Expectativas regresivas para el 2016

Terminaron las fiestas de fin de año y a menos de un mes de gobierno Macri, nos queda muy clara la orientación de su gestión.
En materia de política económica profundiza el legado reaccionario de los cambios instituidos en la década del noventa, nunca modificado en su esencia y que  convalida un modelo productivo dependiente de la dominación de los capitales transnacionales y la subordinación a la lógica hegemónica del capitalismo mundial.
Supone un país proveedor de materias primas, principalmente soja, con una industria de ensamble, ejemplo de las automotrices, y dependiente, junto a un espacio favorable a la especulación financiera, entre plazos fijos, compra venta de dólares o inversiones en la bolsa. Una realidad excluyente socialmente, poco propicia para hacer realidad el objetivo de pobreza cero planteado hacia 2019.
La afirmación en general que sostenemos resulta de varias medidas adoptadas y otras anunciadas o sugeridas para el futuro cercano.
Inflación y paritarias
Entre las que están en curso remitimos a los cambios de los precios relativos generados desde la devaluación, con importante peso en la evolución de la inflación.
Si con el kirchnerismo había dudas y polémica sobre los datos del INDEC, la “emergencia estadística” decretada por el gobierno, escamotea ahora cualquier dato sobre evolución de precios.
¿Cuánto aumentaron los precios entre noviembre y diciembre del pasado año? ¿Cuánto aumentarán en los primeros meses del 2016? Son interrogantes de difícil respuesta, aunque si conocemos del alza de precios de los alimentos y medicamentos, entre otros rubros, asociados a la discusión por incrementos asegurados de los combustibles y los automotores. Ni hablar de la corrección de las tarifas eléctricas desde marzo, más allá de la “tarifa social” para una minoría de la población.
¿Cuál será el precio de la fuerza de trabajo? Es un tema urgente en el debate paritario, que tiene a los docentes como testigo en el comienzo de año.
La lucha por los bonos de fin de año anticipó el conflicto por la adecuación salarial. Los privados se movieron con negación de aportaciones por límites derivados de la desaceleración económica o recesión productiva, hasta sumas compensatorias muy dispares con los máximos obtenidos en el sector bancario, entre 10.000 y 18.000 pesos por única vez.
En el Estado, la respuesta fue parcial en el ámbito de algunas provincias, con el agravante de la crisis fiscal, los ajustes de plantas y revisión de contratos, especialmente en el Estado Nacional, lo que motivó respuesta de ATE con un primer paro nacional a la gestión Macri.
No hay balance conclusivo al respecto, poniendo en evidencia la existencia de un espacio para la disputa, expresión de la organización conquistada en estos años. Por más que se pretenda, no solo existe iniciativa política en el poder, sino también capacidad de acción en las clases subalternas.
La distribución del ingreso es parte de la batalla en estas horas. Claro que la quita y disminución de retenciones jugó a favor de la rentabilidad de un núcleo pequeño de la cúpula, generando réplicas para arrancar compensaciones hacia los ingresos populares.
Con la devaluación de enero del 2014, la inflación anual terminó en torno al 38%. La anualización de los datos actuales, de fin de año 2015, remite a un probable 33 a 35% para el 2016, que puede escalar a mayores niveles en la desesperada búsqueda de rentabilidad amparada por un gobierno de los grandes empresarios.
Por lo pronto, el INDEC no nos dará informaciones, aunque señalan que durante el año tendremos novedades. Lo que queda claro es que sobre la base del aumento de precios no medido en la coyuntura por el INDEC, operará la propuesta política de un pacto social entre empresarios y trabajadores, mediado por el Gobierno.
No hay duda que las medidas monetarias financieras asumidas y las correcciones fiscales vía reducción de retenciones y subsidios tarifarios, definen una redistribución regresiva de recursos económicos desde la mayoría de la sociedad al sector más concentrado del capital.
Liberalización como proyecto
En el medio plazo se propone la vuelta a la liberalización, buscando inserción en la Alianza del Pacífico y toda forma de privilegio al libre comercio y promoción de la seguridad jurídica de las inversiones externas.
Por eso no sorprenden las aceleradas negociaciones en EEUU para saldar el conflicto con buitres y justicia neoyorkina, favoreciendo el retorno a los mercados mundiales de préstamos.
Claro que en un momento no favorable para países como la Argentina, ya que la política monetaria y financiera de EEUU, con la suba de la tasa de interés, disputa el destino del capital mundial.
No alcanza con buena letra política, especialmente en momentos de crisis de la economía mundial, con apreciación del dólar contra las demás monedas y por ende, coincidiendo en la baja del precio de las commodities, especialmente de la soja.
Argentina y la región solo interesan al capital mundial en tanto fuente de rentabilidad.
Los capitales hegemónicos y los principales ámbitos de decisión mundial, como los gobiernos de los principales países capitalistas y los organismos internacionales, pueden apreciar el sentido político de las definiciones gubernamentales de la Argentina, lo que no significa viabilizar condiciones económicas para la superación de los actuales problemas.
El proyecto liberalizador habilita la posibilidad para negocios del poder económico y augura fuertes restricciones a la satisfacción de amplias necesidades de una parte mayoritaria de la sociedad argentina.
En el horizonte mediato figura el mayor endeudamiento público y privado; la consolidación de una orientación hacia el monocultivo sojero y el extractivismo mega minero y petrolero (fracking), que solo será posible si se conceden beneficios especiales a las inversiones externas necesarias para su materialización.
La baja mundial del precio del petróleo induce el ajuste de las petroleras en sus proyecciones sobre hidrocarburos no convencionales, poniendo en duda la viabilidad de los proyectos locales.
Solo con concesiones gigantescas podrán llegar inversiones y préstamos a la Argentina.
De este modo, el consenso político para el cambio de gobierno puede desgastarse ante la ausencia de respuestas integrales en términos de calidad de vida de la mayoría de la población.
Otro horizonte para la producción y el consumo
Las viejas penurias se potenciarán con las nuevas, lo que impone discutir la posibilidad de otro horizonte para la economía, la producción, el consumo y el desarrollo.
A cuarenta años del golpe genocida de 1976, el programa de máxima de las clases dominantes se abre camino, definiendo la ofensiva del gran capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad. El resultado es la miserabilización de la mayoría de la sociedad.
Variadas resistencias en estos años construyeron condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar ese programa hegemónico. Es el camino para para pensar y reflexionar sobre las respuestas del amplio arco político, social y cultural que pretende organizar la producción y la sociedad de modos alternativos.
Es la aspiración que mueve nuestros propósitos en este comienzo del 2016. ¡Buen año!

Buenos Aires, 1 de enero de 2016

Una devaluación para aumentar la rentabilidad

Toda devaluación favorece a los grandes productores y exportadores, al mismo tiempo que afecta a los perceptores de ingresos fijos.
Desde esa lógica se alude a las devaluaciones como favorables para la competitividad de la producción local, ya que mejora de los precios de los bienes y servicios exportables, ganando así en competitividad.
Eso ocurriría si existiera una producción diversificada y en competencia con producciones de otros países. Como eso no ocurre para los principales productos de exportación de la Argentina, la realidad es que la devaluación se manifiesta como un mecanismo de capturar ganancias del complejo exportador, principalmente del agro-negocio.
Las exportaciones agropecuarias de la Argentina no se manejan competitivamente con las de otros países, sean por la abundante demanda externa, como por las condiciones internas de producción. El precio internacional no se define en el país, sino que resulta de las imposiciones del mercado mundial. Por eso es que se habla de commodities (maíz, trigo o soja).
Queremos enfatizar que la devaluación no se produjo para generar competitividad productiva, reactivar la producción y mejorar las condiciones macroeconómicas del país. La devaluación se materializó para incrementar la facturación del sector hegemónico del agro-negocio, o sea, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, los principales beneficiados por la política económica del gobierno Macri. Así, estos sectores, lograron una inmediata recomposición de la tasa de ganancia.
Por eso, la respuesta inmediata del sector agroexportador, principalmente sojero, fue la aceleración de la liquidación de cosechas almacenadas en silo-bolsas (el compromiso con el gobierno es por 400 millones de dólares diarios).
La facturación empresaria creció por la devaluación y la baja de las retenciones.
El impacto se expresa en una recomposición de reservas internacionales, que habían llegado a un piso de poco más de 24.000 millones de dólares y ahora empiezan a recuperarse.
La intencionalidad del gobierno Macri es recomponer reservas monetarias  internacionales y para eso necesita que se continúe con la liquidación de los exportadores e ingresen nuevas y más divisas por préstamos externos e inversiones extranjeras.
Claro que los préstamos llegaran si se supera la traba de la demanda de pago por la sentencia judicial en EEUU sostenida desde los hold-outs o fondos buitres; lo que supone un mayor endeudamiento externo y suba de los compromisos futuros de pago, por lo menos, de intereses.
Palos y zanahorias
Y las inversiones se concretarán si se logra frenar las expectativas de actualizaciones salariales en paritarias. Un objetivo central del gobierno Macri es frenar o controlar el conflicto laboral y social.
Esta es la razón de la acción represiva ejercida en víspera navideña contra los trabajadores de Cresta Roja y la voluntad de instalar un protocolo de acción contra el conflicto social.
Con el caso Cresta Roja se marca el camino de la represión y el diálogo, de la coerción y búsqueda de consenso, con balas de goma y camiones hidrantes para desalojar la ruta y luego bolsones de mercadería y colaboración en dinero, incluso incrementando esos aportes monetarios  para descomprimir la demanda de los trabajadores en lucha. Sobre la cuestión de fondo, esperan que se resuelva entre privados, que en la lógica oficial es dejar que el mercado decida y el Estado solo ser facilitador de negociaciones entre empresarios, los que buscan, principalmente, obtener ganancias.
La devaluación es el primer acto en la recomposición de la ganancia empresaria. El segundo acto es la lucha por ingresos populares compensatorios, y por eso las movilizaciones por bonos resarcitorios de fin de año.
Son bonos ya logrados en ciertos ámbitos del sector estatal y privado, con una diversidad de montos que fomenta una mayor dispersión de ingresos y dificulta acciones coordinadas para el logro exitoso de la demanda.
Valga como ejemplo el anuncio de una compensación mínima de 400 pesos para beneficiarios de planes sociales y jubilaciones mínimas, orientados a más de 7 millones de perceptores, para desarticular la que parecía una gran movilización en demanda del bono compensatorio. El arco social y político de la convocatoria del 22/12 pasado expresa una diversidad con potencialidad para constituir un arco de acción política para la etapa iniciada el 10/12 con nueva gestión de gobierno nacional.
El costo fiscal del bono es mínimo con relación al producido por la eliminación y reducción de las retenciones al agro y a la industria, evidenciando beneficiados y perjudicados de la política económica del gobierno Macri.
Por eso no debe sorprender que la política oficial se sustente con palos y zanahorias. Son mensajes para disciplinar el conflicto social y generar consenso político más allá del transitorio consenso electoral logrado para ser gobierno.
La combinación de represión y acción política compensatoria son mecanismos de manufacturación de consensos en un marco de ajuste que afecta a la mayoría de la población.
Esa construcción de consenso asocia una brutal transferencia de ingresos hacia el sector más concentrado de la economía y presencia oficial ante dramas sociales, caso de las inundaciones en el litoral por desborde del Río Uruguay, especialmente en Concordia.
Desafíos para la iniciativa popular
Más allá del accionar deliberado por convertir consenso electoral en político, el ajuste de precios y la inflación, aunque ahora el INDEC no mide, impacta sobre la mayoría de la sociedad empobrecida, base de conflictos sociales y laborales.
Los estatales convocan a paro nacional para el 29/12 y luchan por efectivizar un voluminoso empleo informal del Estado y contrarrestar iniciativas en curso para disminuir la planta de trabajadores. El gobierno anuncia la revisión de miles de contratos de los últimos tres años, y con el argumento de eliminar “ñoquis” o contratos de la política, se busca achicar el empleo público para reducir gasto y equilibrar las cuentas fiscales.
Por su parte, los privados denuncian acciones de las patronales, caso de la GM (planta cercana a Rosario) que extiende su parada técnica por tres semanas aduciendo dificultades de provisión de insumos desde Brasil; todo en espera de aumentos de precios de venta de los automotores al comienzo del 2016 y que abulte su cuenta de ganancias.
Los primeros días del gobierno Macri ponen de manifiesto el pragmatismo oficialista con medidas para recomponer rentabilidad de las grandes empresas (retenciones y devaluación), con fuerte impacto inflacionario que se difumina regresivamente entre la mayoría empobrecida de la población.
Desde el gobierno se especula con el tiempo de gracia que supone ser una gestión recién llegada y la incógnita persiste en la capacidad de aguante de los perjudicados de la iniciativa oficialista. La novedad política debe esperarse desde la iniciativa popular para frenar la ofensiva por el ajuste y restaurar condiciones de posibilidad para construir alternativa política.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2015

Más deuda pública en el horizonte cercano

Las primeras señales del gobierno Macri apuntan a consolidar el consenso electoral y transformarlo en acuerdo político a un gobierno de minoría parlamentaria y escaso peso de fuerza propia en el conjunto de las Provincias argentinas.
Por eso, la actividad inicial se concentró en completar los casilleros de una administración con eje en la burocracia de gobierno en la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo negocia con ex candidatos, gobernadores y legisladores de la oposición condiciones para hacer viable el gobierno.
El diálogo político aparece más como una necesidad de minoría que funciona con decretos y señales, demorando medidas que se anticipaban para el primer día de gobierno.
La agenda es mayormente política, y en materia económica se enuncian los temas sin definiciones concretas aún, con un ritmo gradual, diferente del shock imaginado en la campaña, mostrando los límites de la realidad de las cuentas públicas para imponer los cambios imaginados y demandados por el poder económico.
Tipo de cambio
Destaca entre esas medidas postergadas la devaluación y unificación del tipo de cambio para eliminar las restricciones a la compra venta de divisas.
Se trata de anuncios que se imaginaron para el primer momento y que se postergan hasta que se den las condiciones, como refirió Alfonso Prat Gay, el Ministro de Economía.
¿Cuáles son esas condiciones? El ingreso de divisas a la contabilidad del Banco Central.
La aspiración es colectar en corto plazo entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para entonces instrumentar la tan mentada devaluación y unificación del tipo de cambio.
Mientras tanto subsisten las restricciones, el cepo cambiario, incluso se agudiza con mayores límites para la compra de dólares para ahorro, algo que significó una fuerte pérdida de divisas en los últimos años. Ni hablar de las divisas que requiere la industria para ingresar insumos necesarios para la producción fabril.
En definitiva, más que levantar el cepo, todo indica que hasta que ingresen fondos del exterior, las restricciones se agravarán.
Se había anunciado la eliminación de las retenciones a diversos cultivos y las disminuciones progresivas respecto de la soja. Sin embargo, para hacerse realidad tiene que ocurrir en simultáneo la unificación del tipo de cambio, o sea, la devaluación.
Nadie venderá lo acumulado en silo-bolsas hasta saber cuál será el precio del dólar.
La encerrona es que no se vende la cosecha hasta tanto no ingresen divisas y se ejecute la mentada devaluación.
Más deuda pública
Por todo ello, el objetivo central es conseguir que ingresen divisas, siendo el problema discernir quien proveerá esos fondos, ya que la demora en las correcciones de las retenciones pospone la liquidación de stock del agro y dificulta el ingreso de moneda externa por la vía comercial.
La única respuesta posible es el endeudamiento público, la vía financiera, y ya se iniciaron las conversaciones en el sistema bancario para ese fin.
Sin embargo, las negociaciones para préstamos se frenan ante la presión del BCRA por desconocer los contratos a futuro, hacia marzo y abril próximos.
El tema es que la autoridad monetaria, en la gestión anterior, se comprometió mediante estas operaciones especulativas a compensar la diferencia de cotización del dólar al vencimiento.
Los contratos suscriptos por bancos y operadores del mercado de capitales, fueron inspirados en la pauta presupuestaria para el 2016 y aprobada por el Parlamento, que suponían un dólar a 10,70 para el primer cuatrimestre del próximo año. Como todo apunta a convalidar una devaluación del 40 al 50%, la perdida para el BCRA será cuantiosa, por lo que el BCRA negocia la modificación de esas pautas.
Existe una encrucijada para las autoridades económicas. ¿Ceder ante los bancos y pagar el costo según sea el volumen de la devaluación y así facilitar la recepción de fondos de deuda para asegurar el funcionamiento de la economía según la lógica gubernamental; o exigir la renegociación de contratos a futuro para evitar mayores pérdidas al BCRA y deteriorar la capacidad de obtener fondos del sistema financiero?
Hay que pensar que cualquier restricción financiera de bancos locales se extiende a los bancos externos, derivado de la fuerte extranjerización del sistema bancario en el país.
La capacidad de lograr el aporte vía organismos internacionales requiere de previos compromisos políticos con el FMI y otros ámbitos del sistema financiero mundial. Eso lleva tiempo y demoras en el ingreso de fondos, y de la devaluación.
Como si esto fuera poco, la crisis fiscal de las provincias exige préstamos urgentes de la Nación a las Provincias. Dos gobernadoras lo hicieron explícito en los momentos iniciales de su gestión. Tanto en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como en Santa Cruz, Alicia Kirchner, se aludió a la quiebra de las finanzas provinciales y a la necesidad del sostén financiero del Estado Nacional.
En lo inmediato hay que prever la continuidad de la emisión monetaria para sostener la situación fiscal en esas y otras provincias, un tema que está en la reunión del Presidente con los Gobernadores, máxime si se piensa en materializar la demorada reforma de la coparticipación federal en materia impositiva.
Precios y salarios
La mayor deuda pública y la emisión monetaria son las respuestas en lo inmediato, convalidando el proceso inflacionario exacerbado al final de este año, con un índice anual que puede superar el 25% y que se agravará al momento de dilucidar la nueva paridad cambiaria.
Queda claro que el tema afecta la capacidad adquisitiva de la población que vive de ingresos fijos, la mayoría, por lo que los primeros estudios de las organizaciones sindicales de cara a las paritarias señalan demandas iniciales por encima del 40%. Se contempla la inflación del 2015 y el impacto de una devaluación del orden del 40 al 50% para el 2016, con un anticipo ya realizado en la suba de precios.
La puja en la distribución del ingreso se procesa entre la capacidad empresaria por establecer precios de monopolio, el conflicto por actualizaciones y aumentos de salarios, y el sentido de la política económica del Estado, que a juzgar por la campaña electoral, los objetivos anunciados pro mercado e iniciativa privada, junto a las características y tradición política y empresarial de los miembros del gabinete, no hay dudas que privilegiarán la recomposición de la tasa de ganancia y por ende al sector empresario.
El cónclave del Ministro de Educación con los gremios docentes constituye la primera escena de una negociación salarial y laboral con objetivos no convergentes. Por eso, igual que a nivel general, el objetivo del gobierno apunta al consenso y al desarme del conflicto y la capacidad de disputa del movimiento obrero. En ese sentido camina el propósito de un pacto social para contener la protesta sindical y social.
La presencia del titular de la OIT en el país, en la segunda semana del gobierno Macri apuntalará las expectativas patronales y gubernamentales por contener la demanda de las/os trabajadoras/es, especialmente en materia del Derecho a Huelga.
Del mismo modo que el gobierno privilegia la política para hacer caminar su proyecto económico, el movimiento popular necesita rearmar y ampliar su estrategia política y de alianzas para defender posiciones y reivindicaciones democráticas e ir por la construcción de condiciones subjetivas para la ofensiva popular.
Es un desafío político y teórico, por lo que entre variadas convocatorias, la CTA Autónoma, convoca desde el Instituto de Estudios y Formación para el próximo miércoles 16/12 a un debate sobre pensamiento crítico para constituir una agenda federal a desplegar hacia el próximo año, ya que son tiempos de reflexión, organización y lucha para afirmar derechos y estrategia de poder del pueblo.
Algunos esperan que se acomode la situación, externa e interna de las organizaciones ante el nuevo escenario de la lucha de clases. Otros creemos que no hay dos tiempos, y la estrategia de acumulación de poder exige inmediatas acciones de pensamiento y articulación social para la disputa de poder.
La ausencia de alternativa política y la fragmentación de la estrategia popular demanda generosidad y búsqueda compartida por encima de propuestas sectarias, auto-centradas y excluyentes de la diversidad en que hoy se manifiesta el movimiento social.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2015

Devaluación y pacto social

El ajuste económico está en marcha, y a caballo del cambio de gobierno los precios suben y afectan a la mayoría de menores ingresos. Hay responsabilidad de los que se van y de los que vienen.
La mitad de los trabajadores perciben menos de 6.500 pesos mensuales y junto a la mayoría de jubilados y pensionados, como los perceptores de beneficios sociales son los principales perjudicados por el cambio de precios relativos. Son millones de personas, cerca de la mitad de la población.
No todo ocurre en estos días o en esta semana. A fines de noviembre, luego del balotaje subieron los combustibles, una medida largamente acordada entre los expendedores y el ministerio de economía, en un cronograma que se inició a comienzos del 2015.
Más allá de lo programado, el impacto se siente en este último aumento, que vino acompañando de los anuncios del nuevo gobierno de la unificación del tipo de cambio, lo que en definitiva es una devaluación. La incógnita es el volumen de la misma. El aumento de combustible es motorizador de otros incrementos.
Esos aumentos inflacionarios son el marco político coyuntural para que se disparen un conjunto de precios de la canasta de consumo cotidiano, entre otros los alimentos y medicamentos.
La gran incógnita apunta a cuanto sumará finalmente la inflación del 2015, con aceleración en noviembre y diciembre, y como dijimos, a cuanto se disparará el precio de las divisas.
A la par de la suba de precios, los ingresos populares se mantienen congelados y dan cuenta del desigual impacto en la vida cotidiana que genera la situación económica en el presente y el futuro cercano. Sin duda, será un antecedente a considerar cuando se inicien las discusiones paritarias para las actualizaciones de los salarios.
Por eso se solicita en estos días un bono de fin de año en compensación y se demanda la no inclusión del medio aguinaldo para las retenciones de ganancias.
Inversiones y ganancias
Lo que está ocurriendo es una recomposición de las utilidades de los sectores empresarios en condiciones de establecer precios, a costa de la capacidad de compra de la mayoría de la población.
Es el piso sobre el que se piensa partir para un futuro acuerdo de precios y salarios, o pacto social gestado desde el Estado entre empresarios y trabajadores. Ese pacto social es lo que les adelantó en estos días el futuro ministro de trabajo de Macri a los dirigentes de las centrales sindicales, a cambio de algunas resoluciones que demandan las conducciones sindicales, especialmente relativas a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y respecto de acreencias de recursos para las organizaciones sindicales por obras sociales.
Es un dato de la realidad que las remarcaciones señalan un punto de partida diferenciado en el proceso de negociaciones futuras. Las patronales ya tienen su colchón, que podrán incrementar incluso luego de conocidas las primeras medidas del nuevo gobierno, principalmente el nivel de la devaluación monetaria.
La lógica empresaria reconoce la necesidad de recuperar condiciones de rentabilidad y eso requiere nuevas rondas de redistribución regresiva del ingreso personal. Se trata de lograr un menor peso de los salarios en la distribución de la renta nacional.
Si la lógica de política económica de estos años se presentaba como de estímulo al consumo, no solo consumo popular, sino también de lujo, tal como el turismo externo o la compra de automotores, incluso importados; en la próxima etapa se coincide desde el gobierno y el poder económico que el eje es la inversión.
La ecuación macroeconómica se concentra en: a) el consumo; b) la inversión; y c) el saldo del comercio exterior. El diagnóstico coincidente del poder económico en la Argentina y el gobierno entrante está en la necesidad de expandir las inversiones, algo que también promovía el gobierno saliente.
No hay mejor estímulo para el inversor que el aseguro de alta rentabilidad, y en la esencia de la rentabilidad y su volumen está la magnitud explotación de la fuerza de trabajo.
Visita de la OIT                          
Por eso se buscan condiciones para limitar la demanda salarial y laboral luego de años de convenciones colectivas. Más aún, se busca contener el conflicto y por eso visitará la Argentina Guy Ryder, titular de la OIT, invitado por la Unión Industrial Argentina, UIA.
Es que el objetivo de la UIA, a días de inaugurado el nuevo ciclo presidencial apunta a instalar la agenda de discusión de la OIT, que en estos años sustenta la demanda empresaria por restringir, y si se puede, eliminar el derecho de huelga.
Claro que estamos en Argentina, con fuerte tradición de huelga y organización de los trabajadores, algo que no siempre consideran análisis políticos o académicos.
La conflictividad es un dato de la realidad argentina y por eso, para que el plan funcione, desde el gobierno se busca sostenimiento financiero mientras se acomoda en la gestión de gobierno. Es un asunto delicado porque supone una fuerte apuesta al endeudamiento externo de la Argentina.
El gobierno Macri no duda en lograr nuevos fondos de deuda externa que le permitan atender el gasto fiscal a fin de este año. Lo considera necesario para asentarse, disputar consenso y relanzar el objetivo de máxima por una restauración conservadora que rechaza el pueblo argentino.
La gran incógnita es si el gobierno Macri estabiliza e incrementa el consenso electoral en consenso social para sus objetivos de fondo, o si se estimula una propuesta e iniciativa política popular que discuta el ajuste en curso e imagine la disputa por un orden social, económico y político alternativo, de contenido anticapitalista.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015

Orientaciones de política económica de la presidencia Macri

La campaña electoral, la designación del gabinete de ministros, especialmente en el área económica, y unas primeras declaraciones del Presidente electo nos otorgan algunas pistas sobre la orientación general de la política económica de la próxima gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre.
El privilegio es la inserción internacional ratificando y ampliando las relaciones con China y fortaleciendo los vínculos con EEUU. Es un movimiento que piensa hacerse efectivo desde las relaciones en la región, es decir, intervenir en modificar explícitamente el núcleo de definiciones sugeridas por la integración regional. Ese es el marco para la denuncia sobre Venezuela en el Mercosur y la orientación para acercar a la región a la Alianza del Pacífico y su proyecto liberalizador.
Se trata de retomar la agenda por el libre comercio y hacerlo no solo desde la Argentina, sino promoviendo un cambio discursivo en la institucionalidad de la integración regional, en el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Aun cuando no tenga éxito el gobierno Macri en sus propósitos con los países vecinos y socios de la integración, lo que importa es buscar la difusión de un discurso pro mercado y liberalización contrarrestando la lógica discursiva, aun con pocos éxitos de la integración alternativa.
La reciente realización de un Encuentro Hemisférico de lucha contra el libre comercio en La Habana, Cuba, a 10 años del No al ALCA adquiere relevancia para el movimiento popular de la Argentina, ya que la lógica que intentará el gobierno Macri para colocar al país en posición más amigable con la política exterior liberalizador de EEUU exige ser confrontado desde nuestro territorio.
Mirando hacia el interior, el marco de alianzas que define el gabinete asocia al gobierno con ejecutivos de grandes empresas extranjeras y profesionales fuertemente vinculados a la lógica discursiva del poder económico. Incluso la sorpresa de la continuidad del ministro de Ciencia y Tecnología debe encontrarse en los oportunos elogios del titular de Monsanto hacia la Argentina por su orientación en los desarrollos científicos relativos a los transgénicos y químicos (glifosato), un tema central en la estrategia de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Los desarrollos en el área son políticas de Estado, explicó Cristina Fernández para avalar la continuidad de su ministro del área en el gobierno Macri.
Dólar, retenciones y tarifas
La unificación y corrección del tipo de cambio aparece como la primera medida de interés mediático, asociada a alguna rebaja progresiva en las retenciones, aún transitoria, especialmente en materia de soja, acompañado de la posible eliminación de otras retenciones a las exportaciones, caso del trigo, el maíz y otros cultivos, como también de la carne.
El objetivo apunta a una cotización de dólar que se ubique por encima del oficial y más cercano al ilegal o blue, en el supuesto que los precios de la economía ya están fijados en esa magnitud.
Vale mencionar que nadie puede asegurar que eso sea así, y sin perjuicio que muchos precios se están ajustando bajo esa premisa, la enunciación de la medida luego de la asunción presidencial puede impactar en subas de muchos precios, y consolidar una agresión expresa a la capacidad de compra de la población que vive de ingresos fijos y bajos.
La suba de los precios anticipando la devaluación define las condiciones de arranque de la nueva etapa, con sus consiguientes beneficiarios y perjudicados.
En simultáneo a las correcciones del tipo de cambio, las elevadas tasas de interés buscarán estimular las colocaciones en pesos en el sistema financiero. Se continúa así con la pretensión gubernamental para atraer los dólares atesorados.
De ese modo, entre liquidaciones de la soja en silos, estimada en 4.500 millones de dólares, sea por reducción parcial de las retenciones y el corrimiento del precio de la divisa vía devaluación, se espera recomponer reservas internacionales disminuidas.
Claro que la expectativa estará en la búsqueda de fondos del exterior, consolidando el carácter de inversor y prestamista de China y normalizando la situación con EEUU y el sistema financiero mundial, lo que impone negociaciones concretas con los acreedores de la sentencia Griesa: los fondos buitres. En ese sendero está el camino de la normalización de las relaciones con el FMI, incluida la posibilidad del financiamiento.
El ajuste de las tarifas eléctricas mostrará el camino de la adecuación de las tarifas de servicios públicos, con el doble objetivo de reducir el déficit fiscal vía eliminación o reducción de subsidios y conceder a la demanda de las empresas para transformar subsidios en precios a facturar a los usuarios. El solo anticipo de la propuesta viene impactando en la valorización bursátil de las empresas energéticas, ya que descuentan el retorno a la senda de la rentabilidad. El impacto es aumento de los precios que incide en el costo de la cotidianeidad de los usuarios, con impacto diferenciado según el nivel de ingresos en las familias.
La adecuación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que se comenta tiende a buscar consenso en buena parte del millón de trabajadores que hoy es sujeto de esa contribución tributaria. Al mismo tiempo se supone un incremento del gasto personal por ese mayor ingreso y que pueda incidir en la recaudación tributaria.
Rumbo estructural y respuesta social
Desde el Ministerio de Trabajo se intentará avanzar en una especie de pacto social entre patronales y sindicatos para morigerar la demanda de actualización salarial. La historia de los pactos sociales supone la descarga del costo de la reducción inflacionaria a costa del salario, el precio de la fuerza de trabajo, aun cuando la incidencia de este en el precio final de bienes y servicios no sea determinante.
La política económica del gobierno entrante será enunciada en crítica a la del gobierno saliente, aun cuando expresará continuidades esenciales en la promoción del modelo productivo y de desarrollo. Se explicará hasta el cansancio la crítica por a la herencia recibida para intentar descargar cualquier ajuste sobre las espaldas del gobierno saliente y así descargar el costo del relanzamiento del orden capitalista sobre la mayoría de la población.
No es ninguna novedad la continuidad del rumbo estructural, las que empezaron a definirse en el largo plazo del programa económico de la dictadura (Plan Martínez de Hoz, 1976), afianzado en los noventa del siglo pasado (Menem-Cavallo; De la Rúa-Cavallo) y consolidado por estos años. Conviene acotar la satisfacción del múltiple ex ministro con las orientaciones que se anticipan. Quizá Cavallo está buscando su lugar en la administración Macri, aunque solo sea como aval intelectual.
Con lo estructural remitimos a la expansión de la frontera sojera, a la expansión de la mega-minería, la industrialización (armaduría) dependiente de insumos externos, asociado a una lógica de recurrente endeudamiento público y fuga de capitales. Todo sustentado en el consumo masivo (consumismo) de una producción altamente concentrada y centralizada con fuerte dependencia del capital externo.
El dato relevante de la orientación económica del gobierno Macri apunta a explicitar el programa económico de las clases dominantes. Claro que eso incluye contradicciones entre sectores del poder económico y entre la estos y el equipo en el gobierno. Vale adicionar en la consideración final, que además del poder y la burocracia existe la sociedad en su conjunto, la que recibe los impactos de la política de gobierno.
¿Cuál será la respuesta social a la política oficial está por verse? Quizá, la actitud de los trabajadores del Diario La Nación en réplica a un reaccionario editorial de la empresa mediática emblemática del poder conservador nos anticipe que el ánimo de la población actual está más asociado a las respuestas populares del 2001 que a las de los 90 del siglo pasado.
Puede ser una señal de los tiempos venideros, donde no solo existe iniciativa política del poder, sino reflejos de organización social de la experiencia reciente para pensar en perspectivas de alternativa política.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2015