La disputa por la presidencia se corrió a la derecha

Los ultraderechistas liberales lograron el objetivo ideológico propagandístico de correr el debate político local hacia la derecha. Salvo las candidaturas de la izquierda, las principales fórmulas que disputan el gobierno instalan un ideario y agenda de políticas “pro mercado”, amigables con los inversores capitalistas y las necesidades del capital transnacional concentrado. Massa, Larreta o Bullrich, Milei, expresan con sus candidaturas los rumbos a seguir en el gobierno del capitalismo local. Hay matices entre ellos, por supuesto, pero coincidencia en un rumbo favorable al ingreso de capitales externos y a la profundización de un modelo productivo que atraiga y produzca divisas. Desde el poder ejecutivo impulsarán a sus bloques parlamentarios a la legitimación del funcionamiento capitalista que demanda reformas laborales, previsionales y tributarias acordes a la demanda de fortalecer la tasa de ganancia, con el reguardo de aseguro del poder judicial. La primarización exportadora es el rumbo del modelo productivo, con la soja, el maíz u otros cultivos, la minería, los hidrocarburos, ahora el litio. El ingreso de divisas, dólares, euros, yuanes, otras monedas, es la condición necesaria para continuar negociando y renegociando el repago de una deuda impagable, por eso también son bienvenidos los fondos de los organismos internacionales, aunque solo sea para repagar lo impagable, claro que a costas de mayores intereses que compiten con gasto público social (condenado al achique). Como es impagable la deuda pública debe renegociarse recurrentemente, lo que es una constante desde la reinstauración de los gobiernos constitucionales hace cuatro décadas. Todos y cada uno de los turnos presidenciales ejecutaron sus respectivos canjes de deudas. La hipoteca la paga el pueblo con el deterioro de las condiciones de vida. Reestructuración reaccionaria Las políticas “neoliberales” instalaron desde 1975/6 una reaccionaria reestructuración del capitalismo local, contenida por la resistencia obrera y popular. Martínez de Hoz se quejó del “nacionalismo militar” que frenó el proceso de privatizaciones, especialmente en donde la tradición militar había intervenido para el desarrollo industrial, sea el petróleo, la metalurgia o las fábricas militares. El sindicalismo, aun limitado por las restricciones a su funcionamiento y la represión explícita, operó como principal límite a la estrategia reaccionaria de la genocida dictadura. En esas condiciones, el peronismo, desde la presidencia llevó a cabo el disciplinamiento de la burocracia sindical, política y militar para en los 90 del siglo pasado llevar adelante la tarea de reforma restauradora del poder concentrado en el país. La tarea fue completada en la década por la Alianza encabezada por el radicalismo. Menem y De la Rúa, la cúpula del peronismo y del radicalismo, legitimaron un proyecto de restauración liberal para el desarme de una estrategia de industrialización y apuesta al mercado interno instrumentada entre el centenario (1910) y el golpe del 76. La resistencia popular estableció límites a esa restauración y la pueblada del 2001 habilitó un nuevo tiempo político, que necesitó de una dinámica histórica para legitimar por la vía del consenso electoral en 2015 el proyecto de restauración del poder concentrado, articulando fracciones de la burguesía local y transnacional bajo el macrismo. Kirchnerismo y macrismo emergieron como las novedades en la disputa gubernamental de los últimos veinte años, arrastrando a los partidos tradicionales y a nuevos agrupamientos producto de desprendimientos de la tradición partidaria entre peronistas y radicales. Bullrich, con origen en el peronismo fue funcionaria radical y terminó presidiendo el partido fundado por el primer presidente no peronista ni radical de la historia constitucional local. Rodríguez Larreta fue funcionario público (ANSES) por el peronismo y terminó siendo el gestor del gobierno Macri y luego titular del gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Massa fue funcionario kirchnerista, crítico del kirchnerismo, presentado por Macri como socio político en Davos en 2016 y ahora candidato oficialista desde su puesto de Ministro de Economía en sus negociaciones con EEUU y el FMI, aunque también con China. Las identidades políticas son difusas, pero el modelo de acumulación capitalista consolida un rumbo primario exportador, con el complejo sojero, de mega minería a cielo abierto, con hidrocarburos no convencionales (entusiastas con el nuevo gasoducto) y expectativas prontas por el litio; pero también una industria de inserción exportadora, caso de la automotriz y la cadena de valor asociada; todo en el marco de una estructura de servicios bancario financieros, comercial y de turismo estructurado en una lógica de transnacionalización, apertura y dinámica orientada a la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Así, la restauración que otrora se materializara por la vía de los golpes militares, ahora se consolida por vía electoral, corriendo la oferta electoral hacia la derecha, con un amplio espacio propagandístico auspiciado por la mayoría mediática en la manipulación del consenso social. Conflicto social y alternativa La pueblada jujeña pone de manifiesto, una vez más, la dinámica social de resistencia que demanda la emergencia de una propuesta política alternativa, que contenga la diversidad de reclamos socio populares, de organizaciones sindicales y de trabajadorxs en lucha, de movimientos feministas y ambientalistas, y un conjunto de demandas sociales, culturales, hoy fragmentadas. Unir lo diverso en la búsqueda de una alternativa política popular aparece como el desafío para no resignar la política a la hegemonía de los proyectos orientados a la satisfacción del proyecto del capital más concentrado. Es posible un rumbo alternativo si se extiende la lucha y se articula estratégicamente como programa compartido de las demandas sociales. Se trata de un proyecto que se construye integralmente en una dinámica que trasciende el acto electoral de renovación presidencial en curso. La lucha popular es límite a la restauración, pero requiere organizarse en propuesta política para no solo limitar, sino para marcar nuevo rumbo en perspectiva de emancipación popular y transformación social. Buenos Aires, 24 de junio de 2023

Jujuy y Chaco son expresión de la crisis política

La crisis política se evidencia en las situaciones que se viven en estas horas en el Chaco y en Jujuy. En el primer caso por una situación delictiva y en el segundo por una protesta social fuertemente reprimida. Ambas situaciones manifiestan una crisis de la política que demanda la construcción de alternativas que privilegien la satisfacción de insatisfechas reivindicaciones sociales de la población empobrecida y postergada. En el Chaco tiene impacto electoral visible en la abstención electoral en las PASO del domingo 18 de junio, en el voto blanco y la colecta de adhesiones de la oposición, con la aspiración de abonar un resultado similar en la elección por la gobernación provincial, sumando en el intento de alternancia nacional. En Jujuy se juega la estrategia de disciplinamiento del conflicto social, un tema esencial de la reforma constitucional provincial avalada por el bipartidismo radical y peronista. El triunfo electoral provincial en mayo pasado animó la reforma constitucional jujeña, marcando orientación de lo que se pretende nacionalmente. La campaña electoral del pre-candidato Morales apunta a la necesidad de “desalojar la calle” y así avanzar con la dinámica de “orden” necesario para estabilizar la economía y la política en el país. Es una consigna que instalaron desde los ultras liberales de Milei y que asume con fuerza Patricia Bullrich, la titular del PRO, empujando el discurso opositor de la derecha en la Argentina. Se trata de legitimar la represión para eliminar un fuerte condicionante que tiene el ajuste y la regresiva reestructuración del capitalismo argentino. Vale recordar que la dictadura genocida no pudo llevar adelante en toda su magnitud un proyecto reaccionario por la resistencia organizada de la clase trabajadora y el pueblo argentino. La tarea fue realizada en los 90 del siglo pasado bajo la presidencia Menem y el control sobre la burocracia política y sindical del peronismo, tarea continuada por el gobierno De la Rúa, que encontró sus límites en la pueblada del 2001. Ambos gobiernos contaron con el protagonismo en la política económica de Domingo Cavallo, hoy soporte del discurso liberal de Milei. La movilización popular y una larga tradición organizativa explica los límites del poder económico por “normalizar” el capitalismo local. Macri creyó que con su triunfo electoral del 2015 podía estabilizar la economía sobre la base de una inmensa lluvia de inversiones, que solo mutó en un gigantesco préstamo inducido por su amigo Trump, socio definitorio en el FMI. Ese mal cálculo político de la derecha y la ausencia de alternativa política los anima a recrear una estrategia de “normalización”, facilitada por una gestión presidencial del Frente de Todos sin pretensión de confrontación con el poder. La “mano dura” es la expresión discursiva del objetivo por “normalizar” la extracción de plusvalía. Ahí resulta clave la aparición de Javier Milei, sostenido desde los medios de comunicación masivos para instalar una agenda de ajuste y regresiva reestructuración, moviendo hacia la derecha el discurso político de quienes disputan el gobierno local. Un desplazamiento ideológico y político que intervino en la disputa del consenso social, abonado por décadas de manipulación mediática sobre el conjunto social, especialmente de las nuevas generaciones. La extendida protesta social es el límite a ese objetivo de máxima del poder. Deuda y ajuste Al no denunciar el préstamo fraudulento y odioso del FMI fue la primera señal de debilidad y/o complicidad del gobierno surgido a fines del 2019 con el poder hegemónico, consolidado en la negociación con acreedores privados primero y en marzo 2022 con el FMI. El ajuste fiscal, consolidado como meta en el acuerdo con el Fondo pasó a ser el rumbo esencial de la lógica de gobierno. Todos los presupuestos aprobados durante la actual gestión reconocen en los fundamentos el privilegio de la deuda a cualquier otro objetivo de política económica. Más allá de cualquier discurso, primero está la deuda. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó en su ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL a MAYO 2023 que “A pesar de la disminución de ingresos, en los cinco primeros meses del año la Administración Nacional registró una caída real en los déficits económico, primario y financiero.” https://www.opc.gob.ar/ejecucion-presupuestaria/analisis-de-la-ejecucion-presupuestaria-de-la-administracion-nacional-mayo-2023/ El informe destaca que “La recaudación se contrajo 6,7% real y los gastos 7,5%”, contribuyendo a cumplir con la meta de disminución del déficit fiscal suscripta con el FMI. Se informa que “Al cotejar mes contra mes de cada año los gastos primarios presentaron once meses de caídas consecutivas” y que “El pago de intereses de la deuda subió 17,8%”. Resulta evidente que la disminución del gasto no es mayor porque suben los pagos de intereses de la deuda, confirmando el condicionante del endeudamiento. Insistamos, primero la deuda, y luego cualquier otro objetivo. La norma es el ajuste regresivo que consolida el deterioro de los indicadores socioeconómicos. La lucha docente en Salta y Jujuy encendió la mecha de una pueblada que recorre la geografía jujeña, y en donde el poder local ensaya la estrategia represora, anticipando horizontes deseables para ejecutar la reestructuración regresiva que demanda el modelo productivo en desarrollo, con base en la soja transgénica, los hidrocarburos no convencionales y la extracción del litio. El consenso de reforma constitucional jujeño refleja los acuerdos del poder con la política dominante en el país respecto del modelo productivo y de desarrollo. Consolidar ese modelo requiere disciplinamiento social y desarticulación de una organización popular de fuerte tradición histórica. Se trata del obstáculo para la normalización política, imprescindible para superar la incertidumbre de la inestabilidad inflacionaria. Erradicar la organización y movilización social resulta fundamental para favorecer la dinámica de la ganancia y la acumulación capitalista. En la resistencia en Jujuy convergen las reivindicaciones del pueblo originario con las luchas por mejoras de ingresos y derechos de trabajadoras y trabajadores explotados y empobrecidos; a la que se suma la solidaridad popular en todo el territorio nacional. Se trata de una confluencia solidaria movilizada que anticipa rumbos estratégicos necesarios para alumbrar una expectativa esperanzada por trasformaciones profundas. Apuntamos a la acumulación social que habilite una agenda de propósitos en el sentido de resolver las reivindicaciones por ingresos y derechos de la población perjudicada por el modelo productivo y de desarrollo de concentración y extranjerización. Buenos Aires, 19 de junio de 2023

Un plan de estabilización en el horizonte

No se conocen los candidatos de las coaliciones o propuestas políticas que disputan el gobierno en la Argentina, pero si sus propuestas relativas a la economía local. En la jerga habitual de la oposición, libertarios o macristas sostienen un plan de estabilización macroeconómica, que supone aumento de tarifas (luz, gas, agua, transporte, combustible, etc.), el tipo de cambio oficial, achicando la brecha con los paralelos bursátiles o financieros, y disminución del gasto público, especialmente el social (mientras sube el gasto en intereses de la deuda). El matiz entre ellos es la profundidad de la estabilización o ajuste fiscal, tanto como la rapidez de su ejecución. Mientras, en el oficialismo se reniega discursivamente de esa dinámica, aun cuando el acuerdo con el FMI, desde marzo 2022, sustenta la suba de tarifas, la actualización del tipo de cambio al ritmo inflacionario y la reducción del déficit fiscal. Esto último no se negocia en la flexibilización que se discute en estas horas en Washington. En una palabra, el objetivo es similar y nuevamente, la discusión es la profundidad y el ritmo de aplicación del ajuste o estabilización macroeconómica. Ese marco condiciona la política luego de las elecciones de agosto, octubre o noviembre, augurando un horizonte de ajuste perpetuo con costos sociales de empobrecimiento creciente de la población menos favorecida en la distribución del ingreso. Como siempre decimos, salvo que la población afectada confronte con ese propósito, lo que augura conflictividad creciente e inestabilidad política. El ajuste en los datos Si existen dudas sobre lo que señalamos, basta consultar los datos de distribución regresiva del ingreso. Una información de un equipo de investigadores de Rosario (MATE, MIRADOR DE LA ACTUALIDAD DEL TRABAJO Y LA ECONOMÍA) señala que: “En los primeros 40 meses de mandato los trabajadores acumulan una pérdida individual promedio equivalente a $184.000. En la misma cantidad de meses, con Cambiemos cada trabajador ya había perdido 1,3 millones”. Al mismo tiempo destacan que: “El salario promedio actual está entre $80.000 y $90.000 por debajo del de 2015. Desde entonces, cada trabajador, por la pérdida acumulada en todos los meses transcurridos, perdió casi 5 millones de pesos. ¿Qué dejó de comprar cada familia con ese ingreso perdido? Resulta elocuente quiénes perdieron la batalla por la distribución del ingreso de una economía que creció luego de la caída del 2020. En efecto, la economía argentina creció en 2021 y 2002 y crecerá, aun con la actual tendencia decreciente en 2023. Si el ingreso de trabajadores y trabajadoras descendió, está claro que el ingreso empresarial aumentó, algo que da cuenta el INDEC cuando explicita la distribución funcional del ingreso, sea en ganancias o en salario. El ajuste es la “norma” de la economía contemporánea y lo que se discute es la profundidad del ajuste o de la estabilización macroeconómica y en todo caso, el nivel de descontento y resistencia social que genere. Cambiar los objetivos de política económica Por eso el horizonte previsible es de mayor deterioro de los indicadores económico sociales, caída de los ingresos populares y el gasto público social, salvo que en la sociedad de despliegue una disputa por otro sentido relativo a la política económica, algo que de forma fragmentada se sostiene desde la izquierda. La unidad de la izquierda que disputa electoralmente con una amplia izquierda social y cultural que actúa en el movimiento popular es una asignatura pendiente que trasciende la disputa electoral del presente. Existe una dinámica social de organización y lucha que sustenta un programa económico que privilegia la satisfacción de necesidades y derechos de la población trabajadora, ocupadas/os, precarias/os, desocupadas/os, jubiladas/os, que no termina de constituirse en proyecto político alternativo al ajuste que sustentan las propuestas mayoritarias que hoy disputan el consenso electoral. Articular esa demanda de colectivos fragmentados con un proyecto político aparece como desafío de nuestro tiempo. Buenos Aires, 12 de junio de 2023