En la cadena nacional del pasado 26 de
marzo, la Presidente de la Argentina anunció un conjunto de medidas que apuntan
a sostener, según manifiestan desde las propias autoridades: el consumo, la
producción y el empleo. Son anuncios en momentos de desaceleración de la
economía local y una fortísima recesión de la producción industrial en la
Argentina.
Junto a los anuncios se informó de la
importante cosecha agraria, datos que contrastan con la evolución de la
producción manufacturera, por lo cual, varios de los planes lanzados apuntan a compensar
la caída de la producción, la que se asocia a los problemas derivados de la
crisis mundial.
Resulta interesante que se reconozca a
la crisis mundial capitalista como trasfondo de los problemas locales, una
cuestión soslayada no hace muchos años, con mejores datos de la evolución
económica local. Entonces parecía que el país estaba afuera del mundo
capitalista y de su crisis. El retroceso global y especialmente de Brasil
impacta seriamente en la producción y venta al exterior de la producción manufacturera,
especialmente de automotores, que en un año bajó más del 22%. Lo que preocupa
es el retorno del problema social del desempleo y el subempleo, consecuencia
esperable del retroceso económico.
Los
anuncios
Ese es el marco para anuncios muy
diversos que supone estimular el consumo. Varias veces hemos sostenido que no
alcanza con acercar dinero a los bolsillos de la población, incluso a los más
necesitados, sin al mismo tiempo discutir el modelo productivo, es decir que es
lo que se produce y para satisfacer que necesidades. De este modo, sin discutir
el contenido y carácter de la producción se termina fomentando el consumismo y
con él la producción y circulación monopólica.
Queda claro el tema cuando se estimula
la utilización de mecanismos electrónicos para descuentos en el consumo en una vasta
cadena comercial monopolizada por grandes complejos productivos y de
circulación, mayoritariamente de capitales externos; la financiación de automóviles
para el servicio de taxis en una zona metropolitana sobrepoblada de rodados que
afecta el tránsito y el medio ambiente, sin considerar las dificultades para la
importación de autopartes esenciales para la industria automotriz. Algo similar
ocurre con los descuentos y financiación para la línea blanca, con la renovación
de heladeras y lavarropas. El atenuante es que se intenta privilegiar a
sectores de ingresos medios y bajos al excluir equipos de alta gama. Un elemento
interesante es la búsqueda de ahorro de energía, por la salida de operación de
equipos en uso con elevado consumo energético, en momentos en que el déficit de
energía es importante en el país.
Una novedad a destacar es el cambio de
los subsidios en el uso del gas en garrafa, donde se plantea un cambio en el otorgamiento
del beneficio, de la oferta a la demanda.
Desde ahora e involucrando a 2,5
millones de usuarios de gas en garrafa, sobre 4,5 millones que utilizan garrafas,
el Ministro de Economía anunció depósitos en efectivo para resolver vía mercado
y a precio de mercado la compra de las garrafas.
El sentido parece adecuado, finalizando
el mecanismo de beneficiar a empresarios de la producción o del comercio, tal
como ocurre hasta ahora, o como acontece con el transporte u otros servicios
públicos.
Aunque claro, el problema sigue estando
en las insuficiencias del consumo familiar popular por escasos ingresos
derivados de la actividad laboral o los subsidios de la política social, con
6.000 pesos promedio de ingresos salariales entre los trabajadores en la
Argentina. El asunto es que el gas para pobres es el gas en garrafas, el más
caro.
Un interrogante es si esos recursos
tendrán finalmente el destino en las garrafas y más aún, cual es el precio de
mercado a pagar en el amplio territorio de la pobreza.
Aunque se piense que la pobreza
estigmatiza, tal como señaló el Ministro de Economía esta semana, la realidad
es que son variados los subsidios que se requieren para sostener la capacidad de
consumo popular, o mejor aún, hay que poner en discusión y a fondo la
distribución del ingreso y la riqueza en la Argentina, sin perjuicio de
resolver estadísticas en serio que permitan definir la cantidad de pobres y su
localización para combatirla seriamente.
El
paro del 31 de marzo
Eso es precisamente lo que discute el
próximo paro nacional del martes 31 de marzo, la distribución del ingreso y de
la riqueza.
Iniciado con el argumento crítico sobre
el impuesto a las ganancias, especialmente a los ingresos fiscales derivados de
la cuarta categoría; la movida sindical se terminó extendiendo a un conjunto de
reivindicaciones salariales y laborales que alcanza al reclamo del 82% móvil
para los jubilados y pensionados; con una canasta de necesidades que impone un
ingreso mensual mínimo de 12.800 pesos según los cálculos de los trabajadores
de ATE-INDEC; la convocatoria a discutir el salario mínimo vital y móvil y otros
aspectos atinentes al Consejo del Salario, como los problemas de la
precarización en el empleo y la productividad, apropiada como ganancias por las
patronales.
Pero más aún a reivindicaciones
políticas como la eliminación de la ley antiterrorista y la renuncia del
denunciado Milani al frente del ejército, como la constitución de una Comisión
Investigadora Independiente para resolver el atentado impune a la AMIA, como parte
de la impunidad asociada a variados y reconocidos casos judiciales.
Pero aun considerando solo la cuestión
impositiva, mientras los trabajadores discuten sobre el impuesto a las
ganancias, desde el gobierno se acaba de anunciar una nueva moratoria
impositiva por 10 años, que involucra a 1.200.000 morosos que adeudan a la AFIP
más de 60.000 millones de pesos. Son deudas impositivas y de contribuciones por
la seguridad social.
Evadir es algo que los trabajadores no
pueden hacer en el impuesto a las ganancias. El requisito para participar de la
moratoria es que no despidan personal y no renueven su carácter de morosos. La
moratoria es a tasa reducida, beneficiando una vez más a evasores, algo que no
ocurre con los sectores de menores ingresos, tributarios del regresivo régimen
impositivo en el país, que sigue teniendo como principal fuente de ingresos
tributarios al IVA, que incide mayormente sobre los sectores de menores
ingresos.
Es común que los trabajadores luchen
por sus reivindicaciones salariales y laborales, que a veces se extienden más
allá de una determinada patronal para protestar en contra de una política
económica. Por ello no sorprende que las motivaciones originales del paro
convocado para el próximo martes 31 de marzo tengan sustento en la crítica por
las contribuciones fiscales que realizan los trabajadores, nada menos que
aportando el 50% de toda la recaudación del impuesto a las ganancias.
Por su nombre, lo lógico sería que sean
los empresarios y sus ganancias los sujetos del tributo. Sin embargo, lo
novedoso en estos años, es que sean las personas físicas de la cuarta
categoría, trabajadores regulares y por cuenta propia los que sostengan la
mitad de la recaudación.
Difícilmente se encuentren fundamentos
en ese sentido entre los impulsores del tributo en sus orígenes. El impuesto a
las Ganancias se aplica desde 1974 y en reemplazo del impuesto a los réditos.
En estos días se recordó que fue Perón quien lo impulsó, y es cierto, que en
espíritu pretendía gravar las “rentas” que en el caso de los salarios apuntaba
a los grandes ingresos gerenciales, asunto distorsionado con la no
actualización del mínimo no imponible ni de las escalas que tributan el
impuesto.
Por ello, muchos trabajadores paran aun
cuando las dirigencias sindicales afines al gobierno no se pronuncien
favorables a la medida de fuerza. El sentido mayoritario entre los trabajadores
es que aun cuando solo afecta a una parte de la clase, la imposición fiscal
afecta el ingreso familiar y anticipa la posibilidad de convertirse en
contribuyente ante el mínimo ajuste de salarios. La inminencia de las
negociaciones colectivas anticipa la preocupación de muchos que pueden transformarse
a corto plazo en nuevos contribuyentes para sostener un gasto público que beneficia
al capital más concentrado, entre otras razones, cancelando deuda pública,
financiando la fuga de capitales, o asegurando políticas para la rentabilidad
empresaria.
Es un debate político sobre quienes
deben financiar al Estado, y más aún, al Estado capitalista. La lucha de los
trabajadores en este paro nacional no es sola por razones económicas, sino
también por cuestiones políticas.
Por ello, el éxito de la movilización
trasciende cualquier motivación de los propulsores y tiene sentido desde la
necesidad de luchar contra el régimen del capital, el que asegura inequidad en
la distribución del ingreso y de la riqueza, sostenido desde la propia política
del Estado capitalista.
Buenos
Aires, 27 de marzo de 2015
