Esta semana tuvimos la visita de técnicos del FMI para asesorar a la Argentina en materia de estadísticas. Todos reconocen las debilidades estadísticas de la actualidad. Los datos hablan por sí mismo. ¿Cuál es el dato válido sobre inflación?
Para el 2010, el INDEC informa un registro del 10,9%, mientras que el organismo oficial de la Provincia de Mendoza anuncia un 20,8% de incremento anual; siendo del 32% el dato para la Provincia de Jujuy, del 13,8% para la provincia de Córdoba y un 26% para la Provincia de Santa Fe.
La dispersión va del 10,9% al 32%, considerando el dato nacional del INDEC y de las cuatro provincias visitadas por los técnicos del FMI para conocer las metodologías de relevamiento de datos, tanto a nivel nacional como en el ámbito de las Provincias entrevistadas.
A priori no es creíble que el costo de vida aumente en mayor proporción en Jujuy que en Córdoba, o en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires, aunque no debería llamar la atención que hubiera precios diferenciados en condiciones de un funcionamiento económico de libre mercado. Eso explicaría mayores precios en zonas de residencias de elevados ingresos contra otras de menores recursos. Pero la dispersión del mercado libre no invalida para elaborar indicadores adecuados que expresen los promedios en la evolución de los precios de una canasta media de una familia tipo.
La medición de precios es siempre un promedio de referencia para la actividad económica. El problema es que desde el 2007 existe una interferencia en el organismo nacional que contribuye al deterioro en el registro estadístico.
Es uno de los temas a resolver con urgencia y por eso el acuerdo del gobierno con el FMI, aunque vale interrogarse si era necesario acudir al organismo internacional cuando durante el año pasado funcionó una comisión integrada por especialistas de universidades públicas de la Argentina. Actuaron profesionales de las Universidades de Buenos Aires, Rosario, Tres de Febrero, Tucumán y Mar del Plata.
El informe de las universidades es crítico, muy crítico, y aun conociendo en detalle la opinión técnica local se acudió al Fondo. ¿Por qué? La realidad es que la Argentina integra el Grupo de los 20, que asumió protagonismo como cumbre mundial de jefes de Estado en la crisis del 2008, y entre las principales resoluciones se fortaleció el papel del FMI para atender la crítica situación de la economía mundial.
La Argentina venía de una relación tortuosa con el FMI, ya que desde el 2006 se obturó la realización de auditorías de las cuentas públicas del país por parte del organismo mundial. Es un tema que genera múltiples especulaciones que incluyen un debate que existió, por diferentes razones, desde el comienzo de la existencia del G20, y que remite a la pertinencia de la participación argentina en ese cónclave mundial.
Lo cierto es que Argentina ha dado variadas señales de normalización con el mercado financiero mundial, sea el pago anticipado al FMI y el formal cumplimiento en tiempo y forma de todos los vencimientos con organismos internacionales, excluidos de la cesación de pagos (default) del 2001; realizó el canje de deuda en default en el 2005 y lo reabrió en 2010, alcanzando a más del 90% de los títulos en cesación de pagos, lo que da cuenta de acuerdos importantes con la mayoría de los acreedores privados de la deuda pública Argentina. Uno de los temas pendientes lo constituye la deuda con el Club de París, aunque en 2010 se hicieron anuncios públicos de inicios de las negociaciones.
Todo indica que Argentina cumple con los requisitos del mercado financiero mundial para normalizar su situación luego del default de hace una década, entre ellos, reconstituir una relación con el FMI. El asesoramiento por indicadores de inflación debe medirse en ese contexto.
El tema también interesa al FMI, especialmente luego de que su titular, Dominique Strauss Kahn ha manifestado, tardíamente por cierto, que el consenso de Washington se acabó. El FMI sabe, crisis mundial mediante, que no puede dictaminar desde las alturas la liberalización de la economía, tal como lo hiciera en décadas anteriores, y el gobierno argentino también sabe que si su rumbo es la normalización capitalista de la Argentina, se requiere el visto bueno del FMI.
Son condiciones de funcionamiento mutuo de instituciones del sistema mundial que nos hacen pensar en la urgencia de discutir una nueva arquitectura financiera mundial, donde los pueblos pueden ejercer la soberanía financiera. América latina y el Caribe están desafiados a materializarla.
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