El debate sobre la moneda y la inflación

En la agenda de debate sobre la elevada inflación en Argentina, con tendencias en ascenso por encima del alto índice de 2021, desde sectores liberales y de derecha, aparece la propuesta de la “dolarización” para la economía local. La sugerencia apunta a terminar con la inestabilidad de los precios y se ofrece como respuesta de política económica ante la demanda social que identifica al alza de precios como el principal problema a resolver en la coyuntura. Con la dolarización, se asocia la política monetaria y cambiaria a decisiones monetarias externas, las que provienen desde EEUU. No solo por la política estadounidense sobre su moneda y economía, sino por los vaivenes de la disputa económica mundial, en donde el dólar viene perdiendo terreno contra otras monedas nacionales del orden capitalista. En los últimos 25 años, según el FMI, las reservas internacionales de los países, referidas al dólar, bajaron de más del 70% a menos del 60%. El propio organismo internacional incluyó desde el 2015 al renmimbí o yuan, la moneda china, como una de las 5 monedas que integran la canasta de referencia de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Rusia acaba de anclar su moneda al oro, en donde 5.000 rublos equivalen a un gramo de oro. La decisión complementa la disposición de cobrar en moneda rusa las exportaciones, obligando a la demanda de rublos de los compradores externos. Muchos países piensan referencias monetarias asociadas a sus especificidades productivas, incluso asociando los esfuerzos con otros países en condiciones similares. La medida retrotrae desarrollos monetarios a tiempos previos a la reorganización del sistema mundial en Bretton Woods, al final de la segunda guerra mundial. Por ello se nos ocurre un interrogante para pensar críticamente la realidad de nuestra región. ¿Puede Sudamérica, o algunos países de la región, organizar acuerdos múltiples para sustentar una moneda con producción local? El tema estuvo planteado en la primera década del Siglo XXI para la región latinoamericana y caribeña. En ese sentido se lanzó el SUCRE (registro contable del comercio exterior a cancelar con monedas locales). En el mismo sentido avanzaron, con escaso éxito, los acuerdos entre Brasil y Argentina para cancelar el comercio exterior bilateral en monedas locales, el real brasileño y el peso argentino. Bolivia desarrolló la bolivianización de la economía y las finanzas desde el gobierno del MAS en 2006. La base de ese éxito está a la apropiación estatal de lo principal de la renta de los hidrocarburos. La estabilización cambiaria es posible sustentando la soberanía monetaria. Ahora, en Venezuela, con menor inflación anualizada que la Argentina, se intenta desalentar la dolarización de hecho. Esta fue construida en años de sanciones externas, por lo que se intenta gravar tributariamente las compras con divisas. Resulta complejo el tema monetario, y vale recordar la estabilización de la moneda argentina entre 1991 y 2001, a costa de un inmenso costo social medido en pobreza, indigencia, desempleo y precariedad social. Además, vale registrar la emisión de cuasi monedas realizadas por los estados provinciales para cancelar obligaciones, entre ellas, sueldos del personal estatal y gastos de funcionamiento. El desemboque de aquella estabilización de precios resultó en la crisis del 2001 y un saldo de mayor inequidad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Más que buscar soluciones monetarias, cambiarias y fiscales desde la pérdida de soberanía con el atajo de la vinculación al dólar, habrá que pensar en un nuevo orden productivo en el país, al que se integre una política monetaria y cambiaria pensadas en satisfacer las necesidades de la población. Así, la reorganización productiva para resolver las necesidades básicas de la población en su conjunto, empezando por los sectores sociales más desfavorecidos, requerirá más organización comunitaria, cooperativa y de autogestión, que una lógica individualista que privilegia la ganancia por sobre los ingresos populares, según la lógica del mercado capitalista. Buenos Aires, 5 de abril de 2022

La disputa del orden capitalista más allá de la guerra y la militarización

La situación de guerra en Europa agrava las condiciones de funcionamiento de la economía mundial, especialmente motorizadas por las sanciones desde EEUU y sus socios occidentales a Rusia. Junto a ello, también intervienen las respectivas respuestas emanadas desde Moscú, explicitadas recientemente en la disposición de cobrar el gas exportado a países hostiles en rublos rusos. Remitimos a sanciones comerciales, financieras, políticas, las que actúan en una dinámica de confrontación militar, con incrementos de presupuestos para la guerra y reactivación de una esfera de la economía que aleja objetivos hasta hace poco enunciados como de privilegio, sea la salud, el empleo, la lucha contra la pobreza y el desempleo, o el cuidado del medio ambiente en contra del cambio climático. Como parte de la asistencia a Ucrania, el FMI aprobó el 9 de marzo pasado un desembolso de 1.400 millones de dólares a Ucrania . Guerra económica, guerra monetaria Más allá de la situación de guerra, vale considerar impactos en los propios países y en el orden mundial, en rigor, no solo a propósito de la actual situación en Europa, sino con la seguidilla de sanciones unilaterales de EEUU y sus socios sobre un conjunto de países, entre ellos, China, Irán, Cuba o Venezuela. Entre otros indicadores, resulta interesante verificar lo que ocurre en las cotizaciones monetarias, importante en tanto las monedas nacionales referencian la capacidad de intervención global de cada país en el orden económico del capitalismo. Las monedas son parte esencial de una lógica de acumulación capitalista, definida por las relaciones monetarios mercantiles, en donde el fetiche del dinero orienta la cotidianeidad en un marco creciente de mercantilización. La moneda rusa venía sufriendo un proceso devaluatorio en los últimos años contra el dólar estadounidense, la moneda de referencia en el ámbito mundial. Está clara la asimetría entre uno y otro país, y la lógica subordinada de Rusia a la dominación global de EEUU, aun cuando las definiciones desde Moscú apuntan reiteradamente a una desvinculación de esa norma de organización económica global. El avance de convenios y acuerdos con otros países, especialmente con China apuntan en ese sentido. Ese proceso devaluatorio escaló desde mediados de febrero, antes de la invasión, y ya con la acción militar sobre Ucrania y las sanciones económicas impulsadas desde Washington, la debilidad del rublo fue evidente. Si el 23/3 se necesitaban 83,67 rublos para obtener un dólar estadounidense, al día siguiente, jornada de la incursión militar, el rublo pasó a 105,21 dólares y alcanzó a 143,87 dólares el 7/3/2022. Desde entonces y con réplicas a las sanciones, en particular con el anuncio de vender el gas en rublos, especialmente a Europa, la cotización se corrigió hasta llegar a los 84,02 rublos por dólar el primero de abril de 2022, recuperando las cotizaciones al momento previo a la guerra. Se trata de un sube y baja de cotizaciones, como señal de la inestabilidad monetaria en un país ante sanciones orientadas desde la hegemonía económica, financiera y monetaria, asentadas en el poder del dólar estadounidense y el euro. Información reciente del FMI señala que, si las reservas internacionales asignadas por monedas de alcance global ascienden a los 12.050,53 billones de dólares estadounidenses, se reconocen a la moneda emitida desde Washington unos 7.087,14 billones, el 58,81% del total, y al euro, unos 2.486,88 billones de la misma moneda, un 20,63%. Entre ambas monedas expresan un 79,44% de las tenencias de divisas en reservas en el sistema mundial. El dólar de EEUU y el euro hegemonizan las finanzas globales y en la sociedad capitalista, monetario mercantil, ponen de manifiesto la hegemonía integral del capitalismo contemporáneo. La información del Fondo continúa indicando que las reservas en yenes alcanzan al 5,557%; las libras esterlinas al 4,78%; el yuan un 2,78%; el dólar canadiense un 2,38%; el dólar australiano un 1,80%; los francos suizos un 0,20% y un conjunto de otras divisas un 3,01%. Queda clara la preeminencia del dólar como resguardo de valor expresado en las reservas internacionales. Sin embargo, el propio FMI, hace casi un año llamó la atención en la caída importante del dólar en el total de las reservas internacionales del conjunto de países. Allí se anuncia que: “…la participación de los activos en dólares estadounidenses en las reservas del banco central se redujo en 12 puntos porcentuales, del 71 al 59 por ciento…” Destaca la nota que la participación del euro (desde 1999) “…fluctuó alrededor del 20 por ciento, mientras que la participación de otras monedas, incluidos el dólar australiano, el dólar canadiense y el renminbi chino, subió al 9 por ciento…” a fines del 2020. Entre otros aspectos, la nota concluía: “Algunos esperan que la participación del dólar estadounidense en las reservas globales continúe cayendo a medida que los bancos centrales de las economías de mercados emergentes y en desarrollo busquen una mayor diversificación de la composición de monedas de sus reservas. Algunos países, como Rusia, ya han anunciado su intención de hacerlo.” La disputa por la hegemonía Por ende, la hegemonía estadounidense existe, pero en una tendencia declinante y disputado por otros países y polos del desarrollo capitalista, en el que las nuevas alianzas militares, económicas, comerciales y financieras, exacerbadas en tiempos de guerras explícitas, suman nuevos ámbitos de confrontación, los que animan horizontes más complejos para la lucha anticapitalista. Un dato relevante es la incorporación de la moneda de China en 2015 para referir las valorizaciones de los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo del FMI. Según la fuente, los DEG se componen de 41,73% en dólar estadounidense; 30,93% de euros; 10,92% del yuan; 8,33% del yen y 8,09% de la libra esterlina. Queda clara la importancia creciente de China, de reciente incorporación entre las monedas globales para referenciar el activo del Organismo internacional. El FMI señala que una vez que se rompieron los acuerdos de Bretton Wodds en 1971, por la decisión unilateral de EEUU al declarar la inconvertibilidad del dólar, los DEG pasaron a referirse a una cesta de monedas, reconocidas por su papel en el comercio mundial y la generalizada aceptación global. La incorporación de la moneda china, el yuan o renminbi en 2015 es el reconocimiento del lugar del gigante asiático en la economía mundial capitalista, posicionado como tercera moneda de referencia en el organismo internacional, por su peso en el comercio global y el nivel de circulación y aceptación en el mercado mundial. La próxima asignación de porcentuales se hará a mediados del 2022 y allí se podrá calibrar la evolución de la referencia de cada moneda de la cesta con vinculo en las relaciones económicas internacionales. Queda de manifiesto el creciente papel de China en la economía mundial, disputando la preeminencia en la producción y disputando un lugar como referencia de su moneda en el lugar del “dinero mundial”. Hay que pensar que ese papel de dinero mundial fue asumido históricamente por el oro, la libra esterlina y el dólar desde 1945, que mantiene aún su lugar de predominio. La discusión que instala la crisis mundial capitalista a inicio del siglo XXI, el fenómeno de las “punto com”; acrecentada en el estallido del 2007/09; la recesión de la pandemia durante el 2020 y el lento recupero del 2021/22; junto a la actual guerra y las sanciones asociadas a réplicas, habilitan a pensar en nuevos horizontes de la reestructuración del orden capitalista, algo que involucra en sí mismo a la guerra: militar, económica, financiera y monetaria. Asistimos a un tiempo de incertidumbres, poblado de manipulaciones mediáticas que dificultan considerar los avatares de la coyuntura, pero que, buceando en diversas informaciones nos permiten evaluar la dinámica económico social de cambios en perspectiva en el presente y el futuro cercano. En todo caso, interesa pensar cual es el lugar que disputa la región latinoamericana y caribeña en las condiciones actuales. La revista “The Economist”, de marzo 2022, grafica en un cuadro el horizonte político latinoamericano para el 2023, con una derecha en retroceso en los probables gobiernos resultantes de las elecciones próximas. Más allá de lo institucional, la conflictividad social creciente muestra las aspiraciones de cambios que demandan los pueblos, algo poco considerado en la contabilidad de combates militares y económicos del poder. Buenos Aires, 1 de abril de 2022

Deuda e inflación en alza agrava impacto social regresivo en Argentina

La Argentina es noticia en estos días por la reestructuración de su abultada deuda pública, unos 342.620 millones de dólares al tercer trimestre del 2021 (82,2% sobre el PBI), especialmente la que fuera contraída con tenedores privados, con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, organismo que desembolsó 45.000 millones de dólares en 2018, y cuyos vencimientos caían principalmente en 2022 y 2023, con evidente imposibilidad de cancelación. Esa insostenibilidad del cronograma de pagos significó que la actividad del Ministro de Economía se concentró, a más de dos años de asumido, en el proceso de renegociación. Primero con los privados, llevado adelante en simultaneidad con el proceso de la pandemia y su impacto regresivo con una caída del PBI del 9,9% durante 2020. Luego con el FMI, lo que se manifestará con nuevos desembolsos del organismo para cancelar los vencimientos hasta el pago total del préstamo del 2018, para lo cual se establecieron auditorias trimestrales del organismo para verificar la evolución económica local y la ratificación del plan de desembolsos. El acuerdo con el FMI habilita un nuevo cronograma de cancelación de unos 2.430 millones de dólares con el Club de París. El país consolida así la hipoteca que define la lógica de acumulación del capitalismo local, en donde el trabajo social de la Argentina tiene destino en la reproducción del capital transnacional. El mecanismo de la deuda facilita la salida de divisas, obtenidas por saldo favorable de la balanza de pagos o ingresos por inversiones de riesgo o especulativas, potenciado una dinámica de acumulación global sostenida con la apropiación del excedente económico generado localmente. No se trata de un problema nuevo, ya que el crecimiento de la deuda pública, en moneda externa y local, se procesa en ascenso desde la reestructuración de la economía, del estado y de la sociedad desde el establecimiento del terrorismo de estado en 1976, hace 46 años. Los gobiernos constitucionales desde 1983 renegociaron la deuda, en una tendencia de ascenso, que transforma al mecanismo en una referencia estructural del funcionamiento del capitalismo local y su inserción subordinada a las tendencias de apropiación global del plusvalor. La deuda constituye un dato relevante que condiciona la política económica en su conjunto. Así, el acuerdo con el FMI supone la disminución del déficit fiscal, escalonado hasta su eliminación hacia 2025. Ello implica un ajuste fiscal, especialmente en el gasto público, con previsión de menores ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, o planes sociales de asistencia. Son cuestiones que limitan cualquier política de reducción sustancial de elevados índices de indigencia y de pobreza, superiores al 10% y al 40% respectivamente. También se restringe la capacidad de emisión monetaria sobre la confirmación de un diagnóstico coherente con el “mainstream” monetarista y liberal relativo a las causas de la elevada y prolongada inflación local. Precios en alza En efecto, la inflación en Argentina registra índices preocupantes de dos dígitos desde hace mucho tiempo, a contramano de una tendencia mundial de baja inflación en las últimas décadas. Es cierto que esa tendencia de control inflacionario global encontró límites luego del repunte económico del 2021, triplicando o cuadriplicando tasas de inflación reconocidas como “normales” en torno al 2%. EEUU con una inflación anualizada del 7,5% expresa la preocupación global del alza de precios y en consecuencia de las tasas de interés. Se agrava, especialmente con el encarecimiento en alimentos y energía, más aún con la situación actual de guerra en Europa, exacerbada con las sanciones desde Washington y sus asociados, tanto como las réplicas desde Rusia. La inflación anualizada a febrero del 2022 en Argentina alcanza el 52,3% y una inflación esperada por consultoras, según el BCRA de 53,1% . Existen estimaciones superiores, especialmente si se agudizan los problemas de precios internacionales en la coyuntura de pandemia y guerra. Aun cuando mejoren las cotizaciones de las exportaciones primarias tradicionales, el impacto en precios del mercado interno es regresivo, agravado por ingresos populares deteriorados. Al mismo tiempo, ante el déficit energético y el alza del precio del petróleo, el resultado es profundamente regresivo, agravando las políticas de ajuste fiscal suscriptas en el acuerdo con el FMI, especialmente en aumento de las tarifas eléctricas. La suba de precios actúa como un mecanismo de distribución regresiva del ingreso, más aún cuando el mecanismo tributario local se asienta como principal fuente de recaudación en el Impuesto al Valor Agregado, el IVA, que incide en mayor medida en los sectores de menores ingresos. En definitiva, la inflación es una manifestación de la lucha de clases en la apropiación del ingreso y el producto social del trabajo. Resulta verificable en el crecimiento de la desigualdad luego de la recuperación del 2021 respecto de la recesión del 2020, en el ámbito mundial y local. Lo primero que se recuperó fue la ganancia, en detrimento del conjunto de ingresos populares y del empleo. Incluso, la discriminación regresiva impacta en la menor capacidad de recomponer el empleo y los ingresos de las mujeres y diversidades. Son cometarios válidos en la economía mundial, a lo que debe sumarse la especificidad de las condiciones de la lucha de clases en la Argentina, que arrastra una disputa de años por estabilizar un bloque de poder que pueda estabilizar las luchas en su interior, y de este bloque con la resistencia popular y la búsqueda histórica de conformar una alternativa política a la lógica hegemónica de alternancia de partidos o coaliciones en el gobierno para administrar el capitalismo local. Resistencias El país tiene una larga trayectoria de organización sindical, social y territorial, que limita se consolide una lógica de acumulación liberalizadora, aun cuando la Argentina avanzó aceleradamente en procesos de privatizaciones del capital público y de desregulaciones en los 90 del siglo pasado. Ese proceso de luchas populares y las disputas en el poder constituyen elementos esenciales de la lucha de clases para entender la crisis del 2001, tanto como los procesos desarrollados en las últimas dos décadas. Nuevas coaliciones políticas disputan el gobierno local en este Siglo XXI, no sin matices políticos a destacr, aun cuando coinciden en los procesos de negociación y cancelación de las deudas públicas. Del mismo modo, el alza de los precios constituye un elemento común a todo el periodo, luego de la estabilización regresiva desplegada entre 1991-2001 con fuerte regresividad en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza. La resistencia al acuerdo con el FMI acercó a la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, con amplísimas movilizaciones callejeras, que actuaron en las definiciones críticas asumidas al interior de la coalición de gobierno, con un bloque de diputados y senadores que se abstuvieron o votaron en contra el “entendimiento” con el organismo internacional. Es un dato de la realidad a considerar, ante la recurrencia de las auditorias trimestrales del FMI, que amenazan la potenciación del ajuste, condicionando las políticas públicas. Es previsible un aumento de la conflictividad social y elementos de crisis política. Será la dinámica del conflicto social de la organización popular la que puede limitar la efectividad de las políticas comprometidas con el acuerdo para el pago de la deuda, y en esa lógica de lucha y organización contra la carestía de la vida, puede emerger una propuesta política alternativa en contra de los mecanismos privilegiados de apropiación del excedente: la deuda y la inflación. Resulta obvio que más allá de amos fenómenos, la cuestión es el orden capitalista, lo que nos lleva a pensar en procesos de confrontación local y global como desafíos históricos a sustentar desde el lado de las y los oprimidas/os y explotadas/os. Buenos Aires, 23 de marzo de 2022

Las sanciones a Rusia y el impacto en América Latina y el Caribe

La situación generada con la acción militar especial desplegada por Rusia sobre Ucrania agravó las sanciones que EEUU y otros países asociados venían aplicando a la Federación Rusa desde el 2014. Son sanciones con impacto en el sistema mundial y como tal, involucra al conjunto de las relaciones internacionales, entre otros, a la región latinoamericana y caribeña. En tiempos de globalización no puede pensarse en limitar los impactos en limitadas geografías o al interior de fronteras nacionales. Los efectos se extienden sobre el conjunto de las relaciones de producción a escala planetaria. No constituyen una novedad las sanciones aplicadas en estos días, que intentan cercar a Rusia para doblegarla en su intento de incentivar su papel en la disputa del orden económico mundial del capitalismo contemporáneo. El tema es interesante, ya que el gigante euroasiático tiene larga historia y presencia en la construcción de la civilización y en especial, sus relaciones con América Latina y el Caribe, sea en su trayecto imperial, revolucionado por el octubre rojo del 1917 y la experiencia de construcción socialista, y más reciente, desde la desarticulación de la URSS en 1991. Un estudio sobre los vínculos y perspectivas de la región latinoamericana y caribeña con Rusia, editado en 2018 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, señala: “El actual Estado ruso hereda el acervo histórico del Imperio ruso y de la Unión Soviética (dos tercios de su territorio y la mitad de la población). Desde este punto de vista, sus relaciones con ALC de ninguna manera pueden ser consideradas como improvisación de la última década. Las relaciones diplomáticas oficiales con Brasil comenzaron en 1828, con Uruguay en 1857, con Argentina en 1885, con México en 1890.” Al mismo tiempo, vale considerar en paralelo histórico a esas fechas, la “Doctrina Monroe”, que sostiene la máxima «América para los americanos», elaborada hacia 1823 y explicitada por James Monroe, Presidente de EEUU. La doctrina sostenía que ante cualquier intervención europea en el continente americano sería considerado una agresión directa hacia EEUU. Con base en esa doctrina, desde Washington se considera a toda la región como su “patio trasero”, por lo que las tempranas relaciones de Rusia con la región fueron siempre visibilizadas con desconfianza, mucho más en tiempo de proyecto socialista, especialmente cuando la revolución socialista desembarcó en la región, con Cuba en 1959. La “crisis de los misiles”, en octubre de 1962, da cuenta del fenómeno y nos permite trazar un paralelo en “espejo”, con la situación actual en Ucrania. La creciente presencia de China y mucho menor de Rusia, pero ambas en proceso de expansión en los últimos años preocupa sobre manera a EEUU y sus planes de dominación en la región. Rusia quiere profundizar sus vínculos internacionales Luego del derrumbe soviético en 1991, Rusia busca su lugar en la cúspide de la división internacional del trabajo, lo que supone participar en la disputa política, militar y cultural que define el orden mundial capitalista. Si la última década del siglo XX y el inicio del XXI ponía de manifiesto el triunfo del capitalismo y la hegemonía de EEUU, ahora, en la tercera década del siglo XXI aparece una perspectiva de disputa que se recorre en estas décadas, desde la unilateralidad de “occidente”, básicamente EEUU y Europa, a una presencia creciente que limita ese poder omnímodo, especialmente con la emergencia de China y su poder en la producción mundial. Remito a la perspectiva de dominación multilateral que pretenden nuevos países en el orden mundial, más aún en las articulaciones y acuerdos suscriptos entre países sancionados unilateralmente por EEUU y “occidente”. En ese marco hay que pensar la búsqueda de Rusia para intervenir en la disputa global. Claro que Rusia debió partir en las últimas tres décadas de muy bajos niveles de desarrollo de sus fuerzas productivas, con asiento en una especialización primario exportadora, con epicentro en la energía, lo que la constituye en un gran productor y exportador, especialmente hacia Europa, pero también con una clase dominante local asociada a la corrupción y a políticas de privatización y liberalización subordinadas a la transnacionalización del capital. En el texto citado podemos leer que luego de la crisis 2007-09, Vladimir Putin señalaba hace ya una década el desafío para superar la primarización: “Rusia está obligada a ocupar un lugar digno en la división internacional del trabajo, no solamente en calidad de vendedor de materia prima y recursos energéticos, sino también como poseedor de tecnologías avanzadas en el proceso de permanente innovación, como mínimo en algunos sectores” Para más precisión resalta el autor: “Putin enumera en este contexto: la química de alta tecnología, la farmacéutica, materiales compuestos y no metálicos, la industria de la aviación, tecnologías de información y comunicación, y nanotecnologías. En esta fila están también la energía atómica, actividades espaciales, el equipo hidro y termoeléctrico; esferas donde el país mantiene su competitividad a pesar de las pérdidas de los años noventa.” No se trata solamente de una estrategia asentada en la energía, sino en la diversificación productiva con la intención de avanzar en procesos de industrialización, promoviendo la autonomía que aleje al país de la subordinación a las importaciones desde el capitalismo desarrollado. Por eso, las medidas preventivas fueron asumidas desde el mismo momento en que EEUU y la OTAN hicieron visible su estrategia de cercamiento con la incorporación de países integrantes de la ex URSS. Agrega el autor sobre las sanciones luego de los acontecimientos en 2014: “Frente a las sanciones por parte del Occidente colectivo, Rusia tomó medidas defensivas que incluyeron limitaciones equivalentes de importación desde los países participantes de sanciones antirrusas y medidas de sustitución de importaciones, en parte desarrollando producción propia, en parte reemplazando suministros foráneos al mercado ruso por otras fuentes. Es sintomático que una serie de agroexportadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en esta situación fueran capaces de sacar provecho de magnitud considerable.” Por eso no sorprende el involucramiento de Rusia en los BRICS, el acrónimo que involucra a países emergentes a comienzos del Siglo XXI, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países “emergentes”, en tanto receptores de inversiones externas, especialmente por la inmensa población con disposición a la venta de la fuerza de trabajo a bajos precios internacionales. El más grande país de la región latinoamericana y caribeña, por su producción y población, resulta importante animador de la propuesta, más allá de la materialidad actual del proyecto articulador para actuar en la producción y circulación mundial de bienes y servicios. De hecho, Brasil es el mayor socio comercial de Rusia en la región, y allí debe encontrarse las declaraciones de relativa “neutralidad” de Jair Bolsonaro sobre los acontecimientos en Ucrania, e incluso su reciente y cordial visita a Moscú. En el mismo sentido puede inscribirse el reciente viaje del presidente argentino, a cargo pro tempore de la CELAC. Alberto Fernández ofreció a Rusia, a días de la incursión militar que luego condenó, que la Argentina sea la puerta de ingreso de nuevas y fortalecidas relaciones económicas de Rusia con la región. Rusia recrea sus lazos ideológicos del pasado soviético con Cuba, con quién negoció de manera muy conveniente la deuda externa de la isla, condonando un 90% de las acreencias pendientes contraídas en tiempos del sistema socialista hasta 1991. Desde Cuba y sus relaciones regionales en el marco del ALBA-TCP se favoreció un acercamiento comercial, potenciado desde el ingreso de Rusia en la OMC, económico y financiero con Venezuela, también con Nicaragua y otros países en la región. Es un fenómeno extensivo, con matices, a Bolivia, a la Argentina y a otros países, incluso con regímenes claramente orientados a la derecha, casos de Perú o de Chile. Las sanciones actuales Las restricciones bancarias pretenden aislar a Rusia, dificultando la expansión de las relaciones comerciales, económicas, financieras, con todos los países del mundo, que en la región impactan en primer lugar a los comentados vínculos con Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero también con Brasil, México o Argentina. Como vemos, no solo es una cuestión “ideológica”, no solo porque Rusia está muy lejos de la perspectiva comunista, más aún con el intento de Putin por la “descomunización” de la tradición rusa desplegada entre 1917-1991. En tiempos de internacionalización de la producción y transnacionalización del capital, la libre circulación de capitales resulta funcional a la lógica de acumulación capitalista estimulada por la revolución científico tecnológica, la difusión de internet, la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización. Por ende, cerrar mecanismos de la circulación de mercancías y dinero empasta a la producción capitalista a la salida de la pandemia, retrasando perspectivas de recuperación. Ante las sanciones unilaterales de EEUU sobre Venezuela, quien relocalizó empresas y operaciones en territorio ruso, se harán sentir en la imposibilidad de ejercicio soberano de transacciones y utilización de los recursos disponibles en el sistema financiero de Rusia. En todo caso, obliga al rearmado de circuitos alternativos de producción y circulación de bienes y servicios, en condiciones de competir y rivalizar con los instrumentos y la institucionalidad de mecanismos como el Swift. Las sanciones agravan las condiciones impuestas por la gestión Trump a la región, especialmente a Cuba, Venezuela o Nicaragua, más allá de cualquier problema de política local que se pretenda considerar. No solo desarrollos financieros, sino todo lo vinculado con las vacunas en tiempos de pandemia, cuestión que afecta a la Argentina, entre otros, importante comprador de la “Sputnik V”, incluso asociado en emprendimientos para su producción local. Las sanciones buscan la desvalorización de la moneda local de Rusia, afectando las operaciones y atesoramientos derivados de actividad económico de terceros países con la Federación Rusa. Son expresión también de la guerra monetaria que supone la pérdida relativa del poder mundial de la divisa estadounidense. En términos generales, las sanciones tienen impacto en la aceleración de los precios internacionales, especialmente en alimentos y energía, que aun mejorando el balance comercial de algunos de los países latinoamericanos y caribeños exportadores de unos u otros de esos commodities, la realidad es la dependencia de esas importaciones de buena parte de la región, contribuyendo a un balance negativo para el conjunto de los países. Todo dicho en un tiempo de ralentización del crecientito económico mundial, y, por ende, golpeando los procesos de recuperación pos pandemia. Es una situación que aleja soluciones de fondo a problemas de desempleo, pobreza y miseria de millones de personas en toda la América Latina y el Caribe, fenómeno exacerbado según CEPAL en estos años. Las sanciones afectan a Rusia, también a los Estados sancionadores, no solo impactados por el alza inflacionaria, sino por la obstaculización de procesos productivos y de circulación, base del ideario de la globalización de este último medio siglo, la liberalización económica. Pero muy especialmente afecta a nuestros países que pretenden diversificar sus relaciones internacionales para restar capacidad de dependencia y subordinación a la potencia hegemónica, que en su desesperación contribuye a un mayor desorden global, incluso de la lógica liberalizadora instalada desde el poder de Washington. Buenos Aires, 6 de marzo de 2022

¿Cómo se financia el Estado?

Existe un debate sobre la presión tributaria en la Argentina, si es mucha o poca, y, en definitiva, nos lleva a discutir quien sostiene financieramente al Estado y claro, quién debería sostenerlo. La cuestión la suscitó el Kun Agüero a propósito del impuesto al patrimonio, que él consideraba una doble imposición porque ya había contribuido con los impuestos a los ingresos. Más allá de la polémica concreta con el ídolo futbolero, importa desentrañar el tema con algunos datos. Vale considerar la presión tributaria, o sea cuanto es la recaudación respecto del PBI de la Argentina. La estadística oficial señala que al 2020 fue del 29,4%, de los cuales, por impuestos nacionales son 24,5% y por provinciales alcanza al 4,9%. Si comparamos la evolución de ese guarismo desde el 2004, registramos un mínimo del 24,33% de presión tributaria en 2004 y un máximo del 31,5% en 2015. El periodo 2004-2020 es un lapso interesante para evaluar la evolución del porcentaje de la presión tributaria y su composición, analizando de dónde se recauda y que correcciones ameritan, en función de a quién se pretende beneficiar. Tomando los datos del 2020 sobre tributación nacional, nos encontramos que: 1. los impuestos sobre bienes y servicios suponen un 41% de la recaudación; 2. seguida por un 22,9% de aportes y contribuciones a la seguridad social; 3. un 21,8% sobre Ingresos, Utilidades y Ganancias del Capital; 4. un 10,7% sobre Comercio y transacciones internacionales; 5. un 3% sobre la propiedad y otros por 0,5%, evidenciando el escaso aporte de los tributos a la propiedad sobre el conjunto. Al nivel provincial, la recaudación se concentra en: 1. el 77,2% en impuestos internos sobre bienes y servicios y, 2. un 21% sobre la propiedad, 3. completando con 1,8% bajo el rubro “otros”. Si consideramos el periodo 2004-2020 podemos reconocer: a) la principal fuente de ingresos tributarios es el IVA, que osciló entre 6,33% del PBI en 2005 y el 7,44% en 2013, registrando al 2020 un 6,93%; b) el impuesto a las ganancias de las empresas aportó entre el 2,62% como mínimo en 2009 a un 3,10% en 2004 y 2007, siendo hoy de 2,75% sobre el PBI; c) el impuesto a los bienes personales supuso un mínimo de 0,27% en 2011 y un máximo en el 2020 de 0,75% sobre el PBI; d) los tributos sobre exportaciones oscilaron entre el mínimo del 0,62% en 2017 al 3,14% en 2008, recaudando en 2020 el 1,41% sobre el PBI. En función de los datos aportados puede discutirse que el principal impuesto en la Argentina es el IVA, y si se pretende reducir la presión tributaria, habría que empezar por este tributo “regresivo”, ya que iguala la carga con indiferencia de los ingresos de los contribuyentes. Claro que también podría mantenerse la presión tributaria reorientando las fuentes de ingresos impositivos, por ejemplo, recaudando más en impuestos patrimoniales, a las ganancias, o a las exportaciones. Todo un debate de ideas que remite a una discusión sobre beneficiarios y perjudicados. Agreguemos que un Estado soberano funciona con la emisión de su moneda y que los impuestos constituyen un mecanismo de absorción de esa emisión, por lo que en definitiva, el Estado se financia con su emisión soberana y a los efectos de no generar distorsiones en función de la cantidad necesaria de dinero en circulación, acude a los impuestos para absorber la emisión excedente. Ello nos lleva nuevamente a discutir, de donde retraer el excedente de dinero circulante. ¿De los sectores más empobrecidos o de los enriquecidos? Está claro que la respuesta supone un debate político. Buenos Aires, 23 de febrero de 2022