El debate político en
la coyuntura se concentra en las tarifas de los servicios públicos. El asunto
importa porque la electricidad, el gas, el agua o cualquiera de los servicios
públicos privatizados aumentan más allá de cualquier indicador de inflación y supera
las posibilidades de pago de la mayoría de la población, no solo de trabajadores
sino de sectores de la pequeña y mediana empresa. Incluso, existen empresarios
o iniciativas culturales, sociales o deportivas que se ven en la potencialidad
de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de cancelar esas acrecidas facturas.
Por eso hubo ruidazos
en distintas ciudades del país el miércoles pasado y movilización con velas el
jueves, en protesta contra el tarifazo. El gobierno se defiende y señala que
durante el kirchnerismo hubo atraso de tarifas y subsidios generalizados a los
usuarios de la zona metropolitana, la ciudad Capital y el Gran Buenos Aires, y
que lo que ahora se intenta es la regularización de los precios de los
servicios públicos privatizados alineando el precio local con el internacional.
En este sentido es
clave considerar la evolución de los precios internacionales del petróleo, en
crecimiento en el último tiempo y acercándose a los 70 dólares el barril. Vale
considerar que el precio local de producción está rondando los 10 dólares el
barril, con lo cual, la diferencia entre el precio internacional y el costo
local de producción debe considerarse como excedente apropiado por la cadena de
valor, privada y transnacional, de la producción energética. Algo similar
ocurre con el precio internacional y el costo local de producción del gas.
Los grandes
beneficiarios son las transnacionales de la energía que manejan la cadena de
valor de la energía en el país, desde la extracción de hidrocarburos a la distribución
de los derivados.
No sorprende que el
tema central sea la apropiación de la ganancia, base para una lógica de
acumulación y en todo caso de reinversión productiva de los inversores
beneficiarios. Lo sorprendente es que la maximización de las ganancias no genera
aumento de la reinversión productiva, sino que se verifica la tendencia a la
remisión de utilidades al exterior como parte de la fuga de capitales. Los
precios locales intervienen en la lógica mundial de los inversores extranjeros
que actúan en el negocio de los servicios públicos privatizados.
El ajuste tarifario
satisface el objetivo gubernamental de disminuir el gasto público vía reducción
hasta la eliminación de los subsidios a los servicios públicos privatizados,
trasladando el costo del ajuste al conjunto de los usuarios, y afectando a los sectores
de menores ingresos relativos. El subsidio se explicó en el pos 2001 ante la
demanda de resarcimiento de las empresas titulares de los servicios, afectadas
por la devaluación a la salida de la convertibilidad. El resultado fiscal de
los tarifazos no es el esperado por los gobernantes, ya que el déficit subsiste
y convoca a nuevos y generalizados ajustes, que buscan nuevas áreas de
afectación más allá de los servicios públicos: educación, salud, salarios
estatales.
Desde amplios
sectores de la oposición e incluso aliados del gobierno, surge la demanda
contra el tarifazo. Se requiere morigeración de los aumentos, llegando a
reclamar retrotraer las tarifas a los valores de diciembre del 2017. Lo que no
se discute es el modelo de producción y distribución de energía, que fuera gestado
desde las privatizaciones en los 90 y consolidado desde entonces.
Los beneficios de las
privatizaciones solo reditúan como ganancia empresaria y pérdida de derechos de
los usuarios, lo que puede calificarse como resignación de soberanía, para el
caso, energética.
Estrategia
para recuperar soberanía energética
Por eso es que no
alcanza con la protesta por el precio de los servicios, sino que la crítica
debe extenderse al modelo privatizador surgido en los 90, y es más, si el
modelo previo, de empresa estatal tampoco resultaba adecuado, la búsqueda debe
plantearse en términos de socialización.
Es la propia sociedad
la que debe auto gestionar los servicios públicos y hacerlo desde una
concepción de derechos de ciudadanía, de soberanía energética, que apunta más
allá de la producción, distribución y consumo de la energía.
La lógica de derechos
supone una estrategia productiva y de desarrollo que trasciende la propiedad
social de los medios de producción aplicados a la prestación de los servicios
públicos.
Ello convoca a nuevos
desafíos científicos y tecnológicos a desplegar desde la Universidad Pública y
los ámbitos estatales de desarrollo en ciencia y técnica, tanto en el Estado
Nacional, como Provincial y municipal. Incluso, no alcanza con un accionar
nacional, sino que se requiere el concurso articulado en el mismo sentido de
otros países de la región.
Claro que esto último
va a contramano de la decisión de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay
y Perú de abandonar la UNASUR, cuya instalación en la pasada década apuntaba a
desplegar mecanismos alternativos de integración regional en la perspectiva de
desarrollos soberanos.
Muchos cuestionan en estas
horas las posibilidades de un rumbo diferenciado al oficial, de actualización a
rajatablas de las tarifas.
El problema es que si
solo se discute precio el diálogo puede ser de sordos, ya que el Estado pretende
eliminar el subsidio (gasto público) y los concesionarios privados quieren el
máximo precio posible en acuerdo con los niveles internacionales del insumo
básico, en una etapa de crecimiento de esos precios de los hidrocarburos.
Por eso creemos que
es necesario cuestionar el modelo energético surgido en los 90 y no modificado
sustancialmente desde entonces.
Ello demanda un
debate político ideológico que contrapone dos concepciones. Una que se afirma
en que la energía es un bien comercial y la otra sostiene que se trata de un
derecho de ciudadanía en este tiempo del desarrollo civilizatorio. Con este
enfoque es que se piensa que nadie debiera tener dificultades para acceder al
agua, a la calefacción o a la electricidad, entre otros derechos.
Desde el gobierno se
insistirá en pagos en cuotas y en una crítica a la herencia del déficit fiscal
recibido. Muchos insistirán en la protesta por el costo de vida del tarifazo y
los menos insistiremos en cuestionar el modelo productivo y de desarrollo
sustentado en la mercantilización y extranjerización de la energía.
Buenos
Aires, 22 de abril de 2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario