La industria en el debate sobre el orden económico

Cerró FATE y despidió a 920 trabajadoras/es y afectó a varios miles de forma indirecta, más allá de las propias familias de despedidas/os. La conciliación obligatoria adoptada por la presión social posterga la definición. La “conversación digital”, que el gobierno sigue con atención, le impuso la decisión conciliatoria, aun cuando en la lógica mercantil capitalista que propicia hubiese dejado que el tema siga el curso de la insensibilidad del orden capitalista. En la argumentación oficialista se critica al millonario propietario de FATE y de ALUAR, tal como ya hizo con el titular de Techint, de ser parte de un empresariado que “caza en el zoológico”. Remite a la burguesía prebendaría de un modelo económico sustentado desde el Estado capitalista por décadas, más allá de gobiernos, constitucionales o de facto. Fundan la opinión liberalizadora a favor de la práctica de consumo más allá del empleo y la producción local. Respecto de los neumáticos, se extendía la compra en el exterior o de la mano de las importaciones, el privilegio a producción extranjera. Lo que Milei, equipo y cómplices en la institucionalidad actual están resolviendo es una modificación sustancial del orden económico local, desarmando lo existente. La industrialización subordinada es una norma histórica de la Argentina. No podría ser distinta la situación por el lugar dependiente y subordinado, desde siempre, del país en el sistema mundial capitalista. No invalida la calificación por la dependencia la existencia de momentos históricos de promoción de una industria local, incluso del sector productor de medios de producción, en general bajo la órbita del Estado. Ni las mejores experiencias desarrollaron una perspectiva de independencia tecnológica, un tema central en tiempos de grandes innovaciones científico técnicas que expresa el presente del desarrollo económico social y la disputa global por la hegemonía. Milei propone y actúa para reestructurar regresivamente el capitalismo local. Hasta ahora, el proyecto libertario tiene poca resistencia del bloque histórico de poder, que sufre en carne propia el nuevo horizonte asentado en inversiones externas en sectores estratégicos de la producción primaria, agro-ganadera, energética, minera, tecnológica, con base de inserción subordinada financiera, una lógica que se arrastra desde 1977 con la ley de entidades financieras de la dictadura genocida y el condicionante del endeudamiento externo. En rigor, aun cuando sufren las consecuencias de la política oficial libertaria, el consenso cultural de la burguesía, en su mayoría, es en contra de los intereses y condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. Es una cuestión ideológica en tiempos de ofensiva del capital y de la ultraderecha contra derechos sociales. Un ejemplo es el apoyo a la contrarreforma laboral en curso, un objetivo de largo aliento, frenado por la lucha popular. La resistencia está ejercida desde sectores sociales afectados, especialmente trabajadoras y trabajadores, con sus organizaciones sindicales, territoriales, culturales, políticas e intelectuales. Es cierto que una parte de la base social de esa organicidad contacta con la expectativa del “cambio” ofrecido por el líder libertario, no solo en el aspecto económico, sino en el cultural, contra la casta y los privilegios, y otorga consenso electoral, sin perjuicio de protagonizar, incluso, el descontento o la protesta por ingresos y condiciones favorables de vida. El problema pasa por instalar un orden económico crítico al actual y al precedente, con el horizonte en una propuesta alternativa, que parte de satisfacer las urgentes necesidades de la mayoría empobrecida. ¿Qué sería lo alternativo? Resolver en primer lugar las necesidades de alimentación, dicho en un país especializado en la producción alimentaria. Ello requiere modificar el privilegio al modelo productor de commodities para la exportación, sustituyendo progresivamente por una estrategia de reorganización de la producción y la circulación de bienes y servicios para atender el objetivo de la alimentación. Claro que es una cuestión de poder, para “reestructurar” el orden vigente en sentido contrario a lo sustentado por Milei y sus cómplices, pero también, ejerciendo una crítica al régimen del capital con que se construyeron históricamente las relaciones económico sociales en el país, privilegiando la obtención de ganancias concentradas y no el derecho a la alimentación, entre muchos derechos socioeconómicos. Lo sostenido para los alimentos puede extenderse hacia la energía o las finanzas, la salud y la educación, entre otros aspectos, y muy especialmente para una política industrial, de producción local que privilegie el empleo y las condiciones de trabajo en un marco de inserción internacional no subordinada y de fuerte vínculo con una estrategia de promoción de la investigación científica para un desarrollo no dependiente. Se trata de un tema de discusión ante la agresión del cierre de empresas y de masivos despidos, pero no para avalar ganancias a sectores sociales privilegiados en la apropiación del excedente, la plusvalía, sino para construir un orden socioeconómico que privilegie la satisfacción de amplias necesidades sociales. Buenos Aires, 19 de febrero de 2026

La ONU en debate ante la crisis capitalista (!)

(I) Ponencia presentada en el debate en español de la Campaña sobre relocalización de la ONU. El debate puede escucharse en: https://politeknik-international.org/wp-content/uploads/2026/02/video1198693060.mp4 (mi intervencion puede escucharse desde el minuto 40 hasta el 48) La convocatoria a discutir la localización geográfica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es parte del descrédito actual de la organización. En rigor, el tema de fondo es la pérdida de función del organismo en tiempos de la crisis capitalista contemporánea y la lucha existente por la hegemonía del sistema mundial. Vale recuperar que la Sociedad de Naciones (SN) emergió al final de la primera guerra mundial (1914-18), como un intento de establecer un marco de relaciones internacionales en la posguerra. El límite estructural de la SN estuvo dado por la no participación de EEUU y la URSS, pero también de Alemania, de hecho, las potencias que definirán el orden mundial en los años siguientes, hasta la crisis actual. La ONU surge al final de la segunda guerra mundial como parte de acuerdos político diplomáticos de EEUU, la URSS, Gran Bretaña, China y Francia. La organización es resultado del relativo equilibrio mundial, que “guerra fría” mediante instaló la bipolaridad del sistema mundial entre capitalismo y socialismo (1945-1991). Con la desarticulación de la URSS desde 1991 se abre una nueva etapa en el sistema mundial de relaciones internacionales, bajo la premisa anti histórica del “fin de la historia” y el “fin del socialismo”, por lo que se habilitó una lógica ideológica, de propaganda y manipulación de la conciencia social mundial sobre el triunfo del capitalismo. Con ello, la unilateralidad de la dominación extendida del régimen del capital: de explotación y saqueo. Más aún, bajo las condiciones de guerra fría y la iniciativa de la política exterior de EEUU, OTAN mediante, se consolidó un sistema de organizaciones mundiales bajo orbita de la ONU con claro predominio de EEUU, especialmente los Organismos Internacionales, el FMI y el BM, con el papel del “dólar” en el centro del sistema monetario mundial, ahora en crisis; del mismo modo que operaron otras agencias de la ONU. Situación agravada en 1971 con la inconvertibilidad del dólar decretada unilateralmente por EEUU. Esa crisis monetaria, sumada a la ecológica y la energética dio lugar a un mayor condicionamiento de la política mundial bajo la lógica de la “liberalización” y la extensión de la dominación del dólar, especialmente con el “petrodólar” como respuesta estadounidense a la crisis capitalista, petrolera, financiera, ecológica, integral. Mucho cambió el capitalismo global en el último medio siglo, entre la crisis de los 60/70 y la evidenciada desde 2007/09. Hay cambios estructurales en la relación de explotación de la fuerza de trabajo, con regresivo impacto directo en las formas de organización de las/os trabajadoras/es y sus organizaciones sindicales, territoriales, sociales y económicas, deteriorando ingresos y beneficios sociales y previsionales. Al mismo tiempo se exacerbó el saqueo de los bienes comunes ante la demanda de insumos estratégicos, como la tierra, el agua, los minerales, la biodiversidad, etc., en tiempos de la internacionalización de la producción y la transnacionalización del capital. La explotación y el saqueo extendido crece en este medio siglo y es la base de la disputa por la producción y acumulación de valor y plusvalor, nudo esencial de la disputa por la hegemonía. Al describir el proceso esencial del desarrollo capitalista, con la extensión del trabajo asalariado, cada vez más irregular derivado de la impunidad empresaria, y la apropiación de bienes comunes, asistimos a la creciente universalización del régimen del capital. Eso define la “ofensiva capitalista” en contra de las/os trabajadoras/es y los pueblos por medio siglo, que ahora adquiere relevancia en el ámbito de la política y el gobierno de las naciones como “ofensiva de la ultraderecha”. La deriva es el creciente autoritarismo en el ámbito local de los países y en el sistema mundial, con “sanciones unilaterales” desde Washington que rompen las relaciones sustentadas en reglas. Por eso, desde la hegemonía estadounidense se sostiene una refundación del orden mundial con el llamado “Consejo de la Paz” o “Junta de la Paz”, con presidencia permanente de Trump, al tiempo que vacía y desfinancia a la inoperante ONU y sus agencias. La crisis económica, política, cultural, integral del orden capitalista demanda que se extienda la vos de las/os trabajadoras/es y de los pueblos, en un conjunto de iniciativas de carácter popular para confrontar con la estrategia de la dominación y generar las condiciones de posibilidad para transformaciones anticapitalistas y por el socialismo en los ámbitos local-nacionales, regionales y mundiales. Este debate por el cambio de la sede de la ONU favorece una discusión sobre las estrategias confrontadas del poder y el contrapoder, lucha de clases, para reorganizar al movimiento obrero y popular en una perspectiva de revolución contra el capital, contra toda forma de discriminación y racismo, por la paz y la vida social y natural. Buenos Aires, 1 de febrero de 2026

Un golpe más al ingreso popular: media sanción de la reaccionaria reforma laboral

El poder económico concentrado requiere desde hace tiempo un cambio regresivo en la relación laboral, disminuyendo la capacidad de negociación de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Desde cuándo el poder sostiene la ofensiva contra el trabajo? Es un programa desde la crisis de rentabilidad de los 60/70 del siglo pasado que se respondió con una ofensiva reaccionaria desplegada en varias etapas, con violencia del terrorismo de Estado desde hace medio siglo. Por eso, la ofensiva patronal se reconoce en el “rodrigazo” en 1975, la dictadura genocida del 76/83 y las incursiones derechistas y liberalizadoras de los ´90 con Menem y De la Rúa, el gobierno Macri (2025-19) y ahora Milei y cómplices en todos los poderes del Estado con su avance de media sanción de la reforma laboral. El objetivo es incrementar la posibilidad de apropiación del excedente económico, producto de la disminución del poder de trabajadoras y trabajadores. De ese modo, se acrecienta la apropiación de plusvalor de las y los propietarias/os de medios de producción. Por eso, crece la desigualdad, aun cuando la producción está estancada desde hace más de una década. No se produce más, pero la distribución es desigual, acrecentando ingresos y riquezas de pocos. La fragmentación del movimiento obrero y popular constituye el paso necesario para la consolidación en el proceso legislativo actual, que pretende sellarse con la sanción legislativa en Diputados antes del fin de febrero. Esta dinámica se asienta en cambios estructurales de la organización de la producción, con millones de trabajadoras/es en situación irregular de empleo, desfinanciando la seguridad social y condenando a millones a la inseguridad sanitaria, social y previsional. Mientras esto sucede, una parte importante de la burocracia sindical defiende su condición y negocia con el poder. No debe sorprender que eso ocurra, ya que las propias bases del sindicalismo tradicional acuerdan con el rumbo ideológico de la derecha liberalizadora que induce el sálvese quien pueda. Las cúpulas sindicales burocráticas se subordinan a ese marco ideológico política de una parte de sus afiliadas/os y de la sociedad y desde una lógica “posibilista” intenta sostener concesiones en negociaciones con la patronal y los gobiernos de turno. Por eso, la movilización contra la reforma, siendo muy importante y de carácter federal, no tiene el alcance necesario para derrotar la ofensiva del capital y el gobierno de la ultraderecha. Resulta imprescindible reorganizar al movimiento sindical, de trabajadoras y trabajadores, en el sentido inicial del reagrupamiento que dio origen al Congreso de Trabajadores de la Argentina en los 80/90 del siglo pasado. Es un propósito vigente y más necesario aun, que trasciende iniciativas parciales de grupos, movimientos y partidos, y demanda más unidad de acción en la resistencia, al tiempo que se articula un proyecto político alternativo que le otorgue posibilidad de éxito a la confrontación con la liberalización en curso. Se trata de animar un nuevo tiempo de acumulación de poder popular para la emancipación. Buenos Aires, 12 de febrero de 2026

El crecimiento en 2026 según el FMI

Argentina crecerá al 4% en 2026 afirma el FMI en su reporte de actualización de las perspectivas de la economía mundial . Es un valor por encima del promedio mundial, que sería del 3,3% y que para la región latinoamericana y caribeña pronostica en 2,2%, con Brasil creciendo al 1,6% y a México con el 1,5%. Por encima del promedio mundial se destacan China con el 4,5% y la India con el 6,4%. Argentina aparece entre los pocos países que presenta un crecimiento elevado respecto del promedio mundial. Lo curioso es que las informaciones oficiales de Argentina señalan 21-046 empresas cerradas entre noviembre de 2023 y mismo mes de 2025, recordando que la gestión Milei comenzó en diciembre 2023. En la misma fecha, dos años de gestión se han perdido 272.607 puestos de trabajo regularizados, tanto del sector privado como del estatal. La gestión Milei se caracteriza por el ajuste fiscal, por eso los despidos en el sector público; pero también por la reestructuración del modelo productivo y de desarrollo, lo que explica las cesantías en el sector privado. Muchos de esos despedidos aparecen en las estadísticas como “cuentapropistas” y por eso no aumenta en demasía el índice de desocupación. Buena parte de esos trabajadores/as por cuenta propia son parte de la economía de plataforma, sin seguridad social, con disminución de sus ingresos regulares y contribuyendo a desfinanciar la seguridad social, especialmente el régimen jubilatorio. Una de las tendencias de la economía capitalista contemporánea es la precarización laboral. El país es parte de esa característica creciente en el empleo mundial. Reorganización productiva regresiva Argentina crece aun con cierres de empresas y cesantías de trabajadoras y trabajadores. La explicación podemos encontrarla en la reorganización económica del país. El país viene transformando su estructura industrial, que además de abastecer al mercado interno intentaba competir en el mercado mundial, incluso, siendo parte de cadenas globales de producción, caso de alimentos o automotrices. La novedad es el abandono de ese proyecto industrial para su transformación en la producción y circulación de bienes comunes. Se trata de la producción primaria para la exportación, sea agro-ganadera, energía o minería, a lo que se suma la llamada economía del conocimiento y la actividad financiera. Todas actividades subordinadas a la dominación del capital transnacional concentrado. Estos sectores explican el crecimiento económico del país. El dato relevante es la caída del sector manufacturero y la inversión en obra pública y privada asociada a esa dinámica de producción. Estos sectores concentran los perjudicados del modelo impulsado por la gestión Milei. La valoración del FMI y del oficialismo remite al mito del crecimiento económico, sin diferencias beneficiarios y perjudicados. El nuevo rumbo de producción y circulación no es generador de empleos suficientes para atender la demanda laboral de millones de personas desafectadas del modelo anterior. Adicionemos que el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur favorece el cambio del modelo productivo y de desarrollo en curso, potenciando una inserción subordinada de Argentina en la provisión de bienes comunes, agudizando la demanda financiera que acrecienta la deuda pública. El nuevo modelo productivo y de desarrollo potencia la fuga de capitales, limitando las posibilidades de reproducción de una dinámica económica que satisfaga ingresos de la mayoría empobrecida de la población. No es una contradicción el crecimiento pronosticado con los cierres de empresas y las cesantías, son consecuencias lógicas de la política económica en curso. Alternativa como asignatura pendiente Más allá de los pronósticos, el interrogante remite a los consensos electorales de un programa reaccionario. La respuesta es política y está asociada a las insatisfacciones del modelo anterior, que más allá de especificidades políticas en distintos turnos de gobierno, la promesa de resolver la comida, la educación o la salud no se materializaron luego de cuatro décadas entre 1983 y 2023. El programa de la dictadura genocida, a medio siglo de instalado, parece hacerse realidad en el presente. Las expectativas sociales de 1973/75 han mutado en el descrédito de las tradicionales propuestas políticas de la historia argentina. La mediana es de 32 años en Argentina, es decir que la mitad de la población tiene más de esa edad o menos de esos años. La parte de los menores constituyen una nueva generación en la búsqueda de horizontes civilizatorios, que además, lo hacen en un momento del desarrollo global de ofensiva del capital y de la ultraderecha, muy diferente a lo que acontecía hacia 1973/75. Es una asignatura pendiente de la política local y global construir el horizonte de transformación social más allá del rumbo por las ganancias y la acumulación capitalista que nos devuelve la realidad en esta tercera década del Siglo XXI. Buenos Aires, 19 de enero de 2026

El golpe a Venezuela desnuda los objetivos de política exterior de Trump

La intervención estadounidense sobre Venezuela el pasado 3 de enero y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores expresan la ofensiva de Donald Trump y su equipo para sostener una estrategia política al interior de EEUU y en el sistema mundial. En efecto, al interior crecen las dificultades económicas y políticas que dificultan el consenso electoral del medio turno en 2026. Sea por la suba de precios en la canasta de consumo cotidiano, el bajo crecimiento económico, como el impacto negativo de la represión a inmigrantes, agravada con el asesinato reciente a sangre fría de una mujer, junto a la difusión de información que asocia al presidente estadounidense con el sonado caso de explotación sexual de Epstein. Incluso, respecto de Venezuela no existe consenso masivo, ni del sistema político ni de la sociedad. Respecto del sistema mundial, está claro que EEUU intenta en este turno de gobierno recrear los mecanismos de dominación mundial, asentando su poder de base en el continente americano. Así lo afirma en su documento sobre seguridad difundido en noviembre del 2025. La región latinoamericana y caribeña resulta esencial para la estrategia de dominación global, por eso, no solo Venezuela, sino Colombia y México, y claro, especialmente Cuba. En ese marco se inscribe su objetivo por hacerse del control de Groenlandia. El propósito apunta a subordinar aún más a Europa y especialmente, intentar cerrar el camino a la inserción de China y sus aliados en la región. Una tarea compleja, casi imposible, derivada del creciente desarrollo de las fuerzas productivas en China, que le disputan a EEUU el proceso de producción y circulación económico en el ámbito global. La revolución objetada Venezuela es la expresión del intento más destacado de cambio del rumbo que el capitalismo imaginaba para la última década del siglo XX. El derrumbe soviético pronosticó el “fin de la historia y del socialismo”, vociferando el triunfo capitalista contra cualquier intento alternativo en contra del régimen del capital. La liberalización de las relaciones económicas fue la política oficial del gran capital, en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad. Ese fue el programa del Consenso de Washington (CW) en los ´90 del pasado siglo. Las luchas populares desde el caracazo a la asunción presidencial de Hugo Chávez, marcan una década de estímulo a variadas luchas en el continente que habilitan un tiempo de cambio político en toda la región, que con el involucramiento de Cuba habilitan la recreación de la perspectiva por el socialismo, del “siglo XXI” o “comunitario”, incluso propuestas del “vivir bien” o el “buen vivir”, junto a propuestas de economía comunitaria y autogestionaria, o formas comunales de ejercicio de la participación popular en la toma de decisiones sobre la construcción social imaginada. Fueron muchas las innovaciones institucionales (CELAC, UNASUR, Integración no subordinada, etc.) y simbólicas para reconstruir la subjetividad social consciente y un programa favorable al cambio social, entre ellos el anticolonialismo, el anticapitalismo y el antiimperialismo, claro que matizados según sea la acumulación de fuerzas en cada país y que proyecto político se imponía como hegemónico. Los acuerdos de Venezuela y Cuba a fines del 2004 (ALBA) radicalizaron la perspectiva por el socialismo, alternativa a quienes mantenían expectativas sustentadas en “reformas por la distribución” en el marco del capitalismo. El antiguo dilema de “reforma o revolución” poblaba los debates políticos e intelectuales. Una nueva experiencia por la revolución tenía que frenarse antes de su extensión. Por eso los golpes de nuevo tipo, en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, junto a nuevas propuestas con sustento electoral de la derecha, con aval explícito de EEUU. No había fin de la historia y la lucha de clases se manifestaba desde Caracas a Chiapas, de Bolivia al Sur del continente y se generaron condiciones de posibilidad para recuperar un horizonte de “patria grande”. Ese proyecto político debía ser frenado, por lo que se desplegó una fortísima iniciativa política de las burguesías locales y los grandes capitales que diputan la plusvalía generado en nuestros países. Entre el aliento a programas reaccionarios de la ultraderecha y los límites del progresismo se organizó la dinámica de “guerra económica” para desestabilizar la orientación anticapitalista en Venezuela, sí, pero con el objetivo de ir por Cuba. Lo esencial sigue siendo la disputa del poder Mucho se discute sobre el acontecimiento del 3 de enero y sus consecuencias en la región, en EEUU y en el ámbito mundial, ya que no puede analizarse la ilegal acción estadounidense en un marco de crisis capitalista. Lo que está en discusión es el orden mundial, en desorden desde el momento que se instalaron “sanciones unilaterales” emanadas desde Washington y aceptadas por la hegemonía del orden capitalista surgido luego de 1945. Ese orden está en discusión e interesa discernir sobre una perspectiva alternativa en contra del capitalismo. Desde mediados del siglo XIX ese programa era la revolución por el socialismo, con experiencias que acumularon en ese derrotero hasta la desarticulación de la URSS. La región latinoamericana y caribeña generó expectativas de transformaciones revolucionarias a comienzos del siglo XXI, con novedades respecto de lo acontecido en la tradición por la revolución socialista. La expectativa también se asienta en el Sahel, en África y en las luchas de los pueblos de todo el mundo. Es un tiempo de recreación de la teoría y práctica de la revolución, asumiendo la experiencia previa y renovando la crítica al capitalismo en función de los cambios acaecidos en las relaciones de explotación y saqueo que propicia el gran capital transnacional concentrado. Se trata de mantener una estrategia de acumulación de poder popular, que aparece en las nuevas formas de sindicalización y organización de trabajadoras y trabajadores que hacen parte de la irregularidad en el empleo, articulando con variadas formas de organización y lucha de la población que vive de la venta de su fuerza de trabajo y que organiza la reproducción cotidiana más allá de la hegemonía del orden mercantil monetario y la ley del valor. Aludimos a variadas formas de lucha en defensa de las reivindicaciones del movimiento de trabajadoras/es, de las luchas ambientales en contra de la devastación sistémica del capitalismo, como contra toda forma de discriminación y racismo. Lo definitivo en nuestro tiempo es la organización y lucha popular en la construcción de una estrategia de poder en contra y más allá del capitalismo. 9 de enero de 2026