Existe sorpresa por la tolerancia del FMI ante
la insostenible situación económica de la Argentina, que no puede cumplir a
mediano plazo con los compromisos de cancelación del préstamo. Oportunamente se
acordaron préstamos por más de 56.000 millones de dólares, y los desembolsos realizados
con regularidad alcanzan los 39.000 millones de dólares. El grueso del monto
total se acreditará antes de finalizar el mandato gubernamental. También
existen recurrentes acuerdos para modificar pautas de condicionalidad
inscriptas en los sucesivos convenios, algo que se reiteró en estos días
pasados ante las turbulencias y la volatilidad cambiaria.
La volatilidad se expresó al cierre de la
semana pasada, luego de alzas y bajas en la cotización del dólar con subas de
las tasas de interés que bordearon el 74%, una cotización de 46 pesos por dólar
y un riesgo país cercano a los mil puntos. La expectativa es que el dólar no
supere los 51,44 pesos hacia fin de año y por eso se utilizan los recursos del
FMI para atender la demanda de divisas para fuga de capitales, algo no
permitido por el propio FMI y que sin embargo se le facilita al gobierno de
Macri. Se incumplen los estatutos de la organización internacional para sostener
al gobierno macrista y si se puede, que se reelija por un nuevo período.
Es algo que puede costarle caro al staff del
FMI y que, sin embargo, a EEUU, el mayor accionista del FMI y con su capacidad
de veto, parece no interesarle colocar todos los fondos necesarios para
mantener a Mauricio Macri en el gobierno. Se trata de una operación a medida de
las necesidades políticas del gobierno de la Argentina, pero también del
gobierno de EEUU.
Vale recordar que el primer pacto de Macri con
el FMI data de junio del 2018, realizado de urgencia ante la corrida cambiaria
ocurrida desde abril del año pasado. Solo se entiende la celeridad en la toma
de decisiones por la sintonía política y objetivos y estrategias de Trump y
Macri, de ambos gobiernos.
El acuerdo fue pautado para tres años, y rápidamente,
a los 90 días, en septiembre, se corrigió el convenio ante la imposibilidad de
cumplir con lo pactado. No hubo problemas en el FMI para redefinir las
cláusulas del convenio y se aceleraron los desembolsos. El motivo fue asegurar
el plan financiero del gobierno Macri antes de finalizar el primer mandato en
diciembre del 2019. La cotización del dólar pasó en este tiempo, de 20 a 46
pesos, con todo lo que ello significa para el traslado a precios y en redistribución
de ingresos para potenciar la desigualdad.
La política de EEUU
es la que se impone
Queda claro el interés del FMI y atrás de este,
de EEUU para blindar económicamente la política del gobierno argentino,
imprescindible para la lógica de la política exterior estadounidense hacia la
región latinoamericana y caribeña, el territorio propio, o de cercanía, para la
disputa del poder mundial.
Las condiciones de la política y la disputa mundial
actual son las que imponen la flexibilidad del FMI con la Argentina. No se
trata de pedidos de perdón del país deudor como es lo habitual, sino de total
connivencia entre los ámbitos de decisión en EEUU y en Argentina, mediados por
el staff del FMI.
Argentina fue el motivo de un cambio de la
política de EEUU en el FMI en la crisis del 2001 y por eso la interrupción de
los desembolsos y la posterior cesación de pagos. El FMI cambió su política de asistencia,
manifestada en la crisis asiática o brasileña en 1997 y 1998. Era otro momento
de la situación mundial y no importaba hacer caer al gobierno de turno en la
Argentina. Ya sabemos el impacto socioeconómico del 2002 luego de la devaluación,
con 57% de pobreza y más de 21% de desempleo hacia mayo del 2002.
La situación actual es diferente y especialmente
a los efectos de la política estadounidense en la región. Un gobierno de
derecha y alineado con EEUU como el macrista resulta imprescindible para
intervenir en la mutación del rumbo político y económico de la región, aun
cuando los datos económicos sociales en la Argentina sean alarmantes, con 10%
de desempleo y un tercio de la población bajo la pobreza. Trump necesita la
continuidad de Macri en el gobierno y si no, la máxima condicionalidad ante
cualquier cambio de gobierno. Solo así se entiende la magnanimidad en el
sostenimiento financiero, que hipoteca al país a futuro.
Una conclusión no menor es que la hegemonía política
mundial y local manda sobre las consideraciones económicas. El presidente del
FMI siempre fue europeo según los acuerdos de Bretton Woods en 1944, pero con
el porcentual de votos de EEUU en el Directorio del FMI, el segundo al mando
del organismo, un estadounidense, es el que decide en última instancia. Fue
Anne Krueger en 2001 y es David Lipton en 2019. Ambos alineados y subordinados
al gobierno de EEUU.
La situación se agrava por la relación entre
EEUU y sus socios europeos, no solo por la cuota de decisión en el FMI, sino
que la política exterior estadounidense en este momento agudiza contradicciones,
no solo relativas al financiamiento con la insostenible situación de la
Argentina. EEUU ha decidido, por razones esenciales de la economía y la
política confrontar con la realidad regional, especialmente contra Venezuela y
Cuba, extensión a todo país en donde se intente formular una política de
autonomía e independencia.
Para esa política exterior de EEUU se necesita
de gobiernos afines a sus objetivos e intereses. El ascenso al gobierno de
Macri en 2015 y el consenso electoral reiterado en 2017 lo puso como socio
privilegiado para los afanes de EEUU y el gobierno Trump en la región y así modificar
el clima de cambio político puesto de manifiesto en los primeros años de este
siglo. La llegada de Bolsonaro al gobierno de Brasil incorpora otro socio a esa
política. Aun siendo un país más poderoso que la Argentina, resta la estabilización
política que confirme una nueva hegemonía en Brasil y que sea confiable para la
política exterior de EEUU. Otros regímenes de derecha en la región no resultaban
tan confiables como la deriva del cambio de gobierno en argentina y
potencialmente ahora en Brasil.
El boicot económico a Venezuela y las múltiples
amenazas y acciones para desestabilizar al gobierno venezolano tienen una
aceleración desde la inclusión de la Argentina como socio de privilegio del
club de países subordinados a la lógica de Washington. La iniciática estadounidense
alcanza a Cuba y por eso se revierten las medidas de acercamiento iniciadas en
la gestión Obama. La eliminación de la suspensión del Capítulo III de la Ley
Helms-Burton apunta en ese sentido y puede tener consecuencias gravísimas, no
solo para Cuba, sino y muy especialmente para capitales europeos que gestionan
propiedades en Cuba.
Por todo ello, es que no solo se trata de los
negocios con Venezuela o las diferencias sobre la capacidad de pago de la Argentina
en el FMI, sino de intereses nacionales definidos desde Washington y con
impacto regional y mundial. Al mismo tiempo debe considerarse el creciente
papel de China en la región y las nuevas incursiones de Rusia, asociadas a su
estratégico acuerdo con la potencia asiática y que tanto preocupa a EEUU.
Capitalismo,
anticapitalismo e hidrocarburos
Preocupa a EEUU la definición anticapitalista
de rumbos políticos en la región, pero más la necesidad estratégica de
dominación del petróleo y otros recursos naturales, abundantes en Nuestramérica.
Los hidrocarburos son insumos estratégicos en
la producción mundial y EEUU es el principal consumidor mundial y aun recuperando
el papel de principal productor en 2015, fracking mediante, requiere asegurar
la provisión petrolera en el mediano plazo ante el agotamiento de las reservas
mundiales. Por eso interesó e interesa Irak, Irán, Libia y las acciones
militares, diplomáticas, económicas y políticas impulsadas sobre esos países, con
costos inmensos para sus pueblos.
Venezuela es la mayor reserva probada de
petróleo y a pocos días de traslado para el abastecimiento estadounidense.
Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo
no convencional, con Vaca Muerta como yacimiento de privilegio. Es el destino
esperado de las inversiones externas que tanto demanda y espera el gobierno de
Macri, del PRO y Cambiemos. Por eso Argentina está involucrada en la sociedad de
privilegio con EEUU y sus acciones contra Venezuela y Cuba.
El gobierno de la Argentina y los proyectos
políticos que lo disputan quieren ser los administradores de la explotación
energética en Vaca Muerta y, por ende, beneficiarios de la lluvia de
inversiones. El boom de los hidrocarburos no convencionales se imagina similar
al provocado oportunamente por la soja transgénica en los años 90 y que esta cosecha
demuestra con su nuevo récord de producción y exportación.
Con el precio del petróleo nuevamente en alza y
su carácter estratégico se ilusionan los a grandes capitales locales y globales
para alzarse con ganancias derivadas de la renta petrolera y gasífera. Esto es
lo que preocupa al poder sobre la cuestión argentina. El tema es quién
administrará esa riqueza y bajo qué condiciones estructurales para la
explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Hay quienes consideran un fracaso el gobierno
Macri y se preguntan para que quiere seguir en la gestión por un nuevo periodo.
El asunto es que la llegada de inversiones está subordinada a algunos cambios
estructurales que todavía no se pudieron implementar, que estaban en el
imaginario de la política oficial y que la organización popular impidió. Esos
aspectos están enunciados en el decálogo sometido en estos días al diálogo para
el compromiso de acción futura en la política pública.
Los diez puntos sometidos a discusión para un
acuerdo político con la oposición “responsable” y que el poder económico local
salió a defender se asocian al ajuste fiscal, la apertura económica a las
inversiones externas, facilitando condiciones para su desembarco con cambios en
el régimen tributario y muy especialmente con las reformas laboral y previsional,
todo para favorecer ganancias empresarias.
Esos aspectos remiten a la esencia del acuerdo
con el FMI y por eso, el decálogo ofrecido para suscribir en el diálogo
político es una iniciativa para disputar el consenso electoral desde acuerdos relativos
a “políticas de estado” que dinamicen el desarrollo del capitalismo local. Son
asuntos implícitos en el acuerdo con el FMI y que hacen al nuevo tiempo del
desarrollo capitalista global.
¿Qué rumbo para la
Argentina?
La discusión es sobre el rumbo de la Argentina,
consolidando el modelo productivo asentado en el agro negocio, la mega minería
a cielo abierto y los hidrocarburos no convencionales, asociado a una lógica
especulativa en lo financiero, con una deuda externa creciente que lo financia,
u otra dinámica productiva y de desarrollo que colocaría al país por afuera de
la razón contemporánea del capitalismo.
No hay dudas sobre la inclusión en la primera
opción de buena parte de la oferta electoral en construcción y que podrían, más
allá de suscribirlo con firma explícita, el programa de los 10 puntos colocados
al debate desde el gobierno de Mauricio Macri.
El debate es sobre la construcción de un
proyecto político que sustente la opción alternativa, que no solo discuta el
rumbo en curso, sino que organice conciencia colectiva para transitar un camino
no explorado y que encontrará todo tipo de obstáculos para su desarrollo. Es lo
que se aprecia en Cuba por seis décadas o más recientemente en Venezuela y todo
intento de cambio para favorecer mejores condiciones de vida a la mayoría empobrecida.
La lucha social impidió hasta ahora el éxito en
los cambios estructurales pensados desde el poder. Este cambio estructural es
el horizonte imaginado para el futuro inmediato por los que mandan y pretenden
continuar haciéndolo, los de adentro y los de afuera. Tanto Macri como los que disputan
el gobierno pretenderán afirmar esos cambios estructurales en el nuevo periodo
presidencial. La tradición de organización y resistencia popular de la
Argentina continuará retrasando esos cambios institucionales regresivos, que sin
embargo progresivamente se instalan en la vida cotidiana, como la flexibilización
laboral, el cambio de función del Estado o la subordinación creciente a la
lógica mundializada impuesta por las transnacionales. Claro que se requiere
frenar la desarticulación socio política del fragmentado movimiento popular.
Esta dinámica de la lucha de clases en la Argentina
es la que empantana una solución a la puja distributiva manifestada como
inflación, por lo que la lucha contra la inflación es estructural y política.
Remite a quien vence a quien. Derrotar al movimiento obrero y popular resulta
sustancial para el poder, al tiempo que esa capacidad de resistencia demanda
constituirse en poder político no solo para resistir el objetivo del poder,
sino para encaminar un nuevo rumbo que no tiene lugar bajo la lógica capitalista.
Nuestra reflexión apunta más allá del desenlace
electoral en 2019, pero resulta imprescindible su discusión para que toda construcción
electoral con pretensión transformadora asuma el desafío de un futuro para revolucionar
el orden económico y social. No alcanza con evitar un nuevo gobierno de Macri o
de similar objetivo, aun siendo “opositor” e impulsado por el “peronismo racional”.
Claro que no es lo mismo que continúe Macri por un nuevo periodo a que haya un freno
electoral al proyecto del poder, pero pretendemos llamar la atención sobre
aspectos que en general no encuentran eco en el debate de la política actual.
Buenos Aires, 5 de mayo
de 2019
