El desregulador que regula para el poder

En la misma semana que el gobierno designa a Federico Sturzenegger como “Ministro de Desregulación y Transformación del Estado”, Milei anuncia desde EEUU, en su conclave con multimillonarios, que el Estado “intervendrá” en el mercado cambiario para frenar las presiones para una devaluación de la moneda. Se trata de una contradicción en la narrativa libertaria, pero es consecuente con el objetivo central del gobierno por generar condiciones de éxito para los grandes inversores en el capitalismo local. Es lo que está en la letra del Régimen de Incentivos a Grandes Inversores, el R.I.G.I., contenido en la ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, y que preside el accionar gubernamental para lograr un sitial relevante de la Argentina en el sistema capitalista mundial contemporáneo. La fuerte “intervención estatal” en el mercado cambiario es la respuesta a la suba de los tipos de cambio financieros de los últimos días, resultado de operaciones especulativos del poder económico concentrado para hacerse de divisas y acumular recursos asociados a la fuga de capitales. Esas tenencias de divisas en cajas de seguridad, junto a las inversiones en el exterior, inmobiliarias, de depósitos o títulos, como formas de inversión en activos externos, constituyen formas esenciales y difundidas de aplicación de recursos provenientes de la apropiación de plusvalía en el capitalismo local. Se afirma así el rumbo específico de la acumulación de capitales del sector hegemónico en el capitalismo local. Milei los felicita por eso, aun cuando condena a las empresas de medicina prepagas por aumentar tarifas o condena a banqueros por hacer uso de venta de los “puts” ofrecidos en títulos públicos. Más devaluación en la demanda del poder Los grandes productores y exportadores presionan por un mejor tipo de cambio para sus ventas, mientras acumulan en silos bolsa la producción, esperando más ingresos por esas ventas externas. Se estima que acumulan unos 16.000 millones de dólares, una cifra equivalente a los que el tándem Milei-Caputo le solicitan al FMI o a prestamistas internacionales para poder terminar con las restricciones a la compra venta de divisas, el llamado CEPO. Si los exportadores vendieran y liquidaran sus tenencias en silos, el BCRA podría cumplir la meta establecida con el FMI de incrementar las reservas internacionales. Ahí hay una pulseada, entre grandes productores y exportadores versus el gobierno. Es una pulseada sobre quien manda. El poder económico coincide ideológicamente con Milei y su prédica libertaria, pero no está dispuesto a ceder un mínimo de sus ganancias potenciales. Milei tiene un proyecto político para la Argentina, asociado a una mayor transnacionalización sobre la base de insertar al país en la lógica global de acumulación, no solo en lo relativo a la explotación de los bienes comunes, sino de generar un espacio local favorable en la dinámica de la digitalización económica. Sus expectativas se inscriben en la innovación tecnológica de los grandes actores económicos en la vanguardia, en el camino de la inteligencia artificial. Milei rechaza la devaluación en esta coyuntura porque su objetivo se mantiene en disminuir la inflación, elemento sustancial de la política para mantener consenso social a su proyecto. La devaluación de diciembre llevó el índice de precios minoristas al 25,5% y aunque sea discutible, el gobierno se lo adjudicó a la gestión anterior. Ese momento inicial, otorgó fuerte rentabilidad al poder económico y supuso un punto de partida para la estabilización macroeconómica que se explicó con una tendencia decreciente de la inflación hasta mayo. La inflación de junio, con el 4,6%, superior al 4,2% de mayo empezó a revertir la tendencia y eso preocupa al gobierno, especialmente con una cotización record en el dólar ilegal, el blue, de 1.500 pesos por dólar y una brecha de 60% con el tipo de cambio oficial, junto a un alza del riesgo país, lo que encarece el crédito para los tomadores de préstamos desde la Argentina. Recordemos que la política pública está presa hace décadas del crédito internacional, muy costoso por elevadísimas tasas de interés para el país, un gran condicionante de política económica. Hay que bajar la inflación a cualquier costo para mantener consenso político y por eso el ajuste fiscal para sostener el equilibrio fiscal, con “contabilidad creativa” postergando pagos, despidos masivos en el Estado nacional que pretende extenderse a las provincias y municipios, pero equilibrio al fin con un inmenso costo social para la mayoría empobrecida. A eso le suma ahora el objetivo de emisión cero, en tanto segunda etapa del plan. En ese rumbo necesita contener la presión devaluatoria de grandes productores y exportadores y por ende acude a la fuerte intervención estatal, a contramano de su ortodoxo discurso. No solo no cierra el BCRA como anunciara Milei en campaña electoral e incluso en cada ocasión que baja líneas discursivas libertarias, sino que lo hace intervenir para contrarrestar la presión por la devaluación demandada por el poder. Pretende el gobierno hacer converger la inflación mensual al 2% de la tablita cambiaria establecida en diciembre pasado, luego de la devaluación que llevó el dólar de 400 a 800 pesos y que hoy cotiza a 950/70 pesos por dólar en el mercado oficial de cambios. Esa convergencia de actualización cambiaria y de precios es el objetivo buscado para estabilizar la macroeconomía, e insistamos, a un costo social gigantesco. Lo que interesa en política es el consenso y hoy se concentra, aun, en la baja de la inflación. ¿Quién disciplina a quién? Tras la sorpresa electoral, Milei busca erigirse en líder de un ciclo de acumulación capitalista en el país y desde ahí lograr una proyección global ante la evidente crisis del capitalismo global, puesto de manifiesto en las tendencias a la desaceleración de la economía mundial desde la recesión global del 2009. Para eso se propuso confirmar el consenso electoral inicial del 30%, asociándose al macrismo. Los réditos están a la vista en el ámbito institucional. Ahora avanza en construir su propio instrumento electoral para no depender de terceros. Lo esperan en ese sentido, las elecciones del 2025 de renovación parlamentaria y del 2027 por la elección presidencial. En ese camino de transformar consenso electoral en político, un tema estratégico, deviene del mantenimiento de las expectativas sociales, algo que pareciera mantenerse, aún con el deterioro de los ingresos populares y el incremento de los negativos datos económico sociales para la mayoría empobrecida de la sociedad. Claro que al mismo tiempo y de manera preventiva, el gobierno estableció un “protocolo de seguridad”, contra piquetes y movilizaciones, abonado con recursos fiscales suficientes para ejercer el uso de la violencia estatal para contener la resistencia y el conflicto social. Entre las cesantías, la represión directa, los encarcelamientos más allá de cualquier justificación, el objetivo gubernamental para disciplinar al movimiento sindical y social se dirime entre iniciativas del movimiento popular y el ejercicio de la contención del poder represivo del Estado. Al mismo tiempo, Milei disputa quien dirige el rumbo del capitalismo local, que en el ámbito político supone la disputa del liderazgo de la derecha, lo que requiere, además, el ejercicio de la orientación de la dominación para la dirección de una estrategia de acumulación más allá del poder oligárquico imperialista asociado a la explotación de los bienes comunes. Menem le puso hegemonía al bloque de clases en el poder en la década del 90 del siglo pasado, disciplinando a los de abajo y a los de arriba en un ciclo de acumulación capitalista con inserción subordinada en la lógica mundial de la transnacionalización del capital. Esa estabilización capitalista saltó por el aire en el ciclo de luchas que desembocó en la crisis del 2001. Lo que hoy vivimos es un nuevo intento de estabilización política del capitalismo local, que al mismo tiempo habilita posibilidades de emergencia de un nuevo proyecto político alternativo que dispute el orden social, incluso, en contra del régimen de la ganancia. La coyuntura inestable de la política local y global desata la imaginación para la reproducción de la dominación, incluso con nuevo bloque social en el poder, o incluso, nueva alternativa en perspectiva de emancipación social. Buenos Aires, 15 de julio de 2024

Pacto de mayo para el ajuste

El gobierno de Javier Milei convocó al Pacto que finalmente se suscribió un 9 de julio, día en que se conmemora la “independencia” de la Argentina . Lo destacamos, porque el pacto suscripto por la mayoría de los gobernadores supone un momento más de subordinación a la lógica del capital transnacional y a contramano de todo proyecto por la independencia. Es un rumbo asumido con el decreto desregulador de diciembre pasado, el 70/23, la ley de “Bases…” y el conjunto de la política libertaria que potencia el rumbo inaugurado en la dictadura genocida, en los noventa del siglo pasado y recientemente bajo la gestión de Mauricio Macri. Los sujetos políticos involucrados en el “Pacto de mayo” (de julio) son los mismos que hegemonizan los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, quienes subordinan recurrentemente la política al condicionante de la deuda y muy especialmente al gerente de la misma, el FMI. Una deuda que crece desde la dictadura, para disciplinar a la sociedad local a las demandas del capitalismo mundial, por eso, reiteradamente, cada turno constitucional de gobierno re-negocia la deuda para profundizar la dependencia y la subordinación a la lógica de la ganancia. Si a fin del 2001 la deuda alcanzaba los 144.000 millones de dólares, a finales del gobierno de Cristina Fernández en 2015 ascendió a más de 240.000 millones. A fines del macrismo, en 2019, superó los 323.000 millones de la moneda estadunidense, elevándose al final del mandato de Alberto Fernández a más de 370.000 millones. En el primer trimestre del 2024, bajo gobierno Milei, la deuda alcanza a más de 403.000 millones de dólares. Por eso no sorprende, que, junto a las enormes pérdidas de ingresos populares por el ajuste gubernamental, las principales empresas del país registran superlativas ganancias. Pese al ajuste y a la recesión, crecen las ganancias de la cúpula empresarial, expresión palmaria de la transferencia de ingresos que impone la perdida de salarios e ingresos previsionales hacia los sectores más concentrados del capital. La actividad económica puede decrecer, pero, aun así, el sector concentrado de la economía ejerce su poder para generar una transferencia gigantesca de recursos desde la mayoría empobrecido en su beneficio. El “ajuste” es una política funcional a la burguesía concentrada y aun cuando los modales de Milei parece preocupar a ciertos sectores del poder, utilizan el consenso logrado por el libertario para consolidar la transferencia de ingresos y generar reformas estructurales que consoliden un rumbo favorable a las ganancias y a la acumulación capitalista. El programa del Pacto en un decálogo Ahí está la esencia del decálogo del “Pacto”, presidido por la máxima del principio de “inviolabilidad de la propiedad privada”, omitiendo que en origen está la violencia del genocidio a los pueblos originarios en la campaña militar de Roca en 1880. La sacrosanta propiedad privada de los principales medios de producción en el país explica esa acumulación de ganancias de los principales grupos empresarios, de capital externo y local, que antes mencionamos. Se firma el “Pacto” para el compromiso de continuar y profundizar la subordinación a la lógica de la ganancia de ese reducido grupo de la elite empresarial. El programa del Pacto generaliza el ajuste y compromete a los gobernadores para ese fin, emulando los despidos nacionales. Ese es el mandato del Pacto para hacer realidad el equilibrio fiscal y la disminución del gasto público al 25% del PIB. Es la base para una mayor regresividad tributaria en el programa de reforma impositiva, consolidando un rumbo fiscal favorable a la rentabilidad del capital. Por eso, y bajo ese espíritu es que sostienen una reforma laboral que consolide la impunidad patronal; y una reforma previsional que solo contemple a quienes aportaron oportunamente, dejando de lado las aspiraciones de millones de trabajadoras y trabajadores a quienes no se les hicieron aportes por irregularidad empresarial en el empleo. El modelo productivo se consolida en el Pacto impulsando que las provincias faciliten la explotación de los bienes comunes de sus territorios, sea el litio, el agua, el cobre o el oro, los hidrocarburos o la tierra, demandados por el capital transnacional, aún a costa de la devastación que supone el uso de tecnologías que afectan al ambiente y a la población asentada en esos territorios. Todo dicho en aras de favorecer la apertura y el libre comercio, ratificando una forma de inserción mundial dependiente y proveedora de bienes comunes no reproducibles. Para manifestar voluntad de diálogo se incluyó un punto relativo a la “educación” “primaria y secundaria”, “útil y moderna”, excluyendo toda mención al “derecho a la educación”, patrimonio de la cultura histórica de la lucha social local, que remite a la temprana alfabetización e incluso a la reforma universitaria de proyección regional y mundial. El “Pacto” es parte de la institucionalidad consensuada para una reforma reaccionaria de la Argentina. La sociedad afectada por la política oficial está desafiada a construir nuevos imaginarios culturales y políticos que se asienten en la solidaridad, la autogestión y la cooperación no lucrativa, para satisfacer derechos sociales y al tiempo que cuida a los bienes comunes reproduce la naturaleza para la actual y futura generación. Se trata de un programa político alternativo, de contenido anticapitalista, que pueda construir un gran consenso popular para la transformación social, empezando por la “anulación” de las reaccionarias reformas del gobierno Milei. Desde ahí se podrá construir la nueva realidad que satisfaga las demandas y necesidades insatisfechas de la población explotada y empobrecida por el régimen del capital. Buenos Aires, 11 de Julio de 2024

El pueblo francés y el rumbo de la sociedad

Las recientes legislativas francesas del 7 de julio le dieron el triunfo a la izquierda en unidad, y frenaron las expectativas a la extrema derecha por constituirse, no solo en primera minoría parlamentaria, sino en colocarse en posibilidad de gobernar a Francia. Es un fenómeno interesante porque trasciende lo nacional francés, incluso europeo e interviene en un debate global sobre qué rumbo para la sociedad en tiempos de crisis, económica, ambiental, con peligro de guerra nuclear. Se trata de horizontes para la civilización contemporánea, que como hace un siglo remite a opciones autoritarias sustentadas en propuestas demagógicas, de liberalización económica, exaltación del racismo y la discriminación, las que desembocaron en la masacre de las guerras entre 1914 y 1945. La alternativa, claro, apunta a un nuevo orden económico, social, cultural, sustentado en la cooperación, la solidaridad y emancipación social. En aquellos debates de hace un siglo y con mucho dolor derivado de las guerras emergió un tiempo de coexistencia entre las naciones, la bipolaridad, no exenta de la continuidad de una violencia, característica esencial del orden capitalista, nacido con esclavización y racialización de la población africana o el genocidio indígena en territorio americano. Los noventa del siglo pasado dieron por terminado ese tiempo bipolar y el reinicio de una ofensiva de violencia por difundir las relaciones de explotación capitalista en el ámbito mundial. El fin de la contradicción entre socialismo y capitalismo no trajo la “paz”, sino la extensión de conflictos armados y nuevas formas de agresión criminal contra la sociedad y la naturaleza, sea la trata de personas, el negocio clandestino de las armas o las drogas, la especulación, la fuga de capitales o la evasión y elusión fiscal vía paraísos. Aludimos al marco histórico concreto para explicar el avance del ideario de las ultras derechas, puesto de manifiesto con Trump desde 2016 en EEUU, o con Bolsonaro en Brasil, el acceso al gobierno italiano de Meloni, o de Javier Milei en la Argentina. Un proceso matizado que en la región latinoamericana se evidencia en el gobierno de El Salvador o de Ecuador, de Paraguay o de Uruguay. En todos los casos, son respuestas a la crisis y a las insatisfacciones sociales del orden existente que se manifiesta en creciente desigualdad de ingresos y patrimonios, inseguridad social derivada de flexibilizaciones salariales y laborales que impactan regresivamente en la calidad de vida de la mayoría de la población que vive de la venta de la fuerza de trabajo. Francia no es ajena al fenómeno que describimos y por eso sorprendieron las movilizaciones de los “chalecos amarillos”, las protestas de las barriadas de Paris y otros territorios franceses ante la discriminación a inmigrantes y sus descendientes, y muy especialmente a las recientes movilizaciones en contra de la regresiva reforma previsional del gobierno de derecha de Macron. El triunfo de la derecha en las legislativas europeas, motivo de la disolución de la Asamblea legislativa y convocatoria a elecciones en Francia, supuso una convulsión política que arrastró al 66% del electorado a las urnas para evitar el triunfo de la coalición liderada por la ultra derechista Marine Le Pen. La hegemonía radicalizada de la unidad Se frenaron las aspiraciones de la ultra derecha del Reagrupamiento Nacional (RN) y su programa xenófobo contra los inmigrantes, pero desde un reagrupamiento de socialistas, comunistas, verdes, trotskistas, liderados por la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. No se trata de una unidad corrida al “centro” para frenar a la derecha, si no que en base a las movilizaciones populares y al activismo militante en el movimiento social, sindical e intelectual, una fuerza de izquierda promovió una amplia unidad para derrotar las aspiraciones ultraderechistas. El resultado electoral puede no alcanzar para formar gobierno en Francia, es lo que se discute en estas horas, pero genera condiciones políticas de una subjetividad que actúa en el debate europeo y global sobre el rumbo civilizatorio contemporáneo. Resulta interesante el programa del Nuevo Frente Popular, que incluye recomposición del salario mínimo, gravar a las grandes fortunas, mejoras en el presupuesto de los servicios públicos, y muy especialmente anular la reforma jubilatoria de Macron. Es un programa que fundamentará las luchas del próximo tiempo en Francia y en Europa, más allá de cualquier negociación de gobernabilidad que intente Macron para desarmar la unidad de las izquierdas galas. Considerar lo ocurrido en Francia es importante, pero precisando la hegemonía radicalizada en la coalición, que supone matices a lo ocurrido en las elecciones inglesas, con hegemonía del “centro” y su voluntad pro OTAN. Es un comentario para quienes privilegian cualquier unidad para derrotar al mal menor. Francia marca el camino de las luchas y organización popular con rumbo anticapitalista y antimperialista, con capacidad de ampliar la unidad, no solo de acción, sino política para un proyecto alternativo. Se frenó a la derecha, pero no desde cualquier lugar, lo que nos convoca a pensar en la necesaria acumulación de poder popular con una perspectiva más allá de derrotar a la ultraderecha, es decir, con un horizonte crítico y de superación del régimen del capital. Buenos Aires, 8 de julio de 2024

Milei y la disputa por el poder en el capitalismo local

Milei constituyó una sorpresa política en la Ciudad de Buenos Aires en 2021 tras su elección como Diputado Nacional, y luego lo fue en 2023 con su acceso a la presidencia de la Nación. Su objetivo es seguir creciendo en volumen institucional de cara al 2025 y 2027 para la reelección y otra correlación de fuerza política en los poderes del Estado. ¿Es Milei un fenómeno de afuera de la política o producto de la política de reestructuración regresiva del capitalismo local por cuatro décadas? La sociedad cambió profundamente desde la aplicación de reformas regresivas sucesivas aplicadas desde 1976. Son cambios en la estructura del poder y la dominación, pero también en el amplio espectro de los explotados y subordinados. El poder económico consolidó la asociación transnacional del capital más concentrado localmente y así se procesó la subordinación a una lógica de internacionalización de la producción y transnacionalización del capital. El eje primario exportador más especulación, poder financiero y fuga del excedente para constituir activos externos y condicionar al conjunto de la política económica vía deuda resultó el mecanismo de profundización de la dependencia local. La consecuencia de ese proceso resultó en empobrecimiento estructural de la población y fragmentación de la fuerza laboral, con desempleo y subempleo en alza, en condiciones de flexibilización salarial y laboral, extendiendo la irregularidad en el empleo, alejando a millones de trabajadores y trabajadoras junto a sus familias de la seguridad social. El salto es del 3 o 4% de pobreza en la previa a la dictadura genocida a los elevadísimos registros actuales de pobreza e indigencia; o de una tendencia a la regularidad en el empleo y la sindicalización, a la extensión de la irregularidad derivada de la impunidad empresaria y la pérdida de mecanismos de defensa de las trabajadoras y trabajadores. La ley de Bases avanza en ese camino de reaccionaria reforma laboral. La masa social excluida del empleo regular y por ende de la seguridad social define los cambios profundos que explican la extensión del capitalismo criminal en el país, sea la droga, las armas o la trata de personas. Junto a ese proceso, la difusión de la tecnología de la comunicación, las redes y los nuevos dispositivos, son el caldo de cultivo para la emergencia política del personaje “presidente”. Milei constituye una incógnita de la política contemporánea y así como existe el horizonte de crecimiento y reelección, la moneda en el aire también señala un rumbo de fracaso inminente. “Nunca puede ganar ya que no tiene estructura y es apenas una expresión municipal” se decía en plena campaña electoral. “No tiene poder institucional, apenas el 10% de los senadores y el 15% de los diputados; ni gobernadores, ni intendentes, ni partido, ni cuadros para la gestión”, se sostuvo luego de asumido en diciembre pasado. A seis meses de inicio de la gestión se sostiene con un “decreto”, resistido en las calles, impugnado en una cámara y restringido por el poder judicial, pero funcionando para la desregulación y la liberalización. Además, una ley de Bases que le otorga “facultades especiales”, instrumentos para la reforma del Estado, las privatizaciones y la desregulación, más un Régimen de Incentivos a la Inversiones Externas, el RIGI, como un “dulce” para inversores ávidos por la explotación de los importantes bienes comunes en el país, especialmente el litio, el cobre, el oro, los hidrocarburos y los productos de la tierra en su conjunto. Es cierto que la resistencia a la política del gobierno es elevada, con dos paros generales y múltiples acciones de protesta de organizaciones sindicales, populares, que se reagrupan en multisectoriales o asambleas que discuten programas y formas de confrontación, mientras atinan a esbozar un proyecto político alternativo, la gran ausencia del momento político actual. Pulseada a dos puntas El gobierno está en pleno despliegue de una pulseada a dos puntas, en contra de los proyectos desde abajo, pero también orientado hacia los de arriba, los que definen el modelo de acumulación y reproducción del capital local, incluso con aspiraciones de intervenir en proceso global de un capitalismo mundial en crisis. Por un lado, asentado en el consenso social, primero electoral y ahora sustentado en la confianza de una estrategia en contra de la “política tradicional” en el país, lo que Milei define como “casta”, la pulseada es en contra de todo sustento político a una intervención estatal imaginada para la distribución progresiva del ingreso y de la riqueza, un imaginario muy fuerte instalado entre 1945 y 1975. Se propone disciplinar el poder sindical y social de trabajadoras y trabajadores construido desde fines del Siglo XIX, si puede con consenso y si no con represión, por ende, con “protocolo anti piquete”, detenciones e incluso despidos y amenazas de cesantías para instalar miedo. Desde otro ángulo, la disputa es con el poder real y sus representaciones ideológicas, intelectuales, comunicacionales y políticas. Por eso se pelea con todos y gobierna con improperios, incluso a variados compañeros de ruta reciente. La crítica es a connotados profesionales de la economía liberal, considerados “fracasados”, caso emblemático del efímero ministro Ricardo López Murphy, o quienes no llegaron a la función ministerial, caso de Carlos Melconian. En ese camino se inscriben casi todos los “consultados” por la hegemonía comunicacional del país, generando asombro en la cultura dominante. Son expresiones intelectuales de parte importante del poder construido en estos años y sus ideas se reproducen para generar sentido de lo que hay que hacer. Por eso, la crítica involucra a periodistas “ensobrados” que difunden ese ideario y que, de inducir la liberalización de la economía, se constituyen en objetores de la personalidad agresiva de Milei. Claro que en la base de esas “opiniones o ideas” está el poder real, al que Milei se cuida de atacar y si bien alude a los “empresarios prebendarlos” de la política de intervención estatal, también los califica de “héroes”, especialmente por sus acciones de evasión o elusión fiscal, incluso de la fuga de capitales, que según Milei, son expresión de las restricciones al libre movimiento de capitales y a las decisiones obstruccionistas de la libertad de comercio, de competencia o de cambio. El sujeto del proyecto Milei es el empresario, especialmente el exitoso en términos de mercado, el monopolio, y por lo tanto su mensaje hacia allí se orienta y descalifica las recetas de otros profesionales a ellos vinculados. Está convencido que su lógica libertaria es la necesaria para la solución a la crisis de la Argentina y del capitalismo en general. Nunca aparece en su mensaje el interés del trabajador o trabajadora, salvo como apéndice del capital y la libertad de mercado. Milei pretende liderar a la clase dominante local, en tanto es hijo de ella y considera ser el portador de un proyecto intelectual para refundar el país en el camino de los primeros fundadores, que emblemáticamente expresan Juan Bautista Alberdi y Julio A. Roca, sustentos intelectuales y políticos de la propiedad privada de los medios de producción y de la materialización institucional y productiva de la inserción local en la lógica del capital global. Presión cambiaria y de la desconformidad La pulseada con el poder económico y sus representaciones se manifiesta en estas horas en la presión por la devaluación de la moneda local. El ideal de Milei sería la “dolarización” y, por ende, resiste la presión devaluatoria y sostiene un rumbo de ajuste y reestructuración regresiva, mientras le dure el consenso social. Conoce las limitaciones económicas expresadas en la ausencia de divisas que respalden las aspiraciones del poder para terminar con las restricciones cambiarias, el cepo, e imagina una solución de mercado, con inversiones o préstamos externos, incluso que se abran las cajas de seguridad para la inversión productiva. Es cierto que puede no durar y transitará en el camino etapas de cambios de funcionarios, que ya los ha habido en cantidad, para seguir ensayando su lógica libertaria; incluso ser derrotado, pero con las botas puestas. Está empecinado en imponer su convicción libertaria en contra del Estado y su participación para intervenir en la asignación de recursos para derechos sociales consagrados. En ese proceso también puede triunfar, lo que supone una ampliación de la miseria y deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, base de cultivo para el estímulo al capitalismo criminal y no necesariamente para inducir un nuevo rumbo politico. También comienza a expresarse la desconformidad social ante la falta de soluciones concretas para la reproducción adecuada de la cotidianeidad de millones. En ese sentido crecerá la protesta y una conflictividad que agudizará las confrontaciones sociales y políticas. El gran problema es si esa desconfianza, transformada en protesta y conflicto explícito asume una propuesta política transformadora que gane consenso en la sociedad para otro rumbo para la Argentina. El país se divide hoy en ese dilema, sobre que prima más, si la presión cambiaria del poder económico o la presión social por resolver ingresos para satisfacer necesidades. En ese marco, Milei, intenta colocarse por encima y disciplinar a unos y a otros. Son las bases, en definitiva, de una crisis política que puede alumbrar nuevos tiempos de emancipación social. Buenos Aires, 3 de Julio de 2024

Los mercados festejan mientras avanza la recesión

El gobierno logró la aprobación en el Senado de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que tenía media sanción en la Cámara de Diputados. Con ella se aprobó el “paquete fiscal”. Ambos instrumentos legales fueron modificados por los senadores, en frenéticas negociaciones que involucraron a los poderes ejecutivos provinciales. Intentará ahora el gobierno que los diputados transformen en ley ambos proyectos, y en la medida de lo posible, con el contenido que fue al debate del Senado. No es menor lo que se juega, pero, incluso, transformando en ley lo resuelto por los senadores significa un triunfo para el oficialismo, que llevó a la reunión del G7 en Italia este primer consenso legislativo sobre reformas estructurales que demanda el poder económico. En efecto, tan es así, que los “mercados” respondieron favorablemente con mejoras de los indicadores bursátiles, cambiarios, estimulados por dos medidas anunciadas en simultaneo. Una remite al FMI, que anunció la liberación de 800 millones de dólares ante el “sobre cumplimiento” de las metas acordadas en los términos macroeconómicos, sea el superávit fiscal, como las mejoras en las reservas y el proceso des-inflacionario, con el 4,2% del registro para mayo pasado, con sugerencias de avanzar en la búsqueda de consensos políticos para el ajuste y la reestructuración, entiéndase reformas laborales y previsionales, tanto como atender las necesidades de los sectores más vulnerables, un guiño no muy convincente de “sensibilidad”, algo extraño al régimen del capital, mucho menos al organismo rector de las finanzas globales. El Fondo pronostica una caída del PBI para este año del -3,5% y demoras en el repunte de la actividad, algo que confirman los datos oficiales. El otro caso es la aprobación desde China para la renovación del swap, una operación de préstamo iniciada en el segundo gobierno de Cristina Fernández y ratificado y ampliado en los sucesivos gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Son 5.000 millones de dólares que vencían en junio y julio, que sin la renovación hubiese complicado las cuentas externas del país. Ahora está planificado el viaje de Milei a Beijing luego de las diatribas críticas hacia los comunistas y el gobierno chino. Negocios son negocios dice el dicho popular, por lo que la ideología se mantiene, pero a los efectos de asegurar recursos para el programa del gobierno, se terminó negociando con el gobierno comunista. Todo suma a los objetivos del gobierno. La contracara proviene de la realidad de la cotidianeidad de la mayoría de la población. La caída del consumo es resultado directo de la baja de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales. El resultado directo es la recesión y con ella el previsible crecimiento del desempleo y las suspensiones, los cierres de empresas y los problemas que se suscitan en las cadenas de pagos. El fin de semana largo finalizado este lunes 17 de junio fue una muestra de baja en los consumos turísticos, motivados principalmente en la carestía a pesar de la tendencia a la baja de la inflación. Una baja puesta en dudas ante las subas de tarifas y una probable meseta de los precios según anticipan las consultoras que informa pronósticos al BCRA en un nivel del 5% hasta diciembre. Ya pasó un semestre del gobierno Milei y se acerca el fin del primer semestre del año, en donde las jubilaciones amortiguarán el impacto regresivo del ajuste y la recesión, al mismo tiempo que se esperan miles de despidos en el sector estatal, quienes se preparan sindicalmente para resistir el ajuste y la reforma del Estado que ahora, si se aprueba finalmente en Diputados ña ley Bases, tendrán legalidad parlamentaria para cesantear otros 50.000 trabajadores/as según anticipó Milei. Las cartas están echadas y el gobierno cumple con la demanda del poder y las sugerencias del FMI, mientras la población más empobrecida sufre las consecuencias del ajuste. El interrogante remite a la transformación de ese sufrimiento en descontento y a este en protesta. Claro que no alcanza con la protesta y los que hace falta en el país es la construcción de un rumbo alternativo que tenga consenso mayoritario en la población, y claro, seguramente, no será avalado por los “mercados”, convocando a nuevas desestabilizaciones de la economía y de la política. Buenos Aires, 17 de junio de 2024