglo pasado,
aun cuando pueden enajenarse recursos naturales que pertenecen a las
provincias, según la reforma constitucional de 1994.
Los préstamos
están cerrados desde el mercado mundial, por lo que se acudió en 2018 al FMI.
El
balance comercial, equivalente a los vencimientos de los intereses es ilusorio,
ya que, ante la mínima reactivación productiva de la dependiente industria
local de insumos externos, crecerían las importaciones de esos insumos en bienes
de capital e intermedios y por lo tanto mermaría o desaparecería el superávit.
La
Argentina no emite divisas y tiene limitaciones para acceder a las monedas
internacionales, salvo acuerdos bilaterales o multilaterales similares al
realizado con el FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares, claro, con
condicionalidades.
¿Cuáles
serían las condicionalidades de un próximo prestamista a la Argentina desde el
2020? Observar la demanda que hay desde los principales países del capitalismo
desarrollado de los bienes comunes no resulta extraño. El país mantiene
abundante tierra, agua dulce y cuantiosos recursos bajo tierra, especialmente
los contenidos de gas y petróleo no convencional en el yacimiento Vaca Muerta,
o las reservas en litio.
La
información del Ministerio de Hacienda ofrece también la secuencia de pagos
anuales hasta el año 2117, producto del bono a 100 años suscripto en 2017. El
total de deuda bruta nacional al 2117, excluyendo a las provincias alcanza los
423.842 millones de dólares, de los cuales, 308.743 millones corresponden al
capital y 115.099 millones de dólares a los intereses. La deuda pública es una
hipoteca impagable a sufrir por varias generaciones.
Mecanismo de dominación
En
definitiva, la deuda es un mecanismo de dominación. Señala Carlos Marx en su
estudio sobre los orígenes del capitalismo que “La deuda pública se convierte en
una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria”.[2]
Luego
destaca Marx la relación entre la deuda y el sistema impositivo, asociado el endeudamiento
con la cuestión fiscal, algo que está presente en la coyuntura en las políticas
de austeridad sustentadas en los acuerdos que promueve el FMI.
Cancelar
deuda vía ajuste fiscal no es ninguna novedad y está en el origen de la construcción
del orden capitalista.
Si
de origen se trata, para el caso de la Argentina, la construcción del Estado
Nación se asocia al préstamo de la Baring Brothers en 1824, gigantesca hipoteca
cancelada un siglo después.
De
igual modo, el endeudamiento público externo argentino durante la dictadura
genocida (1976-1983) constituyó el mecanismo privilegiado de inserción
subordinada del país en la nueva lógica que asumía la reproducción del
capitalismo mundial bajo hegemonía de las transnacionales financieras.
Vale
recordar en ese sentido la crisis de los 70´, que incluyó la dimensión
monetaria con la “inconvertibilidad del dólar” declarada por Richard Nixon,
Presidente de EEUU, en agosto de 1971.
La
decisión unilateral estadounidense rompió con los acuerdos de Bretton Woods de
1944, de dónde surgió el acuerdo financiero con el FMI y el Banco Mundial como
organizaciones rectoras. La capacidad de acción unilateral estadounidense es aún
mayor que entonces.
La
inconvertibilidad del dólar es un antecedente de no pago de la deuda de una
nación ante tenedores externos de títulos de ese país. Con la medida EEUU incumplió
el canje de dólares que devolvían países europeos por oro en garantía de esos
dólares y custodiado por EEUU, acuerdo suscripto en 1944.
Está
claro que la dominación económica incluye las distintas dimensiones de la
política económica, sea la producción o aquellas relativas a la circulación,
tal como la política monetaria, financiera o cambiaria; y muy especialmente la
política fiscal y de ingresos.
Por
ello, no debe sorprender lo manifestado por el propio ministro de la Dictadura
genocida, José Alfredo Martínez de Hoz a la salida del gobierno, al señalar que
la medida más revolucionaria gestada bajo su gestión (abril de 1976 a marzo de 1981)
fue la Ley 21.526 de Entidades Financieras promulgada bajo la dictadura en 1977
y aún vigente.
La
deuda pública es un mecanismo de dominación en el origen del capitalismo y constituye
una fuerte referencia para pensar los modos contemporáneos de reproducción de
la lógica de dominación del capital trasnacional más concentrado.
Iniciativa del poder y la del contrapoder
Constituye
la deuda una parte sustancial de la iniciativa del poder, lo que resulta
evidente en el caso de la Argentina.
La
deuda era impagable en 2018 y sin embargo el FMI otorgó el préstamo más grande de
su historia, por unos 57.000 millones de dólares, a un país que no podía reembolsar
esos fondos.
El
interrogante sobre la decisión trasciende la economía y las finanzas y se
asienta en la política. El gran decidor en el FMI es EEUU y el gobierno de
Donald Trump apostó a la continuidad en el gobierno de la Argentina por
Mauricio Macri, quien mejor expresaba en la región la política exterior
estadounidense y su interés por el petróleo de Venezuela y la erradicación de
toda propuesta crítica a EEUU y al capitalismo.
No
tuvo éxito en el propósito, pero asumirá el “acuerdo” como un chantaje para
llevar adelante el programa del ajuste y las reformas estructurales, que actúa
sobre una parte de la sociedad que asume la irreversibilidad del pago de la
deuda.
Todo
el arco ideológico a la derecha y cierta parte de la llamada centro izquierda
está sujeta al chantaje de “honrar” la deuda, por lo que resulta imprescindible
llevar adelante una Auditoría Integral con participación ciudadana para
determinar la legalidad y legitimidad de la nueva y de la vieja deuda.
Investigaciones
de la deuda hay muchas, no solo en la Justicia, sino en diferentes ámbitos del movimiento
popular y la sociedad, los que deben sistematizarse cruzando la información
digitalizada en el BCRA, relativo al movimiento internacional de capitales. Se
trata de descifrar quienes fueron los responsables y beneficiarios del endeudamiento.
Los
responsables de la gestión económica y financiera deben ser investigados, tanto
como los principales operadores del movimiento internacional de capitales,
estrechamente asociados al fenómeno fuga de capitales.
Todo
lo señalado supone la organización de una gran y amplia campaña de esclarecimiento
sobre la deuda pública, su origen y motivaciones, sus condicionantes y las perspectivas
de asumir uno u otro rumbo.
Por
lo pronto, el Presidente electo anticipó que no se demandarán los desembolsos
por el remanente del acuerdo suscripto entre el Gobierno Macri y el FMI. Ya se
desembolsaron 44.149 millones de dólares para un total de casi 57.000 millones de
dólares. También se sostuvo que no se cancelará deuda hasta que no se recupere
la economía local, es decir, primero crecer y luego pagar.
Con
ambas declaraciones se augura un conflicto importante con el FMI y su socio
fuerte detrás, EEUU.
Las
negociaciones con el FMI ya empezaron y se puede lograr plazo para la
cancelación, pero no la quita de intereses o de capital, y mucho menos
concesiones en las “condicionalidades”, las que apuntan a reaccionarias
reformas laborales, previsionales y tributarias, sin perjuicio de un profundo
ajuste fiscal contra los gastos sociales.
Por
eso se impone un gran debate ideológico para una movilización social en la
disputa por el consenso mayoritario por la Auditoría integral de la deuda con
participación ciudadana para definir la legitimidad de las deudas.
Para
confrontar la iniciativa del poder hace falta enfrentarla con otra iniciativa
contraria, que tiene que superar la ilusión relativa a la posibilidad de
negociar la deuda y generar condiciones para su cancelación. La deuda es impagable
y la prioridad deviene por satisfacer demandas de la mayoría social.
Apuntamos
a la necesidad de resolver los problemas de la pobreza, en torno al 40%
estimado para fines de año, dentro de lo cual aparecen las necesidades
alimentarias: el hambre y otros aspectos que hacen a la reproducción de la vida
cotidiana de la mayoría social empobrecida, unos 16 millones de personas.
Se
trata de recomponer ingresos populares de manera inmediata: salarios,
jubilaciones y planes sociales. Es la mayoría de la población en Argentina y
que anima el consumo, que resulta el 80% de la ecuación macroeconómica actual,
producto de la baja inversión y el escaso volumen del comercio exterior.
¿Es posible avanzar por este camino?
Lo definitorio
será la voluntad social organizada y movilizada, por eso se requiere un
accionar deliberado, programado para instalar la contradicción entre atender la
demanda de los acreedores externos y la de los acreedores internos de alimentación,
salud, educación, energía o cuantiosos derechos detrás de las reivindicaciones
de la mayoría social empobrecida.
Se
me consulta si hay recursos para atender estas necesidades. En principio habrá
que acudir a la emisión monetaria y postergando pagos de la deuda pública, lo
que habilita el uso de recursos de las reservas internacionales para estimular la
activación de la economía, vía producción y consumo. No es una novedad. Así
ocurrió en el 2002, lo que supuso una recuperación económica con base en la suspensión
parcial de los pagos en diciembre del 2001.
La
Argentina está en default selectivo, que deberá ampliar ante la imposibilidad
de hacer frente a los vencimientos de la deuda. Eso agravará las posibilidades
de financiamiento en el mercado de capitales y, de hecho, el país tendrá que
procesar su política económica sin acudir al crédito externo y favorecer un
proceso dinámico de acumulación sustentado en la inversión pública, solo
posible postergando pago de intereses y capital de la deuda pública, además de
una progresiva reforma tributaria que grave a las principales fortunas.
Complementariamente
deberá reformar el régimen financiero, que data de tiempos de la dictadura
genocida, la Ley de Entidades Financieras de 1977, para avanzar en mecanismos
de socialización de la banca, con participación social en la toma de
decisiones. Al mismo tiempo deberá avanzar en el control de cambios y del
comercio exterior, lo que supone la re-estatización de puertos y el transporte.
El
control de la inflación es clave y requiere terciar en la disputa de poder que
está en el trasfondo de la escalada de precios, especialmente tarifas de servicios
públicos lo que generará una muy fuerte resistencia del poder económico.
Se
trata en definitiva de una confrontación entre los beneficiarios de las
políticas en curso y la mayoría de la sociedad, que no puede quedarse en la
espera de soluciones “mágicas”. Lo que se requiere es más que el consenso
electoral para derrotar a Macri y generar condiciones políticas relativas a una
conciencia mayoritaria para transformar el orden económico y social.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2019
[1] Ministerio de Hacienda. Informe
al III Trimestre del 2018, en: https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/informes-trimestrales-de-la-deuda
(consultado el 30/11/2019)
[2] Carlos Marx. El Capital,
Tomo I, Capitulo XXIV, acápite 6 “Génesis del capitalista industrial”, páginas
943 y siguientes; Siglo XXI Editores, 2004, Buenos aires, Argentina.
