Los salarios y el empleo en la discusión por la apropiación de la renta nacional

Los anuncios gubernamentales en nuevos planes para sostener el empleo y apoyar (subsidiar) a empresas es una señal de los tiempos recesivos que se viven[1].
Se anunció el Plan Proemplear para intentar intervenir en la ocupación del empleo de jóvenes trabajadores. Es una iniciativa asociada a otras recientes como el plan Pro.Crear para retener a los jóvenes en la escolaridad.
También se acudió a relanzar el Repro, Programa de Recuperación Productiva, para contribuir a las empresas en dificultades con el sostenimiento de parte de los salarios. Es un programa que se difundió en la última recesión del 2009 y que ahora se reflota, dando cuenta de un problema económico y social.
Otros anuncios apuntaron a sostener la actividad económica ante la evidente desaceleración y baja de la producción.
La política pública, vía planes sociales, financiamiento o inversión trata de limitar las restricciones que impone la desaceleración de la economía local en un cuadro de crisis global.
Recesión y argumentos cruzados
Desde la CEPAL[2] se corrige el crecimiento de la Argentina para el 2014, desde un 1% proyectado en abril al 0,2%.
Se trata una referencia coherente con los pronósticos a la baja de toda la región, del 2,7% al 2,2% y de la economía mundial, que también reflejan los organismos internacionales.
Es una consecuencia directa de la continuidad de la crisis mundial del capitalismo.
Los datos de la CEPAL son coincidentes con el cuadro de desaceleración económica y recesión productiva que motiva estas políticas públicas para intentar disminuir el ritmo de la caída de la tasa de actividad y del empleo.
En rigor, es lo que ya conocen los trabajadores y muy especialmente en la industria del automotor y otros sectores industriales, los que sufren suspensiones y cesantías, y que ante las manifestaciones de protesta reciben una combinación de represiones físicas y socio laborales en la complicidad de la burocracia sindical tradicional con las patronales transnacionales.
Entre los argumentos que se esgrimen para la represión desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, se privilegia en la contradicción de derechos, el referido a la circulación sobre el derecho al trabajo y las mejores condiciones de empleo y de vida.
Mientras, las burocracias reasumen un discurso macartista, patético en el mensaje discriminatorio del titular del SMATA contra las comisiones internas y los delegados de base y la solidaridad del sindicalismo clasista y la izquierda.
Las patronales, caso de la UIA, ejercen el chantaje del potencial aumento de las cesantías exigiendo al gobierno devaluaciones, las que afectan regresivamente el poder de compra del salario, y condiciones de política económica para sustentar inversiones y ganancias.
Resulta un cuadro de situación complejo para la defensa del empleo y el ingreso de los trabajadores. Existen anticipos de movilizaciones e incluso de paro nacional, con diferenciadas convicciones entre las centrales obreras.
Las centrales más cercanas al oficialismo resignaron sus convocatorias a protestas en demanda al aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias privilegiando la cuestión del empleo y la agenda gubernamental en la disputa por la deuda.
La realidad es preocupante y los propios datos publicitados oficialmente a fines del primer trimestre del 2014 señalan la existencia de 1.178.000 desocupados (7,1%) y 1.352.000 sub-ocupados (8,1%), entre los cuales son demandantes de empleo 927.000, y ya perdieron esperanza y por ende son no demandantes de empleo 425.000 personas.
Más del 15% de los trabajadores se encuentran entre desocupados y sub-ocupados.
A ello debemos adicionar que un tercio de los trabajadores se encuentran en situación irregular.
El Ministro de Trabajo adelantó una reducción del 0,3% en el empleo regular para el segundo trimestre del 2014, dando cuenta de uno de los fenómenos estructurales que dejó la ofensiva del capital sobre el trabajo en las últimas décadas.
Renta nacional en la discusión
La bonanza en la generación del empleo desde la crisis del 2001 parece haberse agotado hacia el 2008.
El fuerte retroceso del 2009 no permitió importantes recuperaciones del empleo pese al crecimiento económico del 2010 y 2011, y el bajo crecimiento posterior del PIB y la recesión en curso aleja posibilidades en el corto plazo, lo que anticipa conflictos sociales explícitos y disputas por la apropiación de la renta nacional.
Esa renta está disputada por las empresas que exigen políticas a favor del capital y su rentabilidad, sean los industriales, el sector agrario e incluso los bancos tenedores de bonos de la deuda.
Todos coinciden en apropiar renta vía devaluación cambiaria e incluso buscan formas de intervenir para que no se profundice el conflicto y la situación por la deuda impaga que reclaman bonistas diversos. Por eso las “acciones patrióticas” de los bancos privados de capital nacional y de varios extranjeros con fuertes tenencias de bonos argentinos en sus activos.
Queda claro que los trabajadores intentan frenar el impacto regresivo en su capacidad de compra y defienden el ingreso sin el total apoyo de las organizaciones sindicales, atrapadas en la lógica de la fidelidad a sus intereses asociados a las patronales y/o a los gobiernos. Esa es la razón de un prestigio que crece en el sindicalismo clasista que sustenta un programa anticapitalista y antiimperialista, entre ellos la CTA liderada por Pablo Micheli y un conjunto de cuerpos de delegados. Ambos fenómenos intentan articulaciones diversas en la representación sindical de los trabajadores, especialmente en el sector privado de la economía.
El gobierno también disputa la renta nacional, condicionado por los problemas fiscales y externos. En este plano verifica una tendencia a la merma del superávit, por reducción del saldo comercial y demora o postergación sine die de inversiones externas remisas o préstamos esquivos. Esto es producto de las crecientes dificultades por la situación en EEUU ante la Justicia, los acreedores buitres y el propio gobierno en Washington.
EEUU rechaza la demanda de la Argentina en La Haya y existen múltiples operativos locales y mundiales, especialmente de bancos tenedores de títulos argentinos, para resolver el entuerto de una deuda que requiere ser investigada previa suspensión de pagos. Ante las restricciones económicas suscitadas por la situación de conflicto relativo a la deuda, crece la demanda por una solución autónoma, de desconocimiento de la misma y la búsqueda de solidaridades regionales efectivas que desemboquen en una nueva arquitectura financiera.
Claro que la nueva arquitectura financiera no debiera repetir y reproducir las condiciones estructurales de subordinación a la dominación de las transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos rectores del sistema financiero y económico global. Unas condiciones alternativas en ese sentido son parte del desafío para la Argentina y la región en las condiciones actuales de crisis capitalista. El punto inicial de una estrategia en ese sentido se juega en la disputa por la renta nacional que despliegan los trabajadores como expresión de freno a la ofensiva del capital sobre el trabajo.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2014



[1] “Hay que seguir apostando al país”, afirmó la Presidenta al anunciar medidas para incentivar la actividad económica. Casa Rosada. Presidencia de la Nación Argentina, Jueves, 07 de Agosto de 2014. En: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27791-hay-que-seguir-apostando-al-pais-afirmo-la-presidenta-al-anunciar-medidas-para-incentivar-la-actividad-economica (consultada el 9/8/2014)

1 comentario:

Cindy Terraneo dijo...

Hay una pérdida del poder adquisitivo muy fuerte en la población, ya que se cumple el séptimo año de inflación alta, producto de la necesidad de financiar gasto público con impresión de billetes. Lo que hace que aumenten las posibilidades de que se produzca una devaluación, con lo cual si no se toman medidas adecuadas en materia de política antiinflacionaria, simplemente se crea un espiral de precios y salarios, donde los que pierden son los salarios, los jubilados y los pensionados.