En
variados debates mediáticos y presenciales en los que participo se analizan
propuestas sobre lo que habría que hacer en materia económica, en el país, la
región o en el mundo, con un límite estructural e ideológico importante que
remite al qué hacer en el marco del capitalismo. Es inimaginable en el sentido
común intelectual y profesional pensar en ir más allá y en contra del
capitalismo. No existe, en general, el imaginario intelectual de superación del
orden capitalista, lo que constituye un freno para pensar y proponer un orden
alternativo, o como procesar un rumbo de transición del capitalismo hacia otro
orden social productivo, lo que supone otras formas de distribución, cambio y
consumo social.
Parece
una utopía, un “no lugar”, el ir más allá y en contra del régimen del capital.
Algunos sostienen que el problema es el capitalismo “financiarizado” y que lo
óptimo resultaría retomar un rumbo de capitalismo “productivo”, como si la
generación de excedentes no fuera producida por la explotación de la fuerza de
trabajo en el proceso de producción. Que ese excedente se apropie principalmente
por mecanismos financieros especulativos no niega la esencia de la explotación.
La distribución opera en la circulación, por lo que, aquello que se produce en
la esfera de la producción se termina realizado en la esfera de la circulación.
Por ende, no puede escindirse producción de circulación, son un par dialéctico.
Hay quienes
sostienen que el problema reside en que no hay propuesta productiva o
industrial, por ejemplo, en el gobierno de la derecha de Mauricio Macri en
Argentina, que solo remite a un proyecto de especulación y “financiarización”
de la economía. Algunos lo extienden como diagnóstico a lo que ocurre en el ámbito
mundial y por eso las propuestas se limitan a la industrialización, como si
pudiera pensarse en términos de independencia y desvinculación de cadenas
mundiales de producción. La elevada deuda pública y la fuga de capitales que
acontece en la Argentina avalaría la teoría. Como si no fuera productivo,
incluso competitivo mundialmente, el complejo del agro negocio asentado en la soja,
el maíz y otros cultivos, con sus derivados agro industriales de harinas,
aceites y producción de agro energía; la manufacturación de alimentos cárnicos,
lácteos, etc. Lo mismo ocurre con la producción mega minera a cielo abierta; la
producción petrolera, especialmente relativa a hidrocarburos no convencionales
(Vaca Muerta), o los complejos exportadores de corte industrial, caso de la
industria automotriz y otros asociados a la exportación y la inserción internacional
subordinada.
Más
allá de los discursos o los saberes profesionales de los gobernantes, o los
balances macroeconómicos de los países, el excedente que sigue generándose es producto
de la explotación de la fuerza de trabajo, y que se apropia por mecanismos
diversos de transformación de la plusvalía en formas transfiguradas de la ganancia,
sea renta, beneficio empresario, interés bancario o cualquiera de las formas
que asuma la expropiación del trabajo social. Es un diagnóstico a generalizar
entre trabajadoras, trabajadores y sus organizaciones sociales y sindicales.
La restringida condición de posibilidad
Existe
un consenso sobre el condicionante de lo posible, que remite al orden
capitalista, y más precisamente a un capitalismo productivo a contramano del
financiero. La fundamentación alude al fracaso del socialismo, como si esa
formulación sustentada en fallidas experiencias, caso del “socialismo realmente
existente en el Este de Europa” validara el éxito del capitalismo.
¿Es acaso
un éxito la desigualdad económica y social avalada por diversidad de organismos
nacionales, regionales o mundiales y con ello la magnitud de la pobreza, la
indigencia y la marginación social de millones?
¿Resulta
un éxito la depredación de la naturaleza, derivada del modelo productivo
capitalista extendido? Solo hay que pensar en los recientes incendios del
Amazonas, las continuas sequías o inundaciones, entre muchas calamidades de
destrucción del hábitat y la vida.
¿Puede
considerarse un éxito la expansión del delito económico asentado en la venta de
drogas, armas, la trata de personas o la especulación multiplicada con
políticas públicas, de Estados que intervienen a favor de la ganancia, la
acumulación de capitales y la dominación capitalista?
Las
respuestas son en general de crítica al orden existente, es cierto, pero que termina
justificándose en el: “es lo que hay”. Se transforma así en el límite
civilizatorio aceptado desde el “sentido común” que instalan los mecanismos de
acción ideológica en múltiples medios y redes sociales. Solo queda reformar al
capitalismo, establecer límites a la apropiación del excedente y encontrar
paliativos en la distribución del excedente.
El
problema es que el capitalismo se organiza desde la relación de explotación, de
la relación entre el trabajo y el capital. Esa relación predetermina el punto
de partida en la inversión como el dinamizador de la actividad económica, y no
en el trabajo como creador de riqueza. Es desde esa relación que el capital
subsume a la naturaleza y la explota y depreda, tanto como subsume a la
población vía el consumo inducido, incluso superfluo con mecanismos como la obsolescencia
programada o la publicidad.
Se
razona que a partir de la inversión surge la capacidad de producir y reproducir
la actividad económica, desplazando al trabajo como fuente del valor y del
plusvalor. El inversor capitalista resulta así imprescindible, sea el inversor Estado
o el inversor privado. Desde ese punto de partida, toda la lógica argumental
parte de conseguir inversores, y los actores se limitan al Estado o al sector
privado, cuyo sector más dinámico está altamente concentrado y
transnacionalizado, por lo que la apuesta remite a la búsqueda de inversores
internacionales.
La
opción estatal aparece restringida al capital estatal acumulado en algunos
territorios, caso de China en la coyuntura actual, o a la capacidad de emisión
de moneda local, fenómeno restringido a ciertas circunstancias.
Resulta
un callejón sin salida la opción de la emisión monetaria, por las restricciones
de los Estados nacionales sin capacidad de licuar regional o mundialmente su
posibilidad de emisión monetaria, como si puede hacerlo EEUU con el dólar, u
otros Estados nacionales que internacionalizan sus monedas locales. El caso de
China es interesante en ese sentido, acrecentando en estos años los esfuerzos por
imponer el carácter mundial del yuan, o como promovió, con ciertos límites
Europa con el euro.
Los
ejemplos de “modelos” a copiar son tentadores, pero se omiten las especificidades
nacionales que permiten ciertas coyunturas. El caso de Portugal es sintomático,
ya que el repunte de la economía no es solo luego del ajuste de la derecha
hasta 2015, sino la realidad de un gobierno socialdemócrata con apoyo de
izquierda desde afuera del gobierno y control movilizado del movimiento obrero clasista.
Es una ecuación política que podría cambiar en las próximas elecciones
nacionales y si el gobierno puede desprenderse del apoyo crítico y movilizado
desde la izquierda. No hay modelos sino mecanismos de intervención política
donde lo que define es la presión social organizada y movilizada.
Pensar la transición para construir alternativamente
Actuar
desde la transición para una producción y circulación alternativa supone
retomar el punto de partida de la hipótesis de la Economía Política, en tanto
es el trabajo el creador de valor, claro que desplegado con el desarrollo teórico
desarrollado por Marx con la “crítica” de la Economía Política al sustentar el
origen del excedente económico en la explotación de la fuerza de trabajo.
Dicen
los clásicos que el capital es trabajo acumulado, por lo que el inversor de
inicio de la lógica productiva actualmente aceptada tiene en origen al trabajo,
a la subordinación (subsunción) del trabajo en el capital.
Así,
desde el trabajo organizado socialmente es que pueden pensarse alternativas, lo
que supone el cambio de la lógica productiva. No se trata de buscar inversores,
sino de organizar solidariamente el trabajo social para producir, distribuir,
intercambiar y consumir.
Claro
que lo primero a realizar supone desmontar el actual modelo productivo, lo que
requiere de un periodo de transición, ya que no puede desarmarse el mecanismo
de la noche a la mañana.
En
Bolivia se alude a la transición del modelo neoliberal (1985-2005) al del Vivir
Bien en desarrollo desde el acceso al gobierno de Evo Morales en 2006,
explicitado en la Constitución reformada del 2009. El camino fue la instalación
de una lógica de Economía Plural plasmada en la Constitución, lo que incluye a
la economía privada, la estatal, la cooperativa y la comunitaria. El privilegio
por 13 años entre 2006 y 2019 pasó por consolidar el sector estatal de ese
Estado plurinacional en transición. El ejemplo boliviano es útil por el efecto demostración
regional que supone ser el país de mayor crecimiento en los últimos años, más
allá de críticas fundados en la continuidad de un modelo productivo que puede
contradecir postulados del Vivir Bien, pero que hace a los límites del
subdesarrollo, el atraso y la ausencia de autónomos desarrollos tecnológicos y científicos
que aseguren la viabilidad de otro modelo productivo, de distribución,
intercambio y consumo.
Para
el caso de la Argentina pasa en primer lugar por desarmar el condicionante del acuerdo
con el FMI. No se trata de renegociar, sino de auditar vieja y nueva deuda,
responsabilizando a personajes de afuera y de adentro en la organización de
esta hipoteca imposible de pagar sin el deterioro consecuente y reiterado de la
calidad de vida de la población. No se debe pagar ni renegociar sin antes
auditar. Al mismo tiempo, se requiere un amplio acuerdo político para debatir
la transición del orden actual a otro basado en la satisfacción de las
necesidades populares, que incluya los programas construidos por el movimiento popular
en reiteradas luchas por sus reivindicaciones. Resulta necesario discutir el
punto de partida y de llegada de cualquier pacto o acuerdo social. ¿Desde dónde
se parte y adonde se pretende llegar? Responder el interrogante supone
evidenciar las correlaciones de fuerzas existentes.
Solo
a modo de ejemplo, veamos como en estos días se aprobó la media sanción de la
emergencia alimentaria con un costo estimado por 8.000 millones de pesos, al
tiempo que se canceló deuda por más de 7.000 millones de pesos, unos 120
millones de dólares, con un núcleo reducido de empresas de energía, cuyos titulares
son amigos directos del presidente, caso de Pampa Energía de Marcelo Mindlin, o
Central Puerto de Nicolás Caputo. Para el primer caso fue necesaria una amplia
movilización social, iniciativas políticas legislativas y un amplio debate mediático.
Para la segunda bastó un simple acto administrativo negociado a puertas
cerradas y sin difusión suficiente.
¿Cuál
es y será la prioridad en la Argentina, la emergencia alimentaria o los
subsidios a las petroleras y energéticas, entre otros grupos empresarios
favorecidos? ¿Es prioridad la deuda con el FMI y otros acreedores o la que
existe en derechos no resueltos del conjunto social? ¿Las propuestas a futuro priorizan
la rentabilidad y competitividad del capital o la satisfacción de necesidades
ampliadas de la mayoría empobrecida de la población? Son interrogantes para
animar la discusión política y económica en tiempos electorales.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2019
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