Deuda e inflación en alza agrava impacto social regresivo en Argentina

La Argentina es noticia en estos días por la reestructuración de su abultada deuda pública, unos 342.620 millones de dólares al tercer trimestre del 2021 (82,2% sobre el PBI), especialmente la que fuera contraída con tenedores privados, con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, organismo que desembolsó 45.000 millones de dólares en 2018, y cuyos vencimientos caían principalmente en 2022 y 2023, con evidente imposibilidad de cancelación. Esa insostenibilidad del cronograma de pagos significó que la actividad del Ministro de Economía se concentró, a más de dos años de asumido, en el proceso de renegociación. Primero con los privados, llevado adelante en simultaneidad con el proceso de la pandemia y su impacto regresivo con una caída del PBI del 9,9% durante 2020. Luego con el FMI, lo que se manifestará con nuevos desembolsos del organismo para cancelar los vencimientos hasta el pago total del préstamo del 2018, para lo cual se establecieron auditorias trimestrales del organismo para verificar la evolución económica local y la ratificación del plan de desembolsos. El acuerdo con el FMI habilita un nuevo cronograma de cancelación de unos 2.430 millones de dólares con el Club de París. El país consolida así la hipoteca que define la lógica de acumulación del capitalismo local, en donde el trabajo social de la Argentina tiene destino en la reproducción del capital transnacional. El mecanismo de la deuda facilita la salida de divisas, obtenidas por saldo favorable de la balanza de pagos o ingresos por inversiones de riesgo o especulativas, potenciado una dinámica de acumulación global sostenida con la apropiación del excedente económico generado localmente. No se trata de un problema nuevo, ya que el crecimiento de la deuda pública, en moneda externa y local, se procesa en ascenso desde la reestructuración de la economía, del estado y de la sociedad desde el establecimiento del terrorismo de estado en 1976, hace 46 años. Los gobiernos constitucionales desde 1983 renegociaron la deuda, en una tendencia de ascenso, que transforma al mecanismo en una referencia estructural del funcionamiento del capitalismo local y su inserción subordinada a las tendencias de apropiación global del plusvalor. La deuda constituye un dato relevante que condiciona la política económica en su conjunto. Así, el acuerdo con el FMI supone la disminución del déficit fiscal, escalonado hasta su eliminación hacia 2025. Ello implica un ajuste fiscal, especialmente en el gasto público, con previsión de menores ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, o planes sociales de asistencia. Son cuestiones que limitan cualquier política de reducción sustancial de elevados índices de indigencia y de pobreza, superiores al 10% y al 40% respectivamente. También se restringe la capacidad de emisión monetaria sobre la confirmación de un diagnóstico coherente con el “mainstream” monetarista y liberal relativo a las causas de la elevada y prolongada inflación local. Precios en alza En efecto, la inflación en Argentina registra índices preocupantes de dos dígitos desde hace mucho tiempo, a contramano de una tendencia mundial de baja inflación en las últimas décadas. Es cierto que esa tendencia de control inflacionario global encontró límites luego del repunte económico del 2021, triplicando o cuadriplicando tasas de inflación reconocidas como “normales” en torno al 2%. EEUU con una inflación anualizada del 7,5% expresa la preocupación global del alza de precios y en consecuencia de las tasas de interés. Se agrava, especialmente con el encarecimiento en alimentos y energía, más aún con la situación actual de guerra en Europa, exacerbada con las sanciones desde Washington y sus asociados, tanto como las réplicas desde Rusia. La inflación anualizada a febrero del 2022 en Argentina alcanza el 52,3% y una inflación esperada por consultoras, según el BCRA de 53,1% . Existen estimaciones superiores, especialmente si se agudizan los problemas de precios internacionales en la coyuntura de pandemia y guerra. Aun cuando mejoren las cotizaciones de las exportaciones primarias tradicionales, el impacto en precios del mercado interno es regresivo, agravado por ingresos populares deteriorados. Al mismo tiempo, ante el déficit energético y el alza del precio del petróleo, el resultado es profundamente regresivo, agravando las políticas de ajuste fiscal suscriptas en el acuerdo con el FMI, especialmente en aumento de las tarifas eléctricas. La suba de precios actúa como un mecanismo de distribución regresiva del ingreso, más aún cuando el mecanismo tributario local se asienta como principal fuente de recaudación en el Impuesto al Valor Agregado, el IVA, que incide en mayor medida en los sectores de menores ingresos. En definitiva, la inflación es una manifestación de la lucha de clases en la apropiación del ingreso y el producto social del trabajo. Resulta verificable en el crecimiento de la desigualdad luego de la recuperación del 2021 respecto de la recesión del 2020, en el ámbito mundial y local. Lo primero que se recuperó fue la ganancia, en detrimento del conjunto de ingresos populares y del empleo. Incluso, la discriminación regresiva impacta en la menor capacidad de recomponer el empleo y los ingresos de las mujeres y diversidades. Son cometarios válidos en la economía mundial, a lo que debe sumarse la especificidad de las condiciones de la lucha de clases en la Argentina, que arrastra una disputa de años por estabilizar un bloque de poder que pueda estabilizar las luchas en su interior, y de este bloque con la resistencia popular y la búsqueda histórica de conformar una alternativa política a la lógica hegemónica de alternancia de partidos o coaliciones en el gobierno para administrar el capitalismo local. Resistencias El país tiene una larga trayectoria de organización sindical, social y territorial, que limita se consolide una lógica de acumulación liberalizadora, aun cuando la Argentina avanzó aceleradamente en procesos de privatizaciones del capital público y de desregulaciones en los 90 del siglo pasado. Ese proceso de luchas populares y las disputas en el poder constituyen elementos esenciales de la lucha de clases para entender la crisis del 2001, tanto como los procesos desarrollados en las últimas dos décadas. Nuevas coaliciones políticas disputan el gobierno local en este Siglo XXI, no sin matices políticos a destacr, aun cuando coinciden en los procesos de negociación y cancelación de las deudas públicas. Del mismo modo, el alza de los precios constituye un elemento común a todo el periodo, luego de la estabilización regresiva desplegada entre 1991-2001 con fuerte regresividad en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza. La resistencia al acuerdo con el FMI acercó a la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, con amplísimas movilizaciones callejeras, que actuaron en las definiciones críticas asumidas al interior de la coalición de gobierno, con un bloque de diputados y senadores que se abstuvieron o votaron en contra el “entendimiento” con el organismo internacional. Es un dato de la realidad a considerar, ante la recurrencia de las auditorias trimestrales del FMI, que amenazan la potenciación del ajuste, condicionando las políticas públicas. Es previsible un aumento de la conflictividad social y elementos de crisis política. Será la dinámica del conflicto social de la organización popular la que puede limitar la efectividad de las políticas comprometidas con el acuerdo para el pago de la deuda, y en esa lógica de lucha y organización contra la carestía de la vida, puede emerger una propuesta política alternativa en contra de los mecanismos privilegiados de apropiación del excedente: la deuda y la inflación. Resulta obvio que más allá de amos fenómenos, la cuestión es el orden capitalista, lo que nos lleva a pensar en procesos de confrontación local y global como desafíos históricos a sustentar desde el lado de las y los oprimidas/os y explotadas/os. Buenos Aires, 23 de marzo de 2022

Las sanciones a Rusia y el impacto en América Latina y el Caribe

La situación generada con la acción militar especial desplegada por Rusia sobre Ucrania agravó las sanciones que EEUU y otros países asociados venían aplicando a la Federación Rusa desde el 2014. Son sanciones con impacto en el sistema mundial y como tal, involucra al conjunto de las relaciones internacionales, entre otros, a la región latinoamericana y caribeña. En tiempos de globalización no puede pensarse en limitar los impactos en limitadas geografías o al interior de fronteras nacionales. Los efectos se extienden sobre el conjunto de las relaciones de producción a escala planetaria. No constituyen una novedad las sanciones aplicadas en estos días, que intentan cercar a Rusia para doblegarla en su intento de incentivar su papel en la disputa del orden económico mundial del capitalismo contemporáneo. El tema es interesante, ya que el gigante euroasiático tiene larga historia y presencia en la construcción de la civilización y en especial, sus relaciones con América Latina y el Caribe, sea en su trayecto imperial, revolucionado por el octubre rojo del 1917 y la experiencia de construcción socialista, y más reciente, desde la desarticulación de la URSS en 1991. Un estudio sobre los vínculos y perspectivas de la región latinoamericana y caribeña con Rusia, editado en 2018 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, señala: “El actual Estado ruso hereda el acervo histórico del Imperio ruso y de la Unión Soviética (dos tercios de su territorio y la mitad de la población). Desde este punto de vista, sus relaciones con ALC de ninguna manera pueden ser consideradas como improvisación de la última década. Las relaciones diplomáticas oficiales con Brasil comenzaron en 1828, con Uruguay en 1857, con Argentina en 1885, con México en 1890.” Al mismo tiempo, vale considerar en paralelo histórico a esas fechas, la “Doctrina Monroe”, que sostiene la máxima «América para los americanos», elaborada hacia 1823 y explicitada por James Monroe, Presidente de EEUU. La doctrina sostenía que ante cualquier intervención europea en el continente americano sería considerado una agresión directa hacia EEUU. Con base en esa doctrina, desde Washington se considera a toda la región como su “patio trasero”, por lo que las tempranas relaciones de Rusia con la región fueron siempre visibilizadas con desconfianza, mucho más en tiempo de proyecto socialista, especialmente cuando la revolución socialista desembarcó en la región, con Cuba en 1959. La “crisis de los misiles”, en octubre de 1962, da cuenta del fenómeno y nos permite trazar un paralelo en “espejo”, con la situación actual en Ucrania. La creciente presencia de China y mucho menor de Rusia, pero ambas en proceso de expansión en los últimos años preocupa sobre manera a EEUU y sus planes de dominación en la región. Rusia quiere profundizar sus vínculos internacionales Luego del derrumbe soviético en 1991, Rusia busca su lugar en la cúspide de la división internacional del trabajo, lo que supone participar en la disputa política, militar y cultural que define el orden mundial capitalista. Si la última década del siglo XX y el inicio del XXI ponía de manifiesto el triunfo del capitalismo y la hegemonía de EEUU, ahora, en la tercera década del siglo XXI aparece una perspectiva de disputa que se recorre en estas décadas, desde la unilateralidad de “occidente”, básicamente EEUU y Europa, a una presencia creciente que limita ese poder omnímodo, especialmente con la emergencia de China y su poder en la producción mundial. Remito a la perspectiva de dominación multilateral que pretenden nuevos países en el orden mundial, más aún en las articulaciones y acuerdos suscriptos entre países sancionados unilateralmente por EEUU y “occidente”. En ese marco hay que pensar la búsqueda de Rusia para intervenir en la disputa global. Claro que Rusia debió partir en las últimas tres décadas de muy bajos niveles de desarrollo de sus fuerzas productivas, con asiento en una especialización primario exportadora, con epicentro en la energía, lo que la constituye en un gran productor y exportador, especialmente hacia Europa, pero también con una clase dominante local asociada a la corrupción y a políticas de privatización y liberalización subordinadas a la transnacionalización del capital. En el texto citado podemos leer que luego de la crisis 2007-09, Vladimir Putin señalaba hace ya una década el desafío para superar la primarización: “Rusia está obligada a ocupar un lugar digno en la división internacional del trabajo, no solamente en calidad de vendedor de materia prima y recursos energéticos, sino también como poseedor de tecnologías avanzadas en el proceso de permanente innovación, como mínimo en algunos sectores” Para más precisión resalta el autor: “Putin enumera en este contexto: la química de alta tecnología, la farmacéutica, materiales compuestos y no metálicos, la industria de la aviación, tecnologías de información y comunicación, y nanotecnologías. En esta fila están también la energía atómica, actividades espaciales, el equipo hidro y termoeléctrico; esferas donde el país mantiene su competitividad a pesar de las pérdidas de los años noventa.” No se trata solamente de una estrategia asentada en la energía, sino en la diversificación productiva con la intención de avanzar en procesos de industrialización, promoviendo la autonomía que aleje al país de la subordinación a las importaciones desde el capitalismo desarrollado. Por eso, las medidas preventivas fueron asumidas desde el mismo momento en que EEUU y la OTAN hicieron visible su estrategia de cercamiento con la incorporación de países integrantes de la ex URSS. Agrega el autor sobre las sanciones luego de los acontecimientos en 2014: “Frente a las sanciones por parte del Occidente colectivo, Rusia tomó medidas defensivas que incluyeron limitaciones equivalentes de importación desde los países participantes de sanciones antirrusas y medidas de sustitución de importaciones, en parte desarrollando producción propia, en parte reemplazando suministros foráneos al mercado ruso por otras fuentes. Es sintomático que una serie de agroexportadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en esta situación fueran capaces de sacar provecho de magnitud considerable.” Por eso no sorprende el involucramiento de Rusia en los BRICS, el acrónimo que involucra a países emergentes a comienzos del Siglo XXI, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países “emergentes”, en tanto receptores de inversiones externas, especialmente por la inmensa población con disposición a la venta de la fuerza de trabajo a bajos precios internacionales. El más grande país de la región latinoamericana y caribeña, por su producción y población, resulta importante animador de la propuesta, más allá de la materialidad actual del proyecto articulador para actuar en la producción y circulación mundial de bienes y servicios. De hecho, Brasil es el mayor socio comercial de Rusia en la región, y allí debe encontrarse las declaraciones de relativa “neutralidad” de Jair Bolsonaro sobre los acontecimientos en Ucrania, e incluso su reciente y cordial visita a Moscú. En el mismo sentido puede inscribirse el reciente viaje del presidente argentino, a cargo pro tempore de la CELAC. Alberto Fernández ofreció a Rusia, a días de la incursión militar que luego condenó, que la Argentina sea la puerta de ingreso de nuevas y fortalecidas relaciones económicas de Rusia con la región. Rusia recrea sus lazos ideológicos del pasado soviético con Cuba, con quién negoció de manera muy conveniente la deuda externa de la isla, condonando un 90% de las acreencias pendientes contraídas en tiempos del sistema socialista hasta 1991. Desde Cuba y sus relaciones regionales en el marco del ALBA-TCP se favoreció un acercamiento comercial, potenciado desde el ingreso de Rusia en la OMC, económico y financiero con Venezuela, también con Nicaragua y otros países en la región. Es un fenómeno extensivo, con matices, a Bolivia, a la Argentina y a otros países, incluso con regímenes claramente orientados a la derecha, casos de Perú o de Chile. Las sanciones actuales Las restricciones bancarias pretenden aislar a Rusia, dificultando la expansión de las relaciones comerciales, económicas, financieras, con todos los países del mundo, que en la región impactan en primer lugar a los comentados vínculos con Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero también con Brasil, México o Argentina. Como vemos, no solo es una cuestión “ideológica”, no solo porque Rusia está muy lejos de la perspectiva comunista, más aún con el intento de Putin por la “descomunización” de la tradición rusa desplegada entre 1917-1991. En tiempos de internacionalización de la producción y transnacionalización del capital, la libre circulación de capitales resulta funcional a la lógica de acumulación capitalista estimulada por la revolución científico tecnológica, la difusión de internet, la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización. Por ende, cerrar mecanismos de la circulación de mercancías y dinero empasta a la producción capitalista a la salida de la pandemia, retrasando perspectivas de recuperación. Ante las sanciones unilaterales de EEUU sobre Venezuela, quien relocalizó empresas y operaciones en territorio ruso, se harán sentir en la imposibilidad de ejercicio soberano de transacciones y utilización de los recursos disponibles en el sistema financiero de Rusia. En todo caso, obliga al rearmado de circuitos alternativos de producción y circulación de bienes y servicios, en condiciones de competir y rivalizar con los instrumentos y la institucionalidad de mecanismos como el Swift. Las sanciones agravan las condiciones impuestas por la gestión Trump a la región, especialmente a Cuba, Venezuela o Nicaragua, más allá de cualquier problema de política local que se pretenda considerar. No solo desarrollos financieros, sino todo lo vinculado con las vacunas en tiempos de pandemia, cuestión que afecta a la Argentina, entre otros, importante comprador de la “Sputnik V”, incluso asociado en emprendimientos para su producción local. Las sanciones buscan la desvalorización de la moneda local de Rusia, afectando las operaciones y atesoramientos derivados de actividad económico de terceros países con la Federación Rusa. Son expresión también de la guerra monetaria que supone la pérdida relativa del poder mundial de la divisa estadounidense. En términos generales, las sanciones tienen impacto en la aceleración de los precios internacionales, especialmente en alimentos y energía, que aun mejorando el balance comercial de algunos de los países latinoamericanos y caribeños exportadores de unos u otros de esos commodities, la realidad es la dependencia de esas importaciones de buena parte de la región, contribuyendo a un balance negativo para el conjunto de los países. Todo dicho en un tiempo de ralentización del crecientito económico mundial, y, por ende, golpeando los procesos de recuperación pos pandemia. Es una situación que aleja soluciones de fondo a problemas de desempleo, pobreza y miseria de millones de personas en toda la América Latina y el Caribe, fenómeno exacerbado según CEPAL en estos años. Las sanciones afectan a Rusia, también a los Estados sancionadores, no solo impactados por el alza inflacionaria, sino por la obstaculización de procesos productivos y de circulación, base del ideario de la globalización de este último medio siglo, la liberalización económica. Pero muy especialmente afecta a nuestros países que pretenden diversificar sus relaciones internacionales para restar capacidad de dependencia y subordinación a la potencia hegemónica, que en su desesperación contribuye a un mayor desorden global, incluso de la lógica liberalizadora instalada desde el poder de Washington. Buenos Aires, 6 de marzo de 2022

¿Cómo se financia el Estado?

Existe un debate sobre la presión tributaria en la Argentina, si es mucha o poca, y, en definitiva, nos lleva a discutir quien sostiene financieramente al Estado y claro, quién debería sostenerlo. La cuestión la suscitó el Kun Agüero a propósito del impuesto al patrimonio, que él consideraba una doble imposición porque ya había contribuido con los impuestos a los ingresos. Más allá de la polémica concreta con el ídolo futbolero, importa desentrañar el tema con algunos datos. Vale considerar la presión tributaria, o sea cuanto es la recaudación respecto del PBI de la Argentina. La estadística oficial señala que al 2020 fue del 29,4%, de los cuales, por impuestos nacionales son 24,5% y por provinciales alcanza al 4,9%. Si comparamos la evolución de ese guarismo desde el 2004, registramos un mínimo del 24,33% de presión tributaria en 2004 y un máximo del 31,5% en 2015. El periodo 2004-2020 es un lapso interesante para evaluar la evolución del porcentaje de la presión tributaria y su composición, analizando de dónde se recauda y que correcciones ameritan, en función de a quién se pretende beneficiar. Tomando los datos del 2020 sobre tributación nacional, nos encontramos que: 1. los impuestos sobre bienes y servicios suponen un 41% de la recaudación; 2. seguida por un 22,9% de aportes y contribuciones a la seguridad social; 3. un 21,8% sobre Ingresos, Utilidades y Ganancias del Capital; 4. un 10,7% sobre Comercio y transacciones internacionales; 5. un 3% sobre la propiedad y otros por 0,5%, evidenciando el escaso aporte de los tributos a la propiedad sobre el conjunto. Al nivel provincial, la recaudación se concentra en: 1. el 77,2% en impuestos internos sobre bienes y servicios y, 2. un 21% sobre la propiedad, 3. completando con 1,8% bajo el rubro “otros”. Si consideramos el periodo 2004-2020 podemos reconocer: a) la principal fuente de ingresos tributarios es el IVA, que osciló entre 6,33% del PBI en 2005 y el 7,44% en 2013, registrando al 2020 un 6,93%; b) el impuesto a las ganancias de las empresas aportó entre el 2,62% como mínimo en 2009 a un 3,10% en 2004 y 2007, siendo hoy de 2,75% sobre el PBI; c) el impuesto a los bienes personales supuso un mínimo de 0,27% en 2011 y un máximo en el 2020 de 0,75% sobre el PBI; d) los tributos sobre exportaciones oscilaron entre el mínimo del 0,62% en 2017 al 3,14% en 2008, recaudando en 2020 el 1,41% sobre el PBI. En función de los datos aportados puede discutirse que el principal impuesto en la Argentina es el IVA, y si se pretende reducir la presión tributaria, habría que empezar por este tributo “regresivo”, ya que iguala la carga con indiferencia de los ingresos de los contribuyentes. Claro que también podría mantenerse la presión tributaria reorientando las fuentes de ingresos impositivos, por ejemplo, recaudando más en impuestos patrimoniales, a las ganancias, o a las exportaciones. Todo un debate de ideas que remite a una discusión sobre beneficiarios y perjudicados. Agreguemos que un Estado soberano funciona con la emisión de su moneda y que los impuestos constituyen un mecanismo de absorción de esa emisión, por lo que en definitiva, el Estado se financia con su emisión soberana y a los efectos de no generar distorsiones en función de la cantidad necesaria de dinero en circulación, acude a los impuestos para absorber la emisión excedente. Ello nos lleva nuevamente a discutir, de donde retraer el excedente de dinero circulante. ¿De los sectores más empobrecidos o de los enriquecidos? Está claro que la respuesta supone un debate político. Buenos Aires, 23 de febrero de 2022

Un discurso sin sorpresas y en clave de continuidad

Buena parte del discurso presidencial para inaugurar el año legislativo remitió a las “cuestiones económicas”. En el centro del diagnóstico se acudió a una gravosa herencia recibida al inicio del gobierno en diciembre del 2019 y agravado por la conmoción mundial de la pandemia desde marzo del 2020. De no ser por la herencia de elevada deuda, sostuvo, especialmente con el FMI; precios en alza (54% en 2019) y creciente empobrecimiento de la población y deterioro de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores; el balance de gestión “sería” para Alberto Fernández “positivo”, en materia de “salud”, vacunación mediante, y en recuperación económica del 2021. La realidad admitiría una evaluación más matizada, relativo a las víctimas fatales y la continuidad del sistema de privatización de la salud, medicamentos y vacunas mediante, solo contrarrestado por la voluntad del personal del área de salud, insuficientemente reconocido en términos de ingresos y condiciones de trabajo. Del mismo modo se puede considerar lo “estrictamente económico”, con el rebote de precios en 2021 y una perspectiva preocupante en el inicio del 2022, que puede agravarse ante la escalada de precios mundiales, no solo por los acontecimientos en territorio de Ucrania. Los precios se asocian a la recuperación de las ganancias empresarias en detrimento de los ingresos populares, aun cuando solo los trabajadores del sector privado registrado superaron por poco el registro de la inflación, tal como reconoce el discurso presidencial. No es la situación del resto de trabajadoras y trabajadores; jubilados y jubiladas; perceptores de planes sociales. Se trata de una mayoría social que vive de ingresos fijos. Sostuvo el presidente que: “La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente.” Vamos a insistir que la inflación, local o mundial, es una cuestión de poder y mecanismo de apropiación del excedente económico. ¿Quién está detrás del aumento de la energía en el mundo, especialmente el crudo, incluso más allá de los procesos en Ucrania? Algo tienen que ver las petroleras, algunas de las cuales son socias en YPF, empresa privada, mixta, de gestión estatal, pero con negocios asociados a transnacionales petroleras hegemónicas en el sistema mundial. Vale la mención, ya que el discurso augura un gran futuro a la producción de hidrocarburos no convencionales, vía fractura hidráulica y subordinación a petroleras extranjeras. Todo en este año centenario de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la ex YPF. No hubo “recuperación”, como se sostuvo, de aquella gran empresa estatal argentina, instalada desde una perspectiva de soberanía. Es más, cuesta entender como el país participa de la transición energética para menguar el cambio climático con el estímulo a la explotación de los bienes comunes, enunciados como “recursos naturales”. Por eso, vale la preocupación por la inflación, pero siendo una cuestión de poder en el sistema de relaciones sociales, del modelo productivo y de desarrollo capitalista, conviene mensurar la convocatoria a profundizar una dinámica productiva de inserción subordinada en el sistema mundial del capitalismo transnacionalizado. En ese sentido se destaca la futura inversión “…de la empresa australiana Fortescue por 8.400 millones de dólares, para producir hidrógeno verde en Río Negro” Es discutible su aporte ecológico e incluso hay que verificar que el objetivo de toda inversión es la acumulación y apropiación del excedente, más aún en condiciones de dependencia local. El mensaje insiste en la apuesta al “petróleo y la minería, dos actividades con fuerte impacto provincial, de salarios altos y con gran importancia en materia de generación de divisas, tuvieron una marcada recuperación en 2021. De la mano de Vaca Muerta y el Plan Gas que pusimos en marcha, la producción de petróleo tuvo el mejor diciembre desde 2011, y la de gas el mejor diciembre desde 2008. En esa actividad, el empleo se recuperó fuertemente.” Queda clara la apuesta a la continuidad de una lógica de producción fuertemente cuestionada en luchas, casos emblemáticos en Chubut o Mendoza, con creciente consenso y protesta social ante la bajante del Paraná o los incendios en Corrientes o Misiones, entre algunos de los efectos derivados del modelo productivo de saqueo y beneficio para el capital transnacional hegemónico en el país. Deuda, FMI, Ajuste La deuda ocupó un lugar importante en el mensaje, incluso motivó el retiro de los legisladores del PRO. Es que se responsabilizó directamente al gobierno Macri por el fuerte endeudamiento con el FMI por 57.000 millones de dólares, imposible de pagar y que no reconoce ningún beneficio ni para el pueblo ni para el país, los que nosotros calificamos como una deuda odiosa. Se denunció la irregularidad del acuerdo en 2018 y que esos recursos no fortalecieron las: “reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable.” Al mismo tiempo sostuvo que el acuerdo en trámite con el FMI es el mejor posible, que: “Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034.” En rigor, se validará en el Congreso la estafa perpetrada por el gobierno Macri con acuerdo de EEUU y su capacidad de decisión en el FMI. Al mismo tiempo, insistió en las acciones legales: “…a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino.” Es algo que está en el planteo de la “Auto convocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoría de la deuda”. La acción judicial debió ser acompañada por una decisión política de suspensión de los pagos. La opción de la negociación lleva a la lógica del ajuste perpetuo, pese a la profesión de fe contra el ajuste pronunciado ante la asamblea legislativa. Se trató de un discurso para fidelizar consenso, especialmente luego de la derrota electoral de medio término, ofrecido con una imagen de los tres liderazgos constituyentes del Frente de Todos. Claro que al mismo tiempo hubo notorias ausencias en el recinto y en las manifestaciones callejeras de apoyo, algo para pensar en el presente y futuro cercano de la evolución de la política. No habrá “tarifazos”, se aseguró, junto a una voluntad por recuperar capacidad de compra de los ingresos populares, incluso largos párrafos en torno a la “economía popular”, en simultáneo a líneas de continuidad de un modelo productivo definido por una inserción subordinada a la lógica de las transnacionales y la apropiación de excedente económico sustentado en la fuerte explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Se festejó la ampliación del swap con China y se aseguró que no habrá reformas a las legislaciones laborales y previsionales, las que se aplican en una práctica de afectación de derechos consagrados. Más allá del discurso, la realidad del ajuste genera prevenciones en ámbitos del movimiento sindical, territorial y popular que animan las protestas cotidianas y auguran una potencialidad del conflicto en defensa de derechos y disputas por el ingreso nacional. Ahora habrá que leer la letra chica del acuerdo con el FMI y seguir muy de cerca el monitoreo trimestral del organismo internacional, que, sin duda, inducirá mecanismos de ajuste fiscal y de restricción monetaria y adecuaciones cambiaria en la lógica demandada por los capitales más concentrados de la producción y la exportación. Es lo sostenido en el mensaje, cuando se propone lograr crecer en exportaciones para conseguir divisas. Agreguemos, divisas necesarias para continuar con el fortísimo condicionante del endeudamiento y la sujeción al FMI. 1 de marzo de 2022