Está abierta la interna del frente en el gobierno, nada menos que en el área de la economía. Se discute al ministro, pero especialmente la política económica, el qué hacer, con las tarifas, con la deuda y las reservas, con la inflación, la pobreza y la desigualdad. Incluso, el problema está en cómo seguir y si privilegiar la disputa del consenso de los sectores populares o acordar con el poder, en especial con el FMI. De hecho, la oposición mayoritaria, de derecha (macrista), también cuestiona la orientación, del mismo modo y en el mismo sentido que los sectores más concentrados del poder económico. Estos protestaron oportunamente por el impuesto a las grandes fortunas y obvio, pusieron el grito en el cielo y opusieron resistencia en las calles cuando reaparecieron las retenciones al comercio exterior o cuando se habló de expropiar a Vicentin.
También
comienza a subir la voz de la crítica social por el impacto regresivo del ajuste
sobre los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) en un
marco de suba de precios muy alejado de la contención ilusoria del presupuesto
oficial. Lo real es que el consenso popular tambalea ante expectativas no
satisfechas, más aún con organizaciones sindicales y sociales que contienen la
conflictividad. Es el caso de la insuficiente actualización del salario mínimo
vital y móvil, muy alejado de las necesidades de ingresos adecuados, y avalado
por las centrales sindicales asociadas al proyecto gobernante. Pero también en
la inducción a no movilizarse a organizaciones populares que demandan alimentos
o ingresos, con el argumento de la pandemia. Hay una importante presión por
incrementar el “gasto covid” ante la continuidad de la emergencia sanitaria y
económica.
Se
trata de un debate interesante que remite a la continuidad estructural del
orden económico social o a su transformación, que no solo alude a la
distribución del ingreso o de la riqueza, sino a la reestructuración de las
relaciones sociales de producción, afectando el régimen de propiedad de los
medios de producción y del poder. La discusión trasciende las motivaciones al interior
del gobierno y las oposiciones diversas, y aparece como una necesidad política
social en tiempos de emergencia sanitaria, económica, incluso civilizatoria que
afecta a la humanidad. Nuestro tiempo convoca a recrear expectativas por
soluciones de la vida social y natural, amenazadas por el régimen de
explotación y saqueo con eje en la ganancia y la acumulación para la dominación
de pocas/os sobre muchas/os. Al mismo tiempo, la perspectiva debe trascender lo
inmediato reivindicativo y convoca a pensar sobre lo estructural del orden
económico y social.
La
palabra ministerial al comienzo de la gestión era “tranquilizar la economía”, lo
que suponía “arreglar” en principio el problema de la deuda pública y la
concentración de vencimientos hacia el 2023. De ningún modo resolverlo, sino
negociarlo, o sea, postergar los vencimientos hasta después del mandato. Un
tema dificultado ahora, especialmente con el FMI, indispuesto a resignar
condicionamientos y plazos de recupero de su “odioso” préstamo del 2018, nada
menos que por 45.000 millones de dólares. La negociación se imaginaba para
generar condiciones que contuvieran la inflación elevada y retomar la senda del
crecimiento económico. Claro que no se trataba de modificar estructuralmente el
modelo productivo y de desarrollo históricamente construido en las últimas
décadas. Ni la inflación ni el crecimiento está resuelto, menos la satisfacción
de necesidades postergadas de sectores vulnerables, que involucra a la mitad de
la población.
No
solo por efecto de la pandemia, la “tranquilidad” no solo se esfumó, sino que
desapareció del léxico ministerial, que ahora recibe fuego de la propia
trinchera oficial. Hay rebote de la economía, sí, pero insuficiente para recuperar
la caída económica del 2020 y lo acumulado en tres de los cuatro años del
gobierno Macri. Además, la perspectiva a futuro supone una ralentización de la
evolución económica, en rigor, un diagnóstico de los organismos internacionales
para la economía local, regional y mundial. Por eso preocupa la situación de
pobreza que sufre la mitad de la población, agravada para los menores. No llama
la atención y resulta lógico ese resultado luego de caída de los ingresos
populares, la precariedad laboral incentivada por el “trabajo remoto” o “a
distancia”, lo que agrava la condición laboral de pobres y especialmente de las
mujeres.
Alimentos y empleo como prioridad
Es
grave la evolución de los precios, especialmente sobre alimentos, motorizado
por la suba de los precios internacionales de exportación, ahora del maíz, pero
muy especialmente por la disputa de poder y apropiación de riqueza socialmente
generada de las transnacionales que dominan el modelo productivo del agro negocio
de exportación. Toda la estructura de poder es base sustancial del aumento de precios
en el país. No se logra contener la voracidad del poder económico en tanto no
se modifica una política que consolida un modelo de producción que inserta de
manera subordinada a la Argentina en la lógica de la transnacionalización y la
extranjerización. Los grandes perdedores se consolidan entre la mayoría de la
población empobrecida, la que transfiere de manera recurrente ingresos a la cúpula
concentrada del empresariado privado.
La
necesidad política apunta a una orientación a contramano de la lógica
estructural construida desde 1975/76, que explica el orden económico actual de
la sociedad argentina. La deuda pública es un eje condicionante en ese sentido,
por lo que, sin denunciar el carácter ilegal, ilegitimo y odioso, especialmente
de aquella contraída con el FMI, será imposible superar las trabas existentes
que impiden soluciones sociales extendidas. Por eso debe impulsarse la
suspensión de los pagos de la deuda al tiempo que se organiza una auditoria con
participación popular para dictaminar sobre la legitimidad o no de la deuda. Es
una asignatura pendiente del tiempo constitucional, que nunca abordó a fondo el
problema y solo atinó a postergar soluciones, y con ello, sostener una
continuidad en la cancelación de intereses y capitales, restando capacidad de
atender la necesidad social.
Ese
es el punto de partida, y en simultáneo, se debe encarar una solución al
problema del hambre, con fuentes de empleo y mecanismos autogestionarios de
producción y circulación, con acceso a la tierra y a la necesaria asistencia
tecnológica y financiera para modificar sustancialmente el modelo productivo. Se
requieren propuestas de fondo, a contramano de una lógica económica que
profundiza la desigualdad y por ello, desandar lo construido por décadas y
levantar una propuesta de soberanía, alimentaria, energética, financiera, con privilegio
a resolver las insatisfacciones sociales. En ese camino se debió aprovechar el vencimiento
de la licitación del río Paraná, mal llamado “hidrovía”, como punta de partida
de una reestructuración productiva que ponga fin a las privatizaciones de los
noventa del siglo pasado y repiense el modo de producción en el país.
Se
trata de revertir una lógica productiva construida en el último cuarto del
siglo XX, Consenso de Washington mediante en los noventa, y recreado en parte importante
de la conciencia social como “sentido común”, desarrollado desde los medios de
comunicación. Hay que atender el fenómeno que explica en todo el ámbito mundial
el crecimiento de la propuesta política de la derecha.
La
polémica de estas horas atraviesa al frente en el gobierno y más allá, en el
marco de pandemia, de la crisis ambiental y una sensación que “algo debe
cambiarse” para no agotar la vida social y natural, con el eje en resolver las
más amplias necesidades sociales de la población. Hace falta un debate sobre el
rumbo, con precisión de objetivos socioeconómicos para frenar el retroceso
social construido por décadas. En definitiva, un proceso de construcción de
política y subjetividad de carácter alternativo.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2021
