¿Fin del consenso privatizador?

Existe la sensación que llegó el final del consenso social sobre las privatizaciones. La gota que rebalsó el vaso ocurrió la semana pasada con la muerte evitable de 51 personas y más de 700 heridos, con el desastre acontecido en la estación once del recorrido del tren Sarmiento concesionado a TBA.

Aludimos al fin de un consenso privatizador generado en las últimas 4 décadas, primero como campaña ideológica en tiempos dictatoriales, en los 70´ y 80´, y acción deliberada (técnica, operativa y económica) para deteriorar a las empresas públicas. Luego de algunos intentos frustrados, la privatización se materializó y generalizó en los 90´, para constituir desde entonces un fenómeno estructural del orden económico y social contemporáneo en la Argentina.

Ya pasaron 20 años desde su instrumentación iniciadora, donde la “iniciativa privada” todo lo resolvería. Fue una política consensuada en origen e ideológicamente trabajada durante años, claro que también con violencia explícita. Recordemos la frase “ramal que para, ramal que cierra” pronunciada desde el menemismo.

La agresión violenta a los trabajadores ferroviarios que resistieron la privatización del tren, muy bien relatada y documentada en el “Ferrocidio” de Juan Carlos Cena, vuelve sobre los trabajadores usuarios y laburantes del tren con violencia y muerte. Es la agresión de la ofensiva del capital de ayer y de hoy por la subsistencia de la lógica de la ganancia maximizada.

Las privatizadas cuestionadas. ¿Qué estatización y qué Estado?

Hoy son evidentes las falencias en el abastecimiento de combustibles y energía, y más aún en el servicio de transporte ferroviario, sin hablar del ruinoso estado que dejó la privatización a la línea aérea. Ya no hay encanto social con la privatización.

El lema había sido la ineficiencia del Estado para administrar las empresas públicas. Qué curioso, ahora, al final del recorrido de dos décadas de privatizaciones, nos encontremos con empresas crecientemente financiadas con fondos públicos y gestionadas privadamente, incluyendo el uso especulativo de los recursos asignados por el Estado para el funcionamiento operativo de las empresas.

Las privatizaciones que levantaron la bandera de la eficiencia empresaria de los “privados”, solo funcionan con el sostén del Estado. Solamente en ferrocarriles se gastan 10 millones de pesos diarios en subsidios.

Los subsidios estatales dan cuenta de la posibilidad financiera del Estado para hacerse cargo de las empresas de servicios públicos, claro que ello supone discutir el conjunto de la asignación presupuestaria. No se trata de estatizar y mantener el desastre ferroviario actual. La estatización continuadora perpetuaría la ineficiencia y el mal servicio reinante.

¿El actual destino del gasto público resulta el necesario para un funcionamiento alternativo del Estado? Solo a modo de ejemplo veamos que entre 2003 y 2011 el gasto total en remuneraciones del sector público nacional se redujo del 16,1% al 11,3%, mientras que las transferencias al sector privado pasaron del 3% en 2007 al 9,5% en el 2011. Claro que no solo se trata de cantidades, de montos, sino también de discutir las funciones necesarias a cubrir por el personal estatal, junto a la participación de los usuarios de los servicios públicos y de los ciudadanos en la cuestión estatal.

En el mismo sentido debemos interrogarnos sobre las fuentes de ingreso del Estado Nacional. Sigue siendo el IVA el principal tributo en el país, y es sabido su impacto regresivo entre los sectores de menores ingresos. En segundo lugar aparecen los ingresos tributarios por el impuesto a las ganancias, pero una parte de esos recursos provienen de trabajadores que reciben sueldo y no ganancias, mientras se eximen los excedentes generados en el mercado de capitales o en el financiero. Ni hablar de la evasión y elusión impositiva pese a la legislación vigente, sea la penal tributaria, o contra el lavado, que explica en el argumento oficial la “necesidad” de la represiva Ley antiterrorista.

Lo que pretendemos decir es que no alcanza con terminar con las privatizaciones ferroviarias o petroleras, entre otras, si no que se debe reformar el Estado, su régimen tributario, financiero y especialmente discutir su papel en la organización de un modelo productivo que modifique el beneficiario de su accionar, atendiendo a las insatisfechas necesidades sociales.

El cambio de opinión que se percibe en la sociedad, que menciono como fin del consenso a las privatizaciones se asocia a la discusión con las petroleras, especialmente REPSOL, empresa de proyección regional y mundial merced a la entrega de la estatal Yacimientos Petroleros Fiscales hace 20 años. España no es potencia petrolera, pero sobre la base de YPF se proyectó en la región latinoamericana, caribeña y en el mundo como una de las grandes en el negocio del oro negro. La respuesta gubernamental es por ahora amenazante, sea por declaraciones del poder ejecutivo nacional, o de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos. La sensación es que ya no se espera una respuesta mágica desde la iniciativa privada, la que solo privilegia la lógica de la ganancia.

Terminar con la institucionalidad neoliberal

La demanda social está para más y demanda la salida de un condicionante estructural que remite a las reformas neoliberales, de apertura económica y liberalización; de desregulación y privatización; de precarización laboral, superexplotación y marginalización vía indigencia y empobrecimiento estructural de millones de personas.

Existen expectativas de que se asuma una política pública en ese sentido, aunque la garantía solo está en la masividad del clamor por abandonar el sentido común privatista. Son abundantes los ejemplos en la historia que indican que la conflictividad extendida de la sociedad es la que define cambios estructurales de funcionamiento social. Es la experiencia reciente del 2001 respecto del régimen de convertibilidad. Fue la movilización social la que determinó el fin de la “estabilidad monetaria” erigida como valor supremo entre la élite política, claro que con aceitados consensos socialmente manipulados.

Apuntamos al petróleo y la energía, a los ferrocarriles y al transporte en general, pero también a la recuperación de la soberanía financiera desmantelando el aparato jurídico y de política financiera legado por la dictadura. Claro que también supone la brega por la soberanía alimentaria, algo imposible sin modificar el modelo productivo sojero, concentrador y de subordinación a la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. La soja y la mega minería son legados del auge neoliberal de los 90´.

Se trata de recuperar soberanía, energética, financiera, alimentaria, en toda la línea. Ese será el mejor homenaje a quienes murieron por la desidia empresaria y la complicidad de los organismos de control (por lo menos de aquellos que no consideraron informes críticos) para asegurar las privatizaciones para la ganancia.

Retomar una discusión sobre el papel del Estado en tiempos de crisis capitalista aparece como el desafío que pueda superar las consecuencias del desastre evitable en la estación Once.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2012

Salarios y petróleo en el debate actual

Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos del 2012 se encuentra la cuestión salarial y la petrolera.
En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por el conflicto que puede resultar de la puja distributiva.
La cuestión petrolera se agudizó con la verificación del volumen de importaciones por energía (gas natural y licuado, gas oil, fuel oil y electricidad) del 2011 por 9.397 millones de dólares, equivalente en valores al monto del superávit comercial, que alcanzó el año pasado a 10.347 millones de dólares.
En ambos casos preocupa la evolución de las variables en consideración, sea por el conflicto social, los impactos en la macroeconomía, o por el sustento de provisión energética para el presente y futuro mediato.
Salarios, ingresos populares e inflación
Todos los pronósticos auguran un menor crecimiento económico para el 2012. Existen expectativas de menores compras desde el exterior, por compradores en recesión, o en desaceleración económica; por lo que preocupan las tendencias del consumo y la inversión, principalmente de quienes actúan en el mercado interno.
La política económica del gobierno pretende mantener los niveles de consumo privado logrados en estos años, afectados ahora por disminución de subsidios y un recurrente encarecimiento de precios, más allá de los indicadores oficiales de inflación.
Ello explica el nuevo intento de la Secretaría de Comercio por lograr reducciones de precios de algunos productos de consumo masivo, intentando promediar subas y bajas para mantener el nivel de actividad económica y el consumo.
En el mismo sentido apunta la intención de sustituir importaciones para la industria con producción local, lo que supone influir al mundo empresario para cambiar proveedores, sea por propia convicción o estableciendo restricciones a las compras al exterior. Todo indica que se terminan imponiendo las restricciones, más que el convencimiento de encarar una nueva sustitución de importaciones, y contrario a lo pensado, ante las restricciones al ingreso de algunos productos, la respuesta empresarial transita el aumento de precios, convalidados por un consumo de sectores de ingresos medios y altos no sujetos a presiones por el alza que supone atender su canasta de bienes y servicios.
Vale interrogarse si es posible reanudar la “industrialización sustitutiva de importaciones” en momentos de hegemonía capitalista de las empresas transnacionales. No se le puede hablar al poder económico con argumentos sentimentales, pues solo responden a la lógica de las ganancias, de la acumulación y de la dominación.
Se intenta bajar algunos precios, o por lo menos congelarlos en el corto plazo; al tiempo que se pretende estimular la producción local para un modelo de producción dominado por transnacionales, cuya lógica de obtención de ganancias y de inversiones se definen en el marco de la crisis mundial, especialmente grave en los países sede de esas firmas y por lo tanto, demandante de recursos para sortear los problemas.
En este marco vale considerar a los salarios y las condiciones de trabajo como un costo de producción, con unos precios que los trabajadores pretenden acrecentar y los patronos reducir. Aunque el gobierno pretende arbitrar con equidistancia, vale confirmar que sus objetivos explícitos apuntan  a la reducción de los precios; y el salario es un precio, el de la fuerza de trabajo. Ese precio involucra el sueldo mensual y todos los complementos, sean las asignaciones familiares o la ayuda escolar que fueron perdiendo su carácter universal para ser restringidas desde un tope, no corregido en los últimos años y por lo tanto, en forma creciente una cantidad importante de trabajadores fue resignando ese beneficio.
Algo similar ocurre con las retenciones del impuesto a las ganancias a quienes perciben salario en situación regular. A medida que se incrementan los ingresos, crecientes masas de trabajadores se convierten en contribuyentes, sujetos de tributación.
Las limitaciones de la salud pública y de las propias obras sociales, especialmente en prestaciones de alta complejidad, obliga a los trabajadores y sus familias a destinar sumas importantes con ese fin, detrayendo capacidad de compra para otros consumos.
Modelos sindicales en disputa
Un elemento sustancial en la defensa del precio de la fuerza de trabajo es la organización sindical y de lucha, deteriorada recurrentemente bajo el terrorismo de estado primero y por la ofensiva contra el derecho protectorio del trabajo bajo gobiernos constitucionales.
El poder de los trabajadores fue atacado por el terror directo ejercido sobre los cuerpos y las mentes. Sobre esa base operó el terror a la hiperinflación y al desempleo o la precariedad. El modelo sindical de negociación opera sobre esas condiciones estructurales, determinadas por la impunidad empresaria y la dominación.
La subordinación de buena parte del movimiento sindical al proyecto político hegemónico contribuyó en estos años a limitar la protesta, aunque la coyuntura política de enfrentamiento del titular de la CGT con el gobierno alienta la potencialidad de una mayor conflictividad en unidad de acción con la CTA, más allá de modelos sindicales diferenciados.
En sentido general, la lucha de clases se manifiesta en materia económica en la disputa por la apropiación de la renta nacional. Los capitales más concentrados tienen en los mecanismos del mercado, especialmente en la suba de precios, la capacidad de apropiarse de una cuota mayor de esa riqueza social. Así, la inflación es un fenómeno redistributivo de la riqueza, a favor de aquellos que tienen  condiciones para imponer los precios.
La inflación es un dato de la realidad y los trabajadores sufren el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos laborales. Ni hablar de aquellos que reciben “planes” a valores congelados y fuertemente afectados por el crecimiento de los precios de una canasta familiar crecientemente de subsistencia.
Un dato novedoso de la coyuntura es la tendencia creciente al reclamo y la protesta del movimiento de trabajadores, haciendo más complejo el escenario político y económico, pues ya no está sola la impunidad patronal y el rumbo unilateral de aliento a las ganancias empresarias. La constitución de subjetividad entre los trabajadores habilita el debate sobre modelo sindical y proyecto productivo y de desarrollo.
El petróleo y el debate por la soberanía
La cuestión es historia antigua y se remonta al fenómeno de la privatización petrolera, hace ya 20 años, cuando Menem y Cavallo iniciaron el proceso de entrega de la empresa pública nº1 de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que solo quedó la sigla de fantasía YPF bajo la propiedad de la española REPSOL y últimamente incorporado a la propiedad y gestión el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi.
Entre las primeras medidas luego de las elecciones de renovación presidencial se dispuso la obligatoriedad de liquidar el 100% de las ventas al exterior a empresas mineras y petroleras. Se argumentó la necesidad de ingresar divisas al país ante las limitaciones estructurales que se presentaban para sostener el equilibrio de la macroeconomía con superávit comercial y fiscal.
Se agudizó el conflicto con las petroleras en enero con la denuncia gubernamental por sobreprecios en la venta de gasoil al por mayor, lo que obligó a una disminución de precios de venta. Ahora se adiciona la quita de subsidios por 2.000 millones de pesos por los programas Refino Plus y Petróleo Plus, con el argumento de objetivos de inversión cumplidos. Está claro que mejora la ecuación fiscal y afecta ingresos de las petroleras, principalmente YPF.
La amenaza de la estatización apareció en escena con el objeto de presionar a la mayor petrolera a reinvertir sus excedentes y cooperar en resolver el déficit energético, agudizado por las condiciones de cambio climático que provoca el mayor uso de la capacidad instalada. La importación energética es ya una constante y de difícil solución en el corto plazo si no se modifica el modelo energético en curso desde la privatización petrolera, sellada con la reforma constitucional de 1994 con la provincialización de los recursos naturales.
El petróleo es insumo estratégico de la producción contemporánea y es parte de la crisis capitalista en curso. La crisis energética y medio ambiental son parte de la misma crisis mundial del capitalismo y convoca a discutir si el camino de soluciones debe transitar la profundización del modelo energético propiciado desde la privatización, o si se debe pensar en términos alternativos.
Ello supone ir más allá de la cuestión petrolera y energética, pues lo que se discutiría es el modelo productivo del cual el petróleo es insumo estratégico. Significa debatir en términos de soberanía energética, otro modelo productivo y otra integración, asentada en la articulación productiva regional para satisfacer necesidades populares y no una lógica de ganancias sustentadas por las transnacionales.
Ir más allá de la coyuntura
En rigor, la discusión salarial y petrolera pone de relieve la necesidad de analizar el trasfondo estructural del crecimiento económico de estos años, y más aún, la estructura económica social derivada de ello.
Es una cuestión que supone discutir beneficiarios y perjudicados del orden económico contemporáneo, exacerbado con la crisis en curso. Se trata de responder a la crisis capitalista desde otro orden social posible, eje de la argumentación emancipadora contemporánea.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012.

Declaración de la Asamblea de movimientos sociales, Porto Alegre (RS), Brasil, 2012

              Nosotros, pueblos de todos los continentes, reunidos en la Asamblea de movimientos sociales durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental,  luchamos contra las causas de una crisis sistémica que se expresa en una crisis  económica, financiera,  política, alimentaria y ambiental, colocando en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo.

               En este espacio nos reunimos desde nuestra diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.

Lucha contra las transnacionales

Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria

Lucha por la eliminación de la violencia a la mujer

Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios.


       Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.

          La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña élite, tanto en los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran mayoría de la población. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, ambiental y de género, son la llave para el enfrentamiento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo de un Estado libre de las corporaciones y al servicio de los pueblos.

         El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales a su servicio, no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora intentan imponernos la “economía verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida. Rechazamos todas las falsas soluciones para esas crisis, como los agro-combustibles transgénicos, la geo-ingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema.

La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo capitalista. El intento de “enverdecimiento” del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la “economía verde”, es una alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.

         Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de control de sus vidas y sus cuerpos. Además,  el aumento de la explotación de su trabajo para atenuar los impactos de la crisis y mantener el margen de ganancia constante de las empresas. Luchamos contra el tráfico de mujeres y de niños, las relaciones forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista.

         Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en varios países. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas veces justifica las ocupaciones militares. Nos manifestamos contra la permanente violación de los derechos humanos y democráticos en Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en Colombia y el criminal bloqueo a Cuba que completa 50 años. Luchamos por la liberación de los 5 cubanos presos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Afganistán. Denunciamos el proceso de neo-colonización y militarización que vive el continente africano y la presencia de la Africom. Nuestra lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y contra la OTAN.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo contra la lógica depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnacionales, en particular, con la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos la criminalización de los movimientos sociales.

El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas por justicia social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos y todas tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas que hace imprescindible acciones por la democratización de los medios de comunicación, controlados hoy por grandes conglomerados, y contra el control privado de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo exige el desarrollo de una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros procesos.

Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la reforma agraria como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la ALBA.

La lucha por el fortalecimiento de la educación, ciencia y tecnologías públicas al servicio de los pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven urgentes una vez que persiste su mercantilización y privatización. Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los estudiantes chilenos, colombianos portorriqueños y de todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de estos bienes comunes.

Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay salida dentro del sistema capitalista!

Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos nuestras luchas y que movilicemos masivamente.

Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora de movimientos como la Primavera Árabe, Ocuppy Wall Street, los indignados y la lucha de los estudiantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordinadas a nivel mundial. Debemos contribuir a la emancipación y auto-determinación de nuestros pueblos, reforzando la lucha contra el capitalismo.

Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos humanos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, reforzando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de apartheid contra el pueblo palestino.

Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Rio+20. 

Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!

Porto Alegre, 28 de enero de 2012


Asamblea de los Movimientos Sociales

Los debates en los Foros mundiales

Es un hecho desde el 2001 la confrontación anual de dos lógicas de análisis de la realidad económica mundial. Hace más de 10 años que surgió el Foro Social Mundial (FSM), en paralelo y en réplica al Foro Económico Mundial (FEM), surgido en 1971, hace 40 años.
Uno expresa el debate de la élite mundial, con más del doble de guardias que los custodian de la resistencia popular que rodea los cónclaves del poder. El otro, desde la autogestión, convoca a decenas de miles que desde la subalternidad debaten y construyen una búsqueda por organizar alternativas al orden vigente.
En ambos se procesan interrogantes, dudas y controversias. Unos por restablecer el orden capitalista y por ende la ganancia, el crecimiento y el consenso social de que otro mundo es imposible. Ese es el razonamiento que los lleva a discutir el capitalismo en el Siglo XXI. En los otros, la búsqueda se empecina en darle carnadura y visibilidad a “otro” orden económico, social, político y cultural para transformar la realidad. Es una mirada desde los de abajo, sin edulcorarla, puesto que los debates apuntan a rumbos a veces contrapuestos, sin síntesis superadoras en la experiencia del decenio transcurrido.
Lo concreto es la continuidad por una década de un debate en contraposición, manifestando la existencia de sujetos en pugna y de proyectos en discusión en uno y otro de los Foros, dando cuenta de un tiempo de crisis que anima una agenda que puede construir nuestro futuro, en el sentido que propone el frío de Davos, o en la calidez de Porto Alegre.
El Foro de Davos, el Foro del poder mundial
Las motivaciones del FEM aludían a la necesidad de los capitales más concentrados, en pleno despliegue de la crisis capitalista de esos años, manifestada como crisis monetaria, energética, ecológica; importante recesión, inflación, con reducción de las ganancias, e importante poder de los trabajadores, con un difundido imaginario por el socialismo y el cambio social anticapitalista. A comienzos de los setentas hacía falta renovar el discurso del poder económico y contrarrestar la hegemonía del orden “keynesiano” emergente a la salida de la segunda posguerra y que fuera la fundamentación teórica de los 30 años gloriosos entre 1945 y 1975.
En 1971, en Davos, Suiza, se concentraron propietarios, ejecutivos, gerentes, jefes de Estados e intelectuales orgánicos del poder para discutir el programa necesario para reinstalar el orden económico y social bajo el paradigma del libre comercio, que había sido soterrado por la bipolaridad de un desarrollo capitalista de Estado del Bienestar y el intento de organización socialista en el Este de Europa y otras latitudes del planeta (China, Cuba, Viet-Nam). Ese programa fue ensayado en Chile y en las dictaduras del terrorismo de Estado del Cono Sur americano, para instalarse en el Norte desarrollado con la restauración conservadora con Margaret Thatcher en 1979 y con Ronald Reagan en 1980, en Inglaterra y EEUU respectivamente.
Esa fue la plataforma de lanzamiento de la política neoliberal que una y otra vez fue discutida por 40 años en Davos y que sirvió de inspiración para políticas globales aplicadas por gobiernos nacionales y supervisados por organismos supranacionales, todos bajo el interés de los capitales transnacionales; todos los cuales se han constituidos en sujetos históricos de este tiempo del capitalismo. El debate inicial sirvió para construir la realidad de las décadas transcurridas, y el resultado es el funcionamiento del capitalismo con mayor nivel de inequidad, de desigualdad, con fortunas inaccesibles convergentes con 1.000 millones de hambrientos.
La cuestión es el agotamiento del “modelo” definido en este trayecto de cuatro décadas, y la necesidad de redefinir el presente y el futuro para retomar la “normalidad” de la explotación capitalista. Es el desafío planteado en la versión de 2012 del FEM. En ese sentido, Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos señaló que “No se pueden resolver los problemas con modelos superados”, convocando a superar recetas que sirvieron para desmantelar el orden criticado a comienzos de los 70´ y pensar con las claves del capitalismo de esta época, que lo imaginan bajo la batuta de la “economía verde”, una suerte de privatización de la naturaleza.
El primer interrogante que se les suscitó a los miles de dirigentes empresarios y representantes de gobiernos de 40 países remitió a si el capitalismo del Siglo XXI le está fallando a la sociedad del Siglo XXI, en clara alusión a la larga crisis iniciada en 2007 y que se prolonga sin final a la vista en las principales potencias del capitalismo mundial. La desazón de una recesión inacabada, de impactos sociales que se generalizan con sus respectivos conflictos de “indignados” por doquier, desde África a Europa, Israel o EEUU, suma un mapa de rebelión que solo atinaba a expresarse en los 90´ en nuestra América.
El lema en discusión por estas horas reza “La gran transformación. Dando forma a nuevos modelos”, en el mismo momento donde los pronósticos de la ONU y los Organismos Internacionales son poco alentadores sobre el panorama económico de mediano plazo, es decir, más allá, aún, del 2012.
En la sesión inaugural la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, demandó por más Unión Europea, en lo que debe leerse mayor subordinación de los miembros al dictado del imperialismo alemán y sus empresas, con ajustes y desmantelamiento de los remanentes del Estado de Bienestar en el viejo continente.
Ya no se discuten los eufemismos de la “cooperación para el desarrollo” que poblaban anteriores encuentros, como una dádiva de los ricos a los pobres. El problema se concentra en la “solución” de la crisis de los grandes de la economía mundial. A los más débiles se les propone el “ajuste” más crudo junto al recetario de apertura y liberalización. Ni hablar de las dimensiones alimentarias, energéticas o medioambientales de la crisis contemporánea.
Se trata de salvar empresas y bancos transnacionales en problemas. La insignia alemana preside las “soluciones” de época en la vieja Europa, intentando sostener una moneda, el euro, en disputa con el dólar, moneda de su rival en la dominación capitalista. Ni el euro logró emerger en la década de existencia como moneda global hegemónica, y el dólar sufre las consecuencias del debilitamiento estructural de la economía estadounidense y las experiencias de autonomía monetaria en el comercio mundial que empuja China y otros “emergentes”. Son variados los países del mundo que suscriben acuerdos “swap” con China para intercambiar y garantizarse mutuamente con monedas locales (Argentina y otros países de la región latinoamericana; de Asia y de África lo vienen realizando).
El Foro por el “otro” mundo posible
No puede pensarse en la convocatoria del 2001 sin las resistencias populares de los 80´ y los 90´ en nuestra América, contra el ajuste y las reformas estructurales, de privatización, descentralización, precarización del empleo, superexplotación y liberalización de la economía.
Por eso la cita fue en Porto Alegre, gobernada entonces por el Partido de los Trabajadores, entonces un Partido de Izquierda, de bandera roja y con un líder obrero metalúrgico, que reconocía como principal aporte la construcción de un “presupuesto participativo” que expresaba las banderas de la democracia participativa enarbolada por la izquierda luego de la caída del este de Europa y la pérdida del imaginario socialista en el movimiento popular mundial.
El encuentro de variadas expresiones de la institucionalidad popular construida en la resistencia animó las discusiones en el FSM y habilitó el camino de la transformación de movimientos populares en lucha contra el neoliberalismo y el capitalismo en soportes de nuevos gobiernos que discutían la argumentación hegemónica de las políticas de los años previos. El FSM es producto de la lucha que contribuyó a modificar el mapa político de la región en la primera década del Siglo XXI. Cada uno de los gobiernos de la región latinoamericana que generaron y aún generan expectativas en los pueblos del mundo tiene sustento de origen en aquella resistencia y en el ideario crítico, con matices, sustentado en la historia del FSM. Uno de los temas en debate en la presente versión y aún en las últimas se asocia a la cooptación de varios de los movimientos, o de sus lideranzas por los gobiernos, en una fusión entre movimientos y gobiernos, o movimientos y Estados.
El debate se convoca bajo el lema de “Crisis capitalista, justicia social y ambiental”, preparando las condiciones de movilización y debate para la Cumbre +20 a realizarse en Río de Janeiro en junio próximo, a 20 años de la Cumbre de la Tierra, donde se hizo evidente la dimensión ecológica de una crisis que se profundiza en el presente. Es que el modelo productivo asentado en la depredación de los bienes comunes se potenció en nuestra región, haciendo ampliamente funcional a nuestra América a la demanda de petróleo, gas, cobre, litio, tierra, agua, de las principales potencias económicas del capitalismo mundial. Convengamos que uno de los límites del FSM transcurre entre quienes imaginan la posibilidad de cambios sin modificar el sistema capitalista, que los lleva a propuestas dentro de lo posible, de lo permitido, sin apuntar a discutir a fondo el orden capitalista, posición sostenida por aquellos que animan al interior del FSM la asamblea de movimientos y que empujan un cronograma de acciones que pueda pasar de la defensiva a la ofensiva por otro mundo posible. Entre otras iniciativas se piensa en una campaña continental contra la “economía verde”, un nuevo ALCA que requiere ser contrarrestado.
La cita del 2012 reúne experiencias de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios, mujeres, estudiantes; de la economía solidaria, cooperativa, autogestionaria; como iniciativas de educación popular, resistencias contra el negocio inmobiliario y por el hábitat popular, por el empleo. Siendo un clásico, la inauguración se realizó con una gran movilización por las calles de la ciudad, en lo que anticipa la gran manifestación en la cumbre popular sobre los problemas de la tierra en la ciudad carioca a mediados de año.
El escenario está montado. Ya no existe el pensamiento único imperante en décadas pasadas. Sin síntesis, el debate se reanima entre visiones de avanzar por el camino de lo posible o ir más allá, extendiendo la mirada del otro mundo posible por la senda de la alternativa al capitalismo en crisis. Lo novedoso son los indignados, paso inicial de una protesta que se inscribe en la búsqueda de construcción de alternativas. En ese rumbo se construyen sujetos que proyectan rumbos de transformaciones sociales y fuerzas políticos sociales que asuman la iniciativa necesaria del cambio social por otro mundo posible.
Buenos Aires, 27 de enero de 2012

Artículo que recoge declaraciones mías sobre el Foro Social Mundial

Se realiza el Foro Social Mundial en Brasil y será inaugurado formalmente el jueves por la presidenta Dilma Rousseff

Porto Alegre - Julio Gambina dijo que el desafío de los movimientos populares es determinar la sociedad en la que vivir, ya que “no se puede seguir depredando los recursos naturales”.

Una multitudinaria marcha marcó el inicio en la ciudad brasileña de Porto Alegre del Foro Social Mundial 2012, que será inaugurado formalmente el jueves por la presidenta Dilma Rousseff.
El foro tiene como tema "Crisis capitalista, justicia social y ambiental", y prepara la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará paralelamente a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20), a realizarse en junio en Río de Janeiro.
El economista Julio Gambina, quien participó de todas cumbres que se realizaron en Brasil, sostuvo que el espacio de debate atraviesa una etapa de fuerte discusión debido a que nació como “una gran iniciativa política de los movimientos populares en enero de 2001, donde recogía toda la resistencia de la década del ’80 y del ’90”. 
Explicó por Radio Provincia que “esos movimientos de resistencia se constituyeron en gobiernos en muchos países de América Latina y, cuando se confunden con el Estado, pasan de una política de movilización social a defender las políticas públicas”.
Ejemplificó que en la Argentina hay muchas organizaciones populares que quedaron “atrapadas” en la aprobación de la Ley Antiterroristas, ya que “todos los legisladores del gobierno disciplinadamente votaron la ley, lo que genera mucho ruido en los movimientos sociales”, ya que se trata de una ley represiva que “se sancionó condicionada por el GAFI, un organismos de segunda que no tiene incidencias a nivel mundial”. Sin embargo, Gambina señaló que “si Argentina quiere ser parte de los que toman decisiones de la liberalización de la economía a nivel mundial, tiene que cumplir con algunas normas y reglas”.
El economista repudió que la Argentina y Brasil participen del G-20, debido a que “se trata del ámbito de promoción del neoliberalismo a escala mundial, donde se alientan las políticas de ajustes ante la crisis europea”. En ese marco, pidió “imaginarse la reacción de los movimientos sociales que han empujado la presidencia de Lula Da Silva al ver cómo sus gobiernos coparticipan de las reuniones que definen los ajustes mundiales”. Y agregó que “Brasil ha dado préstamos prácticamente sin intereses al FMI a cambio de mayores cuotas de poder dentro del organismo”.
Asimismo, recordó que en diciembre de 2007 se anunció que en tres meses se crearía el Banco del Sur pero resaltó que “todavía no lo tenemos por falta de decisión de la Argentina y Brasil”.
Gambina precisó que el nuevo Foro Social Mundial se realiza en este contexto y que el desafío de los movimientos populares ante la crisis del capitalismo mundial y la crisis de alternativas, es determinar la nueva sociedad en la que vivir, por cuanto “no puede seguir transitando estas sociedades depredadoras de los recursos naturales, donde hay un déficit de 64 millones de puestos de trabajo”. (Mate Amargo. Lunes a viernes de 17 a 19, AM1270)