COVID 19 como fenómeno visible de una situación crítica de la economía mundial que viene de lejos


La pandemia del “coronavirus”, más allá de cualquier consideración sobre su origen, es el fenómeno que hace visible la crisis capitalista mundial, que viene de lejos, con antecedentes en 1999-2001 y la crisis de las empresas “punto.com”; del 2007-2009, con las hipotecas, los bonos tóxicos, la caída de Lehman Brothers y la recesión mundial del 2009.
Es la crisis de la política de liberalización en el orden capitalista, que fuera la respuesta de las clases dominantes ante la crisis de rentabilidad de los grandes capitales a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Es lo que se denominó “neoliberalismo”, en cuanto corriente hegemónica de la política económica en el sistema mundial.
Ante esta crisis actual, lo que se discute es quien hegemoniza el nuevo orden mundial, y por eso la guerra comercial entre EEUU y China, o las respuestas nacionalistas y proteccionistas de Trump o del Brexit, de Bolsonaro y varios regímenes derechistas.
Son respuestas políticas a la crisis del orden de liberalización mundial, llevadas adelante bajo las banderas del neoliberalismo.
Por eso, más allá de cualquier análisis, la “retórica proteccionista” en tiempos de transnacionalización de la economía responde a la crítica de la globalización construida por más de cuatro décadas desde el ensayo sudamericano del terrorismo de Estado.
Tanto EEUU, como el Reino Unido, entre muchos, pretenden barajar y dar de nuevo, pero como actúan otros, se transforma en una lucha que se juega a varias bandas.
Claro que también intervienen en el debate quienes imaginan espacio para la restauración de las políticas keynesianas, hegemónicas entre 1930 y la instalación de la lógica hegemonizada por el neoliberalismo.
En ese sentido se inscribe la campaña demócrata de Bernie Sanders en EEUU, o la prédica del laborista James Corbyn en Inglaterra, tanto como los postulados que emanan desde el Papa Francisco desde el Vaticano en sus diálogos con Joseph Stiglitz.
Menos visible resulta la voluntad alternativa, anticapitalista, con límites muy importantes para instalar un sentido común global favorable a una expectativa de transición sistémica por la transformación social.
No solo hay dimensión política de esta disputa hegemónica, sino que transcurre sobre un trasfondo de innovación tecnológica y de las formas que asumen las relaciones sociales de producción, especialmente entre el capital y el trabajo, y muy en particular, el papel o función que asume el Estado, no solo en cada país, sino en la articulación de capacidad global de subordinación y domesticación desde la institucionalidad mundialmente construida (Organismos Internacionales, Naciones Unidas y sus agencias, etc.).
Horizonte recesivo
Lo que señalamos es el marco de las turbulencias en curso, con caídas de las bolsas, de los precios internacionales de las commodities (en particular del petróleo), del comercio y de la producción mundial.
El pronóstico es de agravamiento de la desaceleración, que viene desde la salida de la recesión del 2009, y una predicción ya antigua y reiterada de un rumbo recesivo con futuro incierto, en cuanto a su duración e impacto social en términos de empobrecimiento, desempleo, desigualdad y marginación social.
Dice la titular del FMI: “el crecimiento global en 2020 caerá por debajo del nivel del año pasado”, y agrega que será “…particularmente difícil para los países con sistemas de salud y capacidad de respuesta más débiles…” Sigue diciendo que “La prioridad número uno en términos de respuesta fiscal es garantizar gastos de primera línea relacionados con la salud para proteger el bienestar de las personas, cuidar a los enfermos y frenar la propagación del virus”. Además, reclama acciones “oportunas y dirigidas a los sectores, empresas y hogares más afectados”.[1]
Gita Gopinath, economista del FMI, propone una fuerte intervención estatal en materia fiscal, monetaria y crediticia, incluso subsidios a empresas y familias con problemas, en clara contraposición a la corriente principal de la economía que se empecina en un diagnóstico y propuesta liberalizadoras y de contención del gasto público.[2]
Por estas opiniones es que algunos imaginan un FMI más amigable con la perspectiva keynesiana, hegemónica antes de la versión neoliberal. Lo que no debe olvidarse es que en definitiva al Fondo lo dirigen sus principales asociados y entre ellos, el que manda es EEUU, muy lejos de cualquier orientación asociada al Estado del Bienestar.
La preocupación está en la protesta social y, por ende, lo que se pretende es el control social mediante el gasto segmentado.
En todo caso y a propósito del “coronavirus” y éstas opiniones del FMI, lo que queda en evidencia es el fracaso en términos sociales de la política de privatización de la salud.
La mercantilización de la salud y otros derechos sociales, entregando la gestión de derechos sociales al régimen del capital y a las relaciones monetarios mercantiles es lo que ahora evidencia la ausencia de infraestructura y políticas sanitarias de prevención y asistencia extendida a la población.
Por el contrario, la estrategia cubana de aliento a la medicina y al derecho a la salud desde siempre, la encuentra en condiciones de atender desde sus desarrollos tecnológicos y medicinales, no solo el problema en su territorio, sino que puede intervenir con gran efectividad en el tratamiento y búsqueda de soluciones definitivas en el exterior, particularmente en China y ahora en Italia y otros países que sufren la pandemia.
Cuán distinta sería la contribución cubana de no mediar las sanciones y el bloqueo genocida que impuso EEUU con complicidad de los principales países del capitalismo mundial.
El horizonte de recesión mundial afecta a los derechos sociales de la humanidad, por lo que se demanda una modificación sustancial de las orientaciones de los Estados y para ello se requiere que la sociedad y los movimientos populares en especial logren instalar su agenda de reivindicaciones y de derechos para transformarlas en políticas que los hagan realidad.
Hegemonía en disputa  
Un asunto central de esta situación de crisis mundial requiere una mirada sobre EEUU y China, en donde la guerra comercial es la cara visible de una disputa por la hegemonía de la producción mundial, la que se juega en el terreno de la tecnología, las comunicaciones y la energía.
La dominación estadounidense, ejercida mundialmente desde el orden económico emergente de la segunda guerra mundial está siendo desafiado por las innovaciones que lidera el proceso chino, lo que incluye las formas políticas de ejercicio del gobierno y las relaciones internacionales.
Con experiencia en planificación estatal por décadas, dirigidas centralmente desde la lógica disciplinar del PCCH, y una diplomacia de ampliación de las relaciones, China parece aventajar en la perspectiva de horizonte cercano a una agresiva política exterior de Washington, agravada en este tiempo con las sanciones unilaterales que desarman todo orden y norma internacional consensuada con otros países que definen el sistema mundial. De paso, en tiempos de pandemia queda claro que las sanciones constituyen verdaderos actos de genocidio, más aún si se compara la política de solidaridad internacional de países sancionados como Cuba.
Por su parte, EEUU asienta su poder en la casi ilimitada capacidad de emisión de moneda de aceptación mundial, su poderío militar y su influencia cultural ideológica, con años de asociación entre su forma de democracia y el orden capitalista. No debe subestimarse la capacidad de acción global de EEUU, la que condiciona los procesos políticos, sociales y culturales de la humanidad.
Ambos tienen problemas de base material, con EEUU ralentizando sus tasas de crecimiento, importantes en los primeros años de gobierno Trump, pero en desaceleración en el presente, año donde se juega la reelección presidencial.
Por eso, Trump presiona a la FED para bajar los tipos de interés y atraer capitales externos ante la incertidumbre de las turbulencias en curso. El objetivo apunta a concentrar todo el capital posible en territorio estadounidense y estimular las tasas de empleo y actividad, que es lo que le ha permitido mantener, pese a algunas dificultades, relativo consenso entre sus electores.
China viene decreciendo desde sus anteriores tasas del 10% o más, anual, con registros que bajaron entre el 8 y el 6% de los últimos tiempos pos 2009, y un pronóstico entre el 4 y el 5% para este año, según como sea la evolución de la pandemia en curso.
Según Xi Jinping, de visita en el epicentro del problema en estos días, afirma que el tema está controlado y todo indica que podría retomarse la normalidad.[3] La baja en la producción industrial de China es histórica desde que explotó el COVID 19 y resta confirmar si es posible en el corto plazo retomar el ritmo de la “normalidad” previa. El entrecomillado supone una discusión de que es considerado “normal”, especialmente cuando está en juego la supervivencia de la Naturaleza y la vida en sí misma.
Según el FMI, en su actualización sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, de enero pasado, registra para EEUU un 2,9% de crecimiento en 2018, que baja al 2,3% para el 2019 y al 2,0% para el 2020, con una proyección de continuidad hacia la baja en 2021 del orden del 1,7%. Los datos correspondientes para China son del 6,6% para el 2018, bajando sucesivamente al 6,1% para el 2019, al 6% para el 2020 y al 5,8% para el 2021. Los registros de la economía mundial, según el fondo fueron del 3,6% para el 2018, del 2,9 para el 2019, con repunte para el 2020 del 3,3% y del 3,1% para el 2021.[4]
Resulta obvio que con las informaciones que emanan del propio organismo internacional, todas las proyecciones para el presente año y el próximo se corregirán a la baja. En varios análisis, la proyección es recesiva para este 2020, con dudas relativas a la posible superación rápida de la caída de la producción y la circulación. La recesión agravará los problemas sociales e inducirá políticas reaccionarias para afectar derechos históricamente conquistados y mejorar las condiciones de reproducción de la búsqueda de ganancias y acumulación de capitales.
¿Cómo enfrentar el fenómeno?
Primero debe enfrentarse la pandemia y para ello está claro que debe retomarse una concepción de Derecho a la Salud, en contra de la tendencia hegemónica que construyó la lógica mercantilista de la privatización.
Adicionemos que, si es por problemas de salud, existen muchos otros más graves y de mayor impacto social que el coronavirus, entre ellos aquellos que remiten a enfermedades o accidentes laborales, que requieren de mayor dedicación de inversión de prevención en los ámbitos de trabajo, sin perjuicio de la correspondiente atención sanitaria.
Es una orientación que sirve para todos los países del sistema mundial, y que involucra la cooperación internacional, al estilo de la que ahora despliegan entre Cuba y China para la producción y desarrollo del Interferon.
Por ello es que se impone terminar con las sanciones unilaterales, entre ellas el genocida bloqueo sobre Cuba, con medio siglo de aplicación.
En rigor, hay que desarmar la lógica de la mercantilización y privatización transnacional por otras orientada a des-mercantilizar, organizando relaciones sociales de producción y circulación de cooperación.
Más allá de la cooperación internacional para la salud pública mundial y otros derechos sociales, resulta imperioso discutir y objetar la lógica del orden de la producción y la circulación capitalista.
La lógica de la ganancia, desplegada bajo políticas neoliberales agravó todos los problemas de arrastre del régimen de explotación, entre ellos la desigualdad promovida por la enorme concentración y centralización de capitales.
Discutir la transición hacia otro orden económico y social constituye una urgencia, imperiosa ante la lógica estimulada desde los medios de comunicación y el poder por aislarse y evitar congregaciones sociales de un debate necesario. Más que salvarse desde el aislacionismo, lo que se requiere es un debate colectivo en confrontación con el poder real.
En ese sentido, la dominación transnacional debe ser confrontada por otra lógica de cooperación social que coloque en el centro de los objetivos de la producción y la circulación de bienes y servicios el cuidado de los comunes, de la naturaleza y de la vida.
No solo por escribir desde la Argentina, un asunto a considerar con rapidez remite a los problemas derivados del elevado endeudamiento de los países y las familias más empobrecidas.
Para todo lo mencionado se requiere un gran debate social que pueda generar una conciencia colectiva mayoritaria para construir otra sociedad, con reversión de la ecuación de perjudicados y beneficiarios.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2020



[2] Gita Gopinath. “Limitar las consecuencias económicas del coronavirus con grandes políticas dirigidas”, Blog del FMI del 9 de marzo del 2020, en: https://blogs.imf.org/2020/03/09/limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (consultado el 13 de marzo de 2020)
[3] BBC. “Coronavirus: el sorpresivo mensaje de Xi Jinping con su primera visita a la zona cero en China” del 10 de marzo del 2020, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51827207 (consultado el 13/03/2020)
[4] FMI. Perspectivas de la economía mundial, actualización a enero 2020, en: file:///C:/Users/jcgam/Downloads/texts%20(1).pdf (consultado el 13/03/2020)

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El 9 de marzo confluyen dinámicas de luchas confrontadas


El paro internacional de mujeres y el lock-out del empresariado del campo confluyen al mismo tiempo, lo que en lenguaje clásico son expresiones diferentes del estado de la lucha de clases en la Argentina.
Las mujeres y sus luchas, ahora extendida en las disidencias o diversas formas de manifestación cultural de la sexualidad, abonan un cambio cultural de mayor trascendencia que el histórico derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata de una dimensión que se manifiesta como lucha económica, política, cultural, ideológica, civilizatoria, que incorpora novedades sobre el lugar de los hombres en esta lucha, o en la solidaridad con esta lucha. La humanidad está desafiada contra el feminicidio y la igualdad.
En la protesta de “género” se involucran aristas contradictorias, las que se evidencian en el debate “verde” o “celeste” en el Parlamento o en el movimiento popular, con identidades a la izquierda y/o a la derecha del arco político que asumen posiciones no siempre previsibles. En ese sentido, por ejemplo, se puede defender el derecho al aborto legal y gratuito, al mismo tiempo que promover una reaccionaria reforma laboral o previsional, o, todo lo contrario.
Más allá de las discusiones, el sentido del proceso de la lucha por los derechos de la mujer y las disidencias confronta con la tradición patriarcal hegemónica de la sociedad contemporánea, por lo que orden capitalista y patriarcalismo se potencian en una dinámica de explotación y dominación a ser derrotada. Se trata de un desafío gigantesco que trasciende a nuestra generación y se asocia en la defensa de la vida y por ende de la naturaleza, dimensiones que ataca el orden vigente.
La defensa por los derechos de la mujer es una estrategia que viene de lejos y que en estos tiempos aceleró la capacidad de acumulación para transformar la realidad y modificar sentidos instalados por siglos, von la violencia como mediadora y ejecutora de la dominación y discriminación.
Por su parte, las patronales agrarias convocaron desde la Mesa de Enlace a un “lock out” patronal, que llaman “paro” del campo, aun cuando uno de los cuatro, la Federación Agraria Argentina (FAA), presionada por su realidad diversa dejó en libertad a sus asociados.
Aquí también hay contradicciones, pero si en el debate de género la tendencia que prima, en perspectiva, es progresiva, liberadora, por la conquista de derechos; en el caso de las patronales agrarias, lo hegemónico es retrógrado, conservador y reaccionario a cualquier visión de aporte solidario ante la emergencia socio económica de una parte muy importante de la sociedad, aun cuando se discuta el destino de la fiscalidad que sustente el actual gobierno.
Por eso es una respuesta ideológica, más allá de cualquier racionalidad económica que se pretenda. Hay quienes pretenden repetir el debate del 2008 sobre las retenciones, cuando en el presente existe segmentación de la fiscalidad e intencionalidad de gravar a los sectores más concentrados, quienes no están dispuestos a ceder cuota de ganancia para atender imperiosas necesidades sociales.
En el fondo, en el debate y lucha económica, lo que acontece es la correlación de fuerzas que existe en la sociedad, que exige definiciones que están más allá de una posición a la defensiva y posibilista asociada a los límites autoimpuestos desde la función gubernamental, tanto como de otra conservadora y retrógrada sustentada por las clases dominantes o la derecha política. Mucho menos para aquellos que establecen una identidad entre el programa de máxima de las clases dominantes y el posibilismo. Ahí está el desafío, construir un espacio unificado de acción integral que supere límites posibilistas y de identidad entre éstos y los cruzados de la dominación.
Se trata de denunciar el look out patronal, tanto como defender el derecho a la lucha de las mujeres, las disidencias y las diversidades en la opción cultural sexual, como expresiones de variadas confrontaciones que definen las opciones políticas del presente.
La deuda es también territorio de la lucha
El asunto no es solo el paro internacional de mujeres y el lock out patronal, sino también que hacer con un trascendente tema como el del endeudamiento público externo.
Pasó nuevamente el FMI por la Argentina y esta vez para afinar el lápiz sobre el ajuste de las cuentas públicas para cobrar cuando sea posible, aun concediendo plazos y nuevas refinanciaciones.
El FMI quiere cobrar, más allá de cualquier negociación, y para eso pretende ajuste fiscal, lo que supone quita de derechos a buena parte de la sociedad más necesitada, al tiempo que sugiere que el resto de los prestamistas carguen con el costo de una refinanciación que suponga alargue de los plazos y quitas de capital de deuda e intereses.
Desde luego que los Fondos de Inversión, los “buitres”, también de paso por el país en estos días, se niegan a resignar recursos y presionan con su capacidad de negociar, con un 40% de títulos de la deuda en su poder, unos 122.000 millones de dólares.
La incógnita es quien, y cuando se decide el default, si lo llevan adelante los Fondos de Inversión, el FMI, o si se ejerce desde una medida de soberanía.
Mientras se demora la decisión caen vencimientos y con ello la cancelación de acreencias que suponen postergar la satisfacción de otros derechos sociales por ausencia de recursos. Más que por ausencia de recursos lo que ocurre es que éstos son o serán derivados a la cancelación de deudas.
Son opciones para asumir, o se cancela deuda que puede ser discutida como odiosa o ilegitima, o se atienden las necesidades sociales diversas, en condiciones de agravamiento económico social de un 40% de la población en la Argentina.
Marzo es el tiempo autoimpuesto por el Gobierno para la negociación de la deuda, que seguramente se postergará, con el agravante de nuevos vencimientos de deuda que en mayo se hacen insustentables, o sea, impagables, por lo que el horizonte del default se impondrá por imperio de la imposibilidad de pago.
Una decisión soberana que defina la lucha entre los prestamistas y el conjunto de la sociedad puede favorecer volcar la contradicción social en lucha para discutir un rumbo económico social que modifique sustancialmente el eje entre beneficiarios y perjudicados del orden económico actual.
Sostenemos que no alcanza con “resolver” el tema de la deuda, ya que en el trasfondo está el modelo productivo y de desarrollo, que impone ser modificado, y claro, eso es también producto de una lucha de ideas, de clases, entre beneficiarios y perjudicados, entre minorías con capacidad de extender consenso y mayorías que necesitan construir proyecto propio, con autonomía del poder local y mundial.
Sea por la deuda, por los derechos de igualdad de género y disidencias, o para denunciar la presión de las patronales del campo, todas esas “causas”, son expresión de una encarnizada lucha de clases.
Buenos Aires, 8 de marzo de 2020



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Complejidad en el debate sobre la Deuda Pública argentina


La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, por su volumen y la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agrega que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”[1].
Además, se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas. Sin embargo, la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso territorial.
Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora, todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%, incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.
Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos, que atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.
Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión (Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada inflación, interviene también en un complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la riqueza.
Cada quien atiende su juego
Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los Acreedores Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende subordinadas a las definiciones del poder político.
Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.
Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.
¿Cuál será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos ante la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener en cuenta en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.
Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”, porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.
Es más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en 2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años 44.100 millones de dólares.
Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.
El horizonte del default
Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.
¿Qué puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.
Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.
Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.
Aparece, entonces, como necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2020


[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina
19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)
[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)
[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)
[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020)

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Mitos y realidades del default


Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, tal el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, tal como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente constitución de activos en el exterior.
El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o una orientación a satisfacer derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19/2 pasado avale que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”[1].
Existe temor al crecimiento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo turno de gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.
Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó asistencia financiera al FMI, ¿con qué beneficio para la sociedad? Para no ingresar en la cesación de pagos o default, nos dicen. En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el FMI que todo estaba bien; ahora dicen lo contrario.
¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso descarga cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo por 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizá quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, a los especuladores.
Resulta de interés desenmascarar esta situación, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.
¿A quién se le debe?
Según la información oficial, al III° trimestre del 2019 la deuda bruta de la Administración central ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI[2]:
a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total);
b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total);
c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total);
d) se completa el 100% con 2.406 millones de dólares conformada por deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).
El FMI viene sustentando la posición que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas, de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.
Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda por acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda, que como sostuvimos no sirvió para satisfacer necesidades sociales, si las de la ganancia más concentrada. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, claro que el FMI no lo aceptaría, y con él, los sectores que dominan el Directorio, en primer lugar, EEUU, y con él, los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.
Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quienes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares a que remite “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.
Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda, y ni hablar de ANSES u otros ámbitos estatales.
En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado, acumula un 39,2% y los organismos internacionales, adentro de lo cual está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default, algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.
La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI, con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, la estrategia gubernamental pretende no verse obligado a un default obligado ante imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.
En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores, o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.
¿Qué podría ocurrir ante un default?
El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002 hasta los canjes de deuda unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además, al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.
Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y motivado en el default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.
La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default, sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial, en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local, y desafío a una estrategia local y de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambio político en la región.
Pagar la deuda en nuestros días demanda en promedio unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía[3]. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, más se explica por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas: por ingreso de inversiones, de préstamos o venta de capital público.
El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, las que impacta en ralentizar aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.
Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.
¿A qué atenerse?
Una línea política de confrontación con el FMI y acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EEUU y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso, no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.
Si la auditoria y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2020

[2] Ministerio de Economía de la Argentina, en: https://www.minhacienda.gob.ar/datos/ (consultado el 21/02/2020)
[3] Ibidem

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Enfoques contradictorios sobre la política económica


La discusión sobre política económica presenta algunas variantes interesantes.
En un sentido aparece la política aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri y las primeras disposiciones de la actual gestión de Alberto Fernández, donde la discusión apunta a descifrar cuánto hay de ruptura y cuánto de continuidad.
Por otro lado, aparece la crítica al macrismo por derecha, de los ultras liberales, quienes acusan a la gestión macrista por haber perdido la ocasión de avanzar a fondo en el ajuste fiscal y en la realización de reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional, quita de derechos, en definitiva.
Más aún y desde otro ángulo, en la crítica al gobierno actual, el debate apunta al límite de lo posible en los cambios económicos necesarios, puesto en evidencia en las polémicas en torno a la suspensión de la movilidad jubilatoria y las políticas asumidas en torno al endeudamiento público.
Algunos sostienen que lo que se hace es todo lo que se puede hacer, y acusan a los críticos por izquierda, de apresurados que no comprenden los límites de lo posible. Incluso están los que sostienen que lo que hay es mera continuidad de lo anterior.
Los libertarios pro capitalismo
Son los mimados por los medios de comunicación, defensores a ultranza del orden capitalista, agresivos polemistas que descalifican cualquier adversario local o global.
Son enemigos intelectuales de la tradición crítica anticapitalista desde Marx hasta el presente, e incluso descalifican airadamente a Keynes y sus derivas actuales, descalificando cualquier versión de reforma progresiva o ilusoria del capitalismo.
Por esa razón confrontan toda posibilidad de experiencias concretas, sea Cuba o Venezuela, como las recientes experiencias regionales, caso de Sudamérica y el “populismo”, forma esta utilizada para descalificar el complejo y diverso proceso de cambio desplegando en los primeros quince años del Siglo XXI en la región nuestramericana.
También lo hacen en el plano teórico confrontando con la lógica de reformas sustentadas por el diálogo entre el Papa Francisco y Joseph Stiglitz, acrecido en el último año. La polémica alcanza a otros que sustentan una línea de pensamiento y política económica crítica de la corriente principal, neoliberal, hegemónica en el orden capitalista contemporáneo.
Parten de un razonamiento sencillo, sustentado en la libertad de mercado y la hegemonía del sector privado como aspiración de organización del orden económico y social. Se trata de una valoración a-histórica, que convalida al capitalismo como única perspectiva de existencia de las relaciones sociales en el proceso de producción y circulación.
Tienen predicamento en ámbitos académicos y especialmente sustento mediático como guardianes de última instancia del orden liberal, proyecto esencial del capital más concentrado. Estos capitales, en tanto hegemónicos, pueden entender el accionar político y apoyar ideológicamente proyectos como el de Macri, pero foguean desde sus usinas propagandísticas el pensamiento esencial pro mercado.
Vale asumir que tuvieron bautismo de fuego como alternativa electoral por derecha y aparecen como desvinculados de cualquier lectura de fracaso del gobierno macrista.
Se presentan como la reserva de un capitalismo “ideal”, a tal punto que hasta hace muy poco su ejemplo modélico era Chile, hoy noticia por la rebelión popular que desnuda los límites de cualquier modelo que intente endulzar el orden del capital.
Asumen una crítica a toda intervención estatal, omitiendo el papel del Estado para el sostenimiento del capitalismo en todos los territorios, sea por medios económicos, militares o ideológicos.
Rupturas, continuidades y polémicas
La principal ruptura deviene del sentido socio político e ideológico de la votación en octubre del 2019 y lo que se explicita como expectativas esperanzadas para terminar con la desigualdad, la pobreza, el desempleo y las miserias derivadas del combo combinado de inflación y recesión.
El triunfo del Frente de Todos expresó la demanda para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados por la política de los últimos cuatro años.
La unidad del peronismo fue el fenómeno que facilitó la unidad más amplia en una propuesta electoral crítica a la continuidad de otro periodo de gobierno de la derecha argentina.
Pero esa unidad más amplia contiene proyectos contradictorios sobre el orden económico, social, político y cultural, incluso del tipo de inserción internacional del país, lo que hace más compleja la discusión sobre las rupturas y las continuidades.
¿Qué piensan en la coalición oficialista sobre el modelo productivo actual y por dónde modificarlo o reencauzarlo?
La experiencia mendocina relativa al agua, la mega-minería a cielo abierto y la movilización social en defensa del agua y los bienes comunes nos puede dar claridad sobre las dificultades para trazar líneas divisorias en aspectos estructurales que involucran a la oposición y al oficialismo.
Argentina modificó su modelo productivo y de desarrollo ante la crisis de los setenta y la emergencia del “neoliberalismo” sustentado desde el terror del Estado.
Es una política que intentó ser morigerada en pocas ocasiones desde 1983, pero que mantuvo su sesgo esencial de concentración y dominación del capital externo, con mayor subordinación del trabajo en el capital; una reforma estatal reaccionaria que consolidó, no solo las privatizaciones del capital público, sino que instaló una tendencia a la mercantilización de los derechos; pero también una inserción subordinada en la lógica de la mundialización del capital, con escasas experiencias transitorias por una integración alterativa.
Hay que estudiar el censo agropecuario del 2018[1] para verificar la tendencia a la concentración de la tierra, expresión del modelo de transformaciones regresivas de la producción agraria y agraria industrial asociada a la exportación y subordinación al capital extranjero transnacional. Del mismo modo se verifica la extranjerización en el sector industrial y de servicios constatado por la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC (ENGE).[2] La vigencia de la Ley 21.526/77 de entidades financieras, el mayor logro según su autor, el Ministro de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y la lógica especulativa desarrollada por décadas, con el trasfondo del gravoso endeudamiento externo, remite a continuidades esenciales que no pudieron ser modificadas.
Son temas postergados en el debate y cuando mucho, las rupturas, no solo ahora, sino en cada momento de este largo ciclo de acumulación de capitales (por más de cuatro décadas) remite a la distribución del ingreso, no tanto a la de las riquezas.
La coyuntura nos presenta temas para el debate, donde la suspensión de la movilidad en el ingreso de jubilados y jubiladas aparece en el primer lugar, en simultáneo con el qué hacer relativo al endeudamiento público.
Jubilaciones
El presidente acaba de anunciar, flanqueado por los responsables del ANSES y el PAMI la grilla de ingresos y beneficios sociales a partir de marzo, develando las primeras claves de un asunto que en principio tendrá propuesta de nuevo cuadro de ingresos previsionales y de seguridad social antes de junio próximo, bajo nueva legislación.
Los argumentos explicativos son confrontados. Desde el gobierno se señala que han sido beneficiados por encima de la fórmula previa de actualización el 86,8% de las prestaciones de seguridad social, 11,8 millones de personas (4,1 millones por AUH, 3,2 millones por asignaciones familiares y 4,5 millones de jubilaciones de la mínima). Del otro lado se argumenta que el resto de las categorías percibirán menos de lo que les hubiera correspondido, calificando a la medida adoptada como un “ajuste”.
El aumento que debió otorgarse según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH; incluso se difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.
La crítica señala que todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos hasta ahora. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde -352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta -8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.
Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.
Entre los anuncios se destaca el proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. Junto a ello y sin precisiones se informó sobre distribución gratuita de medicamentos.
La cuestión de fondo se discutirá bajo nuevo régimen legal antes de junio próximo.
El debate es si la distribución de ingresos al interior del régimen jubilatorio es lo que correspondía, o si se debiera pensar la solución más integralmente, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden económico en su conjunto. Esto requiere de una reforma tributaria progresiva que no aparece aún en la agenda.
La reflexión apunta a la gran rentabilidad de grandes productores y exportadores del agro y la minería; del sector industrial altamente tecnificado y asociado al mercado mundial, por no hablar de la rentabilidad financiera y especulativa claramente beneficiada en el último tiempo.
Se trata de un debate de política económica que interpela el sentido del voto y las expectativas de cambio que actúan en la sociedad y fundaron la opción electoral ganadora en octubre pasado.
Deuda Pública
La misión del FMI está en la Argentina y discute con diferentes áreas del gobierno.
El tema es la renegociación encarada por el gobierno, explicada ante el Parlamento por el Ministro de Economía, sin precisiones concretas y medibles sobre la política económica, porque resta conocer el final de una compleja discusión, no solo con el FMI, sino y muy especialmente con los acreedores privados.
La Misión del FMI fue recibida con movilizaciones callejeras. El día previo a la llegada de los funcionarios del Fondo se inició un Juicio Popular como parte de la campaña por la “suspensión de los pagos y la investigación de la deuda”, preludio de concentraciones y marchas diversas en todo el país en rechazo al FMI.
Algunas manifestaciones sustentan el repudio de la deuda, la auditoria de la misma e incluso el apoyo a las negociaciones en curso.
La diversidad de consignas y propósitos identifica el debate sobre el qué hacer con la deuda pública, el costo de pagar o no pagar; de negociar o de sostener la cancelación de los pagos y el alcance de una auditoria, tanto como quién debe investigar.
No resulta sencillo dividir las aguas sobre estos matices, donde la razón de Estado involucra a oficialistas y opositores, evidente en la aprobación prácticamente unánime de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa pública.
Aun así, en el oficialismo se escuchan voces a favor del default, antes que un mal acuerdo, en el convencimiento que ello supondría una línea de ajuste en política económica, agravando la situación de sectores empobrecidos.  
Mientras se discute, los acreedores privados muestran su escasa voluntad para resignar “derechos” y por dos veces en 15 días rechazaron intentos de re-perfilamiento de los vencimientos de la deuda con el Estado Nacional, como antes lo hicieron con la Provincia de Buenos Aires.
El resultado evidente es nuevamente el riesgo país por encima de los 2000 puntos y las presiones alcistas sobre el tipo de cambio y por ende el posible impacto en el crecimiento de los precios de la economía.
La especulación es una continuidad, no solo en materia de acreedores, sino evidenciada en la suba de los alimentos en el mes de enero. Si la inflación medida por el INDEC señaló un incremento del 2,3% para enero, los alimentos lo hicieron en un 4,7% para el primer mes del año.
Es cierto que el IVA recuperó su alícuota tradicional e impacta en evolución de los precios finales, pero sin duda hubo especulación ante la difusión de la tarjeta alimentaria y el destino en alimentos de los ingresos de los pobres.
La especulación con alimentos incluye el mecanismo tecnológico detrás de las tarjetas alimentarias, con rentabilidad para proveedores privados de los plásticos y el sistema de gestión.
¿Podría haberse hecho de otra manera? Si, mejorando los ingresos de los beneficiarios de planes sociales sin el estigma del mal uso imaginado desde la racionalidad de quienes tienen el estómago lleno y sospechan sobre los usos y consumos de los sectores empobrecidos.
La solución ante la deuda es generadora de un debate que necesita extenderse aún más en la sociedad, relativo al carácter de la misma, legal o ilegal; legítima o ilegitima, incluso odiosa, sustentada en la teoría que denuncia que la deuda no contribuyó a resolver ninguna necesidad social y, además, tanto acreedores como deudores sabían de la imposibilidad de devolver los desembolsos.
Una cuestión más
Como si esto fuera poco apareció “Vicentín”, el pulpo del agro negocio, solicitando su “concurso preventivo de acreedores” argumentado en el “estrés financiero” que no le permite atender sus deudas en el corto plazo y demanda tiempo para recomponer su situación.
El pedido es simultáneo con la imputación a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación del macrismo por haber actuado fuera de las normas bancarias con la empresa y resolver créditos que alcanzaron los 18.500 millones de pesos. El ex funcionario se escuda en que la mitad de la deuda es responsabilidad de gestiones anteriores. Vicentin debe a otros bancos, productores y proveedores una cifra mayor, agravando su actual incapacidad de pago, lo que suena a maniobra.
Hay varis cuestiones para debatir. Una de ellas remite al modelo productivo antes mencionado, y al papel de la concentración de grandes empresas, que originadas localmente se asociaron a grandes transnacionales, caso de la suiza “Glencore”, que con Vicentín son socios en “Renova” como parte de una cadena de producción y circulación de bienes diversos, no solo derivados de la producción primaria y que actúa en la circulación mundial de capitales, formas que asume la fuga (remesas de utilidades al exterior).
Todo está muy documentado en información del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE[3], ámbito de estudio y difusión integrado por profesionales y docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Es la base documental que sustentó las denuncias en la provincia de Santa Fe realizadas por el diputado Carlos del Frade y por Claudio Lozano desde su cargo en el Directorio del BNA.
¿No será tiempo de pensar en terminar con la impunidad empresaria y la fuga de capitales, sea por pagos de una deuda odiosa o por remesas de utilidades al exterior o incluso la evasión tributaria, tal como la demanda de la AFIP hacia Vicentin?  
Es un interrogante para incluir en los debates de esta coyuntura, que trasciende la discusión local y se hace necesaria en todo el continente y en el mundo.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2020

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