La situación de la economía mundial empeora en
la medida que no se resuelven temas estructurales de la organización de la
producción y circulación de capitales, agravados por el receso económico que
induce la pandemia del coronavirus.
Hasta ahora, los efectos son desastrosos en
términos de empleo y caída de ingresos de los sectores más vulnerables, apenas
contrarrestados por una gigantesca emisión monetaria y de deuda en todo el
mundo.
Se trata de una norma a contramano de la lógica
discursiva de la corriente principal de política económica, apegada a una ortodoxa
orientación por la austeridad y la restricción del gasto público.
La realidad, sin embargo, impone el realismo de
la fuerte intervención del Estado para sostener el orden capitalista, lo que se
verifica desde los principales Estados del capitalismo mundial y el accionar de
sus bancos centrales.
Nuevamente aparece el problema del
endeudamiento de los Estados, que se suma al de las empresas y las familias,
inducidas estas a un consumismo exacerbado y que ahora, ante la disminución de ingresos
se encuentran imposibilitados de cancelar deudas por servicios y bienes
adquiridos.
Ni hablar de las empresas que ante la recesión
agravada con la pandemia no facturan y por ende se afecta la cadena de pagos,
apenas disimulada por subsidios estatales que se generalizan.
¿Pagar o no pagar?
Ese es el dilema que ronda el debate de algunos
Estados, empresas o familias. Es un interrogante, a veces de subsistencia.
En el eje de la tormenta mundial aparece la
Argentina, que en el 2001 protagonizó el mayor default de los tiempos modernos
del capitalismo.
De hecho, el episodio aún no termina, ya que la
data oficial indica que existen 2.345 millones de dólares de “deuda elegible
pendiente de reestructuración”, es decir, que antiguos acreedores de la deuda
en cesación de pagos del 2001 no terminan de acordar pese a las reestructuraciones
del 2005, 2010 o 2016, bajo tres turnos de gobierno.
Argentina es noticia de interés y el FMI,
importante acreedor de la Argentina, interesado en cobrar sin afectar sus
intereses hace campaña por una “exitosa” renegociación de la deuda pública del
país.
La expectativa del organismo mundial apunta a una
reducción sustancial de la deuda, sugiriendo oportunamente una merma entre
55.000 y 85.000 millones de dólares de un total que a fines del 2019 alcanzaba
los 323.000 millones de dólares.
Es una realidad la posibilidad del default del
país, de hecho, ya se han postergado vencimientos de deudas, aun cuando el
acento se coloca en estas horas en las negociaciones con los acreedores
privados.
Al inaugurar a comienzos de marzo el periodo de
sesiones parlamentarias se informó de una investigación del BCRA sobre el
endeudamiento público.
El Banco Central difundió el 14/05 el Informe
“Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”[1]
de 33 páginas.
Allí se denuncia la estafa del endeudamiento
reciente (2015-2019), incluyendo la fuga de capitales por 86.200 millones de
dólares y un stock de 44.000 millones de dólares en depósitos en el exterior, a
los que se suma unos 175.000 millones de dólares en tenencias de billetes en
moneda extranjera (Gráfica 18, página 27). Suman 219.000 millones de dólares del
sector privado no financiero, los beneficiarios directos del fenómeno
especulativo, entre los que se cuentan muchos de los responsables del
endeudamiento público.
El monto de la renegociación con los inversores
privados alcanza a unos 68.000 millones de dólares, un 20% del total de la
deuda, incluyendo deudas renegociadas en procesos anteriores al gobierno Macri.
A su vez, el informe reconoce que la deuda con
los organismos internacionales son otros 68.000 millones de dólares, de los
cuales, más de 44.000 millones son con el FMI, con quien también se negocia,
claro que, con menos premura, pues el grueso de los vencimientos ocurrirá en los
próximos años.
Mientras se negocia, la deuda se paga. El
Parlamento argentino autorizó en diciembre pasado a utilizar 4.500 millones de
dólares para cancelar vencimientos en medio del proceso de reestructuración. Una
de las polémicas abiertas es el sentido de estos pagos si finalmente puede
haber rechazo de los bonistas a la propuesta gubernamental.
El tema se agiganta ante las necesidades crecientes
derivadas de la recesión y la pandemia. En estos días de grave emergencia
social y sanitaria se cancelaron 320 millones de dólares, la tercera cuota al
FMI. Mientras las necesidades sociales son inmensas. Esos recursos al tipo de
cambio oficial suponen una cifra considerable que podría estimular el
desarrollo de proyectos productivos de la economía popular.
Suspensión de pagos y
auditoría con participación popular
Por eso crece la campaña popular por la
suspensión unilateral de los pagos de la deuda pública y realizar una auditoría
integral con participación popular para definir la legalidad, legitimidad y en
todo caso, denunciar el carácter odioso de la misma.
La combinación de recesión e inflación genera
un fuerte ajuste en la mayoría social de menores ingresos y por eso se discute
el uso de los escasos recursos públicos, entre ellos las reservas
internacionales.
Estas pueden ser base para otro modelo
productivo y de desarrollo, modificando una estructura económica social que
consolidó la desigualdad en la Argentina.
Pagar o no pagar la deuda es una cuestión de
supervivencia para millones, pero también un debate que trasciende los
problemas del presente e induce una discusión sobre el futuro del país.
Buenos Aires, 17 de mayo
de 2020
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