Tensiones políticas en la región

 

Hubo elecciones en Bolivia, Ecuador y Perú, para gobernaciones en el primer caso y presidenciales en los otros. Los resultados, aun en análisis, con múltiples consideraciones según la orientación ideológica y política del o la comentarista, darán todavía mucho que hablar. Lo cierto es que todo está en movimiento, a izquierda y a derecha del arco político y no sirven consideraciones desde la emoción, sino de la complejidad y la crítica.

Bolivia: es un hecho que creció el desprestigio de un gobierno surgido de un golpe, entre fines del 2019 y del 2020, pero vale discutir cuál es el sentido común instalado entre los electores de ese país, más allá del 2020. El inmenso respaldo electoral al gobierno de Luis Arce, dista de los resultados locales que se dieron en dos elecciones desarrolladas a posteriori. Es un tema para estudios en profundidad sobre la conciencia social, los consensos electorales y los proyectos económicos, políticos y sociales en debate.

Perú: habilita la disputa en segunda vuelta con opciones de baja votación ante la dispersión de fórmulas presidenciales, dando cuenta de una crisis de representación de larga data. Más allá de cualquier caracterización, la contienda ofrece en primer lugar un candidato de la izquierda con antecedentes recientes en la lucha social docente en 2017 y por el otro, un imaginario de derecha con la heredera de un líder golpista asociado a la corrupción, con un legado en medio de la pandemia de gravosas consecuencias sociales.

Ecuador: fue sorpresa y convoca a desapasionados exámenes sobre las valoraciones de la sociedad en el ejercicio del voto. Es que el gobierno actual y saliente tiene origen en la supuesta continuidad del proceso iniciado por Rafael Correa y, sin embargo, ejerció el gobierno con la política más cercana al programa liberal del nuevo ganador, claramente identificado con la derecha y el liberalismo. Las nociones de derecha y de izquierda aparecieron sin nitidez en un debate que exacerba pasiones sobre el contenido de los proyectos civilizatorios de este tiempo.

Es cierto que cada caso tiene especificidad, pero se trata de tres países con fuerte presencia de población originaria, que más allá de largas y centenarias luchas indígenas, es en los últimos años que se hicieron visibles las reivindicaciones de los pueblos originarios para el conjunto de la sociedad. En todos los casos juega la manipulación mediática y de redes, desafiando a la política crítica y por las transformaciones profundas de las relaciones de producción.

Las Constituciones del 2009 en Bolivia y Ecuador, recuperaron visiones históricas relativas al Vivir Bien o al Buen Vivir. Son cosmovisiones que discuten el orden social contemporáneo y recuperan un debate, muchas veces escamoteado, sobre problemas estructurales de las relaciones sociales de producción y entre los seres humanos y la naturaleza.

De hecho, los pueblos originarios tienen identidad previa a las “nacionalidades” construidas en los últimos doscientos años, conmemorados por estas horas como gestas independentistas. La tradición indígena antecede a las nacionalidades actuales, por eso la “plurinacionalidad” es parte constitutiva de un debate del presente, cuestionando una concepción conservadora sobre los modos de organización y representación a futuro.

Nuestras constituciones reconocen la presencia de pueblos originarios, pero subordinados a una lógica civilizatoria dominada por el régimen de propiedad capitalista. Fue la posesión y no la propiedad la forma organizativa precolombina y de luchas por la independencia.

Por ello, junto a lo “plurinacional” emerge el debate por las formas comunitarias de organización económica de la sociedad, precisamente en un momento en que la realidad pandémica devuelve el resultado regresivo de políticas de liberalización y privatización exacerbadas en el último medio siglo.

Recrear propuestas de transformación

Estas cinco décadas son las que estamos evaluando en el presente, ya que, desde la presentación del neoliberalismo bajo la dictadura chilena, y su proyección mundial, Reagan y Thatcher mediante, la realidad de crisis hace evidente la recreación del orden.

Fue la recesión mundial del 2007-09 y la posterior ralentización del crecimiento económico agravado por la pandemia, lo que puso en discusión cómo reorganizar el sistema de relaciones, la economía y la política. Así emergieron en los últimos años las nuevas derechas y las búsquedas de unas izquierdas que habían sido conmovidas con la ruptura de la bipolaridad mundial.

No solo es lento el ritmo de crecimiento económico, objetivo instalado de la “normalidad capitalista”, sino, que es visible el agravamiento de todos los indicadores sociales, especialmente la desigualdad, en tanto empobrecimiento relativo de la mayoría social globalmente considerada.

Es un tema destacado en América Latina y el Caribe, que en la coyuntura se manifiesta con crudeza en el impacto del COVID19, ahora en una segunda ola que afecta a países que hasta hace poco parecían alejados del flagelo que acosa a la humanidad.

La región latinoamericana y caribeña no es la más pobre del mundo, pero si la más desigual. Es un tema derivado de su fuerte inserción colonial primero y luego dependiente del capitalismo hegemonizado por Europa y EEUU en los dos últimos siglos, los años de la “independencia” que conmemoramos en nuestro tiempo.

Si la región fue sustancial en el origen del capitalismo, descubrimiento y conquista mediante, en la actualidad se profundiza el papel de proveedor de recursos e insumos estratégicos para la producción dominada por las transnacionales.

Las tensiones políticas actuales en la región se asocian a la búsqueda de un rumbo estratégico, que remite para algunos a la subordinación a las tendencias hegemónicas por la liberalización que sustentan las derechas, mientras que, para otros, se asocia al imaginario de otro mundo posible desde las izquierdas. Un desafío que tiene en Cuba el principal experimento, desde hace una década en actualización del modelo económico.

En definitiva, se discute la base material, económica, de la producción y circulación de bienes y servicios que satisfacen las necesidades sociales, al tiempo que contemplen la defensa de los bienes comunes y la naturaleza.

Las luchas continentales en nuestros territorios tuvieron tradición anti colonial y luego antiimperialista, con un momento de relativa mejora en las condiciones de vida en tiempos de la industrialización, entre los 50/70 del Siglo XX, agotada con la novedad neoliberal que avanzó en todo el continente y que hoy está en crisis.

Son los límites estratégicos de un nuevo proyecto integral para nuestra sociedad y para la humanidad lo que genera las sorpresas, tensiones y debates de nuestro tiempo, y que nos convocan al despliegue de un pensamiento crítico que recree un objetivo civilizatorio para resolver las insatisfacciones actuales.

Buenos Aires, 13 de abril de 2021

Rebota la economía en el 2021 y abre incógnitas a futuro

 

La reunión de primavera (del norte) del FMI y el Banco Mundial aportó nuevas proyecciones sobre la evolución de la economía mundial. Dice el organismo que el rebote será mayor al previsto hasta hace muy poco, pero con tendencia a reducir el ritmo de recuperación para el próximo año. Dice el informe de la reunión de los organismos:

“La economía mundial está recuperándose de la crisis más velozmente de lo previsto el pasado mes de octubre, gracias a una respuesta de políticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarrolló la vacuna. Pero las perspectivas para la recuperación son muy inciertas y desiguales entre los países y dentro de cada país debido al variado margen de maniobra para la aplicación de políticas, las diferentes estructuras y rigidices económicas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podrían plantear riesgos en el caso de que las condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio climático y otros retos comunes se están tornando más apremiantes.”[1]

El debate se centra en el rebote respecto de la caída global del 2020, en el mundo, la región y el país. La tabla que sigue incluye los datos del informe de actualización de las perspectivas económicas realizado por el FMI.[2]

Territorio

2020

2021

2022

Mundo

-3,3%

6%

4,4%

EEUU

-3,5%

6,4%

3,5%

China

2,3%

8%

5,6%

Europa

-6%,

4,4%

3,8%

América Latina y el Caribe

-7%

4,6%

3,1%

 

Resulta notorio la situación divergente entre EEUU y China por un lado y el resto, aun cuando en nuestra tabla solo incluimos, además de los mencionados a Europa y a América Latina y el Caribe. Lo concreto es que el rebote de la economía es desigual, con China y EEUU como motores de la economía mundial, según los organismos internacionales. La perspectiva de mediano plazo es a la ralentización del crecimiento.

Es en ese sentido que debe analizarse la capacidad de satisfacer necesidades del rebote de la economía en el ámbito mundial y en cualquier territorio.

La gran caída del 2020 operó sobre una ralentización de la economía global desde la crisis 2007/09, una tendencia que se sostendrá en el mediano plazo, agudizando los problemas sociales y la regresividad del orden económico y social.

Por casa como andamos

Para la Argentina, las previsiones locales ubican un rebote en torno al 6%, sobre una caída del 9,9% en el 2020.

La recuperación solo podría lograrse con la evolución económica del 2021, si es que no se agrava el cuadro sanitario y económico de la “segunda ola” de contagios, postergando soluciones urgentes ante el deterioro social que se manifiesta en pobreza, indigencia, desempleo, precariedad y pérdida de expectativas en atender las necesidades cotidianas de la mayoría de la población.

Por eso hay que prestar atención a los datos de la realidad. La información sobre el impacto pueden leerse en el reciente informe sobre la distribución del ingreso.[3] Si bien los datos remiten a 28.739.630 personas, de 31 aglomerados urbanos, los montos son representativos y permiten inferir la situación global. En ese sentido hay que destacar:

·         El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357

·         Un 58,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306

·         Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937

·         En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246

·         El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676

Como puede apreciarse, son todos valores que no alcanzan la línea de la pobreza, explicando el porqué del 42% de pobreza y que el 57,7% de los menores de 14 años sobreviven en la pobreza.

Es mejor que haya rebote en la economía, pero como vemos, está muy lejos de resolver la desigualdad construida en tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo.

No puede resolverse el tema de la pobreza, si no es con distribución progresiva del ingreso. En una sociedad mercantil, la satisfacción de necesidades se logra si existe ingreso distribuido al conjunto de la población.

El Ingreso es equivalente al Producto, por lo que el crecimiento del producto debe distribuirse acorde con un objetivo de política económica que priorice la eliminación de la pobreza.

Hay dos formas de medir la distribución del Ingreso, una es la funcional, que explica cuanto del producto es apropiado por los/as propietarios/as de medios de producción y cuanto por aquellos/as que ofertan su fuerza de trabajo. Otro mecanismo es la distribución personal, que explica el ingreso en agrupaciones de personas según sus ingresos, desde el 10% más rico al 10% más pobre.

La distribución funcional es más difícil de explicar desde las cuentas nacionales, pero puede inferirse una distribución del 60% para la minoría propietaria de medios de producción y un 40% para la fuerza de trabajo. En la distribución personal se destaca que el 10% más rico percibe el 22,1% del total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 3,1%.

Solo sumando los ingresos del 40% más pobre de la población, recién se igualan los ingresos percibidos por el 10% de mayores ingresos. El 30% de mayores ingresos perciben el equivalente del 70 % de menores ingresos.

En este marco, hay que proponer una reversión de este cuadro de realidad, pero, además, modificar sustancialmente las fuentes financieras del Estado para atender esta situación. Por un lado, avanzar en una reforma tributaria y modificar sustancialmente la política relativa al endeudamiento externo.

Impuestos y deuda

Hay que avanzar en la progresividad tributaria. No alcanza con la actualización del mínimo no imponible, ahora ley y establecido en 150.000 pesos mensuales, especialmente porque el salario no es ganancia. Habrá que avanzar en aumentar las tasas de las ganancias empresarias y para ello puede inspirarnos la política tributaria estadounidense de recuperación de la tributación a las ganancias corporativas.

Si Trump redujo la tasa de imposición corporativa del 35% al 21%, la actual gestión Biden pretende llevarla al 28%, y, además, sugiere mundializar la iniciativa. Dice Yellen:

"Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno".[4]

El tema es que EEUU se propone una inversión en infraestructura superior a los 2 billones de dólares para sostener la reactivación de la economía, para lo que se requiere incrementar la imposición sobre los sectores con capacidad de ganancia pese a la crisis y para evitar que estas empresas migren de EEUU hacia otros territorios el mensaje pretende mundializarse, tal como señala la Secretaria del Tesoro:

"Estamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa mínima global que pueda detener la carrera hacia el fondo".

Argentina tendrá que tomar el ejemplo y no dejarse chantajear por aquellos que sostienen el carácter inconstitucional de la imposición a las grandes fortunas o que solicitan una menor presión fiscal. Los datos de la regresividad social imponen una carga impositiva sobre aquellos con capacidad de acumulación.

Los organismos internacionales discuten mecanismos financieros para mejorar la situación de países empobrecidos.

Entre otras cuestiones sugieren condonaciones de deudas en algunos casos; bajas de las tasas de interés para no ahogar a deudores con problemas; nuevas fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria; e incluso una emisión de 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

Al mismo tiempo que el FMI sustenta el tradicional “ajuste estructural”, promueve una política de sostenimiento del gasto fiscal en la emergencia para evitar la conflictividad, en la esperanza que la producción, distribución y aplicación de las vacunas aleje a la humanidad de la situación pandémica actual.

En ese marco es que Argentina negocia la reestructuración de los pagos por desembolsos del orden de los 45.000 millones de dólares. El FMI pretende operaciones a 10 años y voces oficiales demandan el doble de tiempo. En rigor, ni 10, ni 20 resolverán el problema y tal como señala la auto convocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoria con participación popular, que esa es una deuda odiosa y por ende debe repudiarse el préstamo.[5]

Buenos Aires, 10 de abril de 2021



[1] FMI. Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI, 8 de abril del 2021, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc

[2] FMI. La economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes en medio de aguda incertidumbre, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Cuarto trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim20F7BE1641DE.pdf

[4] The Guardian. Janet Yellen pide una tasa impositiva corporativa mínima global, en: https://www.theguardian.com/business/2021/apr/05/janet-yellen-global-minimum-corporate-tax-rate

¿Es posible seguir el ejemplo estadounidense?

 

Cuando todavía persiste la incertidumbre sanitaria y económica, se empieza a mensurar el rebote de la economía mundial, lejos de recuperar la tendencia, pobre, por cierto, previa a marzo del 2020. Una de las incógnitas es para cuándo podrá recuperarse esa perspectiva de crecimiento en el capitalismo global. Todo indica que involucrará todo un lustro desde la emergencia de la pandemia y el cierre planificado de las economías nacionales y la circulación mundial del producto. El horizonte apunta hacia el 2024/25. Esa es la razón, pese al rebote económico “diverso”, como sostiene el FMI, que muchos organismos internacionales y economistas en posiciones estatales estén preocupados por sostener el financiamiento público de la recuperación.

Remito al FMI, entre otros, que promueve no desatender la intervención fiscal para contener impactos regresivos y por supuesto, cualquier esbozo de conflictividad social. Como no somos inocentes, aclaramos que estas consideraciones de los organismos internacionales son convergentes con las preocupaciones tradicionales apuntadas al ajuste y a las reformas estructurales que favorezcan la tasa de ganancia. Al tiempo que se atiende el gasto social en la coyuntura, avanzar en reformas de fondo, caso de los regímenes laborales y previsionales. Se trata de flexibilizar y si se puede derechos sociales, sindicales, laborales, históricamente conquistados, revertiendo la situación derivada del momento definido por el “estado benefactor”.

Es el caso también de Yanet Yellen, la Secretaria del Tesoro de EEUU que lleva en estas horas a la reunión conjunta del FMI y del Banco Mundial, como al G20, la propuesta de una iniciativa global para grabar a las corporaciones transnacionales. El hecho es la reducción tributaria impulsada por la administración Trump, bajando la imposición a las ganancias corporativas del 35 al 21%. La gestión Biden pretende recuperar posiciones y establecer una tasa del 28%. Ante la amenaza de retiro de esas empresas y la búsqueda de territorios favorables a la no imposición (paraísos fiscales, entre otros), se pretende generalizar la iniciativa al mundo. Leemos en la prensa los dichos de la Secretaria del Tesoro[1]:

"todavía es demasiado pronto para hablar de victoria", por lo que los países tienen que continuar con "el fuerte esfuerzo fiscal y evitar retirar el apoyo demasiado pronto para promover una recuperación sólida" y ayudar a evitar la aparición de desequilibrios globales.”

Viene de lejos la tendencia a imposiciones regresivas para mejorar la perspectiva de los inversores de capital. Hace años que se discute en el sistema mundial la reversión de esa lógica tributaria favorable a los capitales más concentrados, que son los que más ganancias acumulan. Es posible ver el fenómeno actual en las empresas tecnológicas, caso de la expansión del comercio electrónico mediado por las restricciones en tiempos de pandemia. Con motivo de la innovación se promovieron oportunamente reducciones impositivas para favorecer esos desarrollos empresarios que evolucionaron a grandes conglomerados transnacionales. Esos beneficios impositivos debieran revertirse o suspenderse para la contribución a la emergencia, especialmente ante la dimensión de la valorización y ganancias de esas empresas por un lado y la recurrencia de nuevos brotes de contagios y muertes por un virus que es por ahora no controlable. Son gigantescas las ganancias de las empresas que operan la virtualidad en el contexto 2020/21.

Claro que EEUU tiene sus propias razones para elevar impuestos, como sostiene Yellen. Podemos ver detrás la necesaria financiación de un proyecto de renovación de infraestructura de unos 2 billones de dólares. El tema se discute en el parlamento estadounidense, al tiempo que profesionales como Paul Krugman discute desde su columna regular en el New York Times la ampliación de la categoría “infraestructura”, como algo mucho más allá de “puentes y caminos”. La propuesta del Nobel de Economía 2008 apunta en el mismo sentido de la Secretaria del Tesoro: apoyar monetariamente todo lo que sea necesario a los efectos de no cometer los errores del 2008, que restringió el salvataje solo al gran capital concentrado y en general asociado al mundo de las finanzas. Hoy la preocupación es por sostener el complejo entramado productivo que involucra a pequeñas empresas y a millones de personas afectadas por la emergencia.

Se trata de salvar al capitalismo. Incluso, si leemos atentamente las proyecciones de la Reserva Federal sobre la economía estadounidense, observamos el rebote 2021, pero también la tendencia a la ralentización en los años siguientes. Dice la FED que el crecimiento previsto para el 2021 es del 6.5%, pero la previsión para el 2022 baja al 3.3% y más aún en el 2023, con un pronóstico del 2.2%.[2] No está asegurada la perspectiva de superación de la fuerte caída del 2020, que arrastraba ya una lenta recuperación de la crisis del 2007/09. Por eso, la política económica de EEUU, según la fuente mencionada, sustenta en la coyuntura un salvataje generalizado para defender la posición relativa en la economía mundial y un repunte con objetivo de retomar un desempleo del 3,5% para el 2023 en un marco inflacionario del 2%. Por eso necesitan que las corporaciones tributen y contribuyan a sostener la gallina de los huevos de oro. Es que, si las corporaciones trasnacionales no tributan, solo queda afectar los ingresos populares, alicaídos por la situación de emergencia y eso puede generar conflictividad. La variante de la emisión está fuertemente usada, tanto como la del endeudamiento y existe incertidumbre sobre cuanto estirar la cuerda entre ingresos populares y ganancias en sus diversas formas de beneficio empresario o renta.

El temor de los intelectuales sistémicos es retroceder al tiempo de la estanflación que Reagan combatió con reestructuración y ajustes estructurales de los ingresos populares y una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Por eso habrá que pensar en tensar la cuerda contra las ganancias y a favor de los ingresos populares, para lo cual habrá que encarar transformaciones estructurales que afecten la lógica de producción y reproducción del capitalismo.

Buenos Aires, 6 de abril de 2021



[1] EE UU pedirá en el G-20 armonizar el impuesto de sociedades a nivel global, en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/05/economia/1617625688_822481.html

[2] FED. Resumen de las proyecciones económicas del 17 de marzo del 2021, en: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20210317.pdf

No sorprende el aumento de la pobreza en la Argentina

 

Hacia 1975 nos sorprendió el incremento de la pobreza y de la indigencia, tanto la pobreza por ingresos, como la estructural o de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). La primera se mide regularmente y más allá de cambios en la metodología o sospechas de escamoteo de información en algún periodo, el fenómeno ha sido relevante en el último medio siglo, agravado en el presente[1]. La segunda surge de los Censos de población y va más allá de los ingresos mensuales y remiten a condiciones de vida y de vivienda, entre otros. Uno y otro de los indicadores dan cuenta del deterioro de las condiciones de vida en una parte importante de la población de un país considerado rico por su potencial, e incluso en su real capacidad de generar riqueza. Los datos actuales confirman el problema de la pobreza como fenómeno estructural, de largo aliento y de no fácil resolución si no median cambios profundos en la organización económica de la sociedad. Hasta entonces, los datos estadísticos sobre pobreza o problemas de empleo no ofrecían relevancia en las consideraciones más generales sobre la evolución económica, aun existiendo pobreza. Todo indicador negativo parecía encontrar solución en las políticas de industrialización gestadas desde comienzos del Siglo XX, entre 1910 y 1974/5. Es una constante reiterada de esos tiempos bajo gobiernos constitucionales e incluso dictaduras.

El desarrollismo será una constante, con los matices y énfasis en cada momento, ya que no es lo mismo la gestión del ciclo industrializador bajo regímenes constitucionales que en dictatoriales. Estos últimos intentaron restaurar el poder conservador y una lógica de subordinación al modelo definido desde la gran propiedad terrateniente. No tuvieron éxito por las resistencias populares y una lógica mundial asociada a la extensión del proyecto mundial de expansión de la industrialización. El agotamiento y transformación global de ese “modelo” opera a mediados de los 70. Pretendemos apuntar a que el horizonte de la pobreza y los problemas de empleo emergieron como fenómeno visible para la consideración pública en el último cuarto del siglo XX. Será desde entonces un tiempo de desindustrialización relativa, asociado a una subordinación a lógicas globales por la mundialización, definida por las cadenas de valor que perforan los límites de las fronteras nacionales. La transnacionalización del capital converge con el fin de la extensión de la industrialización gestada en tiempos del desarrollismo capitalista.

¿Es diferente en el mundo?

La gran expansión fabril en China desde fines de los años 70 del siglo pasado tuvo impacto en la mejora de los ingresos del país más poblado del mundo, contribuyendo a bajar los indicadores de pobreza en el ámbito mundial. Si se excluye a China, los indicadores no son tan favorables. Es más, con la pandemia creció la pobreza, los problemas de empleo y se revirtieron las tendencias globales a la disminución del fenómeno de la pobreza en todo el mundo. Lo interesante es que en simultaneo a la mejora relativa de los indicadores de pobreza, la relación de desigualdad entre riqueza y pobreza se extendió desde el inicio del modo de producción capitalista hasta el presente. En rigor, la concentración del capital y sus mecanismos de acumulación definen la desigualdad, por lo que en esta tercera década del siglo XXI nos encontramos con crecimiento de la pobreza y de la desigualdad entre ricos y pobres.

Señala recientemente la titular del FMI que:

“El futuro económico es muy diverso. No todos los países ni todas las personas tienen ya acceso a las vacunas. Son demasiados los que siguen enfrentando la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la pobreza. Son demasiados los países que se están quedando atrás.”[2]

Las palabras de Georgieva remiten al rebote de la economía mundial para este 2021, pero “diverso”, sostiene, ya que los motores son China y EEUU, no necesariamente todos los países capitalistas desarrollados y menos los emergentes o los empobrecidos y con mayor población vulnerable por las condiciones de funcionamiento de la economía capitalista contemporánea.

De hecho, el fenómeno de la pobreza está en el origen mismo del orden capitalista, ya que la novedad en la investigación sobre la “riqueza de las naciones”, título de la obra fundación de la Economía Política clásica, remite a la sistematización de la disciplina científica del orden capitalista. Claro que la riqueza inglesa estudiada por Smith hacia 1776, en tanto novedad, incluía a la pobreza como la “norma” de la vida, incluso en el territorio de expansión de las nuevas relaciones sociales capitalistas. El crecimiento de la riqueza no impide el de la desigualdad, tema esencial de los recientes estudios del francés Piketty u otros informes sobre el tema. Por eso, el problema es el orden capitalista, que ya no puede disimular los límites relativos del enriquecimiento y de la pauperización por la extensión de las relaciones capitalistas a todo el territorio mundial.

La tendencia decreciente de la productividad del trabajo impuso los cambios del último tiempo, los que promueven el privilegio a la renta como forma de apropiación del plusvalor, sea la renta del suelo, la petrolera, o la financiera, todas subsidiarias de la propiedad privada concentrada del capital, la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. El resultado es la extensión de la pobreza y la desigualdad.

Más de cuatro décadas de liberalización

Por eso es que ahora es visible la cruda realidad de la pobreza en la Argentina, como fenómeno relativamente nuevo.

El país capitalista insertado en la economía mundial desde 1880 se presentaba como una potencia en expansión, con crecimiento de su población, especialmente la trabajadora, inmigración mediante, incorporando todos los atributos de la innovación tecnológica provista por el capital externo, y en el saber hacer de una clase obrera educada en países con mayor desarrollo relativo.

La pobreza “parecía” importada, pero el capitalismo local otorgaba oportunidad a los “pobres extranjeros” para la superación de su condición, incluso, el hecho de que muchos trabajadores y trabajadoras pudieron “ascender” en la escala social como pequeños empresarios, algunos de los cuales pudieron crecer, acumular y transformarse en parte de quienes disputan integrarse en la cúpula empresarial.

De ahí la ilusión del “capitalismo nacional” como aspiración de proyecto político para el país burgués. Una concepción imposible derivada de la tendencia a la universalidad del régimen capitalista, transnacionalización mediante. La ilusión desarrollista se estrelló hacia 1975-76 y con ella el destino de industrialización, inserción laboral masiva y ascenso social por ingresos. La novedad fue el desempleo, el subempleo, la precariedad laboral, la pobreza y la indigencia. Es lo que nos devuelve el INDEC para fines del 2020 con 42% de pobreza, 10,5% de indigencia y el lacerante dato del 57.7% de menores de 14 años bajo la pobreza. Esto es hipoteca para el futuro, un no destino de la sociedad empobrecida, mayoritaria.

Fue grave el dato de la pobreza en la grave situación del 89/90, que más allá de los estallidos sociales desembocaron en la “convertibilidad” de hace 30 años (abril del 91) y su lógica de liberalización (privatizaciones, apertura económica, etc.). Ahí se consolidó una tendencia histórica que define el pico de crecimiento de la pobreza argentina en torno al 57% de la población, que derivó en la pueblada del 2001 y la crítica a las políticas hegemónicas de liberalización.

Los datos del presente están entre los del 89 y los del 2001, superando a aquellos y no alcanzando aun el pico de hace dos décadas. La preocupación es que los datos de pobreza del presente evolucionen manteniendo las fronteras de estos elevados valores. Por ello, en la coyuntura nos animamos a sustentar la necesidad de cambiar profundamente la política económica para incidir en la forma de producir y consumir y de ese modo, que se resuelva el problema estructural de una pobreza que ya no puede atacarse con “desarrollismos”, una estrategia fuera de época. Una estrategia para eta época supone confrontar con el poder y su base material instalada en la propiedad privada de los principales medios de producción.

Buenos Aires, 3 de abril de 2021

 



[1] INDEC. Informe sobre “Condiciones de vida., Incidencia de la pobreza y la indigencia

en 31 aglomerados urbanos”. Segundo semestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_2082FA92E916.pdf

[2] Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. Washington, DC, 30 de marzo de 2021, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/25/sp033021-SMs2021-Curtain-Raiser

Crece la incertidumbre, la emisión monetaria y el endeudamiento en el mundo

 

El dato relevante es la inyección de 650.000 millones dólares en una pronta emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI, o la fuerte emisión de los principales países capitalistas del mundo[1]. La titular del FMI confirma que sin esa inyección de recursos la situación del 2020 podría haber sido peor y aun hoy existe diversidad de situación, que solo excluye en su mensaje a China y a EEUU. La incertidumbre, especialmente para los países más empobrecidos trasciende el presente y se proyecta hasta mediados de la década, agravando la situación social de la población de menores ingresos. Lo problemático de la situación es que todo lo que se hace apunta a recomponer las condiciones del ciclo del capital, sin proponerse una modificación del modelo productivo y de desarrollo, claro que ello no puede pedirse a los actores hegemónicos del sistema mundial, sean los capitales transnacionales más concentrados, los principales Estados nacionales del orden capitalista, o los organismos internacionales, surgidos para monitorear los intereses de la dominación capitalista.

Mientras se “resuelve” la condición de posibilidad de funcionamiento del orden capitalista mundial, el impacto social regresivo se extiende. Es notorio el problema con la extensión y propagación de la pandemia por el coronavirus con casi 130 millones de contagiados y casi 3 millones de fallecidos, situación que se hace compleja especialmente para los países de América Latina y el Caribe. En todo el mundo recrudece el problema sanitario y económico, aun con las perspectivas “mejoradas” que anuncia el FMI, relativizando la expectativa ante la diversidad de situaciones. Dice la titular del FMI en el discurso mencionado:

“La pérdida acumulada de ingreso per cápita, en comparación con las proyecciones de antes de la crisis, será del 11% en las economías avanzadas de aquí al próximo año. En el caso de los países emergentes y en desarrollo, excepto China, la pérdida será mucho peor y alcanzará el 20%, un recorte de una quinta parte de lo que ya es un ingreso per cápita mucho menor que en los países más ricos. Esta pérdida de ingreso significa que millones de personas caerán en la indigencia, se quedarán sin hogar y padecerán hambre. Esto se ve claramente, pero muchas otras cosas no están tan claras.”

El análisis continúa con tono dramático para señalar que:

“En realidad, uno de los mayores peligros es la extrema incertidumbre que nos acecha.”

Queda claro que aun cuando se destaca el rápido crecimiento de China, incluso de EEUU, aun en menor dimensión, estos serán motor de la economía mundial, pero sin resolver los problemas económicos de los vulnerables de cada país. Incluso con serias dificultades en la potencia hegemónica, que más allá del gigantesco apoyo en efectivo del último plan de gasto y asistencia fiscal por 1,9 billones de dólares de la administración Biden, el impacto regresivo de la COVID19 y el cierre de la economía, afecta al tercio empobrecido de la población de ese país. Ni hablar de América Latina y del Caribe, fuera del radar de las expectativas de ganancia de los inversores externos, salvo aquellos orientados al saqueo de los bienes comunes: la tierra, el agua, los hidrocarburos, el litio, entre muchos de los que la región cuenta en abundancia. Por eso preocupa el endeudamiento creciente del mundo y de la región, que puede resolver problemas financieros en la coyuntura, pero hipoteca el futuro.

El FMI llama la atención sobre el endeudamiento público y privado de los últimos años y si bien señala que ha contribuido en el último año con unos 100.000 millones de dólares en préstamos otorgados por el organismo. A esos fondos hay que sumar los créditos otorgados por países y los provenientes del sistema financiero. Todo ese conjunto constituye una burbuja que atiende en la coyuntura la demanda de liquidez, leyendo la experiencia de la crisis del 2007-09, pero habilitando una siembra de una burbuja que podría estallar a corto plazo. Es más, la recuperación estadounidense podría significar aumento de las tasas de interés, algo que se espera dispare la Reserva Federal. Ello sumará al carácter impagable de las actuales deudas de varios países hipotecados por impagables deudas que condicionan el presente y el futuro de esos países.

Para muestra hay que observar a la Argentina, “beneficiada” en 2018 con un préstamo del FMI por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones. El BCRA publicó una investigación dando cuenta que esos recursos facilitaron la salida (fuga) de capitales, sea por pago de deudas, remisión de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Ahora el Fondo pretende recuperar esos recursos, a sabiendas de la imposibilidad de cancelación hasta el 2024, según lo previsto. Por eso, se abrieron negociaciones con el gobierno argentino, que incluirán en el monto final los intereses punitorios y otras cargas por el impago, extendiendo el pago a 10 años, probablemente, pero sin ninguna posibilidad de cancelar, salvo un gigantesco ajuste fiscal que condenaría a profundizar los actuales problemas sociales con un 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Más grave aún es que el préstamo fue en Derechos Especiales de Giro (DEG), condenando vía devaluación de la moneda estadounidense a acrecentar la deuda con el FMI.

La incertidumbre es por la situación sanitaria y económica. No habrá solución si no se modifica el patrón de producción y distribución en cada país, en la región y en el mundo. Por ello es que existen expectativas en la dinámica política crítica en varios países, con elecciones próximas en Perú o Ecuador, incluso las elecciones por la reforma constitucional en Chile, o las recurrentes crisis políticas del gobierno de Brasil. El cambio de clima político se viene proyectando desde los cambios institucionales en México, la Argentina o Bolivia, pero especialmente por la impronta del descontento y la protesta, caso de Haití y diversas movilizaciones desplegadas más allá del “aislamiento” o el “distanciamiento” por la pandemia. Entre la disputa institucional y la organización popular se juega la potencia de un nuevo tiempo que habilite cambios locales y muy especialmente una perspectiva de integración no subordinada.

Es una potencialidad para avanzar en la cooperación productiva de vacunas de origen regional, con Cuba a la cabeza de esos desarrollos, pero también demostrada experiencia de otros procesos nacionales de investigación y producción al respecto. En esa cooperación regional se juega no solo la solución de los pueblos, sino la posibilidad de pensar en otro mundo posible.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2021