Fuerte caída del PBI en el 2020 y preocupación por el futuro mediato

 

Para el 2020, según el INDEC, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) acumuló una caída de -10,0%.[1] El último dato del FMI para la evolución económica en el mundo señala una reducción del -3,5% para todo el pasado año.[2] El promedio mundial de la caída incluye el crecimiento chino del +2,3%, incluso Vietnam +2,9%, por encima del registro de China, aunque también es fuerte la caída de España con -11,1%, Reino Unido con -10%, Italia con -9,2%, Francia con el -9%, Alemania con -5,4%; Japón con -5,1% y EEUU con -3,4%. El dato de caída para América Latina y el Caribe es de -7,4%, siendo del -8,5% para México y de -4,5% para Brasil.

Resulta evidente que la pandemia y el cierre de la actividad económico afectó al conjunto de la economía mundial, pero sus efectos han sido diferenciados, con países con mayor potencialidad para controlar el impacto, algo que se mide, entre otras cuestiones, en el nivel de actividad. China y Vietnam aparecen con los mejores registros, y aun con baja en torno al promedio mundial, EEUU tuvo un menor impacto que los países europeos y Japón en el capitalismo desarrollado. Los datos para la región muestran matices entre los principales países, con mayor impacto en la Argentina (-10%), respecto de México (-8,5%) y de Brasil (-4,5%).

En el informe mencionado del INDEC se señala respecto de la comparación interanual que:

“…sólo dos sectores exhibieron un incremento: Intermediación financiera (+2,1%) y Electricidad, gas y agua (+0,8%). El resto de los sectores económicos registraron caídas en el año, entre las que se destacó la disminución de Hoteles y restaurantes (-48,6%) y la de Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-37,5%), a raíz del impacto de la pandemia de la COVID-19.”

Respecto del futuro, si es que se extiende satisfactoriamente la aplicación de las vacunas, algo que aún está por verse, las expectativas pueden ser levemente auspiciosas y los pronósticos del FMI apuntan a un repunte del 5,5% en la economía mundial. En la Argentina se anticipa una mejora en torno al 6%, claro, si es que se confirma un abastecimiento adecuado de las vacunas y su generalizada aplicación a la población con un plan que destierre toda favoritismo, tal como se verificó en estas horas.

Por ello, el propio FMI llama la atención sobre el futuro próximo en lo que llama las “divergencias” entre los países para enfrentar el problema de la pandemia. La tendencia en contagios y muertes es a la baja, y existen expectativas por las vacunas, pero la producción no alcanza a satisfacer la demanda, y según Naciones Unidas, 10 países concentran el 75% del stock de vacunas. Es una concentración de vacunas en momentos en que el virus emerge bajo nuevas cepas y puede postergar un tratamiento global adecuado. Dice el Fondo:

“El FMI proyectó recientemente un crecimiento del PIB mundial de 5,5% para este año y de 4,2% para 2022. Sin embargo, va a ser una recuperación larga e incierta. La mayor parte del mundo se enfrenta a una lenta distribución de las vacunas mientras se propagan nuevas mutaciones del virus, y las perspectivas de recuperación presentan peligrosas divergencias entre países y regiones.”[3]

El Fondo llama la atención en esta nota sobre el “acceso desigual a las vacunas”, pronosticando que la vacunación recién podrá generalizarse hacia fines del 2022. En rigor, destaca que no alcanza con los esfuerzos fiscales actuales, elevados en el capitalismo desarrollado, con un aporte del:

“24% de su PIB en medidas fiscales, frente a tan solo 6% en los mercados emergentes y menos de 2% en los países de bajo ingreso.”

Se trata de un problema global y las respuestas siguen siendo “nacionales”, con ausencia de cooperación, sobre la que se aludió en la reciente visita del presidente argentino a México. La cooperación regional y mundial resulta imprescindible en tiempos de amenazas globales. La mercantilización de la salud y por ende de las vacunas no favorece una tendencia necesaria a la cooperación regional y global.

La deuda complica

Un interrogante que nos hacemos se asocia con el gran problema del endeudamiento público que sufre la Argentina, especialmente con el FMI, cuando este está sugiriendo eliminar las deudas interestatales y con organismos internacionales de los países con problemas. También se sustenta una ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda de cuenta de las operaciones del FMI, con lo que se especula poder atender vencimientos próximos de los países deudores con el organismo.

¿Estará Argentina entre esos países con problemas, o su dimensión y potencial económico lo excluye? Es interesante ver la respuesta dada por Bolivia en estos días, que rechazó el prestamo asumido por el gobierno golpista de ese país con el Fondo. Vale detenerse en la información de las autoridades bolivianas al respecto[4]:

“El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020.”

Agrega el comunicado del BCB al respecto que se:

“…efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses de los cuales, 346,7 millones son el pago de capital, (19,6 millones de dólares estadounidenses por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares estadounidenses por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento.”

“Finalmente, la actual administración del BCB en el marco de sus competencias y la normativa vigente, realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y ex servidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI.”

Se trata de un acto soberano que sienta un importante antecedente, que la Argentina debiera imitar, incluso para consolidar posiciones regionales, las que podrían hacerse extensivas a Ecuador y a otros países que en la región recibieron asistencia financiera del FMI en este año afectado por la recesión y la pandemia. Es más, el propio FMI está haciendo una evaluación interna, que se anticipa crítica a la operación suscripta entre el organismo y el gobierno Macri en 2018. Los senadores del Frente de Todos (39) emitieron una carta dirigida a quienes en el FMI están investigando el préstamo.[5] Se reclama allí el otorgamiento:

“a nuestro país un préstamo de magnitud desproporcionada en relación a las reales posibilidades financieras de repago, sin cumplir con los requisitos mínimos de legalidad exigidos por las normas vigentes en nuestro país y vulnerando el Art. 6° del Estatuto del FMI.”

En rigor, sobre fines del 2020 se remitió una carta en sentido similar a la titular del FMI. Los senadores indican en la actual misiva que nunca recibieron, siquiera el aviso de retorno de la Directora Gerente. Resulta interesante el envío de ambas notas, y la enfática demanda al FMI para “investigar”. Lo curioso, es que muchos de los interrogantes están contestados en el informe del 14 de mayo pasado emitido por el BCRA, donde se demuestra la funcionalidad del préstamo del FMI con la fuga de capitales.[6] La actitud soberana de la Argentina debiera asumir la misma decisión del hermano país de Bolivia, y como demanda la auto-convocatoria por la suspensión de pagos de la deuda pública y su auditoria, avanzar decidida y soberanamente en ese sentido. Eso no impide el diálogo con el FMI, pero no de renegociación, sino de investigación, especialmente de los principales responsables involucrados en la operación, tanto las autoridades locales, los funcionarios del FMI y los operadores privados intervinientes en este accionar ilegitimo, ilegal y odioso.

De modo diverso empezaron las clases en la Argentina, con retorno parciales a clases presenciales, manteniendo el mecanismo de apoyo pedagógico virtual, con mucha incertidumbre, del mismo modo que comienza en marzo el periodo legislativo. Todo parece encaminarse hacia cierta “normalidad”, que contiene en su seno inmensas decepciones y expectativas no cumplidas de un tiempo mejor. La gran demanda social es en contra de la inflación y su impacto en el mayor empobrecimiento de la población. El horizonte de repunte económico no satisface las expectativas de contrarrestar lo perdido luego de tres años de recesión y pérdida de ingresos populares. La institucionalidad está desafiada a resolver las reivindicaciones sociales más ampliadas, de lo contrario, será el conflicto el que marque el sentido y rumbo de los acontecimientos.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2021

Concentración y corrupción con las vacunas

 

La pandemia del COVID19 muestra las miserias de nuestro tiempo, donde la desigualdad creciente es la cara más visible. Es una señal de que a todos no impacta por igual, ya que el cierre de empresas y por ende de la actividad económica significa pérdidas de empleos y reducción de ingresos populares, pero al mismo tiempo abundan informes de mejoras en la rentabilidad de algunos sectores económicos, entre otros, los laboratorios farmacéuticos.

Estos constituyen parte esencial de una dinámica en ascenso por la privatización de la actividad económica en general y de la salud en particular. Si bien se sustentan en estudios financiados por entes públicos, caso de las Universidades e Institutos especializados, la producción queda a cargo del sector privado. Así, las ganancias son apropiadas por las empresas transnacionales farmacéuticas que distribuyen sus dividendos entre los accionistas. El Estado capitalista es la base de sustento del capital privado, algo muy evidente en tiempos de pandemia y una crisis precedente que se potencia con las incertidumbres de la situación sanitaria.

La gran esperanza contra la incertidumbre eran las vacunas, con el objetivo de inmunizar a la mayor parte de la población. Los laboratorios aceleraron los tiempos de investigación y desarrollo generando optimismo, rápidamente negado por la concentración del acopio de las dosis entre los principales países del capitalismo mundial. Una agencia de noticias señala:  

“La desigualdad en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 es un hecho del que vienen alarmando tanto organizaciones sociales como la Organización de Naciones Unidas, que hace unos días denunció que diez países habían acaparado el 75 % de las dosis de los antídotos a nivel mundial. Pero sumado al desigual reparto de las inyecciones, se encuentran diversas irregularidades en el proceso de vacunación, cada vez más notorias en la región.”[1]

Lo curioso es que la pandemia es mundial y si no se logra el efecto de la inmunidad global, el propio acaparamiento de las dosis posterga un tratamiento que también afectará a los poderosos países que acumulan vacunas.

A continuación, en la nota se informa sobre las “irregularidades”, verdaderos casos de corrupción en varios países, con especial atención en lo acontecido en la región latinoamericana. Se lee:

“En América Latina, una de las regiones del mundo con mayores desigualdades sociales, ya son tres países señalados por escándalos en los procesos de vacunación que atañen tanto a políticos como a personalidades públicas.

Se trata de Perú, con el ya renombrado escándalo del 'Vacunagate'; Argentina, con la llamada 'vacunación VIP' y Chile, líder en las campañas de vacunación. Las tres naciones han destapado escándalos de corrupción en sus procesos de inmunización.”

La concentración económica y por ende la apropiación de las ganancias en condiciones de crisis sanitaria, junto a la afirmación de una lógica desigual del poder de cada Estado del capitalismo mundial hace evidente las inequidades que construye el capitalismo. Grandes conglomerados económicos, los laboratorios farmacéuticos que concentran y lucran con la enfermedad, amparados y sustentados por el peso económico y político de sus Estados nacionales. Estos Estados reafirman el poder de la dominación internacional. Los laboratorios producen en el marco de la mundialización y se sustentan en facilidades y subsidios que otorga el poderío de los principales países del capitalismo desarrollado y los organismos internacionales que alientan la liberalización de la economía mundial.

De ese modo se potencia la asimetría entre capitales privados, según su histórica acumulación y entre países con distinto nivel de desarrollo relativo, confirmando las tesis de la dependencia de unos capitales sobre otros y de unos países respectos de los más poderosos.

Por eso, resulta de interés discutir la posibilidad de encarar procesos de producción y circulación, en este caso de vacunas, en contra y más allá de la dominación de las corporaciones transnacionales y los países hegemónicos.

¿Es ello una utopía?

De ningún modo. Si observamos la respuesta que en particular está desarrollando Cuba, que, en condiciones de bloqueo prolongado por medio siglo desde EEUU, ha desplegado un sistema de ciencia y técnica y de producción de vacunas que la coloca a la vanguardia en la región y en disputa con la tecnología de avanzada en todo el planeta.

La experiencia de Cuba podría potenciarse con la capacidad técnico profesional desarrollada en varios países de la región y del mundo, lo que supone un aliento a la integración no subordinada.

Esta modalidad de la integración tiene antecedentes en cierta institucionalidad promovida no hace mucho en la región, precisamente cuando se experimentaron procesos de gobiernos de fuerte crítica a las políticas hegemónicos de corte neoliberal en las primeras dos décadas del siglo XXI.

Fueron tiempos en donde se desplegaron novedades institucionales como la CELAC, la UNASUR, el ALBA-TCP. Junto a ello, de desarrollaron iniciativas que mantienen hoy su impronta como programas a desarrollar, especialmente la idea de una “nueva arquitectura financiera”, o proyectos de articulación productiva en materia de alimentos o energía, propendiendo a objeticos de soberanía alimentaria, energética o financiera.

Por ende, no debe sorprendernos la concentración económica, o la corrupción, no solo privativas respecto de las vacunas. Se trata de una cuestión esencial, funcional a la lógica capitalista de la ganancia, del individualismo y el sálvese quien pueda.

La objeción a la situación desigual y a las tensiones en torno a la incertidumbre por la pandemia y la indignación que supone el privilegio de sectores cercanos a las esferas de nuestros gobiernos, requiere una impugnación de fondo al orden capitalista.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2021

El país del futuro en el “Consejo Económico y Social”

 

El anuncio del Consejo Económico y Social habilita el debate sobre el largo plazo en la Argentina, hacia el año 2050, ya que explícitamente se excluye el debate de las preocupaciones de la coyuntura. Más allá de cualquier consideración al respecto, relativo a las urgencias del presente, sea el impacto social de la inflación y la recesión, o la crisis sanitaria agravada por el coronavirus, vale señalar el potencial de un debate necesario en materia de organización socioeconómica del país, que obviamente deberá partir del cuadro de situación actual.

La información difundida por la agencia estatal destaca el abordaje de cuestiones “…como productividad e integración social; medio ambiente y cambio climático; trabajo; seguridad alimentaria; y democracia innovadora”[1]. Se explicita que “estará conformado por 30 miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil” y se propone “elaborar una agenda institucional que supere la coyuntura y marque políticas de Estado para los próximos 30 años”, en un horizonte hacia el 2050.

Durante la presentación formal del “Consejo” conocimos algunas referencias relativas a asesores locales y externos que intervendrán en la tarea. Entre otros, Adolfo Pérez Esquivel y economistas vinculados al sistema de Naciones Unidas, caso de Alicia Bárcena, actual titular de la CEPAL y el colombiano José Antonio Ocampo, junto a ex Presidentes de la región, como Ricardo Lagos, Dilma Rousseff o José Mujica. Entre los locales aparecen dirigentes sociales, sindicales, empresariales y profesionales diversos con experiencia en su especialidad. Alberto Fernández aludió en su exposición de presentación a que “el capitalismo debe ser repensado a la luz de la pandemia”, agregando tras cartón que “no es posible pensar una economía sin ética, no es solo números, es una ciencia humanista. Apostemos al dialogo y a construir un futuro entre todos"[2].

Claro, nuestras opiniones y perspectivas van en contra y más allá del régimen del capital, porque la economía es capitalista y su esencia no es la ética ni el humanismo, sino que está presidida por la búsqueda de ganancias, la acumulación de capitales y la dominación, lo que hace imposible que desde el capitalismo se resuelvan los problemas en discusión: el medio ambiente, el trabajo, la distribución de la riqueza y otros aspectos que incluyen la propuesta del Consejo. Ni hablar de la pobreza, el desempleo, la caída del salario, las jubilaciones y los ingresos populares, o la creciente precariedad laboral.

De hecho, y en alusión a “repensar” el capitalismo, el Foro Económico Mundial (Davos) también funcionó en enero pasado bajo el lema “reiniciar el capitalismo”. Convengamos, que no alcanza con “repensar” o “resetear” al capitalismo, para que todo vuelva a una normalidad que agudiza los problemas de la desigualdad, la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Lo imprescindible es transformar el orden económico y social, lo que implica debatir el futuro imaginado y esperado.

¿Qué imaginamos para las próximas décadas?

Ese es el interrogante que animan los propósitos difundidos, aunque para nosotros debiera incluir otra lógica en la producción y distribución de bienes y servicios. La idea en curso se inspira en organismos similares gestados en la Europa desarrollada y en la Organización de Naciones Unidas, según se destaca en la información mencionada y explicitada en la sesión inaugural por Gustavo Beliz, a cargo de la presidencia del Consejo. Solo como aporte mencionemos que bien podría incluirse entre los antecedentes a evaluar los cambios constitucionales generados en el presente siglo en Nuestramérica, con novedades programáticas de renovación y creación institucional de nuevo tipo, que son muy valiosas, más allá de su instrumentalización concreta. Las constituciones son “programas” a cumplir, objetivos que una sociedad se propone llevar adelante, un rumbo que preside la cotidianeidad.

Las reformas constitucionales recientes de Bolivia y Ecuador en 2009, o de Cuba en 2019, incluso las de Venezuela o Brasil en los últimos años del Siglo XX, pueden aportar perspectivas de interés en los propósitos enunciados del largo plazo. Entre otros aspectos se puede destacar la cuestión “democrática”, asociada en las nuevas constituciones en los mecanismos participativos para la toma de decisiones, pero también otros aspectos civilizatorios relativos a los “derechos de la naturaleza” y la afirmación de procesos soberanos asociados a la alimentación, la energía o las finanzas. También para destacar el carácter “plurinacional” de nuestras sociedades, lo que supone incluir la demanda y agenda de los pueblos originarios y muy especialmente de la tierra y el modelo productivo.

El asunto del modelo productivo es aún más amplio y supone un tema esencial a la hora de considerar la cuestión ambiental, por eso, en materia ambiental o relativa a la discusión del cambio climático, resulta imprescindible pensar a nuestros bienes comunes en perspectiva civilizatoria e histórica. Es un asunto que impacta en el presente y sobre las futuras generaciones. Ello supone pensar el asunto, más como “derecho”, que como “mercancía”, que favorecen el apetito productivo y de ganancias de grandes inversores internacionales. Ello incluye la política de inserción internacional del país, y por ende su política comercial, cambiaria, tributaria, de ingresos, etc. En ese plano, resulta imprescindible discutir el modelo productivo del agro negocio de exportación; de la mega minería a cielo abierto para colocar esa producción en el exterior; o de la industria de ensamble para el mercado mundial en lógica de cadenas de valor; todos en el marco de una lógica financiera presidida por el fortísimo endeudamiento externo, la fuga de capitales y la especulación. En todos los casos mencionados, existe una subordinación a la dominación de las corporaciones transnacionales y los organismos internacionales. Otro modelo productivo resulta necesario proponer y construir en el mediano y largo plazo.

La soberanía nacional y la integración regional aparecen como horizontes de objetivos a construir en las próximas décadas. Recuperar el propósito de la patria grande, presente en el imaginario político del proceso de independencia contra la sujeción colonial, que hoy tiene carácter antimperialista, por ende, anticapitalista. Queda claro que se trata de un debate sobre estrategia, lo que puede ser la posibilidad para superar problemas de difícil solución en la coyuntura, caso de la inflación, que para el caso argentino está fuertemente condicionado por la puja distributiva en la competencia entre distintas franjas y sectores del capital, por un lado, y entre los que perciben ingresos fijos, salarios especialmente, y los propietarios de los medios de producción.

¿Es posible cambiar?

El horizonte de largo plazo, por tres décadas hacia adelante permite discutir la imagen objetivo a lograr, y desde allí encarar un proceso de transición del hoy al mañana para modificar el orden económico y social. Más que una tarea de un Consejo, requiere de un debate nacional, federal, comunitario, cultural, social, que involucre a la mayor cantidad de personas, que al tiempo que se discute pueda construir el sujeto mismo del cambio y con él, el programa necesario de transformaciones.

Hemos recuperado en varios textos a los clásicos de la Economía Política, recordando que el valor tiene padre y madre, precisamente en el trabajo y en la naturaleza. En esa perspectiva debe cuestionarse la creación y el destino del valor socialmente generado en el país y con ello discutir el régimen de propiedad sobre los medios de producción, tanto como el lugar de las trabajadoras y los trabajadores en el proceso de producción.

El debate de coyuntura, excluido en el Consejo creado, remite a una discusión sobre precios y salarios, por lo que, en el mediano y largo plazo, una cuestión estructural debiera remitir al debate entre salarios y ganancias, que son las fuentes esenciales de ingresos en nuestra sociedad. Incluimos en las ganancias a las distintas rentas, la financiera o las derivadas del suelo. Esta distribución funcional del ingreso entre salarios y ganancias, es lo que permite en una sociedad mercantil el acceso a bienes y servicios que pueden resolver necesidades de las familias. Por eso, el eje debe cambiarse desde la discusión entre precios y salarios a la de salarios y ganancias.

Se trata de una cuestión política, no hay dudas, que tiene que partir de la coyuntura (la que no se discute en el Consejo), lo que supone pensar el origen de nuestros problemas actuales. Estos remiten a 1975/76 y si se quiere a las estrategias definidas en los 80 del Siglo XIX, de inserción subordinada de una producción primaria para la exportación, modificado en los 20 y 30 del Siglo XX hacia la industrialización por sustitución de importaciones. Remito a momentos fundantes de la forma de funcionamiento del capitalismo local y a un debate sobre el futuro cercano respondiendo a la incitación presidencial. ¿Hay que repensar el capitalismo o habrá que criticarlo y pensar en un nuevo orden? En ese marco, construir el sujeto y el programa para las transformaciones, significa incluir la asociación de un rumbo para el país, asociado al destino de la región nuestramericana.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2021

Los salarios pierden contra otros precios

 

La inflación para enero del 2021 en Argentina fue del 4%, que anualizado alcanza al 38,5%, un registro mayor que los 12 meses del 2020 (36,1%)[1].

El fenómeno de la inflación está nuevamente en alza, respecto de la tendencia decreciente del 2020 con respecto de la situación de fines del 2018 y del 2019 (47,6% y 53,8% respectivamente). Se trata de un tema preocupante por la especificidad respecto de otros países de la región y del mundo, donde la evolución de los precios no supera el dígito. En rigor, solo Venezuela presenta una inflación superior a la de la Argentina.

La inflación no golpea a todos por igual, ya que es un mecanismo más de distribución (regresiva) del ingreso, o si se quiere, es una manifestación de la lucha de clases entre perceptores de salario por un lado y de ganancia por el otro. Es, en definitiva, la expresión fenoménica de la distribución de los ingresos entre los propietarios de los medios de producción y quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo.

El orden capitalista define la distribución de los ingresos según la lógica de apropiación privada que subordina la organización de la producción a la dominación del capital.

¿A cuánto ascenderá la inflación a fines del 2021?

Según el Presupuesto aprobado para este año alcanzará un 29%, aun cuando el Ministro de Economía sugiere que la inflación podría ir bajando de a un 5% por año, por lo que el objetivo gubernamental oscila en valores un poco superiores a ese valor presupuestado. Igual, parece de difícil cumplimiento ante las alzas de precios, “reacomodamientos” según explican las autoridades. El ministro critica a los profesionales de la economía, financiados por el capital, que auguran, desde hace rato, una espiral inflacionaria, incluso la hiperinflación. Estos economistas y asesores, que remiten a la concepción liberal, de derecha, son funcionales a la lógica política que promueve la libertad de mercado, alentando el ajuste fiscal y la regresiva reestructuración de las relaciones laborales. Son voceros de la ampliación de la apropiación de ganancias y su acumulación.

En ese marco es que las reuniones del gobierno con organizaciones sindicales en estas horas pretenden morigerar la demanda salarial en torno al objetivo del gobierno, aun cuando se señala que las negociaciones colectivas son libres. Igual, no todas las trabajadoras ni los trabajadores integran el lote de las organizaciones que definen sus ingresos en paritarias con las patronales. Pero como esas negociaciones son una referencia económica, pero también política, en tanto y en cuanto son parte de la contención del conflicto, resulta clave para el gobierno arrancar el compromiso de las direcciones sindicales afines. Para estos, se trata de defender al gobierno “propio” del embate opositor liberal.

Con un mismo sentido, el gobierno habilitó el diálogo con los principales dueños y emisarios de las grandes empresas, los que definen los principales precios. El objeto también apunta a solicitarles morigeren su apetencia de remarcación. Es una apelación a la voluntad de un núcleo social, que a priori no confía, ni siente como propio al gobierno, aun cuando se expliciten definiciones y políticas gratas a los oídos y expectativas de las/os empresarias/os. Remito al resultado del cónclave con la Mesa de enlace que parece alejar la presión relativa al crecimiento de los aranceles, o al guiño para contener la demanda de actualización de ingresos salariales y previsionales.

El diálogo con centrales y sindicatos, por un lado, y con empresarios por el otro, pretende conciliar los intereses del capital y del trabajo para abordar a corto plazo un “acuerdo de precios y salarios” en la coyuntura. Será esa la base para un “pacto social” más amplio y duradero que apunte sobre cuestiones estructurales del proceso de producción y circulación para frenar la elevada inflación en el país, muy lejos de la que se presenta en la mayoría de los países. El verbo más usado por el ministro Guzmán apunta a “tranquilizar” la economía, lo que supone contener el conflicto que manifiesta el recurrente alza de los precios.

Salarios, precios, micro y macro

Preocupa la información sobre inflación por el impacto económico social, por la menor capacidad de compra de los ingresos de los asalariados, ya que en otro informe oficial[2], a diciembre del 2020, se señala que:

“El índice de salarios total registrado acumula, en los últimos 12 meses, un aumento de 31,6%, como consecuencia del incremento de 34,4% del sector privado registrado y un aumento del 26,8% del sector público.”

Ese 31,6% de actualización de los salarios registrados durante el 2020 es menor que la evolución en 36,1% de los precios para todo el año pasado. Más grave es el tema para trabajadoras y trabajadores del sector público, verificando el ajuste en el gasto público a costa de ingresos del personal estatal. La información amplia diciendo:

“El índice de salarios total mostró un crecimiento de 33,0% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 31,6% del total registrado y de 39,0% del sector privado no registrado.”

Ese 33% sigue siendo menor que la evolución de los precios para todo el 2020 (36,1%) y se estira sobre el guarismo antes mencionado por el peso que adquieren los ingresos del sector privado no registrado.

Por su parte, dentro del 38,5% de crecimiento anualizado de la inflación, hay que notar un crecimiento de los precios de los alimentos en un 42,3%; de la vestimenta y el calzado del orden del 60,5% y de equipamiento del hogar del 43,6%. Por ende, los sectores que perciben ingresos fijos, los asalariados entre ellos, más propensos a gastar sus ingresos en alimentos y otros rubros de primera necesidad, ven achicar su capacidad de compra y satisfacción de necesidades. Incluso, más allá de los precios, la pérdida de derechos en educación o salud, crecientemente mercantilizados, deteriora la posibilidad de acceso a bienes y servicios para la familia trabajadora.

Aunque no se disparen los precios de la salud o la educación, al ser mercancías, configuran un precio que limita la capacidad de gasto de la familia trabajadora.

El precio de la fuerza de trabajo (salario) se actualiza por debajo del conjunto de los precios y especialmente de los alimentos. Pero, hablando de precios relativos, el tipo de cambio (el precio de las divisas) que interesa especialmente a exportadores se ajustó durante el 2020 por encima del índice general de precios. En efecto, si el dólar minorista cotizaba a 62,99 pesos al 30/12/2019, un año después, al 30/12/2020 cotizaba a 89,87 pesos, un 42,67% más. Los salarios y más aún, los ingresos populares pierden contra el promedio de los precios de la economía (36,1%) y contra la cotización del dólar (42,67%).

Durante enero del 2021, sin registro aun para la evolución salarial, la inflación anualizada señala un 38,5%, la evolución del dólar minorista entre fines de enero del 2020 y el mismo mes del 2021 alcanzó un 47,07% (de 62,99 a 92,70 pesos por dólar). Por lo tanto, en materia de precios relativos, el precio de la fuerza de trabajo pierde contra el promedio de los precios, especialmente contra alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad; y por supuesto, contra el dólar, un precio de referencia e importancia en el país, no solo para exportadores, sino para la especulación financiera.

Ese menor precio relativo de la fuerza de trabajo interviene en una distribución regresiva de los ingresos a favor de la ganancia, ya que el total de la renta nacional mide los ingresos de los propietarios de los medios de producción (ganancia y renta) y de quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo (salario).

De ese modo, menores salarios significan mayores volúmenes de ganancias y rentas, categorías que están en la base de la puja distributiva. El tema se agrava con la recesión, ya que los perceptores de ganancia o renta no quieren resignar ingresos, siendo el único camino posible el achicamiento del precio de la fuerza de trabajo, la que se ubica por debajo del valor necesario para comprar la canasta necesaria para reponer esa fuerza laboral y la de la familia trabajadora.

Por ello, si se pretende definir las causas de la inflación, más que observar la evolución de los salarios e ingresos populares, hay que detenerse en rentas de la propiedad y ganancias del capital, aunque claro, este sería el mundo de la microeconomía, de las relaciones entre empresarias/os y trabajadoras/es, supuestamente inaccesible para la política estatal. Es una cuestión teórica en la que coincide la mayoría de los profesionales de la economía. Así, el capital identifica el problema inflacionario en el Estado, más precisamente en la política económica, o sea, a la macroeconomía. Es lo que les dijo, entre otras cuestiones Martín Guzmán a los empresarios en su reunión, que motivó el aplauso de los presentes. Fue el único ministro aplaudido, porque en el diagnóstico confirmaba el discurso empresario, endosando a la macroeconomía, o sea al Estado, la responsabilidad principal por la inflación.

Diálogos, consensos y disputas

El ministro insiste en que su objetivo es tranquilizar la economía y para eso necesita estabilizar la macroeconomía, con equilibrio fiscal en la tendencia enunciada de los próximos años (-4,5% para 2021) y equilibrio externo para recuperar reservas internacionales, necesarias para hacer frente a obligaciones con acreedores externos. Allí están las motivaciones para acordar con el FMI y poder acceder nuevamente al mercado mundial de crédito, tal como se intenta con todo el mecanismo de negociación de deuda, sea la nacional, las provinciales, e incluso como se vio en estos días con YPF. Todo es una cuestión de confianza.

La aludida “confianza” de los “mercados” es en definitiva una cuestión política en el capitalismo, que en el plano de la economía se dirime en la apropiación de la renta socialmente generada entre propietarios con intereses contrapuestos, los de los medios de producción y quienes solo tienen la capacidad de vender su fuerza de trabajo.

El imponderable de la política es que, si bien es lícita la búsqueda de consensos, lo es también la disputa por lo propio, que, de nuevo, es manifestación de la lucha de clases.

Buenos Aires, 12 de febrero de 2021

Consensos sociales críticos a la liberalización económica

 

Las movilizaciones en Haití contra las maniobras antidemocráticas de perpetuación del gobierno, tanto como las manifestaciones contra la violencia ejercida por carabineros en Chile, o las propias elecciones ecuatorianas dan cuenta sobre nuevos consensos sociales en Nuestramérica con sentido crítico a la ofensiva liberalizadora del capital más concentrado que actúa en la región. Existen señales de disputa de los consensos sociales en un momento de recrudecimiento de los problemas sanitarios por el COVID19 y sus impactos económicos. Estos están agravados por una desaceleración que viene de arrastre y, a los que se suman problemas estructurales que dejan un balance serio de incremento de la pobreza, del desempleo y la pérdida de derechos sociales. Al mismo tiempo, se verifica la fuerte concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos. Se confirma así la tendencia al incremento de la desigualdad, tal como lo confirman los datos difundidos por la CEPAL.

Un rápido análisis de esta situación señala las dificultades políticas que en la región se presentan, con límites a la ofensiva “neoliberal” construida desde comienzos de los años 70 del Siglo XX, objetada por las múltiples resistencias bajo novedosas formas organizativas de tradicionales sujetos y nuevas visibilidades de organización y lucha de pueblos originarios, de los feminismos, del ambientalismo, los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras en el territorio, en cooperativas y en variadas formas de autogestión económica. Todo ello confluyó para hacer posible los procesos de cambio político que fueron tema de consideración mundial en los primeros años de este Siglo XXI. Recordemos que en ese proceso de cambio fue obstaculizado por una dinámica que aparecía favoreciendo orientaciones hacia la derecha del arco político, con los golpes de nuevo tipo (Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia), e incluso, procesos electorales (Argentina, Brasil). La volatilidad política se expresa en el último tiempo en una fuerte impronta crítica de la dinámica social de protesta, especialmente en Chile y en Haití, pero también por procesos electorales recientes en México, Argentina, Bolivia y ahora en Ecuador, aun sin certezas hasta la segunda vuelta de abril próximo.

Hay crisis política, en la región y en el mundo. Resulta curioso escuchar los discursos de principales referentes del sistema mundial capitalista para entender el fenómeno que enunciamos de crisis política en el capitalismo contemporáneo. Hemos mencionado en artículos anteriores varios pronunciamientos en el tradicional Foro de Davos, donde se demandan adecuaciones en las políticas a sustentar, atendiendo la gravedad económica y sanitaria agudizada en las condiciones de la evolución del coronavirus en 2020. Lo mismo ocurre con la brega de los organismos internacionales para sostener políticas de asistencia financiera ante el temor del desborde del descontento y, en definitiva, del conflicto social que amenaza la “normalidad” del régimen de explotación y saqueo, que es quien asegura las ganancias y la acumulación de capitales. En ese sentido, vale leer al Nobel de Economía 2008, Paul Krugman[1], desmitificando la preocupación por el gasto público y la deuda pública, en desmedro de la esperada “confianza” de los inversores. El economista llama la atención sobre la audacia que se requiere hoy en EEUU en el ámbito de la economía y de la política para atender la gravedad del momento, en un mensaje a contramano del discurso hegemónico contra la intervención estatal. El artículo del New York Times apunta a la nueva gestión estadounidense de los Demócratas, a no cometer los errores del 2009, en plena crisis, ya que se quedaron cortos con la asistencia económica y financiera para evitar las secuelas de la gran recesión. Faltaría agregar que esa falta de audacia agravó los problemas de una parte considerable de la población estadounidense que luego volcó su apoyo a Donald Trump.

Veamos el caso ecuatoriano, con el triunfo de Andrés Arauz con el 32% y la discusión por el segundo lugar con dos postulaciones cercanas al 20% cada una de ellas y el cuarto con casi 16% de los votos expresa la fragmentación de opciones electorales. Entre las cuatro opciones suman un 90% de la voluntad social. De esas opciones, solo una expresa en toda su magnitud la voluntad de continuar un rumbo reaccionario. Las distintas coaliciones que se presentaron a elecciones expresan diversidades sociales y políticas que debaten el rumbo en el país, tal como acontece en la mayoría de los países como parte de la crisis política aludida. El resultado electoral del 7 de febrero en Ecuador puede ser leído como derrota de la ofensiva liberalizadora y en contra del giro hacia la derecha asumido por el gobierno que finaliza de Lenin Moreno. En rigor, la dinámica de lucha y organización del movimiento popular definirá el rumbo político, más allá de cualquier alquimia electoral hacia la segunda vuelta. El propio Lenin Moreno, con asistencia del FMI no pudo sostener un legado asociado al ajuste y la reaccionaria reestructuración sostenida en inversores externos.

Sea Ecuador, Haití, Chile, Bolivia, México, Argentina, o cualquier país de Nuestramérica, lo que puede definir la situación de crisis política es la organización de una voluntad por cambios sustanciales en las relaciones sociales de producción y circulación, asegurando nuevos beneficiarios del producto social del trabajo entre la mayoría de la población. Las aspiraciones de cambio en países que se definen por el socialismo podrán superar el aislamiento a los que lo someten las sanciones imperiales, que se renuevan desde la política exterior de EEUU, si el conjunto de Nuestramérica redefine su rumbo en una perspectiva contraria a la lógica de la ganancia y la liberalización y en pro de la cooperación, la solidaridad y la independencia.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2021

 

 



[1] Paul Krugman. “Cómo aprendieron los demócratas a aprovechar el día Parece que no repetirán los errores de Obama”. The New York Times, 9 de Febrero 2021, en: https://www.nytimes.com/2021/02/08/opinion/democrats-covid-stimulus.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage