Contra el capitalismo*
Aun cuando algunos señalan el fin de la crisis de la economía mundial, existen evidencias de la gravedad económica social de la coyuntura, puesta de manifiesto en el crecimiento de la miseria, la pobreza, el desempleo. No hay dudas de que la crisis la pagan los trabajadores y los pueblos. ¿Es posible otra realidad? El movimiento de resistencia a la globalización capitalista sustenta un programa alternativo y hace esfuerzos por constituir un sujeto popular mundial que otorgue materialidad consciente a sus propósitos. La lucha es por otra globalización. Contrario a lo que muchos le endilgan, el movimiento no es “globalifóbico”. No hay fobia a la mundialización, sólo al contenido capitalista de la misma.
El orden mundial promovió la transnacionalización de la economía, alentando un proceso de libre movimiento de los capitales. Este es un programa empujado por los capitales más concentrados del mundo y sustentado en el poder político, diplomático y militar de los principales Estados capitalistas y los organismos internacionales que pretenden ordenar y legislar sobre el sistema mundial. Es una tendencia continua asumida como respuesta a la crisis de rentabilidad del capital a fines de los ‘60 y comienzos de los ’70. El terrorismo de Estado en el Cono Sur de América es inseparable de este proceso, del mismo modo que opera hoy, con la complacencia del sistema mundial, el militarismo estadounidense.
Junto al programa de máxima del capital surgió la resistencia popular que se desplegó por distintos carriles y se manifiesta actualmente en un sujeto diverso que reconoce distintos aportes. Uno de ellos es el movimiento mundial contra la liberalización de la economía, puesto de manifiesto en campañas contra el Libre comercio (como el ALCA); contra la OMC; por el no pago de la deuda externa y contra la militarización, ahora enfocada en el rechazo a la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia. Otra manifestación proviene de la organización de un movimiento popular global, cuyo máximo exponente es la saga del Foro Social Mundial cuya primera reunión se realizó en 2001 en Porto Alegre, Brasil. Un tercer componente se asienta en gobiernos surgidos de la dinámica de resistencia popular y que animan la lucha contra la crisis capitalista intentando nuevas y creativas formas de articulación global. Es el camino del ALBA y su banco, los acuerdos para establecer una nueva arquitectura financiera al interior y más allá de ese proceso de integración, tal el caso del Banco del Sur, los acuerdos de cancelación de intercambio comercial con monedas locales y las experiencias de articulación productiva para asegurar la soberanía alimentaria, energética y financiera.
El orden mundial de 2010 es muy distinto del de 1990. En dos décadas se pasó de la ofensiva del capital, el Consenso de Washington y la liberalización de la economía mundial, a la crisis del orden capitalista. Además, se presenta un contradictor al orden social vigente. Hasta 1990 la contradicción se manifestaba como socialismo versus capitalismo, para dar paso con el colapso soviético a la unilateralidad del capitalismo. Se abrió camino el pensamiento de “fin de la historia” y ahora con la crisis se habilitó nuevamente el debate sobre el orden mundial. Esto se puso de manifiesto en Copenhague, donde unos en el Norte (liderados por Obama) quisieron mantener el statu quo de un desarrollo capitalista destructor de la naturaleza –con compensaciones menores a los subdesarrollados del Sur–, y otros pretendieron discutir el derecho al desarrollo capitalista del Sur (China, India, Sudáfrica, Brasil). Sólo una minoría asentó el problema en el capitalismo: los países que integran el ALBA. El presidente venezolano llevó al recinto oficial del debate, el sentimiento popular de quienes luchaban desde afuera del cónclave de los gobiernos, al señalar que “si la crisis medioambiental fuera un banco, ya la habrían salvado”.
La crisis capitalista es un hecho y una oportunidad. Existen dos sujetos en pugna por ordenar el sistema y superar la crisis. De un lado, el poder económico que articula desde la centralidad de las transnacionales el poder mayoritario de los Estados capitalistas y los organismos internacionales y otros ámbitos de articulación, como el G-20. Del otro, se presenta un conglomerado diverso y no articulado de movimientos populares y gobiernos que aún fragmentadamente levantan un programa contra el orden en crisis y sus instituciones. Por eso se sustentan auditorías de la Deuda Externa; se levantan rechazos a tribunales del estilo Ciadi; se propone eliminación de Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio.
Constituye una discusión abierta el decurso que asuma la lucha para salir de la crisis. El interrogante es cuál de los contradictores se impondrá. El papel del poder apunta al logro de los consensos para la continuidad de la depredación de la naturaleza y la explotación. ¿Qué papel asumirán los pueblos para afirmar un proyecto emancipador?
* Artículo publicado en el diario Página 12 del lunes 25 de febrero de 2010. Leer nota completa aquí.
Conflicto de poderes y pago de la deuda
El poder económico recibió con beneplácito el Fondo del Bicentenario. La decisión de asegurar las cancelaciones de los vencimientos privados y de organismos internacionales para el 2010 contó con el apoyo local y mundial de quienes requieren la normalización de la inserción capitalista de la Argentina en momentos de crisis de la economía mundial.
Los principales Estados capitalistas han dispuestos cifras millonarias para el salvataje de bancos y empresas en crisis, con lo que no debe sorprender que las decisiones de política económica local vayan en ese sentido y aseguren la voluntad de pago. Es el deseo de los acreedores, un abanico que expresa parte del poder económico mundial. El paquete incluye a los holdouts y al Club de Paris. Todos esperan se les pague, la totalidad de la deuda o una buena negociación según sus intereses.
El canje del 2005, el pago al FMI en 2006 y todas las cancelaciones operadas en los últimos años expresan voluntad de pago de la deuda y reinserción en el sistema financiero internacional, como una parte de la continuidad del capitalismo en la Argentina.
Un problema inesperado resultó ser ahora la “autonomía del BCRA”. Queda demostrado con un absurdo como la “política” en la Argentina está pagando caro no modificar la institucionalidad de los 90´, entre otras la “autonomía del BCRA” inscripta en la carta orgánica de la institución. La política monetaria es un instrumento clave de toda política económica y no puede disociarse en falsas autonomías al servicio de las demandas del poder económico.
Lo curioso es que ahora, con la decisión del pago de la deuda a tenedores privados y organismos internacionales por 6.569 millones de dólares en el 2010, en acuerdo con el Fondo del Bicentenario, el “poder económico” reclama la subordinación del BCRA a la decisión de pagar del poder ejecutivo nacional. Es el pronunciamiento de las asociaciones de bancos, de ADEBA y de ABAPRA. En el mismo sentido se pronunció la CGT, asociado claramente a las políticas de gobierno.
¿Cómo se salda la crisis institucional?
El gobierno quiere que el titular del BCRA renuncie y este resiste. La decisión aparece condicionada por una comisión parlamentaria que motivada en el recambio legislativo aún no está conformada y hay receso hasta marzo próximo. La presión política entre el Poder Ejecutivo y el presidente del BCRA continuará, tanto como los juegos de poder entre el oficialismo y la oposición de derecha. Esa situación agudizará los elementos de crisis política que hay en la Argentina desde la ruptura de sectores de las clases dominantes, del agro y la industria con el gobierno. La medida de pagar deuda apunta a recomponer lazos con el poder económico mundial y es lo que debe colocarse en discusión.
La sociedad, especialmente el movimiento popular, debe manifestar su voluntad de modificar la agenda de prioridades e incidir en la crisis política para contribuir a satisfacer necesidades populares insatisfechas. La Argentina no necesita nuevo endeudamiento, sino reorientar su política económica en función de las necesidades de millones de personas con dificultades para acceder a sus derechos a la alimentación, la educación, la salud o la vivienda, el trabajo y una calidad de vida adecuada. Los recursos en la Argentina existen, el problema es su utilización.
No es él problema el suscitado en torno a la “autonomía”. Hay que volver a instalar que no se puede pagar deuda con el hambre de la población, que los fondos públicos deben utilizarse para la recuperación de una economía popular que resuelve necesidades insatisfechas y se articule con un proyecto de integración regional que discuta el orden capitalista en crisis.
Los principales Estados capitalistas han dispuestos cifras millonarias para el salvataje de bancos y empresas en crisis, con lo que no debe sorprender que las decisiones de política económica local vayan en ese sentido y aseguren la voluntad de pago. Es el deseo de los acreedores, un abanico que expresa parte del poder económico mundial. El paquete incluye a los holdouts y al Club de Paris. Todos esperan se les pague, la totalidad de la deuda o una buena negociación según sus intereses.
El canje del 2005, el pago al FMI en 2006 y todas las cancelaciones operadas en los últimos años expresan voluntad de pago de la deuda y reinserción en el sistema financiero internacional, como una parte de la continuidad del capitalismo en la Argentina.
Un problema inesperado resultó ser ahora la “autonomía del BCRA”. Queda demostrado con un absurdo como la “política” en la Argentina está pagando caro no modificar la institucionalidad de los 90´, entre otras la “autonomía del BCRA” inscripta en la carta orgánica de la institución. La política monetaria es un instrumento clave de toda política económica y no puede disociarse en falsas autonomías al servicio de las demandas del poder económico.
Lo curioso es que ahora, con la decisión del pago de la deuda a tenedores privados y organismos internacionales por 6.569 millones de dólares en el 2010, en acuerdo con el Fondo del Bicentenario, el “poder económico” reclama la subordinación del BCRA a la decisión de pagar del poder ejecutivo nacional. Es el pronunciamiento de las asociaciones de bancos, de ADEBA y de ABAPRA. En el mismo sentido se pronunció la CGT, asociado claramente a las políticas de gobierno.
¿Cómo se salda la crisis institucional?
El gobierno quiere que el titular del BCRA renuncie y este resiste. La decisión aparece condicionada por una comisión parlamentaria que motivada en el recambio legislativo aún no está conformada y hay receso hasta marzo próximo. La presión política entre el Poder Ejecutivo y el presidente del BCRA continuará, tanto como los juegos de poder entre el oficialismo y la oposición de derecha. Esa situación agudizará los elementos de crisis política que hay en la Argentina desde la ruptura de sectores de las clases dominantes, del agro y la industria con el gobierno. La medida de pagar deuda apunta a recomponer lazos con el poder económico mundial y es lo que debe colocarse en discusión.
La sociedad, especialmente el movimiento popular, debe manifestar su voluntad de modificar la agenda de prioridades e incidir en la crisis política para contribuir a satisfacer necesidades populares insatisfechas. La Argentina no necesita nuevo endeudamiento, sino reorientar su política económica en función de las necesidades de millones de personas con dificultades para acceder a sus derechos a la alimentación, la educación, la salud o la vivienda, el trabajo y una calidad de vida adecuada. Los recursos en la Argentina existen, el problema es su utilización.
No es él problema el suscitado en torno a la “autonomía”. Hay que volver a instalar que no se puede pagar deuda con el hambre de la población, que los fondos públicos deben utilizarse para la recuperación de una economía popular que resuelve necesidades insatisfechas y se articule con un proyecto de integración regional que discuta el orden capitalista en crisis.
Expresiones de deseo sobre política económica para el 2010
Se termina el año y resulta habitual la expresión de deseos por un próximo año de prosperidad y felicidad. Si remitimos a la política económica, ello supone considerar quien es el que pide el deseo, del mismo modo que requiere se analice la orientación estatal, responsable en definitiva de la aplicación del rumbo en materia económica.
No es lo mismo la prosperidad y felicidad solicitada por los trabajadores jubilados que brindaron con pan y agua en la puerta del Congreso Nacional en la víspera de nochebuena, que la imaginada por los grandes empresarios convocados a cenar en la residencia de Olivos la noche del martes 22/12.
Los primeros, o sea, los trabajadores jubilados imaginan un 2010 con plenitud de la movilidad jubilatoria, lo que sin vueltas apunta al 82% del ingreso del trabajador activo; una asignación previsional mínima de $1.600; pero también involucrarse en la administración y toma de decisiones sobre recursos e instituciones consideradas propias, tales como los recursos de la seguridad social, el ANSES y el PAMI. Son pretensiones fundadas para otorgar seguridad social a los mayores en un marco que peticiona calidad de vida adecuada para la mayoría empobrecida de la población.
Los segundos, los grandes empresarios, tales como los titulares de ARCOR o TECHINT que flanquearon a la Presidente en la cena, demandan políticas económicas que otorguen seguridad jurídica a sus inversiones, en un 2010 que imaginan de crecimiento luego de la importante caída del 2009, el año de despliegue de la crisis de la economía mundial en territorio nacional. Es lo mismo que reclamaron los empresarios de la Volkswagen a la Presidente al presentar su nuevo utilitario producido en el país para el mundo; o los responsables empresarios de Repsol al anunciar su próximas inversiones para la explotación petrolera en territorio nacional.
¿Podrián satisfacerse ambas demandas en el 2010?
Debiéramos advertir que se trata de reclamos contradictorios, pues ambos exigen a la política económica la centralidad de su demanda, y claramente responden a dos concepciones muy distintas sobre la “seguridad”. La seguridad social se contrapone a la concepción privada de la seguridad que requiere el capital para afirmar su objetivo de mayores ganancias, riquezas y poder. Ambas concepciones son manifestación de la disputa por la renta nacional.
El Estado capitalista incluye en sus funciones el arbitraje en ese conflicto de intereses. Esa es la razón que lleva al Estado nacional a resolver un subsidio anual a los menores empobrecidos del orden de los 2.500 millones de dólares y un fondo del bicentenario para asegurar pagos de la deuda externa por 6.500 millones de dólares en 2010. En la diferencia de montos asignados puede verificarse el sentido principal del arbitraje en materia de seguridad social o privada con relación a la deuda interna social o externa financiera.
Satisfacer el reclamo del movimiento de jubilados requiere de la totalidad de los recursos ingresados por año al ANSES y un plus a resolver de las finanzas públicas, incluso mayor que la asignación tributaria hoy afectada a la seguridad social. ¿Esta dispuesta la sociedad a colocar en primer lugar de la política económica la seguridad social?
No parece ser lo que se solicita cuando de seguridad se habla en los medios de comunicación, o en el sentido común de la sociedad. Más se piensa en la defensa de patrimonios privados que en una cuestión social. Esta es la razón que lleva a los empresarios a requerir seguridad sobre sus inversiones. Lo que peticionan es control del conflicto social, tanto de sus trabajadores como de los desocupados y jubilados que reclaman mejorar sus ingresos a costa de la ganancia empresaria.
Ambos deseos no pueden cumplirse puesto que la distribución del ingreso o de la riqueza supone reasignar recursos que favorecerán a unos u otros, nunca a ambos.
Mucho más complejo será el análisis, si además de contraponer a jubilados y grandes empresarios incluyéramos a la masa de trabajadores, o de pequeños y medianos productores o empresarios, entre otros sectores sociales que demandan en la disputa de la renta.
Los primeros, los trabajadores, no solo demandan ingresos en su postal de prosperidad y felicidad para el 2010, sino principalmente democratizar la sindicalización, algo que viene negándose recurrentemente y que este 2009 mostró variados ejemplos de una voluntad política para transitar un nuevo modelo sindical. Ya no solo es reivindicación de la CTA, sino de los trabajadores de Kraft, del subte, de los petroleros o los mineros, entre muchos otros con menos visibilidad mediática. Es una democratización que alcanza el orden económico y social en conjunto, que incluye financiamiento y políticas activas específicas para empresas recuperadas por sus trabajadores, o iniciativas de organización de la economía popular, autogestionaria y sin fines de lucro, de propiedad cooperativa, mutual o comunitaria. Lo que supone otro orden de relaciones sociales en la producción y distribución de bienes.
Entre los segundos, los pequeños y medianos productores y empresarios existe el reclamo, entre otras cuestiones, por su exclusión en la cena de Olivos. Ellos que a la hora de contabilizar el empleo son los mayores empleadores y que sin embargo se sienten excluidos del debate sobre las políticas económicas necesarias, el crédito disponible y la posibilidad de ser considerados sujetos de un proyecto social articulado con los trabajadores para la transformación social que se pregona.
Lo que está en discusión en este fin de año y en la perspectiva del 2010 es hacia dónde apuntan los objetivos de política económica en el corto plazo.
¿Se pretende restablecer la ruptura del bloque empresarial que otorgó consenso a las políticas vigentes desde el 2002 y sostenidas en los gobiernos de Néstor Kirchner desde 2003 y de Cristina Fernández desde 2007? Recordemos que ese consenso se fracturó en 2008 en el conflicto con las patronales agrarias y en el 2009 con algunos sectores industriales. La voluntad de pago de la deuda y la reanudación del diálogo con el FMI y los acreedores externos van en esa dirección.
Son señales que apuntan a constituir o reconstituir el sujeto privilegiado de la construcción socioeconómica pretendida, el “capitalismo nacional”. Formulación que solo puede entenderse por la forma que asume el orden capitalista en Argentina, con claro dominio de las Corporaciones Transnacionales, buena parte de las cuáles, a través de sus representantes, fueran convidadas a la cena en Olivos.
Finalmente, y pensando desde otro lugar, no será que el 2010 puede ser un momento oportuno para discutir el orden económico y social, lo que supone discutir otros beneficiarios de la política económica, para terminar con la pobreza y el desempleo, fenómenos ambos que volvieron a la agenda de discusión por su real emergencia en la coyuntura de crisis. ¿La única posibilidad de producir es bajo el dominio de las corporaciones transnacionales? ¿Puede el 2010 ser el año de un debate nacional para hacer realidad la soberanía alimentaria, energética, financiera productiva? ¿No requiere ello potenciar los lazos hacia una integración regional que enfrente el poder global en un capitalismo en crisis? ¿No requiere ello pensar más allá del capitalismo y contra el capitalismo? ¿Puede asumirse en esa perspectiva el restablecimiento de la lucha por el socialismo como en otros procesos de América Latina y el Caribe?
Contribuir a responder esos interrogantes es parte de nuestro deseo para el 2010, y nos comprometemos con nuestras reflexiones y acción, junto a otras que se escuchan y motorizan en el diverso y aún fragmentado movimiento popular y la izquierda social y partidaria para favorecer la constitución de un sujeto colectivo consciente que luche por hacer realidad un pensamiento por la emancipación en nuestro país. No constituye solo un deseo personal, pues el movimiento hacia una constituyente social impulsado por casi un millar de organizaciones y liderado por la CTA propone animar la discusión sobre el pensamiento necesario para la emancipación.
El pensamiento puede responder a las necesidades de la hegemonía, tal como ocurrió con el “pensamiento único” de cuño neoliberal en la última década del Siglo XX, a favor de la liberalización y las privatizaciones, con el objeto de disciplinar al movimiento obrero y la resistencia popular. También puede ser justificatorio y posibilista de una cristalización de la correlación de fuerza en un momento histórico en que recrudece el accionar ofensivo de EEUU, del capital en crisis que pretende reponer sus derechos sobre la riqueza y el ingreso afectado por la crisis capitalista. El desafío está en la capacidad de construir autonomía del pensamiento para luchar por la emancipación social, afirmando los derechos de los trabajadores y del pueblo sobre la renta y patrimonio nacional, en una búsqueda junto a otros pueblos de la región y del mundo.
Ese pensamiento no es patrimonio de los intelectuales, sino de sujetos populares que se construyen concientemente como tales en un proceso de reflexión y lucha por lograr la hegemonía en la sociedad, para transformar el orden, superar la crisis y organizar otra sociedad, que excluya la pobreza y la explotación social.
Felicidades para todas y todos!
Buenos Aires, diciembre de 2009
No es lo mismo la prosperidad y felicidad solicitada por los trabajadores jubilados que brindaron con pan y agua en la puerta del Congreso Nacional en la víspera de nochebuena, que la imaginada por los grandes empresarios convocados a cenar en la residencia de Olivos la noche del martes 22/12.
Los primeros, o sea, los trabajadores jubilados imaginan un 2010 con plenitud de la movilidad jubilatoria, lo que sin vueltas apunta al 82% del ingreso del trabajador activo; una asignación previsional mínima de $1.600; pero también involucrarse en la administración y toma de decisiones sobre recursos e instituciones consideradas propias, tales como los recursos de la seguridad social, el ANSES y el PAMI. Son pretensiones fundadas para otorgar seguridad social a los mayores en un marco que peticiona calidad de vida adecuada para la mayoría empobrecida de la población.
Los segundos, los grandes empresarios, tales como los titulares de ARCOR o TECHINT que flanquearon a la Presidente en la cena, demandan políticas económicas que otorguen seguridad jurídica a sus inversiones, en un 2010 que imaginan de crecimiento luego de la importante caída del 2009, el año de despliegue de la crisis de la economía mundial en territorio nacional. Es lo mismo que reclamaron los empresarios de la Volkswagen a la Presidente al presentar su nuevo utilitario producido en el país para el mundo; o los responsables empresarios de Repsol al anunciar su próximas inversiones para la explotación petrolera en territorio nacional.
¿Podrián satisfacerse ambas demandas en el 2010?
Debiéramos advertir que se trata de reclamos contradictorios, pues ambos exigen a la política económica la centralidad de su demanda, y claramente responden a dos concepciones muy distintas sobre la “seguridad”. La seguridad social se contrapone a la concepción privada de la seguridad que requiere el capital para afirmar su objetivo de mayores ganancias, riquezas y poder. Ambas concepciones son manifestación de la disputa por la renta nacional.
El Estado capitalista incluye en sus funciones el arbitraje en ese conflicto de intereses. Esa es la razón que lleva al Estado nacional a resolver un subsidio anual a los menores empobrecidos del orden de los 2.500 millones de dólares y un fondo del bicentenario para asegurar pagos de la deuda externa por 6.500 millones de dólares en 2010. En la diferencia de montos asignados puede verificarse el sentido principal del arbitraje en materia de seguridad social o privada con relación a la deuda interna social o externa financiera.
Satisfacer el reclamo del movimiento de jubilados requiere de la totalidad de los recursos ingresados por año al ANSES y un plus a resolver de las finanzas públicas, incluso mayor que la asignación tributaria hoy afectada a la seguridad social. ¿Esta dispuesta la sociedad a colocar en primer lugar de la política económica la seguridad social?
No parece ser lo que se solicita cuando de seguridad se habla en los medios de comunicación, o en el sentido común de la sociedad. Más se piensa en la defensa de patrimonios privados que en una cuestión social. Esta es la razón que lleva a los empresarios a requerir seguridad sobre sus inversiones. Lo que peticionan es control del conflicto social, tanto de sus trabajadores como de los desocupados y jubilados que reclaman mejorar sus ingresos a costa de la ganancia empresaria.
Ambos deseos no pueden cumplirse puesto que la distribución del ingreso o de la riqueza supone reasignar recursos que favorecerán a unos u otros, nunca a ambos.
Mucho más complejo será el análisis, si además de contraponer a jubilados y grandes empresarios incluyéramos a la masa de trabajadores, o de pequeños y medianos productores o empresarios, entre otros sectores sociales que demandan en la disputa de la renta.
Los primeros, los trabajadores, no solo demandan ingresos en su postal de prosperidad y felicidad para el 2010, sino principalmente democratizar la sindicalización, algo que viene negándose recurrentemente y que este 2009 mostró variados ejemplos de una voluntad política para transitar un nuevo modelo sindical. Ya no solo es reivindicación de la CTA, sino de los trabajadores de Kraft, del subte, de los petroleros o los mineros, entre muchos otros con menos visibilidad mediática. Es una democratización que alcanza el orden económico y social en conjunto, que incluye financiamiento y políticas activas específicas para empresas recuperadas por sus trabajadores, o iniciativas de organización de la economía popular, autogestionaria y sin fines de lucro, de propiedad cooperativa, mutual o comunitaria. Lo que supone otro orden de relaciones sociales en la producción y distribución de bienes.
Entre los segundos, los pequeños y medianos productores y empresarios existe el reclamo, entre otras cuestiones, por su exclusión en la cena de Olivos. Ellos que a la hora de contabilizar el empleo son los mayores empleadores y que sin embargo se sienten excluidos del debate sobre las políticas económicas necesarias, el crédito disponible y la posibilidad de ser considerados sujetos de un proyecto social articulado con los trabajadores para la transformación social que se pregona.
Lo que está en discusión en este fin de año y en la perspectiva del 2010 es hacia dónde apuntan los objetivos de política económica en el corto plazo.
¿Se pretende restablecer la ruptura del bloque empresarial que otorgó consenso a las políticas vigentes desde el 2002 y sostenidas en los gobiernos de Néstor Kirchner desde 2003 y de Cristina Fernández desde 2007? Recordemos que ese consenso se fracturó en 2008 en el conflicto con las patronales agrarias y en el 2009 con algunos sectores industriales. La voluntad de pago de la deuda y la reanudación del diálogo con el FMI y los acreedores externos van en esa dirección.
Son señales que apuntan a constituir o reconstituir el sujeto privilegiado de la construcción socioeconómica pretendida, el “capitalismo nacional”. Formulación que solo puede entenderse por la forma que asume el orden capitalista en Argentina, con claro dominio de las Corporaciones Transnacionales, buena parte de las cuáles, a través de sus representantes, fueran convidadas a la cena en Olivos.
Finalmente, y pensando desde otro lugar, no será que el 2010 puede ser un momento oportuno para discutir el orden económico y social, lo que supone discutir otros beneficiarios de la política económica, para terminar con la pobreza y el desempleo, fenómenos ambos que volvieron a la agenda de discusión por su real emergencia en la coyuntura de crisis. ¿La única posibilidad de producir es bajo el dominio de las corporaciones transnacionales? ¿Puede el 2010 ser el año de un debate nacional para hacer realidad la soberanía alimentaria, energética, financiera productiva? ¿No requiere ello potenciar los lazos hacia una integración regional que enfrente el poder global en un capitalismo en crisis? ¿No requiere ello pensar más allá del capitalismo y contra el capitalismo? ¿Puede asumirse en esa perspectiva el restablecimiento de la lucha por el socialismo como en otros procesos de América Latina y el Caribe?
Contribuir a responder esos interrogantes es parte de nuestro deseo para el 2010, y nos comprometemos con nuestras reflexiones y acción, junto a otras que se escuchan y motorizan en el diverso y aún fragmentado movimiento popular y la izquierda social y partidaria para favorecer la constitución de un sujeto colectivo consciente que luche por hacer realidad un pensamiento por la emancipación en nuestro país. No constituye solo un deseo personal, pues el movimiento hacia una constituyente social impulsado por casi un millar de organizaciones y liderado por la CTA propone animar la discusión sobre el pensamiento necesario para la emancipación.
El pensamiento puede responder a las necesidades de la hegemonía, tal como ocurrió con el “pensamiento único” de cuño neoliberal en la última década del Siglo XX, a favor de la liberalización y las privatizaciones, con el objeto de disciplinar al movimiento obrero y la resistencia popular. También puede ser justificatorio y posibilista de una cristalización de la correlación de fuerza en un momento histórico en que recrudece el accionar ofensivo de EEUU, del capital en crisis que pretende reponer sus derechos sobre la riqueza y el ingreso afectado por la crisis capitalista. El desafío está en la capacidad de construir autonomía del pensamiento para luchar por la emancipación social, afirmando los derechos de los trabajadores y del pueblo sobre la renta y patrimonio nacional, en una búsqueda junto a otros pueblos de la región y del mundo.
Ese pensamiento no es patrimonio de los intelectuales, sino de sujetos populares que se construyen concientemente como tales en un proceso de reflexión y lucha por lograr la hegemonía en la sociedad, para transformar el orden, superar la crisis y organizar otra sociedad, que excluya la pobreza y la explotación social.
Felicidades para todas y todos!
Buenos Aires, diciembre de 2009
Fondo del bicentenario: garantía de cancelación a los acreedores externos
El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad realizado en cadena nacional por el Ministro de Economía y la Presidente el pasado 14-12-09 constituye una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo (2010).
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
Constituyente Social: balance y proyectos
- A un año de su lanzamiento, cual es el balance que hacen de la Constituyente?
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