Los datos de la pobreza que difunde en estos
días la Universidad Católica de la Argentina, la UCA, son muy interesantes para
pensar el país, la región y el mundo[1].
Son datos convergentes con los que oportunamente difunde el Instituto de Estadísticas
y Censo, el INDEC. Por eso son de interés para el análisis, ya que anticipan la
información oficial y resulta confiable para la consideración económica,
política, cultural y social. Al mismo tiempo, la OIT informó a principios de
diciembre sobre los salarios en el mundo para el 2020/21, en el marco de la
pandemia por el COVID19, con resultados que ratifican la tendencia al
empobrecimiento de millones de personas, por baja de salarios y pérdidas de
empleo[2].
En rigor, ambos informes no solo explicitan el
crecimiento del empobrecimiento por la pandemia del COVID19, sino como proceso que
se arrastra con antelación y que, cruzando los datos, se verifican tendencias
del capitalismo contemporáneo, que corrobora el Informe anual del Credit Suisse[3].
Lo que se ve es una expansión abismal de la grieta de ingresos y en definitiva
de riqueza entre muy pocos que acumulan patrimonio y renta, y millones en
condiciones de vida cada vez más precaria. Resulta preocupante la situación del
empobrecimiento en la Argentina, por su historia y potencialidad, por
territorio, climas y una población con calificación y organización social de
larga trayectoria. En realidad, se trata de un fenómeno global con
especificidades propias que deben ser consideradas especialmente.
Para el tercer trimestre del 2020 crece la
pobreza y la indigencia en la Argentina contra el mismo periodo del 2019. Si
era del 40.8%, el guarismo de personas bajo la línea de la pobreza se amplió
hasta el actual 44,2%. En materia de hogares bajo la pobreza pasó del 32,1% al
34,9%. La indigencia registra en el periodo un 10.1% de personas y 7,3% de
hogares por debajo de la línea de indigencia.
El cuadro que sigue da cuenta de esos valores y
de la evolución de los datos en la última década. Está claro que se agrava en
este año por impacto de la pandemia, sin duda, pero el arrastre viene de lejos.
No se trata de un problema novedoso. Es ya un tema estructural que se prolonga
por años y sin vista de solución en el corto o mediano plazo. Ello supondría
una discusión existente sobre el orden socioeconómico y las relaciones sociales
de producción y distribución. De punta a punta el dato de la pobreza evoluciona
del 31,8% al 44,2% sin horizonte cercano de mitigación importante.
La UCA señala que el nuevo escenario paralizó la inversión y el consumo, dos claves de la ecuación macroeconómica que incluye también el comercio internacional. Este se encuentra atravesado por la situación de parate o desaceleración del comercio mundial y por las propias restricciones locales en el vínculo con el exterior, entre otras cuestiones por los límites en la disposición de divisas y la inestabilidad en torno a la capacidad de controlar el precio de la moneda extranjera. Por ello, la dinámica interna se define en el consumo y la inversión, categorías ambas afectadas por las condiciones de larga recesión. El problema se registra principalmente en los ingresos populares, especialmente los salarios y en el empleo. Como sostuvimos, es coherente con las conclusiones del informe mencionado de la OIT, donde se ratifica el crecimiento de la informalización e irregularidad en el empleo. La baja en el empleo regularizado acontece en todo el mundo, por ende, la tendencia es a la precariedad laboral y salarial. Es una realidad que confirma la tendencia al empobrecimiento de millones de personas.
En el informe de la UCA se destaca que, para la
población de niños y adolescentes, el registro de la pobreza alcanza a un 63%
de los menores de 17 años. Es algo que compromete el futuro, ya que una
población infantil y adolescente sin acceso a recursos adecuado para una buena
nutrición afecta el normal desarrollo físico e intelectual. El tema resalta en
el cuadro que sigue, agravado en este 2020, pero con arrastre de años donde la
niñez resulta la más afectada en los registros de pobreza.
Por su parte, el informe de la OIT señala que antes de la pandemia millones percibían por debajo del salario mínimo y que en el 2020 se percibe una caída de salarios en los 2/3 de países con estadísticas, lo que nos hace pensar en una situación más grave proveniente de aquellos países con escasa información.
Destaca el informe que los más afectados son
las mujeres y los trabajadores de ingresos bajos. No hay duda de la
discriminación al trabajo femenino y que los más perjudicados durante la
pandemia son las trabajadoras y los trabajadores de ingresos reducidos.
Se agrava la desigualdad, no solo entre ricos y
pobres, sino entre los propios trabajadores y trabajadoras, por diferencias de
ingresos y la situación de regularidad o irregularidad en el empleo.
Un elemento interesante que recogen ambos
informes alude a las extendidas políticas socioeconómicas de contención ante la
gravedad de la crisis.
En efecto, las medidas fiscales asumidas para
compensar la baja de salarios y empleo se reflejan en las mediciones
respectivas. Señala la UCA que, de no haberse asumido una asistencia en dinero
a millones de personas, el dato de la pobreza más que del 44,2% hubiese
alcanzado al 53,1%.
Resulta un dato de interés, porque en la
discusión de la coyuntura, local y mundial, se analiza la cuestión fiscal como
un tema central. Es más, el debate supone analizar quien debe sostener la
ampliación del gasto público por la recesión y la crisis sanitaria. Mucho más
en un tiempo donde la hegemonía de los argumentos hace propaganda contra el
gasto público y la necesidad de la austeridad fiscal. En los medios de
comunicación tienen un peso sobredimensionado los comentaristas de un mensaje
liberal a ultranza que pregonan el achique del gasto público como solución a
todos los problemas económicos. Son argumentos a contramano de la prédica de
los informes que comentamos.
El titular de la OIT, Guy Ryder destaca el
problema del crecimiento de la desigualdad entre trabajadores y trabajadoras formales,
junto a una tendencia a la informalización del empleo, con pérdidas de ingresos
por salarios y empleos regularizados La baja de empleo y los salarios incrementa
la desigualdad entre ricos y pobres en todo el mundo. Sostiene también que lo
que crece es la pobreza y la inestabilidad económica y social. El resultado de
ello es previsible en procesos de conflictividad de incierto resultado. Por
todo ello, el titular de la OIT concluye en la importancia de sustentar las políticas
activas en pro del empleo y los salarios. Especial atención le asigna a la pérdida
de ingresos de los trabajos de cuidado y el relativo a la docencia.
Son conclusiones del informe de la OIT, convergentes
con el llamado de atención de las referencias de la UCA y por eso la importancia
de discutir la cuestión fiscal, es decir, quien debe financiar al Estado y que
destino asignar a los recursos públicos.
Es un tema que adquiere actualidad en la Argentina
con el impuesto a las grandes fortunas que se acaba de aprobar. Es ley el “aporte
solidario y extraordinario a las grandes fortunas”, que apunta a recaudar
recursos a quienes tengan patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que equivalen
a unos 2,3 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Serán sujetos del
aporte unas 10.000 personas, que, para casi 45 millones de habitantes, apenas
representan el 0,022% de la población. Una ínfima minoría de elevada
concentración de riqueza.
Las alícuotas son progresivas, escalando desde
el 2% hasta los 300 millones de pesos, para subir a 2,25% en el rango de los
300 a 400 millones; del 2,50% entre 400 y 600 millones; 2,75% entre 600 a 800
millones; 3% entre 800 y 1500 millones; 3,25% entre 1.500 y 3.000 millones y
3,5% a quienes detenten más de 3.000 millones de pesos. Por el patrimonio fuera
del país se agregará una tasa de incremento del 50%, salvo que haya
repatriación de un 30% y entonces no existirá el recargo. Se estima recaudar un
poco más de 300.000 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial
representan unos 3.500 millones dólares.
Ahora, aprobada la ley será importante que se
reglamente para una pronta ejecución, aunque es previsible un largo camino de demanda
judicial de los sujetos del aporte, tal como lo anticipan cámaras empresarias,
el lobby mediático y referentes políticos e ideológicos de los grandes
propietarios, quienes no están dispuestos a resignar cuota de ingresos y
riquezas. No existe en buena parte de ellos espíritu de solidaridad. Reclamarán
ante la justicia por la inconstitucionalidad del gravamen. Argumentan que es un
impuesto confiscatorio.
Hay que atender la pandemia es el argumento
oficial para la sanción del gravamen. La recaudación tendrá cinco destinos: a) 20%
para salud, b) 20% educación, c) 20% pymes, d) 15% en barrios populares, 25%
producción de gas. El destino al gas es objetado desde sectores críticos al
modelo productivo extractivista a manos de transnacionales de los hidrocarburos,
con quienes negociará la empresa estatal.
Ya es ley y habrá que ver cómo termina la objeción
judicial y la capacidad estatal para recaudar una masa que interesa en el marco
de la crisis sanitaria y de recursos, cuando desde OIT y otros organismos
internacionales se sostiene que hay que mantener la política fiscal de
contención de los sectores más desfavorecidos, aun emitiendo enormes masas de
recursos.
El horizonte de preocupación no es solo el 2020
sino también el 2021 y quizá más allá, aun cuando haya vacuna y se empiece la
recuperación económica, un fenómeno previsible ante las aperturas de diversas
actividades. Hay que reconocer que estos efectos son causas de la forma de
funcionamiento del capitalismo de esta época.
Aún dentro del capitalismo, hasta el poder
mundial más racional, si es que eso es posible, reconoce que se requieren políticas
activas para defender el empleo y el salario, que se requieren de recursos
suficientes para atender necesidades sociales en el marco de un capitalismo depredador
que afecta con pandemias, caso del COVID19, que no será la última y que pasa a
ser constitutiva de la nueva normalidad de la civilización actual.
Es más, en el informe de la riqueza 2020 del
Credit Suisse ya mencionado se señala que el 1% superior de los hogares en el
ámbito mundial es poseedor del 43,4% de toda la riqueza. En el otro extremo, el
53,6% apenas asume el 1,4%, dando cuenta de la enorme desigualdad en el orden
capitalista contemporáneo. Es una realidad verificada en variados estudios y
que en pandemia y recesión se consolidan.
La figura muestra con claridad que el 83,9% de
la riqueza acumulada en el ámbito mundial es concentrada por apenas el 12,4% de
la población más enriquecida.
En la figura siguiente puede verse la
concentración en “número de millonarios en dólares (% del total mundial) por
país, finales de 2019” según el registro de la riqueza del Credit Suisse,
destacando EEUU en primer lugar y la sorpresa, con crecimiento de millonarios
de China.
No se trata de confirmar que el mal es global,
porque como señalamos hay especificidades nacionales y, además, la acción
política puede ser internacional, pero es sin duda nacional, y por ende, existe
el desafío de encontrar formas de solución en cada país y una convergencia de
acción internacional de los pueblos para ir en contra y más allá del
capitalismo.
Buenos Aires, 6 de diciembre
de 2020
[1] UCA. Informe de avance:
Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del
empleo,
pobrezas y desigualdades en el contexto COVID-19. APORTES PARA UNA AGENDA
SUSTENTABLE DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL; en: http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/ODSA_3Dic_2020_Presen_Difusi%C3%B3n%20Final4PM.pdf
[2] OIT. Informe Global sobre salarios
2020/21. Salarios y salarios mínimos en tiempos de COVID19, en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
[3] Credit Suise, Informe sobre la riqueza global
2020, octubre 2020, en: file:///C:/Users/jcgam/Downloads/global-wealth-report-2020-en.pdf
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