Los problemas globales en la agenda regional y mundial

En estos días se procesaron encuentros internacionales relevantes para el debate contemporáneo. Uno remite a la Asamblea General de Naciones Unidas, la ONU; y otra a la reunión de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños. Más allá del protocolo, la agenda de convocatoria y los debates, en ambos cónclaves se trataron los temas más urgentes de la sociedad contemporánea, tales como la emergencia sanitaria del Covid19 y el cambio climático, los que impactan regresivamente en la situación económico social de la población mundial, con más pobreza, desigualdad y concentración. En la inauguración de la Asamblea de la ONU, su titular señaló: “Estoy aquí para hacer sonar la alarma (…) Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado. O más dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida. La pandemia del COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes desigualdades. La crisis climática está golpeando el planeta.” Algo similar puede leerse en la Declaración final de la CELAC cuando se señala: “la Celac reitera el compromiso con la unidad e integración política, económica, social y cultural, y la decisión de continuar trabajando conjuntamente para hacer frente a la crisis sanitaria, social, económica y ambiental, ocasionada por la pandemia de Covid-19, el cambio climático, desastres naturales y la degradación de la biodiversidad del planeta, entre otros.” Queda claro que la preocupación central en el debate civilizatorio apunta a los desafíos derivados de problemas globales que son producto del modelo productivo y de desarrollo capitalista, con impactos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Vale enfatizar que el discurso diplomático jamás menciona al capitalismo como causa y razón de la situación. Lo que se está afectando es la vida humana y el metabolismo natural del planeta, por lo que se demandan soluciones inmediatas, las que deben empezar por asumir la gravedad de la situación del orden actual capitalista, como consecuencia de la explotación de la fuerza laboral y el saqueo de bienes comunes que deben trascender el tiempo vital de la población actual y asegurar la reproducción de la vida social y natural en el planeta. No alcanza con palabras y declaraciones Son interesantes los discursos, que se precisan y especifican en las agencias especializadas de la ONU y en otros organismos internacionales, caso de la CEPAL para la región. El problema es que los discursos no resultan efectivos ante la realidad de la organización económico social cotidiana subordinada a la lógica del capital, con base en las ganancias privadas y la acumulación en desmedro de beneficios sociales. No alcanza con el lenguaje diplomático de los organismos internacionales, que necesita ser desafiado por una dinámica de cambio social y político en los ámbitos nacional, regional y global. Por eso resulta auspicioso el retorno de los cónclaves de la CELAC, ahora bajo presidencia pro tempore de México. Aun cuando Brasil está afuera del esfuerzo articulador del diálogo político que expresa la CELAC, es importante que se retome un debate sobre las formas del dialogo político y diplomático regional, reconociendo las desavenencias de fuerte tono que suponen objetivos contradictorios en su seno. Esas contradicciones se sintieron en los cruces verbales entre representantes de gobiernos aliados a la política exterior estadounidense, casos de Paraguay y Uruguay, con países que como Cuba o Venezuela denuncian, con amplia solidaridad internacional, las sanciones estadounidenses. El fenómeno también aparece en la Asamblea de la ONU, por caso, con Colombia confrontando con Venezuela. Son confrontaciones que definen los rumbos y desafíos para la economía y la política global, amenazadas por problemas globales que acumula el orden capitalista y que no resuelve un orden gestado hace 75 años y con hegemonía estadounidense. Una hegemonía que impuso a la OEA, como el ámbito privilegiado de las relaciones interamericanas, por lo que no podía contener a Cuba con su proyecto socialista desde 1961 y por eso la expulsión. Los cambios políticos del Siglo XXI en la región trajeron la novedad de una nueva integración y con ello emergieron distintos ámbitos para su concreción, destacando la CELAC, surgida hace una década. La CELAC es un proyecto en disputa por la representación diplomática y política con la OEA. La diferencia entre la primera y la segunda es la autonomía de una o la subordinación de la otra respecto de la dominación de EEUU. En la cumbre de la CELAC, el presidente López Obrador sugiere que el vínculo con EEUU surja de una previa articulación regional, lo que lo hace extensivo al conjunto de las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. Dijo en el discurso inaugural de la Celac: “La CELAC, en estos tiempos, puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe, y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías…” Es discutible la posibilidad de cooperación que se sugiere en la ONU y en la CELAC con las potencias que ocupan un lugar central en el orden mundial contemporáneo y no solo EEUU, lo que exige, si, la urgente articulación e integración regional para afrontar con un proyecto colectivo los problemas globales de nuestro tiempo. Varias intervenciones pusieron el acento en la capacidad de producción de vacunas en la región, a la cabeza Cuba, que, pese a las limitaciones de un bloqueo criminal, alienta investigación y producción propia. En otro plano, la cooperación tecnológica y financiera de varios países en la región permite en asociación con laboratorios extranjeros producir y distribuir vacunas patentadas afuera de la región. Un rumbo alternativo se procesa en la lucha por la suspensión de las patentes y la cooperación en la investigación y producción desde la región. No hay posibilidad de encarar una estrategia en la región contra los problemas globales si no se encara un proceso de integración no subordinada, que promueva cambios en contra del modelo productivo y de desarrollo del capitalismo, lo que requiere más que palabras. Resulta interesante verificar coincidencias en foros y cónclaves internacionales, pero lo que se demanda, más que palabras, son acciones para frenar la destrucción del medio ambiente y el recurrente deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población en la región y en el mundo. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2021

El castigo fue la principal lectura sobre las PASO

El pasado 12 de septiembre se realizaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO, “legislativas”, correspondientes al medio tiempo del turno de gobierno (2019-2023). Se validaba o no la gestión gubernamental, de ahí muchas especulaciones previas sobre el rumbo futuro, ganadores y perdedores, en el oficialismo y en la oposición. Por eso interesa discernir quien gano o perdió en todo el espectro de la política local, y muy especialmente pensar el porvenir. El primer dato importante a destacar es la importancia de la voluntad social para definir la aprobación o rechazo, en general, sobre el rumbo del país y se destaca la mayor abstención registrada en un proceso electoral. Lo principal ocurrido es la pérdida de más de 5 millones de votos del oficialismo, por diversas motivaciones: la economía, la gestión de la pandemia, incluso aspectos éticos asociados a actividades frívolas que explicitan el privilegio de los gobernantes sobre el conjunto social. Sacando el ausentismo tradicional, buena parte del incremento se debe a votantes descontentos con el oficialismo y sin voluntad de premiar a otros grupos, mucho menos al macrismo. Al mismo tiempo debe consignarse que no existiendo “penas” a quienes no cumplen con la obligatoriedad, que cada elección renueve una masiva presencia, en torno al 67% de los electores, resulta interesante para medir voluntades políticas electorales. La movilización social también incluye el accionar en las elecciones, votando o ausentándose, incluso puesto de manifiesto en el voto blanco o impugnado. El castigo mediante el voto o no voto no constituye una novedad, ya que se ejerció en 2015, cuando se habilitó por primera vez en la historia constitucional de la Argentina, un gobierno de derecha por vía electoral. Es cierto que el macrismo incluía a las identidades tradicionales, peronismo y radicalismo en su seno, pero ninguna ejercía la hegemonía del liberal gobierno presidido por Mauricio Macri y expresiones del poder económico en el equipo gubernamental (2015-2019). La experiencia macrista fue castigada en 2019 con el retorno del “peronismo unido” de las tres patas (Cristina Fernández, Sergio Massa y Alberto Fernández), aun cuando una parte del peronismo continuaba asociada al macrismo, del mismo modo que el radicalismo oficial validaba la alianza macrista. Algunas expresiones de la identidad radical siguieron siendo parte de la propuesta del “peronismo unido” bajo la hegemonía kirchnerista. El gobierno de Macri no satisfizo las expectativas de una parte de la sociedad y fue castigado en 2019, del mismo modo que se reitera el castigo en estas PASO de 2021, que podrían ratificarse en las elecciones legislativas de medio turno el próximo 14 de noviembre, fecha de elecciones para renovar los Congresos nacionales, provinciales y municipales. Como la política es un proceso social dinámico, en estos dos meses podrían modificarse las condiciones e incluso revertir el clima de castigo, para lo cual habría que recrear las expectativas frustradas en estos dos años de gobierno de los Fernández. Difícil que eso ocurra, y todo dependerá del accionar del gobierno para revertir el castigo, más allá de cualquier renovación ministerial. Lo que se demanda es cumplir las expectativas contra el legado macrista: el fuerte endeudamiento público, la pobreza, el desempleo, la inflación y la desigualdad en la apropiación del ingreso y la riqueza. A 48 horas del castigo, la propia coalición produjo una crisis política que afecta al gobierno y a la institucionalidad vigente, por lo que resulta complejo imaginar el devenir en el corto y mediano plazo, más allá de pensar en cualquier resultado electoral en las elecciones de noviembre próximo. ¿Cómo se castigó? El ausentismo consolidó los votos positivos hacia la oposición, sea la derecha, la ultra derecha (una de las novedades) y a la izquierda. Al ausentismo, hay que sumarle el voto blanco o nulo como forma de castigar, incluso más allá del gobierno, enfatizando la ausencia de opción política. Un dato relevante lo constituyen las nuevas generaciones de votantes, hijos del Siglo XXI, con sus vivencias y registros propios sobre la historia local, regional y mundial, en un tiempo de ausencias de “épicas” que atravesaron otras generaciones, por caso, la de los 60/70, y las percepciones sobre el socialismo y la bipolaridad del sistema mundial entre 1945 y 1991, incluso la posibilidad de un “tercer mundo” como parte de una dinámica anticolonial y antimperialista que cambió el mapa de buena parte del sur del mundo. Los sesenta en Latinoamérica y el Caribe amanecieron con la esperanza de la revolución cubana, alimentada en los setenta con la novedosa elección chilena de la unidad de la izquierda y a fines de los setenta incluso, la insurgencia nicaragüense. ¿Qué incorporó a la cultura política de la sociedad y a las nuevas generaciones, en ese periodo, la contraofensiva liberal, local y global? Hemos sostenido que el gran logro del “neoliberalismo” emergente de las dictaduras en el sur de América fue la derrota cultural, expresada en la ausencia de un “imaginario alternativo” que lleva ya tres décadas. Hubo voto castigo al gobierno que mermó su consenso electoral de manera considerable respecto de la anterior votación, consolidando un 30% del voto positivo. El macrismo también obtuvo menos votos, pero en menor proporción, resumiendo un 40% de la votación y constituyéndose en la primera minoría. La izquierda en su conjunto (distintas listas) aparecen como tercera minoría, con 1,5 millones de votos. La derecha “libertaria” sigue en la consideración cuantitativa, muy probablemente captando algunos de los votos fugados desde el macrismo y cierta identidad con el rechazo a la “política” (profesional). Insistamos, la derecha y la ultraderecha sumados captan un porcentaje elevado del consenso electoral, seguidos del oficialismo y la izquierda, sin mucha capacidad de alianzas entre estos últimos. Los “ganadores” aparecen afines ideológicamente a otros procesos similares en la región (Bolsonaro) y en el mundo (Trump), siendo el principal perdedor la opción política en el gobierno. El resultado fue sorpresivo para unos y otros, aunque existían “avisos” en el descontento que se manifestaba en la previa a la PASO. No hay corrimiento a la derecha del electorado, sino descontento ante el incumplimiento de un “imaginario” de restauración de derechos perdidos en tiempos macristas. Por eso señalamos que se castigó el no cumplimiento de las expectativas, igual que en 2019, ya que el macrismo no resolvió entre 2015 y 2019 lo que muchos de sus votantes esperaban que modificara. Es cierto que a poco de asumido el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner sobrevino la pandemia y agravó la situación de la economía, pero igual no se cumplieron con las expectativas de cambio. Pudo haberse confrontado con la condicionante herencia de la deuda, especialmente con el FMI y el Club de París, y no solo no se hizo, sino que se tendieron puentes de convivencia parlamentaria para favorecer el proceso de negociación, licuando responsabilidades del macrismo en la asunción de una gigantesca e impagable deuda pública. Tampoco se orientó un cambio de modelo productivo cuando el tema fue servido en bandeja por el fraude de la empresa Vicentin. El anuncio de intervención, expropiación y transformación de la empresa en caso testigo para reorientar el modelo productivo agrario con orientación hacia la “soberanía alimentaria”. Ello podría haber definido un rumbo estructural en un sector estratégico de la economía local. Otra oportunidad perdida fue el fin de la concesión en el río Paraná, la llamada Hidrovía, postergado por un año, en lo que parece una continuidad de un rumbo de consolidación de un modelo productivo y de desarrollo extranjerizante y con destino en la subordinación del país para la promoción de una acumulación asociada en el orden trasnacional vigente. Una cuestión no menor deviene de los privilegios, expresados en vacunaciones por relaciones con el gobierno, cuando las expectativas por la vacunación eran importantes para prevenir el efecto del coronavirus, tanto como el incumplimiento de las normas de prevención puesta de manifiesto en los encuentros festivos en ámbitos oficiales. El castigo fue contra el ajuste de salarios y jubilaciones, la inflación que favorece a los fijadores de precios y en contra de la mayoría empobrecida, como por el impacto de la emergencia sanitaria y los privilegios a este asociado. La asignatura pendiente El momento político actual pone de manifiesto la necesidad de la emergencia de un nuevo proyecto político emancipador, más allá de las dos coaliciones que disputan el consenso electoral en nuestro tiempo. Las viejas representaciones: radicalismo y peronismo vienen sufriendo mutaciones importantes que se manifiestan en las coaliciones que disputan el consenso electoral. A derecha e izquierda de ambas coaliciones emergen proyectos que recogen voluntades ideológicas de larga tradición en la cultura política local, sea el liberalismo o el marxismo, cada uno con matices importantes que hasta ahora no les permitió una presencia unificada que ponga de manifiesta su real volumen para la disputa política. Con los libertarios, reaparece el fenómeno de Alsogaray y la UCD en los 80/90 del siglo pasado, imaginando ante la crisis política local y global un resurgimiento del pensamiento y la política liberal en el orden local. Con los partidos trotskistas se visibiliza una presencia política en el país que los excede, ante el apoyo de concepciones y una cultura crítica que confluye con el programa de rechazo al pago de la deuda pública y en defensa de los intereses de sectores populares, pero diferenciándose de posicionamientos sobre los procesos políticos regionales, especialmente en lo concerniente a la situación cubana y una orientación en la integración latinoamericana y caribeña. La reflexión apunta al cambio de las identidades tradicionales en el país. Si en la historia constitucional de la Argentina emergieron el radicalismo y el peronismo, transformados en el presente en unas coaliciones que se arman y desarman al ritmo de una crisis profunda, con alarmantes datos regresivos del impacto económico y social. En ese cambio de identidades surge la ausencia de una alternativa popular que pueda actuar en una perspectiva crítica y transformadora del orden capitalista. No es solo un desafío local, sino regional y global. Es una búsqueda que lleva tres décadas ante la debacle de la bipolaridad del sistema mundial entre 1989 y 1991, con las especificidades que ese proceso tuvo en el país. No hay respuesta simple al interrogante sobre la construcción de alternativa, pero es el desafío en un tiempo en donde el capitalismo amenaza a la naturaleza y con ello a la supervivencia del género humano. Ese es el marco civilizatorio de la urgencia para el logro de una propuesta política para la emancipación. La base de lo nuevo estará en la síntesis de experiencias de reproducción de la cotidianeidad asentadas en una radicalización de la democracia participativa y un funcionamiento comunitario de la reproducción de la vida, en armonía con el metabolismo de la Naturaleza, claro que en el marco de una propuesta política que asuma una conciencia colectiva de superar el orden presente subordinado a la ganancia y a la acumulación capitalista. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2021

A propósito del día de la Industria

El día de la industria favorece la divulgación de argumentos interesados del poder económico y político y mucho menos de propuestas alternativas sobre la organización del orden de la producción, una categoría más allá de la industria propiamente dicha y que involucra al agro, la minería e incluso los servicios y la circulación en general. La producción todo lo contiene, aun cuando existen restricciones en el lenguaje coloquial que lo reducen al plano de lo fabril. Solo a modo de ejemplo señalemos que cuando se dice “complejo sojero”, el principal colectivo productivo en las exportaciones argentinas, no solo se alude al poroto, sino también a “harina y pellets, combustibles, aceites y derivados”, o sea, mucho más que el producto extraído de la producción primaria de oleaginosas. Del mismo modo que el “complejo de la carne” incluye ganadería y frigoríficos. Más aún si consideramos el asunto en la diversidad de los lácteos, la producción textil o incluso el sector propiamente fabril en materia del complejo automotriz, siderometalúrgico, petróleo, petroquímico o relativo a la minería en su diversidad. En lo extractivo primario y en lo fabril transformador se conjugan la diversidad de la producción material de bienes y servicios. En términos pedagógicos remitimos a lo primario, secundario y terciario en la conformación del aparato de producción de cualquier economía local. Esa producción supone transporte, comercio y financiamiento, sin perjuicio del vínculo con las diversas agencias estatales asociadas a la actividad económica en general, y en particular del sector aludido. Los fabricantes y sus cámaras representadas en la Unión Industrial Argentina, la UIA, constituyen la institucionalidad visible de parte del poder corporativo del capitalismo local. Existen otros agrupamientos, de grandes empresas o de pequeñas y medianas, incluso agrupamientos en defensa de formas alternativas de organización de la producción. La voz más audible en el día de la industria, el 2/9, fue la de la UIA. En ella convive el núcleo del empresariado más concentrado de actuación local, buena parte asociada al capital externo en su dinámica económica regular. Se trata de parte importante del capital externo y local que actúa en el país, en una lógica en la que articula orientación al mercado local y mundial, vía importaciones y exportaciones. Siguiendo el ejemplo del “complejo sojero”, el paquete tecnológico potencia la dependencia del capital local a la lógica de dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, sin perjuicio de la dependencia financiera, tal como se demuestra cada vez que se visibilizan quebrantos o situaciones de falencia con acreedores transnacionales, tales como en los casos de Vicentin o ahora con el concurso del frigorífico de Cañuelas. En cada conmemoración por el día de la industria se visibilizan las reivindicaciones patronales, tales como las necesarias reformas estructurales, laborales, previsionales, tributarias. La cuestión apunta a la reducción del costo de producción y a la búsqueda de mayores posibilidades de rentabilidad de la inversión. Se pretenden menos impuestos, menor incidencia del salario en el costo laboral y mayor flexibilidad para el ingreso y salida (despidos) de la fuerza de trabajo empleada. El objetivo es la mayor apropiación de la renta socialmente generada. Son reivindicaciones presentadas al poder político en la gestión del Estado, muy especialmente en tiempos electorales como los actuales. A días de las elecciones de medio turno resultan de interés las reconfiguraciones del poder parlamentario y la capacidad de intervenir en las sucesivas disputas del poder ejecutivo, tanto como la capacidad de influencia sobre el poder judicial, bastión de última instancia del poder corporativo de los principales propietarios de medios de producción. En el fondo se juega un consenso social favorable a los intereses del capital más concentrado. Otro orden productivo El problema está más allá de las reivindicaciones del poder actual o en disputa sobre el orden de la producción local. No es que da lo mismo favorecer o restringir el poder corporativo, sino que el interrogante que traemos al debate es si se puede modificar la orientación de la producción y circulación de bienes y servicios en general, con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados. Ello supone discutir, más que el crecimiento económico, el perfil productivo en el país, con qué objetivos y bajo qué formas organizativas concretas. El país cayó 9,9% su capacidad productiva en 2020 y se anuncia un crecimiento del 8% para el presente 2021. Más allá de lo cuantitativo, de si alcanza o no, lo que interesa es discutir el sentido de la producción, quiénes se benefician y quienes se perjudican. ¿Qué producción primaria, secundaria y terciaria? ¿Qué destinos se privilegian, el interno, el externo, o que combinación de ambos en función de la inserción internacional del país? Entre otros temas supone discutir la “energía”, sean las fuentes tradicionales o las alternativas, no solo en el marco de la crisis ambiental o climática, sino en función de las necesidades apuntadas a resolver necesidades sociales y un adecuado metabolismo natural. Un enfoque de soberanía energética resulta esencial. Como hemos sostenido, el debate incluye la articulación de propuestas productivas que atiendan la necesidad de resolver las dimensiones de la pobreza y el empleo. Por ello actuar bajo el horizonte de la soberanía alimentaria. Se trata de pensar en otro orden productivo que articule necesidades insatisfechas con la posibilidad de potenciar las capacidades productivas ociosas en la población. Nada de ello es posible desde la parcialidad, por eso insistimos en la usencia de una discusión que incluya producción y circulación en su conjunto, una reorganización del circuito integrado con precisiones respecto del lugar de la planificación y ejecución estatal. Remitimos a un Estado que debe comprometerse en la participación activa de sujetos conscientes con la necesidad de construir la transformación socioeconómica. Ello supone el combate a toda forma tecnocrática o burocrática de ejercicio gubernamental. Discutir el orden productivo y la circulación supone considerar un nuevo “modelo de desarrollo”, es decir la reorientación del consumo de la sociedad y del propio Estado; el ritmo de la inversión, entendida como lógica de acumulación social del excedente económico. Una dimensión inversora que incluye las esferas de lo público y lo privado, especialmente lo autogestionario, cooperativo o comunitario; pero también el tipo de inserción internacional. Pensar alternativamente la producción y la circulación sugiere avanzar a contramano de la creciente mercantilización de la vida cotidiana. Por eso se trata de pensar y actuar más en derechos. La des-mercantilización ocupa el centro de la propuesta relativo a otro orden económico. Todo lo señalado requiere de financiamiento, convocando a discutir el orden monetario, fiscal y financiero, objetando la lógica funcional a la dominación de los organismos internacionales y la banca trasnacional. La soberanía monetaria implica discutir los mecanismos de emisión y absorción vía tributos, superando la lógica actual de endeudamiento del Tesoro o del Banco Central. En ese marco debe estimularse una profunda reforma financiera, sobre la base de desarmar el entramado organizado desde la dictadura militar, que enlaza deuda pública y extranjerización del sistema financiero. Me señalan que el poder no lo permitirá y ello es irrefutable, convalidado por la historia local y global. Pero, al mismo tiempo señalar que sin pensar en términos alternativos, en tanto horizontes a construir, que permitan caminar en la búsqueda de nuevas formas de organización social, una realidad emancipada no será posible. La crítica y las propuestas para otro orden productivo prefiguran la primera instancia de un proyecto autónomo con epicentro en la solución de necesidades insatisfechas. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2021

Vuelve la Inflación con más desigualdad en el capitalismo mundial

La información señala que existe una recuperación de la economía mundial luego de la pandemia, especialmente en los centros del capitalismo desarrollado, especialmente en Europa y EEUU. Con ello retorna un viejo problema: la inflación. Los registros consignan un 5,4% anual a julio 2021 en EEUU y del 3% anual para agosto en la zona del euro. Para países de elevada inflación como Venezuela o Argentina, esos valores no suenan mal, pero el consenso de la banca central en el capitalismo desarrollado es que los precios no deben superar el 2%. Es una conclusión derivada del combate al estancamiento y crecida de los precios a fines de los setenta del siglo pasado. Ante la estanflación, la receta fue el monetarismo ortodoxo asociado al boom neoliberal emergente con los ensayos de las dictaduras en el cono sur de América y generalizadas en la Inglaterra de Thatcher o en EEUU de Reagan. En la Reserva Federal empezaron a señalar cambios en la política monetaria a mediados del 2020, en pleno epicentro de la pandemia y el parate de la economía. Recordemos que la economía mundial cayó -3,5% y eso convocaba a recrear condiciones para el crecimiento. Luego de 40 años de política monetaria de shock (1980-2020), a lo Greenspan, había que inducir cierta alza de precios para estimular la economía mediante la intervención estatal. Eso ocurrió vía subsidios directos a las empresas y familias, tanto como impulsando el mercado de crédito familiar, empresarial y estatal. De hecho, la experiencia de las sucesivas crisis estadounidenses, en 2001, 2008 y 2020, la respuesta siempre fue con estímulo monetario, vía emisión y deuda. Europa no se quedó atrás. Ahora el Banco Central Europeo consigna una aceleración de los precios en la “euro zona”, alejándose del 2% establecido como ideal. Se recuerdan las aceleraciones de precios en Europa en plena crisis del 2008 y del 2011, momentos de fuertes emisiones monetarias y de deuda. Los argumentos de las bancas centrales en EEUU y Europa es que se trata de problemas transitorios derivados de la “recuperación económica” pos pandemia, la que impacta especialmente en precios de la energía y alimentos, entre otros. Materias primas en alza, especialmente los hidrocarburos sindican que no se trata de un problema de corto plazo, y no hay solución en el mediano (horizonte de 100 dólares el barril), aún con llamados de atención a la mitigación de los efectos generadores del preocupante cambio climático y al cambio de la matriz energética. Pese a esas tranquilidades discursivas, existen señales preocupantes, como el fin de la prohibición de desahucios en EEUU, lo que puede significar millones de personas desalojadas ante la incapacidad de pagos por sus viviendas. Más grave aún es el impacto en el desempleo, que aun cuando se recupera la economía, las tasas de desempleo e irregularidad en la contratación se mantienen elevadas en todo el mundo, muy por encima de la situación previa a la pandemia, asunto confirmado en los informes de la OIT. El discurso conservador esgrimido por la corriente principal en política económica demanda agudizar las restricciones monetarias y de deuda, cancelando líneas de préstamos personales e induciendo ejecuciones ante deudas por tarjetas y créditos prendarios e hipotecarios, entre otros. Todo puede derivar en ascenso de las protestas y el conflicto social, agravando la situación de incertidumbre de la economía mundial. De hecho, la recuperación económica privilegia la ganancia de grandes empresas, quienes “pueden” aumentar los precios en desmedro de los ingresos de la mayoría de la sociedad. La desigualdad en ascenso es lo que devuelve la coyuntura mundial con el regreso de la inflación, salvo que la sociedad no legitime la ecuación del poder y vía conflicto social demande reordenar las relaciones económicas. Esto habilita a pensar en términos alternativos, de ir en contra y más allá del orden capitalista. Ante la crisis que impactó en la pérdida de ganancias, la recuperación solo se piensa en términos de relanzar la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad, por lo que se trata de estimular resistencias y desarrollos de iniciativas que supongan acumulaciones de poder popular para enfrentar la situación actual en una perspectiva de transformación social. Buenos Aires, 1 de septiembre de 2021

Debates sobre la deuda pública en Argentina

Argentina recibió esta semana los Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente de 4.355 millones de dólares, los que probablemente se utilicen para cancelar vencimientos de deuda del 2021, especialmente con el FMI por 3.800 millones de dólares. El resto contribuirá para cancelar vencimientos con el Club de París. Desde la Asamblea por la suspensión de los pagos de la deuda y la auditoria con participación popular se organizaron movilizaciones diversas en varios puntos del país, para intervenir con opinión crítica al consenso por la reestructuración y el pago. El FMI emite los Derechos Especiales de Giro, DEG, ante la gravedad de la situación económica mundial. En efecto, la primera emisión se decide en 1969 y alcanza entre 1970 y 1972 a los 9.300 millones, y está asociada al sistema monetario mundial dominado por el dólar y su relación con el oro, tal como había surgido de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Para fines de los sesenta se asistía a tiempos de límites a la gran expansión capitalista luego de finalizada la segunda guerra mundial. Los “treinta gloriosos” que remiten a la gran expansión de la economía mundial se extienden entre 1945 y 1975. Estaba llegando al final el acuerdo monetario de posguerra (1944) cuando en 1971, de manera unilateral, EEUU desarmó el acuerdo explicitando la crisis de los 60/70. Los DEG dejaron de expresarse en dólares y pasaron a referenciarse en una canasta de monedas. Emergía por entonces el ensayo neoliberal con las dictaduras del Sur de América y a fines de esa década del 70´ y comienzos de los 80´, ya con neoliberalismo en Gran Bretaña y EEUU, el FMI emitió entre 1979 y 1981 unos 12.100 millones de DEG para asistir los problemas de balanza de pagos de los países miembros. La crisis mundial del 2007/09 convocó a dos nuevas emisiones, una especial por 21.500 millones y otra por 161.300 millones de DEG. Ante la emergencia de China en la escena mundial, la canasta de monedas de referencia incluyó al yuan (10.92%), sumándose así al euro (30,93%), al yen (8.33%), a la libra esterlina (8.09%) y a la moneda dominante, el dólar estadounidense (41,73%). Así, las emisiones totalizaron un stock de 201.204 millones de DEG, equivalentes a 293.000 millones de dólares estadounidenses. Cada crisis mundial elevó considerablemente las emisiones de DEG para sostener el orden capitalista. Vale recordar que los DEG no son una moneda sino un activo canjeable por las monedas globales en las que se expresan los DEG. La profunda recesión mundial del 2009 multiplicó por diez la emisión del FMI. Kristalina Georgieva sostuvo al anunciar la actual emisión por 456.000 millones de DEG, equivalentes a 650.000 millones de dólares como “…una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes” Vale mencionar que casi la mitad, unos 300.000 millones de dólares se destina a los 7 países de mayor desarrollo, concentrando la asistencia financiera del Fondo en los países hegemónicos del sistema mundial. Más allá de la retórica de ayuda a los más empobrecidos, la asignación remite a las cuotas de cada país miembro del FMI. Para el caso argentino, con el crédito más importante otorgado alguna vez por el FMI, la asignación representa menos del 1% del total emitido y estará destinado a cobrarse una acreencia impagable, en el marco de una negociación por extender los perentorios plazos de vencimientos de un préstamo odioso, ilegitimo e ilegal asumido en la gestión del 2018. El país usará los DEG para cancelar parcialmente la deuda y el FMI utiliza nuevamente a los DEG para intervenir en la continuidad de una lógica que de manera creciente pretende resolver en la circulación los problemas de la producción, la productividad y rentabilidad capitalista. La negociación Al mismo tiempo que esto ocurre, continúan las negociaciones con el FMI por una deuda asumida en 2018/19 en DEG por el equivalente 44.154 millones de dólares, según informó el Ministro de Economía al Congreso este jueves 26/8. Es el mayor préstamo otorgado por el FMI en su historia y cuestionado desde diversos ángulos, siendo un tema no cerrado y que convoca a polémica jurídica, política, incluso ética. Hay que considerar que los DEG se valorizan por encima de la moneda estadounidense ante las sucesivas devaluaciones del dólar propiciadas desde EEUU, por lo que puede haber subvaloración de las autoridades locales con respecto a la deuda con el FMI. Las negociaciones con el FMI son consideradas y justipreciadas por el poder económico y político, en tanto garantía de futuras inversiones, por lo que no imaginan se incumplan los compromisos con el organismo internacional, que este año suma por capital e intereses unos 5.100 millones de dólares. Entre los temas en discusión aparece la responsabilidad en el elevado endeudamiento público de la Argentina. El gobierno señala el fortísimo crecimiento de la deuda durante el gobierno Macri (2015-2019) por 100.000 millones de dólares, y la oposición sindica el mayor endeudamiento en la coyuntura, incluyendo la deuda del Banco Central vía las Letras de Liquidez (LELIQ) y los pases pasivos, que alcanzan unos 4 billones de pesos. La realidad que es la deuda crece tal como lo señala el propio gobierno en su exposición ante el Congreso, con el matiz no menor que la deuda con el macrismo se incrementó en divisas (monedas que la Argentina no emite) y en la actualidad el crecimiento es principalmente en moneda nacional. El argumento oficial se afirma en que la deuda en divisas condiciona y profundiza la dependencia y pérdida de soberanía, además de señalar la emergencia del coronavirus a tres meses de iniciada la gestión de gobierno y la necesidad de financiar el gasto social derivado de la pandemia. Una de las placas presentadas por el Ministro de Economía al Congreso señala la tendencia al desendeudamiento desde 2004 hasta el 2011, para luego volver a crecer durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner y acelerarse en los últimos años del macrismo, y Covid mediante, en la primera parte del actual gobierno de Alberto Fernández. En efecto, de un 118,1% de deuda pública respecto del PBI en 2004, la política de cancelación de deuda, mediadas por los canjes del 2005 y 2010 llevaron la relación deuda/PBI al mínimo del 38,9% en 2010; para luego subir bajo gobiernos diferentes hasta el 88,8% al final de la gestión de Macri (diciembre del 2019) y alcanzar el 101,50% a julio del 2021, ya en la actual administración del Frente de Todos.
El tema es complejo más allá del debate electoral y condiciona el presente y futuro de la economía argentina. Existen responsabilidades pasadas y presentes relativas a una deuda pública que resulta un componente estructural del orden económico local del último medio siglo. No se resolverá el problema si no se encaran políticas económicas que vayan más allá del pago o no pago de la deuda. Lo que se requiere es encarar una discusión sobre la estructura económico social de la Argentina, su modelo productivo y de desarrollo, tanto como su inserción internacional. Buenos Aires, 28 de agosto de 2021