En
tiempo récord y a menos de dos semanas de asumido el nuevo gobierno de la
Argentina, se acordó una mega ley que legisla la política económica en el corto
y mediano plazo, con el horizonte del 2020, aun cuando todavía no hay Presupuesto
para el próximo año. Este se formulará si es que en el corto plazo se
renegocian los vencimientos con los acreedores de la deuda pública, con la hipótesis
de postergar vencimientos por lo menos en el 2020/21. El texto aprobado incluye
orientaciones que tienen como trasfondo la negociación con los acreedores de la
deuda pública, sea el FMI o los privados.
Al
mismo tiempo se dispuso desde el poder ejecutivo el canje de deuda con
vencimientos en estos días, antes de fin del 2019, en pesos por 25.000 millones
y por 9.000 millones de dólares. Son operaciones que se realizan en el mismo
sentido del re-perfilamiento de la deuda impulsado por el anterior gobierno. En
la medida de lo posible, se pretende diferir los pagos de manera negociada, sin
necesidad de evidenciar la cesación de pagos, aun cuando la deuda no es
sostenible, algo que sostiene reiteradamente el Ministro de Economía Martín Guzmán.
Los
recursos públicos no alcanzan para comprar divisas y cancelar la deuda al
vencimiento. Así, no hay más remedio que renovar los vencimientos con nueva
deuda, algo que se dificulta por el elevado costo argentino derivado del “riesgo
país”. Por eso las señales relativas a una política económica para el 2020
orientada al logro del superávit fiscal suena muy bien para los acreedores
externos, interesados en cobrar ahora o más adelante, lo que exige “sostenibilidad”
de la deuda.
Si
el país ofrece una política económica de mejora de los ingresos fiscales y
expectativas por baja del gasto, los “mercados” (especulativos) y por ende los
tenedores de la deuda deducen que habrá condiciones objetivas para atender los
pagos de la deuda, por lo que baja el “riesgo país” y suben bonos y acciones.
Con superávit
fiscal, el Estado puede comprar divisas para cancelar deuda, premisas para
volver al mercado de crédito con tasas menos elevadas que las actuales.
Los
acreedores esperan expectantes ese escenario antes de demandar al país por
compensaciones que involucren al patrimonio de los recursos naturales o bienes
comunes, algo poco mentado, pero sobre lo que conviene tener presente. En épocas
anteriores se aludió a la “capitalización” de la deuda, sustento de lo que
luego fueron las privatizaciones del capital público en los noventa del siglo
pasado.
El superávit
fiscal proviene de disposiciones en la mega ley de reciente aprobación relativas
al aumento de la recaudación vía retenciones a las exportaciones, aun cuando
algunas bajen; por incremento de las alícuotas del impuesto sobre “bienes
personales”, especialmente por capital invertido en el extranjero; o por
imposición a las compras en el exterior, mal llamado dólar turista.
La
mega ley incluye un supuesto relativo a la reducción del gasto previsional, trascendente
en el conjunto de las erogaciones públicas.
El
supuesto deviene del congelamiento de las jubilaciones, excepto la mínima que
recibirá un bono de 5.000 pesos en diciembre y enero, elevando el mínimo
previsional a una cifra de 19.068 pesos mensuales.
Todo
ingreso superior a la mínima no recibirá las actualizaciones según la fórmula aprobada
en diciembre del 2017 con base en la inflación pretérita. La medida está
planteada hasta junio del 2020, con actualizaciones por decreto en marzo y
junio próximos, mientras se organiza una fórmula de actualización de los
ingresos previsionales.
¿Reactivación económica?
Son
muchas las incógnitas relativas al impacto económico de las medidas adoptadas,
pensadas para no tener que acudir a la emisión monetaria, un supuesto previo
que se asignaba a la política del nuevo gobierno en la Argentina.
La
lógica parece sugerir que la apuesta del rumbo de la política del Estado se
sostiene con la estabilidad macroeconómica.
Poco
se deduce de lo aprobado en la mega ley con relación al crecimiento económico,
salvo la lógica derivada de las medidas de alivio fiscal a sectores de la
pequeña y mediana empresa, y a la potencial negociación con los acreedores, lo
que posibilitará liberar recursos públicos para inducir políticas activas que
superen la recesión de estos últimos dos años, o el estancamiento de mayor
duración.
Recordemos
que el vencimiento de deuda en dólares para el próximo año ronda los 35.000
millones de dólares, que si se postergan supone destinos alternativos de esos
fondos o parte de ellos, los que se consigan, para pensar y actuar una política
económica de superación del estancamiento actual.
Una
cifra similar está asociada a los vencimientos en moneda nacional, los que
siempre pueden resolverse con “emisión”, aun cuando se sustenta la negativa.
También, la mega ley autoriza a un mayor endeudamiento del Estado con entes de
gestión estatal, especialmente el Fondo que administra la ANSES, que ahora
podrá suscribir títulos de la deuda pública hasta un 70%.
La
gran incógnita es la reactivación económica, lo que supone incrementar la
inversión.
¿Es
previsible que crezca la inversión privada, incluso, que sectores del capital
privado?
Los
sectores hegemónicos continúan presionando para una reforma regresiva del
régimen laboral, incluso y más allá de la legislación general, se pretende ir
en contra de los convenios colectivos de trabajo. La flexibilización laboral y
salarial estará a la orden del día.
Es previsible
que el Estado empuje acuerdos financieros con organismos internacionales para
inducir reformas en ese plano, algo que se sugiere de la especialización
desarrollada en los últimos años en el BID por Gustavo Beliz, Secretario de
Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
Resulta
de interés la apuesta a la pequeña y mediana empresa, pero está claro que la
reactivación del capitalismo local demanda de importantes ingresos de inversiones
externas, algo que no se logró en el periodo anterior bajo el gobierno Macri.
Las
condiciones de la economía mundial no son favorables para el ingreso de
capitales de riesgo del exterior, salvo para sectores emblemáticos del modelo
productivo local, caso del agro negocio, la mega minería y los hidrocarburos no
convencionales. Más allá de lo concreto en este plano, lo principal provendrá
de la capacidad de inversión pública, en un país que hace rato se abandonó un
horizonte productivo del sector estatal.
Una
cuestión central que aparece como prioridad del accionar público es el combate
a la pobreza y al hambre, al mismo tiempo que sectores organizados de la
economía popular (movimientos sociales, cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos
diversos, etc.) demandan políticas especiales para organizar en condiciones de
regularidad un trabajo que hoy suponen ingresos de subsistencia.
Resolver
la articulación productiva de la economía campesina, comunitaria, de la agricultura
familiar, las empresas recuperadas y la circulación de bienes y servicios más
allá de la lógica dominante del “supermercadismo” (destino de las tarjetas de
alimentos que ahora provee la política estatal) es una posibilidad a
considerar.
No solo resolver la diaria es lo que importa
La expectativa
por cambios económicos definió el sentido principal del voto del 27 de octubre
pasado, lo que supone ir contra el flagelo de la inflación, mecanismo de
transferencia de ingresos de los muchos que no pueden fijar precios hacia los
muy pocos que si los fijan.
Discutir
estas cuestiones supera el corto plazo, aun cuando deben iniciarse de
inmediato.
Los fundamentos
de la mega ley aprobada en estos días parte del supuesto de “tranquilizar” la
economía, según sostiene Martín Guzmán, algo que podemos leer como atemperar
las tendencias inflacionarias, que en sí mismo pueden mejoran las condiciones económicas
de la cotidianeidad afectadas por el incremento de los precios y resolver la
diaria de los empobrecidos.
Se
sostiene que la tendencia a la baja de la inflación es la precondición para
frenar la caída de la producción local y con ello promover el crecimiento económico,
base para pensar en la distribución del ingreso y quizá de la riqueza. Un
problema en este sentido que ello supone modificar la ecuación de beneficiarios
y perjudicados.
Entre
los primeros, el sector más concentrado de la economía, los privilegiados del
modelo productivo asentado en el agro negocio y las exacerbadas formas del
extractivismo que depreda la naturaleza, en el sentido que se avanza en estas
horas con la apropiación del agua en Mendoza, a contramano del reclamo social
en defensa del derecho al agua y en contra de la mercantilización de la misma.
Entre los perjudicados, la mayoría de la sociedad, con expectativas por
resolver la cotidianeidad e ir más allá, lo que nos convoca a pensar en
términos de emancipación social.
Queda
claro el condicionante de la deuda pública y la negociación encarada por el
Gobierno, pero más allá de ello, la demanda es por un debate sobre el modelo
productivo en su conjunto y las formas de distribuir el ingreso y la riqueza
entre toda la población.
Son
parte de los debates que aún no son patrimonio del conjunto social, menos aun
de interés de los principales medios de comunicación y del poder económico.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2019
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