Toda
la discusión de coyuntura en la Argentina se concentra en estas horas en el
tipo de cambio, como si la relación entre la moneda local y las extranjeras, especialmente
el dólar definiese el orden económico social, reconociendo la tendencia creciente
a la dolarización de la vida cotidiana y su regresivo impacto en la mayoría de
menores ingresos. Hay intereses detrás del debate, ya que el precio de las
divisas (moneda externa) supone contradicciones materiales, entre quienes
ejercen el poder económico del país y la mayoría de la sociedad, e incluso
entre distintas franjas del poder para afirmar su hegemonía. Solo a modo de
ejemplo señalemos que los exportadores pretenden el tipo de cambio más alto
para obtener más moneda local por sus ventas externas, mientras que un inversor
extranjero que produce y vende en pesos, pretende un tipo de cambio bajo para
poder importar bienes intermedios y de capital a bajo costo en pesos; además de
cambiar sus excedentes por una mayor cantidad de moneda externa y remitirla a
su casa central o a cualquier destino de acumulación fuera del país. Para los
que viven con ingresos en moneda nacional está claro que las recurrentes
devaluaciones les afectan su capacidad de satisfacer necesidades elementales.
El
tipo de cambio, la tasa de interés, son apenas algunos de los precios de la economía,
como el salario o las tarifas de servicios públicos, entre muchos. Los precios se
establecen en una economía mercantil en acuerdo a la ley del valor en tiempos
de transnacionalización de la economía capitalista. El trabajo socialmente
necesario tiene alcance global bajo dominación de las corporaciones transnacionales.
Por eso es que los precios remiten a una cuestión de mercado capitalista
mundial, sobre quien ejerce la dominación del “trabajo productivo”, o sea, aquel
que crea ganancias, capital, y su capacidad de acumulación. En esas condiciones
es que se debe discutir a la Argentina, que por casi medio siglo viene
profundizando sus lazos de dependencia de la acumulación capitalista mundial.
En efecto, entre 1974-76 se disputó el rumbo del orden económico social local,
que terrorismo de Estado mediante transformó el viejo orden del capital, de
industrialización y aliento al mercado interno, por otro de inserción mundial
subordinado. Allí se habilitó nuevamente la disputa por el poder, tal como en
los 80 del Siglo XIX o entre los 20 y los 30 del Siglo XX y más luego hacia
1945-1975.
Desde
ese tiempo se avanza, con tropiezos y resistencias varias, en profundos cambios
en las relaciones económico sociales. En tanto no termina de consolidarse una
nueva dirección de ese “orden económico social”, esas contradicciones y
confrontaciones se manifiestan en picos inflacionarios que otorgan
especificidad y diferenciación con lo que ocurre en la mayoría de los países del
mundo. La inestabilidad y ascenso de precios es una de las características de
la disputa de poder. No cualquiera puede imponer sus precios en la economía,
por lo que la inflación supone la confrontación por la apropiación del excedente
económico socialmente generado en el país.
Fueron
distintas fracciones del poder las que se disputaron el excedente económico
desde 1975/76, con un trasfondo de debate entre la dolarización y la
devaluación. Un debate que fue procesado en torno al 2001, que se resolvió
transitoriamente con el cambio de los precios relativos (ruptura de la
convertibilidad) y un brutal ajuste que devino en 57% de pobreza y 21% de desempleo
para el primer tramo del 2002. Los grandes beneficiarios de la devaluación del
2002 pretenden afirmar las posiciones logradas con mayor apropiación del
excedente, para lo que requieren profundizar las reaccionarias reformas laborales,
estatales y de inserción mundial construidas como tendencia por más de cuatro
décadas.
Si no es el precio del dólar, entonces ¿qué?
Lo
que sostengo es que la agenda en debate es la del poder, incluso la de quienes
disputan entre sí la apropiación del trabajo social local. Se requiere cambiar
el eje de la discusión.
Ahora
se discute el acuerdo con el FMI y vale interrogarse a quien le sirvió el
desembolso por casi 45.000 millones de dólares, que como demostró el informe del
Banco Central de mediados de mayo pasado[1],
tuvo destino en la salida de capitales para pagar deuda, remitir utilidades al
exterior o constituir activos externos de residentes locales. Todo ello es fuga
de capitales. Es decir, se constituyó deuda, socializando su costo posterior, a
cambio de favorecer el ciclo de la acumulación transnacional del capital. La
deuda es un mecanismo de apropiación de riqueza socialmente generada que se
utiliza en la acumulación mundial. Es forma de extracción de valor y plusvalor,
en detrimento de la acumulación local.
La Argentina
tributa al capitalismo transnacional, forma actual de la producción y
reproducción ampliada del sistema capitalista. En rigor, ocurre algo similar en
la región, por lo que toda Latinoamérica y el Caribe no resulta en el eje donde
ponen el ojo los inversores internacionales, salvo y muy parcialmente Brasil.
Esta conclusión las leemos en los informes de la CEPAL desde hace más de una década
y recientemente desde la UNCTAD[2],
entre otros aportes de estudiosos más allá de nuestros territorios,
especialmente Pierre Salama, quien recupera debates de los años sesenta para
explicar la tendencia al estancamiento de la región, especialmente la Argentina
y México[3].
Se
impone cambiar la lógica del poder, desarrollando un razonamiento de contenido
alternativo que alimente otra disputa política para un rumbo alternativo del
orden económico y social. El horizonte apunta a terminar con la especulación y
una clase dominante que expropia riqueza socialmente generada en el país para
una acumulación global, lo que supone discutir la producción en general, el
papel asignado a la política pública y al lugar del Estado en la producción y
circulación, tanto como a los sujetos económicos, sus formas de organización, de
carácter colectivo, autogestionaria y conscientes para otro rumbo
civilizatorio.
Para
cambiar, hay que partir de las necesidades a resolver y desde allí organizar el
sistema de relaciones y los recursos a afectar, que en si mismo implica
distribución del ingreso y de la riqueza.
¿Cuáles
son esas necesidades sociales a resolver? La pobreza y el empleo. A ello se
asocia la alimentación, la educación, la salud, como ejes del acceso a derechos
negados por la mercantilización. De ese modo, la des-mercantilización de la
cotidianeidad es lo que debe resolverse.
¿Es
acaso posible? Solo si se modifica el razonamiento hegemónico que impone la cultura
de la dominación mediante variados mecanismos, a la vanguardia los medios de comunicación.
Por
ejemplo, ante la estafa de Vicentin sonó adecuado avanzar en el camino de
intervención, expropiación y transformación del modelo agrario local desde una
empresa testigo.
La
movilización ideológica y política en defensa de la propiedad privada de los
medios de producción retrajo el discurso y la propuesta oficial en ese sentido.
Hace
falta una iniciativa en sentido inverso para jerarquizar derechos extendidos
por sobre la defensa de la propiedad privada de los principales medios de producción.
Algo
similar ocurrió y ocurre con el “aporte solidario sobre las grandes fortunas”,
denostado ideológica y políticamente con los mismos argumentos de soporte en
defensa de la “propiedad”.
Otro
modelo productivo y de desarrollo es lo que se requiere instalar en el debate
económico. Es lo que no se discute. Tiene su lógica, ya que se sale del debate
sobre un precio o sobre varios precios para discutir cómo se organiza integralmente
el orden económico social en su conjunto.
Aclaremos
que el tema no se resuelve localmente, sino que tiene que pensarse y procesarse
articuladamente con otros pueblos de la región y del mundo. Mientras eso ocurre
se deben instrumentar mecanismos de acumulación ideológica y política para
hacer realidad un debate sustantivo que privilegie una agenda por otro orden
económico y social.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2020
[1] BCRA. Mercado de cambios, deuda
y formación de activos externos, 2015-2019, en: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf
[2] UNCTAD. Informe sobre las
Inversiones en el mundo, 2020; en: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
[3] Pierre Salama. ¿Por qué los
países latinoamericanos sufren un estancamiento económico de largo plazo? Un
estudio a partir de los casos de Argentina, Brasil y México. EL TRIMESTRE
ECONÓMICO, vol. LXXXVII (4), núm. 348, octubre-diciembre de 2020, pp. 1083-1132;
en: file:///C:/Users/jcgam/Downloads/1167-Texto%20del%20art%C3%ADculo-16127-3-10-20201005.pdf
1 comentario:
Bien
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