La inflación
para enero del 2021 en Argentina fue del 4%, que anualizado alcanza al 38,5%, un registro mayor que los 12
meses del 2020 (36,1%)[1].
El
fenómeno de la inflación está nuevamente en alza, respecto de la tendencia
decreciente del 2020 con respecto de la situación de fines del 2018 y del 2019 (47,6%
y 53,8% respectivamente). Se trata de un tema preocupante por la especificidad
respecto de otros países de la región y del mundo, donde la evolución de los
precios no supera el dígito. En rigor, solo Venezuela presenta una inflación
superior a la de la Argentina.
La
inflación no golpea a todos por igual, ya que es un mecanismo más de
distribución (regresiva) del ingreso, o si se quiere, es una manifestación de la
lucha de clases entre perceptores de salario por un lado y de ganancia por el
otro. Es, en definitiva, la expresión fenoménica de la distribución de los
ingresos entre los propietarios de los medios de producción y quienes solo tienen
para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo.
El
orden capitalista define la distribución de los ingresos según la lógica de
apropiación privada que subordina la organización de la producción a la
dominación del capital.
¿A cuánto ascenderá la inflación a fines del 2021?
Según
el Presupuesto aprobado para este año alcanzará un 29%, aun cuando el Ministro
de Economía sugiere que la inflación podría ir bajando de a un 5% por año, por
lo que el objetivo gubernamental oscila en valores un poco superiores a ese
valor presupuestado. Igual, parece de difícil cumplimiento ante las alzas de
precios, “reacomodamientos” según explican las autoridades. El ministro critica
a los profesionales de la economía, financiados por el capital, que auguran,
desde hace rato, una espiral inflacionaria, incluso la hiperinflación. Estos
economistas y asesores, que remiten a la concepción liberal, de derecha, son
funcionales a la lógica política que promueve la libertad de mercado, alentando
el ajuste fiscal y la regresiva reestructuración de las relaciones laborales.
Son voceros de la ampliación de la apropiación de ganancias y su acumulación.
En
ese marco es que las reuniones del gobierno con organizaciones sindicales en
estas horas pretenden morigerar la demanda salarial en torno al objetivo del
gobierno, aun cuando se señala que las negociaciones colectivas son libres.
Igual, no todas las trabajadoras ni los trabajadores integran el lote de las
organizaciones que definen sus ingresos en paritarias con las patronales. Pero
como esas negociaciones son una referencia económica, pero también política, en
tanto y en cuanto son parte de la contención del conflicto, resulta clave para
el gobierno arrancar el compromiso de las direcciones sindicales afines. Para
estos, se trata de defender al gobierno “propio” del embate opositor liberal.
Con
un mismo sentido, el gobierno habilitó el diálogo con los principales dueños y
emisarios de las grandes empresas, los que definen los principales precios. El
objeto también apunta a solicitarles morigeren su apetencia de remarcación. Es
una apelación a la voluntad de un núcleo social, que a priori no confía, ni
siente como propio al gobierno, aun cuando se expliciten definiciones y
políticas gratas a los oídos y expectativas de las/os empresarias/os. Remito al
resultado del cónclave con la Mesa de enlace que parece alejar la presión
relativa al crecimiento de los aranceles, o al guiño para contener la demanda
de actualización de ingresos salariales y previsionales.
El
diálogo con centrales y sindicatos, por un lado, y con empresarios por el otro,
pretende conciliar los intereses del capital y del trabajo para abordar a corto
plazo un “acuerdo de precios y salarios” en la coyuntura. Será esa la base para
un “pacto social” más amplio y duradero que apunte sobre cuestiones
estructurales del proceso de producción y circulación para frenar la elevada
inflación en el país, muy lejos de la que se presenta en la mayoría de los
países. El verbo más usado por el ministro Guzmán apunta a “tranquilizar” la economía,
lo que supone contener el conflicto que manifiesta el recurrente alza de los precios.
Salarios, precios, micro y macro
Preocupa
la información sobre inflación por el impacto económico social, por la menor
capacidad de compra de los ingresos de los asalariados, ya que en otro informe
oficial[2], a
diciembre del 2020, se señala que:
“El índice de salarios total registrado acumula, en los últimos 12
meses, un aumento de 31,6%, como
consecuencia del incremento de 34,4% del sector privado registrado y un aumento
del 26,8% del sector público.”
Ese 31,6% de actualización de los salarios
registrados durante el 2020 es menor que la evolución en 36,1% de los precios
para todo el año pasado. Más grave es el tema para trabajadoras y trabajadores
del sector público, verificando el ajuste en el gasto público a costa de ingresos
del personal estatal. La información amplia diciendo:
“El índice de salarios total mostró un crecimiento de 33,0% en los últimos 12 meses, como
consecuencia de la suba del 31,6% del total registrado y de 39,0% del sector
privado no registrado.”
Ese 33% sigue siendo menor que la evolución
de los precios para todo el 2020 (36,1%) y se estira sobre el guarismo antes
mencionado por el peso que adquieren los ingresos del sector privado no
registrado.
Por
su parte, dentro del 38,5% de crecimiento anualizado de la inflación, hay que
notar un crecimiento de los precios de los alimentos en un 42,3%; de la vestimenta
y el calzado del orden del 60,5% y de equipamiento del hogar del 43,6%. Por
ende, los sectores que perciben ingresos fijos, los asalariados entre ellos,
más propensos a gastar sus ingresos en alimentos y otros rubros de primera
necesidad, ven achicar su capacidad de compra y satisfacción de necesidades. Incluso,
más allá de los precios, la pérdida de derechos en educación o salud,
crecientemente mercantilizados, deteriora la posibilidad de acceso a bienes y
servicios para la familia trabajadora.
Aunque
no se disparen los precios de la salud o la educación, al ser mercancías,
configuran un precio que limita la capacidad de gasto de la familia
trabajadora.
El
precio de la fuerza de trabajo (salario) se actualiza por debajo del conjunto de
los precios y especialmente de los alimentos. Pero, hablando de precios
relativos, el tipo de cambio (el precio de las divisas) que interesa
especialmente a exportadores se ajustó durante el 2020 por encima del índice
general de precios. En efecto, si el dólar minorista cotizaba a 62,99 pesos al
30/12/2019, un año después, al 30/12/2020 cotizaba a 89,87 pesos, un 42,67%
más. Los salarios y más aún, los ingresos populares pierden contra el promedio
de los precios de la economía (36,1%) y contra la cotización del dólar (42,67%).
Durante
enero del 2021, sin registro aun para la evolución salarial, la inflación
anualizada señala un 38,5%, la evolución del dólar minorista entre fines de
enero del 2020 y el mismo mes del 2021 alcanzó un 47,07% (de 62,99 a 92,70
pesos por dólar). Por lo tanto, en materia de precios relativos, el precio de
la fuerza de trabajo pierde contra el promedio de los precios, especialmente
contra alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad; y por
supuesto, contra el dólar, un precio de referencia e importancia en el país, no
solo para exportadores, sino para la especulación financiera.
Ese
menor precio relativo de la fuerza de trabajo interviene en una distribución
regresiva de los ingresos a favor de la ganancia, ya que el total de la renta
nacional mide los ingresos de los propietarios de los medios de producción (ganancia
y renta) y de quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo
(salario).
De
ese modo, menores salarios significan mayores volúmenes de ganancias y rentas, categorías
que están en la base de la puja distributiva. El tema se agrava con la
recesión, ya que los perceptores de ganancia o renta no quieren resignar ingresos,
siendo el único camino posible el achicamiento del precio de la fuerza de
trabajo, la que se ubica por debajo del valor necesario para comprar la canasta
necesaria para reponer esa fuerza laboral y la de la familia trabajadora.
Por
ello, si se pretende definir las causas de la inflación, más que observar la
evolución de los salarios e ingresos populares, hay que detenerse en rentas de
la propiedad y ganancias del capital, aunque claro, este sería el mundo de la microeconomía, de las relaciones entre
empresarias/os y trabajadoras/es, supuestamente inaccesible para la política
estatal. Es una cuestión teórica en la que coincide la mayoría de los
profesionales de la economía. Así, el capital identifica el problema
inflacionario en el Estado, más precisamente en la política económica, o sea, a
la macroeconomía. Es lo que les dijo,
entre otras cuestiones Martín Guzmán a los empresarios en su reunión, que
motivó el aplauso de los presentes. Fue el único ministro aplaudido, porque en
el diagnóstico confirmaba el discurso empresario, endosando a la macroeconomía, o sea al Estado, la responsabilidad
principal por la inflación.
Diálogos, consensos y disputas
El
ministro insiste en que su objetivo es tranquilizar la economía y para eso
necesita estabilizar la macroeconomía,
con equilibrio fiscal en la tendencia enunciada de los próximos años (-4,5%
para 2021) y equilibrio externo para recuperar reservas internacionales,
necesarias para hacer frente a obligaciones con acreedores externos. Allí están
las motivaciones para acordar con el FMI y poder acceder nuevamente al mercado mundial
de crédito, tal como se intenta con todo el mecanismo de negociación de deuda,
sea la nacional, las provinciales, e incluso como se vio en estos días con YPF.
Todo es una cuestión de confianza.
La
aludida “confianza” de los “mercados” es en definitiva una cuestión política en
el capitalismo, que en el plano de la economía se dirime en la apropiación de
la renta socialmente generada entre propietarios con intereses contrapuestos,
los de los medios de producción y quienes solo tienen la capacidad de vender su
fuerza de trabajo.
El
imponderable de la política es que, si bien es lícita la búsqueda de consensos,
lo es también la disputa por lo propio, que, de nuevo, es manifestación de la
lucha de clases.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2021
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