Con el acuerdo arribado para
cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”,
se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.
Esta vez por 15.000 millones de
dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se
obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que
alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a
nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.
Los especuladores financieros
(buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la
Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada
título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa
gigantesca.
Una estafa convalidada bajo un
gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales
desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal,
ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.
En rigor, se viene escamoteando
la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago
soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres
y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la
presentación de un informe a fines del 2015.
Nuestro país legaliza en cada
turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas,
desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del
año 2000) y otros procesos judiciales en curso.
Ahora se celebra el fin del
default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de
un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio
y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo
social.
Es curioso como ayer se
celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de
deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200
años de la independencia.
Además, las deudas de hoy se
exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales
de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades
insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se
presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.
Ganar en conciencia social
movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un
camino alternativo.
Buenos
Aires, 1 de marzo de 2016
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