La disputa por la presidencia se corrió a la derecha

Los ultraderechistas liberales lograron el objetivo ideológico propagandístico de correr el debate político local hacia la derecha. Salvo las candidaturas de la izquierda, las principales fórmulas que disputan el gobierno instalan un ideario y agenda de políticas “pro mercado”, amigables con los inversores capitalistas y las necesidades del capital transnacional concentrado. Massa, Larreta o Bullrich, Milei, expresan con sus candidaturas los rumbos a seguir en el gobierno del capitalismo local. Hay matices entre ellos, por supuesto, pero coincidencia en un rumbo favorable al ingreso de capitales externos y a la profundización de un modelo productivo que atraiga y produzca divisas. Desde el poder ejecutivo impulsarán a sus bloques parlamentarios a la legitimación del funcionamiento capitalista que demanda reformas laborales, previsionales y tributarias acordes a la demanda de fortalecer la tasa de ganancia, con el reguardo de aseguro del poder judicial. La primarización exportadora es el rumbo del modelo productivo, con la soja, el maíz u otros cultivos, la minería, los hidrocarburos, ahora el litio. El ingreso de divisas, dólares, euros, yuanes, otras monedas, es la condición necesaria para continuar negociando y renegociando el repago de una deuda impagable, por eso también son bienvenidos los fondos de los organismos internacionales, aunque solo sea para repagar lo impagable, claro que a costas de mayores intereses que compiten con gasto público social (condenado al achique). Como es impagable la deuda pública debe renegociarse recurrentemente, lo que es una constante desde la reinstauración de los gobiernos constitucionales hace cuatro décadas. Todos y cada uno de los turnos presidenciales ejecutaron sus respectivos canjes de deudas. La hipoteca la paga el pueblo con el deterioro de las condiciones de vida. Reestructuración reaccionaria Las políticas “neoliberales” instalaron desde 1975/6 una reaccionaria reestructuración del capitalismo local, contenida por la resistencia obrera y popular. Martínez de Hoz se quejó del “nacionalismo militar” que frenó el proceso de privatizaciones, especialmente en donde la tradición militar había intervenido para el desarrollo industrial, sea el petróleo, la metalurgia o las fábricas militares. El sindicalismo, aun limitado por las restricciones a su funcionamiento y la represión explícita, operó como principal límite a la estrategia reaccionaria de la genocida dictadura. En esas condiciones, el peronismo, desde la presidencia llevó a cabo el disciplinamiento de la burocracia sindical, política y militar para en los 90 del siglo pasado llevar adelante la tarea de reforma restauradora del poder concentrado en el país. La tarea fue completada en la década por la Alianza encabezada por el radicalismo. Menem y De la Rúa, la cúpula del peronismo y del radicalismo, legitimaron un proyecto de restauración liberal para el desarme de una estrategia de industrialización y apuesta al mercado interno instrumentada entre el centenario (1910) y el golpe del 76. La resistencia popular estableció límites a esa restauración y la pueblada del 2001 habilitó un nuevo tiempo político, que necesitó de una dinámica histórica para legitimar por la vía del consenso electoral en 2015 el proyecto de restauración del poder concentrado, articulando fracciones de la burguesía local y transnacional bajo el macrismo. Kirchnerismo y macrismo emergieron como las novedades en la disputa gubernamental de los últimos veinte años, arrastrando a los partidos tradicionales y a nuevos agrupamientos producto de desprendimientos de la tradición partidaria entre peronistas y radicales. Bullrich, con origen en el peronismo fue funcionaria radical y terminó presidiendo el partido fundado por el primer presidente no peronista ni radical de la historia constitucional local. Rodríguez Larreta fue funcionario público (ANSES) por el peronismo y terminó siendo el gestor del gobierno Macri y luego titular del gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Massa fue funcionario kirchnerista, crítico del kirchnerismo, presentado por Macri como socio político en Davos en 2016 y ahora candidato oficialista desde su puesto de Ministro de Economía en sus negociaciones con EEUU y el FMI, aunque también con China. Las identidades políticas son difusas, pero el modelo de acumulación capitalista consolida un rumbo primario exportador, con el complejo sojero, de mega minería a cielo abierto, con hidrocarburos no convencionales (entusiastas con el nuevo gasoducto) y expectativas prontas por el litio; pero también una industria de inserción exportadora, caso de la automotriz y la cadena de valor asociada; todo en el marco de una estructura de servicios bancario financieros, comercial y de turismo estructurado en una lógica de transnacionalización, apertura y dinámica orientada a la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Así, la restauración que otrora se materializara por la vía de los golpes militares, ahora se consolida por vía electoral, corriendo la oferta electoral hacia la derecha, con un amplio espacio propagandístico auspiciado por la mayoría mediática en la manipulación del consenso social. Conflicto social y alternativa La pueblada jujeña pone de manifiesto, una vez más, la dinámica social de resistencia que demanda la emergencia de una propuesta política alternativa, que contenga la diversidad de reclamos socio populares, de organizaciones sindicales y de trabajadorxs en lucha, de movimientos feministas y ambientalistas, y un conjunto de demandas sociales, culturales, hoy fragmentadas. Unir lo diverso en la búsqueda de una alternativa política popular aparece como el desafío para no resignar la política a la hegemonía de los proyectos orientados a la satisfacción del proyecto del capital más concentrado. Es posible un rumbo alternativo si se extiende la lucha y se articula estratégicamente como programa compartido de las demandas sociales. Se trata de un proyecto que se construye integralmente en una dinámica que trasciende el acto electoral de renovación presidencial en curso. La lucha popular es límite a la restauración, pero requiere organizarse en propuesta política para no solo limitar, sino para marcar nuevo rumbo en perspectiva de emancipación popular y transformación social. Buenos Aires, 24 de junio de 2023

Jujuy y Chaco son expresión de la crisis política

La crisis política se evidencia en las situaciones que se viven en estas horas en el Chaco y en Jujuy. En el primer caso por una situación delictiva y en el segundo por una protesta social fuertemente reprimida. Ambas situaciones manifiestan una crisis de la política que demanda la construcción de alternativas que privilegien la satisfacción de insatisfechas reivindicaciones sociales de la población empobrecida y postergada. En el Chaco tiene impacto electoral visible en la abstención electoral en las PASO del domingo 18 de junio, en el voto blanco y la colecta de adhesiones de la oposición, con la aspiración de abonar un resultado similar en la elección por la gobernación provincial, sumando en el intento de alternancia nacional. En Jujuy se juega la estrategia de disciplinamiento del conflicto social, un tema esencial de la reforma constitucional provincial avalada por el bipartidismo radical y peronista. El triunfo electoral provincial en mayo pasado animó la reforma constitucional jujeña, marcando orientación de lo que se pretende nacionalmente. La campaña electoral del pre-candidato Morales apunta a la necesidad de “desalojar la calle” y así avanzar con la dinámica de “orden” necesario para estabilizar la economía y la política en el país. Es una consigna que instalaron desde los ultras liberales de Milei y que asume con fuerza Patricia Bullrich, la titular del PRO, empujando el discurso opositor de la derecha en la Argentina. Se trata de legitimar la represión para eliminar un fuerte condicionante que tiene el ajuste y la regresiva reestructuración del capitalismo argentino. Vale recordar que la dictadura genocida no pudo llevar adelante en toda su magnitud un proyecto reaccionario por la resistencia organizada de la clase trabajadora y el pueblo argentino. La tarea fue realizada en los 90 del siglo pasado bajo la presidencia Menem y el control sobre la burocracia política y sindical del peronismo, tarea continuada por el gobierno De la Rúa, que encontró sus límites en la pueblada del 2001. Ambos gobiernos contaron con el protagonismo en la política económica de Domingo Cavallo, hoy soporte del discurso liberal de Milei. La movilización popular y una larga tradición organizativa explica los límites del poder económico por “normalizar” el capitalismo local. Macri creyó que con su triunfo electoral del 2015 podía estabilizar la economía sobre la base de una inmensa lluvia de inversiones, que solo mutó en un gigantesco préstamo inducido por su amigo Trump, socio definitorio en el FMI. Ese mal cálculo político de la derecha y la ausencia de alternativa política los anima a recrear una estrategia de “normalización”, facilitada por una gestión presidencial del Frente de Todos sin pretensión de confrontación con el poder. La “mano dura” es la expresión discursiva del objetivo por “normalizar” la extracción de plusvalía. Ahí resulta clave la aparición de Javier Milei, sostenido desde los medios de comunicación masivos para instalar una agenda de ajuste y regresiva reestructuración, moviendo hacia la derecha el discurso político de quienes disputan el gobierno local. Un desplazamiento ideológico y político que intervino en la disputa del consenso social, abonado por décadas de manipulación mediática sobre el conjunto social, especialmente de las nuevas generaciones. La extendida protesta social es el límite a ese objetivo de máxima del poder. Deuda y ajuste Al no denunciar el préstamo fraudulento y odioso del FMI fue la primera señal de debilidad y/o complicidad del gobierno surgido a fines del 2019 con el poder hegemónico, consolidado en la negociación con acreedores privados primero y en marzo 2022 con el FMI. El ajuste fiscal, consolidado como meta en el acuerdo con el Fondo pasó a ser el rumbo esencial de la lógica de gobierno. Todos los presupuestos aprobados durante la actual gestión reconocen en los fundamentos el privilegio de la deuda a cualquier otro objetivo de política económica. Más allá de cualquier discurso, primero está la deuda. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó en su ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL a MAYO 2023 que “A pesar de la disminución de ingresos, en los cinco primeros meses del año la Administración Nacional registró una caída real en los déficits económico, primario y financiero.” https://www.opc.gob.ar/ejecucion-presupuestaria/analisis-de-la-ejecucion-presupuestaria-de-la-administracion-nacional-mayo-2023/ El informe destaca que “La recaudación se contrajo 6,7% real y los gastos 7,5%”, contribuyendo a cumplir con la meta de disminución del déficit fiscal suscripta con el FMI. Se informa que “Al cotejar mes contra mes de cada año los gastos primarios presentaron once meses de caídas consecutivas” y que “El pago de intereses de la deuda subió 17,8%”. Resulta evidente que la disminución del gasto no es mayor porque suben los pagos de intereses de la deuda, confirmando el condicionante del endeudamiento. Insistamos, primero la deuda, y luego cualquier otro objetivo. La norma es el ajuste regresivo que consolida el deterioro de los indicadores socioeconómicos. La lucha docente en Salta y Jujuy encendió la mecha de una pueblada que recorre la geografía jujeña, y en donde el poder local ensaya la estrategia represora, anticipando horizontes deseables para ejecutar la reestructuración regresiva que demanda el modelo productivo en desarrollo, con base en la soja transgénica, los hidrocarburos no convencionales y la extracción del litio. El consenso de reforma constitucional jujeño refleja los acuerdos del poder con la política dominante en el país respecto del modelo productivo y de desarrollo. Consolidar ese modelo requiere disciplinamiento social y desarticulación de una organización popular de fuerte tradición histórica. Se trata del obstáculo para la normalización política, imprescindible para superar la incertidumbre de la inestabilidad inflacionaria. Erradicar la organización y movilización social resulta fundamental para favorecer la dinámica de la ganancia y la acumulación capitalista. En la resistencia en Jujuy convergen las reivindicaciones del pueblo originario con las luchas por mejoras de ingresos y derechos de trabajadoras y trabajadores explotados y empobrecidos; a la que se suma la solidaridad popular en todo el territorio nacional. Se trata de una confluencia solidaria movilizada que anticipa rumbos estratégicos necesarios para alumbrar una expectativa esperanzada por trasformaciones profundas. Apuntamos a la acumulación social que habilite una agenda de propósitos en el sentido de resolver las reivindicaciones por ingresos y derechos de la población perjudicada por el modelo productivo y de desarrollo de concentración y extranjerización. Buenos Aires, 19 de junio de 2023

Un plan de estabilización en el horizonte

No se conocen los candidatos de las coaliciones o propuestas políticas que disputan el gobierno en la Argentina, pero si sus propuestas relativas a la economía local. En la jerga habitual de la oposición, libertarios o macristas sostienen un plan de estabilización macroeconómica, que supone aumento de tarifas (luz, gas, agua, transporte, combustible, etc.), el tipo de cambio oficial, achicando la brecha con los paralelos bursátiles o financieros, y disminución del gasto público, especialmente el social (mientras sube el gasto en intereses de la deuda). El matiz entre ellos es la profundidad de la estabilización o ajuste fiscal, tanto como la rapidez de su ejecución. Mientras, en el oficialismo se reniega discursivamente de esa dinámica, aun cuando el acuerdo con el FMI, desde marzo 2022, sustenta la suba de tarifas, la actualización del tipo de cambio al ritmo inflacionario y la reducción del déficit fiscal. Esto último no se negocia en la flexibilización que se discute en estas horas en Washington. En una palabra, el objetivo es similar y nuevamente, la discusión es la profundidad y el ritmo de aplicación del ajuste o estabilización macroeconómica. Ese marco condiciona la política luego de las elecciones de agosto, octubre o noviembre, augurando un horizonte de ajuste perpetuo con costos sociales de empobrecimiento creciente de la población menos favorecida en la distribución del ingreso. Como siempre decimos, salvo que la población afectada confronte con ese propósito, lo que augura conflictividad creciente e inestabilidad política. El ajuste en los datos Si existen dudas sobre lo que señalamos, basta consultar los datos de distribución regresiva del ingreso. Una información de un equipo de investigadores de Rosario (MATE, MIRADOR DE LA ACTUALIDAD DEL TRABAJO Y LA ECONOMÍA) señala que: “En los primeros 40 meses de mandato los trabajadores acumulan una pérdida individual promedio equivalente a $184.000. En la misma cantidad de meses, con Cambiemos cada trabajador ya había perdido 1,3 millones”. Al mismo tiempo destacan que: “El salario promedio actual está entre $80.000 y $90.000 por debajo del de 2015. Desde entonces, cada trabajador, por la pérdida acumulada en todos los meses transcurridos, perdió casi 5 millones de pesos. ¿Qué dejó de comprar cada familia con ese ingreso perdido? Resulta elocuente quiénes perdieron la batalla por la distribución del ingreso de una economía que creció luego de la caída del 2020. En efecto, la economía argentina creció en 2021 y 2002 y crecerá, aun con la actual tendencia decreciente en 2023. Si el ingreso de trabajadores y trabajadoras descendió, está claro que el ingreso empresarial aumentó, algo que da cuenta el INDEC cuando explicita la distribución funcional del ingreso, sea en ganancias o en salario. El ajuste es la “norma” de la economía contemporánea y lo que se discute es la profundidad del ajuste o de la estabilización macroeconómica y en todo caso, el nivel de descontento y resistencia social que genere. Cambiar los objetivos de política económica Por eso el horizonte previsible es de mayor deterioro de los indicadores económico sociales, caída de los ingresos populares y el gasto público social, salvo que en la sociedad de despliegue una disputa por otro sentido relativo a la política económica, algo que de forma fragmentada se sostiene desde la izquierda. La unidad de la izquierda que disputa electoralmente con una amplia izquierda social y cultural que actúa en el movimiento popular es una asignatura pendiente que trasciende la disputa electoral del presente. Existe una dinámica social de organización y lucha que sustenta un programa económico que privilegia la satisfacción de necesidades y derechos de la población trabajadora, ocupadas/os, precarias/os, desocupadas/os, jubiladas/os, que no termina de constituirse en proyecto político alternativo al ajuste que sustentan las propuestas mayoritarias que hoy disputan el consenso electoral. Articular esa demanda de colectivos fragmentados con un proyecto político aparece como desafío de nuestro tiempo. Buenos Aires, 12 de junio de 2023

¿Hacia dónde va la Argentina?

Argentina definió su rumbo de inserción mundial hacia 1880, constituyendo la base de la estructura económico social que perdura en nuestros días, de articulación oligárquica con el capital externo, aunque tuvo momentos de cambio, o si se quiere, de adecuación a nuevos rumbos de la economía mundial. Uno de esos momentos de cambio acontece entre 1910 y 1930, con el estímulo a la industrialización para abastecer el mercado interno, sin perjuicio de mantener la inserción internacional con la provisión de bienes primarios. Allí aparece con fuerza la extensión de la salarización y sus formas de organización, junto a una burguesía local orientando su acumulación en el mercado interno. Esos cambios en la economía trajeron modificaciones políticas, entre ellas, la universalización del voto masculino de los mayores y la emergencia de nuevos partidos que expresaron la representación política de nuevos sectores sociales construidos en el marco del modelo productivo y de desarrollo. Remito a la ley Sáenz Peña (1912), la presidencia de Irigoyen (1916-22 y 1928-30) y la aparición del radicalismo como proyecto hegemónico del nuevo orden político con persistencia hasta el presente; tanto como el socialismo, el comunismo y otras identidades. Era tiempo de una nueva organicidad social, con sindicatos de tradición anarquista, socialista y comunista; de aliento a entidades de solidaridad social y económica, como mutuales y cooperativas, de clubes sociales y variadas formas de organización popular, incluso la novedad de la reforma universitaria. Son tiempos de organización del proletariado emergente ante el desarrollo capitalista subordinado a la inserción productiva entre 1880 y 1930 y ahora con la industrialización que privilegiaba el mercado interno y la extensión del consumo a los sectores trabajadores y su familia. La lucha por mejores salarios y la competencia por la apropiación del excedente fue la característica de una lucha de clases entre capital y trabajo y entre los propios propietarios de medios de producción, locales y extranjeros. La disputa por la restauración del poder oligárquico imperialista Desde 1930 y con la crisis mundial como trasfondo es que acontece la búsqueda vía golpes de Estado de la “restauración” del poder oligárquico asociado al capital externo; una constante en disputa hasta 1983, año de restablecimiento de las normas constitucionales, ininterrumpida hasta la actualidad. En el medio, surge el peronismo, construcción política de mediados de los años 40 para afirmar el proyecto de industrialización y expansión del mercado interno, con cambios en la estructura sociopolítica, especialmente en el movimiento popular. Es el tiempo de la universalización del voto de mayores con la habilitación del voto femenino. Se modifica sustancialmente la identidad mayoritaria en el movimiento obrero y popular y avance un proyecto que intenta conciliar la búsqueda de salario con ganancias empresarias, lo que supone una importante función del Estado como actor económico y político. La realidad es que la disputa del rumbo del capitalismo local, su hegemonía, se presenta entre 1930 y 1990, con golpes y la alternancia de gobiernos constitucionales. Los primeros con horizonte de “restauración conservadora”, y los segundos con vocación en defensa del proyecto de industrialización y distribución relativa del ingreso, claro que con matices en distintos gobiernos de liderazgo radical o peronista. Son tiempos de una dinámica de organización y lucha del movimiento de trabajadores y trabajadores y del conjunto del pueblo que le otorga una dinámica especial, con acontecimientos destacados que definió la presencia sociopolítica en las calles y en ámbitos laborales y de estudio. Son los 60/70 atravesados por un espíritu de época que tiene en la cima a la revolución cubana y luego el triunfo de la Unidad Popular en Chile. La restauración esbozada en el 75/76 termina de consolidarse en la última década del Siglo XX, bajo gobiernos constitucionales dirigidos por las dos fuerzas emergentes en el siglo XX, el peronismo (Menem) y el radicalismo (De la Rúa). Es un rumbo que se afirma entre 2015 y 2019 con el primer presidente constitucional que no remite ni a la identidad radical ni peronista (Macri y el PRO). Surge así un nuevo tiempo con base en crisis de representación de los partidos tradicionales y se habilita la conformación de coaliciones que en su seno contienen a las tradiciones históricas, en mayor o menor medida. En los últimos años, estas coaliciones se identifican bajo el “kirchnerismo” y el “macrismo”. Ambas coaliciones expresan un debate a su interior sobre el rumbo a seguir en el corto y largo plazo, lo que nos puede explicar la ausencia de candidaturas, con fuertes disputas a su interior, e incluso la aparición de una tercera fuerza, llevando el debate hacia la ultra derecha. ¿Qué futuro cercano se avecina? El ajuste derivado del acuerdo con el FMI sostenido por las dos coaliciones que disputan el gobierno en la Argentina en el nuevo tiempo político emergente desde 2001. Además del ajuste, en el contexto inflacionario local y global más las tendencias a la desaceleración y/o recesión resulta esperable una fuerte presión para la regresiva reestructuración de las relaciones sociales, especialmente en materia laboral y previsional. Es algo que acontece en el ámbito regional y mundial y que constituye parte esencial del programa de las transnacionales en todo el planeta. ¿Pueden desarmarse las actuales coaliciones para evitar ese destino manifiesto? Sí, es posible, tanto en el Frente de Todos, agrupando a las voces críticas al acuerdo con el FMI, como en la coalición opositora para reagrupar la derecha con lazos más estrechos con los anarcos capitalistas, los libertarios de Milei, algo que anticipa la llegada de Espert al “macrismo”. El problema está en la construcción de alternativa, con una Izquierda que lleva tiempo de alianza electoral del trotskismo, sin abrir su perspectiva de articulación con otras izquierdas, algunas de las cuales están perdiendo expectativas en la coalición gobernante. Existe una izquierda diversa, muchas de las cuáles no vienen disputando electoralmente, algunos solo parcialmente, a nivel provincial (Desde el Pie en La Pampa, por ej.), o incluso como parte de otros proyectos, incluida la izquierda parlamentaria. Ahí existe un desafío, siendo la más probable un nuevo turno electoral perdido para llevar adelante una experiencia de amplia unidad de una izquierda diversa, que sufre (con matices) la ausencia de alternativa que supuso la derrota del socialismo que definió la bipolaridad del sistema mundial entre 1945 y 1991. Me dicen: ¿con qué programa? Contesto: con el que está en la calle, en la auto convocatoria por la suspensión de pagos de la deuda y auditoria con participación popular, anulando el acuerdo con el FMI; con la demanda del movimiento social territorial y piquetero; con las demandas de trabajadores y trabajadoras sindicalizados o flexibilizadxs, por ingreso y condiciones de trabajo, con el del movimiento de jubilados y jubiladas; el ambientalismo en su diversidad, los feminismos populares. El programa, con matices, existe en la lucha y organización popular. La gran ausencia es la construcción política, la referencia de una diversidad de demandas y luchas que no encuentra síntesis política en el escenario electoral. Más allá de las elecciones, ahí está el desafío para construir alternativa política que defina un rumbo económico, social y cultural en beneficio de la mayoría empobrecida de la sociedad, de quienes quieren otro destino para el pueblo argentino, en consonancia con las aspiraciones de los pueblos en la región y en el mundo. Buenos Aires, 28 de mayo de 2023

Primero de mayo y crisis política en Argentina

La tradición por la conmemoración del 1ro de mayo en la Argentina data de 1890, con actividades que se hicieron por primera vez en simultáneo en varias ciudades del mundo. La violencia física sobre los trabajadores y las trabajadoras que motivó la conmemoración mundial hace 133 años, era expresión de otra, sistemática, oculta, por las relaciones de explotación capitalistas, que nuestro país extendía aceleradamente, de la mano del capital externo y local, en el último cuarto del Siglo XIX. Desde entonces se sucedieron procesos de construcción política de la identidad de la clase obrera argentina, en el inicio atravesada por la cultura anarquista, socialista y comunista de la inmigración por más de siete décadas. Es un proceso que cambiará a mediados de los cuarenta del Siglo XX con el surgimiento del peronismo, hegemónico en el movimiento obrero y popular por casi setenta años. Se trata de una identidad política, el “peronismo”, que perdura hasta el presente, con signos visibles de crisis política y dispersión organizacional con base en la fragmentación socio económica y política. En efecto, los cambios en las relaciones capitalistas desde la emergencia de la dictadura genocida en 1976 supusieron mutaciones sustantivas en la relación entre el capital y el trabajo. Son fenómenos que describen la realidad socio económica del presente con la caída de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, beneficios sociales), precariedad y flexibilización laboral y salarial, desempleo, subempleo y sobre-trabajo, agigantando la desigualdad en la apropiación del ingreso y de la riqueza. Es un proceso estructural de desarme de derechos individuales, colectivos, sindicales y sociales ganados en la histórica lucha del movimiento obrero hasta el advenimiento de la genocida dictadura. La fragmentación de la clase obrera es el resultado, y devino en desarticulación de la organización sindical, dando lugar a la proliferación de nuevas formas de organización socio económica autogestionaria, en movimientos sociales territoriales, emprendimientos económicos, cooperativas, empresas recuperadas, las que otorgan nueva fisonomía al movimiento de trabajadores y trabajadoras en el país. En ese marco, surge en medio de una fortísima escalada de resistencia en el cambio del siglo, la CTA, un intento de nuevo agrupamiento del movimiento obrero bajo la novedosa fisonomía emergente de la fragmentación. La CTA será atravesada por las nuevas representaciones políticas que disputan el gobierno del capitalismo local del nuevo siglo, que pasan del bipartidismo (radicalismo vs peronismo) al bi-coalicionismo (kirchnerismo vs macrismo), alejando la construcción de una nueva expresión política del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Ese es el desafío en este tiempo histórico, de avanzar en un nuevo reagrupamiento del movimiento obrero y popular, que le otorgue nueva identidad y organización a la lucha de la clase trabajadora, no solo por las reivindicaciones democráticas relativas al ingreso y las condiciones de trabajo y salud laboral, sino a una perspectiva de disputa del poder para la emancipación. Se trata de un desafío similar a lo que acontece en el capitalismo contemporáneo, de fuerte ofensiva del capital en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad. Conmemoración en el 2023 Esa fragmentación se expresó en la conmemoración del primero de mayo de este año. Se realizaron múltiples actividades, previas incluso al 1ro, con actos el día 30, el propio 1ro, en distintas horas y lugares de la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Actos que se despliegan aun este 2 de mayo en local cerrado organizado por la CGT. Más allá de los diagnósticos que pueden ser compartidos en materia de caída del salario, la precariedad laboral, el desempleo, el sobre trabajo, el deterioro de los ingresos populares en general, sean trabajos en relación de dependencia o aquellos en situación de irregularidad por la impunidad empresarial, la diferencia está en “la política”. El deterioro socioeconómico es algo que corroboran las cifras oficiales provistas por el Ministerio de Trabajo y difundidas por el INDEC, asumidas por las autoridades económicas y el gobierno. Lo que se debate es “la política”. No ha habido posibilidad de unidad del movimiento obrero, social y popular para plantear un rumbo, una política en común para resolver los problemas objetivos en los que todos coinciden, que tienen un efecto e impacto socio-económico dramático y regresivo en materia de la pobreza, la indigencia, el deterioro de la condición de vida de la mayoría de la población que vive de la venta de la fuerza de trabajo. Por eso este 1ro de mayo debe pensarse como fecha histórica que pone en evidencia la crisis política que hay en la Argentina. Que no es solo una crisis que remite a quien gobernará el país en función del proceso electoral de renovación presidencial de este año. Asistimos a un proceso político lleno de incertidumbres, sin candidaturas que estén definidas, especialmente de quienes disputan el gobierno en el país. El proceso político está en curso con elecciones provinciales que se vienen sucediendo hasta las “primarias” de agosto próximo, que definirá el escenario de la disputa por la gestión del capitalismo local, a resolverse en octubre y noviembre en caso de balotaje. La crisis política no es solo en materia de quien gobernara la Argentina a partir de diciembre, también atraviesa la propuesta de acumulación de poder popular. Dentro del poder se discute cuáles son los acuerdos que hay entre las principales coaliciones políticas que definen el gobierno de la Argentina para intentar superar la crisis. El embajador estadounidense propuso un gran acuerdo para hacer gobernable al capitalismo local, un gran acuerdo programático, de lo que hay que hacer para superar los problemas actuales, especialmente la inflación y la estabilidad de ella derivada. Un ejemplo de “acuerdo” estratégico ocurrió por la deuda pública, especialmente con el FMI, verdadero condicionante de la política en el país, siendo un tema que estuvo en todos los debates del 1ro de mayo. El acuerdo con el FMI tiene en la base ser un producto del consenso estructural de las principales coaliciones que definen la hegemonía política en el país, incluso con relativa oposición de sectores de la coalición gobernante, tal como lo manifiesta públicamente la vice, que demanda revisión, contra la anulación enarbolada por variados actos de la conmemoración en el día internacional de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. La coalición opositora se jacta de que el acuerdo con el FMI es gracias al apoyo parlamentario que le otorgaron a la propuesta del poder ejecutivo que es quien negoció con el FMI este acuerdo incumplible. Es una realidad comprobada desde hace 40 años, ya que todos los turnos desde 1983 renegociaron la deuda con acuerdo político. La devaluación es la demanda del poder En la gestión de Sergio Massa desde que asumió a comienzo de julio 2022 ha visitado la sede del FMI en Washington en reiteradas ocasiones demandando flexibilizar las incumplibles metas acordadas en marzo 2022. Tarea posible por los históricos y renovados lazos del ministro con la política norteamericana. Ahora la discusión es si el Fondo anticipará, aunque sea una parte de los recursos que tiene que desembolsar hasta fin de año para poder de alguna manera resolver la corrida cambiaria y las presiones de devaluación del poder económico y del poder político. Un poder que construye consenso social mediático con el discurso hegemónico de profesionales, periodistas y panelistas a sueldo que pregonan como solución la devaluación del tipo de cambio, exacerbada con los delirios por la dolarización del ultra liberal Javier Milei. Los propios economistas del oficialismo avanzan en una devaluación “micro”, cotidiana (“crawling peg”), para evitar hablar de una mega devaluación. Esas minis devaluaciones acompañan un proceso inflacionario que crece, y que en abril superará al 7,7% de marzo. Un valor que escandalizó y motivo a una actualización del tipo de cambio oficial que afecta los ingresos populares y la capacidad de satisfacer necesidades. Todo en el marco de una brutal especulación que disparó el dólar ilegal a casi 500 pesos y que, aun retrocediendo por acciones dispuestas desde las autoridades, la realidad es un nuevo piso en la cotización, lo que convalida una aceleración de la devaluación. Toda devaluación afecta los ingresos populares. Por eso sostenemos que se trata de una crisis política, no solo de los que se disputan quien gobernará la Argentina, sino que hay una crisis de política de respuesta alternativa, de un movimiento obrero, social, popular, extendido y fragmentado que lleva adelante un conjunto de propuestas y actos políticos críticos que no terminan de condensar en una propuesta política alternativa que entusiasme a la población para comenzar un proceso de transformación integral en la Argentina. Una propuesta que no privilegie la tasa de ganancia o las expectativas del poder económico, sino la necesidad de satisfacer necesidades sociales extendidas de la mayoría de la población en el país. Es el desafío político que deja el primero de mayo de 2023. Buenos Aires, 2 de mayo de 2023