El poder ejecutivo nacional presentó el proyecto
de presupuesto para el 2013, y en estas horas lo defiende ante el Parlamento,
donde se discutirá, y probablemente aprobará hacia fines de noviembre.
Es bueno discutir estos temas en simultáneo en el
conjunto de la sociedad. En primer lugar para intentar reorientar recursos para
satisfacer necesidades de la población, y en segundo lugar para ganar consenso
sobre asuntos estructurales que no se tratan necesariamente en las proyecciones
anuales de las cuentas públicas.
La presentación del presupuesto incluye el
pronóstico de evolución económica para el 2012, es decir, cómo termina el periodo
económico en curso, especialmente si se sabe que en la primera parte del año
existió una desaceleración respecto del año anterior (2011).
En efecto, el INDEC dio cuenta de un crecimiento
del 2,4% para el periodo que se extiende de enero a junio del presente; y el
pronóstico anual, del Ministro de Economía, alcanza al 3,4%. Ello supone un
fuerte crecimiento económico en lo que resta del año. Una cifra parecida al
4,4% imaginado para todo el 2013.
Ese crecimiento pronosticado para el 2012
significará pagar los bonos de deuda pública atados al crecimiento del PBI por
más de 3.000 millones de dólares. Claro que si existe error y en vez de crecer
al 3,4 tal como anunció Lorenzino y se crece por debajo del 3,25%, entonces el
gobierno se encontrará con 3.000 millones de dólares en el presupuesto,
liberados para inversión pública en bienes de capital.
La disposición de esos fondos será la situación
más probable, y por ahora sirve para que los inversores sigan apostando a los
títulos de la deuda pública argentina.
Expectativas
en compras chinas y brasileñas
Respecto de los datos para el 2013, las
expectativas favorables para el crecimiento económico se concentran en la
demanda externa, principalmente de China y de Brasil.
Claro que la novedad es el anuncio del gigante
asiático por suspender compras de granos de soja durante 6 meses, cubriendo su demanda con existencias
en stock, acumuladas en el último tiempo[1].
El comentario periodístico alude a que China
quiere bajar los precios y no convalidar las subas de los últimos tiempos. Se argumenta
que con el solo anuncio del gobierno chino la soja bajó de los 600 dólares la
tonelada y pareciera alejarse de la reciente tendencia a una evolución del
precio sin techo. Aquellos que no vendieron esperando mejores precios perdieron
la oportunidad del mayor precio conseguido por la oleaginosa.
El caso brasileño es distinto, ya que ante la
evolución de su economía, el gobierno del PT decidió fuertes estímulos para
favorecer la recuperación económica, con incidencia en el crecimiento de las
compras en la Argentina, especialmente de automotores. La industria automotriz
en el país es clave para pensar en el sector industrial en su conjunto.
Es curioso, pero en los fundamentos del proyecto
de presupuesto se alude a la crisis mundial, cuando las expectativas de
crecimiento provienen más de la animación de la demanda externa que de mejoras en
las condiciones del mercado interno.
Decimos esto porque, aun cuando la proyección
inflacionaria es baja a la realidad de mercado, pues se ubica levemente abajo del
11% anual (10,8%), el efecto real se descargará sobre los sectores de menores
ingresos relativos en la sociedad argentina.
Es algo que incidirá negativamente en la
recuperación económica vía mercado interno y es fuente para pensar en la
extensión del conflicto social en la disputa por los ingresos.
Empleos
e ingresos
Uno de los afectados será el sector de
trabajadores, ya que estructuralmente se paró el efecto de “generación de
puestos de trabajo” producto de la reactivación económica ocurrida entre 2002 y
2007, interrumpida por efectos de la crisis global en 2008 y 2009, y levemente
recuperada en 2010 y 2011, para detenerse en el 2012, incluso con pérdidas de
puestos de trabajo por primera vez en el ciclo de expansión de la década
(2002-2012).
El temor no es solo por la evolución de las
cuentas macroeconómicas, sino por el posible conflicto social en demanda de ingresos,
sea en la disputa salarial de los trabajadores regularizados, como entre los
beneficiarios de planes sociales por mejoras y ampliación de los ingresos.
Aunque también se expresará por la no modificación del mínimo no imponible en el
impuesto a las ganancias, una de las principales reivindicaciones que mueve la
protesta sindical en la coyuntura. Al mismo tiempo, las expectativas del
presupuesto en la recaudación por bienes personales, sin modificar los mínimos pueden
impactar en sectores de trabajadores.
En el presupuesto existe la reducción de
subsidios, entre otros desaparecen aquellos destinados a los subterráneos. El
gasto público social está discutido por las restricciones al gasto que
presentan las cuentas a corto plazo. Ello incluye los ajustes sobre los
ingresos de los trabajadores estatales y los fondos que finalmente se apliquen
para cancelar las sentencias judiciales a demandas de los trabajadores
jubilados. Algo parecido ocurre con las actualizaciones de asignaciones
familiares o los ingresos previsionales.
Inversiones
y ¿desendeudamiento?
Las previsiones no contemplan soluciones vía
ampliación de la inversión privada, y el acento se concentra a lo que realice
el sector público, tal como viene ocurriendo en los últimos tiempos. Es parte de
lo que se supone viene realizando en estos día Julio De Vido en su gira por
Brasil, China y Rusia, a la búsqueda de inversores externos para proyectos de
infraestructura en el sector energético. En el mismo sentido se mueven las
autoridades de YPF y la propia Presidente en sus actividades en el extranjero.
Un tema especial se concentra en la cuestión del
endeudamiento público, ya que se ratifica, tal como en años anteriores, la
orientación de aprobar un “Fondo de Desendeudamiento”, en este caso por 7.967 millones
de dólares, que incluye los pagos del bono por crecimiento del PBI, que como
sostuvimos, es muy probable que no deban pagarse. En este caso, más de 3.000
millones de dólares podrán ser usados para obra pública, especialmente en “el
sector energético o satelital” según anunció el ministro Hernán Lorenzino.[2]
La deuda se lleva el 27% del gasto total, solo
superado por “seguridad social”, que utilizará el 32,76% del total. Los pagos
previstos de deuda superan ampliamente el gasto en “educación y cultura”,
previsto en 5,36%; de Ciencia y Técnica por 1,15%; y el de “salud” que tiene
previsto un 2,7% del gasto total. El gasto del conjunto de la Administración
gubernamental alcanza al 4,48%.
Vale mencionar que el presupuesto 2013 establece
un endeudamiento ordinario por 48.000 millones de dólares y operaciones de
crédito adicional por 34.341 millones de dólares, sumando más de 82.000
millones de dólares de nuevo endeudamiento, poniendo en discusión la categoría
de desendeudamiento. Debemos adicionar a esa cifra “avales al Estado”, sea YPF,
Enarsa, u otras empresas, por 33.585 millones de dólares.
La deuda pública continúa siendo un tema destacado
en el presupuesto y por lo tanto condiciona el uso de los recursos públicos,
mucho más de lo que sugiere el relato oficial, que concentra la opinión en la real
disminución de la relación de la deuda con el PBI, o con el comercio exterior.
Utilidad
del debate más allá de las cuentas públicas
Concluyamos señalando que el debate presupuestario
en la sociedad puede incidir en cambios de la orientación del uso de los
recursos, incluso las fuentes de los mismos.
El cálculo de ingresos no presenta sorpresas,
donde el IVA, ganancias y retenciones siguen siendo lo principal de los
recursos fiscales. Pero junto al debate por la disputa de los recursos del
Estado, hace falta discutir la orientación general de la economía y su modelo
productivo.
Las suspensiones temporales de compras desde China
puede hacer reflexionar sobre las desventajas del mono producto y las
consecuencias sobre la producción y la sociedad que reclaman productores y
habitantes de pueblos fumigados y subordinados al agro-negocio manejado por
transnacionales de la alimentación y la biotecnología.
Se trata de habilitar un debate más allá de las
posibilidades de modificar o no el proyecto de presupuesto 2013. Lo que
interesa es politizar a la sociedad en la discusión sobre qué presupuesto se
requiere para reorientar las políticas públicas.
La cuestión es si el Presupuesto define un rumbo
para asegurar los intereses de la dominación capitalista, o si la discusión
permite acumular fuerzas sociales para una política alternativa,
transformadora, que suponga el cuestionamiento estructural de la orientación
por construir el capitalismo nacional, lo que supone la lógica de la ganancia y
su acumulación para la dominación.
El asunto sigue siendo construir fuerza social,
política y cultural para el cambio social en momento de crisis capitalista.
Buenos
Aires, 24 de septiembre de 2012
