Nueva ley financiera en EEUU. ¿En Argentina?

EEUU aprobó una reforma financiera como consecuencia de la crisis detonada en 2008 ante la caída de Lehman Brothers, y la inmediata transformación de los otros grandes bancos de inversión en bancos comerciales. En simultáneo a la bancarrota, desde el Estado más poderoso del mundo se aplicaron todos los fondos necesarios para sustentar la continuidad de un sistema financiero quebrado, involucrando en dicho proceso a bancos, aseguradoras y a la propia bolsa de valores. El 2008 fue el límite al régimen bancario instalado bajo la inspiración desreguladora de los años 70´ y 80´, inspirados en la “iniciativa Volcker”, por Paul, titular de la FED (el banco central de EEUU) desde 1979 y durante la gestión de la ola conservadora liderada por Ronald Reagan. Son los tiempos del desembarque de las políticas neoliberales en la potencia imperialista y hegemónica del sistema capitalista, que luego se instalaría en todo el mundo, con una ofensiva puesta en cuestión con la crisis en curso.

Un detalle no menor es que el mismo personaje, Paul Volcker es ahora el principal asesor financiero de Barack Obama, el líder de la nueva estrategia reguladora de las finanzas estadounidenses. Un detalle de aquella iniciativa fue el inusitado aumento de las tasas de interés en EEUU (para atraer capitales líquidos) y que condenaron a los países endeudados, entre ellos, Argentina y varios de América Latina, al default (crisis de la deuda externa de 1982). Son procesos convergentes con la instalación de la Ley de entidades financieras de la dictadura genocida, aprobada en 1977. Dijo su inspirador, el detenido ex ministro Martínez de Hoz, al retirarse de sus funciones en 1981, que era la medida “más revolucionaria” de su gestión. Es que fue el instrumento legal para la concentración bancaria, la extranjerización de las finanzas y la forma de facilitar el endeudamiento externo, la fuga de capitales y la acumulación de ganancias, capitales y poder del núcleo que dirige la economía local. Una ley pensada y aplicada por el poder para la concentración.

Desde 1977 se atravesaron varias crisis financieras, económicas y políticas hasta la del 2001, que tuvo en los bancos el centro de la crítica de la sociedad, especialmente de los “ahorristas”. Como en todos lados el Estado organizó el salvataje con cargo a la sociedad, pero la legislación no se modificó. Hay morosidad de los poderes ejecutivos desde la vigencia constitucional, y por cierto, del Parlamento, aunque ahora parece existir voluntad legislativa de reformar la legislación pensando a la actividad financiera como un servicio público, con regulaciones que favorezcan el crédito para un modelo productivo alternativo al hegemónico y que promueva la actividad cooperativa, no lucrativa y de pequeños y medianos productores. Claro que ello solo será posible si se constituye un actor social que reclame su derecho a un régimen financiero para un desarrollo económico que modifique la ecuación de perjudicados y beneficiarios del orden neoliberal instrumentado desde la Ley 21.526/77, aún vigente.