Argentina, la Corte de Justicia estadounidense y las potencialidades de ofensiva popular

Muchos temas económicos preocupan por estas horas y entre ellos la desaceleración de la economía y su impacto social en suspensiones y cesantías.
Por ello se ratifica el rumbo del modelo productivo en la continuidad del régimen automotor con Brasil y se asocia la voluntad patronal con el Estado y la burocracia sindical, claramente evidenciado en el conflicto de la española Gestamp.
En ese camino se inscriben los acuerdos por regularizar la situación externa en materia de deuda y habilitar ingresos de divisas: a) por superávit comercial, negado en la coyuntura por acción especulativa de grandes exportadores; b) recepción de nuevos préstamos externos, alejando el horizonte del desendeudamiento y retomando la perspectiva de nuevo impulso al cáncer de la deuda; c) aliento a la radicación de Inversiones Externas Directas, especialmente en materia de hidrocarburos no convencionales, el camino de Chevron.
Pero también la política social compensatoria, ahora manifestada en la moratoria previsional ofrecida a un universo de 500.000 potenciales jubilados sin la totalidad de aportes, los que recibirán la mínima menos el costo de la regularización. La medida supone una inyección de 12.000 millones de pesos para intentar dinamizar el consumo popular y contrarrestar la disminución de la actividad económica.
Pero los problemas se concentran en la cuestión de la inserción internacional subordinada de la Argentina. El interrogante para el 12 de junio próximo está en manos de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, que puede decidir intervenir o no en la demanda de acreedores externos por la deuda en cesación de pagos de Argentina.
Aludimos a la demanda contra el país de inversores especulativos, los denominados “fondos buitres”. Se trata de 1.330 millones de dólares en litigio, parte de unos 7.000 millones de dólares (el 7% del total) que continúan en default desde fines del 2001, ya que sus titulares no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda instrumentados en 2005, 2010 y 2013, donde se canjearon el 93% de los títulos.
Otra variante, muy esperada desde el gobierno, es que la decisión cortesana  en Washington se prorrogue hasta fin de año, habilitando así la posibilidad de negociación con los litigantes, sin “pagarle lo mismo al 93% de los acreedores que aceptaron los dos canjes con quita en 2005 y 2010” según relata Alejandro Bercovich.[1]
La deuda es una política de Estado
Tal como venimos sosteniendo, el endeudamiento externo constituye un gran condicionante de política económica en Argentina, sufrido en 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983. Tan es así que la cuestión de la deuda pública es “política de Estado”.
Nuestra afirmación queda confirmada con la adhesión a las posiciones oficiales sobre la situación en trámite ante la Justicia estadounidense de la oposición política con posibilidades de ser gobierno. Aludimos al masismo, el macrismo, o la alianza entre socialistas y radicales.
Pero también se comprobó en los acuerdos con los sucesivos canjes de deuda; el cumplimiento regular de pagos a los organismos internacionales; la nueva deuda asumida para compensar a Repsol por la expropiación parcial de YPF; los cumplimientos de pagos a sentencias del CIADI; y más recientemente el acuerdo con el Club de París.
Es cierto que existen objeciones parciales, sobre formas de resolver y acordar, pero nunca sobre la cuestión de fondo que supone cancelar deuda y restablecer relaciones de la Argentina con el sistema financiero mundial.
Muchas veces se alude a que no existen políticas de Estado en la Argentina, situación desmentida en materia de endeudamiento. La voluntad mayoritaria del sistema político en el país es por la normalización de la inserción subordinada de la Argentina en el sistema capitalista y su hegemonía transnacional.
Por eso, aún con discursos críticos al FMI, el organismo difundió la opinión satisfactoria sobre las modificaciones en la información estadística que publica el INDEC y que involucró la asistencia técnica del Fondo. Claro que se guarda para nuevas evaluaciones en septiembre y febrero próximos.
La Argentina es parte del FMI y del sistema internacional, más allá de las críticas o alabanzas que se hagan desde diferentes tribunas políticas por parte de las mayorías parlamentarias, oficialistas y opositoras.
Esa pertenencia al sistema capitalista es una política de Estado y bien vale discutir si existe la posibilidad de pensar más allá del capitalismo. Esta es la razón por lo cual en 30 años de gobiernos constitucionales, los diferentes turnos presidenciales se jugaron por no sacar los pies del plato.
¿Hay lugar para el desarrollo independiente?
Es un debate interesante la posibilidad de organizar una política alternativa, cuestión que se suscitó en diciembre del 2007 al proponer 7 jefes de Estado de la región la constitución de un Banco del Sur, aun demorado en su aparición; o cuando la UNASUR en noviembre del 2010 conformó un Consejo Suramericano de Economía y Finanzas para articular políticas comunes; y más aún los debates sobre una Nueva Arquitectura Financiera sustentados desde la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, ALBA-TCP, sugiriendo avanzar en articulaciones económicas, productivas, financieras y monetarias para una inserción independiente en el sistema mundial.
Claro que se trataba de una cuestión en disputa, pues para algunos las medidas suponían la continuidad en el marco del capitalismo, pero ya circulaba también la posibilidad de un orden socialista.
¿Cuán cerca están esos debates y desafíos en la realidad contemporánea de la región? Las expectativas por el cambio político en la región en la primera década del Siglo XXI constituían una esperanza más allá de nuestros territorios, con dinámica social movilizada y extendida, a lo que se sumaban cambios institucionales, especialmente reformas constitucionales que anunciaban nuevos imaginarios civilizatorios, caso del “vivir bien” o el “buen vivir” en Bolivia y Ecuador, junto a proposiciones por la soberanía alimentaria, energética o financiera y la reaparición de la discusión por un horizonte socialista presentado por las reformas cubanas y las proposiciones de Venezuela y Bolivia.
La coyuntura nos devuelve la contra ofensiva al proceso de cambio político que se juega en la profundización de esas claves sociales, políticas e ideológicas con amplia movilización de los trabajadores y los pueblos, o la administración de lo logrado con desmovilización social, condenando la esperanza a un proceso de restauración de la hegemonía neoliberal de fines del Siglo XX.
Es lo que podrá discutirse en pocos días más, en la reunión del G77 + China en Bolivia y será una ocasión adecuada para discutir el orden mundial capitalista en crisis. A medio siglo de la creación del Grupo de los 77, que hoy duplica sus miembros manteniendo la denominación, vuelve a tener sentido la discusión de 1964 sobre Dependencia o Liberación.
Claro que el tiempo no transcurrió en vano y la ofensiva popular y liberadora de los 60´ y 70´ dio paso, terrorismo de Estado mediante a la ofensiva del capital y las políticas hegemónicas neoliberales que arrasaron con conquistas históricas de los trabajadores y los pueblos. Al mutar la realidad, ruptura de la bipolaridad mediante a comienzos de los 90´, se impuso el pragmatismo en muchos de los procesos sociales, políticos e ideológicos protagonistas de la perspectiva de liberación nacional y social.
Es lo que crudamente se pone de manifiesto hoy con la denominación de países emergentes, un lugar al que aspiran los administradores del capitalismo dependiente en todo el mundo. Por ello es que los Estados salen a la conquista de inversores externos. El imaginario posible es el capitalismo y la valorización de capitales favorecidas por inversiones externas. Se menciona incluso a Cuba, que con sus cambios económicos atrae capitales externos a la isla para resolver el abastecimiento y la creación de riqueza en un territorio que se pronuncia por un modelo alternativo, el socialismo.
Esta es precisamente lo diferente en cuestión de inversiones, ya que no es lo mismo propugnar un orden capitalista que socialista. La cuestión es quién decide sobre las inversiones, el para qué y los cómos de las mismas, como el impacto social de ello derivado. Claro que toda inversión de transnacionales tiene como propósito la ganancia y ese es el peligro mensurado de la estrategia cubana para defender lo logrado y resolver la coyuntura, muy diferente a quienes apuestan a la continuidad esencial bajo el orden del régimen del capital.
En los 60´ y 70´ se propagaba el imaginario alternativo desde la teoría de la dependencia, y la desconexión del orden capitalista que pregonaba teóricamente Samir Amin. ¿Podrá el cónclave boliviano del G77 + China retomar el sentido de la ofensiva por la liberación de sus años de fundación o continuará con la adecuación demandada por la hegemonía? Una respuesta por la negativa supone la continuidad de la subordinación del Sur empobrecido a la lógica dominante del orden capitalista hegemonizado por EEUU, Europa y Japón, a los que se asocian los “emergentes”.
Poder popular y modelo productivo
La respuesta no puede confiarse solo a la discusión de los gobiernos, sino y principalmente a la acumulación de poder popular por la liberación social y nacional que se procese en cada uno de nuestros países y en la capacidad de integración no subordinada al orden capitalista.
En los 80´ y 90´ se impuso el modelo productivo y de desarrollo de un Sur proveedor de recursos naturales al capitalismo desarrollado, principalmente respecto de los hidrocarburos, lo que se generalizó a comienzos de este Siglo XXI al conjunto de los bienes comunes y a una aceleración de la extensión de la relación de explotación mediante salarios bajos y precarización laboral en todo el mundo, especialmente en China y la India.
No es solución para trabajadores y pueblos la adecuación al capitalismo posible producto de la ofensiva del capital en tiempos de transnacionalización que sepulta toda aspiración de “capitalismo autónomo” como imaginaron burguesías locales en tiempo del desarrollismo pos conflicto bélico de 1945.
Hace falta consolidar una estrategia de acumulación popular, que en la Argentina se define en el movimiento de trabajadores y por eso la importancia de las recientes elecciones de la CTA y las experiencias autónomas de la burocracia sindical que hoy son visibles y tanto preocupan a las patronales, las autoridades y el sindicalismo tradicional.
Algo nuevo ocurre en la Argentina, aunque no sea hegemónico en el análisis mediático o del poder parlamentario. Eso nuevo en el país puede contribuir a fortalecer las iniciativas que en la región empujan cambios radicalizados que avancen en las modificaciones de las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas favorable a la emancipación social por el socialismo.
Buenos Aires, 7 de junio de 2014



[1] Alejandro Bercovich. “El Mundial de Kicillof, los laboratorios y la política bataclana”, en BAE del Viernes 6 de Junio del 2014: http://www.diariobae.com/notas/19357-el-mundial-de-kicillof-los-laboratorios-y-la-politica-bataclana.html