La deuda pública de la Argentina promete ser uno de los
grandes temas económicos y políticos del 2015 y no solo para el país, ya que la
situación en torno al conflicto con los fondos buitres o especuladores, como
con la Justicia de EEUU interviene en otras latitudes, no solo por lo
económico, sino y especialmente en el plano de la política.
Tanto Grecia como España, en procesos electorales en el corto
plazo y que habilitan expectativas de cambio tienen entre sus amenazas a los
acreedores de la deuda y al sistema financiero mundial y sus gerentes de los
organismos financieros internacionales, tales como el FMI y el BM.
El sistema mundial del capitalismo ejerce presión sobre los
países deudores para la cancelación de deudas contra un ajuste que se descarga
sobre los pueblos y a costa de la soberanía. Constituye una de las facetas de
la crisis mundial en curso desde 2007/08.
Por ello es que el sistema se la juega en el desenlace de la
situación local, que puede seguir cancelando deuda o iniciar un proceso
complejo de desobediencia, suspendiendo los pagos y habilitando la auditoría de
la deuda desde tiempos de la dictadura de 1976/83 tal como se resolvió en la Ley
de Pago Soberano de septiembre del 2014.
Monto de
la negociación en curso
Recordemos que la cesación de pagos fue por 100.000 millones
de dólares en 2001. El país sigue en cesación de pagos con el 7,6% de los
acreedores tenedores de aquellos bonos, ya que el 92,4% accedió a los canjes de
deuda del 2005 y 2010.
El país se comprometió a no mejorar la oferta de pago, y si
así lo hacía con los acreedores no ingresados a los canjes de deuda, debía
ofrecer las mismas condiciones a los que si aceptaron el canje. Es lo que se
conoce como cláusula RUFO, la que venció a fines del 2014 y razón por lo cual
no se accedía a la demanda de cobro de la sentencia Griesa lograda por los
fondos buitres.
La acreencia en default alcanza a 7.600 millones de dólares
del 2001 (7,6% de 100.000 millones), a los cuales deben sumarse los intereses
correspondientes reclamados por los actuales tenedores de esos títulos. Se
estima que actualizada la deuda con todos esos acreedores se puede llegar a más
de 20.000 millones de dólares según estiman las autoridades argentinas.
No es poco para un país sin gran capacidad de compra de
divisas para hacer frente a sus obligaciones externas, del orden de los 147.000
millones de dólares a junio del 2014 según las cuentas nacionales (claro que no
se computa la deuda con organismos estatales). Vale recordar que al momento del
default en diciembre del 2001 la deuda externa alcanzaba los 145.000 millones
de dólares. Si computamos esos potenciales 20.000 millones de dólares de deuda
actualizada, el stock de deuda en valores absolutos es mayor al del momento de
la cesación de pagos. El argumento oficial es que el stock de deuda es menor en
proporción al PBI, un dato cuestionado por las mediciones de la estadística
oficial.
A los fines de pensar la capacidad de pago de la Argentina,
conviene recordar el deterioro de la situación externa del país, con un superávit
comercial en baja estimado en 7.000 millones de dólares para 2015 derivado de precios
internacionales en baja de los productos de exportación, especialmente la soja
y límites estructurales al ingreso de divisas, por inversiones o préstamos.
Vale adicionar que el superávit se logra con restricciones a las importaciones
y regulación de las exportaciones, todo lo que interviene en el nivel de
actividad y su impacto como desaceleración económica, recesión productiva y pérdidas
de puestos de trabajo-
La deuda
era un cáncer en 2001 y lo sigue siendo en el 2015.
La información oficial reconoce a septiembre del 2014 una
deuda pública de 209.000 millones de dólares, que según comentamos se
aumentaría luego de algún acuerdo con los hold-out y mucho más si
contabilizamos la deuda asumida por las provincias de la Argentina. La cifra
podría escalar en un 50% más. Vale diferenciar deuda externa por 147.000 millones
de dólares y deuda pública por 209.000 millones de dólares.
Muchos de esos acreedores que demandan cancelar deuda a la
Argentina compraron los bonos por una miseria, en tiempos de default y escasa
credibilidad en la capacidad y posibilidad de pago por parte de Argentina. Es
una situación que cambió desde que el país se transformó en un riguroso pagador
de deuda, que como se reconoce desde el gobierno, en estos años transitados
desde el 2003 se cancelaron más de 190.000 millones de dólares bajo la política
de desendeudamiento.
En ese marco, de un país cumplidor con los vencimientos, los
fondos especulativos apostaron fuerte a la recuperación de la capacidad de pago
de la Argentina y demandaron al país ante la justicia estadounidense, tal como
estaba previsto en la emisión de esos títulos.
Por eso, por ser fondos que especularon con la mejora de la
situación argentina se los denominó “fondos buitres”, aves de rapiña que atacan
a un deudor con problemas de pago hasta la recuperación.
La Argentina llevó en crítica la situación a los ámbitos
mundiales recibiendo la máxima solidaridad e incluso un trámite favorable en
Naciones Unidas para legislar sobre temas similares relativo a deudas soberanas
a futuro.
El caso, de seguir el trámite y aprobarse algún mecanismo
favorable a los países deudores, servirá eventualmente para evitar ataques
especulativos sobre deudas soberanas de otros países, aunque no para la
situación argentina actual, demandada como está por los fondos buitres en la
Justicia de EEUU. Las disposiciones de la ONU tendrán vigencia a futuro y sin
efecto retroactivo.
Una parte de esos acreedores (hold-out), demandaron a la
Argentina en los tribunales de Nueva York por unos 1.300 millones de dólares. En
el Juzgado neoyorkino de Thomas Griesa lograron durante el 2014 una sentencia
favorable ratificada en instancias judiciales superiores que obliga a la
Argentina a cancelar en efectivo el 100% de la deuda más intereses, lo que
alcanza al día de hoy a más de 1.600 millones de dólares. La Argentina ofreció
a esos acreedores las mismas condiciones que al 92,4% ingresado a los canjes
del 2005 y 2010, un monto que está por debajo de la sentencia judicial lograda
en Nueva York, por lo que los acreedores no aceptaron.
A partir de esa situación se generó un default técnico de la Argentina,
no solo por no cancelar el juicio en EEUU, sino porque ya no se puede acreditar
en la cuenta en EEUU de los acreedores ingresados a los canjes de deuda bajo
legislación estadounidense. Es que existe la posibilidad de embargo de esos
fondos. Así, hay 539 millones de dólares inmovilizados en el Banco Mellon de
Nueva York, depositados desde junio del 2014 y se habilitó por ley del Congreso
argentino el cambio de domicilio de pago, previo canje de bonos, hacia una
cuenta en el Banco de la Nación en Buenos Aires. No hubo adherentes a esta
posibilidad y el gobierno depositó esos fondos desde septiembre pasado, los que
están inmovilizados en una cuenta especial en el BCRA.
Los siguientes pagos siguen inmovilizados en esa cuenta. Argentina
quiere pagar y el probable embargo externo impide que los acreedores ingresados
a los canjes de duda acrediten en sus cuentas fondos que el país destina con
ese fin, haciendo más compleja aun la situación de la deuda. Un gran embrollo
que resulta en fondos inmovilizados para cancelar deuda que podrían ser utilizados
con otros destinos de política económica y social.
Lo que
puede suceder y un camino alternativo
La negociación con los fondos buitres casi no existió en este
tiempo, por lo menos públicamente, y la Argentina fue declarada en default
técnico limitado y se mantiene penalizada en el sistema financiero
internacional, quien presiona para un arreglo con esos hold-outs o fondos
buitres.
Entre otras razones para no mejorar la oferta de pago, desde
el gobierno argentino se esgrimía la vigencia de la cláusula RUFO, con efecto
hasta fines del 2014 y que exigía pagar a los ingresados en los canjes del 2005
y 2010 los mejores pagos que se hicieran a cualquier acreedor de aquella deuda
en cesación de pagos del 2001. Ya no existe la famosa cláusula y se habilita la
posibilidad de nuevas negociaciones con los acreedores de la sentencia Griesa,
lo que puede ser extensivo al conjunto de los acreedores que no ingresaron a
ninguno de los canjes de deuda.
Insistamos que están en juego 1.600 millones de dólares con
la deuda con sentencia y unos 20.000 millones de dólares con el conjunto de tenedores
de títulos en default.
Un primer interrogante es si durante el 2015 la Argentina
accederá a negociar con esos fondos buitres y bajo qué condiciones se logrará
el acuerdo. Si no negocia y/o no acuerda, el problema se transfiere al nuevo
gobierno que asuma en diciembre del 2015. Otro interrogante remite a las
fuentes de financiamiento externo de la Argentina en un año donde deben
cancelarse 12.000 millones de dólares, la mitad en BODEN 2015, un bono del
canje de deuda que tiene vencimiento en octubre del presente año. El último y
reciente intento para conseguir un canje de deuda por 3.000 millones de
dólares, alargando los plazos de vencimiento de octubre del 2015 a octubre del
2024, con mejores condiciones para los acreedores, no obtuvo propuestas suficientes
y evidencia los límites de reinserción de la Argentina en el mercado mundial de
préstamos.
En ese sentido, China facilitó la ejecución de tres tramos,
por 814 millones, 500 millones y 1.000 millones, de su operación swap contraída
con la Argentina por un total posible de 11.000 millones de dólares, en rigor,
en yuanes, la moneda de China. Así, la Argentina se hizo de yuanes equivalentes
por 2.314 millones de dólares y utilizar fondos de reservas internacionales
para cumplir con los compromisos derivados de la deuda y finalizar el año con
más de 31.000 millones de dólares de reservas internacionales. Es un horizonte
posible la continuidad de asumir nueva deuda con China y postergar una nueva
explosión de la crisis de la desuda pública de la Argentina
Otra posibilidad es la suspensión de los pagos y la realización
de una auditoría de la deuda, como se establece en la legislación de septiembre
pasado.
La asamblea popular integrada por un conjunto diverso de
organizaciones sociales y políticas que impulsan una campaña por la suspensión
de los pagos, la realización de una auditoría de la deuda y en defensa de la
soberanía de los bienes comunes, se dirigieron a todos los parlamentarios
nacionales para consultarlos sobre los avances realizados en la conformación de
la Comisión de Auditoría. Aclaran en un comunicado que nada esperan de los congresistas
y si de la población para instalar un gran movimiento popular que exija una
política alternativa en materia de deuda, para terminar con el cáncer de la
deuda.
Por todo ello es que madura la idea de una Conferencia
Internacional por la suspensión de los pagos de la deuda en Argentina, en abril
del 2015, a 15 años del fallecimiento de Alejandro Olmos, quien llevó a juicio
a los responsables del endeudamiento externo en tiempos de la dictadura
genocida, el inicio ilegitimo del endeudamiento actual.
Esa Conferencia Internacional puede ser un ámbito en donde se
publicite la situación de Argentina, Grecia o España y de todos los pueblos del
mundo chantajeados por el cáncer de la deuda pública y el ajuste que demandan
las clases dominantes de un capitalismo en crisis.
Buenos
Aires, 2 de enero de 2015
