La remarcación de precios es una cuestión de poder

No hay duda de que la principal preocupación de la economía argentina, sobre todo para la mayoría de la población de bajos ingresos, es la elevada inflación, resultado del proceso de remarcación de precios, una cuestión de poder. Desconocemos aun el índice de octubre pasado, que puede haber terminado con una suba de precios igual o superior que la de septiembre. La inflación había alcanzado un pico en el mes de julio, con un índice del 7,4%, que descendió al 7% en agosto y al 6,2% en septiembre. Esa curva descendente puede revertirse con el resultado que revele en los próximos días el INDEC. Es un hecho que en la perspectiva del 2022 la inflación anual se acerque al 100%. No hay ingreso popular (salarios, jubilaciones o subsidios personales) que se acerque a ese nivel de evolución, expresión de la depreciación del dinero en la Argentina. Muy pocos trabajadores y trabajadoras en organizaciones gremiales que han tenido capacidad de negociación colectiva para defenderse de la evolución de los precios pueden igualar o superar ese indicador La mayoría de los ingresos populares fijos, sean salarios jubilaciones o planes sociales, no cubrirán de ninguna manera una canasta de precios que en promedio tiende hacia las 3 cifras, en torno al 100%. Claro, sin considerar que en ese promedio hay una cantidad de bienes y servicios que hacen a la reproducción de la vida cotidiana que crecieron por encima. El problema inflacionario, insistiremos hasta el cansancio, lo sufren la mayoría de la población de menores ingresos, siendo en simultáneo un mecanismo de distribución del ingreso y de la riqueza que concentra ganancias y patrimonios en la minoría enriquecida de la población y actores económicos hegemónicos con independencia del origen del capital. El que “puede”, remarca ¿Quién provoca las remarcaciones de precios, el incremento que deriva en elevada inflación? Contestaremos con una tautología: “el que puede”. Cualquiera que este en condiciones de aumentar “puede” hacerlo, aun siendo un pequeño establecimiento comercial o industrial. Si “puede” incrementar el precio, lo hace. Enfatizo él “puede”, porque también insistiremos que la inflación es una cuestión de “poder”. Remarca el que puede. Vale para un pequeño establecimiento, mediano o grande, pero la realidad es que son muy pocos los que tienen la capacidad de originar el fenómeno. Esos son los grandes operadores y fijadores de precios. Ellos son los que en origen instalan una cadena de remarcación que se puede, de algún modo, generalizar al conjunto de la sociedad en condiciones de establecer un precio. Por eso sostenemos que hay que confrontar a la inflación, o sea, al poder, y cada país la confronta en la manera que “puede”. Políticas antiinflacionarias La corriente hegemónica del pensamiento económico (neoliberal, liberal ortodoxa, monetarista ortodoxa, se la denomine como se quiera) actúa como está actuando EEUU en este momento. La Reserva Federal (banco central) viene aumentando la tasa de interés, y anticipa que profundizará esa política monetaria si no logra bajar la tendencia alcista de los precios. De lo que se trata es de enfriar la economía, restringiendo la circulación monetaria. La perspectiva es la desaceleración económica y la tendencia hacia la recesión, con las consabidas consecuencias sociales en materia de cierre de empresas, de cesantías, suspensiones y caídas de los ingresos salariales. Esa es la receta liberal que se extiende en la política monetaria del orden capitalista contemporáneo. Es la receta de la corriente de política económica que gobierna hoy el capitalismo mundial: en EEUU, en Europa, o en Japón, la receta es aumentar la tasa de interés. Curiosamente, o no tanto, en Argentina también viene aumentando la tasa de interés. Si en EEUU apuntan a una tasa del 4%, el Banco Central de la República Argentina ha establecido tasas de política monetaria del 75% (nominal anual) o 107,5% (efectiva anual). Son valores que proyectan imposibilidad de crédito para la expansión de la producción y una mejora en el empleo y la distribución del ingreso. Entre los principales beneficiarios de esas elevadas tasas de interés, están los sectores especulativos, especialmente la banca, destinatarios de las LELIQ, Letras de Liquidez que emite el banco central para intentar secar la plaza y por lo tanto ir a esa política de austeridad financiera. Las LELIQ prácticamente duplican la base monetaria y suponen un costo elevado a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de sus tenedores. Pero claro, EEUU al mismo tiempo establece una legislación compensatoria, caso de la ley antiinflacionaria que apunta cuidar el empleo y la producción local, sobre todo en el sector automotriz y de las autopartes para favorecer la producción local. Eso generó la protesta de la industria de México de fuerte relación productiva y comercial con EEUU, y por supuesto de Europa, donde las automotrices europeas no pueden acompañar lo que acontece con los beneficios de la industria automotriz estadounidense. Eso muestra a un estado estadounidense con poder para enfrentar al fenómeno inflacionario al modo liberal, aun a costa de sus aliados en la geopolítica global. ¿Y en Argentina qué? En Argentina la política inflacionaria esta condicionada por el FMI, que en primer lugar pide eliminar subsidios, lo que supone aumentos de tarifas, o sea, aumento de precios, lo que impacta en la inflación. Al mismo tiempo, el acuerdo sustenta la cancelación de la deuda, que genera intereses cuantiosos a solventar con una acrecida recaudación tributaria. Convengamos que siendo el IVA la principal recaudación tributaria en el país, la inflación termina siendo funcional a los objetivos de captar recursos para hacer frente a los compromisos externos, con acreedores privados y el FMI. Se trata de un acuerdo a contramano de una política antiinflacionaria. ¿Qué debiera hacer el estado argentino? Confrontar con el poder, con los que definen, en origen, el proceso de remarcación. Es una cuestión política que requiere cohesión en el poder ejecutivo, que requiere un debate profundo en el poder legislativo y judicial, que demanda una fuerte articulación de las distintas esferas del poder para confrontar con los que deciden los precios. Para ello se necesita un gran trabajo de consenso en el conjunto de la sociedad, en donde pareciera que ni el oficialismo ni la oposición están en condiciones de hacerlo, puesto que entre ellos se negociaron las reestructuraciones de la deuda desde 1983, recientemente ratificadas, pese a las condiciones excepcionales para denunciar el carácter odioso de la misma, incluso ante el impacto de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania. Hace falta en Argentina una alternativa política que resuelva y decida una confrontación con el “poder”, responsable de las remarcaciones de precios y por ello, de la elevada inflación. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022

Brasil y Argentina como expresión de regresividad en el capitalismo A propósito del triunfo de Lula

Es relevante el resultado electoral en Brasil del domingo 30 de octubre. Lula con casi sesenta millones de votantes será nuevamente presidente de Brasil, claro que su rival, el ultraderechista Bolsonaro, obtuvo apenas un par de millones de votos menos, constituyendo así una fuerza política de masas, con importante peso parlamentario y en las principales gobernaciones del país, casos de Río de Janeiro, San Pablo o Río Grande do Sul. Esa diferencia mínima augura un futuro complejo, especialmente en lo relativo a la situación económica y política del gigante del cono sur de América. La regresividad en el capitalismo brasileño será difícil de modificar, salvo que se desarrolle una fuerza política popular organizada y movilizada. Será interesante observar lo que acontecerá a futuro en ese país y considerar cuáles serán los vínculos y potencialidades de la relación de Brasil con la Argentina y el resto de la región latinoamericana y caribeña. No resultaron empáticas las relaciones bilaterales en estos años, entre Bolsonaro y Fernández, con destrato simétricos, más allá de ser ambos socios comerciales de peso entre sí y asociados en una estructura económico social de fortalecimiento de la primarización y la extranjerización. Hay cierto paralelismo entre Brasil y Argentina. desde el punto de vista estructural, de los cambios operados en la esfera de la dominación, desde un predominio industrial al del agro negocio de exportación dirigido por transnacionales de la alimentación y la biotecnología, con secuelas en ambos países en deterioro de los ingresos populares y las condiciones de trabajo y de salud, situación agravada en pandemia, especialmente en Brasil. Convengamos que ambos países sufren las consecuencias de la crisis mundial por el carácter subordinado que ostentan en la dinámica de la economía mundial. Es algo que verificó la CEPAL en su 39° periodo de sesiones realizado en Buenos aires, entre el 24 y 26 de octubre pasado. Allí se destaca el impacto de la situación mundial, de tendencia recesiva, para el conjunto de la región, y Brasil por su peso económico define en buena medida el destino de la evolución productiva de América Latina y el Caribe. El diagnóstico de la Comisión Económica para América Latina es de preocupación, en un marco de creciente desigualdad y bajas perspectivas de recuperación de la economía. La desigualdad es un problema de toda la región latinoamericana y caribeña, pero es gigantesca en el país de mayor población, en especial cuando Lula candidato aludía a los 33 millones de personas empobrecidas con dificultades para su alimentación. En Argentina baja levemente la pobreza, pero se incrementa la indigencia, dando muestra del enorme problema que presenta la insuficiencia de ingresos en millones de personas para ambos países. La desigualdad es un dato relevante de la economía brasileña, de la economía argentina y de la economía latinoamericana y caribeña. Las propuestas de CEPAL, presentadas en el cónclave reciente de Buenos Aires son una generalidad, adaptativa a las tendencias económicas que define el capitalismo desarrollado, que, en rigor, son parte de la adecuación de los países en Nuestra América a la dinámica de acumulación capitalista, que define a la región como proveedora de materias primas. Si se pretende superar la actual situación es necesario apuntar a la radicalización de propuestas de transformación socio económica que coloquen en primer lugar las prioridades que demanda la sociedad empobrecida y superar las condiciones de explotación y saqueo a que son sometidos nuestros pueblos. Tanto Brasil como Argentina vieron una importante recuperación de la economía en el año 2021 con respecto del 2020, pero el 2022 los muestra con tendencia a la desaceleración sobre todo con la proyección del 2023 y más allá, algo en común, según la CEPAL para el conjunto de la región. Si consideramos la evolución de Brasil en los últimos años veremos un retroceso relativo a sus posiciones en el ranking mundial por países y pese a sostener el primer lugar en América Latina y el Caribe por su capacidad de producir bienes y servicios, su posición en el conjunto mundial está en retroceso. De ubicarse entre los primeros siete hace una década, al presente muestra una pérdida de varios lugares, relegando posición entre los primeros 12. Argentina arrastra problemas estructurales por largo tiempo, agravada con sus elevados datos de inflación que la colocan entre los más altos de la región y del mundo. Brasil y Argentina comparten problemas estructurales. Por un lado, hay una tendencia creciente a la primarización de sus exportaciones. Comparten al complejo sojero como el principal sector generador de divisas, del mismo modo que avanzan en los desarrollos productivos de hidrocarburos. Son dos países sin tradición histórico como grandes productores y exportadores de petróleo y gas, algo modificado en los últimos años por importantes reservas de hidrocarburos no convencionales. Ambos países tienen relaciones económicas y políticas de tipo complejo, en el plano económico un fortísimo vinculo tanto de Brasil como Argentina con China, principalmente por las exportaciones de soja y sus derivados. Y en el plano político la complejidad de una tradición histórica vinculado a Europa y a EEUU, matizado en este ultimo tiempo por Jair Bolsonaro que privilegió los vínculos económicos, especialmente con Rusia. Brasil es el país latinoamericano de mayor desarrollo comercial con Rusia, algo que se destaca en tiempos de guerra y búsqueda de aislamiento de Rusia, sujeto de sanciones unilaterales dispuestas por EEUU y sus socios políticos en el mundo. Argentina tiene una dualidad de relaciones con el mundo asiático, China principalmente, y el mundo occidental, especialmente condicionada por el acuerdo con el FMI y el peso decisorio determinante de EEUU en el organismo internacional. Tanto Argentina como Brasil tienen desafíos en términos relativos en cuanto son definitorios en lo que acontece en el Mercosur. Brasil se retiro de la CELAC en tiempos de Bolsonaro. Argentina preside ahora de manera temporal la CELAC, y puede ahora bajo la presidencia de Lula volver Brasil a la CELAC y plantearse un desafío para la integración regional que pueden potenciar Argentina y Brasil. Claro que se trata de una relación económica y política con todas las incertidumbres del cambio político que podría haber en Argentina en el 2023. Es incierto el presente y el futuro, no solo por las inestabilidades políticas, sino por la ausencia de una fuerza política popular movilizada y organizada que defina rumbos en ambos países, en donde las derechas aparecen con importantes grados de consolidación. América Latina y el Caribe vienen en una perspectiva electoral de cambio político en desmedro de las posiciones mas a la derecha que podría ir a contramano de lo que acontezca en Argentina en el 2023 y en el escenario institucional en torno a Bolsonaro. Por eso interesa considerar de manera muy importante las elecciones en Brasil y la no reelección del presidente, augurando ciertas expectativas esperanzadas, con límites estructurales muy fuertes. Lula asumirá la presidencia en enero de 2023 y hasta entonces, un “bolsonarismo” ensoberbecido podrá obstaculizar la dinámica cotidiana, condicionando al próximo gobierno. Interesa también escudriñar como puede evolucionar la relación de Argentina y Brasil para intervenir en el debate de modelo político, que planteo la propia CEPAL y más aún la CELAC, sobre todo en lo económico, no solo para Brasil y para Argentina, si no para toda la región latinoamericana y caribeña. Buenos Aires, 1 de noviembre de 2022

Los objetivos que no se discuten del Proyecto de Presupuesto 2023

Tiene media sanción el presupuesto 2023, ahora el debate se traslada a la Cámara de Senadores. Mucho se discutió en la previa, respecto de algunas partidas y sobre el comportamiento político de las distintas bancadas. El oficialismo tuvo sus disidentes, nada menos que en la figura de Máximo Kirchner; mientras que la oposición se mostró divida sobre otorgar quorum y a la hora de las votaciones. Son todas expresiones de la crisis política actual en el país. De lo que poco se habló y discutió es sobre el mensaje elevado desde el Poder Ejecutivo, en donde se explicitan los objetivos del Presupuesto para el próximo año. Se trata de la orientación de “política económica” pensada por el gobierno para el próximo año, más allá de ciertas partidas e incluso de la veracidad de los “supuestos” contenidos en la legislación a discusión ahora en el Senado de la Nación. Señala el mensaje que el objetivo es el “crecimiento económico con inclusión social”, hasta ahora limitado por la “crisis de la balanza de pagos”, o sea, ausencia de divisas y por la “pandemia y la guerra” en Ucrania. Se destaca que para cumplir con los objetivos hubo que “reestructurar la deuda” con acreedores privados y con el FMI. Es curioso, ya que reconocen que el privilegio no es la “inclusión”, sino cumplir con los acreedores de la deuda pública, en general, producto de la especulación y el fuerte condicionante que supone el endeudamiento externo y su reestructuración. El mensaje pondera el crecimiento del 2021, premisa para cumplir con el objetivo de la “inclusión social”, desmentido por los datos de distribución del ingreso del INDEC , en donde queda claro que se favorece a la ganancia por sobre el salario, y ni hablar del resto de los ingresos populares, jubilaciones y subsidios para sectores sociales desfavorecidos. El propósito explícito del mensaje destaca la necesidad de “estabilizar la economía”, bajando la inflación, para lo que se propone: “orden fiscal”, o sea, ajuste en acuerdo con lo suscripto con el FMI; “superávit comercial” y “fortalecer las reservas”, necesario para juntar divisas que acrecienten las divisas necesarias para cancelar vencimientos de deuda por la reestructuración, tanto con privados como con el FMI; y finalmente “desarrollo con inclusión social”, una meta que siempre queda como una ilusión. Señala el mensaje, que los motores serán la “inversión”, la “producción”, las “exportaciones”, y el “mercado interno”. Muy discutible si se piensan en una preocupante tendencia a la baja de la previsión de inversiones, el mantenimiento de una lógica especulativa y un modelo productivo orientado a las exportaciones de bienes primarios, aceptado en la promoción de las exportaciones, pero dudoso respecto del objetivo del aliento al mercado interno, lo que requiere mejoras de los ingresos populares y de los beneficios de los sectores pequeños y medianos de la economía nacional. Las metas y el contexto La ley de presupuesto contempla un gasto total para el año próximo por 29 billones de pesos; un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno (PBI); un déficit del (-1,9%); una inflación del 60% para 2023, y un dólar a $269 para fin del próximo año. Prevé un aumento en las exportaciones de 7,1% y del 2% para importaciones, lo que resulta en un superávit comercial de más de 12.300 millones de dólares, repitiendo balance positivo como en los años previos, sin capacidad hasta ahora de retener esas divisas como incremento de reservas internacionales. El presupuesto es un supuesto previo, un “dibujo” que cumple con los términos legales. Igual interesa el debate porque hay que ver cuáles son las orientaciones generales que un gobierno plasma en el presupuesto, en lo que imagina que va a ser la economía del año entrante, en los objetivos de “política económica” que se propone. Por supuesto que vivimos un tiempo de muchas incertidumbres, de los imponderables cotidianos en el contexto mundial y local. ¿Quién puede prefigurar que va a pasar en el 2023? El tema de la guerra en Ucrania, en Europa, que escala peligrosamente hacia una conflagración nuclear de impacto global. Es un marco para la expansión del gasto militar de los países, lo que al mismo tiempo estimula políticas de austeridad en otras áreas. La orientación del gasto público hacia armas y la defensa militar, con una predisposición a un futuro de ofensiva para la guerra, alienta la militarización de la economía y desalienta políticas sociales y de distribución progresiva del ingreso. Al mismo tiempo, existen muchos imponderables sobre la economía argentina, especialmente en materia de inflación. Claro que hay crecimiento de la inflación mundial, junto a una tendencia a la recesión, según señalan los principales organismos internacionales. En la reciente reunión del FMI , sus previsiones son de deterioro de las condiciones de funcionamiento de la economía mundial para el 2023 y el 2024, o sea que el horizonte es recesivo en el corto, mediano y largo plazo, algo que también afecta a la Argentina. La Argentina es un país que viene creciendo desde 2021 más que el promedio de América Latina y el Caribe, pero tiene, como toda la región, un horizonte de descenso de la producción. Si se produce menos hay mucho menos para distribuir, o si se quiere, una disputa de cómo se distribuye ese menor crecimiento, sea entre capital y trabajo y al interior de la competencia inter-capitalista. De hecho, las predicciones de crecimiento en el proyecto de presupuesto 2023 verifican un 4% para el 2022 y una reducción al 2% para el 2023. Habrá que ver si la incertidumbre mundial, o la local, supone una cifra menor de crecimiento. El pronóstico de inflación según el presupuesto del 2023 es de 60%. Es incierto el pronóstico, porque si fue difícil bajar la inflación en el 2022 y con una situación agravada en el plano mundial es muy previsible que no se cumpla esa previsión para el 2023. Por lo tanto, en el plano del contexto, sea internacional, global o nacional, hay que imaginar un 2023 de alta inflación y regresividad en la distribución del ingreso, porque si contamos que hay desaceleración de la economía, incluso perspectiva recesiva de la economía mundial y de la argentina, eso impacta en baja de ingresos populares, especialmente salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales. Por eso decimos que habrá regresividad en la distribución del ingreso, que es lo que hasta ahora viene verificando las cuentas del INDEC más allá del crecimiento importante de la economía argentina con la recuperación económica desde 2021. En materia de contexto, un gran condicionante del funcionamiento de la economía argentina para el 2023, y mas adelante, 2024 y mas allá, es el acuerdo con el FMI. Se trata de un acuerdo que incluyó diez auditorías trimestrales, de las cuales ya se han realizado dos, o sea, que en el año 2023 y en 2024 continúan las auditorias trimestrales del FMI. Esas auditorias controlan las pautas suscriptas en marzo pasado entre la Argentina y el FMI y condicionan la “política económica” local, expresadas en las metas presupuestarias. Por ello las metas que apuntan a disminuir el déficit fiscal y a generar condiciones para mejoras de las reservas internacionales, derivadas principalmente del superávit comercial. Respecto del ajuste, destaquemos que éste no se orienta hacia los principales rubros del gasto público, caso de los subsidios a las empresas, con la demora en la aplicación de la eliminación de los subsidios por tarifas de servicios públicos a empresas privatizadas. Es probable que para el año 2023 estén en plena aplicación y habrá que ver la magnitud de esa adecuación tarifaria, e incluso la respuesta de la población a esas facturas incrementadas. El segundo gasto en importancia, por su magnitud, son los intereses de la deuda pública, en donde no están previstos recortes, por lo que inducimos que el ajuste fiscal se aplica sobre el gasto público de contenido social. Por eso destacamos en el contexto, la importancia del acuerdo con el FMI, que condiciona la política macroeconómica en la Argentina, algo que está reflejado en el presupuesto 2023. En concreto, si para este año 2022 el consumo tenía un nivel de expansión del 6,5%, para el 2023 está prevista una expansión solo del 2%. Tiene una predicción de un menor crecimiento del consumo, y en ese sentido es muy importante la disminución del consumo público, del consumo del Estado y más aún, de la inversión pública. Si la inversión en este 2022 había tenido un crecimiento del 10%, y eso se propagandiza con mucha fuerza, la previsión es que la inversión crezca menos del 3% para el 2023. Sabemos que el capitalismo tiene como elemento definitorio a la inversión. Si no hay crecimiento de la inversión, no hay reproducción de la lógica del capital, de la lógica del capitalismo. La importancia de la inversión pública en el régimen económico es muy importante. Ratifica la Argentina con este presupuesto la tendencia al crecimiento de las exportaciones y una fuerte restricción de las importaciones, porque Argentina tiene como objetivo de política económica defender la tenencia de divisas. Argentina necesita de dólares, para pagar la deuda, en primer lugar, para sostener la credibilidad en el plano internacional, y es uno de los compromisos suscriptos con el FMI. Por eso ante la necesidad de dólares, la lógica es acrecentar las ventas al exterior, lo que supone un mayor crecimiento previsto de las exportaciones y una restricción al proceso de importación. Surge así un problema, porque Argentina es un país industrialmente dependiente de las importaciones. No hay crecimiento de la producción industrial de la Argentina sin crecimiento de las importaciones, y como se planifica una merma en las importaciones, no solo habrá un escenario de desaceleración o de recesión, si no de una apuesta restringida al crecimiento industrial. Con ello, se ratifica la tendencia a la proyección de un modelo productivo primario exportador, de aliento a la producción primaria y al estimulo a las exportaciones para generar un excedente de divisas que favorezca el cumplimiento con el FMI y las principales premisas de funcionamiento de la economía argentina. El problema es el modelo productivo y de desarrollo Mucho se discutió en la previa y en la sesión de los diputados sobre algunas metas y propósitos, caso del cobro de impuesto a las ganancias del poder judicial, sin embargo, insistamos que el tema de fondo está en los objetivos que explicita el Proyecto presupuestario para el 2023. Por eso señalamos que el gran condicionante económico para el país resulta del acuerdo con el Fondo. Argentina debe denunciar ese acuerdo por lesivo y derivado de una deuda odiosa. Insistamos que no es el espíritu ni del poder ejecutivo ni de la mayoría de los bloques legislativos, pero es imprescindible para pensar en términos de políticas soberanas en materia económica, que apunten a resolver insatisfechas necesidades de la población. Al mismo tiempo, desde allí es que pueden pensarse cambios al modelo productivo y de desarrollo, lo que supone cambiar la inserción en la economía mundial. Todo un desafío para pensar en políticas alternativa y alternativa política para otro rumbo de la sociedad argentina. Buenos Aires, 26 de octubre de 2022

El 17 de octubre y la identidad política del movimiento obrero en la Argentina

Puede y debe pensarse el 17 de octubre con una perspectiva de izquierda, y en ese sentido, partir de que el movimiento obrero en argentina nació anarquista, socialista, comunista, y se desarrolló bajo esas identidades políticas desde el último cuarto del siglo XIX. Las luchas por sus reivindicaciones democráticas, como trabajadores y trabajadores encontraron identidad política en esas diferentes opciones de la clase trabajadora por más de medio siglo, hasta 1945. En 1945 emerge el “peronismo” como identidad política mayoritaria del movimiento obrero, y la experiencia de la lucha de clases previa encontró su expresión política en el Peronismo. Las trabajadoras y los trabajadores continuaron su lucha y organización en defensa de sus intereses, mayoritariamente, bajo la identidad política del peronismo. Hay que señalar que ese movimiento obrero, con hegemonía peronista, siempre, aun dentro de los periodos de gobiernos del peronismo, desplegó su lucha en defensa de sus intereses de clase, con autonomía del estado, las patronales, los partidos burgueses e incluso el partido justicialista bajo sus distintas denominaciones y/o frentes. Por ello, se registran huelgas, movilizaciones, en distintos turnos del peronismo: el de 1945, el de 1973, incluso los más recientes desde el 2003. Las luchas del 55 al 76 supone un programa en defensa de los intereses de clase y bajo la identidad política del peronismo, en simultáneo con la unidad de acción con otras expresiones de la identidad política de la clase obrera. Se trata de pensar la historia del movimiento obrero y sus identidades políticas, antes y después de 1945. En ese sentido, constatar la confluencia de la izquierda en el peronismo con la izquierda no peronista, caso de la articulación “Tosco, Salamanca y Atilio López” en el Cordobazo, y con otros nombres propios en el mismo tiempo en el Rosariazo, en el Choconazo y en otros “azos” de los 60s y 70s. La clase obrera luchó y lucha por sus intereses y reivindicaciones desde sus propias identidades políticas. Por eso, hay que pensar en el peronismo y su inserción en el movimiento obrero, en dinámica, en dialogo y en disputa con la izquierda socialista, comunista, anarquista, independiente, de distinta tradición política en la Argentina. El tema importa por las búsquedas de este último tiempo, partiendo si se quiere desde el 2001, y la profunda crisis política de la tradición histórica en la argentina: del radicalismo, del peronismo, del socialismo, del comunismo, de otros grupos políticos de tradición histórica de las organizaciones políticas en la Argentina. La derrota de los 70´ ante el terrorismo de Estado y las reaccionarias reformas estructurales del capitalismo local y mundial imponen una nueva realidad en el último medio siglo, de recomposición del movimiento obrero en su estructuración y en búsqueda de una identidad política que lo represente. Remitimos a la crisis de la política, con radicales y peronistas en el Frente de Todos y en Cambiemos; con socialistas y comunistas dentro del Frente de Todos y por afuera; como socialistas en articulación con el radicalismo y el macrismo en algunos territorios. Por lo cual, hay una crisis política y de identidades que es muy fuerte y el movimiento obrero no está ajeno a esa situación. Es un movimiento obrero que es parte de la tradición de organización sindical pero también territorial a partir de los datos que nos devuelve el capitalismo de época, con crecimiento del desempleo, la pobreza, la extensión de la flexibilidad laboral, la falta de seguridad social, que lleva a una situación de deterioro en términos de ingresos de la población trabajadora y a una rediscusión de sus formas de inserción y organización política-popular. Por eso hoy, 17 de octubre del 2022, y pensando una reflexión desde la izquierda, insistamos en una izquierda diversa, el movimiento obrero de identidad peronista conmemora hoy la fecha en distintos actos, sin unidad política, mostrando la fragmentación al interior del movimiento obrero tal como existe en la Argentina, al interior de la identidad peronista tal como aparece en el país en 2022. Son acciones que se despliegan en un marco de fuerte ofensiva del capital contra el trabajo, un tema que empezó en el caso argentino con la dictadura militar de 1976, incluso con el rodrigazo en 1975 y las Tres A, la Alianza Anticomunista Argentina. Una ofensiva capitalista que no se ha detenido en ningún momento histórico más allá de intentos de recomposición de los ingresos y de la capacidad de organización y lucha del movimiento obrero. Es así como el movimiento obrero en su dinámica de lucha de clases a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX buscaba una perspectiva de emancipación del trabajo en las tradiciones globales de confrontación con el capital, desde el anarquismo, el socialismo y el comunismo, y luego, producto de las circunstancias del desarrollo capitalista mundial y sus especificidades en Argentina, encontró en la identidad del peronismo una forma de canalizar esa conflictividad. Hay que señalar que hoy existe un desafío para los movimientos populares, sociales, los trabajadores y las trabajadoras, que pasa por encontrar una articulación política popular que junto a las luchas por las reivindicaciones democráticas de ingresos, de seguridad social, de condiciones de trabajo, puedan contribuir a la construcción de una identidad política que los represente para una perspectiva emancipadora, que en las condiciones actuales del capitalismo mundial, no puede ser solo una respuesta nacional sino que tiene que ser de carácter regional y global, internacionalista, por la emancipación del trabajo contra el capital. Buenos Aires, 17 de octubre de 2022

Inflación y lucha de clases

La inflación de septiembre en Argentina alcanzó al 6,2%, menos que el 7% de agosto y que el 7,4% de julio, lo que le permite decir a las autoridades económicas que la inflación está bajando. Razonan señalando que la inflación “está bajando poco, no alcanza, queremos que baje más, y para eso estamos tomando medidas para estabilizar la economía”, con expectativa de reducir poco a poco el registro mensual. Nos interesa destacar que la palabra de moda ahora es “estabilizar”, tal como durante la gestión de Martín Guzmán, la palabra de orden era “tranquilizar” la economía. El dato de realidad es la economía no se tranquilizó. Es más, se “intranquilizó” para la mayoría de la población argentina que vive de ingresos fijos. Algo notorio con el 83% anualizado de inflación y un pronóstico del 100% para el 2022, con bajas en los ingresos populares. Se trata de un gran deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, sean salarios, pensiones, jubilaciones o planes sociales. La mayoría en la Argentina vive de ingresos por ser trabajador o trabajadora, muy pocos bajo convenio colectivo de trabajo, la mayoría sin convenio, muchísimos en una situación de irregularidad, por la no realización de aportes correspondientes por parte de las patronales, lo que muestra que en la Argentina hay una gran impunidad en la registración del trabajo. Así, millones de personas no tienen acceso a la seguridad social y ven dificultados sus futuros ingresos previsionales antes las limitaciones que van a tener cuando lleguen a la edad de la jubilación, por aportes no realizados o aportes realizados en la mínima, que no van a permitir condiciones dignas de jubilación. Es lo que se verifica en la actualidad, con la mayoría de las jubilaciones nacionales, incluso provinciales, que están en la mínima, o que están debajo del promedio necesario para satisfacer una canasta del adulto mayor. Resulta algo que ocurre con el ingreso de la mayoría de la población argentina bajo el dato de la “pobreza”, que más allá del registro estadístico, un 40% de la población argentina tiene ingresos por debajo de la pobreza, y para los menores de edad la cifra está por encima del 50%, incluso aún más según sea el territorio. En efecto, las zonas geográficas de mayor concentración de la pobreza en argentina, caso del norte del país, allí los niveles de pobreza infantil y en general son más alarmantes, con escalas que llegan al 60% o 70% de los menores. Por eso la inflación es un tema preocupante. No solo preocupa el dato del 6,2% que aun siendo menor al de agosto o al de julio, porque lo que preocupa es una proyección que según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina están por encima del 100% para el año 2022 y augura una dinámica de evolución de precios al alza para el 2023. El ministro de economía Sergio Massa en Washington, reconoce la especificidad de la inflación local, más allá de la disparada mundial de precios. La inflación como fenómeno de época El marco mundial es de crecimiento de los precios, incluso, en estas horas, se conoció también la inflación estadounidense, y contrario a lo que pronosticaban en Estados Unidos, no hay una tendencia a la disminución de los precios sino al alza. La inflación mundial es un problema de la lucha de clases. Ocurre que solo algunos operadores económicos están en condiciones de incrementar los precios, caso de los alimentos y la energía en el mundo. Detrás de ello vemos a las grandes trasnacionales de la alimentación y de la energía intentando recuperar posiciones luego de la crisis del 2007-2008, la desaceleración económica posterior, la gran recesión deliberada que se gestó en el 2020 con la pandemia por el COVID-2019. El repunte de la economía en el 2021 fue una pelea por recuperar niveles de ganancia de manera muy importante, por eso la suba de precios y la inflación mundial se aceleró en el 2021 con la recuperación económica. Ni hablar en este 2022 con la situación de guerra en Europa donde la cuestión de los precios, sanciones mediante de Estados Unidos a Rusia, que se suman a las sanciones a China, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Irak y a cuanto país ose una política diferenciada de la hegemonía del dólar a escala global. Todo eso es parte de la explicación del crecimiento de los precios a escala mundial. Por eso decimos que la inflación es un fenómeno de lucha de clases mundial, y aquí en la Argentina también, porque cuando vemos el resultado de la evolución de precios e ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o los llamados beneficios sociales que supone la política social masiva, nos damos cuenta que hay una ganancia de los ingresos de una minoría de la población que concentra lo principal de los medios de producción en la Argentina: grandes propietarios de tierra, de comercios, de industrias, de establecimientos de servicios diversos, que presionan por una política económica favorable a la ganancia en términos generales, a la renta y en desmedro de los ingresos fijos de la mayoría de la población. Insistimos en que la inflación es una expresión de la lucha de clases que se manifiesta en cuanto de la producción social general en la Argentina queda en manos de los propietarios de medios de producción y cuanto para quienes solo tienen para ofrecer la venta de su fuerza de trabajo. En este marco el ministro de economía recibió las noticias del indicador de precios de septiembre estando en Washington, una visita de 3 días, en el marco de la reunión anual del FMI y del Banco Mundial, donde Sergio Massa se reunió con la titular del FMI. En ese marco, el FMI felicito al ministro de economía por los esfuerzos que lleva adelante para cumplir con los acuerdos suscriptos en marzo pasado. Hay que ser claros, los acuerdos con el FMI son de ajuste y de reestructuración regresiva de la economía argentina, lo que llaman “estabilizar” las cuentas macroeconómicas de la Argentina. Se trata de bajar la inflación, y para eso incluso se está llamando desde el ministerio de economía a reuniones de empresarios con dirigentes sindicales para que morigeren la disputa de apropiación del ingreso en la reapertura de paritarias. No será extraño volver a escuchar la letanía que remite a la responsabilidad por la inflación a la demanda de mejoras de los ingresos populares. Algo de esos argumentos estuvieron en el conflicto del sindicato del neumático y ahora se reitera ante la demanda de variadas organizaciones sindicales y territoriales por la mejora del ingreso. La inflación sigue siendo un tema estructural, ya no solo de la coyuntura de la Argentina. Es un tema estratégico, de lucha de clases, y claro, los cambios en el gabinete de ministros del gobierno del Frente de Todos son parte de esta dinámica en vísperas de un proceso electoral de renovación presidencial en 2023 y por ende, de debate político sobre el rumbo del país. Por ello insistimos en que la inflación es una cuestión política, mucho más que una “cuestión económica”. Los técnicos en el gobierno, en las patronales, en los medios de comunicación, insisten en que la solucione es la “estabilización”, y cuando hablan de “estabilización” o de “tranquilizar” la economía argentina, es para satisfacer las demandas de una lógica de producción y distribución que impone el orden capitalista a favor del capital, en contra del trabajo y las condiciones de vida de la mayoría de la población. Salvo que la población más empobrecida ponga límites a esta perspectiva de política económica y genere condiciones para una redistribución progresiva del ingreso y de la riqueza, lo que supone también entramados políticos adecuados para cambiar el orden económico, social y político en el país, como parte de cambios profundis en el orden global. Un orden que parece orientarse políticamente hacia la extrema derecha y que, por ende, convoca a pensar en términos de contraofensiva popular para una perspectiva mundial y local de reestructuración solidaria de las relaciones sociales en la producción. Buenos Aires, 17 de octubre de 2022