El alza de los
precios minoristas de marzo alcanzó al 2,3% según el INDEC y anualizado ya
supera el dato del 2017.
Sigue preocupando el
tarifazo de servicios públicos, pero ahora se suma el problema de la inflación
núcleo, o sea, aquellos precios más allá de los regulados. La alimentación en
el eje de la tormenta, pero también la vivienda (por incremento de alquileres o
valorización de inmuebles), o las medicinas; insistamos, junto al transporte,
la electricidad, el gas, entre otros servicios públicos privatizados.
El pronóstico para
abril no es halagüeño y en el primer semestre del año se puede consumir el
límite del 15% establecido por las metas de inflación establecidas en diciembre
por el BCRA, quién anticipa una perspectiva de precios ascendiendo por encima del
20% para el 2018 y que la calle ya establece en torno al 25%, similar a la del
pasado año.
Ya sabemos que la
inflación afecta a la población de menores ingresos, sin capacidad de defender salarios,
jubilaciones o subsidios de planes sociales, deteriorando la capacidad de
compra de sus entornos familiares y alertando sobre problemas del consumo que
afectan al comercio y con ello a la producción que abastece las redes de
distribución de bienes y servicios.
La
pelea es por los ingresos
Quienes viven de
ganancias, por ser propietarios de medios de producción, optan si pueden, por incrementar
los precios de los bienes o servicios que ofertan en el mercado de consumo.
No todos pueden
hacerlo. En sectores desregulados, por ejemplo, verdulerías, peluquerías,
negocios de barrio, o servicios especializados, todo depende de la capacidad de
pago de la clientela asociada a esas actividades económicas, o su lugar en la
cadena de valor que articula la producción.
En realidad, algo
similar ocurre con los prestadores de servicios públicos, aún con aumentos de
precios, donde la opción de no pagar puede generalizarse y deteriorar la
capacidad de recaudación y rentabilidad de las empresas, lo que justificó desde
el comienzo la suba de las tarifas.
Algo que ya ocurre en
grandes centros comerciales en los que impacta la menor capacidad de compra de
sus consumidores. Es el caso de CARREFOUR, que aprovecha la volteada para
reestructurar las relaciones laborales modificando el convenio colectivo y
afectando a la baja el ingreso de sus trabajadores.
Para los que viven de
la venta de la fuerza de trabajo, activos o pasivos, empleados o desempleados, integrando
o no el mercado de trabajo, enfrentan el dilema de adecuar sus gastos a los menguados
ingresos o disputar la capacidad socio política para disputar renta nacional a
los propietarios de medios de producción.
Es la lucha de clases
hubiésemos dicho en otro tiempo, que se manifiesta como disputa por la
distribución del ingreso o renta nacional si acudimos al lenguaje técnico de la
macroeconomía.
Unos viven de la
propiedad de los medios de producción y otros de la venta de la fuerza de
trabajo.
Ambos tributan al
Estado y desde allí se genera un segundo momento en la distribución del ingreso
nacional vía gasto público, e incluso en la perspectiva de la inversión pública
se define el destinario de la apropiación secundaria, vía Estado, de la riqueza
socialmente generada.
Remitimos en este
último caso al destino en educación, salud, infraestructura u orientación de
recursos públicos de carácter improductivo que a modo de ejemplo sintetizamos
en el gasto militar sin existir hipótesis de conflicto explicitada a la
sociedad.
El ingreso a
distribuir es una magnitud disputada por unos u otros y en ese sentido, la
política económica no es neutral.
Por eso se destaca la
voluntad oficial y empresaria y de contener la demanda de actualización de
ingresos de trabajadoras y trabajadores en todas sus categorías al límite del imaginario
del 15% establecido como deseo oficialista de la evolución de precios para el
2018.
En el otro rincón se
procesan las formas del reclamo social por defender la capacidad de compra de
amplios sectores de menores ingresos.
¿Quién
vence a quién?
Es el interrogante en
la disputa por el ingreso. Se generalizan iniciativas de no pago de servicios y
de protestas calleras, como la coalición que convoca a la marcha de las velas
contra el tarifazo de la electricidad para los próximos 18 y 19 de abril. Pero
es también el conflicto de los maestros y profesores de todos los niveles de la
educación por actualizar salarios.
Ahí está la incógnita
sobre la política cotidiana, la lucha por los consensos políticos y la cotidianeidad
del devenir en la Argentina.
¿Podrán empresarios y
gobierno disciplinar el conflicto social e imponer su política de ingresos y
precios?
En el otro polo y más
allá de estrategias diferenciadas de acumulación de poder propio, el interrogante
apunta a saber si: ¿podrá desplegarse una amplia unidad de acción de
sindicatos, movimientos sociales, territoriales o sectoriales, para el logro de
objetivos concretos en la mejora por la apropiación del ingreso? Estamos
aludiendo a amplios sectores sociales perjudicados por la desigual apropiación
del producto social del trabajo.
Son incógnitas de
nuestro tiempo y por eso hay presión por derecha sobre el gobierno para
endurecer sus políticas y dejar de lado un discurso que remite al gradualismo y
aplicar políticas de shock. Tanto como de quienes exigen superar el
divisionismo de estrategias particulares de acumulación de poder político para
pensar más integradamente y con efectividad en la discusión por la apropiación
del producto social del trabajo.
Para el bloque social
en el poder existen diferentes formas de encarar la etapa y ya pensando en la
renovación presidencial del 2019. Ocurre algo similar entre quienes pretenden
cambiar la orientación política en el próximo turno presidencial.
Algunos solo pretenden
modificar el gestor, sin modificar el rumbo y otros, muy divididos aún proponen
ir más allá del cambio de gestión de un rumbo y pensar en una lógica contraria
de beneficiarios y perjudicados de la política económica.
Resulta así un
entramado diverso de intereses y propuestas que pugnan por ganar conciencia
social y consolidar una perspectiva relativa a la organización económica de
nuestra sociedad, con un determinado modelo productivo y de desarrollo. No es
un tema menor y las consecuencias sociales de quien vence a quién condiciona
nuestra vida cotidiana.
Buenos
Aires, 15 de abril de 2018
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