Aporte de grandes fortunas y canje de deuda pública

 

El mes de agosto cierra en la Argentina con dos grandes temas de la economía que ocuparán el debate ideológico político en el próximo tiempo, más allá de lo que realmente puedan expresar en su capacidad de modificar la recesión. Uno de los temas remite al cierre del canje de la deuda pública en divisas de legislación extranjera. El otro a la presentación para el debate en el Congreso del proyecto de Ley: “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, más difundido como impuesto a las grandes fortunas personales.

La próxima semana sabremos el porcentaje de adhesión al canje, estimado en torno al 90% o más. Un “éxito” dirá el colectivo de inversores y especuladores, ya que se aleja la cesación de pagos, algo reiterado en el corto plazo desde el re-perfilamiento de la deuda oportunamente dispuesto por el gobierno Macri y sostenido hasta el presente. Ahora habrá nuevos títulos y con ellos, a seguir contabilizando ganancias que pueden apalancar nuevas y jugosas operaciones especulativas en el mercado financiero local y global.

Por ello, los acreedores felices, cuya acreencia, por ahora, no resulta investigada, y aún con rentabilidad a la baja respecto de la que tenían hasta antes del canje, el horizonte del impago se esfuma. Es una buena noticia para ellos en el escenario mundial de recesión, caída de las ganancias y escasa previsión de reversión, según todos los organismos especializados en el ámbito mundial.

Localmente se analiza la noticia como la habilitación a un proceso de inversiones. Una conclusión a contramano del informe de la UNCTAD que señala una merma de las inversiones en la región latinoamericana y caribeña por encima del promedio mundial. Si en el mundo, la caída oscilará para el 2020 del 30 al 40%, para nuestra región el desempeño es a la baja entre el 40 y el 55%.[1]

No es este un tiempo de impulso a la inversión, menos a la productiva. Incluso el titular de la Reserva Federal de EEUU explicó este jueves 27/8 el balance de la política monetaria de su país por 40 años y los cambios desde ahora, consensuado desde el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés).[2] Dice Powell que “…las evaluaciones de la tasa de crecimiento potencial o de más largo plazo de la economía han disminuido. Por ejemplo, desde enero de 2012, la estimación mediana del crecimiento potencial de los participantes del FOMC ha caído del 2,5 por ciento al 1,8 por ciento”, tal como se presenta en el cuadro que sigue tomado del sitio de la FED, donde compara las previsiones propias del FOMC, con la consultora privada Blue Chip y la data del Congreso (CBO).



Admite luego, que la intervención vía política monetaria tiene límites y no se puede seguir bajando la tasa de interés, que bajó del 4,25% en 2012 al 2,5%, con escasa posibilidad de seguir a la baja. Como preocupa la recesión del primer semestre del 2020, se aleja de la convicción sustentada por cuatro décadas concentrada en el control de la inflación por vía de política monetaria, ya que el empleo, fuerte antes de la pandemia, con un 3,5% de desempleo, se transformó ahora en un problema serio con 11,1% para junio 2020, e incluso 14,7% para abril pasado. La Reserva Federal de EEUU flexibiliza su política para estimular la suba de precios y con ellos la inversión y el empleo.

Por eso dije que se trata de un debate ideológico, o si se quiere, propagandístico, ya que no existen previsiones reales, en el desempeño de la economía mundial, o del país, para un desembarco de inversiones externas. Ni hablar de inversiones locales, aun cuando ahora se rasguen las vestiduras en contra del potencial “aporte solidario”. Se escucha decir. “acá no te dejan trabajar, ni invertir”; “la presión fiscal es muy alta” o “se castiga a los emprendedores”, que vendrían a ser los inversores que no invierten.

En rigor, como señala la UNCTAD o la FED, es una tendencia del capitalismo de esta época, donde todo se canaliza en rentabilidades financieras de muy pocos, precisamente los que estimulan procesos de sostenibilidad de las deudas públicas que eviten el colapso del mecanismo especulativo de las finanzas y el endeudamiento que hipoteca y condiciona a los pueblos.

Una más sobre la deuda, recordar que este canje es apenas sobre unos 65.000 millones de dólares (m.d.), de un total de 323.000 m.d., que, además, incluye al Fondo de Garantía de Sustentabilidad con un 67% de sus recursos invertidos en la deuda pública nacional y llega al 75% si computamos préstamos al Estado nacional y a las Provincias.

Aporte solidario de las grandes fortunas

El debate político ideológico comenzó en cuanto se enunció la posibilidad, aun cuando se difundían iniciativas similares en varias partes del mundo, algunas de las cuales recogen los fundamentos del proyecto de Ley.

Ahora habrá debate en el Congreso y en la sociedad. Es más, los medios ya iniciaron su campaña mediática con un discurso que sustenta que el inversor es quien resuelve el crecimiento y por ende el empleo y el consumo, por lo que no hay que matar a la “ponedora”, incluso utilizan un discurso del presidente uruguayo que alude a su vocación por la iniciativa privada, más proclive a la reducción de impuestos que a gravar a las grandes fortunas.

Todos ellos desconocen, quizá por ignorancia, la máxima de los primeros intelectuales que sistematizaron los estudios económicos en el capitalismo, la Escuela Clásica, que pregonaron que el capital es “trabajo acumulado” y que la ley del valor remite al trabajo humano como fuente del valor y no como sostienen los actuales vulgarizadores al señalar al capital como el originador de la riqueza. El capital es producto del trabajo humano acumulado y apropiado privadamente, con una historia de violencia que se recicla con rigurosidad en nuestro tiempo.

Se estima recaudar unos 300 mil millones de pesos, unos 4.000 m.d. al tipo de cambio oficial de la fecha. Al tipo de cambio del “blue”, apenas expresa la mitad. La cifra pretendida no resuelve el déficit heredado y menos el generado por la pandemia, pero lo reduce. Se supone que la medida alcanzará a unas 12.000 personas con patrimonio por encima de los 200.000 millones de pesos.

Constituyen una minoría de grandes recursos patrimoniales, de fortunas individuales. La contribución, por única vez, no está orientada hacia las empresas. Este es también un argumento en contra de quienes sostienen que la medida impacta negativamente en la voluntad inversora de las empresas.

El estímulo a la actividad económica durante la pandemia estuvo más en el Estado y su capacidad de emisión que en cualquier voluntad del sector privado. De no ser por la intervención estatal, en el país y en el mundo, la situación sería aún más grave de lo que representa hoy el crecimiento de la pobreza y la indigencia, además del deterioro de todos los indicadores sociales.

La ley en debate propone cinco destinos a la recaudación: a) 20% para atender la emergencia en salud; b) 20% para atender necesidades de empleo y remuneraciones de micro y pequeñas empresas; c) un 20% para becas “progresar”, administradas por el Ministerio de Educación; d) un 15% para habitantes de barrios populares, más de 4 millones de personas, vía del Registro Nacional de Barrios populares, RENABAP, para salud y habitación; e) un 25% con destino en YPF para producir gas. La letra señala el uso federal de los recursos recaudados.

Señalemos que aún falta el debate para su proclamación y puesta en funcionamiento, por lo que el cálculo en divisas se posterga hasta el momento de su puesta en ejecución. Algunos imaginan una baja de la cotización de la divisa por el acuerdo del canje de deuda, pero la tendencia histórica nos hace suponer un proceso de deterioro de la moneda local sobre las divisas. Por ende, toda demora en la puesta en práctica del “aporte solidario” disminuirá su capacidad efectiva, medida en moneda extranjera.

La batalla es política e ideológica

Ambos temas generan debate político e ideológico, ya que las condiciones económicas de la argentina y del mundo no dan para el optimismo, menos para generar condiciones de distribución progresiva del ingreso y la riqueza, especialmente cuando se inició la negociación del acuerdo con el FMI, donde además del ajuste fiscal para hacer sostenible el pago de la deuda, se inscriben cláusulas favorables a una reforma estructural que suponen reaccionarias reformas laborales y previsionales, incluso tributarias.

Aprobar la ley resulta imperioso, para mejorar la recaudación pública y atender la emergencia, pero al mismo tiempo hace falta un profundo debate contra el “sentido común” que ubica al inversor capitalista en el origen de la producción de riqueza. Es una tarea ciclópea a desplegar en todos los territorios, especialmente en el simbólico que estimula la voluntad social de los sectores sociales empobrecidos y explotados. Entre la mayoría de la sociedad es donde debe gestarse el nuevo sentido común de otra economía, con una lógica alternativa de la producción, sustentada en la auto-gestión, sin fines de lucro y para satisfacer amplias e insatisfechas necesidades vitales de la humanidad, las que, además, deberán contemplar el cuidado de la vida en general, es decir, de la naturaleza.

La pandemia continua y nadie puede asegurar el fin de la misma en el corto plazo, por lo que la normalidad de la explotación y el saqueo aparece mediada por una decisión generalizada que induce a la recesión, o a un crecimiento pobre de la actividad económica. Es algo que verifica en estas horas el banquero central de EEUU y hace meses la Asamblea del Poder Popular en China al negarse a fijar metas de crecimiento para el presente año.

Hay que esperar en estos días un fuerte debate de ideas, en torno a “qué bueno que Argentina salió del default”, en lugar de discutir la necesaria investigación a fondo de una deuda odiosa en buena parte y que, claro, mientras se investigue se posterguen los pagos.

Al mismo tiempo, el debate apunta a discutir quien tiene que pagar la emergencia, e incluso más allá de la misma, de dónde deben salir los recursos para sustentar una política con horizonte en resolver necesidades sociales a contramano de la lógica de la ganancia.

El interrogante es quien acumula más en esta discusión por el sentido común de la sociedad.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2020



[1] UNCTAD. La producción internación más allá de la pandemia en 2020, en: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf (consultado el 29/08/2020)

[2] Jerome H. Powell, presidente de la FED, “Nuevos desafíos económicos y revisión de la política monetaria de la Fed”, 27 de agosto de 2020, en: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm (consultado el 29/08/2020)

 

Ilusiones sobre el ingreso de capitales externos

 

Durante la gestión de Mauricio Macri se generaron fuertes expectativas en el ingreso de capitales externos, especialmente centradas en la formación “vaca muerta”, para la extracción de hidrocarburos no convencionales, con destino en la exportación. Argentina aparece como segunda reserva mundial de gas no convencional y como cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. El tema interesa, en tanto y en cuanto esa producción de hidrocarburos será una fuente importante de divisas.

Sabemos que un país fuertemente endeudado como la Argentina demanda de enormes cantidades de recursos para hacer frente a unos compromisos muy elevados. La realidad, es que esas inversiones nunca llegaron en la cantidad suficiente y necesaria, aun con un entorno ideológico altamente favorable al “mercado” y a la “iniciativa privada”.

El problema es más que ideológico y tiene razones económicas que trascienden al país y se proyectan sobre la región latinoamericana y caribeña en un tiempo de retracción de la actividad económica. En efecto, en un informe reciente de la UNCTAD[1] se señala una tendencia preocupante sobre la evolución de la economía mundial y su impacto en la región. En primer lugar, se destaca en el informe sobre las inversiones externas, el estancamiento de la producción mundial en los últimos años, especialmente considerando el flujo de la Inversión Externa Directa (IED), el comercio internacional y el Producto Bruto mundial, tal como señala la Gráfica más abajo.

Lo que aparece con claridad en la gráfica que sigue es la ralentización del comercio internacional (asociado al estancamiento productivo) y a un freno al aliento de las cadenas de valor mundiales (CVM) que expresan la expansión de la internacionalización (transnacionalización) de la producción, acelerada desde el 2000, muy especialmente entre 2003 y 2008 (año del pico para las CVM). Luego y por imperio de la crisis mundial con gran recesión mundial que se destaca como una caída importante en el 2009, con leve recuperación en 2010 y 2011, para sostenerse entre 2015 y 2019 en valores del 2002-2003. Nunca se recupera el marco de expansión sustentado hasta el 2008, evidenciando la gravedad de la crisis mundial evidenciada entre 2008 y 2009.


Más aún, la pandemia agravó la situación y el pronóstico no es bueno. La UNCTAD difunde, según vemos en la gráfica a continuación, una importante caída de la IED desde 2015 hasta 2019, con continuidad pronosticada de la caída en 2020 y 2021. Como se aprecia, la perspectiva de rebote recién opera en 2022.

El incremento de las IED fue modesto durante el 2019, un 3% señala el informe, mientras que para el 2020 se espera una baja del 30 al 40% en la economía mundial. Ese promedio de baja de las inversiones tiene impacto diferenciado según las regiones y especialmente el tipo de desarrollo de cada país.

La caída de las inversiones será del 25 al 40% en el capitalismo desarrollado, incluso más grave para Europa que para EEUU. Es mayor el impacto sobre las economías en desarrollo, en un orden del 30 al 45%. Si llama la atención el dato de una caída del 40 al 55% en América Latina y el Caribe (ALC). Para la región latinoamericana y caribeña, hasta abril 2020 se verifica una caída del 36%, con una secuencia en los 4 meses agravándose, con una baja entre puntas, entre diciembre y abril, del 78%.


 


Son EEUU y China los que encabezan el ranking mundial de ingresos de inversiones. Entre los principales destinatarios de inversiones, de la región latinoamericana y caribeña solo aparece Brasil, que asciende de la posición novena a la sexta.

Si miramos los principales destinos en la región, encabeza Brasil, seguido de México, Colombia, Chile y Perú.


  

Tal como muestra la gráfica anterior, en 2013 la región tuvo el 12,7% de entradas de inversiones sobre el total mundial, con un piso en 2016 con un 6,9%. En 2019 alcanzó el 10,7% sobre el total. Son datos que verifican el escaso interés de inversores internacionales sobre la región latinoamericana y caribeña. Respecto de las salidas de IED, la región participa del 3,2% del conjunto mundial, siendo la referencia más elevada desde el registro a 2013 contemplado en el Informe de la UNCTAD.

En las consideraciones a futuro del Informe no aparecen orientaciones alentadoras y quizá como “novedad” se incluye un dato de la realidad, relativo al uso de las “plataformas digitales” para la promoción de las cadenas de valor mundial; y el aliento a la construcción de “infraestructura digital sostenible”. Se trata de una mirada desde la lógica de las empresas y los inversores, concentrado en datos duros del flujo de inversiones. No hay en el informe apreciaciones relativas a las necesidades que sugiere la vulnerabilidad social derivada de la pandemia y más allá, es decir, sobre la crisis social detrás de la situación económica mundial de estancamiento verificada como tendencia en este Siglo XXI, ya ingresando en la tercera década.

Los datos son preocupantes y más aún la ilusión relativa a una salida subordinada a la voluntad inversora de los capitales, quienes buscan desde su lógica la obtención de alta rentabilidad de la inversión. Por eso, no sorprende que insisten ideológicamente con una receta de “políticas” orientadas a reformas laborales y previsionales que ahorren recursos a los inversores en la búsqueda de la ganancia.

Para superar la crisis habrá que cambiar desde la lógica de las ganancias a la de pensar la recuperación económica centrada en satisfacer necesidades de la población. Ello supone abandonar la ilusión de la salvación centrada en la iniciativa privada de los inversores y avanzar en una lógica de utilización de escasos recursos públicos orientados a resolver una producción social orientada a satisfacer básicas necesidades de la sociedad empobrecida. Habrá que pasar de lo privado a lo social, a lo público y comunitario, de objetivos económicos enfocados en racionalidades de lo individual a otras que ubiquen el propósito a resolver en lo colectivo.

Buenos Aires, 23 de agosto de 2020



[1] UNCTAD. Reporte sobre las Inversiones en el mundo, 2020. La producción internacional más allá de la pandemia, en: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf (consultado el 23/08/2020)

La pandemia continúa y se agrava la emergencia social

 

Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.

Por un lado, la suba de precios es un continuo que se manifiesta en una tendencia a la baja desde el pico del 2019, pero elevada en términos de posibilidad de satisfacer las demandas reproductivas de la mayoría empobrecida. El dato de inflación anualizado, según el INDEC es de 41,4% a julio 2020 y según el BCRA podría llegar a 39,5% en todo el 2020, cuando en diciembre pasado alcanzó 53,8%. Es una tendencia a la baja, sí, pero no favorece la ausencia de actualizaciones por suspensión de paritarias o el caso de las jubilaciones con ajustes por decreto, incluso con mínimos percibidos por una mayoría importante, que apenas llega al tercio de las necesidades del adulto mayor. Por otro lado, merman los ingresos populares por variadas razones, entre los que destaca una carrera a pérdida contra los precios, pero muy especialmente por la baja del empleo registrado, el incremento del desempleo, la subocupación y la creciente precariedad laboral. El Ministerio de Trabajo informa en agosto los datos de julio del 2020 en materia de empleo registrado, resaltando la disminución de 409.000 trabajadores y trabajadoras respecto de mayo 2019, incluso 92.000 menos respecto del mes inmediato anterior, abril del 2019.

Los precios de julio 2020 subieron 1,9% y se temen rebotes en el corto plazo, con presiones incluso del poder económico, que demanda actualización del precio del dólar para mejorar ingresos por exportaciones, pero también de actualización del precio de los combustibles, con las petroleras induciendo la suba, entre ellas YPF, empresa privada con capitales externos, aun cuando sea de gestión estatal.

¿Por qué es más importante la demanda de rentabilidad de las empresas que la de los jubilados y las jubiladas por actualizar sus ingresos?

¿Por qué los exportadores demandan mayor precio de la divisa cuando el proceso de producción para la exportación supone una diversa articulación productiva para la obtención del producto o servicio exportable?

La respuesta a esos interrogantes es política y se reduce a la capacidad de intervenir en la lucha de clases, es decir, quien tiene la fuerza para imponer su precio, el que se deriva de la propiedad privada de los medios de producción o quien lo deriva del precio de venta de la fuerza de trabajo, pauta válida para asociar a los ingresos previsionales.

El empleo registrado viene retrocediendo desde hace tiempo. En el corto plazo, la tendencia es a la baja desde septiembre del 2019, agravada desde marzo pasado por la lógica del parate de la actividad económica; pero en el largo plazo y de modo absoluto las personas con trabajo registrado están al mismo nivel que en 2016, aun con incremento de la población, por lo que en términos relativos existe un fuerte retroceso.

Son 11,7 millones los trabajadores y trabajadoras registrados/as y al mismo tiempo existen unos 5 millones no registrados/as, una cifra equiparable a las trabajadoras y trabajadores registrados. Este dato de no registrados es señal de la impunidad empresaria y de la debilidad del movimiento obrero que no puede imponer los derechos sociales, individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Estos datos ofrecen el real panorama de deterioro de las condiciones de empleo en el país, un objetivo buscado desde mediados de 1975 y afianzado con el golpe genocida de 1976. En rigor, nunca se dejó de lado ese objetivo, que aún se proyecta sobre el país ante la demanda empresarial y de los organismos internacionales por las regresivas reformas laborales y previsionales.

¿Por qué pesa más la demanda empresarial para reducir costo de producción, que la realizada por trabajadores y trabajadoras para mejorar los ingresos populares por salario, prestaciones sociales, jubilaciones o asignaciones diversas que hace a la calidad de vida?

Nuevamente, la respuesta está en la lucha de clases, en la capacidad de intervenir en un sentido o en otro. La ofensiva del capital es la tendencia que se impuso en este tiempo histórico que señala su inicio hacia 1975/76, y no es solo una referencia local, es parte de lo que acontece en el mundo, especialmente luego de la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.

Falta una estrategia popular y un nuevo internacionalismo

La gran discusión remite al qué hacer. En ese sentido, cada cual atiende su juego. Hablando desde los trabajadores y las trabajadoras, lo que existe es dispersión de estrategias, lo que nos permite decir que no hay estrategia del movimiento obrero. La CTA en los 90 pretendió construir un nuevo modelo sindical, generando expectativas y entusiasmo.

Fue el de la CTA un proyecto en expansión hasta el ciclo 2001-03, cuando encontró sus límites, que llevaron a sucesivas fracturas en varias expresiones que demandan ser portadoras del legado histórico. No solo existen tres agrupamientos nacionales que se asumen en ese sentido, sino que se suman algunas realidades locales o provinciales que están por encima y más allá de esas tres que pretenden la representación histórica del proyecto originario.

En la CGT, las idas y vueltas en torno a su conducción y el camino de conciliación, especialmente en los acuerdos con las centrales patronales, la deslegitiman y define, pese a contener en su seno a importantes e históricos sindicatos.

Un dato relevante es la extensión del movimiento social de trabajadoras y trabajadores, que en los 90 tuvieron conchabo y capacidad de acumulación en la CTA, en tanto Central de trabajadoras y trabajadores, pero que al compás de la fragmentación debilitó esa potencia de articular lo sindical y lo social territorial, aun manteniendo una cuota de adhesión de movimientos en los fragmentos de las CTA.

El movimiento social sigue creciendo al amparo del deterioro de las condiciones de vida que venimos señalando y por eso no sorprende la actividad de auto-organización socioeconómico, en simultaneo con la canalización de demanda de ingresos por vía estatal desde la misma crisis del 2001/02.

De hecho, el plan jefes y jefas de hogar, con 2 millones de subsidios fue el inicio de la multiplicidad de planes que llegan al IFE actual, con una demanda de 12 millones de personas que se consideran con derecho a su percepción.

Con esta base surgieron variadas organizaciones populares, que hacen visible ahora su demanda para resolver ingresos a 5 millones de personas y lo visibilizan con principales dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos enfrentados en la disputa por la conducción.

Dijimos que cada cual atiende su juego y en efecto, en este acto resulta evidente que cada quien busca la legitimación de su demanda.

El reclamo de los movimientos trasciende el ingreso monetario e incluye tierra para la construcción de viviendas y asentamientos de emprendimientos productivos para la reproducción de la vida cotidiana.

Con ello, puede discutirse la inmediatez del reclamo o la puerta que habilita ingresar un debate más amplio sobre el orden económico, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.

El límite del capitalismo impone la defensa de los intereses por empleo y salario adecuado en las condiciones de la relación capital trabajo, mientras, que, si vamos más allá de las relaciones capitalistas, las experiencias de auto-gestión en movimientos territoriales o en empresas recuperadas, entre otras expresiones de la economía popular, pueden dar sustento a una discusión que trasciende el orden económico capitalista.

La tendencia derivada de la ofensiva capitalista lleva a la pérdida de derechos laborales, por lo que no alcanza con su defensa, sino que se impone ir más allá y construir una estrategia que se proponga lo esencial en materia de objetivos.

Esto supone la definición de objetivos anticapitalistas, los que se construyen en la cotidianeidad del presente, tal como lo intentan en la defensa de los derechos y en contra de la mercantilización cuantiosas organizaciones sociales y territoriales. Estas, disputan recursos públicos para sus objetivos al tiempo que descreen de la estructura estatal en permanente búsqueda de cooptación. Es una relación dialéctica de inserción en el Estado y al mismo tiempo su rechazo. Un entrar y salir complejo según el interés del propio movimiento. Claro que en ese ir y venir se cometen errores o suceden acontecimientos no buscados, entre los cuales sobresale la corrupción, pero no mella el objetivo de búsqueda propuesto.

La variedad de estrategias de supervivencia, algunas más efectivas que otras, hacen evidente la ausencia de una estrategia integral del movimiento de trabajadoras y trabajadores tal como se presenta en esta actualidad de ofensiva capitalista. Es una cuestión para pensar, que trasciende el debate local y tiene proyecciones regionales y globales en el marco de la tercera década del Siglo XXI, lo que requiere de un nuevo internacionalismo de los pueblos.

Buenos Aires, 16 de agosto de 2020

Acuerdo para el canje de bonos de la deuda pública argentina con los Fondos Financieros

 

El pasado 4 de agosto vencía una invitación al canje de deuda externa pública de legislación extranjera que la Argentina había inscripto ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, la U. S. Securities and Exchange Commission (SEC).

La oferta del canje era por unos 65.000 millones de dólares (md). Los trascendidos indicaban que hasta la fecha se había recogido un 30/35% de apoyo, lo que era insuficiente para llevar adelante la operación de canje de títulos, ya que una mayoría demandaría al país por la deuda impaga ante los tribunales de Nueva York, especialmente aquellos cuyos títulos son gestionados por grandes Fondos de Inversión.

El país estaba a punto de consolidar el default, porque hace rato que la Argentina está postergando pagos de su deuda vencida sin declararse formalmente en “cesación de pagos”. Durante el 2020 ya se postergaron unos 1.800 md. El vencimiento del plazo ante la SEC del 4 de agosto, aceleró las condiciones de un acuerdo con grandes Fondos Financieros.[1]

Por el acuerdo se supone que entre el 80 y el 90% de los tenedores de bonos se inscribirán en el registro habilitado en la SEC hasta el 24 de agosto próximo, nueva fecha de extensión de la invitación para acogerse al canje de deuda pública argentina de legislación extranjera. De ese modo, el 28 de agosto podrá saberse con certidumbre la cantidad de bonistas que aceptaron ingresar al canje de deuda y receptar los nuevos títulos, los que se entregarán el 4 de septiembre del 2020.

El resultado concreto es que el país posterga pagos en el corto plazo, libera compromisos cuantiosos en el actual periodo de gobierno, estimados en 37.000 md y transfiere los vencimientos de deuda para los próximos turnos presidenciales de la Argentina, especialmente los que se sucedan luego de diciembre del 2023.

Junto a ese acuerdo de canje, en el Congreso Nacional se aprobó la legislación que autoriza el canje de la deuda pública de legislación local, que involucra otros 42.000 md. Quienes no acepten este canje seguirán sin percibir ingresos hasta fines del 2021, legalizando la postergación del impago de estos títulos.

Se supone que ambas cuestiones, el acuerdo con los Fondos financieros por la deuda de legislación externa, 65.000 md, y la ley para el canje de la deuda de legislación local, casi 42.000 md, facilita las negociones en curso con el FMI para reestructurar vencimientos desde el 2021 con el FMI relativos a los desembolsos 2018 y 2019 por 41.500 md.

Estos anuncios suponen la reestructuración de la deuda pública por casi 150.000 md, sobre un total de unos 323.000 md. Ese resto de deuda es, en gran parte, con organismos del Estado, entre ellos la ANSES o el BCRA, lo que supone un trámite administrativo para la reestructuración.

Postergación de los compromisos de pago y reactivación económica

Argentina ganó tiempo en esta reestructuración, que supuestamente incluirá un acuerdo con el FMI.

Se postergan pagos sin quita de capital, renovando deudas con baja en la tasa de interés, pero no se resolvió el tema de fondo de la hipoteca que condiciona, ya desde hace décadas a la economía local.

Qué el valor neto presente sea del 54,8% no evita que al vencimiento de los títulos la deuda sea por el total nominal indicado en los nuevos bonos.

En efecto, cada turno presidencial desde 1983 reestructuró los vencimientos de deuda pública, postergando el problema sin resolver la cuestión de fondo, pagando vieja deuda con nueva.

La única forma de resolver el tema tiene punto de partida con una investigación sobre el carácter odioso o no, legal o ilegal, legitima o ilegitima de la deuda asumida desde la dictadura genocida. Es una cuestión pendiente desde la vigencia constitucional a la salida de la dictadura genocida.

No alcanza con informes sobre grandes cuentas de deuda y fuga de capitales, al estilo del informe del BCRA de mayo pasado. Allí se indica que el grueso de los fondos ingresados por deuda pública, 86.000 md sobre 100.000 md, se fugaron de la Argentina.

Interesa indagar quienes fueron los beneficiados, con nombre y apellido, qué funcionarios facilitaron esas operaciones y que entidades financieras favorecieron esas maniobras, para terminar con la gran estafa del endeudamiento público a costa del conjunto de la sociedad.

Mientras dure la impunidad por la deuda, el poder festejará cada acuerdo que otorgue continuidad al mecanismo de la deuda y la dependencia profundizada.

Aún resulta prematuro evaluar el impacto que esta postergación tendrá en la política económica y la satisfacción de las demandas sociales más extendidas; más aún en la estructura económica y social de la Argentina.

En el imaginario discursivo del gobierno se enuncia que esta liberación de compromisos en el mediano plazo, hasta el fin del mandato de Alberto Fernández en diciembre del 2023, facilitará la recuperación de la economía.

¿Alcanzará el tiempo y los recursos disponibles con las limitaciones estructurales de la época?

Remitimos a las condiciones de funcionamiento de la economía mundial, en grave recesión en tiempos de coronavirus y más allá, producto de una crisis de arrastre, por lo menos desde 2007 y sin perspectivas ciertas de superación.

Incluso, con el FMI no solo se discutirán los vencimientos y su postergación, sino las clausulas relativas al ajuste fiscal y a las reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional.

En materia fiscal es delicada la situación actual, con un pronóstico de déficit en torno al 10% del PBI, derivado de una caída de la recaudación y un aumento del gasto para compensar el perjuicio social de la recesión en curso. Es más, el pronóstico que publica el BCRA, según estiman los consultores en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), es que la caída en la actividad económica del 2020 será del 12,5%, por ende, menor recaudación y penurias sociales a compensar con mayor gasto y emisión monetaria.

Reforma laboral y previsional

La incógnita se extiende a las reformas estructurales demandadas. La actualización de las jubilaciones está en debate en el Congreso, con deterioro del ingreso previsional y un achatamiento de la pirámide de haberes de jubiladas y jubilados.

El último intento de reforma del régimen jubilatorio nos lleva a la crisis de diciembre del 2017, ¿el comienzo del fin en el consenso al gobierno de Mauricio Macri? No será sencillo atacar derechos históricos de jubilaciones y pensiones en la Argentina.

La cuestión previsional es un tema de debate en todo el mundo, sin respuestas evidentes y con conflicto social visible, caso de Chile o de Francia. En ambos países se hizo visible la protesta ante la ofensiva contra los ingresos previsionales. El capital pretende esos fondos para sus objetivos y al mismo tiempo reducir el costo de producción en contra del bienestar de los adultos mayores.

No solo las jubilaciones se discuten. ¿Qué ocurre con el régimen laboral? El desempleo y la precariedad crecen, en el país y en el mundo. Todos los registros explicitan el rumbo, con un límite muy cierto en la capacidad de resistencia de las organizaciones sindicales y sociales de los países, donde la tradición argentina pesa.

Las declaraciones de los empresarios sobre la reciente ley de teletrabajo anticipan los contenidos de la demanda patronal, concentrados en la idea que no existe propensión al empleo sin la seguridad de ejercer el derecho al despido por decisión empresaria. La pérdida de derechos sindicales, sociales, laborales, individuales y colectivos es la esencia de la ofensiva del capital contra el trabajo.

Es algo que ocurre desde la salida a la crisis de rentabilidad operada desde fines de los 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado. Por eso el genocidio de la dictadura y las transformaciones estructurales en la relación capital trabajo que se viene consolidando, más allá de matices, en el tiempo de vigencia constitucional entre 1983 y el presente.

Desde un punto de vista objetivo, medido en términos cuantitativos de capacidad de compra de los ingresos populares, la regresiva reestructuración se profundiza en condiciones de recesión y elevada inflación, estimada en el REM del BCRA en 39,50% para el 2020.

La baja de ingresos, los despidos y la irregularidad en el empleo, constituyen la base de una reforma laboral regresiva demandada por el capital y que está en la letra del acuerdo con el FMI.

No alcanza con reestructurar la deuda, aun postergando pagos, menos si se legaliza el irresponsable ciclo de endeudamiento del macrismo. La demanda por la auditoria de la deuda con amplia participación popular sigue siendo una asignatura pendiente y una consigna de lucha.

Claro, mientras tanto, debieran suspenderse los pagos, lo que supone un nivel de confrontación con el poder local y mundial que impondría de hecho, las transformaciones estructurales necesarias para reorientar el rumbo de la economía.

Buenos Aires, 9 de agosto de 2020

 



[1] Ministerio de Economía. “Argentina y tres grupos de acreedores alcanzan acuerdo de reestructuración de deuda”, el 4/08/2020, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-tres-grupos-de-acreedores-alcanzan-acuerdo-de-reestructuracion-de-deuda (consultado el 9/08/2020)

La encerrona de la deuda

La negociación de la deuda ocupa el centro de la atención del Ministerio de Economía de la Argentina y es considerada caso testigo en el ámbito mundial. El país negocia con los Fondos Financieros tenedores de buena parte de una deuda en títulos por 66.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, el ministro Martín Guzmán anuncia que empezarán las conversaciones con el FMI, con acuerdo o sin acuerdo de los acreedores privados, tendientes a discutir como reestructurar los vencimientos de una deuda por 44.500 millones de dólares desembolsados en el último tramo del gobierno Macri y cuyos vencimientos caerán en 2021.

En la argumentación oficial de la Argentina se insiste en la “sostenibilidad” del pago de la deuda, por eso dicen plantarse en la última oferta realizada a los acreedores. Claro que, entre la primera oferta a la última, el ahorro de fondos cae de un poco más de 40.000 millones a unos 25.000 millones de dólares. Incluso con la cifra mayor cuesta identificar la sustentabilidad de una deuda que a fines del 2019 totalizaba unos 323.000 millones de dólares y por ende solo se está negociando por ahora algo así como un tercio del total. Pretendemos enfatizar que la deuda pública de la Argentina es gigantesca y que no hay condiciones para cancelarla. El Ministro argentino argumenta que lo que importa es la “sostenibilidad” de los pagos futuros de la deuda, y no el acuerdo en sí mismo. Por eso sostiene una oferta que en principio parece ser rechazada por más del 65% de los tenedores de títulos, incluso les endosa a ellos el default y estira el horizonte de negociación sine die. El establishment privilegia el “acuerdo”, porque así el país puede volver al mercado financiero y así, con nuevos créditos, imaginan hacer sostenible la deuda.

 

Lo que demandan es habilitar el camino de nuevos préstamos para pagar viejos préstamos y hacer funcionar una calesita productora de intereses como forma de transferencia de riqueza social a pocas manos privadas. Hay una encerrona en el proceso actual de tratamiento de la deuda, sea que la noticia próxima señale acuerdo o no con los principales acreedores, sean los Fondos especulativos o en próximo tiempo el FMI. Existen problemas presentes y futuros si se acuerda, y en rigor, otros también si la decisión resulta en el default explícito, razón por la cual, la situación argentina está en la mira del acontecer económico y político, local y mundial. El nobel de economía 2001, Joseph Stiglitz, calificó a los acreedores de la deuda argentina como “recalcitrantes y miopes” que no ven que el problema no es solo el país, sino el “riesgo de que más de 100 países de ingresos medios y bajos no puedan hacer frente este año a sus obligaciones de deuda por más US$ 130 mil millones” pronosticando “Una crisis de deuda global empujará a millones de personas al desempleo y alimentará la inestabilidad y la violencia en todo el mundo”[1] Ahí está el debate. ¿A quién privilegiar ante la situación de emergencia sanitaria y de recesión agravada por el COVID19? ¿A los acreedores de la deuda, tenedores de títulos y préstamos o a los millones de afectados por la situación actual? Se trata de una situación grave, más aún si se observan los datos de la evolución de la actividad económica en todo el mundo, con los informes a la vista del segundo trimestre del 2020, con una profunda caída de la economía en los principales países del sistema mundial.

Traemos a colación a Stiglitz por el fuerte vínculo académico y político con el ministro de la Argentina. La Universidad de Columbia en Nueva York fue el territorio que cobijó el seguimiento académico de los problemas del endeudamiento y las reestructuraciones posibles, donde el caso argentino es testigo, pero en el plano de la política, el horizonte es una de las alternativas de salida a la crisis capitalista. Resulta evidente la asociación de ideas con las sugerencias de “Laudato Si” de Francisco y sus críticas al orden económico del capitalismo hegemónico, como la búsqueda de desalojo de Trump y los republicanos en la Casa Blanca, para otra orientación de la hegemonía capitalista. El imaginario apunta a recrear condiciones para un nuevo acuerdo, por lo que proliferan iniciativas vinculadas, caso de los demócratas y sus propuestas de “New Green Deal”, incluso las propuestas de una “nueva internacional progresista”. No es menor lo que está en discusión. Se trata de un marco de alianzas locales y globales para disputar el horizonte económico, social, cultural y político del capitalismo en tiempos de coronavirus y una profunda crisis recesiva que impulsa a millones de personas a la desesperanza o al “conflicto”, que en definitiva es lo que le preocupa, no para superar el capitalismo, sino para adecuarlo a un rumbo reformista que solo fue posible en condiciones de bipolaridad del sistema mundial, condición hoy inexistente.

Acuerdo si o no

La pelota se puede tirar para adelante, si en diciembre pasado la fecha límite para el acuerdo era marzo, ahora definida para principios de agosto puede seguir siendo prorrogada más allá durante el 2020, la incertidumbre global lo permite. En el inicio se pensó en tres años de gracia en la negociación y reestructuración con los acreedores privados, ahora licuados, lo que exige un plan de acumulación de ahorros y condiciones de generación de divisas para atender futuros vencimientos que caerán desde el 2021. Insistamos que la negociación involucra una parte relativamente pequeña de una deuda que carga vencimientos más pesados en el corto y mediano plazo, que en su conjunto son de incumplimiento ante la incapacidad de generar excedente económico, no solo por la especificidad local, sino por la situación mundial.

Hasta ahora hay postergación de vencimientos, con re-perfilamiento, eufemismo del default. Por eso financió el FMI, interés político mediante, asociado a la búsqueda de la reelección de Macri. Ahora, el FMI podría desembolsar el remanente del préstamo por 57.000 millones de dólares u ofrecer una nueva línea de crédito a cambio de un programa de estabilización de la economía, es decir, de ajuste. En rigor, aun con política social ampliada y elevación del déficit fiscal en torno al 10% del PBI, la realidad en términos de ingresos populares verifica un ajuste de proporciones inusitadas. Solo hay que pensar en el achique de la proporción del gasto salarial con relación al conjunto del gasto público, y en ese horizonte, los crecientes intereses de una deuda impagable. Las conversaciones con el FMI están atravesadas por estas cuestiones y asociadas a especulaciones sobre el nuevo gobierno de EEUU a definirse en noviembre próximo. Un futuro demócrata al frente de las riendas en Washington es mejor mirado por el tándem mencionado de la sociedad Stiglitz, Francisco y variadas propuestas de “nuevo acuerdo”.

Si hay acuerdo con acreedores, habrá que ahorrar y buscar divisas para cancelar vencimientos desde el 2021, lo que supone profundizar el rumbo de una economía orientada a la exportación. Por el contrario, el no acuerdo, supone demandas judiciales en Nueva York y problemas políticos con el poder mundial, sin perjuicio del accionar ideológico y propagandístico de “lobbistas” locales en los medios de comunicación, asociados claro a una oposición con peso en el Congreso y capacidad de movilización, como lo demuestra lo acontecido en el pasado 20/6, el 9/7 y pronto el 17/8, utilizando fechas patrias para reivindicar una política reaccionaria y en defensa de la propiedad privada de los medios de producción, situación clara y evidente en el caso Vicentin. Más ahora que el gobierno fue para atrás con el decreto de intervención y expropiación contra la gran estafa de la empresa del norte santafesino. Una presión por derecha que demora el ingreso del impuesto a las grandes fortunas para su tratamiento en el Congreso, mientras se avanza en la moratoria e incluso probables blanqueos. No acordar con acreedores generará mayor confrontación con el poder económico.

Hemos sostenido que no alcanza con no acordar o no pagar, sino que se requiere orientar la decisión en la voluntad de suspender los pagos de la deuda, realizar una profunda auditoria con participación popular y disputar consenso social amplio para una política de reestructuración, no de la deuda, sino del modelo productivo y de desarrollo, a contramano de la demanda del poder.

Buenos Aires, 2 de agosto de 2020