Empezó el 2017 con renovación
gubernamental en el área de la Economía, y entre las primeras medidas aparece
la liberalización del ingreso de capitales, que ya no deberán mantenerse
inmovilizados por un tiempo. El libre movimiento de los capitales es una
demanda de estos tiempos especulativos del capitalismo mundial. Es una medida
coherente con el saldo acrecido en reservas internacionales apenas por 8.000
millones de dólares durante el 2016, en comparación con salidas de recursos por
pago de deuda, remesas de utilidades al exterior y otros giros que cuadriplican
esa cifra de nuevas reservas.
La liberalización al ingreso de
capitales tiene como principal propósito el financiamiento de la salida de
capitales y la constante recreación del ciclo especulativo, especialmente
estimulado con altas tasas de interés ofrecidas por el BCRA. Es curioso el
señalamiento, ya que al tiempo que se estima exteriorizar capital fugado por
120.000 millones de dólares hacia fines de marzo próximo, las medidas asumidas
ofrecen clara señal de continuidad de la apertura para el ingreso y salida de
los capitales.
El ingreso de capital
especulativo es en el imaginario gubernamental, el anticipo del desembarco de
inversiones productivas, ausentes en un presente recesivo que acumula en el año
calendario a noviembre 2016 una caída del PBI industrial cercano al 5%.
Puede señalarse la convergencia
de política económica y monetaria entre el Ministerio de Hacienda y el Banco
Central, una de las motivaciones del cambio de responsable del manejo
presupuestario (Dujovne por Prat Gay).
El Nuevo ministro Nicolás
Dujovne sintoniza con el enfoque liberalizador del BCRA y se predispone a
cumplir con los registros para el ajuste que impone el Presupuesto 2017, y si
hay que abrir la importación para contener precios, se avanzará por ese camino,
dijo el Ministro, aun cuando tenga costo social y dificultades en empresas
locales.
El problema para el gobierno es
como mantener el ajuste y ganar las elecciones de medio tiempo previstas para
este año. Sus principales figuras no disputan cargos y se reconoce que la
economía es un dato clave en el clima social a la hora de votar para disputar
el consenso de la sociedad. En ese marco se entienden ciertas continuidades de
políticas de arrastre, como el caso de precios cuidados e incluso su ampliación,
o el “Ahora 18” extendiendo la financiación en cuotas para sostener el consumo
a crédito.
Reformas
estructurales
Claro que no hay resignación al
plan de fondo y los precios se sostienen en alza con la actualización de
combustibles, o la recurrente suba de los tarifas de servicios públicos, por
caso el agua.
Según principales voceros del
gobierno, entre ellos el titular del INDEC, se destaca que el problema de la
distorsión de precios se mantendrá por un largo periodo. Sobre distorsiones,
tanto en Hacienda como en Trabajo se predisponen a reducir los aportes patronales
y personales con destino a la seguridad social.
El argumento apunta al carácter
distorsivo de esas imposiciones que alejarían inversiones. Argumentan que el
costo laboral impide el arribo de inversores para la producción, avalando sus
dichos con comparaciones internacionales sobre el tema.
Más allá de cualquier
comparación, la realidad del capitalismo mundial es el crecimiento de la
irregularidad en el empleo, la flexibilización salarial y laboral, como la
precariedad derivada de la impunidad empresaria construida por casi medio siglo
de ofensiva capitalista.
En el imaginario discursivo del
gobierno se supone que la reducción de la carga social sobre el empleo animará
a los inversores internacionales. No es lo que ocurrió desde que se
disminuyeran las aportaciones patronales y niega la realidad de la ofensiva del
capital sobre el trabajo por décadas, no solo en la Argentina.
Claro que lo que se busca es ser
atractivo a los inversores, a su rentabilidad y no otra racionalidad por el
empleo y menos por la mejora de ingresos populares.
Para hacer atractiva la medida
se propone no solo reducir las aportaciones patronales, sino también la de los
trabajadores y así dejar la impresión que se mejoran los ingresos de bolsillo de
los de abajo.
Se omite el desfinanciamiento de
la seguridad social, que alimentará la demanda de reforma previsional
sustentada desde el FMI para hacer viable el mantenimiento de la cobertura
previsional actual y futura.
Por ello es que la recaudación
fiscal cuenta y junto a los ingresos extraordinarios por el blanqueo, se
actualizan las imposiciones del monotributo, que afectan a unas tres millones
de personas. En muchos casos, son empleos encubiertos que animan la elusión
fiscal y previsional de las patronales, las que sostienen trabajadores
contratados contra facturación para obviar el pago de las cargas sociales.
Se sostiene la necesidad de
luchar contra la irregularidad del empleo y la realidad monotributista indica
la importancia de la impunidad empresaria descargada sobe una parte importante
de la población trabajadora.
Claro que si no alcanza con la
recaudación genuina, siempre queda la posibilidad de acrecentar el
endeudamiento público y para eso ascendieron a Ministro a Luis Caputo, ex Secretario
de Finanzas.
Consenso
en disputa
En la cuestión fiscal se juega una
variable esencial para el consenso social y la disputa electoral.
Ante la recesión y la inflación
se buscará sustentar la estrategia de atraer inversores a cualquier costo y por
eso la libre circulación de capitales.
Se trata de hacer los deberes en
un momento de la economía mundial estará más atenta a los estímulos
estadounidenses con Trump gobernando desde el próximo 20/1 que a lo que pueda
significar la demanda inversora de la Argentina.
Pero también se busca ralentizar
la escalada de precios y arrimar un diagnóstico social favorable aun con
impacto social regresivo, con responsabilidades endosadas a la situación
mundial o al arrastre del gobierno anterior.
Está en disputa el consenso
electoral y por eso se apunta a un Ministro “comunicador”, que pugne por el
sentido común (reaccionario) y mantenga la cuota de apoyo para gestionar el
capitalismo local.
Con el cambio ministerial se
apuesta a recrear cierta credibilidad en el primer gobierno argentino que en
tiempos constitucionales no proviene ni del peronismo ni del radicalismo.
Es un nuevo ensayo en la
representación política de la Argentina y no sirve la reiteración de propuestas
que evocan viejas expresiones del sentido social mayoritario, y demanda ensayos
populares de nuevo tipo para pensar en alternativas más allá de aquellas que se
imaginan para competir por la gestión del capitalismo local.
Desde el gobierno se busca
consolidar un nuevo tiempo político bajo renovados paradigmas liberalizadores y
liderazgos. En otro sentido, algunos imaginan que solo alcanza con recrear
sentidos de consenso reciente, el kirchnerismo, o más antiguos, el peronismo.
Son apuestas que se completan con otras, el radicalismo o el pan-radicalismo,
que recrean las dificultades de la política para construir nuevos imaginarios
sociales de un destino social y nacional que recupere sentido integral a las
motivaciones de la población, especialmente los de abajo, respecto del destino
del país.
Hay necesidad y posibilidad de
construir un nuevo imaginario social para un proyecto colectivo de emancipación
social, cuya materialización supera una instancia electoral y se define en la
constitución de sujetos colectivos conscientes para la transformación social.
Buenos
Aires, 7 de enero de 2017
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