Dos años de Milei para una reaccionaria transformación

Muchos incrédulos decían que en Argentina jamás llegaría por vía electoral un proyecto de derecha, que ello era propio de las dictaduras, lo que aconteció entre 1930 y el golpe genocida de 1976/83. Los gobiernos constitucionales desde 1916 recogían la tradición “reformista”, cuando esa palabra significaba “progreso”, en el sentido de “reforma agraria, universitaria o tributaria”. Bueno, en los 90 se resignificó la categoría y la “reforma del Estado” supuso un conjunto de reaccionarias iniciativas, extendida a otras regresivas transformaciones, previsional, educativa, sanitaria. Todas con el sello de las “privatizaciones” y el impulso al capital privado. En rigor, el cambio de sentido en la palabra “reforma” está asociado a cambios culturales derivados de aquellos estructurales promovidos en el capitalismo contemporáneo, local y global. La ofensiva del capital del último medio siglo, en contra del trabajo, era acompañada de una manipulación del consenso, favoreciendo una dinámica de individualismo exacerbado, de sálvese quien pueda, a contramano de una lógica histórica de promoción de la solidaridad social, carácter hegemónico de la política socialmente asumida. Sorpresas de la política para transformaciones regresivas En 2007 se produjo la primera sorpresa, con el triunfo de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, quien llegó a la presidencia en 2015. El retorno del peronismo-kirchnerismo al gobierno en 2019 pareció un retorno a la normalidad de los procesos constitucionales. Pero 2023 nos mostró la nueva normalidad. La derecha con un programa reaccionario podía lograr consenso electoral. Como dijimos, muchos siguieron pensando que eso no duraría y, sin embargo, la elección de medio término en octubre 2025 volvió a sorprender. Es cierto que la “ayuda” del FMI y de EEUU contribuyó al fenómeno, pero al mismo tiempo destaca aspectos de una nueva normalidad en tiempos constitucionales, convocando a revisar la respuesta política e ideológica para confrontar con la estrategia del poder económico, local y mundial. Con el triunfo del medio término se viene la profundización del ajuste y la reaccionaria reestructuración, especialmente en lo relativo a la relación entre el capital y el trabajo. El ajuste continuará, porque crecerá la necesidad de cancelar intereses crecientes de la deuda pública. Además, mientras se mantenga la tendencia recesiva de la producción en curso, la crisis fiscal por baja de la recaudación se profundizará, demandando más deuda. La “solución” de Milei y Caputo es el mayor endeudamiento, a tasas elevadas, tal como acaba de ocurrir con un préstamo en el mercado local por 1.000 millones de dólares. El gobierno destaca de manera manipuladora que es el comienzo del acceso al mercado externo de capitales, cuando se trata de un ensayo para auscultar las posibilidades de acudir al financiamiento externo privado. Todo es ensayo y error en el gobierno, condimentado con una inmensa asistencia del FMI y de Trump, la que resulta difícil de imaginar que tenga algún limite. Claro que pesa la incertidumbre del medio término estadounidense en 2026. El tiempo apremia y por eso hay que hacer todo lo que se pueda ya mismo, lo que se evidencia en la convocatoria a extraordinarias para aprobar un presupuesto de ajuste y las reformas estructurales que demandan los capitales más concentrados, especialmente en la “contrarreforma laboral” y otras en materia tributaria, educativa y penal, para luego encarar la previsional. La política, o sea, el consenso electoral juega a favor del gobierno Milei, que imagina transformar a la Patagonia en el Dubái contemporáneo. En el sur del país están los recursos que el capital trasnacional demanda en tiempos de innovación tecnológica, especialmente la Inteligencia Artificial (IA). De ahí las expectativas en radicación de inversiones externas para instalar Centros de Datos en el frío patagónico y su abundante provisión de agua y de energía. Disciplinar al movimiento popular…¿podrán? Esos capitales piden garantías jurídicas para radicar sus inversiones. No les alcanza con los avances legislativos, sea por Decreto o por leyes, caso de la ley de Bases o el RIGI en su interior. Demandan “seguridad jurídica” para sus inversiones y disposición de excedentes para remitirlos fuera del país en función de la lógica global de acumulación de las transnacionales. La voz que unifica al gran capital supone la derrota estratégica del movimiento de trabajadores. Es lucha de clases, en uno de los países que contiene una de las mayores tradiciones de organización y lucha del movimiento obrero, no solo en su versión “sindical”, sino también “territorial”. La antesala del presente fue el protocolo anti piquetes y la represión para instalar una lógica reaccionaria de reestructuración legal que el gobierno se propone para estos dos años de gestión. Pretenden llegar con el campo despejado de incertidumbre política y jurídica a la renovación presidencial de 2027. La discusión está en la oposición política, que demanda mayor densidad social movilizada y organizada para darle perspectiva a una estrategia de confrontación con posibilidades de disputar gobierno y poder. Es algo que no se puede hacer desde las tradiciones políticas de otro tiempo del régimen del capital local. La crisis política, o de representación, impacta también en las organizaciones populares. Es que, si hubo cambios estructurales en el tiempo constitucional abierto en 1983, que viabilizaron el arribo de las derechas con consenso electoral, reorganizando el espacio político en el país, entonces, la reorganización política del movimiento popular y las clases subalternas demanda creatividad e iniciativa para parir nuevas respuestas políticas e ideológicas. ¿Alcanza con la renovación en la cúpula de la CGT y su convocatoria a movilizar en contra de la reforma laboral? ¿Es suficiente la crítica de un amplio espacio combativo a las centrales sindicales y sus manifestaciones críticas a la política oficial y de sus cómplices? Hacen falta más iniciativas de organización y lucha, las que deberán mostrarse con capacidad de intervenir en la disputa por el presente y el futuro de la Argentina. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2025