Crisis del Capital (2007/2013)

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Ajuste del salario mínimo

En dos cuotas se actualizará el salario mínimo según dispuso el Consejo del Salario Mínimo, el Empleo y la Productividad. Un 14% en agosto y otro 11% desde enero del próximo año, por lo que el acumulado hacia comienzos del 2014 expresa el 25,2% publicitado como ajuste. Los precios se actualizarán durante todo el año, más o menos en esos valores, y quienes perciban el mínimo, lo harán luego de actualizados los precios. Los ingresos de los trabajadores corren desde atrás a los precios.
En valores absolutos, de los $2.875 actuales, el ajuste llevará el salario mínimo a $3.600 en enero del 2014.  Tanto la CTA como la CGT solicitaban un salario mínimo de $5.180 por mes, claro que ambas estuvieron excluidas de los debates, a los que solo se invitó a las fracciones sindicales afines al gobierno. Este monto resulta de un porcentaje de la canasta mínima de bienes y servicios que se calcula en torno a los $8.600 mensuales, muy lejos de la línea de pobreza o de indigencia que mide el INDEC.
Hace poco difundimos un informe de la Fisyp con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con información al segundo trimestre del 2012, es decir, referencias de hace un año, las que no se han modificado sustancialmente. De allí surge que:
·         para 8.258.207 trabajadores en relación de dependencia en la Argentina, es decir, asalariados registrados y no registrados, se observa que el 38,2%, con salarios menores a $2.500 mensuales, unos 3.154.635 trabajadores perciben un ingreso promedio del orden de los $1.467 al mes, que completan con otros $153 de actividades secundarias, totalizando un ingreso mensual de $1.620. Son valores menores al salario mínimo vigente hasta el presente, sin considerar la reciente actualización;
·         el 12,9% de los trabajadores percibía salarios entre $2.500 y $3.000 al mes, son 1.065.309 trabajadores y obtienen un ingreso promedio de $2.912 mensuales, al que adicionan $146 por ocupaciones secundarias, sumando $3.058 al mes.
·         Sumando ambas categorías, las de menores ingresos, se encuentra el 51,1% de los trabajadores, unos 4.219.944 trabajadores, con ingreso promedio menor a $3.000, valor inferior al nuevo monto de salario mínimo.
·         La información reseña que aquellos trabajadores que perciben ingresos mensuales entre $3.000 y $4.500 son el 24,7% del total, unos 2.039.777 de personas, con ingresos promedio al mes por $3.834, a lo que suman por actividades secundarias unos $215 por mes, totalizando unos $4.049 cada mes.
·         Finalmente, los que ingresan en promedio al mes más de $4.500 representan el 24,2%, y son 1.998.486 trabajadores con ingresos promedio de $7.048, y al que adicionan por actividades secundarias unos $274 en promedio al mes, sumando por ambos conceptos unos $7.322.
Insistamos que son datos de hace un año y que cualquier actualización que se haga, no modifica sustancialmente la referencia al deterioro del ingreso de los trabajadores, más allá de cualquier actualización o cálculo que se pretenda.
Una cuestión a insistir es que nuevamente se ningunean consideraciones o debates sobre las otras cuestiones para lo que fue creado el Consejo del Salario, es decir, el “empleo y la productividad”. La novedad provino de la eximición del pago de ganancias al medio aguinaldo dispuesto por el poder ejecutivo, ya que excede las funciones del Consejo.
Respecto del empleo, el trabajo informal, un 32%, no perfora el piso de un tercio de los trabajadores en esa situación de precariedad y el desempleo se mantiene en valores altos del 7,9%. El trabajo informal convive con la precariedad en el empleo, la subocupación y la sobreocupación, todas formas de expresión de la súper explotación de la fuerza de trabajo. Respecto de la productividad, en términos generales ha sido apropiado como ingreso de los empresarios más concentrados. En ese sentido se puede afirmar que las mejoras de productividad no se socializan.
El salario mínimo es una referencia que debiera establecerse antes de la realización de las negociaciones colectivas por salario y condiciones de trabajo, aunque en la práctica se materializan a posteriori. Siendo un valor de referencia, resulta útil compararlo con la capacidad de compra del salario, algo complejo por la falta de credibilidad de las estadísticas de evolución de los precios al consumidor que mide el INDEC. En el mediano plazo, el valor de referencia del salario mínimo creció por encima de los indicadores del INDEC, y a la par del promedio inflacionario determinado por las pocas provincias que mantienen los registros de medición de precios, diferenciándose del INDEC. Más difícil resulta evaluar el impacto real en la capacidad de compra derivada del consumo cotidiano.
Vamos a insistir que en los ajustes, más allá de su magnitud son bien recibidos por los perceptores, algo que vale para los anuncios del salario mínimo o los ajustes previsionales. Sin embargo, la sensación de esos perceptores es que los precios de los bienes y servicios de consumo cotidiano se les escapan, en aquella alusión histórica de que “los salarios suben por las escaleras y los precios por el ascensor”. La evolución del precio de la fuerza de trabajo corre por detrás de un conjunto de precios que hacen al consumo cotidiano del trabajador y su familia. Es una cuestión económica, sí, pero sobre todo política, de quien define la apropiación del producto social del trabajo. No es solo una cuestión de salario mínimo, sino del mínimo de ingreso para satisfacer las necesidades en nuestro tiempo presente. Como siempre, se trata de Economía y Política.

26 de julio de 2013

Japón en la disputa de Nuestramérica

(escrito a solicitud de Tiempo Argentino)

La crisis capitalista desatada desde el 2007 encontró a Japón en desventaja a otros competidores globales, especialmente en la inserción regional en Nuestramérica. Mientras Japón transitaba una larga recesión, China  logró colocarse como gran socio asiático en la región, afectando la inserción japonesa, incluso el predominio histórico de Europa y EEUU.
Desde fines del 2012, el gobierno japonés copió la estrategia de la Reserva Federal de EEUU relativa a la emisión y estimulación del gasto para el salvataje de empresas y bancos en problemas. Esa masa de moneda lanzada al mercado  y las bajas tasas de interés en el capitalismo desarrollado favoreció la búsqueda de mercados y rentabilidad en el mundo, con especial interés en levantar la baja de inserción en Latinoamérica. Se trata de comercio e inversiones, principalmente en recursos naturales. Japón es importador importante de los países asentados en el Pacífico, especialmente Chile, México y Perú, y existe interés en diversificar sus vínculos vía comercio e inversiones con Sudamérica, y con énfasis en Brasil y Argentina.
El problema para Sudamérica pasa por evitar la primarización inducida por Japón vía convenios multilaterales con los países del área del Pacífico, lo que supone discutir el lugar asignado a Latinoamérica como proveedores de materias primas y recursos naturales según la división internacional imperialista del trabajo. Existen intereses del capitalismo japonés y la incógnita pasa por el desarrollo de relaciones externas que se sustenten en un modelo productivo y de desarrollo sostenido desde la soberanía nacional y la integración regional para satisfacer necesidades de los pueblos de Nuestramérica.


Buenos Aires, 15 de julio de 2013

Distribución del ingreso y la riqueza en Nuestramérica

(escrito para Tiempo Argentino, publicado el Domingo 21/7/2013)

No se puede considerar la “distribución” sin procesar el modelo productivo y en consecuencia el de desarrollo.
Con Marx aprendimos desde 1857 en su célebre “Introducción....” que “Una producción determina, pues, un consumo, una distribución, un intercambio determinado, y rige igualmente las relaciones recíprocas determinadas de esos distintos momentos.” Al tiempo que considera que “son todos elementos de una totalidad”, el capitalismo.
Desde esa síntesis es que vale preguntarse qué se produce y quién define esa producción en Nuestramérica para pensar en términos de patrón de consumo, o de distribución del ingreso o de la riqueza. La respuesta nos devuelve el papel hegemónico de las transnacionales de origen europeo, estadounidense, asiáticas, o las mismas translatinas, y claro, la subsunción de la naturaleza y la fuerza de trabajo en la región a la demanda del régimen del capital más concentrado en el mundo.
La concentración de la riqueza está confirmada en la apropiación de la producción social (distribución) de una minoría de capitales externos a la región, confirmando la dependencia comercial, tecnológica, financiera, productiva, y que incluye a la élite local entre los principales millonarios del planeta, sea el mexicano Carlos Slim, el brasileño Jorge Paulo Lemann, la chilena Iris Fontbona del Grupo Luksic, Luis Carlos Sarmiento de Colombia, estos entre los 10 primeros de América Latina. En Argentina los hermanos Bulgheroni, puesto 219 en el ranking mundial de Forbes que incluye también a  Eduardo Eurnekian, María Inés de la Fuente Lacroze, Gregorio Pérez Companc, y Alberto Roemmers entre los 1.000 multi millonarios globales.
Claro que la inserción subordinada de la región en la producción y exportación de recursos naturales como petróleo, gas, cobre, litio, minerales diversos, agua, tierra, alimentos, biodiversidad, precios internacionales mediante genera importantes recursos fiscales canalizados vía programas sociales para facilitar inclusión y los consensos a los gobiernos según la CEPAL. Es cierto que existen diferencias en las políticas sociales según la orientación de los gobiernos, pero aún no afectan la esencia del régimen del capital.

16 de julio de 2013

Acuerdo entre YPF y CHEVRON

Sucedió lo que veníamos anunciando desde la expropiación parcial de YPF, situación ésta que oportunamente saludamos, pero en la que advertíamos se parecía privilegiar una asociación para la dependencia con la Chevron.
La expropiación parecía a medida de la petrolera estadounidense, la que fundó Rockefeller, y que ahora es demandada por familias indígenas del Ecuador por 19.000 millones de dólares. Denuncia motivada en la depredación de la naturaleza y la afectación de 30.000 personas en la Amazonía ecuatoriana, por explotación de hidrocarburos de la Texaco (comprada por la Chevron) entre 1965 y 1990.
Fue sospechoso que EEUU no criticara la expropiación de YPF, y ya se conocía el interés de Washington por frenar cualquier intento de compra de YPF-Repsol por petroleras chinas. Es que el petróleo es un insumo estratégico en cualquier parte del mundo, pero especialmente en EEUU, donde se provocó la primera crisis petrolera, energética, a comienzos de los 70´ y desatara la búsqueda de provisión petrolera a cualquier costo, económico, social y natural. Es conocida la evolución posterior de la sociedad mundial para asegurar la provisión de hidrocarburos al mayor consumidor mundial: militarización, invasiones territoriales y afectación de las soberanías de los países y pueblos del mundo, de Afganistán a Irak, pasando por Libia y las eternas amenazas a Venezuela, para pensar solo en el último tiempo. Todo ello es coherente con el estadounidense criminal accionar sobre Cuba bloqueada. Si miramos hacia atrás encontramos el conflicto del medio oriente que según comentarios generalizados olía a petróleo.
Crisis energética y petrolera
La energía mundial tiene base en los fósiles. Es muy lento el avance de fuentes alternativas de energía, y claro, las petroleras tienen sus intereses en que esto no avance. Aun con 90% de las reservas petroleras en manos de los Estados nacionales, las grandes y monopólicas petroleras manejan la tecnología y se aseguran un negocio multimillonario, pese al cenit alcanzado de reservas internacionales. Eso mueve al alza los precios, con una demanda que no para y una oferta en franca disminución. Claro que esa ecuación de precios favorece la extensión de la exploración y explotación, tal como demostraron las producciones extra territoriales y ahora la experimentación sobre los no convencionales, gas y petróleo atrapado en rocas ubicadas en el subsuelo, a más de 1.000 y 4.000 metros de profundidad.
El productivismo siempre piensa que la ciencia todo lo resuelve y así ensayan con nuevos materiales y tecnología, no siempre calculando el costo humano y sobre la naturaleza. Es común escuchar en estas horas, en defensa de la mega minería a cielo abierto y de las petroleras, que toda industria contamina, y que es lógico que la industrialización (para el bienestar del consumismo) genere “cierta” contaminación, y agregan, a corregir. Por ello se justifican multas a todas las petroleras, porque es imposible avanzar en la producción sin costo contaminante. Recuerdo hacia 1992 el texto de John Galbraith “La cultura de la satisfacción” que explica como los magnates de la producción global solo están interesados en el devenir del bienestar de tres de sus propias generaciones, incluyendo a hijos y nietos, desinteresándose del futuro de la humanidad y la naturaleza. Solo les interesan sus ganancias, la acumulación y su reproducción para la dominación y eternización del capitalismo.
Es Japón un país con tradición de cuidado en el uso de la tecnología nuclear, ya que sus antecedentes fueron Hiroshima y Nagasaki. Por ello es que asumieron tantas medidas de seguridad sobre los emprendimientos nucleares. Sin embargo y pese a ello, esa previsión fue superada por Fukushima en marzo del 2011, con explosiones y consecuencias de radiación sobre el ambiente y la población. Es un ejemplo de que no alcanzan las medidas de seguridad y que no resulta conveniente ensayar tecnologías sospechadas sobre nuestras poblaciones y territorios. Vale la mención nuclear para este caso sobre hidrocarburos no convencionales, donde la tecnología es la de la fractura hidráulica o fracking, utilizada para explotar la roca en el subsuelo mediante la inyección de toneladas de agua y arena combinada con un cóctel de tóxicos que incluyen de 200 a 400 componentes químicos para favorecer el accionar sobre las rocas que contienen el gas y el petróleo no convencional, shale-gas y oil-gas.
Vale consignar que existen estados estadounidenses que suspendieron el uso de esa tecnología mediante una moratoria. En Europa estudian su regulación, y está prohibido en Francia y Bulgaria, con restricciones en algunos otros países, y ya existen algunos municipios argentinos que declararon sus territorios libres de fracking, en Río Negro, Mendoza y Entre Ríos. En la medida en que se extienda el esclarecimiento sobre las consecuencias de la aplicación del fracking, es factible que la protesta se extienda. Muchos opositores solo critican la forma, que sea un decreto y no una ley; que no se haya consultado previamente a los poderes neuquinos, pero muy pocos manifiestan la agresión a la población y a los recursos naturales o bienes comunitarios (o comunes). Por otra parte, no olvidemos que la movilización del pueblo del Famatina y la solidaridad nacional lograda frenaron el emprendimiento de la Osisko Mining Corporation, contrato cancelado a comienzos de Julio del 2013 y que tenía vigencia otorgada por la Provincia de La Rioja desde el 2011. No es menor detalle consignar que la movilización popular definió la no realización del emprendimiento minero a cielo abierto. Ahora cuando todos esperan el pronunciamiento del gobierno y legislatura neuquina, propietario constitucional de los yacimientos, poco se considera la protesta social, del pueblo mapuche y movimientos sociales y políticos que se oponen al acuerdo entre YPF y Chevron respaldado en un decreto del Poder Ejecutivo.
El tema es la crisis energética, y eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué hay crisis de la energía en el mundo? ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la misma? Muy pocos se atreven a discutir el modelo productivo que dilapida en aras del consumismo las reservas de hidrocarburos. En efecto, el productivismo y la obsolescencia programada hacen inservibles prematuramente cuantiosos valores de uso. El objetivo es la recreación constante del mercado capitalista, que subordina los valores de uso a su contrario, los valores de cambio. Los hidrocarburos son recursos agotables y el patrón de consumo es depredador y motivado en el tipo de producción a escala global que se reproduce en todos los territorios. En nuestro país, sea la producción agraria, minera, extractiva en general, o la industria y los servicios promueven el uso intensivo de la energía fósil contribuyendo a la crisis local y global. Un dato adicional relevante es el deterioro de la capacidad de autoabastecimiento de combustible del país, con importaciones de 9.300 millones de dólares en 2011, aumentadas a 10.200 millones en 2012 y con previsión de incrementarse un 30% para este 2013. Es que el modelo privatizador de los 90´ destruyó la posibilidad de una gestión soberana de la exploración y explotación de hidrocarburos.
¿Qué se puede esperar de la política que subyace al acuerdo YPF-Chevron?
Está provocando mucha discusión, y desde el gobierno se sostienen argumentos favorables a la explotación desde la intervención de la petrolera de gestión estatal. Rápidamente viene a cuento la negociación del Gobierno de Perón en 1955 con la California, sucursal de la Stándar Oil, antecesora de la Chevron. O los acuerdos bajo el gobierno de Frondizi. En el 55 había contradicción con la Constitución del 49 e incluso diputados oficialistas como John William Cooke se manifestaron en contra, según recuerda Galasso. En el 58 se iba a contramano de las concepciones previas en “Petróleo y Política” y sus posicionamientos contra los contratos del 55. En ambos casos se fue a contramano de la retórica previa. ¿Es asimilable a la actualidad? Sin duda, la subordinación al modelo productivo y de desarrollo capitalista supone la adecuación a los parámetros que define la acumulación capitalista en este tiempo histórico. Ello significa producir en base a fósiles y con la tecnología de época en manos de las corporaciones transnacionales, por caso la Chevron o los que asuman la oportunidad de negocio que ofrece el decreto del poder ejecutivo para la promoción de los hidrocarburos. Además, se vuelve a reiterar la subordinación a tribunales externos ante litigios o controversias. Las empresas podrán demandar fuera de la Argentina. Ya sabemos lo que ello significa, ante 58 tratados bilaterales de defensa de las inversiones externas (tbi) vigentes en el país.
Vale mencionar que en variadas ocasiones hemos insistido en que Argentina necesita denunciar esos tbi, tanto como retirarse del CIADI, ámbito al que acuden las empresas en contra de los Estados y en el marco del Banco Mundial. Con el acuerdo con Chevron y los que pueda venir se fortalece la institucionalidad de los 90 (los tbi) y se potencia la dependencia petrolera y tecnológica, todo por atraer inversiones externas. En este caso unos 1.240 millones de dólares, pero se anticipa que esa cuencia requiere inversiones por 16.000 millones de dólares y en general para los próximos años el plan de inversiones de YPF es de 37.500 millones de dólares. Chevron es el comienzo de una asociación subordinada al capital petrolero extranjero.
Otra cuestión destacable del acuerdo es la posibilidad de exportar luego de 5 años, y no liquidar en el país el 20% de la producción, siempre y cuando haya abastecimiento, y de no haberlo se compensará a la empresa con referencia al precio internacional, que nadie imagina con tendencia a la baja, especialmente por lo ya comentado del cenit de reservas y la creciente demanda petrolera y gasífera. Como se puede apreciar, las restricciones para hacerse de divisas no corren para las petroleras inversoras según el nuevo régimen de promoción.
¿Se puede hacer algo distinto?
Claro que sí, pero supone salir de la lógica del modelo productivo de inserción subordinada y la promoción de una estrategia compartida con países vecinos para encarar un trabajo de mediano y largo plazo para reorientar la producción, no solo energética, sobre la base de resolver en la región, y si se puede en el mundo, con criterio de soberanía alimentaria, energética y financiera.
Cuando el movimiento del “pase libre” sostuvo la gratuidad del transporte en Brasil, la respuesta fue que era una demanda utópica, que incluso el boleto de transporte debía aumentarse. Millones movilizados tiraron a la basura el incremento del ticket de transporte y hoy existen ciudades que asumieron el transporte público gratuito. ¿Es posible des-mercantilizar el transporte? Antes de las movilizaciones de junio pasado en Brasil parecía un hecho imposible. La realidad demuestra que es posible. La movilización pudo contra el aumento del transporte en el país vecino e incluso en la gratuidad, del mismo modo que ocurrió con el Famatina o contra la Meridien Gold en Esquel luego de un avasallador “NO a la mina” en la consulta popular del 2003.
Como siempre es una cuestión de voluntad popular. ¿Qué quiere el pueblo argentino? Solo la política puede responder el interrogante. Muy pocos legisladores se pronuncian por la cuestión de fondo, algunos desde hace años, con éxito relativo. El pueblo mapuche salió a la calle. Hace años que los pueblos fumigados luchan contra el modelo sojero y no siempre se los escucha. Las asambleas contra la mega minería protestan y han logrado ciertos éxitos, pero no toda la población asume el legado y el programa. La lucha contra el fracking recién comienza. Los trabajadores de la energía, caso de la FeTERA en la CTA, y organizaciones sociales y culturales como el MORENO y/o el Observatorio Petrolero Sur, entre otros, demandan por la soberanía energética, contra el modelo productivo, la dependencia tecnológica y especialmente el fracking. La CTA está en una campaña en defensa de los bienes comunes, que puede extenderse más allá del país, máxime cuando YPF pretende extender la asociación con las transnacionales para explorar y explotar hidrocarburos no convencionales en Bolivia y Uruguay. Movilización y articulación popular existe, y es aun insuficiente.
Es una cuestión de argumentos, de ideas que deben poblar la discusión de fondo. No alcanza con la crítica metodológica, se requiere ir al fondo, que para nosotros es el modelo productivo y de desarrollo del capitalismo contemporáneo, en la Argentina y en el mundo.

Buenos Aires, 19 de julio de 2013