¿Hay solución para la mora crediticia?

Siempre hay solución, pero no en el marco de la política económica en curso, ya que sería pedirle peras al olmo. El gobierno insiste es que la mora familiar no es un problema de la política económica, sino un tema entre privados y por ende, la solución está entre acreedor y deudor. Con esa lógica, los bancos y prestamistas diversos debieran mandar a incobrables si no pueden refinanciar, o cancelar una parte de las deudas y en todo caso, engrosar la cuenta de pérdida. En definitiva, razonan, es una cuestión de mercado y de riesgo. Que los prestamistas ejecuten las garantías si pueden, y si no, a pérdida. La vida continúa. Mientras, para enjugar esas pérdidas habrá que subir tasas o costo financiero para con quienes cumplen a sus vencimientos para amortizar esas pérdidas. Se sostiene una lógica de “aprendizaje forzoso” en un país con escaso crédito personal, con relación a la realidad de otros países, no solo vecinos. Si en Chile, los préstamos a los hogares, a las familias representa el 44% del PBI, para Argentina apenas supera el 6%. La ecuación en Brasil es del 35%, del 25% en Bolivia, del 15% en Paraguay y del 13% en Uruguay. Es cercano al 70% en EEUU, superior al 60% en Japón y más del 50% en la Eurozona. La respuesta del gobierno es que debe celebrarse que volvió el crédito al país en la gestión Milei y eso explica que, con más crédito crece la mora. No solo se trata de bancos, sino de las fintech, las diversas tarjetas bancarias y comerciales, y aun de prestamistas personales, los tradicionales usureros, aun cuando las tasas institucionalizadas nos permitirían hablar de usura generalizada. El problema es serio y así lo explican unas 30 propuestas legislativas, que el oficialismo obstaculiza su tratamiento, con argumentos ortodoxos que remiten a la libertad de mercado. ¿Qué proponen esos proyectos? ¿Qué hacer? Mecanismos diversos de refinanciación, topes a la tasa de interés, estiramientos de los plazos; condonaciones parciales o totales en función de las limitaciones y vulnerabilidad de los deudores morosos. De hecho, algunas entidades iniciaron por su cuenta esos procesos de refinanciamiento, incluso el Banco Nación ofrece refinanciar la deuda más allá de la contraída con el propio banco. Una vez más, la banca oficial sale al rescate de los privados, con costo al conjunto de la sociedad. Dicho en un momento de gestión liberal libertaria, privatizadora y desreguladora, y cuando el propio gobierno dice que no se debe intervenir desde el Estado. El problema es que son NO SOLUCIONES, ya que, aún condonando las deudas, si no se resuelve el problema de ingresos populares insuficientes, salarios y jubilaciones, no habrá posibilidad de acudir al crédito, además caro, para la reactivación económica y la satisfacción de las necesidades de consumo de la población, especialmente la de menores ingresos, precisamente los que viven de salarios o jubilaciones. No es el crédito el problema, sino los ingresos de la mayoría de la población, en una economía que crece, 5,5% en 2025 y una proyección entre 2 y 3% para este 2026, pero que distribuye inequitativamente a favor de la ganancia concentrada y en detrimento de ingresos populares. Convengamos que es un resultado de una política de ajuste fiscal y reestructuración regresiva de la organización económica de la Argentina, con modificaciones del modelo productivo, dinamizado ahora por la energía, la minería y la economía del conocimiento. El resultado es la concentración de la riqueza y el ingreso, profundizando la dependencia a la transnacionalización capitalista, por eso el R.I.G.I. y las facilidades al capital externo, junto a lo cual se potencia la subordinación a la política exterior estadounidense. No es un tema nuevo, y tiene historia, la política económica en general y la financiera en particular. Todo lo que hoy acontece tiene antecedentes en la dictadura genocida y Martínez de Hoz con su legislación financiera vigente desde 1977. Hace casi 50 años se estableció la “desregulación financiera”, eje de la política de Milei, Caputo y Sturzzenegger, en la cual, las entidades financieras pueden hacer todo lo que no esté prohibido favoreciendo la especulación, especialmente en el circuito global financiero comandado por el capital ficticio. Más de 40 años de gobiernos constitucionales y nunca se derogó o anuló la legislación de la dictadura. Ese es el punto de partida para atender el tema del endeudamiento y la morosidad. Se debe modificar la legislación y la política financiera en el marco de una reorientación de la política económica, revertiendo la ecuación de beneficiarios y perjudicados. No solo es problema el crédito de las familias, sino también el de las empresas asociadas a la capacidad de consumo popular y por supuesto el endeudamiento público, una hipoteca que nos ata desde los tiempos del terrorismo de Estado. La solución no pasa por préstamos dolarizados a empresas que no operan con divisas. Ni el financiamiento con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para créditos hipotecarios, los que solo llegaran a una porción limitada de población con ingresos superiores a la media de las/os trabajadoras/es y jubiladas/os. Avanzar en cambios de fondo es la única posibilidad de resolver la problemática del crédito y la mora en la coyuntura. Se requiere un debate y una iniciativa política con rumbo alternativo para modificar sustancialmente la situación actual. Buenos Aires, 26 de agosto de 2026