Pensar y actuar para la emancipación social. Actuar pensando y pensar actuando para la vida.

LA PONENCIA ABAJO FUE PRESENTADA AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL "CEREBRISTA" (El cerebro vs la inteligencia artifical) y fue leida en la sesión del sábado 9 de agosto del 2025. Pensar y actuar para la emancipación social Actuar pensando y pensar actuando para la vida Por Julio C. Gambina La historia larga de la hominización nos trajo hasta el presente, con prolongación de la expectativa de vida y en simultáneo amenazas sobre la vida social y natural. Son amenazas propias de nuestra historia de construcción como especie, de trayectos individuales y colectivos, que cada generación necesita reconsiderar para evaluar críticamente el presente y desafiar el porvenir. La historia de la humanidad es cuento largo, desarrollada en un proceso de trasformación de la vida social y de la naturaleza, que se recrea con cada generación en disputa de cosmovisiones sobre el ser y el deber ser en sociedad y en armonía con la naturaleza. Por todo eso hay que pensar y al mismo tiempo actuar para hacer realidad cosmovisiones del “vivir bien”, o el “buen vivir”, de la tradición ancestral andina en nuestro tiempo. No se trata de volver en la historia, sino de construir colectiva y de manera consciente nuestra historia. Actuar pensando y pensar actuando es un desafío de época, en tiempos de progreso y devastación, propios de la sociedad capitalista, de inteligencia artificial y contaminación, de robótica y toxicidad, de avance y retroceso. Hoy se impone al mundo la razón de la “sin razón”, que es la de la desigualdad creciente sustentada en la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, al tiempo que se amenaza a la vida de los seres humanos y de la naturaleza. También existe la solidaridad, la cooperación, el comunitarismo, la autogestión, la amistad, la lucha y la organización popular y el humanismo internacionalista en contra de la guerra, el racismo y toda forma de discriminación. La violencia, el racismo, la discriminación, la guerra, la militarización, la especulación, la destrucción social y natural es la lógica que impone el privilegio de una sociedad monetario-mercantil sustentada en el lucro, que concentra la riqueza y el poder en una minoría en contra de la abrumadora mayoría. Es una dinámica que estimula el capitalismo delictivo, del tráfico de drogas, de armas o de personas. Es tiempo de crítica Resulta entonces un desafío de crítica y transformación para la mayoría, en tanto procesos dialecticos, individuales y colectivos. A la hegemonía del poder se le opone la contra hegemonía del contrapoder, de los de abajo contra los de arriba, de los subalternos a los que dominan. Es la razón y la lógica del poder y los poderosos la que condiciona y limita la creatividad humana para una vida de plenitud en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la humanidad y el hábitat. Ante el control propietario de la tecnología y los mecanismos de manipulación ideológica, de la conciencia y la cotidianeidad, resulta imprescindible el aliento y estímulo a la creatividad superadora del orden jerarquizado del dinero, del intercambio basado en el lucro, la explotación y el saqueo. Es una cuestión de recuperación ética en la sociedad. Sustentamos una creatividad para la vida que recupere la memoria de la hominización y la existencia en, para y por la comunidad, en contra de todo tipo de control definido por poderes transitorios que reproducen las condiciones de la violencia e inequidad actuales. Una recuperación de la cultura de la ética, de una cultura en sentido antropológico, relativo a lo cultural como creación humana, más allá del arte y la literatura, la música y la fantasía creativa, concretada en la materialidad de la cotidianeidad, en la alimentación y los derechos humanos en sentido integral. La historia en nuestra América está llena de aspiraciones irresueltas que marcan posibles caminos: desde la lucha anticolonial de los pueblos originarios; de la experiencia de Haití albergando la primera revolución contra la esclavitud triunfante en la historia; de las luchas contra el colonialismo y por la independencia, hasta el intento cubano de un nuevo orden socioeconómico, a las expectativas esperanzadas de la emancipación social que anida en la larga lucha de los/as trabajadores/as, los feminismos populares, la lucha ambiental, entre muchas reivindicaciones que sustentan los pueblos en nuestra región y en el mundo. Son experiencias, todas boicoteadas por el poder, construidas como imaginario por la emancipación en la región, que se potenciaron al comienzo del Siglo XXI y sembraron esperanzas más allá del continente. El problema es que el poder global no resigna sus cuotas de ganancia y acumulación para la dominación, lo que provoca la multiplicación recurrente de las experiencias sociales de carácter popular para asumir un programa permanente por la emancipación social como esperanza de los pueblos para el presente y el futuro. La emancipación como asignatura pendiente demanda pensamiento crítico y acción transformadora, como parte de una iniciativa colectiva que estimule prácticas de sujetos conscientes en rumbos a favor de la vida social y natural. Buenos Aires, 21 de julio de 2025

Los datos de Milei no coinciden con la realidad

En la cadena nacional del 8/8/25 del presidente de la Argentina: “Medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno” (en: https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/51044-cadena-nacional-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-medidas-para-amurallar-el-deficit-cero-y-la-politica-monetaria-del-gobierno) se señalan datos falaces. Relata Milei que “La inflación se ha desplomado, pasando de una tasa interanual del 300% cuando asumimos a una tasa interanual del 25%”. Los datos del INDEC invalidan el relato presidencial. Ocurre lo mismo con las referencias a la reducción de la pobreza, la indigencia y los salarios del sector privado. Son referencias para criticar la asignación de recursos parlamentaria a legislación sobre salud, discapacidad y jubilaciones, exagerando el impacto en el presupuesto público. Inicia Milei su cadena nacional recordando que el mandato del voto en 2023 era para terminar con la inflación y hacer crecer la economía argentina. Para confirmar ese rumbo alude a una inflación interanual del 300% al asumir el gobierno en diciembre del 2023. Veamos los datos difundidos por el INDEC. Discurso y realidad La inflación interanual a noviembre 2023 era de 160,9% y en diciembre de ese año alcanzó los 211,4%, ya bajo gobierno Milei; para luego crecer sucesivamente a 254,2%, 276,2%, 287,9% y 289,4% para abril del 2024. A posteriori empieza la baja interanual hasta el último dato disponible, del 39,4% a junio del 2025. Este último registro difiere del relato presidencial que la ubica en 25%. Es verdad que la inflación está en baja, para el registro interanual, desde abril/mayo del 2024 respecto de la escalada de precios bajo el gobierno anterior (160,9% a noviembre del 2023) y exacerbada desde la asunción de Milei en diciembre 2023 (211,4%), devaluación mediante que llevó el tipo de cambio de un dólar por 400 pesos a uno de 800 y ahora en torno a los 1.320. Digamos que a partir de ahí se presenta la tendencia a la baja de los precios, más allá de discutir cómo se baja la inflación, con el ajuste fiscal y a quién perjudica ese proceso. La baja de inflación con ajuste fiscal y restricciones monetarias y cambiarias la pagaron los sectores empobrecidos con reducción sustancial de salarios y jubilaciones; el gasto social en salud y educación, con fuerte impacto en la sociedad, y también con la clausura de la inversión para obra pública y las transferencias a las provincias. Es un mensaje de campaña electoral con la intención de manipular a la opinión pública, cargando las tintas sobre la herencia y con una benévola lectura del presente de los precios, que muestran una tendencia creciente luego del piso de mayo (1,5%) que ascendió a 1,6% en junio y probablemente en alza en julio y más aún en agosto con la modificación del tipo de cambio de las últimas semanas, devaluando la moneda local en un 14/15%. La inflación interanual enunciada por Milei no se corresponde con la información oficial del INDEC, ni tampoco el guarismo actual. Pobreza e ingresos populares Es una visión edulcorada de la realidad que le permite señalar: “Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas de los cuales más de 2,5 millones son jóvenes y la indigencia pasó del 20,2% al 7,3%, es decir, que cerca de 6 millones de personas que no les alcanzaban para comer, hoy comen.” Aseveración complementada con el dato relativo a que “los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación desde el mes de abril del año pasado.” Al respecto, los datos remiten para una base 100 a diciembre del 2023, que el salario del sector privado a mayo 2025, último dato disponible, se disminuyó en 8 puntos, es decir, a un registro de 92. Es cierto que a marzo 2024 había bajado a 86 y desde abril de ese año inició una recuperación con un máximo de 93 para noviembre del 2024 y luego se estanca al nivel actual de 92. No hay mejora de los salarios del sector privado, aun sin recuperar la pérdida desde la asunción de Milei. El mensaje presidencial nada dice de la pérdida salarial de los trabajadores en situación irregular, ni de los estatales o jubiladas y jubilados. Son sectores asalariados y perceptores de ingresos fijos que pierden contra los precios, aun con una inflación con tendencia a la baja. Ajuste, gasto y deuda Toda la argumentación presentada se hace para sustentar otra falacia, la del gasto y el impacto que supone la asignación presupuestaria definida por la legislación aprobada en materia de salud, discapacidad, jubilaciones entre otras. Dice el presidente libertario: “Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos —que incluyen reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docentes y las pensiones por discapacidad, entre otros—, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI” y agrega: “…implicaría un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares…” Alarma con las cifras, muy alejadas de la realidad. Si el PBI aproximado del 2024 fue equivalente a 625.000 millones de dólares, el 2,5% alcanzaría los 15.625 millones dólares, lejos del incremento de deuda mencionado, equivalente al 48% del PBI. Una gran exageración. Son falacias en el discurso presidencial que intervienen en la disputa del consenso electoral, ratificando su base de votación del 30% en la primera vuelta del 2023, y con pretensión de alcanzar una votación en octubre próximo en torno al 40%. De ese modo, pretende ratificar el rumbo del gobierno de la ultraderecha. Pese al mensaje de “equilibrio fiscal y fin de la emisión monetaria”, la realidad es la continuidad asociada al endeudamiento, agravando la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad. Debate teórico El mensaje de Milei nos trae un debate teórico sobre la formación de los precios, insistiendo en su conocida formulación “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, por lo que afirmó que: “la única relación causal que existe es desde la cantidad de dinero hacia el nivel de precios”. Se trata de una discusión que inicia con los “clásicos” de la Economía Política y la ley del valor trabajo, resignificada con la crítica de Karl Marx y su propia teoría del valor. Con Marx y su teoría del valor se explicita el origen del excedente: la plusvalía. Los precios deben explicarse entonces, desde la producción de valor y plusvalor. O sea, desde la explotación, e incluso por la competencia por la apropiación de cuotas de plusvalor, y no por la moneda o la circulación, base de sustentación de la teoría subjetiva del valor asumida por los monetaristas. No es el Dinero a los Precios, sino desde el Valor a los Precios. Desde la Producción y no desde la Circulación. Son enfoques contrapuestos con los que los neoclásicos y los monetaristas ocultan el fenómeno de la explotación. Desde los dichos por el libertario presidente se puede explicar la “razón” del ajuste vía reaccionarias reformas laborales, previsionales o tributarias, en curso y en perspectiva. No le preocupa a Milei bajar o anular retenciones, aunque eso perjudique el equilibrio de las cuentas fiscales. El ajuste no se piensa por ahí, ni eliminando intereses de una deuda odiosa e ilegal, sino disminuyendo gasto social orientado a la mayoría de la población. Para combatir la inflación se necesita discutir el modelo productivo, el estímulo a la investigación científico tecnológica para intervenir sobre la productividad del trabajo. Es algo a contramano de la apuesta al ingreso de inversiones externas para la explotación y saqueo vía exportaciones de los bienes comunes locales y una estructura empresarial al servicio de esa lógica de extranjerización y subordinación dependiente. Debates ausentes y pendientes La crítica presidencial al poder legislativo por asignación de gastos puede revertirse hacia el poder ejecutivo que funciona sin ley de Presupuesto, ya por dos años, por incumplimiento de la Constitución que remite al Congreso Nacional la sanción de un presupuesto Nacional. Es en esa legislación en donde se puede considerar el destino del gasto y el origen de los ingresos fiscales. Discutir el modelo productivo y el presupuesto debiera ser un debate participativo que involucre, más allá de los poderes del Estado, al conjunto de la población. Buenos Aires, 11 de agosto de 2025

Minería y transnacionalización en Argentina

UNA PRIMERA VERSIÓN DE ESTA NOTA SE PUBLICÓ EN EL Diario argentino Página12: https://www.pagina12.com.ar/847941-anuncios-de-inversiones-externas-en-mineria Avanza el proyecto minero con inversión externa Por Julio C. Gambina Por estas horas se anunció la mega inversión minera en San Juan por parte de BHP y Lundin Mining, en el marco de las facilidades del RIGI. Se trata de una inversión de 15.000 a 17.000 millones de dólares para la explotación de cobre. Es un proyecto que lleva dos décadas en exploración en los proyectos “José María” y “Filo del Sol”. El joint venture que formaron la canadiense Lundin Mining (exploradora y descubridora de ambos proyectos) junto con una de las mineras más grande del mundo, la australiana BHP, ahora se denomina Vicuña Project. Aunque genera expectativas, no es una inversión, ni fuente de divisas inmediata. Iniciada la actividad, si se aprueba, luego de la inversión inicial se espera producción para la exportación de 1.500 a 2.000 millones de dólares anuales en los primeros años. Resulta evidente que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, el RIGI, facilita estas inversiones. Argentina ha buscado, desde los 90, pasar de ser un territorio con minería a constituirse en un país minero, con San Juan a la vanguardia en la promoción de la mega minería a cielo abierto. La realidad sanjuanina es que actualmente hay una sola mina en explotación: Veladero, la mina más grande de Argentina en oro y plata. El resto son proyectos en exploración en sus distintas etapas, (prospección, avanzada, pre factibilidad, factibilidad y construcción) avanzada, incipiente, caso de “José María”, en una etapa de construcción y “Filo del Sol” en etapa de factibilidad. Puede estimarse el inicio de la producción de José María sería para unos 5 años como mínimo. Hay que estimar unos 4 años en construir la mina y por ahora lo único que construyeron es el campamento, que albergará a los obreros que van a realizar la construcción. Hasta que haya producción y ganancias falta, calculando que para el proyecto Vicuña, unos 10 años. Es que tienen que construir dos plantas de procesamiento ya que son sistemas geológicos distintos. Filo del Sol es de alta sulfuración (mayor acidez) con un pórfido en profundidad; en cambio José María es un pórfido clásico. Se trata de diferencias en la metalogénesis, el proceso geológico por el cual se forman depósitos minerales, especialmente yacimientos de metales. Es un tema vinculado con la evolución de la corteza terrestre, la tectónica de placas y procesos hidrotermales. La metalogénesis describe cómo los metales se concentran y se depositan en la corteza terrestre para formar yacimientos que pueden ser explotados económicamente. Por eso es imposible que el mineral se trate en una misma planta. Para Filo del Sol falta aún más. Se trata de una inversión a largo plazo y las regalías son apenas el 3% de la declaración jurada de la producción en boca de mina. En ese sentido, hay que ponderar el anuncio de inversión actual, con su realización y desarrollo. San Juan está en proceso de convertirse en una provincia minera, ya que por ahora solo hay exploración y apenas Veladero en producción. Claro que se viene anunciando la reactivación del proyecto Casposo para el último trimestre del año, tratando el mineral de Hualilan, una mina antigua. Existe un boom de exploración pensando en una matriz productiva a largo plazo. Vale considerar que, así como algunas empresas transnacionales se retiran del país, otras ven oportunidades en un modelo primario exportador a partir de la explotación de los bienes comunes, en la convicción que ya no hay lugar para la continuidad centrada en un país de industrias locales orientadas al mercado interno. Lo anunciado oportunamente por Milei es un país receptor de grandes inversores asociados a la explotación de los bienes comunes, en el agro, la energía o la minería, y en todo caso un empresariado local para prestar servicios a esas inversiones. En rigor, los proveedores locales abren el paraguas y demandan legislación específica para ser parte del negocio. Con el argumento socialmente aceptado de la contratación de fuerza laboral local presionan para un marco legal actualizado que los incluya. Si bien se trata de una inversión extranjera, se demanda un lugar para la provisión de bienes y servicios locales a ofrecer por el capital radicado en la provincia cuyana. La consolidación de estas inversiones dependerá de la estabilidad política y económica del rumbo que sugiere el gobierno libertario, lo que se procesa en las elecciones de medio término en 2025 y en la renovación presidencial del 2027. Para estimular la inversión y endulzar a otros inversores, con fecha 7 de agosto se publicó en el boletín oficial la eliminación de las retenciones a la minería, con explícita intención de promover y estimular las exportaciones de cobre. Ya era irrisorio el 3% de ingreso fiscal por regalías de la explotación minera, según declaración jurada de las empresas, y ahora se eliminan derechos de exportación, en un rumbo que ya se había iniciado con las exportaciones d eoro ni bien asumido el gobierno libertario. La intencionalidad es atraer más inversión externa y agravar la dependencia en el marco de un modelo productivo y de desarrollo primario exportador. País minero El emprendimiento difundido remite a una inversión externa de un “joint venture” construido entre la empresa BHP, australiana y Lundin Mining, canadiense. Aún resta la aprobación de la presentación que finalmente se realice en el marco del RIGI, para lo cual habrá que actualizar los estudios de impacto ambiental. Existen muchas expectativas en el gobierno nacional y en el de San Juan, por el ingreso de divisas, la promoción de empleo y el impacto en la producción, la exportación y la generación de divisas. Analizan en la provincia sanjuanina una legislación favorable a los proveedores locales, mientras los inversores pretenden aportar sus propios proveedores transnacionales. Existen conflictos actuales al respecto, derivados de la contratación de proveedores chilenos para Filo del Sol, ya que es un proyecto binacional. La polémica proviene del sindicalismo, con impacto en el gobierno provincial, reclamando que la mano de obra y los prestadores de servicios sean locales. La inversión se asienta, como dijimos, en dos proyectos que hace dos décadas se vienen explorando: José María y Filo del Sol, esta binacional, ya que la última actualización de recursos establece que el 30% se encuentra en lado chileno. Ambos localizados en la cordillera sanjuanina, una provincia que en los últimos años pretende convertirse en un territorio productor y exportador de minerales, principalmente, de oro y plata. Chile y sus 50.000 millones de dólares anuales de exportación están en la mira. Argentina corre desde muy atrás, apenas con el 10%. La inversión rendirá en el mediano plazo, de 3 a 5 años de iniciada la explotación, con una producción para la exportación con expectativas de crecimiento en el tiempo de vida útil de los yacimientos. Como fuente de ingreso de divisas no es inmediato, sea porque la inversión requiere de su aprobación y un programa de desembolso. La expectativa está en la generación de empleo, ya que, si se aprueba el proyecto, el desembolso se orienta en origen en ocupación laboral para la construcción. No hay expectativa de generación de divisas producto de la exportación, ya que eso ocurrirá en el largo plazo. La experiencia reciente en los hidrocarburos no convencionales muestra que primero se requiere la inversión en infraestructura para poder explotar, distribuir y obtener ganancias. El RIGI aparece ahora como oportunidad para presentar la inversión, consolidando el modelo productivo que la Argentina viene sustentando desde la década del 90 para convertirse en un país minero. Por eso se cambió durante los 90 la legislación del régimen minero, que el sector minero demanda actualizar. Se argumenta que es una legislación pensada para la explotación y no para la etapa previa en proceso actual. La provincia de San Juan viene creciendo su capacidad productiva con base en este modelo asociado a la mega minería a cielo abierto, cuestionada por el movimiento social en defensa del medio ambiente y los bienes comunes. Distinta es la situación en la vecina Mendoza, o en otras provincias cordilleranas, por restricciones gestadas por las protestas sociales en defensa del medio ambiente, del agua y de los bienes comunes. Hace tres décadas que los gobiernos de Argentina promueven la mega minería a cielo abierto. No es una novedad del gobierno actual. La oportunidad del RIGI y el rumbo liberalizador a ultranza en la actualidad estimula las expectativas de grandes inversores, siempre que se consolide el rumbo, lo que requiere el disciplinamiento de la protesta social e incluso de la burguesía local que mantiene su imaginario industrializador. Pensar alternativas La sociedad está en deuda con el debate sobre un modelo productivo y de desarrollo alternativo, no solo respecto de la minería, sino sobre el conjunto de la actividad productiva y de servicios en el país. En la primera década del siglo XXI se discutió la política económica en procesos de cambio económico, especialmente remito al caso boliviano, que rediscutió los contratos petroleros para invertir la ecuación de apropiación de la renta petrolera. Muchos auguraron que las transnacionales se retirarían del mercado. Eso no ocurrió y el Estado plurinacional pudo utilizar una gigantesca cuota de renta petrolera para una política de distribución del ingreso. Claro que no alcanza con la mejora fiscal, ya que una discusión especial remite a la afectación sobre la naturaleza, pero son temas inescindibles en una polémica ausente que el país necesita. De hecho, se requiere discutir qué producir, como hacerlo y para quien, incluso que inserción internacional. Es un debate más allá de la minería, que supone específicamente pensar en exploración y explotación alternativa en materia de minería. La lógica oficial solo se mide en términos de crecimiento del PBI, de las inversiones, las exportaciones y la captura de divisas para profundizar un rumbo de extranjerización e inserción subordinada del país en la dinámica actual de acumulación del capitalismo. Resulta imprescindible habilitar un debate para un rumbo alternativo, a favor de la sociedad y en defensa de los bienes comunes. Buenos Aires, 7 de agosto de 2025

Más deuda para sostener el ajuste

Crece la deuda pública con un nuevo desembolso del FMI por 2.000 millones de dólares, luego de tensiones cambiarias que supusieron un aumento del tipo de cambio del 15% en el mes de julio contra una inflación en torno al 2% mensual. Eso explica la corrección de variados precios que dificultan la aspiración gubernamental de bajar la inflación. Por eso se acude a un mayor nivel de contención del nivel de actividad económica, con desempleos y baja del consumo popular. Al mismo tiempo se publicó el veto a leyes de actualización de jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia por discapacidad, en simultáneo con la reducción de retenciones a las exportaciones agropecuarias. Trump sostiene a Milei La coyuntura muestra el apoyo al gobierno Milei de EEUU vía FMI e identifica a los grandes productores y exportadores como beneficiarios privilegiados de la política económica. Crece la hipoteca de la deuda, la que se descarga sobre el conjunto de la sociedad, convalidando una tendencia estructural al empobrecimiento. El stock de reservas internacionales alcanza unos 42.700 millones de dólares, principalmente por los desembolsos del FMI, de 12.000 millones a mediados de abril y ahora otros 2.000, a los que sumarán otros 6.000 para completar el préstamo de 20.000 millones otorgado en abril pasado. Sin los aportes del FMI sería imposible sostener la política oficial, que no puede retener el superávit comercial, que viene en descenso por el aumento de las importaciones. El problema es la fuga de capitales, sea por pago de deuda, acumulación de activos externos del sector privado o por salidas de divisas por el turismo emisivo al exterior. Así puede explicarse que no haya acumulación “genuina” de reservas internacionales, salvo por mayor endeudamiento. La solución es el auxilio del organismo internacional sustentado por la gestión Trump, que, así como sostiene a Milei con el préstamo en abril, desató al mismo tiempo la guerra arancelaria que pese a los anuncios de acuerdos arribados con variados países, aún está en proceso y con impacto de “incertidumbre” según señala el informe de julio 2025 sobre la actualización de las perspectivas económicas mundiales del FMI. Una incertidumbre que también impacta en el país. El FMI desembolsó 2.000 millones de dólares y anunció que la auditoria pasa de tres a seis meses, con lo cual, el próximo informe sobre la evolución de las cuentas locales del segundo semestre, recién se conocerá para fines del primer trimestre del 2026. Para esa fecha ya habrá nueva composición del Congreso Nacional, surgido de las elecciones de octubre 2025. La apuesta oficialista y del poder es una mejora de las mayorías parlamentarias que les permita avanzar en las reaccionarias reformas estructurales: laboral, previsional e impositiva. Todas destinadas a mejorar la rentabilidad del capital. Baja de la actividad económica Pese al informe laudatorio del FMI y al discurso oficial relativo a crecimiento del PBI y reducción del índice de inflación y de pobreza, la realidad devuelve el cierre de empresas, el crecimiento del desempleo, el aumento de las tasas de interés y por ende del costo financiero, todo lo que incide en la contención del consumo popular. La realidad devuelve desconformidad con el rumbo, pero no necesariamente se transforma en protesta social, aun cuando crecen los reclamos y paros, caso de los/as trabajadores/as del subterráneo de Buenos Aires o la continuidad de reclamos de los/as estatales o jubiladas/jubilados. Un dato relevante es el crecimiento del ausentismo en las elecciones realizadas hasta ahora en distintas provincias, que pueden repetirse hacia septiembre en la elección bonaerense y en octubre en la nacional. Es una señal preocupante para el gobierno que enfatiza su rumbo privilegiando el combate a la inflación con sus anclas fiscales y monetarias, que se manifiestan en domar los ingresos populares, especialmente salarios y jubilaciones, tanto como contener el tipo de cambio, recreando mecanismos de rentabilidad en moneda local. Más allá de la desconformidad y de la protesta, resulta imprescindible el surgimiento de una propuesta política alternativa que entusiasme a buena parte de la sociedad, para revertir las reformas avanzadas en esta primera parte del gobierno Milei. Desde ahí será posible reconstruir una propuesta de organización económico social que privilegie a los sectores mayoritarios, hoy desfavorecidos por el ajuste. Buenos Aires, 4 de agosto de 2025

Pensionados y jubilados como parte de la clase

El objetivo de la Unión Internacional Sindical (UIS) de Pensionados y Jubilados de la Federación Sindical Mundial (FSM) es agrupar “Pensionistas y Jubilados” de todo el mundo en la perspectiva de la lucha de clases por la transformación socialista de la sociedad. Está claro que lo SINDICAL nos define, tanto como el clasismo y el internacionalismo proletario, o sea, de las trabajadoras y los trabajadores. Somos pensionados o jubilados por la lucha integral de la clase trabajadora, que desde fines del siglo XIX incluyó la reivindicación de la seguridad y la previsión social. Es más, los regímenes de seguridad y previsión social se constituyen, en general: • con aportes de las/os propias/os trabajadoras/es, en tanto salario deferido; • pero también con aportes patronales, que son partes de la plusvalía destinada a la seguridad o previsión social; • también hay aportes específicos del Estado (capitalista), que la lucha socio política arrancó para la seguridad y previsión social, por eso, los grandes capitalistas y los principales estados del capitalismo y sus organismos internacionales presionan por reformas reaccionarias a la seguridad y previsión social. Militamos en la UIS de PyJ-FSM como parte de la lucha histórica de la clase obrera. Nos asumimos en la tradición del Manifiesto (1848), de la Comuna de París (1871) y de las revoluciones e intentos de revoluciones en esta tradición de lucha y organización, como parte esencial de la lucha de clases, esencialmente entre propietarios de medios de producción y explotados, oprimidos y desposeídos. Constituimos parte del destacamento por la revolución, de la consigna “Proletarios del mundo uníos”, que bajo condiciones concretas fue adecuándose a la “alianza obrera campesina” (Rusia, China…) y al sujeto “Pueblo” (Cuba). Más allá de cualquier consideración jurídica o sociológica somos parte en la lucha de clases en contra de la propiedad privada de los medios de producción y contribuimos a fortalecer la estrategia por la revolución en contra del capitalismo y por el socialismo. Buenos Aires, 30/07/25

El gobierno y sus cómplices buscan una reaccionaria reforma previsional

I - Ofensiva del capital y de la ultra derecha Hace medio siglo vivimos en el país una ofensiva del capital en contra del trabajo, de los derechos laborales, sociales, sindicales, individuales y colectivos. Por eso crece el desempleo, se precariza el empleo, se reducen los ingresos populares, entre ellos las jubilaciones y pensiones. Es un ataque en línea que marca una tendencia de largo aliento y se manifiesta con el empobrecimiento de millones de personas y afecta el presente y futuro de la calidad de vida de una mayoría abrumadora Una ofensiva que es también en contra de la Naturaleza y por eso se apropian de nuestros bienes comunes, la tierra, el agua, el gas, el petróleo, el oro, los minerales. Es coherente con el privilegio a la propiedad privada de los medios de producción y al capital externo. Con privatizaciones enunciadas en la dictadura y materializadas en los 90, se consolidó un mayor nivel de extranjerización de la propiedad en el capitalismo local. Con el Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores, RIGI, se pretende afianzar el rumbo de la dependencia al capital transnacionalizado. Es una ofensiva en contra de la sociedad y por eso fomentan el consumismo y el desinterés por la solidaridad y lo común comunitario, marco adecuado para transformar la ofensiva en una iniciativa política de la ultraderecha libertaria, arrastrando detrás a toda la derecha, exacerbando la violencia que legó el terrorismo de Estado. II – Reformas estructurales Con el gobierno libertario se pretende cerrar el objetivo propuesto de reestructurar regresivamente el capitalismo local, lo que supone cambiar sustancialmente la forma de organización económica de la sociedad argentina en favor de la obtención y acumulación de ganancias. En ese camino, hace décadas que vienen instrumentando cambios en la política y la legislación laboral y previsional, incluso tributaria, a favor de las grandes ganancias y en desmedro de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y pensiones. Los cambios se vienen procesando y se manifiestan en la irregularidad en el empleo, que condena a millones de trabajadores/as, más de los que están en condiciones regulares de empleo, a trabajar con límites, o directamente sin seguridad social, incluso afectando la posibilidad de ingreso previsional en el futuro. Durante el primer año del gobierno de Milei los trabajadores/as del sector público perdieron más de 6,5 millones de pesos c/u; los del sector privado resignaron más de 2,1 millones de pesos, y las/os jubiladas/os más de 3,3 millones de pesos. (Datos aportados por MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía). Ese ajuste, más el congelamiento de la obra pública, la baja de transferencias a las provincias y otros rubros supuso un ajuste de 65 billones de pesos. El destino principal es satisfacer la demanda de lso acreedores de la deuda pública. Ahora quieren consolidar “legalmente” lo actuado y por eso se proponen ganar legisladores en las elecciones del 2025 y del 2027 para tener las mayorías necesarias para reformas reaccionarias en materia laboral, previsional y tributaria. Pretenden quitar derechos e ingresos para mejorar la rentabilidad del capital. Es más, con las jubilaciones y pensiones, pretenden “privatizar” el régimen previsional y transferir una masa gigantesca de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al capital privado extranjerizada bajo la hegemonía de la banca transnacional. Según el Anuario 2024 de ANSES son unos 76.9 billones de pesos, unos 65.480,4 millones de dólares. Este es el fundamento de la demanda global de los capitales. Así como se apropian del plusvalor en el proceso de producción y explotación, pretenden utilizar los recursos acumulados por los regímenes previsionales para la acumulación capitalista. La crisis capitalista induce a los grandes capitales a buscar financiamiento en los recursos generados por el régimen previsional tras décadas de lucha del movimiento obrero y popular. III – Frenar la ofensiva Es imperativo frenar la ofensiva del capital y de la ultra derecha, en el camino que instaló el movimiento de jubilados/as, de extensión de la protesta y la organización, con movilizaciones semanales ante el Congreso Nacional y en distintos territorios, junto a plenarios, marchas, concentraciones y encuentros militantes para ampliar a la sociedad las reivindicaciones del movimiento de jubiladas y jubilados. Junto a ello se necesita fuerza política que articule un programa compartido en el próximo Congreso Nacional para rechazar cualquier intento de reforma reaccionaria, laboral, previsional o tributaria que favorezca al capital y cercene derechos sociales. Será un camino a seguir para constituir fuerza política, ya no solo para rechazar el proyecto del poder libertario y de ultra derecha, sino para afirmar un programa que satisfaga las más amplias necesidades populares, en contra y más allá del régimen del capital. Buenos aires, 23 de julio de 2025

Ganar consenso electoral para profundizar reaccionarias políticas

Se lanzó la disputa electoral bonaerense de septiembre, preludio de la renovación parlamentaria de medio término en octubre. Con las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires se discute el panorama político y económico de la Argentina, ya que en el territorio bonaerense se concentra buena parte de la población y de la generación de riqueza en el país. Buenos Aires se constituye en territorio simbólico de la disputa coyuntural por el gobierno del capitalismo local. El gobierno libertario asienta su propaganda en la crítica a la tradición peronista kirchnerista, actual gobierno en la Provincia de Buenos Aires, anticipando la batalla electoral de octubre próximo, incluso, la probable disputa entre libertarios y el peronismo por la presidencia en 2027. La propaganda libertaria destaca los datos oficiales de baja de la inflación y su impacto en la disminución de los indicadores de empobrecimiento. Sin embargo, la realidad devuelve el deterioro de los ingresos populares junto al crecimiento del desempleo, así como las dificultades para atraer inversiones y la persistente fuga de capitales. El gobierno busca contener la inflación en tiempos de elecciones, proceso imprescindible para ganar consenso e implementar reformas estructurales. Hegemonía en discusión Importa el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires en el horizonte que se va creando luego de las elecciones en varias provincias, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, y claro, hacia las elecciones de medio término en octubre. La libertad Avanza (LLA), intenta disputar la primera minoría en la provincia de Buenos Aires, y por eso ha absorbido al PRO y se presenta como una fuerza hegemónica de la derecha en la Argentina. Desde esa posición discute el rumbo del capitalismo en el país. Se proponen mostrar capacidad competitiva para disputarle la hegemonía política al gobierno de la provincia de Buenos Aires, desalojando al peronismo de su posición como primera minoría. Así como la LLA se renueva absorbiendo al PRO, las corrientes internas del peronismo encontraron serias dificultades para sintetizar en una lista, posponiendo la discusión por la hegemonía de la representación política. La derecha parece haber resuelto en lo esencial la hegemonía coyuntural para las elecciones, lo que sigue siendo una asignatura pendiente en la tradición peronista. Es quizá una posibilidad para terceras opciones, en la que asoman disidencias en la derecha y en el peronismo, y claro, de la izquierda, desafiada a superar su carácter de representación testimonial, que en esta ocasión abrió su lista a otras expresiones más allá del trotkismo. Para el gobierno la lógica discursiva se asienta en las estadísticas de inflación y pobreza, que contrastan con la realidad de deterioro de los ingresos populares, ya que no hay actualización de salarios o jubilaciones contra inflación, sin perjuicio del creciente desempleo. La expansión del desempleo y la informalidad laboral es producto de un país menos productivo y más orientado a una plataforma de servicios, tal como sugirió oportunamente Javier Milei. El peronismo intenta la crítica a la política oficial sin ofrecer unidad de horizonte respecto al que hacer en el presente y el futuro inmediato. La izquierda necesita hacer visible su posición en contra y más allá del orden capitalista, lo que supone confrontar con la lógica del ajuste del gobierno nacional y los límites de cualquier propuesta sustentada en la reforma o humanización del capitalismo. Dificultades en el horizonte Hay quienes imaginan próximos derrumbes de los consensos políticos electorales del gobierno, que se vienen anunciando, incluso antes de que asumiera Milei a la presidencia, lo que se manifestaba en “no llega a asumir”, o “no llega a semana santa”, o “al año…”. Bueno ya se discute el medio término y ahí está, disputando gobierno y poder, incluso más allá del 2027. Es un dato que no aumentan las inversiones productivas al país, ni las externas ni las locales, máxime cuando la decisión oficialista es no a la inversión pública. Algo similar le ocurrió a Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Las inversiones extranjeras nunca llegaron a la Argentina, ni llegan ahora, pese a que se aprobó el régimen de incentivos a grandes inversores, el RIGI, en la ley de Bases. El argumento que se esgrime es que falta eliminar completamente las restricciones al movimiento de capitales, el CEPO, por ahora solo levantado para personas, restando esa facilidad para las empresas. Lo concreto es que se levantaron parcialmente las restricciones y más que sacar los “dólares del colchón”, los que tienen capacidad de ahorro, siguen abultando sus reservas en divisas, o gastando en el extranjero, estimulando la fuga de capitales. Hay un crecimiento de la cotización del dólar, en torno a los 1.300, más cerca del techo que de la flotación que del piso, según anticiparon los voceros oficialistas. No existen indicios para una reducción del tipo de cambio, siendo la devaluación la que se consolida, aun cuando los grandes productores y exportadores demandan un ritmo más acelerado de depreciación de la moneda local. Es curioso, pero el esfuerzo de apreciación del peso para contener los precios (inflación) está acompañado por una presión devaluatoria, que ´se acerca a la demanda del poder económico, lo que se manifiesta en la reivindicación contra las retenciones del agro negocio de exportación. La gran preocupación del gobierno e incluso de la población de menores ingresos es la inflación. Eso explica que el eje de la política de gobierno se asiente en el ancla salarial y del tipo de cambio, para contener la disparada de los precios y así ganar consenso electoral. Una ampliación de la representación parlamentaria le permitirá a la LLA y sus aliados, intentar profundizar con las reformas estructurales, laboral, previsional y tributaria. En esa disputa se juega el gobierno del capitalismo local en tiempos de reorganización del sistema mundial. Es un debate hacia el interior de la derecha en el país, la nueva, de corte “libertaria” y la tradicional, más “republicana” si se quiere, pero también de quienes imaginan que el capitalismo puede reformarse o humanizarse. Al mismo tiempo, la política es construcción social histórica y bien vale interrogarse si la sociedad continuará soportando la lógica del ajuste perpetuo de la motosierra y la reaccionaria reestructuración, o si se habilita desde el descontento, la protesta y la organización, la emergencia de una propuesta alternativa que discuta de base el orden económico social en el país. Buenos Aires, 21 de julio de 2025

Desregulación, motosierra y vetos: los cruces entre la economía y la política

Lo que define la situación actual argentina es la incertidumbre económica y política, aun con la tendencia a la baja del índice inflacionario, acompañado por baja de los ingresos populares y del consumo de la mayoría de la población de menores recursos. Esa tensión se manifiesta en la confrontación entre los gobernadores y el gobierno nacional por los recursos de la coparticipación federal, vía los Anticipos del Tesoro Nacional (ATN). El gobierno eliminó vía “desregulación” varios fondos fiduciarios, pero se queda con los recursos asignados, por lo que las provincias reclaman sean compartidos vía ATN. Además, los gobernadores instruyeron a los legisladores de sus provincias para acompañar la actualización legislativa de las jubilaciones y del bono complementario para la “mínima”, junto a la reinstalación de la moratoria, imprescindible para la jubilación de millones de personas. Estas personas son quienes en los últimos años fueron sometidos a la impunidad empresarial de la “no regularización” de la situación laboral, una tendencia creciente en el capitalismo contemporáneo, que define la ofensiva del capital sobre el trabajo. No se tienen aportes por la no inscripción de las patronales y no por algún tipo de evasión previsional de trabajadoras y trabajadores. No se puede pensar la economía al margen de la política ni viceversa, por eso la incertidumbre apunta en los dos sentidos, máxime en un año electoral, con renovación parlamentaria en octubre próximo. Por eso, los gobernadores le hicieron el vacío al gobierno nacional en el acto por el 9 de julio en Tucumán. No se pudo ratificar la foto de hace un año, donde el presidente aparecía rodeado de una buena parte de los gobernadores de la Argentina. Estábamos en los comienzos del gobierno de Javier Milei, hoy ya ha pasado un año y medio, la situación es distinta. Los gobernadores no le hacen el vacío a la orientación política del gobierno, sino que pretenden apropiar una cuota aparte de los recursos fiscales que gestiona el Estado Nacional. Vale recordar que desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente el debate sobre un nuevo régimen de coparticipación federal. Es un tema que trasciende la coyuntura. Hace falta un debate sobre qué país se pretende construir y desde allí resolver las afectaciones de los recursos colectados federalmente, cuánto debe destinarse a las provincias o regiones en funciones de que necesidades resolver. En rigor, a contramano de la lógica de ajuste y desregulación impulsada por el gobierno nacional. La lógica gubernamental elimina políticas públicas para que todo lo resuelva el mercado, el sector privado. El sentido principal es la “motosierra”, disminuir el gasto público y reorganizar la economía, la sociedad y el Estado de manera integral. Ni la mayoría de los gobernadores, o parlamentarios discuten la orientación “privatista” del gobierno, solo quieren compartir recursos que por ahora se apropia la Nación. El debate ausente es sobre que Argentina se viene en el diseño desde el “poder” y cual debiera ser el perfil alternativo para satisfacer necesidades insatisfechas de la mayoría de la población. Vale señalar que la disputa del rumbo político involucra a la fuerza gobernante y es explicita entre el Presidente y su Vice. No es la primera vez que esto ocurre, pero adquiere gravedad en el presente, porque el dúo expresa variantes de reivindicación del orden económico y político definido por la dictadura genocida del 76. No solo reestructurar de modo reaccionario las relaciones sociales de producción, sino también reivindicar al terrorismo de Estado y buscar la impunidad de los genocidas. Lo primero está en la esencia del Jefe de Estado y los segundo en los propósitos explícitos de la Vice. Jubilaciones, derechos y recursos La nueva legislación será vetada por el ejecutivo, según anunció, a contramano de la reivindicación que reclama todas las semanas el movimiento social frente al Congreso. Lo resuelto por el Congreso es un paliativo que no satisface el reclamo de un ingreso mínimo que atienda las necesidades del adulto mayor, hoy por encima de 1.200.000 pesos mensuales. Se instala desde el gobierno que atender esta demanda, la de la nueva ley, ni hablar del reclamo del movimiento social, desarma el equilibrio fiscal. En rigor, desnuda la crueldad de la política oficial que asienta el ajuste en restar seguridad social. De hecho, desde la asunción presidencial, el ahorro en jubilaciones alcanza los 13,9 billones de pesos, restando un promedio a cada jubilada/o de más de 3,6 millones de pesos. Un argumento oficialista repetido hasta el cansancio por la prensa afín contra la reapertura de la moratoria y la actualización de las jubilaciones remite a que millones de personas “no hicieron los aportes”, como si la regularización o no del empleo fuera una decisión personal y no derivada de la impunidad empresarial instalada desde hace décadas. El desfinanciamiento del régimen previsional está asociado a la disminución de aportes patronales, una norma implementada desde los 90 del siglo pasado, y a la creciente irregularidad del empleo, resignando seguridad social a millones de trabajadoras/es. La crueldad del pensamiento liberal condena a millones a subsistir de manera miserable. La sociedad necesita discutir sobre cómo se atienden las necesidades de los adultos, de la niñez, de la discapacidad. No se trata de un tema a atender de manera privada o por familia, incluso de la caridad o la solidaridad social. Vale apuntar que las consultas devuelven una mayoría empática con las demandas de jubiladas/os. La discusión sobre jubilaciones es extensiva al tema discapacidad y a otros derechos. En rigor, el debate es sobre en que debe gastar el Estado y de dónde obtener los recursos. El gobierno resolvió ajustar la obra pública por unos 16,4 billones de pesos desde diciembre del 2023, afectando la infraestructura indispensable para las comunicaciones y el traslado, la educación o la salud entre muchas necesidades para un funcionamiento adecuado de la sociedad. La sociedad necesita discutir por donde debe pasar el “ajuste”, si por bajar el gasto social o afectando otros intereses, caso de la deuda odiosa, ilegal o ilegitima, que el gobierno actual y los anteriores privilegiaron sobre las demandas sociales. Estas definiciones políticas confrontadas al interior de la fuerza gobernante y entre estos y los aliados que facilitaron la capacidad de ajuste y regresiva reestructuración económico social hasta el momento, tensionan la economía y la política. Una tensión que se manifiesta en una escalada del tipo de cambio, superando los 1.300 pesos por dólar y la continuidad de un estancamiento estructural de la economía local que es producto de la baja capacidad de consumo de la mayoría social por bajos ingresos, aun con la tendencia a la disminución del índice inflacionario. Un índice presionado por las anclas salariales y cambiarias que induce la intervención estatal pese al discurso liberal. Las tensiones incluyen los descontentos sociales y la creciente protesta en busca de nuevas representaciones políticas que otorguen rumbos alternativos para el futuro del país. Buenos Aires, 15 de julio de 2025

Argentina sustenta la liberalización a ultranza y encuentra límites globales y locales

Argentina traspasó la presidencia pro-témpore del Mercosur a Brasil y en el mensaje de despedida, Milei ratificó su decisión por el “libre comercio” y el privilegio a la relación subordinada con EEUU. Lula, por su parte, asumió la coordinación temporal manifestando una intención de fortalecer el bloque regional y el multilateralismo. Esta concepción multilateral se abre espacio a distinto nivel en el plano mundial, no solo en gobiernos de crítica a la posición liberalizadora, sino incluso algunos gobernados por la derecha, tal como se vio por ejemplo con la presencia de Narenda Modi, el jefe del gobierno de la India, de paso por la Argentina hacia Brasil para participar de la reunión de los BRICS+. Es que el gobierno de la India es socio “político ideológico” del gobierno de ultraderecha de la Argentina, del de Donald Trump, pero la India es parte de los BRICS+, que la Argentina rechazó integrarse ni bien asumió Milei en diciembre del 2023. La India, un país del sur del mundo, se abre a la economía mundial, se liberaliza, tal como plantea el ultraderechista Javier Milei, pero lo hace desde un punto de vista pragmático, asociándose con China, un vecino territorial, y por supuesto con Brasil, aceptando potenciar las relaciones económicas, políticas, diplomáticas con los BRICS+. Los BRICS+ constituyen una articulación que involucra en su seno a regímenes de derecha como el de Arabia Saudita, o al régimen crítico a la lógica occidental, como es el caso de Irán. Es una respuesta pragmática de las relaciones económicas internacionales de la India en el capitalismo contemporáneo. Es algo que rechaza Javier Milei desde la ortodoxia liberalizadora. En ese marco, Milei anunció a sus socios del Mercosur que, si la región no avanza por el rumbo liberalizador, ultra-liberal, Argentina se abrirá del Mercosur y privilegiará la relación con Estados Unidos. A esta hora la Argentina espera Estados Unidos le informe los aranceles que se aplicarán al país como resultado de la guerra arancelaria que Trump lanzó en abril del 2025. EEUU elevó sus aranceles a diestra y siniestra, y ahora define la magnitud para cada país en función de los saldos comerciales y la afinidad política en el debate global por un nuevo orden económico global. Por eso diferenciamos la lógica del gobierno argentino y del de la India. Uno de subordinación total y absoluta, y el otro, con una inserción diversificada desde una lógica de “interés nacional” en el contexto de las relaciones capitalistas mundiales. No se trata de capitalismo o anti-capitalismo, sino de cómo insertarse en el mundo actual y cómo desarrollar la política económica, con los matices de Brasil o la India, por un lado, y de Argentina por el otro. Argentina subordinándose a Estados Unidos, mientras Brasil sustenta una concepción multilateral, y la India desde una posición de derecha también se alinea en un planteo de multilateralidad. Contexto local Todo acontece en una semana en la que se conmemora el 9 de julio, Día de la Independencia de la Argentina desde 1816. Puede ocurrir que el Senado sancione proyectos a contramano de la lógica gubernamental de ajuste y reaccionaria reestructuración de relaciones sociales. Uno es el caso de una actualización de los ingresos de jubilados y jubiladas, que no satisface la demanda del movimiento que miércoles a miércoles anima la resistencia popular, pero que supone un revés muy fuerte a la política oficial, que tiene el ajuste a jubilados como uno de los temas principales de la “motosierra”. El gasto previsional (13,2 billones de pesos) y la inversión pública (más de 14 billones de pesos), constituyen los dos principales rubros recortados por el ajuste fiscal de Milei. El Senado expresa la política de las “provincias”, cuyos gobernadores que mayoritariamente apoyaron la reaccionaria legislación gubernamental, ahora se unifican en demanda de recursos a la Nación. Claro que se trata de un tiempo electoral y existe una reconfiguración de la política para definir quién manda en el el orden político local. Milei anticipa el rumbo al veto de todo incremento de gasto público, y falta considerar el costo político en un tiempo de descontento que se manifiesta en el “ausentismo” electoral. Asistimos a un tiempo de turbulencias políticas, por descontento social amplio y resistencia popular extendida. Hemos sostenido que política y economía están estrechamente entrelazadas, por lo que interesa la inserción internacional de la Argentina en tiempos de crisis mundial del capitalismo y qué pasa con la evolución del proyecto ortodoxo de extrema liberalización, de ajuste y reestructuración regresiva de Javier Milei, ante cierto y relativo desorden político. Por abajo, con resistencia popular, y por arriba, porque se disputa quién gobierna el capitalismo en la Argentina. Buenos Aires, 7 de julio de 2025

YPF en debate ante la intromisión de la justicia neoyorkina y los intereses foráneos del capital

El fallo de la jueza Loreta Preska de Nueva York para que Argentina pague con acciones de YPF la sentencia por el juicio que se lleva en su juzgado por el fondo buitre “Burford”, comprador del derecho a litigar contra la Argentina por la estatización parcial de la petrolera en 2012, está en el centro de la discusión. La primera reacción del gobierno libertario es la solicitud la suspensión del fallo de la jueza neoyorkina. Es un dato curioso que un gobierno que tiene una crítica hacia todo lo que es estatal tenga que ponerse en defensa de la empresa privada de gestión estatal, con el argumento de una sentencia “jurídicamente inaplicable”. Hasta un crítico del Estado como el gobierno Milei tiene que salir a defender los intereses de esta empresa privada de gestión pública. El debate trasciende la coyuntura Más allá de lo concreto, el debate político y mediático trasciende lo inmediato de la sentencia y se proyecta en el tiempo en debates históricos. Primero sobre la privatización de la principal empresa productiva local, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), transformada hoy en YPF, solo una sigla. Se discute si fue adecuado o no aquella privatización del menemismo en los 90 del siglo pasado, tanto como la llamada argentinización de YPF, que fue la entrada del grupo Eskenazi en el año 2007, y la estatización parcial del 2012, asociada al acuerdo secreto con Chevron para hacer real la explotación de Vaca Muerta. Todo supone un punto de partida para el debate económico. El tema es si el país podría hoy exportar energía si no se llevaba adelante la estatización parcial de YPF, que cambió la ecuación productiva de la Argentina, más allá de cualquier opinión sobre el acuerdo secreto con Chevron y la tecnología de la fractura hidráulica o fracking. Una tecnología que le permitió a Estados Unidos, entre el 2015 y el 2018, volver a ser el primer productor mundial de hidrocarburos en base a la explotación de los no convencionales. Vale mencionar que Argentina ha sido el principal socio receptor de esa tecnología. El debate incluye un tema que es estratégico a nivel mundial, porque la energía, el petróleo, el gas son un insumo primordial del modelo productivo contemporáneo. Argentina tiene expectativa de ser proveedor de los europeos que cerraron la recepción del gas ruso a partir de los acontecimientos bélicos en Ucrania. Estados Unidos tiene intereses estratégicos porque es el principal consumidor mundial, pero retomó el carácter de principal productor que había perdido en la crisis energética de los años 70 del siglo pasado. Argentina ha revertido su situación de importador de energía hasta hace muy poco, para convertirse en un país que exporta, logrando un excedente de divisas, esenciales en el funcionamiento del capitalismo local. ¿Quién maneja la energía en cada país? Más allá de los debates y cómo evolucione el tema jurídico, la esencia del tema es la crisis energética global. No es un tema menor si es una empresa privada de gestión estatal, o una empresa totalmente estatal, o una empresa privada quién toma las decisiones, o quién tomará las decisiones en el futuro según cómo se desarrolle este juicio. En el fondo está el debate sobre la energía, especialmente cuando Estados Unidos volvió a tener la preeminencia en la producción mundial de un insumo estratégico. Por eso las especulaciones o sospechas sobre intereses geopolíticos detrás de la decisión de la jueza de Nueva York. El debate trasciende lo jurídico y se proyecta en lo económico, político, diplomático, como parte de los grandes debates globales que atraviesan la coyuntura local y mundial. Resulta de interés considerar que piensa la sociedad sobre estos temas estratégicos, que hacen al presente y al futuro del país. Buenos Aires, 2 de julio de 2025

El poder presiona por más disciplinamiento social

Termina el primer semestre del 2025 con señales preocupantes de la economía, pese a los datos estadísticos que ofrece el gobierno respecto de la disminución de la pobreza, de la baja de la inflación, de la mejora de los ingresos salariales regularizados, porque claro, todo eso es discutible por las metodologías que se utilizan para esas mediciones. La realidad es que la protesta social muestra el descontento de una parte de la población, que se ratifica en las elecciones provinciales que se vienen desarrollando con altísimos niveles de abstención. El ausentismo crece pese a la continuidad de la obligatoriedad en el voto. En realidad, no solo está la crítica por abajo, sino que aparecen señales críticas desde el poder económico, quienes no ven los resultados esperados en términos de rentabilidad acrecida. Ha sorprendido en estas horas la opinión desde el Poder Económico Mundial, ofrecida por J.P. Morgan, banca de inversión que informa y recomienda a sus inversores que desarmen las posiciones en pesos, logradas vía “carry trade”, para refugiarse en activos dolarizados. Remite en su informe a los problemas argentinos al ingreso de divisas, validados por un balance externo deficitario en intercambio comercial, motivado en la política oficial que promueve las importaciones. El alejamiento de los saldos positivos en el comercio internacional incrementa el endeudamiento, asentado en el papel del préstamo del FMI. Se suma al déficit de divisas, una importante demanda de dólares por turismo de los sectores medios altos y altos. Todo eso, contenido en el informe de J.P. Morgan, agrega incertidumbre económica y política a la realidad de la Argentina. En ese sentido, una señal preocupante son las elecciones provinciales, este fin de semana que pasó, las de Formosa y de Santa Fe, las que dan cuenta, vía ausentismo, de un clima de descontento en la sociedad. Lo curioso, es que el gobierno puede sumar votos y legisladores en octubre próximo, con un balance electoral favorable, ya que a los efectos institucionales solo cuentan los votos positivos. Ausencia de inversiones y “confianza” El tema de fondo en el capitalismo local es la insuficiencia de inversiones externas, clave para el repunte de la acumulación capitalista. Los inversores internacionales, demandan “capacidad de disciplinamiento político de la sociedad”. No alcanza con el brutal ajuste transcurrido, ni las reformas estructurales logradas. En la búsqueda de la confianza, el poder presiona para asegurar objetivos de rentabilidad y acumulación. Para atraer capitales e inversores se demanda capacidad de disciplinar, por abajo y por arriba, por lo que desde el poder local y mundial se esperan resultados políticos en la elección de medio término en octubre próximo y en las de renovación presidencial del 2027. Se buscan elementos fehacientes de disciplinamiento de la sociedad. No solo disciplinamiento de los de abajo, sino también disciplinamiento de los de arriba, y las señales que vienen desde el poder exigen mayores reaseguros en la capacidad de explotación. El gobierno no tiene todos los instrumentos a su antojo. No pudo imponer la eliminación del feriado para los estatales, intervención judicial mediante, ni las restricciones al derecho a huelga. Los gobernadores, por su parte, se unen en el reclamo por recursos fiscales, aun cuando indujeron a sus legisladores de provincia a que voten la legislación reaccionaria para reestructurar el capitalismo local. Ahora se suma el reclamo de los grandes productores y exportadores, por el retorno de las retenciones, que afectan la tasa de ganancia. Sea J.P. Morgan, o los grandes productores o exportadores; los gobernadores o los distintos poderes institucionales en la Argentina, el gobierno tiene restricciones políticas para el objetivo de disciplinar a la sociedad. A los de abajo intenta disciplinarlos con represión, decretos, y legislación contra derechos; con una política de ajuste fiscal permanente, que tiene impacto en el tema central de la preocupación argentina, que es la baja del consumo popular. Un consumo que no repunta por insuficiencias de ingresos salariales y de jubilaciones. La realidad es el deterioro en las condiciones de vida, el crecimiento del desempleo, del subempleo, más allá de lo que dicen los indicadores de caída de la pobreza, de mejora de los salarios regulares. Son señales preocupantes en el plano económico y una presión muy fuerte por parte del gobierno por afirmar el ajuste fiscal, generarse condiciones políticas para avanzar en la reestructuración regresiva de la economía argentina. El objetivo es crecer en poder institucional El imaginario oficial apunta luego de las elecciones de medio término en octubre consolidar poder institucional para avanzar con la reforma laboral, previsional y tributaria para generarse condiciones que ratifiquen el consenso electoral y político en el 2027. Más allá de los resultados electorales, los procesos de ausentismo en las elecciones provinciales y el que probablemente se consolide en la elección de medio término, muestra que hay problemas políticos en la Argentina y un desafío para construir alternativa política, sin perjuicio de las oposiciones realmente existentes en la Argentina de nuestros días. La política no solo se define en las urnas, sino y principalmente en la disputa del sentido común de la mayoría de la sociedad. Buenos Aires, 30 de junio de 2025

Preocupa la evolución económica en Argentina

Existen señales preocupantes sobre la situación y evolución de la economía argentina al finalizar el primer semestre de 2025. Es una valoración más allá de algunos datos oficiales que aluden a la disminución de la pobreza y la inflación, cuestionados por el “método” utilizado para la determinación de esos guarismos. Las preocupaciones no provienen solo de los sectores sociales más perjudicados, quienes pueblan de protestas y movilizaciones el escenario de la política local. Muchos reclamos y voces disonantes respecto del relato oficial provienen desde el propio poder económico concentrado. Es el caso de J.P. Morgan, que recomienda a sus inversores desarmar posiciones en pesos y refugiarse en activos dolarizados. Los argumentos de la banca transnacional se sostienen en los problemas en el ingreso de divisas, ante la creciente brecha del comercio exterior, agravado con la inundación de importaciones motorizadas por la política pública para inducir baja de precios e inflación. Agrava la situación de pérdida de divisas la fuerte demanda de dólares por el turismo emisivo. Todo apunta a potenciar los límites para la acumulación de reservas, exigidas en los acuerdos con el FMI. De hecho, la fuga de capitales continua, agudizando problemas estructurales de la acumulación de capitales en la Argentina. La cuestión no es solo económica y se expresa en las elecciones provinciales, este fin de semana pasado con elecciones en las provincias de Santa Fe y de Formosa. El ausentismo que ya se manifestó en otras elecciones provinciales son muestran de un clima social extendido de descontento. Es un problema para el gobierno, que busca avanzar en reformas estructurales, y para ello necesita avanzar en el consenso electoral y político para inducir reformas estructurales y asegurar el ingreso de divisas, especialmente vía inversiones productivas, por ahora muy limitado. La realidad devuelve los límites de las aspiraciones gubernamentales, aun con el crecimiento de votos positivos, ya que las abstenciones no cuentan en la asignación de bancas legislativas. Es un tema a considerar para las elecciones de medio término en octubre y las de renovación presidencial en 2027. El poder reclama avanzar en el disciplinamiento de la sociedad para resolver una dinámica de inversiones que asegure un ciclo de expansión en la medida que aspira el gobierno de la ultraderecha en el país. Lo concreto son las restricciones que explicita el poder económico, más aún cuando reaparece el aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, con incapacidad total de manipular el poder judicial y los gobernadores, quienes demandan ingresos al Estado Nacional. Son señales de preocupación que el consumo popular no repunta, por bajas de los ingresos más allá de cualquier estadística pública en contrario. Más allá de las críticas, el gobierno insiste en su estrategia de fondo por la política de ajuste fiscal y la intencionalidad de avanzar con la reforma laboral y previsional después de las elecciones de medio término. Al mismo tiempo que se busca mayor consenso electoral para reaccionarios cambios, el descontento y la protesta crecen por abajo y por arriba, sin vislumbrarse propuestas alternativas que modifiquen sustancialmente la perspectiva de la economía y la política local. Buenos Aires, 30 de junio de 2025

Misión del FMI en Argentina

En esta semana está el FMI en la Argentina para hacer la primera revisión del préstamo por 20.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron ya 12.000 millones de dólares. Hay confianza en el gobierno sobre una auditoría favorable, aunque el dato es el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales. El gobierno estima que lo suple con el sobrecumplimiento del equilibrio fiscal, la política monetaria de restricción a la emisión. Claro, eso es lo que se ve en la superficie, aunque el FMI podría observar la capitalización de los intereses, ya que, si no se capitalizaran esos intereses de la nueva deuda asumida, no habría superávit financiero, un “caballito de batalla” del gobierno en la disputa de consensos electorales. Lo real es que poco puede importarle al FMI la “contabilidad creativa” de las autoridades económicas en la Argentina. En definitiva, el que decide, más allá de lo que digan los técnicos de visita en la Argentina, es el directorio del FMI. Un directorio que ya se subordinó a la dominación estadounidense en el momento de la aprobación del préstamo a la Argentina. Por eso es muy probable que los 2.000 millones de dólares previstos a desembolsar en este mes sea una realidad, agravando el condicionante del endeudamiento. Inflación, deuda y disputa politica Al mismo tiempo, el gobierno sigue acudiendo al endeudamiento como un mecanismo de equilibrio macroeconómico, y llegar a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y a octubre en las elecciones de medio tiempo, con balances manipulados mediáticamente para consolidar el consenso electoral. Un consenso necesario para avanzar con su política de reestructuración regresiva, las reformas laborales y previsionales, que es lo que interesa esencialmente al poder real, local y global. En ese marco el gobierno privilegia la baja de la inflación. sea el dato que sea el que registre este mes de junio, aun por encima del 1,5% de mayo pasado. La expectativa y aspiración gubernamental es mantener el registro por debajo del 2%. La intencionalidad política en el gobierno es mostrar la continuidad de la tendencia decreciente de los precios, desde el 25,5% original de diciembre del 2023. Claro, un registro autogenerado por la devaluación al inicio del gobierno Milei, pero con posibilidad discursiva de transferir responsabilidad a la gestión anterior. Desde aquel 25,5% de diciembre del 2023 al 1,5 del último mes resulta el principal “activo” en la disputa electoral del consenso. Es lo que aun genera expectativas en una parte de la sociedad empobrecida, que ve en el indicador de precios la posibilidad de que repunte su calidad de vida vía consumo popular. La suba estadística del consumo está asociado al gasto de los ingresos medios altos y altos, que explica el impacto de la compra de automotores, de inmuebles e incluso del turismo local y especialmente el turismo al exterior. Parte de esa reflexión es el aumento del consumo de bienes importados, producto de la apertura indiscriminada que genera la política pública. El objetivo es inducir la baja en los precios en el mercado interno. Así, los productos extranjeros compiten con los locales, disputan consensos electorales, pero destruyen producción local y crecimiento del desempleo y la irregularidad y precariedad laboral. La gran preocupación en los sectores sociales de menores ingresos es la suba de los precios, la inflación. Por eso, el centro de la política económica controla un precio en particular, el tipo de cambio, con el costo de desarme de la producción local y la pérdida de empleos. También crece la protesta social, que en estos días involucra especialmente al sector sindical, con la movilización del miércoles 25 de junio, que involucra a gremios de la CGT, a las CTAs. Destaca la presencia de los estatales, y sobre todo, aquellos del núcleo de la acumulación capitalista en la Argentina, como son los aceiteros, del complejo oleaginoso de exportación, núcleo central del ingreso de divisas por exportaciones. La misión del FMI es clave para el gobierno y tratar de evidenciar un aval internacional a su gestión. Ese aval se logró con el otorgamiento del préstamo, que se ratificará con el próximo desembolso por 2.000 millones de dólares. Con esta auditoría del FMI, el gobierno Milei busca ratificar la confianza del organismo internacional, y con eso, habilitar la condición de posibilidad para más deuda, un gran problema para la sociedad, ya que la deuda es y sigue siendo el gran condicionante de política económica en la Argentina. Buenos Aires, 25 de junio de 2025

El FMI audita las cuentas públicas de la Argentina (publicado en: https://ahn.hn/el-fmi-audita-las-cuentas-publicas-de-la-argentina/)

El FMI está en la Argentina para la primera revisión del préstamo de 20.000 millones de dólares. El gobierno confía en una auditoría favorable, aunque no se cumplió la meta de acumulación de reservas. Difícilmente el Fondo cuestione la “contabilidad creativa” por la capitalización de intereses. Se espera que el FMI apruebe el desembolso de 2.000 millones de dólares a desembolsar próximamente, como parte del acuerdo suscripto con el organismo. El gobierno llega con datos de un brutal ajuste fiscal que se orientan en la prioridad por la baja de la inflación, un objetivo claro para la disputa del consenso electoral, aunque esto genere cierre de empresas y desempleo. Crece la protesta social en ese marco, especialmente protagonizada por los aceiteros, parte esencial del núcleo estratégico de la acumulación capitalista local. La movilización del 25 de junio, con aceiteros, estatales y otros gremios en lucha da cuenta de una ampliación de la protesta que busca cauce de construcción política alternativa. Así, la misión del FMI es clave para mostrar un aval internacional a la gestión del gobierno, lo que habilitará a más deuda y con ello más ajuste y reaccionaría reestructuración, lo que desafía a la ampliación de la resistencia popular.

Argentina entre las incertidumbres globales y locales

Resulta interesante considerar las incertidumbres globales y locales que se presentan en la coyuntura local. Las primeras, las globales, están asociadas al ataque de Estados Unidos sobre Irán, en complicidad y apoyo a la iniciativa ofensiva de Israel contra Irán y la región del medio oriente. Se trata de una estrategia global, política, militar, económica, que bien pude ser antesala de la Tercera Guerra Mundial. Entre otros aspectos, el asunto impacta en el precio internacional del petróleo, de las commodities en general, con efecto en la inflación mundial en tiempos de ralentización de la economía global. Por su parte, las segundas, las locales, se vinculan con la situación política, reanimada luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia a la ex Presidenta y jefa del PJ. En efecto, la novedad fue la movilización popular en la calle, con el peronismo renovando perspectivas de unidad ante la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, CFK. La izquierda, por su parte, jugó un papel importante, más allá de discusiones, en solidaridad con CFK, repudiando mecanismos de proscripción. Existe debate en torno de esa oposición peronista y de izquierda, no necesariamente para unirse entre sí, pero si reposicionando al peronismo y a la izquierda en la calle. Es algo que se potencia este miércoles (25/6), en donde además de la tradicional movilización de jubiladas y jubilados, que es un dato característico de la confrontación del movimiento social popular, se agrega una movilización de gremios de la CGT, de las CTAs, incluso del sector estratégico del modelo de acumulación en la Argentina, como son los aceiteros y, por supuesto, los estatales, con la resistencia a la política de ajuste. Resulta interesante observar lo que le está reclamando el poder económico al gobierno en ese marco de incertidumbre global y local. ¿Qué le piden al gobierno? ¿Qué le piden al programa económico? Lo de fondo es que ganen las elecciones de medio término en octubre. Con eso, generar condiciones para profundizar la lógica del ajuste fiscal, de la reestructuración regresiva y en ese sentido lo que está pidiendo el Poder Económico es la reforma laboral y previsional, porque sostienen que el volumen del gasto en jubilaciones es “imposible” sostener y el costo laboral debilita la competitividad internacional de la producción local. Por eso demandan modificar el régimen previsional, y con él, el régimen laboral; complementado con la eliminación de impuestos, distorsivos, según reclama el poder económico. Pretenden lograr resultados de avance del programa económico con aumento de las reservas internacionales, una meta por ahora incumplida del acuerdo con el FMI; una baja del riesgo país, objetivo dificultado por las condiciones de funcionamiento de la economía mundial. No se está pudiendo perforar el piso de los 700 puntos, cuando en la región hay niveles de riesgo país del orden del 100 al 300%. Se demandan mejores condiciones para acceso al mercado mundial de capitales, algo que el gobierno promueve con el crecimiento del endeudamiento público externo, pero debilita las condiciones estructurales del funcionamiento de la economía argentina, subordinando al país a la creciente deuda externa. La cuestión de fondo es que el poder económico reclama que se sigan generando condiciones para que lleguen inversiones externas directas, un flujo que sobre fines del año 2024 empezó a deteriorarse, algo que se consolida en este 2025. Pese a que hay RIGI y condiciones del programa macroeconómico, de estabilización relativa de la macro para que entren capitales externos, estos capitales no llegan. Hay razones externas, sí, pero también y sobre todo por las dudas políticas en torno a los consensos políticos necesarios que demandan los capitales transnacionales para invertir en la Argentina. Por eso también, además de considerar que es lo que pide el poder económico es interesante analizar que demanda la sociedad. Las demandas sociales Una parte de la sociedad empobrecida está esperando que esta tendencia decreciente de la inflación le mejore las condiciones de vida, que además de que haya una reactivación del consumo de los sectores de altos ingresos, en automotores, inmuebles, turismo internacional, haya alguna mejora en el consumo popular. Lógicamente, junto a esa expectativa crece la protesta, la resistencia social, que en esta semana tendremos un miércoles 25 de junio con una movilización importante de sectores, de trabajadoras/es del ámbito productivo estratégico, vinculado al complejo oleaginoso. Sin duda, es una movilización que impacta en el sector más dinámico de la acumulación capitalista en la Argentina. Son respuestas a la insatisfacción con el programa económico, más allá de cualquier estadística, en un marco de crecimiento del desempleo, que corroboran las estadísticas oficiales. La Argentina mantiene su lógica desde el gobierno de atacar la inflación, aunque eso genere recesión, y la recesión supone cierre de empresas, crecimiento del desempleo, que es parte de la realidad que se visibiliza ya transcurrido un año y medio del gobierno de Milei. Como siempre, las iniciativas políticas del poder y del contrapoder definen el futuro cercano de la Argentina. Buenos Aires, 23 de junio de 2025

Incertidumbres globales y locales para sustentar el ajuste en Argentina

Las notas esenciales de la coyuntura en la Argentina devienen de las incertidumbres globales derivadas del ataque de EEUU a Irán, sosteniendo la ofensiva militar israelí, en un escenario de preludio a la tercera guerra mundial; junto a las propias de carácter local, entre las que destaca la relativa recomposición de la iniciativa política del peronismo tras la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, CFK, destacando el acontecimiento de una parte importante de la izquierda movilizada en solidaridad con la jefa política del peronismo y en contra del sesgo autoritario de la institucionalidad política en el país. En ese marco, el poder económico exige al gobierno avances rápidos y eficaces en materia de reaccionarias reformas laborales y previsionales para profundizar el ajuste fiscal, disminuir el costo de producción y mejorar la competitividad de la economía local, especialmente con los principales socios comerciales, Brasil y China. Se parte de un diagnóstico favorable del poder económico, el capital hegemónico, a la política oficial. Se reconoce que el ajuste fiscal realizado en un año y medio de gestión (diciembre 2023 a junio 2025) requiere ser consensuado en las elecciones de medio término (octubre 2025) para asegurar consensos estables, suficientes, en una perspectiva de transformación reaccionaria del capitalismo local. Las metas que podrían verificar el rumbo deseado por el poder económico apuntan al aumento de las reservas internacionales, negado hasta ahora con reservas netas negativas, lo que podrí contribuir a la baja del riesgo país. Las calificaciones del riesgo no bajan de 700 puntos, muy lejos del promedio de los países vecinos. Es un tema que agrava la decisión de inversión de capitales externos en un clima de incertidumbre global, a la que se suma la propia de una política de movilización callejera local que involucra al peronismo y a la izquierda, identidades políticas de la protesta y la oposición al libertarismo de Milei. Un dato relevante es que no llegan las inversiones externas, en baja desde el segundo semestre del 2024 y sin repuntar en 2025, pese a las ventajas legales del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, el RIGI. El país está sometido a una transición integral de su modelo de acumulación, en una orientación al ingreso de capitales transnacionales para la producción y exportación de bienes comunes, sustentado en una plataforma interna de servicios a disposición de esos capitales externos. Para ello se transita un camino de ajuste y reformas estructurales, en los que una parte de la sociedad empobrecida mantiene expectativas, y otra, en expansión, asume la crítica y la protesta creciente en movilizaciones que ganan las calles en desmedro de la política represiva de “seguridad”. Se trata de un escenario en donde se busca consenso en la política oficial y por el otro, sumar masa social crítica para una política alternativa a contramano de la lógica liberalizadora de la propuesta del gobierno y sus socios del poder institucional y especialmente del poder económico, local y eterno. En este camino en disputa, la Argentina mantiene su lógica de atacar la inflación, aunque eso genere recesión, cierre de empresas y desempleo. Lo que se juega es la estabilización de una política reaccionaria o un rumbo que anteponga la satisfacción de las amplias necesidades sociales. Claro, en un clima mundial lleno de incertidumbres. Buenos Aires, 23 de junio de 2025

Representaciones políticas en debate

La sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) desafía las representaciones institucionales, y más allá, en el capitalismo argentino. Javier Milei ocupa el lugar de representación de la derecha y del poder económico, desplazando a Mauricio Macri y a otros referentes de ese espacio político, consolidando un proyecto reaccionario con consenso electoral. La oposición aparece vacante, identificada mayoritariamente con el peronismo y la izquierda, ambos con sus distintas variantes y versiones. En rigor, se discute la consolidación de Milei como líder de la derecha y una oposición que no termina de constituirse en proyecto político de amplia aceptación social para disputar gobierno y poder. Lo que está en consideración es la posibilidad de superar los límites de la izquierda institucionalizada y el anti peronismo en su seno, como del peronismo, o parte de él, y su límite sectario hacia la izquierda, para lograr una articulación unitaria que confronte la reestructuración reaccionaria del capitalismo en Argentina. Son variantes de reconfiguración política que acontecen en el marco de la lucha de clases tal y como se manifiesta en la Argentina actual. Nuevas configuraciones políticas Están en discusión las representaciones institucionales, políticas, culturales en el capitalismo argentino. La interna hacia la derecha parece resuelta, más allá de las desconfianzas del poder económico en las formas y modos del ejercicio del gobierno bajo gestión Milei. En la coyuntura, y mientras no aparezca nueva representación en el ámbito de la derecha, Javier Milei es el referente político a apoyar e incluso, si se pudiera, mantenerlo más de un periodo. Un año y medio de gestión se caracteriza por esa disputa en la representación política del poder concentrado. El límite se presenta en la sustentabilidad de la propuesta de reorganización económica, con un brutal ajuste, que más allá de resistencias diversas, se sostiene como eje de la ortodoxa política monetaria, fiscal y cambiaria, claro que, con el apoyo del FMI, Donald Trump mediante. Pareciera que la estabilización sustentada en contabilidad creativa por capitalizar intereses que esconden el déficit fiscal. y el fortísimo endeudamiento favorece el objetivo de ralentizar el alza de precios. De ese modo, mantener expectativas que redunden en consensos electores, especialmente hacia octubre, en la elección de medio término. El objetivo apunta a fortalecer la presencia parlamentaria para avanzar decididamente en reformas estructurales, en materia laboral y previsional. La vacancia está en la oposición, que los medios de comunicación sindican en el peronismo en sus distintas versiones, más o menos kirchnerista, incluyendo a sectores de la izquierda o la centro-izquierda liderados por la figura de CFK. La izquierda, institucionalizada y más allá, completa el cuadro de la oposición política. Ambas identidades, peronismo e izquierda, difícilmente confluyen en iniciativas políticas compartidas, aunque en contadas ocasiones comparten acciones en unidad de acción, como ahora en el rechazo a la sentencia de los cortesanos subordinados a la lógica del poder real. Superar ese límite de articulaciones potenciales puede otorgar condición de posibilidad para una nueva representación popular con perspectiva de disputar gobierno y poder en el marco de la ofensiva del capital y de la ultraderecha. La crisis del 2001 supuso una reconfiguración de la representación política en la Argentina. De una tradición mayoritaria asentada en partidos políticos, las referencias se diluyeron detrás de personalidades que disputaron la representación tradicional, salvo en la izquierda, que sostuvo la referencia por cambios sustantivos en contra del régimen del capital. El resultado fue la emergencia del “kirchnerismo” y el “macrismo”, detrás de los cuales se sumaron fracciones de las principales tradiciones políticas de la historia argentina. Por su parte, la mayoría de la izquierda trotskista confluyó en un frente. La emergencia política “libertaria” desordenó el arco de las representaciones políticas y las puso nuevamente en crisis. Como señalamos, la crisis parece resolverse por derecha a favor de Milei, con el peronismo en búsqueda de reestructuración y una izquierda trotskista con límites efectivos para ampliar su propuesta política de transformación anticapitalista y por el socialismo. La propuesta que sostenemos, como aporte al debate, apunta a una nueva identidad política que recoja la potencialidad de la unidad de parte del peronismo y de la izquierda, con disposición de sustentar una propuesta que trascienda la opción de gobierno; que se proponga una confrontación contra el poder e iniciar una perspectiva de transformaciones profundas de la economía, del estado y de la sociedad en la Argentina. Ello supone un debate al interior del peronismo y de la izquierda, o una parte sustancial de ambas identidades, que pueda superar límites propios de cada una de ellas en sus consideraciones mutuas, más allá de racionalidades genuinas que explican alejamientos en sus trayectorias. Lo que sostenemos es que en esas identidades subyace la posibilidad de la emergencia de una propuesta que no solo sea oposición a la ultraderecha, sino “alternativa política” para pensar en rumbos en contra y más allá del capitalismo. Buenos Aires, 16 de junio de 2025

Milei es un proyecto político de reestructuración reaccionaria del capitalismo local

I - Bajar precios para consolidar el consenso electoral La tendencia a la baja de la inflación bajo el gobierno de Javier Milei, supone destacar la devaluación en origen del peso. En diciembre del 2023, un dólar paso de costar 400 a 800 pesos, colocando el índice de precios para ese mes en 25,5%. Debe considerarse ese el punto de partida de una tendencia a la baja de los precios, estrategia principal para disputar el consenso electoral y la posibilidad de transformaciones profundas en el capitalismo local. Si bien la inflación disminuyó desde ese pico, el descenso se frenó en noviembre de 2024, para oscilar con subas y bajas hasta el 1,5% de mayo del 2025, primer logro trascendente en un camino hacia el objetivo a futuro para bajar a menos del 1% mensual y estabilizar ese registro. A pesar de la baja del índice de precios, se advierte que algunos sectores, como las comunicaciones, la salud y la educación, experimentaron aumentos significativos en mayo, por encima del promedio, afectando el acceso a derechos esenciales. En definitiva, todo es producto de una política económica ortodoxa del gobierno, que se basa en una política monetaria restrictiva, la disminución del gasto público social y un control del tipo de cambio, lo que en conjunto deteriora el consumo popular. Pese a ello, el consenso parece disputarse en la baja del índice de precios. Ahí están las expectativas de la sociedad, más allá de todo perjuicio en la calidad de vida de la mayoría empobrecida. La síntesis del gobierno Milei se transita desde la devaluación a la apreciación cambiaria. El dólar pasó de 400 a 1.100/1.200 pesos en un año y medio de gobierno Milei, mientras que los ingresos populares se retrajeron, sean salarios o jubilaciones, fuente principal del ingreso mayoritario de la sociedad. Incluso, existe una reducción de los ingresos del empresariado pequeño y mediano asociado al abastecimiento del mercado interno. Desde el inicio de la gestión Milei se estableció un tipo de cambio que aceleró el alza de los precios. Ese es el punto de partida para explicar una tendencia descendente posterior, desde el 300% anualizado al 43,5% del registro a mayo del 2025. Así, el precio de la divisa, especialmente del dólar, es un componente muy importante del crecimiento de los precios en la Argentina, por lo que un objetivo primordial de la lógica gubernamental pasa por apreciar la moneda local y sostener una política de control inflacionario, importante para entender el consenso electoral pese al ajuste brutal sobre el gasto social y los ingresos populares. Con el registro del 1,5% de mayo, el gobierno pretende sostener su restrictiva política económica para doblegar la presión sobre los precios y avanzar en los consensos electorales. El objetivo apunta bajar la inflación a toda costa hasta acercarse a condiciones “normales” del orden internacional en materia de precios, en el marco de un recrudecimiento de la inflación en la economía mundial. Hay un momento deliberado de alza de los precios en diciembre 2023, para una recomposición de precios relativos e intentar la estabilización económica, promoviendo importaciones competitivas con la producción local y bajando la emisión monetaria y el gasto público social. Un combo dramático para una mayoría social empobrecida, aun cuando es endulzado ideológica y propagandísticamente con referencia al crecimiento económico, solo favorable a un sector concentrado, con expectativas de derrame a futuro para el conjunto de la sociedad. Lo real es que el fenómeno de caída de los precios está asociado a la baja del consumo popular derivado de caídas en los ingresos populares, salarios y jubilaciones, aunque también del excedente de pequeños y medianos empresarios asociados a la demanda de ingresos en baja. Se puede ver en mayo un registro del 1,5%, pero la evolución de los precios de comunicación creció al 4,1%. Se trata de un rubro que involucra telefonía e internet, imprescindibles en nuestro tiempo para trabajos precarizados, caso de los repartidores de plataformas. Las comunicaciones constituyen un instrumento de trabajo fundamental. Algo similar podemos señalar en materia de salud (2,7%) o educación (1,9%), afectando derechos sociales y afirmando una tendencia a la privatización o mercantilización de derechos sociales. Por eso, el fenómeno de una tendencia decreciente de los precios tiene base en la fortísima y deliberada devaluación monetaria al inicio de la gestión Milei que impacta en la disminución del consumo popular. La economía argentina se asienta en una política monetaria restrictiva, que supone la no emisión monetaria; una política fiscal restrictiva, de disminución del gasto público social, particularmente del gasto en personal, con cerca de 50.000 trabajadores estatales despedidos en un año y medio de gobierno; y una política cambiaria que luego de la devaluación en origen supone un control muy fuerte del tipo de cambio. Argentina, contrario a la mayoría de los países del mundo que promueven devaluaciones sobre el dólar, está generando una política de apreciación monetaria, transformado al país en un territorio caro para el turismo que ingresa al país, al tiempo que favorece el turismo emisivo, de sectores con alta capacidad de ahorro histórico, en divisas, y que les resulta conveniente el turismo en el extranjero. El fenómeno visible es la baja de los precios, pero la esencia está montada en una política ortodoxa, monetaria, fiscal, cambiaria, que deteriora el consumo de la población. Por eso bajan los precios, pero sobre la base de una baja del consumo popular por efecto de ingresos deteriorados, derivados de la política oficial. Más allá del consenso electoral, éstas políticas combinadas constituyen la base de las crecientes resistencias y desencantos de buena parte de la sociedad, incluso de quienes depositaron confianza en la estrategia libertaria. II - Reestructuración reaccionaria del capitalismo local El modelo de Milei busca un cambio estructural en Argentina, priorizando un país de servicios abierto al capital transnacional, profundizando el modelo agroexportador y abriendo el sector energético a inversiones externas. Por eso se potencia la producción primaria, la de hidrocarburos no convencionales y de la minería, con el objetivo de atraer capitales externos. Se pretende un desarrollo empresarial orientado a servicios para inversores, principalmente externos, lo que requiere estabilización macroeconómica y seguridad jurídica, incluyendo incentivos para grandes inversores. Para que este modelo avance, es necesario disciplinar al movimiento social y al empresariado local, lo que se manifiesta en represión y apertura de importaciones. Los ganadores son principalmente capitales externos y grandes capitales locales asociados, mientras que los perdedores son el empresariado local y los trabajadores, con un aumento del desempleo tanto en el sector público como en el privado, a lo cual se suman cierres de empresas sin capacidad de competir bajo las condiciones de funcionamiento del capitalismo bajo gestión Milei. Aludimos a un cambio estructural de la Economía, del Estado y de la Sociedad en la Argentina. Hace muy poco Javier Milei explicitó que no está en su cabeza un país industrial, sino que está en el desarrollo de un país de servicio que abre sus puertas al capital transnacional, y así desarrollar un modelo productivo en algunas ventajas comparativas (bienes comunes) que tendría la Argentina en este momento del capitalismo mundial. Se trata de la profundización del modelo agroexportador del país, asentado en oleaginosas, pero también vinculado a todo lo que es la producción primaria, sean granos, cereales, carnes, y por lo tanto potenciar esa línea de acumulación de los últimos 40 años en la Argentina, de un modelo primario exportador asentado en la tierra, las ventajas comparativas de la productividad agraria argentina e inversiones de las transnacionales que han modificado el modelo productivo del agro y de la agroindustria, especialmente con la soja. Es válido el razonamiento para las economías regionales, de la vitivinicultura, del algodón, de la fruta, los cultivos hortícolas, etc. No se trata solo del complejo oleaginoso, del trigo o el maíz, sino de todas las producciones regionales asociadas a un modelo productivo de subordinación a los capitales transnacionales y sus paquetes tecnológicos. Por lo tanto, una fuente de producción y de ingreso de divisas que terminan favoreciendo la acumulación de capitales no necesariamente en el país, si en el exterior, lo que favorece la fuga de capitales, un problema estructural de la economía local, que explica la ausencia de divisas en la gestión pública, y una fuerte acumulación de activos externos en el sector privado, cercano a los 275.000 millones de dólares en billetes de la moneda estadounidense. A la producción agraria y ganadera se les agrega la apertura a las inversiones externas en el sector de la energía, los hidrocarburos, especialmente no convencionales, a partir del yacimiento Vaca Muerta en el sur patagónico argentino. La intención pasa por construir al país en un gran productor de gas y exportarlo principalmente a Europa, que ha cortado el aprovisionamiento desde Rusia, producto de la guerra en Ucrania. Argentina tiene reservas internacionales de gas no convencional que lo ubica en el segundo lugar del mundo, y es la cuarta reserva mundial en petróleo no convencional. Por lo tanto, en la lógica del gobierno Milei, no solo se trata de una producción primaria y exportadora tradicional, sino incorporar ahora la energía. Argentina arrastraba un déficit energético importante, que con los hidrocarburos no convencionales comenzó a revertir. En un dato curioso de la política cambiaria actual, los ingresos por exportación de energía, no alcanzan para cubrir el déficit del gasto de turismo al exterior. Se trata de sectores privados con capacidad de ahorro que utilizan las divisas para gastos en el exterior, algo que pudo observarse en el verano del sur, especialmente en el turismo en Brasil. El planteo del gobierno Milei apunta a un país que se asiente en la producción primaria y exportadora, soja, trigo, maíz, carnes, producciones regionales, más hidrocarburos no convencionales, gas y petróleo, con la novedad del litio y los derivados de la minería metalífera, una tendencia que se fue desarrollando en Argentina en el último medio siglo, y que quiere potenciarse con inversiones externas. La propuesta entonces es que el desarrollo empresario en la Argentina sea orientado hacia los servicios para los grandes inversores internacionales. De este modo queda claro quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Los ganadores son los inversores transnacionales que puedan actuar en la Argentina, quienes están exigiendo estabilización macroeconómica y seguridad jurídica para sus inversiones, para lo cual en el 2025 se aprobó la Ley de Bases en la cual se incluyó el Régimen de Incentivos a Grandes Inversores, el RIGI, con facilidad para retirar las utilidades, tanto como de orden crediticias e impositivas. El objetivo apunta a la atracción de capitales externos en un momento de incertidumbre mundial, y donde los grandes capitales buscan rentabilidad, apoyados por una legislación que discipline la protesta del movimiento social sindical popular, un tema difícil en la Argentina por la histórica tradición de organización y lucha sindical y popular. Para que ganen los que están ganando en la perspectiva del proyecto Milei hace falta disciplinar al movimiento social popular, lo que explica el despliegue represivo ante distintas movilizaciones o protestas. También destacamos que el gobierno intenta disciplinar al empresariado local asociado a la producción orientada al mercado interno, por lo que abren las importaciones para presionar la baja de precios. Claro que al mismo tiempo está generando cierre de empresas, despidos, cesantías privadas. Así como hablamos de 50.000 cesantes del Estado, son más de 130.000 los despedidos en el sector privado en el año y medio del gobierno Milei. Los que ganan son muy pocos, principalmente de capital externo, grandes capitales locales a ellos asociados, e incluso algunos capitales locales que cambian su orientación productiva a una tendencia importadora para poder mantenerse en el mercado. Son perjudicados la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, trabajadoras, trabajadores, e incluso el empresariado asociado al destino de esos salarios y jubilaciones desactualizados por imperio de la política pública. III - Dinámica de la lucha contra el ajuste y la reestructuración inducida por el acuerdo con el FMI La lucha de las/os jubiladas/os, que se manifiestan cada miércoles frente al anexo del Congreso Nacional, es una síntesis aglutinadora de otras luchas, que confluyen en “solidaridad mutua” de sectores afectados por las políticas económicas del gobierno de Milei, caso de las/os trabajadoras/es de la salud, la educación y de variados sectores económicos. Vale destacar que los recortes en jubilaciones, junto a la eliminación de la obra pública son los principales rubros del ajuste fiscal llevado adelante por el gobierno Milei. Esas movilizaciones de semana a semana concentran la creciente represión de las protestas bajo el protocolo de seguridad impulsado por la ministra Patricia Bullrich. La lucha de jubilados y jubiladas resultó ser visible para el conjunto de la sociedad, concitando solidaridad y siendo ámbito y momento de confluencia de otros reclamos y demandas contra el ajuste del gobierno. A tal punto tiene centralidad, que las Centrales sindicales nacionales convocaron a “paro nacional” confluyendo en la convocatoria de jubiladas/os hacia los miércoles, que se amplía a varias ciudades de todo el país, donde confluyen solidaridades muy diversas, junto a demandas de distintos afectados de la política económica, tal como acontece con las luchas de la salud, el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Posadas del Conurbano bonaerense; pero en distintas partes del país, distintas luchas de la salud, no solo de los profesionales médicos, sino de trabajadores de la salud en diferentes tareas. Es un tema que se extiende al área de la educación pública. Es que el trabajo estatal está cuestionado y se manifiesta con importantes despidos y disminución del presupuesto público. Un agravante de la situación es la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacando que el país ha estado endeudado desde la dictadura militar y que todos los gobiernos constitucionales han renegociado y aumentado la deuda, excepto el breve gobierno a fines del 2001, momento en que se declaró la parcial cesación de pagos. Argentina volvió al FMI en 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri, con el préstamo más grande de la historia del FMI, y que el gobierno de Alberto Fernández renegoció en 2022, hipotecando al país hasta 2034. Ante problemas económicos, el gobierno de Milei propuso un ajuste fiscal superior a las normas del FMI y recibió recientemente un préstamo adicional de 20.000 millones de dólares, consolidando a la Argentina como el deudor número uno del FMI. Este préstamo se utiliza para ingresar divisas y con ello, favorecer el consenso electoral derivado de la baja de la inflación. Un consenso que es la base para avanzar con la reforma estructural, especialmente en materia laboral y previsional. Buscan así, generar condiciones de rentabilidad para los grandes capitales. El objetivo final es consolidar un segundo período de gobierno libertario desde 2027. En rigor, se trata de un proceso que tiene su origen en la dictadura militar (1976/83) y busca modificar profundamente las condiciones de funcionamiento del capitalismo en Argentina, a favor de los grandes capitales, disciplinando tanto al movimiento popular como a sectores de la burguesía local. Se trata de un programa que tiene medio siglo y que avanza en etapas desde entonces, especialmente en democracia en los 90, con Macri y exacerbado ahora con Milei. Interesa recuperar que la Argentina tiene un condicionante estructural en el endeudamiento público, que viene desde la dictadura militar. Todos los gobiernos constitucionales desde el año 1983, cuando asume Alfonsín, en diciembre de ese año. Hasta la actualidad, todos los gobiernos han convalidado la deuda pública previa, renegociado la deuda y han acrecentado el compromiso de endeudamiento, salvo en el año 2001, en plena rebelión popular, el gobierno efímero de seis días de Adolfo Rodríguez Saá, que sostuvo la cesación parcial de pagos a los acreedores privados, no a los organismos internacionales. Salvo ese periodo donde el Parlamento declaró la cesación de pagos, base de política económica que permitió la expansión de la economía argentina desde el 2002 hasta el 2007, porque liberó al país de compromisos de pago por la deuda. Luego vendrían los canjes del 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, y del 2010 con Cristina Fernández de Kirchner. En el medio, en 2006 se canceló una deuda por 9.500 millones de dólares al FMI. Esa cancelación se realizó en sintonía con el gobierno Lula de Brasil. Macri renegoció deuda en 2016 y volvió al Fondo en el 2018 con el préstamo más grande de la historia del FMI, quien había acordado prestar 57.000 millones de dólares y solo se desembolsaron 45.000 millones. Cuando Macri no es reelegido y asume el gobierno de Alberto Fernández, en lugar de denunciar ese crédito ilegítimo, ilegal, odioso, éste renegoció la deuda en el 2022, con un compromiso de hipoteca de la Argentina hasta el 2034. Esa renegociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández condicionó más fuertemente la política económica argentina y cuando asumió Javier Milei propuso un ajuste fiscal superior a las normas que planteaba el FMI, lo que ha llevado a definir su política como una política de ajuste y reestructuración de la economía, del Estado, de la sociedad. Por eso, ante problemas económicos muy serios que tiene la Argentina, el gobierno Milei acudió recientemente al salvataje del FMI. El Fondo adicionó un préstamo de 20.000 millones de dólares a la gigantesca deuda que la Argentina tiene con el organismo internacional. Argentina es el deudor número uno del Fondo Monetario Internacional. Eso hace que el país tenga una deuda con el Fondo de 65.000 millones de dólares, con lo que triplica al segundo deudor que es Ucrania, un país que está en guerra. El gobierno de Milei impulsa una política ortodoxa en lo monetario, en lo fiscal y en lo cambiario. Aun así, necesitó que el Fondo desembolsara una cifra gigantesca para poder intentar mantener el consenso electoral derivado de la baja de la inflación, y poder consolidar en la elección de octubre 2025 una potenciación del poder legislativo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. De ese modo, prepararse para dos temas muy importantes en la regresiva reestructuración del capitalismo local. Uno es la llamada reforma estructural, demandada por el Poder Económico en la Argentina desde hace 40 años, que es la reforma laboral y la otra es la reforma previsional. En ambos casos no se trata de mejorar las condiciones de ingresos de trabajadoras/es, jubiladas/os. El propósito apunta a generar condiciones de rentabilidad y mejora de la tasa de ganancia de los grandes capitales que invierten en la Argentina. Para eso, el gobierno libertario necesita más diputados y senadores, y así avanzar con la reforma laboral y la reforma previsional. Del mismo modo, prepararse para ese otro segundo gran objetivo, que es lograr en el 2027 un segundo periodo de un gobierno libertario, de ultraderecha, que consolide el ajuste y la reestructuración regresiva. Una profunda transformación reaccionaria del capitalismo local, en sintonía con lo que acontece en el sistema mundial. El tema de fondo en definitiva es que Argentina está llevando adelante un proceso que tiene fundamento de origen en la dictadura militar del año 76, que supuso una derrota muy profunda de la estrategia del movimiento popular. La estrategia en desarrollo fue impulsada por la dictadura genocida en 1976, que se afianzó y se potenció en la década del 90 bajo gobiernos peronistas y radicales, con la presidencia de Carlos Menem por 10 años y la presidencia de Fernando de la Rúa por dos años, quién debió abandonar la gestión con la rebelión popular y crisis de fines del 2001. Ese proyecto estratégico se potenció en el gobierno de derecha bajo consenso electoral de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. Ahora, Javier Milei, ampliando ese consenso electoral, lleva adelante ese objetivo originario de modificar profundamente las condiciones de funcionamiento del capitalismo en la Argentina, a favor de los grandes capitales. Por eso, el objetivo propuesto por los libertarios apunta a disciplinar por abajo y por arriba. Por abajo al movimiento popular, con una fuerte tradición de organización y lucha. También disciplinar por arriba a sectores de la burguesía local que están fuertemente vinculados al abastecimiento del mercado interno. Se busca reorganizar el capitalismo local y ponerlo a disposición de la demanda de los capitales transnacionales, para alinear a la Argentina a la política exterior estadounidense en su objetivo de reconfigurar un orden global capitalista en crisis amenazado en su hegemonía por la modernización de China. IV – Ausencia de alternativa anticapitalista Existen cantidades de luchas en la Argentina, que no alcanzan una síntesis política que constituya alternativa al orden capitalista en reestructuración regresiva. La gran asignatura pendiente del momento es la construcción de esa alternativa política, que tiene base en la resistencia popular y en las demandas de los sectores sociales en lucha. Hay sujetos sociales y políticos para la alternativa, tanto como programa. La ausencia es la de una estrategia política para desarmar la ofensiva del capital y de la ultraderecha, para generar condiciones de posibilidad de una propuesta política que confronte con la dinámica actual del poder y genere las condiciones de una propuesta para otro orden socio económico, político y cultural, en contra del capitalismo y por el socialismo. Buenos Aires, 14 de junio de 2025