Incertidumbre en la economía mundial

Resulta preocupante confirmar la información provista en la actualización de las perspectivas económicas para el 2021 que presenta en su reunión anual de octubre el FMI. La tendencia descripta para octubre es menos optimista que la medición anterior en julio 2021 y se verifican las divergencias entre los países más avanzados del capitalismo mundial y el resto, especialmente los más empobrecidos. El problema es la continuidad de la pandemia y la inequitativa distribución de las vacunas entre la población mundial. Por eso, comentando el informe, la Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional , destaca que: “La peligrosa divergencia de las perspectivas económicas de los países sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0,9% en 2024. En cambio, se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China) se mantenga en 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones pre pandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida.” No debe sorprender el abismo agigantado entre los países de mayor desarrollo relativo y el resto, incluso, siendo un fenómeno que se traslada al interior de los propios países, ya que en los países más empobrecidos existe una cúpula de poder que repite la inequidad en la distribución del ingreso y de la apropiación concentrada del patrimonio y la renta. Es la regla del orden capitalista que reproduce localmente la dinámica que devuelve el Informe del FMI. Agrega la economista del FMI: “Mientras que casi el 60% de la población de las economías avanzadas ya está completamente vacunada, e incluso se están administrando dosis de refuerzo, aproximadamente el 96% de la población de los países de bajo ingreso sigue sin vacunar.” Por eso y hablando de la concentración económica entre las transnacionales farmacéuticas, sus ganancias y procesos de valorización, al tiempo que discute las “soluciones” actuales de la crisis económica y sanitaria, Pasqualina Curcio señala: “La verdadera solución a la pandemia no pasa por gotear caridad, sino por intervenir sobre la causa de la desigualdad en el acceso a las vacunas, nos referimos a eliminar el monopolio del complejo médico farmacéutico lo que, a su vez, pasa por levantar uno de los mecanismos más inhumanos que inventó el capitalismo para legalizar y legitimar la mayor concentración de capitales y con ésta dichos monopolios/poderes privados: los derechos de propiedad intelectual y las patentes.” En la apropiación privada del excedente económico es que debe mirarse la situación de inequidad de la economía mundial actual y no tanto en el volumen de recuperación del PBI, ya que aun creciendo al 5,9%, como indica el FMI, más que la caída del -3,1% del 2020, ese mayor volumen de producción no solo no mejora, sino que empeora las condiciones de vida de la población mundial. Además, al tiempo que se posterga la recuperación global para el futuro, de manera muy especial se llama la atención sobre el “cambio climático”, como si este no tuviera nada que ver con el orden económico social capitalista. La explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes son la causa del empobrecimiento de buena parte de la sociedad y del efecto invernadero que destruye el hábitat. Difícil leer conclusiones similares en los organismos internacionales o en las consideraciones que llevan adelante los gobiernos de los principales países del orden capitalista. En ese sentido se puede asumir el conjunto de problemas que identifica el FMI en el marco de la crisis económica y sanitaria, concentrados en: a) problemas del desempleo, b) el cambio climático, c) la inflación y con ella la inseguridad alimentaria, d) el crecimiento de la deuda y e) problemas de educación de la población. ¿Cómo encarar esos problemas sin confrontar con las causas esenciales derivadas de la explotación y el saqueo? Imposible responder desde la lógica del régimen del capital, que continúa apuntando a reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias. Incluso de aquellos que imaginan que se pueden construir “reformas progresivas”, del estilo restrictivos a la evasión y elusión fiscal, a la economía especulativa y múltiples formas que asume la valorización asociada al delito económico. Hace medio siglo, James Tobin proponía un mínimo impuesto para gravar la compra venta de divisas y frenar la especulación. La idea la asumió una red global de lucha contra la globalización capitalista, ATTAC y el mismo nobel de Economía rechazó que su idea sea asumida por un movimiento popular global. La “tax Tobin” nunca se aplicó, como tampoco las resoluciones del G20 de noviembre del 2008 cuando proponía desarmar los paraísos fiscales, que hoy no solo se extienden en pequeñas islas estados, sino que son propagados in extenso en Dakota del Sur, en Delaware, Florida, Nevada o Texas. Son forma extendida de expansión de la renta, forma transfigurada del plusvalor para sustentar la acumulación capitalista. Algo similar podríamos decir de las propuestas para establecer tributos globales a las grandes transnacionales, sin perjuicio del control de gestión sobre el destino de esa eventual recaudación. Hoy 12 de octubre, recuperando el repudio al genocidio gestado con la conquista, debemos afirmar que, si el problema devino de la inclusión de la región en el orden económico emergente hacia 1492, inspirado en la mercantilización y la explotación. A más de quinientos años, las soluciones no pueden provenir de reiterar el mecanismo de la explotación y el saqueo, ni de morigerarlo, contenerlo o reformarlo. Lo que se necesita es otro orden económico y social, construyendo las transiciones necesarias para hacer realidad la continuidad de la vida social y natural. Buenos Aires, 12 de octubre de 2021

Especulación y globalización financiera del capital

No sorprende la nueva denuncia de investigación periodística sobre la evasión, el lavado de dinero y el delito financiero explicitado en “paraísos fiscales” . Estos paraísos fueron mencionados en cuantiosos documentos a propósito de “soluciones” nunca implementadas en las crisis 2008. En los documentos de los organismos internacionales, especialmente del G20, a la cabeza de los reclamos aparecía la necesidad de limitar y controlar los paraísos fiscales, en tanto espacios visibles de la especulación financiera mundial. Solo fueron palabras, sin ninguna posibilidad de hacerse efectivas, ya que la libre circulación internacional de capitales y el resguardo de la fiscalidad estatal es parte esencial de la lógica mundial del capital desde hace medio siglo. En rigor, responde a la lógica de la liberalización y la libre circulación y movilización de los capitales internacionales. Más aún como mecanismo de escape a las tendencias recurrentes de la crisis mundial capitalista. Una crisis que se manifiesta en las dificultades para la valorización productiva del capital y, por ende, lleva a la disputa por la apropiación de la renta generada socialmente mediante mecanismos especulativos, lo que explica la tendencia a la creciente desigualdad, tal como se explica en diversos medios, entre otros y recientemente por el Credit Suisse. Pero también y tal como señala la Directora Gerente del FMI, que junto a la suba de los ´precios de los alimentos y de la energía, destaca una expansión del 100% de la deuda, explicitada por los problemas de la pandemia y la recesión inducida . Queda claro que las transnacionales de la alimentación, de la biogenética, de la energía, especialmente las petroleras y el negocio bancario, entre otros, son los que inducen el mecanismo de apropiación privada del trabajo social, mediante la suba de los precios, la inflación, que retomó al escenario mundial, incrementando las inequidades del orden capitalista. Los paraísos fiscales constituyen ámbitos de concentración territorial de enjuagues contables de circulación mundial de dinero asociada al delito, la corrupción y el enriquecimiento concentrado en pocas manos, de quienes deciden en la sociedad capitalista contemporánea. Por eso es que aparecen políticos, empresarios y personalidades enriquecidas sobre la base de la expansión de negocios, donde lo legal y lo ilegal se conjugan para escamotear el fenómeno de la explotación y el saqueo de los bienes comunes a manos del poder concentrado del capital transnacional. Son visibles gobernantes, empresarios y personalidades de la cultura o del deporte, que eluden y evaden impuestos en los paraísos diseminados en todo el mundo, incluso en EEUU, caso del Estado de Delaware. La riqueza concentrada en el 1% más rico, que incluye a multimillonarios y a grandes corporaciones transnacionales, se escamotea con una pléyade numerosa, pero no masiva, de intermediarios que favorecen el “circo” de una élite enriquecida y que pueblan las investigaciones periodísticas. A no equivocarse, lo de fondo es el mecanismo de la explotación, disimulado con el escándalo de personajes de la farándula política, cultural o deportiva. La discusión es por personajes asociados a la corrupción, advenedizos de los Estados capitalistas y de una farándula espectacular, que omite los grandes negocios de la banca y de las trasnacionales que dominan la economía mundial, la producción y la circulación del capital global. En rigor, lo que indigna en el debate social es el origen de fondos, no solo evadidos al fisco, sino producto del delito, sea de la venta de armas o de drogas, de la trata de personas, o directamente del juego y la especulación financiera. Se trata del enjuague de una multiplicidad de operaciones por donde circula el plusvalor producto de la explotación. Por eso, de lo que no se habla es precisamente de la explotación de la fuerza de trabajo, que, a la luz de la distribución regresiva del ingreso, la apropiación disminuida de renta en salarios e ingresos populares para la mayoría de la población mundial, contrasta con la acumulación de ganancias, base del mecanismo de reproducción, vía inversión, de la lógica mundial del capital. La ocasión sirve para la denuncia de la inmoralidad del régimen de la propiedad privada de los medios de producción y la necesidad de avanzar en formas alternativas de organización de la producción y la circulación de bienes y servicios, sobre bases de cooperación y solidaridad, de derechos sociales y no de mercantilización y destrucción de la vida y la naturaleza. Buenos Aires, 5 de octubre de 2021

Ausencia de opciones alternativas

En estos días reflexioné sobre las recientes elecciones en Alemania y en Argentina . Un país líder en Europa y otro que retrocedió en su capacidad de influir regionalmente en las últimas décadas. Uno desarrollado que elegía nuevo gobierno, y otro dependiente en donde solo hubo una elección primaria. Pero, ¿porque me interesó la comparación y qué importancia tiene eso para la región latinoamericana y caribeña? Es que en ambos casos se puede considerar el desconcierto político entre las clases dominantes y entre los sectores subalternos. Desde la dominación del capitalismo se busca “estabilidad” política, en cada territorio y en el mundo, para asegurar la lógica de reproducción del orden socioeconómico. Es una estabilidad perdida desde la crisis del 2007/09, incluso antes, desde la complejidad del 2001 estadounidense. Se discute el rumbo de cada país y del mundo. La pugna se procesa entre una mayor liberalización de la economía, asumida por los sectores más conservadores y reaccionarios, y aquellos que buscan paliativos de reformas para contener el conflicto social, identificados como desarrollistas contemporáneos. En el plano teórico se identifican con variantes de la tradición liberal o keynesiana, remitiendo a diversas “tribus” con polémicas a su interior. Es algo que se ve ahora en la interna de los organismos internacionales. Los argumentos y debates sobre el rumbo es lo que se juega en Alemania o Argentina, y si se quiere en Europa o Latinoamérica y el Caribe, en un marco de creciente preocupación por temas globales como el relativo al “cambio climático”. Es la dinámica de las luchas electorales contemporáneas e incluso y más aún del conflicto social que transitan los pueblos del mundo en sus luchas por reivindicaciones democráticas y revolucionarias. Construir alternativa Uno de los problemas que pretendo suscitar es la escasa visibilidad de un proyecto estratégico alternativo a sustentar por los sectores subalternos, en contra y más allá del capitalismo. La preocupación es que la agenda “visible” tiene el límite de la reproducción capitalista y como mucho, solo puede existir espacio para la redistribución de una riqueza que acrecienta la destrucción del planeta. El orden capitalista se asienta en la creciente mercantilización de base monetaria, condenando a millones de personas a la marginalidad y la sobrevivencia en condiciones paupérrimas, por lo que resulta necesario instalar una agenda pública de debate político para consensos mayoritarios por la des-mercantilización y la solidaridad en la producción y reproducción de la vida. Las elecciones comentadas y otras recientes, incluso próximas, se limitan al debate sobre quien gobierna el capitalismo, sin poner en juego la posibilidad de un rumbo alternativo, transformador, revolucionario, con base en la defensa de la humanidad y la naturaleza. En juego está el orden social en su conjunto, las relaciones socioeconómicas y la posibilidad de pensar una reorganización de la producción y la circulación, es decir, todas las funciones del orden económico, incluidos el intercambio, la distribución y el consumo. ¿Qué producir y consumir? ¿Cómo intercambiar y distribuir? Son interrogantes esenciales de un debate poco instalado en la conciencia social mayoritaria de la sociedad contemporánea. La experiencia por el socialismo necesita ser estudiada y balanceada para considerar la potencia de una perspectiva no capitalista. Vuelvo a las elecciones alemanas y argentinas. En ambos se procesaron castigos a los gobiernos, aun cuando la prensa hegemónica valora altamente la gestión Merkel, gobernante por 16 años, algo que se critica para gobiernos de nuestro Sur con menos tiempo en el gobierno. Fueron socialdemócratas los que desplazaron a la coalición gobernante en Alemania como primera minoría, ahora en búsqueda de acuerdos políticos para gobernar. En Argentina fue la derecha la que se posiciona como primera minoría para inducir un ajuste que condiciona el FMI. No alcanza con los “castigos electorales” Los castigos electorales no suponen definición por rumbos alternativos al capitalismo. Ello implica una ausencia en el imaginario social que lleva por lo menos tres décadas, con el derrumbe de la bipolaridad global acaecida hacia los noventa del Siglo XX. Se trata de un tema grave por la amenaza contra la sociedad y la naturaleza del modelo productivo y de desarrollo capitalista. Los estudiosos del impacto ambiental miden los plazos de remediación en pocas décadas y la respuesta es sociopolítica, la que no puede quedar en manos de quienes solo ven un salto adelante vía liberalización, pero tampoco de quienes imaginan la ilusión de una morigeración pactada bajo la lógica de la valorización capitalista. En los pueblos está la posibilidad de gestar rupturas que habiliten un nuevo tiempo para la reproducción de la vida social y natural. Buenos Aires, 29 de septiembre de 2021

Los problemas globales en la agenda regional y mundial

En estos días se procesaron encuentros internacionales relevantes para el debate contemporáneo. Uno remite a la Asamblea General de Naciones Unidas, la ONU; y otra a la reunión de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños. Más allá del protocolo, la agenda de convocatoria y los debates, en ambos cónclaves se trataron los temas más urgentes de la sociedad contemporánea, tales como la emergencia sanitaria del Covid19 y el cambio climático, los que impactan regresivamente en la situación económico social de la población mundial, con más pobreza, desigualdad y concentración. En la inauguración de la Asamblea de la ONU, su titular señaló: “Estoy aquí para hacer sonar la alarma (…) Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado. O más dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida. La pandemia del COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes desigualdades. La crisis climática está golpeando el planeta.” Algo similar puede leerse en la Declaración final de la CELAC cuando se señala: “la Celac reitera el compromiso con la unidad e integración política, económica, social y cultural, y la decisión de continuar trabajando conjuntamente para hacer frente a la crisis sanitaria, social, económica y ambiental, ocasionada por la pandemia de Covid-19, el cambio climático, desastres naturales y la degradación de la biodiversidad del planeta, entre otros.” Queda claro que la preocupación central en el debate civilizatorio apunta a los desafíos derivados de problemas globales que son producto del modelo productivo y de desarrollo capitalista, con impactos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Vale enfatizar que el discurso diplomático jamás menciona al capitalismo como causa y razón de la situación. Lo que se está afectando es la vida humana y el metabolismo natural del planeta, por lo que se demandan soluciones inmediatas, las que deben empezar por asumir la gravedad de la situación del orden actual capitalista, como consecuencia de la explotación de la fuerza laboral y el saqueo de bienes comunes que deben trascender el tiempo vital de la población actual y asegurar la reproducción de la vida social y natural en el planeta. No alcanza con palabras y declaraciones Son interesantes los discursos, que se precisan y especifican en las agencias especializadas de la ONU y en otros organismos internacionales, caso de la CEPAL para la región. El problema es que los discursos no resultan efectivos ante la realidad de la organización económico social cotidiana subordinada a la lógica del capital, con base en las ganancias privadas y la acumulación en desmedro de beneficios sociales. No alcanza con el lenguaje diplomático de los organismos internacionales, que necesita ser desafiado por una dinámica de cambio social y político en los ámbitos nacional, regional y global. Por eso resulta auspicioso el retorno de los cónclaves de la CELAC, ahora bajo presidencia pro tempore de México. Aun cuando Brasil está afuera del esfuerzo articulador del diálogo político que expresa la CELAC, es importante que se retome un debate sobre las formas del dialogo político y diplomático regional, reconociendo las desavenencias de fuerte tono que suponen objetivos contradictorios en su seno. Esas contradicciones se sintieron en los cruces verbales entre representantes de gobiernos aliados a la política exterior estadounidense, casos de Paraguay y Uruguay, con países que como Cuba o Venezuela denuncian, con amplia solidaridad internacional, las sanciones estadounidenses. El fenómeno también aparece en la Asamblea de la ONU, por caso, con Colombia confrontando con Venezuela. Son confrontaciones que definen los rumbos y desafíos para la economía y la política global, amenazadas por problemas globales que acumula el orden capitalista y que no resuelve un orden gestado hace 75 años y con hegemonía estadounidense. Una hegemonía que impuso a la OEA, como el ámbito privilegiado de las relaciones interamericanas, por lo que no podía contener a Cuba con su proyecto socialista desde 1961 y por eso la expulsión. Los cambios políticos del Siglo XXI en la región trajeron la novedad de una nueva integración y con ello emergieron distintos ámbitos para su concreción, destacando la CELAC, surgida hace una década. La CELAC es un proyecto en disputa por la representación diplomática y política con la OEA. La diferencia entre la primera y la segunda es la autonomía de una o la subordinación de la otra respecto de la dominación de EEUU. En la cumbre de la CELAC, el presidente López Obrador sugiere que el vínculo con EEUU surja de una previa articulación regional, lo que lo hace extensivo al conjunto de las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. Dijo en el discurso inaugural de la Celac: “La CELAC, en estos tiempos, puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe, y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías…” Es discutible la posibilidad de cooperación que se sugiere en la ONU y en la CELAC con las potencias que ocupan un lugar central en el orden mundial contemporáneo y no solo EEUU, lo que exige, si, la urgente articulación e integración regional para afrontar con un proyecto colectivo los problemas globales de nuestro tiempo. Varias intervenciones pusieron el acento en la capacidad de producción de vacunas en la región, a la cabeza Cuba, que, pese a las limitaciones de un bloqueo criminal, alienta investigación y producción propia. En otro plano, la cooperación tecnológica y financiera de varios países en la región permite en asociación con laboratorios extranjeros producir y distribuir vacunas patentadas afuera de la región. Un rumbo alternativo se procesa en la lucha por la suspensión de las patentes y la cooperación en la investigación y producción desde la región. No hay posibilidad de encarar una estrategia en la región contra los problemas globales si no se encara un proceso de integración no subordinada, que promueva cambios en contra del modelo productivo y de desarrollo del capitalismo, lo que requiere más que palabras. Resulta interesante verificar coincidencias en foros y cónclaves internacionales, pero lo que se demanda, más que palabras, son acciones para frenar la destrucción del medio ambiente y el recurrente deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población en la región y en el mundo. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2021

El castigo fue la principal lectura sobre las PASO

El pasado 12 de septiembre se realizaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO, “legislativas”, correspondientes al medio tiempo del turno de gobierno (2019-2023). Se validaba o no la gestión gubernamental, de ahí muchas especulaciones previas sobre el rumbo futuro, ganadores y perdedores, en el oficialismo y en la oposición. Por eso interesa discernir quien gano o perdió en todo el espectro de la política local, y muy especialmente pensar el porvenir. El primer dato importante a destacar es la importancia de la voluntad social para definir la aprobación o rechazo, en general, sobre el rumbo del país y se destaca la mayor abstención registrada en un proceso electoral. Lo principal ocurrido es la pérdida de más de 5 millones de votos del oficialismo, por diversas motivaciones: la economía, la gestión de la pandemia, incluso aspectos éticos asociados a actividades frívolas que explicitan el privilegio de los gobernantes sobre el conjunto social. Sacando el ausentismo tradicional, buena parte del incremento se debe a votantes descontentos con el oficialismo y sin voluntad de premiar a otros grupos, mucho menos al macrismo. Al mismo tiempo debe consignarse que no existiendo “penas” a quienes no cumplen con la obligatoriedad, que cada elección renueve una masiva presencia, en torno al 67% de los electores, resulta interesante para medir voluntades políticas electorales. La movilización social también incluye el accionar en las elecciones, votando o ausentándose, incluso puesto de manifiesto en el voto blanco o impugnado. El castigo mediante el voto o no voto no constituye una novedad, ya que se ejerció en 2015, cuando se habilitó por primera vez en la historia constitucional de la Argentina, un gobierno de derecha por vía electoral. Es cierto que el macrismo incluía a las identidades tradicionales, peronismo y radicalismo en su seno, pero ninguna ejercía la hegemonía del liberal gobierno presidido por Mauricio Macri y expresiones del poder económico en el equipo gubernamental (2015-2019). La experiencia macrista fue castigada en 2019 con el retorno del “peronismo unido” de las tres patas (Cristina Fernández, Sergio Massa y Alberto Fernández), aun cuando una parte del peronismo continuaba asociada al macrismo, del mismo modo que el radicalismo oficial validaba la alianza macrista. Algunas expresiones de la identidad radical siguieron siendo parte de la propuesta del “peronismo unido” bajo la hegemonía kirchnerista. El gobierno de Macri no satisfizo las expectativas de una parte de la sociedad y fue castigado en 2019, del mismo modo que se reitera el castigo en estas PASO de 2021, que podrían ratificarse en las elecciones legislativas de medio turno el próximo 14 de noviembre, fecha de elecciones para renovar los Congresos nacionales, provinciales y municipales. Como la política es un proceso social dinámico, en estos dos meses podrían modificarse las condiciones e incluso revertir el clima de castigo, para lo cual habría que recrear las expectativas frustradas en estos dos años de gobierno de los Fernández. Difícil que eso ocurra, y todo dependerá del accionar del gobierno para revertir el castigo, más allá de cualquier renovación ministerial. Lo que se demanda es cumplir las expectativas contra el legado macrista: el fuerte endeudamiento público, la pobreza, el desempleo, la inflación y la desigualdad en la apropiación del ingreso y la riqueza. A 48 horas del castigo, la propia coalición produjo una crisis política que afecta al gobierno y a la institucionalidad vigente, por lo que resulta complejo imaginar el devenir en el corto y mediano plazo, más allá de pensar en cualquier resultado electoral en las elecciones de noviembre próximo. ¿Cómo se castigó? El ausentismo consolidó los votos positivos hacia la oposición, sea la derecha, la ultra derecha (una de las novedades) y a la izquierda. Al ausentismo, hay que sumarle el voto blanco o nulo como forma de castigar, incluso más allá del gobierno, enfatizando la ausencia de opción política. Un dato relevante lo constituyen las nuevas generaciones de votantes, hijos del Siglo XXI, con sus vivencias y registros propios sobre la historia local, regional y mundial, en un tiempo de ausencias de “épicas” que atravesaron otras generaciones, por caso, la de los 60/70, y las percepciones sobre el socialismo y la bipolaridad del sistema mundial entre 1945 y 1991, incluso la posibilidad de un “tercer mundo” como parte de una dinámica anticolonial y antimperialista que cambió el mapa de buena parte del sur del mundo. Los sesenta en Latinoamérica y el Caribe amanecieron con la esperanza de la revolución cubana, alimentada en los setenta con la novedosa elección chilena de la unidad de la izquierda y a fines de los setenta incluso, la insurgencia nicaragüense. ¿Qué incorporó a la cultura política de la sociedad y a las nuevas generaciones, en ese periodo, la contraofensiva liberal, local y global? Hemos sostenido que el gran logro del “neoliberalismo” emergente de las dictaduras en el sur de América fue la derrota cultural, expresada en la ausencia de un “imaginario alternativo” que lleva ya tres décadas. Hubo voto castigo al gobierno que mermó su consenso electoral de manera considerable respecto de la anterior votación, consolidando un 30% del voto positivo. El macrismo también obtuvo menos votos, pero en menor proporción, resumiendo un 40% de la votación y constituyéndose en la primera minoría. La izquierda en su conjunto (distintas listas) aparecen como tercera minoría, con 1,5 millones de votos. La derecha “libertaria” sigue en la consideración cuantitativa, muy probablemente captando algunos de los votos fugados desde el macrismo y cierta identidad con el rechazo a la “política” (profesional). Insistamos, la derecha y la ultraderecha sumados captan un porcentaje elevado del consenso electoral, seguidos del oficialismo y la izquierda, sin mucha capacidad de alianzas entre estos últimos. Los “ganadores” aparecen afines ideológicamente a otros procesos similares en la región (Bolsonaro) y en el mundo (Trump), siendo el principal perdedor la opción política en el gobierno. El resultado fue sorpresivo para unos y otros, aunque existían “avisos” en el descontento que se manifestaba en la previa a la PASO. No hay corrimiento a la derecha del electorado, sino descontento ante el incumplimiento de un “imaginario” de restauración de derechos perdidos en tiempos macristas. Por eso señalamos que se castigó el no cumplimiento de las expectativas, igual que en 2019, ya que el macrismo no resolvió entre 2015 y 2019 lo que muchos de sus votantes esperaban que modificara. Es cierto que a poco de asumido el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner sobrevino la pandemia y agravó la situación de la economía, pero igual no se cumplieron con las expectativas de cambio. Pudo haberse confrontado con la condicionante herencia de la deuda, especialmente con el FMI y el Club de París, y no solo no se hizo, sino que se tendieron puentes de convivencia parlamentaria para favorecer el proceso de negociación, licuando responsabilidades del macrismo en la asunción de una gigantesca e impagable deuda pública. Tampoco se orientó un cambio de modelo productivo cuando el tema fue servido en bandeja por el fraude de la empresa Vicentin. El anuncio de intervención, expropiación y transformación de la empresa en caso testigo para reorientar el modelo productivo agrario con orientación hacia la “soberanía alimentaria”. Ello podría haber definido un rumbo estructural en un sector estratégico de la economía local. Otra oportunidad perdida fue el fin de la concesión en el río Paraná, la llamada Hidrovía, postergado por un año, en lo que parece una continuidad de un rumbo de consolidación de un modelo productivo y de desarrollo extranjerizante y con destino en la subordinación del país para la promoción de una acumulación asociada en el orden trasnacional vigente. Una cuestión no menor deviene de los privilegios, expresados en vacunaciones por relaciones con el gobierno, cuando las expectativas por la vacunación eran importantes para prevenir el efecto del coronavirus, tanto como el incumplimiento de las normas de prevención puesta de manifiesto en los encuentros festivos en ámbitos oficiales. El castigo fue contra el ajuste de salarios y jubilaciones, la inflación que favorece a los fijadores de precios y en contra de la mayoría empobrecida, como por el impacto de la emergencia sanitaria y los privilegios a este asociado. La asignatura pendiente El momento político actual pone de manifiesto la necesidad de la emergencia de un nuevo proyecto político emancipador, más allá de las dos coaliciones que disputan el consenso electoral en nuestro tiempo. Las viejas representaciones: radicalismo y peronismo vienen sufriendo mutaciones importantes que se manifiestan en las coaliciones que disputan el consenso electoral. A derecha e izquierda de ambas coaliciones emergen proyectos que recogen voluntades ideológicas de larga tradición en la cultura política local, sea el liberalismo o el marxismo, cada uno con matices importantes que hasta ahora no les permitió una presencia unificada que ponga de manifiesta su real volumen para la disputa política. Con los libertarios, reaparece el fenómeno de Alsogaray y la UCD en los 80/90 del siglo pasado, imaginando ante la crisis política local y global un resurgimiento del pensamiento y la política liberal en el orden local. Con los partidos trotskistas se visibiliza una presencia política en el país que los excede, ante el apoyo de concepciones y una cultura crítica que confluye con el programa de rechazo al pago de la deuda pública y en defensa de los intereses de sectores populares, pero diferenciándose de posicionamientos sobre los procesos políticos regionales, especialmente en lo concerniente a la situación cubana y una orientación en la integración latinoamericana y caribeña. La reflexión apunta al cambio de las identidades tradicionales en el país. Si en la historia constitucional de la Argentina emergieron el radicalismo y el peronismo, transformados en el presente en unas coaliciones que se arman y desarman al ritmo de una crisis profunda, con alarmantes datos regresivos del impacto económico y social. En ese cambio de identidades surge la ausencia de una alternativa popular que pueda actuar en una perspectiva crítica y transformadora del orden capitalista. No es solo un desafío local, sino regional y global. Es una búsqueda que lleva tres décadas ante la debacle de la bipolaridad del sistema mundial entre 1989 y 1991, con las especificidades que ese proceso tuvo en el país. No hay respuesta simple al interrogante sobre la construcción de alternativa, pero es el desafío en un tiempo en donde el capitalismo amenaza a la naturaleza y con ello a la supervivencia del género humano. Ese es el marco civilizatorio de la urgencia para el logro de una propuesta política para la emancipación. La base de lo nuevo estará en la síntesis de experiencias de reproducción de la cotidianeidad asentadas en una radicalización de la democracia participativa y un funcionamiento comunitario de la reproducción de la vida, en armonía con el metabolismo de la Naturaleza, claro que en el marco de una propuesta política que asuma una conciencia colectiva de superar el orden presente subordinado a la ganancia y a la acumulación capitalista. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2021

A propósito del día de la Industria

El día de la industria favorece la divulgación de argumentos interesados del poder económico y político y mucho menos de propuestas alternativas sobre la organización del orden de la producción, una categoría más allá de la industria propiamente dicha y que involucra al agro, la minería e incluso los servicios y la circulación en general. La producción todo lo contiene, aun cuando existen restricciones en el lenguaje coloquial que lo reducen al plano de lo fabril. Solo a modo de ejemplo señalemos que cuando se dice “complejo sojero”, el principal colectivo productivo en las exportaciones argentinas, no solo se alude al poroto, sino también a “harina y pellets, combustibles, aceites y derivados”, o sea, mucho más que el producto extraído de la producción primaria de oleaginosas. Del mismo modo que el “complejo de la carne” incluye ganadería y frigoríficos. Más aún si consideramos el asunto en la diversidad de los lácteos, la producción textil o incluso el sector propiamente fabril en materia del complejo automotriz, siderometalúrgico, petróleo, petroquímico o relativo a la minería en su diversidad. En lo extractivo primario y en lo fabril transformador se conjugan la diversidad de la producción material de bienes y servicios. En términos pedagógicos remitimos a lo primario, secundario y terciario en la conformación del aparato de producción de cualquier economía local. Esa producción supone transporte, comercio y financiamiento, sin perjuicio del vínculo con las diversas agencias estatales asociadas a la actividad económica en general, y en particular del sector aludido. Los fabricantes y sus cámaras representadas en la Unión Industrial Argentina, la UIA, constituyen la institucionalidad visible de parte del poder corporativo del capitalismo local. Existen otros agrupamientos, de grandes empresas o de pequeñas y medianas, incluso agrupamientos en defensa de formas alternativas de organización de la producción. La voz más audible en el día de la industria, el 2/9, fue la de la UIA. En ella convive el núcleo del empresariado más concentrado de actuación local, buena parte asociada al capital externo en su dinámica económica regular. Se trata de parte importante del capital externo y local que actúa en el país, en una lógica en la que articula orientación al mercado local y mundial, vía importaciones y exportaciones. Siguiendo el ejemplo del “complejo sojero”, el paquete tecnológico potencia la dependencia del capital local a la lógica de dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, sin perjuicio de la dependencia financiera, tal como se demuestra cada vez que se visibilizan quebrantos o situaciones de falencia con acreedores transnacionales, tales como en los casos de Vicentin o ahora con el concurso del frigorífico de Cañuelas. En cada conmemoración por el día de la industria se visibilizan las reivindicaciones patronales, tales como las necesarias reformas estructurales, laborales, previsionales, tributarias. La cuestión apunta a la reducción del costo de producción y a la búsqueda de mayores posibilidades de rentabilidad de la inversión. Se pretenden menos impuestos, menor incidencia del salario en el costo laboral y mayor flexibilidad para el ingreso y salida (despidos) de la fuerza de trabajo empleada. El objetivo es la mayor apropiación de la renta socialmente generada. Son reivindicaciones presentadas al poder político en la gestión del Estado, muy especialmente en tiempos electorales como los actuales. A días de las elecciones de medio turno resultan de interés las reconfiguraciones del poder parlamentario y la capacidad de intervenir en las sucesivas disputas del poder ejecutivo, tanto como la capacidad de influencia sobre el poder judicial, bastión de última instancia del poder corporativo de los principales propietarios de medios de producción. En el fondo se juega un consenso social favorable a los intereses del capital más concentrado. Otro orden productivo El problema está más allá de las reivindicaciones del poder actual o en disputa sobre el orden de la producción local. No es que da lo mismo favorecer o restringir el poder corporativo, sino que el interrogante que traemos al debate es si se puede modificar la orientación de la producción y circulación de bienes y servicios en general, con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados. Ello supone discutir, más que el crecimiento económico, el perfil productivo en el país, con qué objetivos y bajo qué formas organizativas concretas. El país cayó 9,9% su capacidad productiva en 2020 y se anuncia un crecimiento del 8% para el presente 2021. Más allá de lo cuantitativo, de si alcanza o no, lo que interesa es discutir el sentido de la producción, quiénes se benefician y quienes se perjudican. ¿Qué producción primaria, secundaria y terciaria? ¿Qué destinos se privilegian, el interno, el externo, o que combinación de ambos en función de la inserción internacional del país? Entre otros temas supone discutir la “energía”, sean las fuentes tradicionales o las alternativas, no solo en el marco de la crisis ambiental o climática, sino en función de las necesidades apuntadas a resolver necesidades sociales y un adecuado metabolismo natural. Un enfoque de soberanía energética resulta esencial. Como hemos sostenido, el debate incluye la articulación de propuestas productivas que atiendan la necesidad de resolver las dimensiones de la pobreza y el empleo. Por ello actuar bajo el horizonte de la soberanía alimentaria. Se trata de pensar en otro orden productivo que articule necesidades insatisfechas con la posibilidad de potenciar las capacidades productivas ociosas en la población. Nada de ello es posible desde la parcialidad, por eso insistimos en la usencia de una discusión que incluya producción y circulación en su conjunto, una reorganización del circuito integrado con precisiones respecto del lugar de la planificación y ejecución estatal. Remitimos a un Estado que debe comprometerse en la participación activa de sujetos conscientes con la necesidad de construir la transformación socioeconómica. Ello supone el combate a toda forma tecnocrática o burocrática de ejercicio gubernamental. Discutir el orden productivo y la circulación supone considerar un nuevo “modelo de desarrollo”, es decir la reorientación del consumo de la sociedad y del propio Estado; el ritmo de la inversión, entendida como lógica de acumulación social del excedente económico. Una dimensión inversora que incluye las esferas de lo público y lo privado, especialmente lo autogestionario, cooperativo o comunitario; pero también el tipo de inserción internacional. Pensar alternativamente la producción y la circulación sugiere avanzar a contramano de la creciente mercantilización de la vida cotidiana. Por eso se trata de pensar y actuar más en derechos. La des-mercantilización ocupa el centro de la propuesta relativo a otro orden económico. Todo lo señalado requiere de financiamiento, convocando a discutir el orden monetario, fiscal y financiero, objetando la lógica funcional a la dominación de los organismos internacionales y la banca trasnacional. La soberanía monetaria implica discutir los mecanismos de emisión y absorción vía tributos, superando la lógica actual de endeudamiento del Tesoro o del Banco Central. En ese marco debe estimularse una profunda reforma financiera, sobre la base de desarmar el entramado organizado desde la dictadura militar, que enlaza deuda pública y extranjerización del sistema financiero. Me señalan que el poder no lo permitirá y ello es irrefutable, convalidado por la historia local y global. Pero, al mismo tiempo señalar que sin pensar en términos alternativos, en tanto horizontes a construir, que permitan caminar en la búsqueda de nuevas formas de organización social, una realidad emancipada no será posible. La crítica y las propuestas para otro orden productivo prefiguran la primera instancia de un proyecto autónomo con epicentro en la solución de necesidades insatisfechas. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2021

Vuelve la Inflación con más desigualdad en el capitalismo mundial

La información señala que existe una recuperación de la economía mundial luego de la pandemia, especialmente en los centros del capitalismo desarrollado, especialmente en Europa y EEUU. Con ello retorna un viejo problema: la inflación. Los registros consignan un 5,4% anual a julio 2021 en EEUU y del 3% anual para agosto en la zona del euro. Para países de elevada inflación como Venezuela o Argentina, esos valores no suenan mal, pero el consenso de la banca central en el capitalismo desarrollado es que los precios no deben superar el 2%. Es una conclusión derivada del combate al estancamiento y crecida de los precios a fines de los setenta del siglo pasado. Ante la estanflación, la receta fue el monetarismo ortodoxo asociado al boom neoliberal emergente con los ensayos de las dictaduras en el cono sur de América y generalizadas en la Inglaterra de Thatcher o en EEUU de Reagan. En la Reserva Federal empezaron a señalar cambios en la política monetaria a mediados del 2020, en pleno epicentro de la pandemia y el parate de la economía. Recordemos que la economía mundial cayó -3,5% y eso convocaba a recrear condiciones para el crecimiento. Luego de 40 años de política monetaria de shock (1980-2020), a lo Greenspan, había que inducir cierta alza de precios para estimular la economía mediante la intervención estatal. Eso ocurrió vía subsidios directos a las empresas y familias, tanto como impulsando el mercado de crédito familiar, empresarial y estatal. De hecho, la experiencia de las sucesivas crisis estadounidenses, en 2001, 2008 y 2020, la respuesta siempre fue con estímulo monetario, vía emisión y deuda. Europa no se quedó atrás. Ahora el Banco Central Europeo consigna una aceleración de los precios en la “euro zona”, alejándose del 2% establecido como ideal. Se recuerdan las aceleraciones de precios en Europa en plena crisis del 2008 y del 2011, momentos de fuertes emisiones monetarias y de deuda. Los argumentos de las bancas centrales en EEUU y Europa es que se trata de problemas transitorios derivados de la “recuperación económica” pos pandemia, la que impacta especialmente en precios de la energía y alimentos, entre otros. Materias primas en alza, especialmente los hidrocarburos sindican que no se trata de un problema de corto plazo, y no hay solución en el mediano (horizonte de 100 dólares el barril), aún con llamados de atención a la mitigación de los efectos generadores del preocupante cambio climático y al cambio de la matriz energética. Pese a esas tranquilidades discursivas, existen señales preocupantes, como el fin de la prohibición de desahucios en EEUU, lo que puede significar millones de personas desalojadas ante la incapacidad de pagos por sus viviendas. Más grave aún es el impacto en el desempleo, que aun cuando se recupera la economía, las tasas de desempleo e irregularidad en la contratación se mantienen elevadas en todo el mundo, muy por encima de la situación previa a la pandemia, asunto confirmado en los informes de la OIT. El discurso conservador esgrimido por la corriente principal en política económica demanda agudizar las restricciones monetarias y de deuda, cancelando líneas de préstamos personales e induciendo ejecuciones ante deudas por tarjetas y créditos prendarios e hipotecarios, entre otros. Todo puede derivar en ascenso de las protestas y el conflicto social, agravando la situación de incertidumbre de la economía mundial. De hecho, la recuperación económica privilegia la ganancia de grandes empresas, quienes “pueden” aumentar los precios en desmedro de los ingresos de la mayoría de la sociedad. La desigualdad en ascenso es lo que devuelve la coyuntura mundial con el regreso de la inflación, salvo que la sociedad no legitime la ecuación del poder y vía conflicto social demande reordenar las relaciones económicas. Esto habilita a pensar en términos alternativos, de ir en contra y más allá del orden capitalista. Ante la crisis que impactó en la pérdida de ganancias, la recuperación solo se piensa en términos de relanzar la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad, por lo que se trata de estimular resistencias y desarrollos de iniciativas que supongan acumulaciones de poder popular para enfrentar la situación actual en una perspectiva de transformación social. Buenos Aires, 1 de septiembre de 2021

Debates sobre la deuda pública en Argentina

Argentina recibió esta semana los Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente de 4.355 millones de dólares, los que probablemente se utilicen para cancelar vencimientos de deuda del 2021, especialmente con el FMI por 3.800 millones de dólares. El resto contribuirá para cancelar vencimientos con el Club de París. Desde la Asamblea por la suspensión de los pagos de la deuda y la auditoria con participación popular se organizaron movilizaciones diversas en varios puntos del país, para intervenir con opinión crítica al consenso por la reestructuración y el pago. El FMI emite los Derechos Especiales de Giro, DEG, ante la gravedad de la situación económica mundial. En efecto, la primera emisión se decide en 1969 y alcanza entre 1970 y 1972 a los 9.300 millones, y está asociada al sistema monetario mundial dominado por el dólar y su relación con el oro, tal como había surgido de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Para fines de los sesenta se asistía a tiempos de límites a la gran expansión capitalista luego de finalizada la segunda guerra mundial. Los “treinta gloriosos” que remiten a la gran expansión de la economía mundial se extienden entre 1945 y 1975. Estaba llegando al final el acuerdo monetario de posguerra (1944) cuando en 1971, de manera unilateral, EEUU desarmó el acuerdo explicitando la crisis de los 60/70. Los DEG dejaron de expresarse en dólares y pasaron a referenciarse en una canasta de monedas. Emergía por entonces el ensayo neoliberal con las dictaduras del Sur de América y a fines de esa década del 70´ y comienzos de los 80´, ya con neoliberalismo en Gran Bretaña y EEUU, el FMI emitió entre 1979 y 1981 unos 12.100 millones de DEG para asistir los problemas de balanza de pagos de los países miembros. La crisis mundial del 2007/09 convocó a dos nuevas emisiones, una especial por 21.500 millones y otra por 161.300 millones de DEG. Ante la emergencia de China en la escena mundial, la canasta de monedas de referencia incluyó al yuan (10.92%), sumándose así al euro (30,93%), al yen (8.33%), a la libra esterlina (8.09%) y a la moneda dominante, el dólar estadounidense (41,73%). Así, las emisiones totalizaron un stock de 201.204 millones de DEG, equivalentes a 293.000 millones de dólares estadounidenses. Cada crisis mundial elevó considerablemente las emisiones de DEG para sostener el orden capitalista. Vale recordar que los DEG no son una moneda sino un activo canjeable por las monedas globales en las que se expresan los DEG. La profunda recesión mundial del 2009 multiplicó por diez la emisión del FMI. Kristalina Georgieva sostuvo al anunciar la actual emisión por 456.000 millones de DEG, equivalentes a 650.000 millones de dólares como “…una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes” Vale mencionar que casi la mitad, unos 300.000 millones de dólares se destina a los 7 países de mayor desarrollo, concentrando la asistencia financiera del Fondo en los países hegemónicos del sistema mundial. Más allá de la retórica de ayuda a los más empobrecidos, la asignación remite a las cuotas de cada país miembro del FMI. Para el caso argentino, con el crédito más importante otorgado alguna vez por el FMI, la asignación representa menos del 1% del total emitido y estará destinado a cobrarse una acreencia impagable, en el marco de una negociación por extender los perentorios plazos de vencimientos de un préstamo odioso, ilegitimo e ilegal asumido en la gestión del 2018. El país usará los DEG para cancelar parcialmente la deuda y el FMI utiliza nuevamente a los DEG para intervenir en la continuidad de una lógica que de manera creciente pretende resolver en la circulación los problemas de la producción, la productividad y rentabilidad capitalista. La negociación Al mismo tiempo que esto ocurre, continúan las negociaciones con el FMI por una deuda asumida en 2018/19 en DEG por el equivalente 44.154 millones de dólares, según informó el Ministro de Economía al Congreso este jueves 26/8. Es el mayor préstamo otorgado por el FMI en su historia y cuestionado desde diversos ángulos, siendo un tema no cerrado y que convoca a polémica jurídica, política, incluso ética. Hay que considerar que los DEG se valorizan por encima de la moneda estadounidense ante las sucesivas devaluaciones del dólar propiciadas desde EEUU, por lo que puede haber subvaloración de las autoridades locales con respecto a la deuda con el FMI. Las negociaciones con el FMI son consideradas y justipreciadas por el poder económico y político, en tanto garantía de futuras inversiones, por lo que no imaginan se incumplan los compromisos con el organismo internacional, que este año suma por capital e intereses unos 5.100 millones de dólares. Entre los temas en discusión aparece la responsabilidad en el elevado endeudamiento público de la Argentina. El gobierno señala el fortísimo crecimiento de la deuda durante el gobierno Macri (2015-2019) por 100.000 millones de dólares, y la oposición sindica el mayor endeudamiento en la coyuntura, incluyendo la deuda del Banco Central vía las Letras de Liquidez (LELIQ) y los pases pasivos, que alcanzan unos 4 billones de pesos. La realidad que es la deuda crece tal como lo señala el propio gobierno en su exposición ante el Congreso, con el matiz no menor que la deuda con el macrismo se incrementó en divisas (monedas que la Argentina no emite) y en la actualidad el crecimiento es principalmente en moneda nacional. El argumento oficial se afirma en que la deuda en divisas condiciona y profundiza la dependencia y pérdida de soberanía, además de señalar la emergencia del coronavirus a tres meses de iniciada la gestión de gobierno y la necesidad de financiar el gasto social derivado de la pandemia. Una de las placas presentadas por el Ministro de Economía al Congreso señala la tendencia al desendeudamiento desde 2004 hasta el 2011, para luego volver a crecer durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner y acelerarse en los últimos años del macrismo, y Covid mediante, en la primera parte del actual gobierno de Alberto Fernández. En efecto, de un 118,1% de deuda pública respecto del PBI en 2004, la política de cancelación de deuda, mediadas por los canjes del 2005 y 2010 llevaron la relación deuda/PBI al mínimo del 38,9% en 2010; para luego subir bajo gobiernos diferentes hasta el 88,8% al final de la gestión de Macri (diciembre del 2019) y alcanzar el 101,50% a julio del 2021, ya en la actual administración del Frente de Todos.
El tema es complejo más allá del debate electoral y condiciona el presente y futuro de la economía argentina. Existen responsabilidades pasadas y presentes relativas a una deuda pública que resulta un componente estructural del orden económico local del último medio siglo. No se resolverá el problema si no se encaran políticas económicas que vayan más allá del pago o no pago de la deuda. Lo que se requiere es encarar una discusión sobre la estructura económico social de la Argentina, su modelo productivo y de desarrollo, tanto como su inserción internacional. Buenos Aires, 28 de agosto de 2021

¿Qué hacer con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibirá el país?

En estos días, la Argentina acreditará en las Reservas Internacionales los DEG emitidos por el FMI, equivalentes a unos 4.355 millones de dólares. La decisión del Fondo remite a una emisión global de 650.000 millones de dólares, con destino en favorecer soluciones ante la emergencia de la pandemia. La mayor parte de la gigantesca emisión la recibirán los países capitalistas desarrollados, entre ellos, los principales socios del FMI. Como siempre, el Fondo reproduce ante las crisis la lógica de reproducción del orden vigente. Son cuantiosos recursos para el salvataje del orden capitalista y por eso, en ese marco, resulta de interés discutir el uso de los DEG. Resalta a primera vista una afectación directa para fortalecer el presupuesto de salud, especialmente en todo lo relativo al COVID19. Pero también, debe aceptarse que por efecto de la pandemia se generaron impactos socio económicos que explican el agravamiento de la situación económico social de millones de personas. Remitimos al alza del empobrecimiento (45%) y la indigencia (10%), morigerada ésta por la masiva política social de complemento de ingresos a las personas más necesitadas. Los DEG, unos 4.355 millones de dólares, constituyen una cifra mayor a la oportuna recaudación por el aporte solidario o impuesto a las grandes fortunas, que recaudó aproximadamente unos 2.500 millones de dólares, con asignación específica según la ley (salud, educación, pymes, barrios populares, producción de gas). Algunos sugieren la reedición del “aporte solidario” ante la prolongación de la pandemia y sus efectos. Con el ejemplo de ese ingreso, recaudado por la AFIP, los DEG podrían asignarse con destino específico. ¿Qué destino? El privilegio debiera orientarse a atender el fenómeno del empleo y la pobreza. Existe un mapa del territorio de la pobreza y de la población, realizado por el propio movimiento popular y asumido por el Estado. Algunas provincias avanzaron en mapeos específicos para identificar la territorialidad de la pobreza. Todo ello constituye una base importante para potenciar un “Plan Nacional” que pueda atender con suficientes recursos una dinámica de producción y circulación de bienes y servicios. Hay experiencia de organización de la producción y circulación económica de los sectores excluidos del mercado de fuerza de trabajo y que acrecientan la estadística de la pobreza y la indigencia. El propósito del plan que sugerimos apunta centralmente a combatir la pobreza desde la generación de empleo, favorecido por la experiencia emanada de la economía social y popular, de autogestión y organización comunitaria, existente desde una inmensa red organizada por el movimiento popular en todo el país. La propuesta sugerida sale al cruce de menciones de uso de los DEG para cancelar impagables deudas al FMI y al Club de París. Ese destino de los DEG supone el ingreso de fondos por una puerta giratoria, sin impacto en la cuestión esencial de atender la emergencia sanitaria y económica de los más desfavorecidos. Resolver el problema del empleo y la pobreza demanda precisiones en la articulación de necesidades sociales insatisfechas y potencialidad de las capacidades humanas para resolverlas. Alimentación y vestimenta, salud y educación, vivienda y recreación, entre muchas necesidades insatisfechas, al tiempo que existen millones de personas sin acceso al mercado de la fuerza de trabajo y si lo hacen, se realiza en condiciones de precariedad y transitoriedad, agravando las perspectivas de vida en el mediano y largo plazo. Por ello es que puede organizarse (planificarse) la articulación de necesidades insatisfechas y potencialidad humano para atenderlas, e incluso si eso no fuera posible por las capacidades existentes en algún territorio, es siempre posible encarar un proceso de formación de capacidades y aptitudes para atender demandas concretas. Ello impone destinar la totalidad de los DEG para atender estas necesidades, las que actuarán en una dinámica de recomposición de la actividad económica, favoreciendo empleo e ingresos para atender la cotidianeidad. Además, sería cumplir con el objetivo anunciado por el FMI, que apunta a resolver los problemas económico sociales generados desde la pandemia por el COVID19. Cambiar la lógica del ingreso para reproducir objetivos de ganancias y acumulación capitalista No se trata de resolver “ingresos” que se destinen al “mercado” dominado por el poder económico concentrado y extranjerizado. La propuesta que sostenemos apunta a la transformación del orden económico y social, favoreciendo la disposición de “medios de producción”, especialmente “tierra” en manos de las organizaciones populares y sus experiencias autogestionarias, comunitarias, mutuarias o cooperativas. Se sostiene recurrentemente que sin “inversión” resulta imposible el proceso de producción y reproducción del orden económico, y en ese sentido, se alude a la importancia de los “inversores privados”, locales o externos. Lo que sostenemos en nuestra propuesta es acercar “recursos públicos” de magnitud suficiente para que los sectores de la Economía Popular accedan a fondos destinados a la utilización de medios de producción y asignaciones adecuadas de ingresos salariales para satisfacer al mismo tiempo la necesidad productiva y la del empleo con salarios adecuados y suficientes para superar la condición de pobreza. Al mismo tiempo, el plan que sugerimos debe atender la “inversión pública” necesaria para la infraestructura barrial para el despliegue de esta dinámica de producción, junto a resolver las obras que viabilicen la salud, la educación pública y el hábitat para la mitad de la población empobrecida. Pueden decir que los recursos no alcanzarían y es verdad, pero sería una forma de cambiar el eje del debate sobre cómo resolver el problema de la pobreza y el empleo. Se trata de generar una dinámica de inversión que ponga el acento en el trabajo asociado para la generación de “soluciones” y, además, un excedente para la reproducción de la cooperación y satisfacción de necesidades de la mayoría empobrecida. Ello significa cambiar el eje de la discusión favorable a la lógica de la ganancia por una a favor de satisfacer amplias necesidades de la sociedad. Buenos Aires, 21 de agosto de 2021

Afganistán y Haití muestran los límites del capitalismo

El terremoto en Haití, producido muy cercano en el tiempo al asesinato del presidente ilegitimo del país, y el fin de la ocupación militar estadounidense en Afganistán expresan los límites de las “soluciones” del orden global capitalista para los pueblos empobrecidos. En efecto, los pueblos de Afganistán y Haití figuran entre los más vulnerados del mundo, con índices de pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Los procesos locales por desarrollar un camino propio en esos territorios fueron obturados por la hegemonía del poder mundial. La alianza con la URSS, con presencia militar soviética desde 1978, en plena ofensiva estadounidense contra el bloque socialista, signó la historia reciente de ese país por tres décadas, más aún con la invasión armada desde el 2001. Estos veinte años de ocupación evidencia el legado de miseria en una abrumadora mayoría del pueblo afgano. En un mismo tiempo histórico, el intento autónomo de Haití desde mediados de los 80 del Siglo XX, con la salida de la dictadura de Duvallier en 1986 y la presidencia de Juan Bertrand Aristide en 1991, obturada por el intervencionismo estadounidense, impidió una posibilidad de autodeterminación democrática, condicionando por tres décadas, política y económicamente al país de la primera independencia colonial de la región en 1804. La secuela de miseria entre la mayoría del pueblo haitiano deja a las claras el papel de la política exterior de EEUU y sus socios en la región. Importa reconocer el tiempo histórico de las luchas por la emancipación de los pueblos con relación a la situación del orden capitalista y su hegemonía, que para el caso estadounidense data del fin de la segunda guerra. El orden mundial constituido hacia 1945 impuso la supremacía del dólar y la economía estadounidense en el capitalismo global, afirmado con despliegue militar asociado a la OTAN e ideológico cultural de la maquinaria mediática transnacionalizada. La disputa por la dominación mundial se sostuvo contra el sistema del socialismo desplegado desde 1945 hasta la crisis polaca y de la propia URSS, entre 1980 y 1989/91, mediado por la crisis capitalista de los 60/70, muy especialmente la “monetaria”, explicitada en agosto de 1971, hace medio siglo. Hace 50 años que estalló el orden mundial capitalista, con la decisión unilateral de EEUU respecto de la inconvertibilidad del dólar con el oro. Desde entonces se promovieron iniciativas políticas globales y regionales para asegurar la unilateralidad del orden capitalista, un imaginario que pretendió instalarse hacia 1989/91 con el fin de la historia, de la ideología y del socialismo. El capitalismo triunfante parecía el rumbo civilizatorio definitivo, con la capacidad de “control” militar e ideológico de EEUU, aún con la mengua de su poder económico, afectado por la desvalorización del dólar, el nuevo carácter de país endeudado (ahora el más), con fuertes déficit fiscales y externos. Un tema agigantado con la expansión global del poder fabril y económico de China, especialmente a inicios del Siglo XXI. El fracaso de la ocupación afgana de EEUU y aliados, y de la intervención haitiana, incluso con tropas de la región latinoamericana y caribeña (MINUSTAH), no esconde los negocios de la guerra, la especulación, la producción y la circulación capitalista, con secuelas de destrucción social y natural. La miseria extendida entre las poblaciones de Afganistán y Haití tiene responsables en los ejecutores de la política exterior estadounidense, y claro, la complicidad global de las direcciones políticas de varios países que no solo no condenan la dominación y manipulación estadounidense, sino que intentan obtener beneficio propio. En esa complicidad se encuentra el poder local en Afganistán (denunciado por Biden de no querer confrontar contra la ofensiva Talibán) y en Haití. La corrupción es funcional al sostenimiento del orden capitalista. El poder mundial asociado a EEUU mira con asombro la debacle civilizatoria en Afganistán y en Haití, desentendiéndose de responsabilidades. El fenómeno convoca a los pueblos del mundo a pensar en un orden alternativo, que confronte con la liberalización económica de una sociedad monetario mercantil sustentada desde la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. A no dudar que el poder mundial intentará frenar cualquier acción alternativa, como lo demuestra el bloqueo genocida contra Cuba o las sanciones a Venezuela o a cualquier país que intente un rumbo propio. Se trata de pensar en la catástrofe que nos amenaza, más allá de lo concreto explicitado en estos dos países, y que según el informe preliminar del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, que se considerará a comienzos del 2022, afecta la vida sobre la tierra. Resulta urgente cambiar el rumbo y desarmar el orden mundial, lo que supone des-mercantilizar la vida cotidiana, un programa que está en el debate sobre la suspensión o eliminación de las patentes de propiedad intelectual sobre las vacunas, pero extensivo a los bienes comunes, caso de la tierra y el agua, imprescindibles para el aliento a la vida social y natural. La des-mercantilización está asociada a la promoción de la organización económico social de base comunitaria, solidaria, de autogestión, sin fines de lucro, para otro modelo de producción y de desarrollo que desestimule el consumismo y promueva la cooperación internacional y la autodeterminación de los pueblos. Un horizonte de paz y solidaridad social necesita la humanidad ante la barbarie del orden sustentado en la ganancia y la acumulación, promovido por poderes políticos, militares y culturales que ejercen su dominación espacial desde la hegemonía de la propiedad privada de los medios de producción y por países que actúan sostenidos en su poder imperialista. Puede ser y los datos lo confirman, que EEUU está perdiendo peso relativo en su capacidad de hegemonía mundial, pero mantiene los instrumentos de dominación física y cultural para postergar un eventual ocaso final, que en su trayecto afecta al planeta y a la población mundial. En todo caso, lo que resulta evidente es la ausencia de una alternativa civilizatoria, que por décadas se nominó en el socialismo. La re-significación de un orden socialista, o no capitalista, emerge como una necesidad de las nuevas camadas que luchan contra la barbarie del capitalismo. Buenos Aires, 17 de agosto de 2021

Los “planes sociales” en discusión

El tema de los planes sociales reapareció en el debate político de estos días, como agenda de la oposición sistémica hacia el oficialismo y dentro de este también. Los planes sociales son resultado de una tendencia creciente a los problemas de empleo e ingresos de millones de personas, no solo en el país, si no en la región y en el mundo. Es un tema de creciente actualidad desde la ofensiva del capital contra el trabajo emergente en la crisis de los 60/70 bajo la dirección de la liberalización de la economía. El INDEC destaca, pandemia mediante, la disminución de trabajadores/as aportantes al sistema de seguridad social. Son unos 338.000 aportantes menos en un año, la mitad por menor “relación de dependencia”. Las jubilaciones que se abonan reconocen 82.500 beneficiarios/as menos que hace un año. Menos aportantes a la seguridad social y menos jubilaciones es un resultado lógico de la tendencia recesiva del capitalismo local en estos años. Por décadas se aludió a la “focalización” de las políticas públicas de asistencia social, pensando en pobres ocasionales. Eran las décadas de los 50 a los 70, de expansión del orden económico y Estado benefactor en plenitud. Es algo que fue mutando hacia la masividad, ante la magnitud de los excluidos del mercado de la fuerza de trabajo desde los 80/90 del siglo pasado. Incluso, ahora, desde un enfoque de “renta básica”, se reclama la “universalización” de un ingreso mínimo. Por caso, en la Argentina debe pensarse en la crisis del 2001 y la instalación de los planes de jefes y jefas de hogar, orientados a dos millones de personas al comienzo del 2002. Esa lógica de plan social es lo que se extendió, ya no solo como política pública, sino como demanda de organizaciones sociales que requieren asistencia estatal material y dineraria. En todos los casos, focal, masiva o universal, se trata de una política compensatoria, que supone allegar ingresos a sectores sociales para satisfacer necesidades elementales en una cotidianeidad definida por relaciones monetario-mercantiles. La sociedad capitalista se sustenta en una creciente mercantilización de la vida cotidiana y, por ende, la necesidad de ingresos monetarios para resolver en el mercado los bienes y servicios necesarios para atender la cotidianeidad. Con la extensión del desempleo y el empobrecimiento aumentan, más allá de las denominaciones, diferentes planes sociales, sustentados desde la política pública, la que aparece restringida en la utilización de fondos por imperio de un sentido común instalado de austeridad fiscal, devenido en paradigma esencial de la liberalización hegemónica desde la crisis de los 60/70. Es una situación condicionada y agravada por ingentes recursos destinados a sustentar actividades empresarias deficitarias (subsidios empresarios, por caso a la energía o al transporte) y obligaciones externas agravadas por una insustentable deuda pública. Los argumentos más destacados apuntan a que los planes o subsidios personales ahuyentan la oferta de fuerza de trabajo, y desde otro ángulo, que la política pública debiera promover el empleo más que allegar ingresos monetarios a los más necesitados. El primer argumento se sustenta desde la lógica que el Mercado todo lo resuelve desde y con la iniciativa privada, y en el segundo en la omnipotencia del Estado. Hemos sostenido en varias ocasiones que tanto el “mercado” como el “estado” suponen relaciones sociales, que en el capitalismo favorecen el régimen de la ganancia y la acumulación, por lo que está en discusión debiera ser el mismo orden socioeconómico. Desde esa concepción es que puede analizarse la política social sustentada en la distribución de ingresos a la población más necesitada. Incluso supone discutir el sentido de la demanda de los movimientos sociales. Pretendemos afirmar que la cuestión de fondo debiera orientarse al rumbo civilizatorio que se pretende construir. No alcanza con política social ampliada si no se discute el modelo productivo y de desarrollo, es decir, ¿qué problemas se pretenden resolver? Solo a modo de ejemplo mencionemos el reciente informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático y la demanda de desandar el privilegio productivo sustentado en hidrocarburos, que contradice lo que Argentina viene promoviendo en su producción insigne en la formación “vaca muerta”. El país necesita discutir su política energética, pensando que se pretende resolver con la producción energética. ¿Es el privilegio la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales? O en otro sentido: ¿proyectar un plan energético para estimular un programa de producción que resuelva empleo y necesidades de abastecimiento al mercado interno con sintonía y articulación regional y mundial? Se trata de un debate necesario, ausente en la discusión electoral. No hay solución a los ingresos populares sin planificación de cambios productivos que especifique qué y cómo producir y distribuir la renta generada socialmente. Lo que se propone es un debate a fondo sobre el qué hacer económico, que no puede sustentarse en la lógica de la ganancia, ni en un imaginario desde el estado sin confrontar con el poder local y global, lo que demanda un mayoritario consenso social y político para transformar la sociedad en contra y más allá del capitalismo. Buenos Aires, 13 de agosto de 2021

América latina y el Caribe fuera del radar de los inversores externos

La ilusión de quienes imaginan resolver los problemas económicos y sociales de la región latinoamericana y caribeña con inversores externos se desarma con la difusión de las estadísticas globales. Desde la UNCTAD se destaca en su último informe sobre las inversiones que: “Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina se desplomaron un 45% en 2020 a 88 mil millones de dólares”. Por su parte, la CEPAL señala: “En América Latina y el Caribe ingresaron 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED), lo que representa unos 56.000 millones de dólares menos que en 2019. De esta forma, en 2020 se alcanzó el valor más bajo de la última década, y el descenso interanual solo es comparable al de 2009, cuando las entradas se redujeron un 37,1%”. Los datos son concluyentes y la región no aparece en el radar de los inversores externos. No se trata solo de la brusca caída de la actividad durante el 2020, en torno al -7%, y la motivación pandémica, ya que en términos generales la caída de la inversión externa se arrastra por una década. Ello que pone en discusión la ilusión del despegue sustentado en inversores externos. El informe de la CEPAL enuncia las tendencias a la baja de los socios tradicionales, de EEUU y Europa, al tiempo que señala el peso creciente de China. Al respecto, recomienda estrategias conjuntas de negociación con China, lo que supone un debate político del rumbo de la economía y de la sociedad. No se trata de analizar si resulta más conveniente el arribo de inversores europeos, estadounidenses o chinos, si no cuales son los problemas que se pretende resolver. Es un debate ausente en la región, por lo que resulta complejo imaginar síntesis sobre estrategias de políticas económicas. Incertidumbres en la región A modo de ejemplo señalemos que Ecuador acaba de decidir con una lógica liberalizadora volver a someterse a los tribunales del CIADI, en una clara señal de subordinación a la dominación transnacional. Perú con el nuevo gobierno decide discontinuar la política de agrupación en el Club de Lima, con sus membrecías liberalizadoras, sin que ello defina aún perspectivas de producción y circulación integrada, como puede sugerirse o inferirse en las críticas mexicanas a la OEA y la demanda por reinstalar una agenda por una integración de carácter alternativa, no subordinada. La región latinoamericana y caribeña vive un tiempo de turbulencia y conflictividad, con movilizaciones que aún no terminan de definir el rumbo del futuro cercano, tal como sucede en Colombia o en Haití, incluso en Chile con su proceso constitucional en curso. Al mismo tiempo se disputan los consensos electores en varios países, entre este y el próximo año. Remitimos a las elecciones en Nicaragua, Venezuela, Argentina o Brasil, entre varios. Cuba en su especificidad por sostener una perspectiva revolucionaria es asediada por un bloqueo genocida y ensaya transformaciones estructurales de su modelo económico, al tiempo que acelera búsquedas de mayor articulación productiva en la región y en el mundo. Si bien cada uno tiene su especificidad, no resulta indiferente una orientación de subordinación a la lógica de política exterior de EEUU o a las necesidades liberalizadoras del capital transnacional. En este caso, se impone un imaginario de integración no subordinada en la dinámica de producción y circulación de bienes y servicios para atender las necesidades sociales de los sectores empobrecidos de la región, especialmente trabajadoras y trabajadores. La propia CEPAL alude a la potencialidad de la región en la producción integral de vacunas, especialmente por la capacidad “…para desarrollar y producir sus propias vacunas contra el COVID-19, tal como lo están demostrando Argentina, Cuba, Brasil y México, países que han desarrollado vacunas propias que están en fases de ensayos clínicos.” Resulta curiosa la mención de Cuba junto a las tres economías más desarrolladas de la región, que con sus límites aparece a la vanguardia del desarrollo en ciencia y tecnología, entre otros aspectos, de la salud. Es un tema a considerar cuando se piensa en la perspectiva de resolver necesidades sociales. Más aun cuando CEPAL señala que “América Latina y el Caribe representa el 8,4% de la población mundial, pero el 21% de los contagios y 32,5% de la mortalidad”. Nuevo rumbo La necesidad llama a soluciones y queda claro que la tradición capitalista de apuesta a la inversión externa solo significa mayor dependencia, por lo que se requiere el ensayo de nuevos rumbos de independencia y autonomía, en una potenciación de una acumulación alternativa que suponga la confrontación con las formas del desarrollo capitalista. Si los inversores están fuera del radar de América Latina y el Caribe, es quizá tiempo de retomar una orientación de autonomía y cooperación regional con planificación articulada de largo aliento para superar problemas de atrasos seculares por siglos. Nueva arquitectura financiera y articulación productiva comunitaria para satisfacer necesidades puede ser un horizonte de acumulación propio en la región, lo que requiere decisión política para ir en contra y más del capitalismo, entre lo que se impone la suspensión de los pagos de deuda y el aprovechamiento de los escasos recursos públicos, como forma de empezar a satisfacer necesidades sociales. Buenos Aires, 10 de agosto de 2021

Una “crisis sin precedentes” dice Georgieva

Comentando la decisión del FMI, que asigna 650.000 millones de dólares a distribuir entre los países miembros del organismo internacional, Kristalina Georgieva, su titular, señala: “Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes.” Agrega que: “…ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la COVID-19”. Dos cuestiones resaltan en las afirmaciones de la jefa del FMI. Una de ellas remite al calificativo sobre la crisis en curso, evidenciado en la mayor emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), duplicando el stock asignado hacia la crisis del 2008/9, y la otra nos lleva a la afirmación de estar destinada al auxilio de los “miembros más vulnerables”, cuando la asignación de fondos opera sobre la Base de las cuotas de cada país miembro del Fondo. Se puede constatar que 7 países concentran el 45,16% del total, por lo que casi 300.000 millones de dólares de la emisión irán a fortalecer las reservas de EEUU, con el 16,5% del paquete de cuotas en el FMI, o a China (6,15%), Japón (6,09%), Alemania (5,32%), Francia (4,03%), Gran Bretaña (4,03%) e Italia (3,02%). La asignación de DEG consolida la desigualdad entre los países según su acumulado de poder global. La brecha entre los más poderosos, los países capitalistas desarrollados y los más atrasados y dependientes se agiganta con estas decisiones, aun cuando se las fundamenta con argumentos favorables a atender los requerimientos de los países más necesitados. Una consideración no menor es que son fondos para paliar la situación derivada de la crisis sanitaria y su impacto económico, sin embargo, al considerar casos como el de la Argentina, con el mayor endeudamiento con el FMI, por 45.000 millones de dólares (vencimientos hasta el 2023 y en proceso de negociación), su cuota le permite una asignación estimada en 4.350 millones de dólares, la que podrá ser afectada a cancelar vencimientos que operan desde septiembre del 2021 hasta fin de año por 3.822 millones de dólares, e incluso vencimientos del 2022. Los DEG datan de 1969, son un activo que complementa las Reservas Internacionales de los países miembros del FMI y su cotización expresaba el acuerdo a la salida de la segunda guerra mundial, por la paridad entre el dólar estadounidense y el oro. Con la ruptura de ese acuerdo en 1971, ante la inconvertibilidad del dólar declarada unilateralmente por EEUU, la paridad de los DEG se estableció sobre un conjunto de monedas, que luego de la crisis mundial del 2007/09 sumó a la moneda china, por lo que las cotizaciones de los DEG incluyen una canasta de 5 monedas de circulación mundial. Los DEG expresan un 41,73% en dólares estadounidenses, un 30,93% en euros, un 10,92% en yuan chino, un 8.33% en yenes japonés, un 8.09% en libras esterlinas británicas. Como se puede apreciar, la emisión de los DEG se asocia a momentos de manifestación de crisis globales, a fines de los 60, a comienzos de los 80, en el 2009 y ahora ante la emergencia agravada por el COVID19. La más que duplicación del stock pre existente de DEG, confirma el carácter de “crisis sin precedentes” enunciado por la titular del FMI. A fines de los 60 se planteó la crisis de rentabilidad del capital que llevó a la ofensiva liberal del monetarismo ortodoxo que se extendió desde el Cono Sur de América bajo la violencia de las dictaduras, y que en los 80 instalaron Gran Bretaña y EEUU, bajo los gobiernos de Thatcher y Reagan. Por ello, las emisiones de DEG son de 1969 y 1981. Con la crisis 2007-09 se habilitan nuevos tiempos de incertidumbre que3 el FMI intenta contener con la emisión de nuevos activos externos que fortalezcan las amenazas reservas de los países miembros. Cada crisis necesita mayor intervención de los Estados nacionales y de los organismos internacionales, caso del FMI. El problema es la salida de la crítica situación, lo que genera un debate entre quienes fundamentan una profundización de la liberalización de la economía mundial, y quienes sustentan algún nivel de reformas gestionadas desde los Estados, atemorizados por eventuales conflictos sociales, e incluso por el impacto destructivo del modelo productivo sobre la Naturaleza. Ese debate se procesa en los cónclaves mundiales e incluso al interior de los propios países en la definición de políticas nacionales. La irresolución de esa polémica agrega incertidumbre a la situación mundial, que se debate entre la continuidad o superación de la pandemia y sus efectos en la economía, los que parecen más duraderos que la previsión al inicio a comienzos del 2020. Claro que en ambos casos, profundizar la liberalización o abordar reformas paliativas, el tema se resuelve si opera la dinámica reproductiva de la inversión de capitales, la que viene ralentizada desde hace décadas en el sistema mundial, lo que lleva a cuestionar más profundamente la lógica económica del orden capitalista, promoviendo un debate que trasciende la coyuntura crítica y supone pensar en un orden socioeconómico superador de las relaciones monetarios mercantiles que dominan las relaciones sociales de producción contemporáneas. Es una cuestión escasamente instalada en el debate global. Buenos Aires, 3 de agosto de 2021

La integración regional en el horizonte pos pandémico

 

A más de un año de la pandemia por el coronavirus queda claro el impacto social sobre la región latinoamericana y caribeña, que con menos del 10% de la población mundial, los contagios y fallecimientos alcanzan al 30%, uno de los territorios donde se hace evidente el límite civilizatorio del orden social capitalista.

Un orden que es mundial y transita una crisis integral, con un trasfondo de acentuación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo sobre los bienes comunes, en donde América Latina y el Caribe cayó el doble que la economía mundial durante el 2020.

La recuperación que se anticipa para el sistema mundial desde el 2021 se ralentiza en el subcontinente, evidenciando problemas estructurales que sobrepasan la dinámica coyuntural de lo sanitario.

Claro que la emergencia sanitaria responde a fenómenos de fondo como la tendencia a la mercantilización de la salud, operada de manera creciente en el devenir liberalizador desde comienzos de los setentas del siglo pasado.

Si ya se discute la salida de la pandemia, vacunación mediante, el horizonte de “nueva normalidad” permea los debates sobre el rumbo civilizatorio.

¿Hacia donde debe orientarse la región?

Las estrategias nacionales fortalecieron la desarticulación regional y, por ende, las políticas sanitarias y económicas respondieron a intereses locales de una dominación que es global y en beneficio de las ganancias.

En materia de vacunas, los laboratorios transnacionales privilegiaron sus intereses económicos y negociaron con cada país cuotas de mercado. Cada quien “resolvió” lo que pudo y como pudo en acuerdos bilaterales, desoyendo toda posibilidad de acuerdo regional compartido.

Ni hablar de la cooperación tecnológica, suscripta por cada país con potencial productivo de manera bilateral con los principales laboratorios oferentes de vacunas en el sistema mundial. Ni siquiera se consideró la potencialidad de la articulación de investigación y producción de países de la región con Cuba, que son sus vacunas demostró capacidad técnica y profesional para atender la demanda de la región e incluso más allá.

Ante la presencia de un problema global, la respuesta debió ser mundial, o por lo menos regional. No ocurrió ninguna de las dos. El sistema mundial apenas pudo definir el carácter pandémico de la situación derivada del COVID19, sin afectar el dominio de las patentes derivado de una lógica de estímulo a la propiedad intelectual privatizada, como signo de época de estos años liberalizadores construidos desde hace casi medio siglo.

Volver a instalar la potencia de la integración regional resulta un imperativo de época. Por ello resalta la recreación de la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (http://s017.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/), la que fundada hace una década reapareció a fines de julio en la 21° Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Fueron 33 los países que deliberaron en México, bajo la presidencia temporal de la CELAC por Andrés Manuel López Obrador, Presidente del país anfitrión del cónclave.

Las resoluciones trascienden la dimensión política y diplomática, para perfilarse como ámbito para una mayor articulación económica. Es lo sostenido por el titular del gobierno mexicano, quien promovió el desafío de una lógica integración no subordinada, explicitada en contra de la OEA.

Es larga la historia de la dependencia regional, primero al colonialismo europeo y luego al orden capitalista.

Los inversores externos, europeos o estadounidenses, extendieron la apropiación del excedente económico regional sobre la base de la superexplotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, abundantes y demandados por el sistema mundial.

Ahora es China quien crece en sus actividades económicas, comerciales y financieras sobre la región, por lo que debe considerarse en la coyuntura el rumbo de la evolución próxima en materia de integración.

Adecuaciones en la inserción global

La situación global se redefinió en la última década del siglo pasado y los países latinoamericanos y caribeños fueron captados, en su mayoría, hacia una lógica liberalizadora, con excepción de nuevos vientos que soplaron al comienzo del Siglo XXI. Allí se habló de Nueva Arquitectura Financiera, de articulación productiva en materia de alimentos o energía; en novedosos mecanismos de integración para la producción, el comercio, las finanzas y la investigación científica y tecnológica, lo que supuso aliento a una nueva institucionalidad, entre ellas a la CELAC.

Son y eran elementos de una integración alternativa, no subordinada a la lógica de la dependencia al gran capital externo. Es lo que recrea y enuncia la presidencia de México y puede continuarse en el próximo periodo, quizá, bajo la dirección de la Argentina.

El impulso de cambio político y económico fue abortado en la región, con retrocesos a salidas nacionales, de reciclado de la inserción subordinada a la lógica inversora de los grandes capitales privados, lubricados con endeudamiento y funcionalidad especulativa. Eso es la historia reciente, desafiadas por nuevos cambios que alimentan la esperanzas de cercanos futuros con perfil de transformación socioeconómica.

La pandemia sorprendió y en el marco de la gravedad social, la realidad impone discutir el estado de situación actual, clarificar el diagnóstico y proponer alternativas superadoras de una continuidad que demanda el poder mundial, con más liberalización y reaccionarias reformas en materia laboral, previsional e impositivo.

Por otro lado, se sostiene la ilusión que aún es posible reformar el orden existente sin cortar la secuencia de producción y circulación comandada por el capital, hoy transnacionalizado y fuertemente concentrado. Por ello es que sostenemos que estamos en un tiempo de pensar y actuar con autonomía la articulación regional.

Asistimos a un momento de cambio ante la gravedad y extensión de la pandemia, especialmente con perspectiva de superación, por lo que la integración no subordinada no debe ser solo una propuesta a futuro, sino un imperativo de la hora para atender las urgentes necesidades civilizatorias en América Latina y el Caribe.

Buenos Aires, 27 de julio de 2021

Cuba y el valor de una experiencia por el socialismo

 

Cuba aparece en el centro del debate político, con protestas y desordenes el pasado domingo 11 de julio, seguida de la respuesta gubernamental y de la propia organización popular en defensa del proceso cubano. Los acontecimientos motivan interpretaciones y acciones muy disimiles, que interesa considerar, en un marco de agravamiento de la situación sanitaria y económica en el orden mundial. Desde la derecha y la contrarrevolución, local, regional y global, se apuró un nuevo grito de final de la experiencia, como en variadas ocasiones previas, incluso antes de la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la URSS. Es un grito que confunde el deseo de enterrar el proceso cubano por el fracaso reiteradamente mencionado de la experiencia, con la dinámica de un fenómeno social, político, cultural que sostiene un debate en su interior por la permanente recreación, con la especificidad temporal de materializarse ahora bajo la dirección de una nueva camada de conducción. Esa renovación generacional en la dirección, es aún mayor si remitimos al universo de la población.

¿Cuántas generaciones caben en la historia desde 1953/9 al presente?

La camada del Moncada tiene su impronta diferenciada de otros momentos, tal como los que define la vivida en la Sierra Maestra o la acumulación de lucha popular para el logro del triunfo del primero de enero de 1959. Playa Girón y muchísimos episodios posteriores definen cada momento y generación de revolucionarios locales, interactuando con la dinámica de lucha de clases global, en donde la ofensiva capitalista de mediados de los años setenta del siglo pasado impactó de manera muy especial en América Latina y el Caribe, territorio de ensayo de la ofensiva neoliberal que luego se instaló como propuesta hegemónica en el capitalismo global. Vale recuperar en sentido histórico el carácter fundante de las dictaduras del cono sur de América para instalar la hegemonía neoliberal en la gestión de los gobiernos regionales, muy especialmente el Consenso de Washington en los noventa. En ese contexto se valora la continuidad del proceso cubano, con todos los errores, especialmente identificados por la propia conducción de la generación de la revolución, el burocratismo y la falta de sensibilidad revolucionaria para cambiar todo lo que deba ser cambiado.

¿Quedó Cuba y sus nuevas generaciones afuera del impacto de la restauración conservadora de los 80/90 en el ámbito mundial?

Incluso, en lo material del modelo productivo cubano, la debacle de Europa del Este supuso una nueva renovación tecnológica. La vinculación con la URSS en los 60/70 significó un cambio en la tecnología y la gestión de la economía, tanto como su inserción internacional. En los 90 hubo que empezar nuevamente, en el marco de una brutal ofensiva capitalista contra el trabajo, la sociedad y la naturaleza. Venezuela y el cambio político en la región, con la renovada discusión por la integración no subordinada abrigó esperanzas de ir más allá del territorio insular en el proyecto por transformaciones estructurales. Eran los tiempos del desembarco de China en la región y con ello el crecimiento de la presencia comercial, económica, y financiera de la potencia emergente en disputa con EEUU. Se habilitaban esperanzas de retomar una perspectiva articulada de inserción en la producción y circulación de bienes y servicios, muy matizada es cierto, y pronto abortada, no solo por sanciones imperialistas, sino por la dinámica nacional de los procesos involucrados. En ese contento, en 2011 se proponen cambios profundos en la organización económica de Cuba, en proceso actual, especialmente con el ordenamiento monetario a comienzos del 2021. Construir la nueva sociedad sobre la base de la anterior, ampliamente diseminada en el sistema mundial es un desafío gigantesco, fácil de criticar fuera del proceso cotidiano.

Cada generación lleva adelante un proceso de lectura y relectura de la realidad, de la historia y de los desafíos a encarar para seguir pensando críticamente la realidad. Una interpretación de la realidad fue realizada por los jóvenes revolucionarios de los 50/70 en tiempos del origen de la revolución. Es una experiencia generacional desplegada en un momento de máxima acumulación de poder popular en la región y en el mundo, en donde Cuba incorporó una cuota importante de esperanza por el cambio anticapitalista y la perspectiva socialista. La historia continua y el debate y las luchas también, para retrasar o revertir el proceso cubano, o para hacerlo avanzar, es parte del desafío histórico. Eso le toca a la generación actual de revolucionarios cubanos y en la medida de lo posible pretendemos aportar, haciendo avanzar la revolución en otros territorios.

Con Cuba, América Latina ingresaba en la historia del proyecto socialista para la humanidad y rápidamente ganó la simpatía de los pueblos y el odio de las clases dominantes en el mundo, especialmente en EEUU. Por esa representación cultural instalada en el ámbito mundial, con fuertes imágenes de sus principales líderes históricos, Fidel, Raúl, Camilo y el Che, no sorprende el inmenso apoyo social y político mundial de una izquierda diversa, la que asume sin reparos la referencia y defensa del proceso revolucionario cubano. Algunos discuten puertas adentro los límites de la experiencia (burocratización, ineficacia, etc.) y los desafíos del presente, pero atentos a que lo principal es la concentración en Cuba de la dinámica de lucha de clases mundial. La dominación nunca aceptó que en su vecindad se asentara una propuesta que genera expectativa y esperanza en el mundo. Por eso la invasión del 61 y las sanciones, con el bloqueo genocida prácticamente desde el inicio. Todo agravado con Trump y no revertido por Biden.

Una cosa es la crítica en el marco de la experiencia y otra muy distinta es la descalificación, algo que involucra a algunos discursos que disputan la representación política de la izquierda. El propio Presidente Miguel Díaz Canel señaló la existencia de revolucionarios en las protestas, junto a parte de la población descontenta con la cotidianeidad, diferenciando a éstos, de otros protagonistas de los episodios, subordinados a la lógica injerencista promovida desde el imperialismo estadounidense, abonado con presupuestos que animan el disenso en la sociedad cubana. Por eso hay que destacar el combate a la contrarrevolución y la apertura a las demandas por resolver en difíciles condiciones la continuidad de la búsqueda por el socialismo.

No hay duda que Cuba mueve las pasiones, a favor y en contra. No resulta un proceso intrascendente, lo que motiva el odio conservador y reaccionario de los defensores del capitalismo y el apoyo solidario, aun con miradas críticas del amplio espectro de la crítica al orden capitalista. En ese marco de contradicciones, la experiencia cubana se sostiene empecinadamente en la enunciación por construir el socialismo, que sigue siendo una asignatura pendiente. Pendiente sí, pero constituye una seria amenaza al régimen del capital en tanto expectativa esperanzadora para los pueblos del mundo. Por eso el ensañamiento de la política exterior estadounidense y los bloques de poder a él asociados en el sistema mundial, más allá de que en las recurrentes votaciones en Naciones Unidas, solo Israel acompañe a EEUU en el sostenimiento del bloqueo a Cuba. ¿Qué ocurre con el resto de los países que no materializan en la cotidianeidad el boicot al bloqueo? En la dominación del capital transnacional y el peso del Estado estadounidense debe encontrarse la respuesta. Solo a modo de ejemplo puede pensarse el alcance de la solidaridad con Cuba de un país como la Argentina, “negociando” en la coyuntura una impagable deuda externa con el FMI y su socio principal, EEUU.

Por eso, en la actualidad, lo primero es terminar con el bloqueo genocida, lo que habilitaría a una discusión sobre la posibilidad de construir un presente y un futuro para Cuba sin las restricciones externas. Cuba resolvió como nadie en la región la producción de la vacuna contra el COVID19, algo que podría potenciarse desde la integración regional y señal caminos de una cooperación regional con beneficio de toda la región. Cuba vale por su experiencia en la propuesta enunciada reiteradas veces en contra del capitalismo y por el Socialismo. Es lo que no le perdonan desde el orden capitalista, mucho menos su vecino imperialista, que necesita a toda América sujetada a su proyecto, bajo dirección republicana o demócrata y sus formas distintas, que vale diferenciar, pero siempre desde una lógica de dominación asentada en la política exterior estadounidense de dominación.

Cuba está en el debate y no resulta ajeno al propósito histórico de liberación de nuestros pueblos a la sujeción al orden del capital. La experiencia cubana debe valorarse críticamente, especialmente cuando la dominación capitalista mundial la bloquea.

Buenos Aires, 15 de julio de 2021