Hasta ahora, solo San Luis queda
afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los
gobernadores de Provincia.
No solo se trata de un pacto que
remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias,
sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde
que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la
ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre
pasado.
El acuerdo supone declinar la
continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con
sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las
cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática
aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un
futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa
cobrabilidad.
Con el resultado electoral del
22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos
de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la
excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la Gobernadora
bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la
gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial
en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos necesita
mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los
distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir
por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.
Más allá de las posiciones del
partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas
y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es
claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios
locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que
ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.
Ahora
el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa como un paraguas
político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos
provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral,
previsional y tributaria.
La estrategia del gobierno Macri
apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente
con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el
debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar elevando un borrador
que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.
El objetivo de las propuestas,
aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de
derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas,
pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por
la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.
Disminución de indemnizaciones y
baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre
las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral
sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión
administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.
La baja de aportes patronales y
la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del
empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo
empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden
capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa
buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el tema con el
ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las
jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas
y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro
es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social,
especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la seguridad
social y algunos cambios impositivos
constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los
gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y
el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones
presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida es que
junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado,
quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la
formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión
oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría
congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores
opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.
El
mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la iniciativa del
poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la
ganancia.
También actúa y desde el conflicto
social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales
más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con
sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social que
manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan
diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de constituirse en
hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de
abajo.
Así, entre otros proyectos
políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con
diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada
respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también
protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también existe una
amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que
se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que
buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la
gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos espacios
kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este
otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción
que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los
efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias entre los
proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza con
establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración,
aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la
ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros
supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación
para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.
Existen propuestas a caballo de
ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones
sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas,
culturales y sociales.
Hasta se sugiere la intervención
papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera
los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se
habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en primer lugar
es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede
mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.
Nuestro debate en la Argentina
no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en
formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para
transformarlo.
En esa disyuntiva se discute el
qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que
discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la
afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los
negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la
reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos
estratégicos.
Adicionemos que la CTA en origen
se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y trabajadoras, no
solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales,
culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la
CTEP.
Más allá de la mención a
centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al
creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales,
culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios,
por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma
una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces,
con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la
OMC.
Entre todas estas manifestaciones
del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social
y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y
opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.
Las cartas están echadas y el
juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no
lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar
estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que está en
juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes
inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad
(imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de
emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder
alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.
Buenos
Aires, 19 de noviembre de 2017
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